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Etiqueta: energía

COP27: el mercado y la transición energética

La transición energética en pro de una producción de energía cada vez más limpia y menos contaminante es cada día un tema de mayor relevancia en la academia, los medios de comunicación y el grueso de la sociedad occidental. Cuando se plantea el debate sobre cómo se debe afrontar dicha transición, se suelen enfrentar dialécticamente los objetivos de la llamada “transición verde” con el mercado y, más en general, el funcionamiento del sistema capitalista. Es decir, se plantean como antónimos la posibilidad de lograr dicha transición y la perduración del presente modelo económico predominante en Occidente. La idea central de muchos de estos discursos es que una economía de mercado jamás permitiría lograr dicha transición, ya que, supuestamente, su modelo de crecimiento se basa en la persistente explotación de los recursos disponibles, por lo que conduciría irremediablemente al agotamiento de estos y no al reemplazo de su uso por otros más sostenibles en el tiempo.

Tal y como muchos lectores de esta columna habrán pensado, el planteamiento descrito en el párrafo anterior y empleado por muchos detractores de la economía de mercado es profundamente erróneo, empezando por el simple hecho de que los agentes económicos se guían por incentivos y la economía reacciona basándose en las acciones causadas por estos. En el caso de las energías renovables, su implementación a través del mercado depende principalmente de su rentabilidad, ya que la inversión en estas está guiada (como en el caso de cualquier bien o servicio) por el incentivo que supone el beneficio monetario. En el momento en el que la inversión en energía solar, eólica o de otras fuentes renovables sea más rentable que los combustibles fósiles, será el propio mercado el que haga virar la tendencia hacia las energías verdes y conlleve a su preponderancia sobre todas las demás.

Por supuesto, no niego que existan fallos de mercado ni situaciones externas que puedan causar un retraso en la implementación de energías renovables, aunque estas fuesen más rentables. Por ejemplo, existen externalidades que hacen que el coste de capital en los países emergentes sea tan elevado que desincentive la inversión en energías limpias, a la vez que se logra el requerido crecimiento económico para el desarrollo de estas naciones. Otro de los elementos en los que puede ser necesaria una mínima intervención del Estado para acompañar a las fuerzas de mercado en dicha transición es en la aceleración de la transformación y evolución tecnológica que haga viable una producción de volumen energético suficiente a partir de determinadas fuentes, alcanzando economías de escala que las hagan suficientemente rentables como para atraer inversión privada. Aun así, y pese a algunas intervenciones del Estado para corregir determinados fallos de mercado y lubricar el flujo de inversión hacia las energías renovables, el principal y más importante incentivo no dejaría de ser el beneficio económico.

Por supuesto, puede darse el caso (y se da y dará) de que haya intereses económicos involucrados que causen que los gobiernos actúen de determinadas maneras (captura del regulador), frenando determinadas inversiones o protegiendo desfasados conglomerados empresariales que hoy en día no serían rentables sin el apoyo de los poderes públicos. Un ejemplo de ello lo hemos visto en la cumbre de la COP27 en Egipto, en la que multitud de estados y compañías petroleras han defendido sus intereses con uñas y dientes y han apoyado la idea de que dichos estados sigan subsidiando y tratando de manera preferente a determinadas empresas petroleras, muchas de ellas con enorme poder económico y político. Desde una posición liberal, deberíamos oponernos frontalmente a un caso tan explícito de captura del regulador, que, además de explotar al contribuyente, promueve una enorme generación de externalidades negativas que finalmente terminan pagando los propios contribuyentes.

Una vez analizados los factores previamente descritos, conviene estudiar cuál es la situación actual de las energías renovables con respecto a otras tecnologías dominantes y cuál ha sido y es el rol del mercado en su propagación. Si tuviéramos que explicarlo de manera breve, sería acertado afirmar que las propias fuerzas de mercado han contribuido a acelerar la tendencia de la transición verde, pero, de momento, no de forma lo suficientemente rápida como para alcanzar los objetivos de transición marcados por determinados expertos y agencias. Aun así, la dirección es muy positiva, ya que la Agencia Internacional de la Energía Renovable, ha mostrado en un reciente informe que el coste de producir electricidad a partir de fuentes renovables ha caído en picado desde 2010, convirtiéndola así en una fuente más rentable y con mayores posibilidades de difusión. El caso más llamativo de reducción de costes de producción es el de la energía solar, descendiendo en más de un 88% desde 2010, lo cual unido a otras fuentes renovables muestra un elevado potencial de transformación del mix energético.

Aunque en teoría ese debería ser el caso, la realidad es que la reducción en costes de producción no ha sido acompañada de forma directamente proporcional por el crecimiento del peso de la energía renovable en el mix energético. En 2021, este alcanzo el 25% en la UE, pero en el conjunto del globo la cifra es significativamente más baja, alcanzando tan solo el 13% del mix. Además, la cifra de emisiones totales del conjunto de fuentes energéticas no se ha reducido para el conjunto del planeta, aunque sí existen serias previsiones de que se alcance un punto de inflexión en un futuro cercano, tras el cual el nivel de emisiones anual global caiga significativamente antes de 2030.  

Al ritmo actual, para que esto ocurra se debería incrementar de forma masiva el uso de fuentes de energía de bajas emisiones, de las cuales la mayoría son de energía renovable o nuclear. Por lo tanto, la lucha política contra la energía nuclear que se lleva dando en Europa un par de décadas no ha ayudado nada en este sentido. En consecuencia, si queremos que la situación cambie de verdad, no solo hemos de proporcionar incentivos para la inversión renovables, sino también permitir la prolongación de la vida de las centrales nucleares e incentivar la inversión en este tipo de fuente de energía.

Tal y como he descrito antes, podemos ver que la tendencia del mercado hacia un mayor peso de las energías limpias en el mix total va en la buena dirección, aunque probablemente se deba incentivar una aceleración de dicha tendencia. El problema se encuentra ahora en cómo hacer esto último. Claramente, las subvenciones directas a la energía renovable no son una opción, ya que su fracaso se ha constatado en multitud de ocasiones. Por lo tanto, la solución probablemