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Etiqueta: Enemigos de la libertad

La teoría del desprendimiento

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario.

Prácticamente nadie pide la completa abolición de la educación pública, si bien todos los que pueden se aseguran de matricular a sus hijos en escuelas privadas o, cuando menos, de ofrecerles clases de repaso que ofrecen instituciones privadas y particulares. Tres cuartos de lo mismo sucede con la sanidad, los planes de jubilación, la seguridad, los transportes, las comunicaciones y tantos otros servicios ofrecidos por el Estado.

Tranquiliza pensar que si las cosas pintan mal, llegará Papá Estado cual John Wayne al mando del 7º de Caballería al rescate. Además, aun cuando uno no lo necesite para sí, se siente cierta satisfacción al saber que se contribuye en un esfuerzo colectivo para con aquellos que sí lo necesitan de verdad. Y, sin embargo, a poco que se pueda, cada cual intenta escabullirse de John Wayne. No es sólo que todo el mundo intenta pagar los menos impuestos que su conocimiento (o atrevimiento) fiscal le permite, ¡es que incluso se escaquean de recibir buena parte de los beneficios!

Pagan un impuesto sobre el valor añadido cada vez que compran cualquier tipo de mercancía, o un impuesto especial todavía más elevado si se trata de gasolina, tabaco, alcohol o por matricular un vehículo. Se les aplica una retención en su sueldo por el hecho de tener un trabajo honrado. Se les cobra un impuesto por el hecho de heredar. Pagan otro impuesto si es que su patrimonio se ha incrementado. Pagan otro por el simple hecho de tener ese patrimonio. Paga otro por las donaciones. Y otro por tener bienes inmuebles. Si son accionistas pagan otro en forma de impuesto sobre la sociedad en cuestión y si compran al extranjero pagan en la aduana. Destinan, en fin, más de la mitad de su riqueza a engrosar las arcas del Estado. Y cuando éste les ofrece sus servicios “universales y gratuitos”, ¡oh, sorpresa!, todo el que puede contesta en la práctica con un rotundo “¡no, gracias!” que, de hecho, es un “¡no, gracias, y quédese el cambio!”

Mientras tanto, con el menguante tercio que los Estados graciosamente dejan cual limosna a sus súbditos, los mercados intervenidos de las economías mixtas modernas producen unos servicios que todo el mundo prefiere a los de los Estados. Con lo que sobra, encima, el sector privado es capaz de producir bienes triviales y superfluos como entretenimiento y diversión de todo tipo, por no hablar de innovaciones técnicas.

En sus torres de marfil prehistóricas, los estudiosos con sueldos a cuenta de los contribuyentes, producen teorías según las cuales los ciudadanos cambian de residencia en función de los saldos fiscales. Es cierto, llegan a reconocer en un alarde de honestidad, que a la gente no le gusta pagar impuestos y, por tanto, tiende a huir de los regímenes confiscatorios. Pero, ojo, a la gente, dicen, le gustan los beneficios del Estado del Bienestar, por eso lo de votar con los pies depende de un cálculo de costes y beneficios. Se olvidan convenientemente de este pequeño detalle que he venido comentando: esos “beneficios sociales” los esquiva todo el que puede.

El hecho de que a la gente no le guste pagar impuestos no se debe a la tacañería antisocial de unos insolidarios. Se debe a que cada cual quiere comprar lo mejor que su riqueza le permita. Y nadie confía en que lo mejor pueda proceder de una institución que elimina a sus competidores a base del monopolio de la fuerza. Eso, cuando lo hace un hombre, es tachado de chantaje y matonismo. Cuando lo hace un grupito, se tacha de mafia. Que se haga democráticamente puede empujar a muchos a darle coba de cara a la galería. Pero, cuando se trata del bienestar propio, la gente no se deja engañar.

Y así, a medida que empeora la hipertrofia de las instituciones, más son los que van desprendiéndose del Estado. La madre que busca un refuerzo escolar a sus hijos porque, vote lo que vote y diga lo que diga, no se fía de la educación pública aunque no pueda permitirse matricularles en una privada. El padre que les va guardando unos ahorrillos porque, diga lo que diga y vote lo que vote, sabe que con las pensiones públicas lo van a tener crudo. El comerciante que descubre una forma de evitar tal impuesto o tal prohibición. El consumidor de cierto artículo o sustancia que se da una alegría al conseguir disfrutar de lo prohibido sin molestar a nadie. Una sociedad de adultos con ganas de emanciparse de un Papá Estado carca, metomentodo y fracasado. No es un desprendimiento tajante. Es gradual a medida que cada uno va descubriendo nuevas salidas hacia la libertad y la responsabilidad individual. Se agrava el problema de la economía sumergida, dirán los que se han especializado en partir y repartir desde arriba. No, lo que pasa es que la confianza en el Estado del Bienestar se hunde porque éste hace aguas y la gente se espabila y aprende a nadar.

La China (ex)comunista

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

A propósito de la visita oficial a España del presidente chino Hu Jintao algunos comentaristas han querido destacar la naturaleza totalitaria del régimen asiático, al que tildan de comunista (aquí y aquí). Pero la China de Hu, aun cuando siga enarbolando la misma bandera roja, es muy distinta a la China de Mao, y una valoración política de la China actual sería incompleta sin la debida referencia a la revolución capitalista que está acaeciendo en el país.

Es cierto que el régimen asiático sigue siendo en varios aspectos, sobre todo en materia de derechos civiles, francamente totalitario: miles de presos políticos, libertad de expresión restringida, adoctrinamiento socialista en las escuelas, control de la población con la política de un solo hijo por familia, persecución religiosa, expropiaciones masivas, ausencia de garantías procesales adecuadas, ejecuciones por delitos de corrupción o tráfico de drogas… Unas 150.000 empresas públicas emplean todavía a un ejército de más de 50 millones de funcionarios y algunos sectores económicos están aún severamente intervenidos. Pero, con todo, China ya no es por más tiempo un país comunista.

Con una tercera parte del sector público de Suecia o Francia, un mercado laboral notablemente desregulado y una iniciativa privada en auge, China ha experimentando en los últimos 25 años un histórico crecimiento de un 9% anual. 400 millones de personas se han elevado por encima del umbral de la pobreza que establece el Banco Mundial, cayendo de más del 50% a menos del 10% la población que vive con menos de un dólar al día. El Estado chino, que ayer mataba de hambre a su pueblo por decenas de millones, permite hoy que la mayoría de los precios se fijen en el mercado y que la gente pueda, simplemente, prosperar. La esperanza de vida es de 71 años, la tasa de mortalidad infantil ha descendido del 85 al 30 por 1000, el ingreso per cápita tanto de las familias urbanas como de las rurales se ha multiplicado por 15, China es ahora la quinta economía del mundo (la segunda en términos de PPP) y el skyline de Shanghai ya parece el de Hong Kong. Las enmiendas constitucionales que enfatizan la protección de la propiedad privada y la centralidad del sector privado reflejan la voluntad de ajustar el marco legal a una realidad económica que poco tiene que ver con la China maoísta del Gran Salto Adelante.

En ocasiones se pone el acento en la carencia de “libertades políticas”, obviando que la libertad no viene dada por el grado de participación democrática sino por la medida en que cada ciudadano puede perseguir sus fines sin interferencias. Y actualmente en China la mayoría de gente puede perseguir sus fines incluso con menos interferencias estatales que en algunas democracias occidentales. Los españoles trabajamos para el Estado el doble que los chinos y numerosos sectores están allí marcadamente más liberalizados que aquí. Si la China de Hu Jintao es comunista, ¿qué es la España de Zapatero?

China es un país con luces y sombras. Hacer una valoración política en base únicamente a las sombras es enjuiciar la realidad a medias. Porque si bien es muy cierto que las democracias occidentales podrían servir de ejemplo a China en varios aspectos, no es menos cierto que en otros las democracias occidentales harían bien en aprender del país asiático.

¡Los impuestos son impuestos!

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los argumentos que se emplean para tratar de justificar los impuestos es el llamado contrato social. Los ciudadanos pagamos impuestos voluntariamente porque se ha establecido un contrato por el que, a cambio, el estado nos presta unos servicios. Con esta idea se intenta enjuagar la carencia de raíz que acompaña a esta agresión otorgándole un aire de voluntariedad y libre asociación. Pero, ¿cuándo se ha firmado tal contrato? ¿Lo hice yo?

Evidentemente no existe tal contrato. Más bien al contrario, ante lo que verdaderamente nos encontramos es ante una concepción holista del mundo dominado por el constructivismo cartesiano ejemplificado en la expresión del destacado teorizante de la Revolución francesa, el abate Sieyès, que exhortaba a la Asamblea revolucionaria a “actuar como hombres justos saliendo del estado de naturaleza y reuniéndose con el propósito de firmar un contrato social”.

¿Estaba yo allí?, se preguntarán algunos. ¿Tuve la oportunidad de firmar tal contrato, apartándome y superando los primitivos y atávicos sentimientos del estado de naturaleza?

Dejando aparte que la propia asamblea se proponía usar una institución, el contrato, nacida y perfeccionada precisamente en el seno de ese estado de naturaleza al que pretendían superar, la invocación del abate es la clara muestra de la voluntad de unos pocos para obligar a los demás a cumplir su patrón. El sometimiento.

Algunos podrían preguntarse: pero usted tiene la oportunidad de votar si quiere más o menos impuestos, es decir, existe voluntariedad refrendada por los votos. Pero aun así, resulta ofensivo tal argumentación pues no es más que la conocida pregunta del salteador de caminos: ¿la bolsa o la vida? ¿Realmente hay elección? ¿Existe elección a negarse a tomar tal elección? Puedo elegir el daño del delincuente, pero, lo que verdaderamente importa: ¿puedo elegir no ser atracado? Es ahí donde se encuentra la auténtica voluntariedad, y es esa voluntariedad la que jamás encontraremos en el contrato social, esto es, los impuestos y el estado.

Y cuando no se permite la opción de elegir, de ejercitar nuestra libertad, a uno se le convierte en esclavo. Con todas sus letras. Y sin embargo, aun así la mayoría objetará la radicalidad de la afirmación. ¿Cómo vamos a ser esclavos? Tenemos nuestro coche, nuestra casa, salimos a comprar, nos reunimos con nuestros allegados… Pero nos roban todos los años cierta cantidad de dinero, del fruto de nuestro trabajo, bajo amenaza de uso de la fuerza (y en algunos casos, cuando uno ha incumplido, lo prometido es deuda y se usa la fuerza y se enjaula al infractor).

Lejos, pues, de ser un contrato libremente articulado y perfeccionado, el estado impone un sistema de expropiación de la riqueza que las más grandes mafias de la historia de la humanidad habrían envidiado. Y ante un ladrón, nadie vería con malos ojos intentar engañarle y ocultarle nuestras riquezas y posesiones. Sería una actitud justa y moralmente lícita tratar de impedir que un criminal se apropiara de nuestra propiedad, conseguida pacíficamente y sin causar daño a terceros. De ahí que sea moralmente lícito no pagar impuestos ¡precisamente porque son impuestos!.

Ahora bien, no sería aconsejable esta opción y sí, más bien, la prudencia y el pragmatismo pues, como dijo Murray Rothbard: “los individuos deben tratar con el Estado como con un enemigo que es, por el momento, más poderoso”.

Las consecuencias del Estado del bienestar

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

La inmigración no es la causante de los disturbios, ni la falta de integración planificada del Estado, ni siquiera la famosa intervención de Sarkozy, sino algo mucho más profundo: las políticas progres que durante décadas han insistido en culpar a los ciudadanos de los continuos errores de los gobernantes. Imagínese un escenario donde no existen regulaciones estatales, leyes que fiscalizan a los individuos y mantuviésemos las fronteras abiertas (cualquier inmigrante puede venir e instalarse). Cualquier persona podría hacer lo que quisiera bajo su propia responsabilidad: quien trabaje duro y sirva a la comunidad a través del libre mercado (ofreciendo aquello que la gente más urgentemente necesita) triunfaría amasando riqueza y bienestar individual.

Eso es lo que ocurrió a principios de siglo XX en Estados Unidos donde oleadas de inmigrantes iban al país para labrarse un futuro. No iban para crear un país socialista, conseguir logros sociales o crear un súper gobierno, sino para su bienestar individual; y éste trajo el bienestar general. Invertir el proceso sólo lleva a situaciones como la francesa. En los Estados Unidos de principios de siglo nunca se dieron disturbios como los de Francia. La gente llegaba con lo puesto, trabajaba en lo que podía y aprendía el idioma mientras se iba integrando en la sociedad. Cuando lo conseguían y tenían un capital ahorrado (casi no pagaban impuestos, y los inmigrantes menos) montaban comercios, empresas, medraban en otros empleos y lograron dar a sus hijos un estatus con los que ellos jamás habían soñado en Europa. Ansias de progresar bajo la propia responsabilidad individual: sin seguridad social, sin casi impuestos, sin visionarios ingenieros sociales. Ese fue el logro de Estados Unidos.

Pero en el estado del bienestar las cosas van justo al revés. El estado promete de todo con el mínimo esfuerzo. La consigna que hemos aprendido, y los inmigrantes también, es “quéjate de todo, el estado te lo dará gratis a costa del resto de la sociedad”. Además, últimamente hemos ido más allá. Lo hemos visto en España con las continuas huelgas violentas donde el gobierno de ZP ha cedido a las primeras de cambio. En Francia han encontrado un filón, han quemado miles de coches, destrozado la propiedad privada de comerciantes y particulares e incluso han matado a una persona. ¿Y cuál es la reacción política? Ambigua, pero siempre totalitaria, típica del estado del bienestar: tolerancia cero para los ciudadanos, y por otra parte, los políticos y grupos progres piden más integración planificada del estado a costa del honrado trabajador y de las buenas personas de Francia.

Hemos visto fuertes restricciones por parte del gobierno francés contra la libertad individual que además no han servido de nada. ¿Y para qué? Los toques de queda sólo castigan a la gente honrada. Si el estado prohíbe que la gente que no salga a la calle lo único que conseguiremos es que los delincuentes se encuentren a sus anchas. ¿O cree que si el gobierno da toques de queda los delincuentes van a acatar sus órdenes?

El estado del bienestar ha generado esta situación, y es que aquel que lo fomenta es, sencillamente, un sociópata tal y como muestran sus consecuencias. Este sistema de los políticos no ha conseguido sus promesas. Ahora es el turno de la gente, no del estado. Los parches económicos y sociales no sirven sino que agravan el problema. El mal es un sistema en decadencia y obsoleto que niega la libertad individual, el progreso y el libre mercado. No busquemos la solución en más represión ni en más limitaciones a la libertad. Acabemos con el socialismo de los políticos y creemos un auténtico sistema del bienestar individual y Capitalista.

Francia y el Estado del Malestar

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Imagínese que estos hechos estuviesen ocurriendo en los EEUU. Ya estaría oyendo a los medios de comunicación y los intelectuales de turno: “Es el resultado lógico del capitalismo salvaje”; “se trata de la una reacción a la explotación que estas personas sufren día tras día en el mercado libre”; “el neoliberalismo tiene sus días contados”; “cuando una sociedad atiende más a la egoísta libertad individual que a la igualdad de oportunidades no cabe otro final”… Pero no es en el país de las libertades donde miles de individuos salen a la calle a llevar a cabo una acción que no persigue un bien sino un mal económico. Ni siquiera es en EEUU. Todo esto tiene lugar en Francia, país contrario al liberalismo como pocos en todo occidente.

Los políticos franceses repiten sin cesar que una vez terminen los “incidentes” tendrán que mejorar las políticas sociales de integración. Están tan narcotizados con su corrección política, su demagogia social y su constructivismo estatista que no se dan cuenta que es precisamente ese, el Estado del Bienestar, el origen de todos estos males. La política francesa se ha caracterizado durante los últimos 30 años por denostar al mercado libre como gran solucionador de problemas sociales y asfixiarlo paso a paso a golpe de regulaciones y políticas sociales. Esas personas que salen de sus casas de protección oficial a destruir el fundamento de la civilización –que no es otro que la propiedad privada- han atendido las lecciones de funcionarios públicos que les han adoctrinado en sus derechos sociales y las obligaciones que el prójimo ha contraído con ellos por el hecho de ser más productivos. Reciben dinero en forma de subvenciones arrancadas a personas que han sudado para ganarse el sueldo. Disfrutan de la discriminación positiva por pertenecer a una minoría étnica, religiosa o cultural. Han recibido la siempre mediocre atención sanitaria estatal. Cobran subsidios de desempleo porque el fabuloso salario mínimo francés unido a la vergonzosa calidad de la educación estatal les mantiene fuera del mercado laboral y, sobre todo, llevan años escuchando a los políticos e intelectuales franceses justificar todo tipo de actos violentos públicos y privados en virtud de la situación social o económica del agresor.

Puede que tenga gracia que toda esta destrucción tenga lugar en Francia pero no es una casualidad. Los abuelos de estos destructores llegaron al país vecino en unos años en los que no existía el desempleo y en los que la inmensa mayoría de la población vivía del intercambio voluntario con otros individuos. En aquellos años el gran economista Jacques Rueff asesoraba al gobierno de De Gaulle como líder del Comité français pour la suppression des obstacles à l’expansion économique y difundía la superioridad, tanto económica como moral, de la economía de libre mercado.

Esa época de esplendor dio paso a la decadencia actual por falta de individuos de primera fila que, como Rueff, recordaran a la sociedad la importancia de la libertad individual para el mantenimiento del Orden Social. Mientras, el mercado libre iba siendo sustituido por el intervencionismo a todos los niveles y la gente obtenía cada vez más parte de sus rentas de lo que era capaz de quitarle a otros a través del aparato estatal, el relativismo ético y el nihilismo moral propio del “estado del bienestar” iba siendo ocupado por el odio, el rencor y toda clase de teorías destructivas como las que amueblan la cabeza de estos criminales que hoy calientan las noches al son de la melodía que interpretan conocidas redes terroristas. Los políticos franceses llevan más de un cuarto de siglo jugando con fuego y han terminado chamuscándose. Este, y no otro, es el modelo que nuestro gobierno quiere importar para España. Esperemos que la luz de los miles de coches incendiados sirva al menos para iluminar sus mentes.

Los españoles no denunciamos la desobediencia fiscal

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

El Instituto de Estudios Fiscales publicó su último Barómetro Fiscal donde afirmaba que el 93% de los españoles no estamos dispuestos a denunciar el “fraude” fiscal ni siquiera con incentivos.

Lo curioso es la terminología que usa el gobierno para señalar a sus enemigos tratarlos de criminales cuando la realidad es la inversa. Imagínese que un mafioso le dice: o me pagas el 60% de tus rentas mensuales, o te privo de tu libertad o vida. Imagínese ahora que ante este acto de extorsión usted miente al mafioso o lo esquiva con artimañas para no pagarle el impuesto exigido. ¿Tendría sentido que el criminal en cuestión le denunciara por “fraude” o pretendiese que un amigo de usted le denunciase? ¡En todo caso tendría que ser al revés! Alguien que impune y unilateralmente mediante el uso de la fuerza quiere privarle de su libertad, vida o propiedad no puede ser una víctima porque si no estaríamos legalizando la esclavitud.

Ahora analicemos el auténtico crimen organizo y masivo. Imaginemos que en lugar de un mafioso le vienen un grupo de funcionarios del gobierno (políticos por ejemplo) y le dicen que usted ha firmado, sin saberlo ni hacerlo, una especie de contrato social imponiéndole el mismo tipo de expropiación (60% de sus rentas[1]) y método (violencia unilateral) que el mafioso anterior. ¿Qué es lo tenemos? El estado del bienestar, la Europa social, el igualitarismo, la solidaridad a punta de pistola…

El estado le expropia su trabajo y dinero de forma unilateral, violenta y sin contraprestaciones —la contraprestación no está en la definición de impuesto, sino que es un concepto a posteriori. Expresado de otra forma, el estado le extrae su dinero que es el resultado de su esfuerzo, su trabajo o de su suerte para quedárselo (aquí realmente lo único que importa es que el dinero que usted tiene no es el resultado de la agresión).

El método de la extorsión para conseguir el lucro sólo lo usan los criminales, pero un criminal le roba a escondidas y, en la mayoría de veces, una sola vez porque el riesgo es demasiado alto. Un criminal tampoco le dirá que usted es un incívico o un egoísta por no dejarse robar, sólo el estado ha sabido legalizar el robo masivo y convertirlo en un precepto moral que todos hemos de obedecer.

Si usted sigue pensando que los impuestos no son un robo, le reto a que piense un solo impuesto al que contribuya voluntariamente sin que el estado tome represalias contra usted cuando no lo paga. Los partidarios de este tipo de esclavitud, los liberticidas, le dirán que es para un bien mayor, a saber, una pensión que le dejará en el umbral de la pobreza, escuelas públicas que son centros de lavado de cerebro estatal y donde los niños cada día salen menos preparados, leyes que favorecen a violadores, ladrones, monopolios privados y públicos (seguridad, electricidad, telefonía, banca…), continuo desempleo, listas interminables en los hospitales públicos, corrupción pública…

La diversidad de productos y servicios de los que disfrutamos no son el resultado del esfuerzo, trabajo ni capital acumulado del estado, sino que son el resultado del esfuerzo, trabajo y capital acumulado de empresas y personas individuales. Lo único que hace el estado es tomar por la fuerza parte de esos recursos e intentar hacer vanos trucos de magia para repartirlos entre los grupos de presión y votantes cautivos quedándose, de paso, una generosa parte para él con las consecuencias antes enumeradas entre muchas otras.

Así pues, y volviendo a la noticia que abría este artículo, es lógico que los españoles no denunciemos a aquellas personas que evitan los impuestos, porque no pagar impuestos no es un fraude, sino la legítima defensa a un robo.


[1] Recuerdo, hace años, un artículo a toda página en el diario La Vanguardia donde calculaba que los tributos, impuestos… (todo son lo mismo) que paga un asalariado medio al estado estaban cerca del 70%. Según un artículo más reciente de Xavier Sala-i-Martí, en La Vanguardia, serían dos terceras partes, aunque el porcentaje de expropiación no nos interesa aquí.

El lenguaje tributario

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, reza el artículo 31.1 de la Constitución española, que recoge los principios y reglas materiales de nuestro sistema tributario. Se dice que en él se condensan los principios básicos que le confieren un carácter justo y de acuerdo con los valores constitucionales. Pero lo cierto es que no hay ni una sola palabra de este precepto constitucional que no sea chirriante con la libertad ni contradictoria con su propio significado.

Con el “todos contribuirán” encontramos la primera de las incoherencias de este importante artículo. Con este precepto los redactores de la Carta Magna pretendieron extender a la generalidad del pueblo la obligación de contribuir. Sin embargo, no se percataron de la fuerte oposición de ambos términos; pues “contribuir” es un acto totalmente libre y voluntario -cuando uno realiza una contribución está llevando a cabo un acto meditado por propia iniciativa. Mientras que el mandato a “todos” elimina cualquier posibilidad de elección, y por tanto, toda posibilidad de que uno pudiera decidir, sin interferencias, contribuir a algo (con su dinero). En términos orwellianos podría decirse que “lo obligatorio es voluntario”.

Con “de acuerdo con su capacidad económica” se supone que el sistema da cabida a la Justicia. Los mal llamados contribuyentes pagarían obligatoriamente según su capacidad económica, porque no es lo mismo cuando lo hace uno que tiene más dinero que cuando lo hace otro que tiene menos. No obstante, resulta igualmente injusto que ambos paguen, independientemente de la cuantía. Pero además, si tenemos en cuenta la cuantía, nos encontramos con que la Justicia deja de estar ciega, entrando en flagrante contradicción con la idea de la igualdad ante la ley, consagrada, por cierto, en otro artículo de la Constitución, el 14, que afirma rotundamente que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Lo que en términos orwellianos vendría a ser como: no toda desigualdad de trato de la ley infringe la igualdad ante la ley.

Estrechamente unido a lo anterior encontraríamos la progresividad. Así, una vez aceptado tácitamente que lo que se hace es algo voluntario (contribuir), que lo realizamos todos y cada uno de nosotros (generalidad), basado todo ello en la capacidad económica (igualdad), el sistema deviene perfectamente comprensible y asumible, y no resulta nada extraño para el ciudadano. Lo que ocurre, empero, es que gravar conforme a la renta obtenida no deja de ser un plus de discriminación y de injusticia, además de atentar contra el fruto de la empresarialidad de cada uno, su esfuerzo y su creatividad, y sobre todo, contra su propiedad y libertad.

“Un sistema tributario justo… que… en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Se dice que el principio de no confiscatoriedad supondría un límite a la progresividad y al sistema tributario en general. Supondría la salvaguarda de la propiedad privada y, en general, de la libre empresa. No obstante, uno podría preguntarse muy extrañado cómo los pagos, pero impuestos, que todos realizamos al fisco de manera voluntaria, pero por ley, e igualitariamente, pero según nuestra capacidad de pago, ¡podrían llegar a ser confiscatorios! Y es que por confiscatoriedad no se entendería la usurpación o desposesión de la propiedad ajena, cualquiera que sea su cuantía, por medios coactivos; sino simplemente aquella expropiación que sobrepasara unos ciertos límites. Lo que tal vez Orwell podría resumir con: lo confiscado, en realidad, es regalado.

 

Un artículo, un precepto, un sistema, producto de las ideas y lenguaje intervencionista que pervierte las palabras para subyugarlas a sus fines y que hay que combatir con astucia y con un buen asesor fiscal.

Ayudar al prójimo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en Ayudar al prójimo

En la parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 25-38), un Maestro de la Ley le pregunta a Jesús qué debe hacer para alcanzar la vida eterna. Jesús le responde que dos cosas: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo”. El Maestro de la Ley, que todavía no había visto satisfecha su curiosidad, inquiere a Cristo sobre quién es el prójimo. Para ello, Jesús le explica una parábola: “Un hombre fue asaltado y abatido por unos bandidos en el camino de Jerusalén a Jericó. Mientras estaba tendido en el suelo, pasaron por su lado un sacerdote y un levita que ni se dignaron a ayudarlo. Finalmente, llegó un samaritano, que lo montó en su caballo, lo llevo a la posada y pagó el hospedaje hasta su recuperación”. Según Jesucristo, este buen samaritano había obrado como el prójimo, por lo que instó al Maestro de la Ley a hacer lo mismo.

Durante mucho se ha considerado que este mensaje salvador sólo podía desembocar en un Estado socialista y paternalista. La obligación moral de ayudar al prójimo, de amarlo como a uno mismo -incluso de pagarle la posada- evidenciaban que Jesús era un socialista que quería redistribuir la propiedad de los ricos hacia los más necesitados. Sin embargo, esta interpretación de las Sagradas Escrituras es del todo incorrecta.

La clave para entender este pasaje se encuentra en la palabra prójimo. Prójimo viene de proximus, esto es, próximo, “que está cerca”. En otras palabras, Jesús nos insta a amar, respetar y ayudar a los que tenemos cerca, a las personas que caen dentro de nuestro radio de información. Este matiz es importante para disociar el mensaje bíblico de la “justicia cósmica” y del Estado providencia.

En otras palabras, el mensaje cristiano es contrario al constructivismo racionalista porque, como explicó Hayek: nadie puede llegar a conocer más que una minúscula porción de la sociedad y por lo tanto todo lo que puede ser incluido en sus motivaciones son los efectos inmediatos de sus actos en el ámbito que le es conocido (…) las necesidades humanas por las que él “puede” efectivamente preocuparse son una cantidad insignificante de las necesidades de todos los miembros de la sociedad.

De hecho, el entero pasaje bíblico es una reivindicación clarísima del capitalismo y la caridad privada frente a la torpeza y ceguera de los planificadores. Ya desde el comienzo, el Maestro de la Ley (el experto en derecho) es incapaz de reconocer a la figura del prójimo. En otras palabras, la ley no puede controlar las relaciones sociales, ya que la respuesta sobre a quién ayudar no puede hallarse en la ley, sino en el corazón y la experiencia de cada uno. Así mismo, al final del pasaje Jesús no exhorta al Maestro de la Ley a que difunda entre los judíos que están obligados por ley a ayudar al prójimo, sino que él mismo, de manera individual, lo haga.

En la parábola, además, quienes abandonan al hombre malherido son el sacerdote y el levita, personal del Templo. Y, en cambio, quien lo ayuda es un proscrito de la fe, el samaritano. La ley pues, no sólo no es necesaria, sino que incluso dificulta la ayuda al prójimo.

El samaritano monta a la víctima en su caballo y al llegar a la posada le paga al posadero con su dinero. Esta parte me parece esencial para la entera comprensión del pasaje. Si, en realidad, Jesucristo hubiera querido que cada persona se hiciera parte de todo el mundo restante, en ese momento el posadero debería haber rechazado las monedas que le ofrecía el buen samaritano, por tener la obligación de ayudar al prójimo.

Pero quien se encontró al hombre malherido fue el samaritano, no el posadero, por tanto el posadero bien podía cobrar y lucrarse por el mantenimiento de aquél. De hecho, Jesús afea sus conductas al sacerdote y al levita, pero no al posadero. Lo cual, dicho sea de paso, ilustra que podemos pagar a otros (caridad privada) para que se ocupen de los necesitados. El samaritano, cuando paga, se desentiende de su cuidado.

Así pues, Jesucristo no pudo amparar la redistribución forzosa de todos los recursos, pues era consciente de la imposibilidad de planificar desde arriba las necesidades de la sociedad. Así mismo, aseguró que el amor al prójimo es un requisito para la vida eterna, no para la terrenal. De manera que debía ejercitarse como una decisión libre y moral.

Precisamente, el Estado de Bienestar es todo lo contrario: una casta política de legisladores, confisca el dinero a los ciudadanos, para redistribuirlo ciegamente hacia personas que ni conocen. Difícilmente podemos calificarlo como una ayuda al “prójimo”.

Dividendos en Alaska

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario.

Hace treinta años, la explotación pública de los yacimientos petrolíferos de la Bahía de Prudhoe empezó a reportar enormes ingresos al Estado de Alaska. Automáticamente, el gasto público en ese remoto Estado se disparó. A principios de los ochenta, el Estado de Alaska gastaba por cada uno de sus ciudadanos el triple de lo que gastaba el gobierno federal por cada americano. Ante el desenfreno de legisladores, burócratas, compinches y grupos de presión, el gobernador, Jay Hammond, se empeñó en acabar con esta espiral del gasto.

Hammond temía que los ciudadanos del Estado conocido como La Última Frontera abandonaran su espíritu decidido y aventurero y se adormecieran bajo la protección de un inmenso Papá Estado. Sería terrible, pensaba, lo que les sucedería a multitud de ciudadanos dependientes del Estado el día que éste se quedara sin la gallina de los huevos de petróleo.

Así que a finales de los setenta surgió la idea de que parte de los ingresos que el Estado obtenía de los yacimientos petrolíferos fuesen entregados en forma de dividendos a cada ciudadano de Alaska. En vez de dejarlos en manos de los burócratas para derrocharlos día a día, mejor invertirlos en un fondo permanente para que cada ciudadano pudiese administrar su parte correspondiente según su propio criterio. O sea, una especie de impuesto al Estado: si recauda tanto, no por su eficiencia, sino porque se ha reservado la propiedad de tierras ricas en petróleo pero después no sabe gestionar estos ingresos, mejor que pague algo a los ciudadanos. De paso, argumentaba Hammond, los ciudadanos se sentirían más comprometidos con la gestión del petróleo a la vez que serían más reacios a subidas de impuestos.

En 1976, los votantes de Alaska apoyaron 2 a 1 la creación del Alaska Permanent Fund. En verano de 2005, este fondo rondaba ya los treinta mil millones de dólares. Obtuvo apoyos desde el principio entre los más izquierdistas porque aseguraba una distribución igualitaria de los beneficios. Igualmente agradó a muchos ecologistas pues su enfoque a largo plazo impedía el derroche de los recursos naturales. Otros observaron que el fondo se asemejaba al ideal izquierdista de una renta básica universal con la mejora de que no lo costeaba ningún ciudadano con sus impuestos. Además, puesto que sigue tratándose de un lugar remoto y por lo tanto, poco visitado, Hammond se aseguró de que los dividendos que cada ciudadano recibía fuesen aumentando a medida que uno acumulaba años de residencia en Alaska. A día de hoy, casi todos los ciudadanos de la fría región norteamericana reciben un dividendo anual de mil dólares. O más, si llevan más de un año como residentes. Y, encima, no tienen impuesto estatal sobre la renta.

El caso opuesto sería el de Nigeria. El Banco mundial estima que, con el boom del petróleo, su hacienda ingresó unos trescientos mil millones de dólares que después derrochó con creces. El resultado total fue nefasto para los nigerianos. Con este contraste en mente, ya ha habido quien ha propuesto la implantación de un fondo permanente en Irak.

Sin embargo, con todo ello el dinero que se ha conseguido apartar de las manos de los burócratas apenas representa un 5% del gasto público. Insignificante en comparación con lo que siguen manoseando, pero sería difícil encontrar regiones en todo el globo que pudiesen presumir de un porcentaje mayor. Pero es un primer paso. Una forma más contundente y seria de poner los beneficios del petróleo en manos de los ciudadanos habría sido la privatización de las tierras públicas en las que se halla el petróleo. Privatizando y desregulando el sector se habría incentivado la competencia todavía más. Y ese 5% habría crecido quién sabe cuanto.

El camino queda abierto a nuevas ideas para recuperar esa inmensa riqueza que día a día malgastan los burócratas y sus compinches.

El abrazo del oso

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El socialismo se ha caracterizado desde siempre por estas prácticas antiliberales; robar a los ricos para ayudar a los pobres se considera una práctica no sólo justa, sino eficaz. Por desgracia, tampoco los conservadores han estado exentos históricamente de estos desafortunados comportamientos. La prohibición de las drogas, la censura de ciertos comportamientos "obscenos" o la obstrucción a un mercado de órganos han sido reivindicaciones frecuentes de quienes siguen considerando el Estado como un instrumento de cambio y gestión social.

Con todo, puede que una de las peticiones más conocidas y con mayor raigambre social sea la de proteger a las familias para estimular la natalidad. Recientemente, por ejemplo, el colectivo Hazte Oír ha exigido a Zapatero el cumplimiento de su compromiso de pagar 100 euros al mes a todas las madres de España con niños de hasta tres años.

Lo triste de este caso es que es difícil discernir quién está siendo más antiliberal: si ZP por haberlo prometido o Hazte Oír por recordárselo cuando parecía haberse olvidado.

El fallo de esta petición es de base. Precisamente cuando Zapatero pretende expandir sus poderes sobre la sociedad para someterla a través de sangrantes impuestos y regulaciones totalitarias, no conviene dar al capitoste de la izquierda excusas para incrementar su poder mediante súplicas de ayuda.

El Gobierno tiene que limitarse y reducirse; debemos combatir su paternalismo absorbente, su ataque continuo a la estructura familiar para sustituirla y aniquilarla; debemos impedir que nos bautice, nos case y nos entierre. Y, desde luego, la mejor manera de defender a la familia de las zarpas estatalistas no consiste en convertirla en un apéndice del Ministerio de Asuntos Sociales.

Si realmente queremos proteger a la familia debemos impedir este progresivo proceso de fagocitación según el cual el Estado define, controla, planifica y financia a la familia. Debemos evitar que una de las grandes obsesiones de la izquierda –romper los lazos de fidelidad y unión entre los miembros de la unidad familiar para sustituirlos por el sometimiento del individuo al Estado– se convierta en realidad.

Argumentos sociales

Los defensores de estas rentas periódicas para las familias suelen aducir dos tipos de argumentos para justificarlas. El primero, que podríamos denominar "argumento social", consiste en afirmar que las familias tienen derecho a una retribución del Gobierno. A su vez, este derecho suele defenderse con una pléyade de razones: la sociedad tiene que ayudar a cada familia a llegar a fin de mes, las familias son acreedoras de la sociedad por "criar" a las generaciones futuras en una especie de mandato o delegación, o bien porque uno de sus miembros (generalmente la mujer; las denominadas "amas de casa") desempeña un trabajo en el hogar que merecería ser retribuido como si de un trabajo por cuenta ajena se tratara. Sin embargo, ninguno de estos argumentos tiene fundamento.

Primero, cada familia debe planificar cuántos miembros es capaz de criar y mantener. No tiene sentido que dos personas decidan traer al mundo un número de niños que no van a ser capaces de manutener. Imaginemos que todos los individuos tuvieran más niños de los que pueden acoger con sus recursos financieros –presentes y futuros–: ¿sería éste un comportamiento responsable? ¿A quién pediríamos los fondos para sustentarlos? Está muy bien que una pareja quiera tener hijos –muchos hijos–, pero no está tan bien que quiera tenerlos a costa de los contribuyentes.

Segundo, la familia tiene la obligación de criar a sus hijos. No es un privilegio renunciable, y mucho menos una obligación endosable al resto de la sociedad. Es más, la idea de que la familia merece una retribución por ser una especie de mandataria de la sociedad para que críe y eduque a los niños pequeños hasta que se vuelvan ciudadanos adultos es una idea totalmente colectivista.

Los niños no son mercancías propiedad de la sociedad, entregadas a dos personas (la familia) para que los críe y los eduque hasta que crezcan. En realidad, la familia es el núcleo de vida de esos niños, la sociedad no tiene ningún tipo de derechos sobre ellos. Por lo tanto, dado que la familia no es un instrumento de la sociedad para el "cultivo" de adultos (no es una red de pequeñas piscifactorías del Estado), tampoco merece un "salario" en concepto de "servicios prestados".

Sin duda, pocas cosas hay más peligrosas para la supervivencia de la familia que esta absurda concepción, pues supone de facto su nacionalización y eliminación como institución privada y libre.

Tercero, el trabajo de las amas (o amos) de casa es totalmente respetable, pero no por ello deben recibir una renta. A diferencia de lo que ocurre con los salarios, el ama de casa trabaja para sí misma y su familia. Los frutos de su trabajo (tener una casa limpia y habitable) redundan por entero en su bienestar. En el trabajo dependiente y por cuenta ajena, en cambio, un individuo (trabajador) alquila sus servicios a otro (empresario), a cambio de los cuales percibe un salario. Es un intercambio libre y voluntario entre "servicios" y "salario".

Decir que las amas de casa merecen un salario, que debe ser pagado por el Estado (o más exactamente, por el resto de contribuyentes), es equivalente a señalar que también lo merece el estudiante que ordena su habitación, o el individuo que corte leña para calentar su hogar en invierno. El trabajador percibe el fruto de su trabajo o, en caso de que haya vendido anticipadamente ese fruto, un salario. Dado que el ama de casa no ha vendido nada, tampoco debe proporcionársele coactivamente un salario.

¿Por qué el Estado tiene que obligar a un individuo X a que le pague a otro individuo Z cuando éste limpia su casa? ¿También, entonces, deberán pagarnos un salario cuando mantenemos limpio y sano nuestro cuerpo (esto es, cuando vamos al gimnasio, nos duchamos, nos lavamos los dientes y nos echamos colonia)?

Argumentos económicos

Junto a los argumentos sociales tenemos otros estrictamente económicos, a saber: que es rentable para la sociedad que el Estado invierta en la promoción de la natalidad. Las razones por las que se suele señalar que una amplia natalidad es beneficiosa económicamente son variopintas. Sin embargo, nos conformaremos con citar dos: las externalidades positivas del crecimiento poblacional y el sostenimiento del sistema de pensiones.

Los defensores de la doctrina de las externalidades positivas son declarados antimalthusianos (no sin razón). En su opinión, una mayor población supone un mayor crecimiento económico debido a una división del trabajo más profunda, una mayor especialización de cada individuo y una cantidad superior de genios. En otras palabras, el crecimiento de la natalidad produce unas externalidades positivas por las que las familias no se ven recompensadas, lo que hace que la cantidad de niños sea "socialmente subóptima" (esto es, que nazcan menos niños de lo adecuado). En consecuencia, el Gobierno tiene que incentivar los nacimientos a través de una paga periódica.

Sin embargo, el argumento tiene una pequeña contradicción. Si el crecimiento es bueno en tanto que favorece una mayor división del trabajo, ¿cómo puede defenderse la redistribución estatal de la renta, que, precisamente, supone la destrucción de la división del trabajo? Tengamos presente que el impuesto produce una redistribución ineficiente de la renta, apartándola de sus usos prioritarios, determinados en cada momento por la división del trabajo. Por ello, los impuestos ponen fin a la división del trabajo y la sustituyen por una organización socialista de la producción (es el Estado quien decide dónde deben invertirse los recursos y cómo deben organizarse los trabajadores).

Por tanto, el sarcasmo del argumento de las externalidades positivas de la natalidad es que parte de los beneficios del mayor número de trabajadores, empresarios y genios para luego proponer acosar a trabajadores, empresarios y genios con impuestos.

Otro argumento frecuentemente utilizado es el de señalar que, si la natalidad no aumenta, "las generaciones presentes no llegarán a cobrar las pensiones públicas". Suele ser especialmente recurrente para justificar la inmigración y la reproducción masiva de los inmigrantes.

No obstante, el problema del sistema de pensiones es otro. Se basa en la redistribución de la renta y no en su capitalización. Si incrementamos el número de contribuyentes para financiar las pensiones actuales, ¿no estamos simplemente prorrogando el problema? ¿Es que este ampliado número de contribuyentes no clamará en el día de mañana por sus pensiones? ¿Hasta qué punto es razonable esta política de planificación social de los nacimientos para conseguir salvar un sistema corrupto de base?

Sin duda, la sociedad se beneficiaría mucho más con la quiebra del sistema público y su sustitución por uno privado de capitalización, donde cada individuo ahorrara para su futuro. Por tanto, tampoco este argumento consigue fundamentar una rentabilidad económica en las transferencias coactivas de renta a las familias.

Conclusión

A lo largo de este artículo hemos tratado de esbozar la injusticia que supone la redistribución de renta y, en concreto, la redistribución de renta a las familias. Aun siendo conscientes de la enorme importancia de la institución familiar para la salvaguarda de nuestro bienestar y libertad, difícilmente podemos por ello justificar el sacrificio del bienestar y la libertad a través de los impuestos y de la progresiva implantación del socialismo.

Ni es éticamente justo, ni económicamente rentable, ni estratégicamente acertado. La familia tiene que desvincularse totalmente del Estado y no convertirse en un órgano delegado. Los comunistas intentaron destruir la familia y sustituirla por el Partido; la socialdemocracia actual pretende difuminar su contenido, su importancia y su trascendencia para dominarla a través del Estado.

No es, por tanto, razonable proteger la familia a través de quien pretende eliminarla. El Estado es el enemigo de las instituciones, no su aliado. Mientras semejante ilusión perdure, se las seguirá erosionando con total impunidad. Y eso, precisamente, es lo que no conviene ni a la sociedad ni a las familias.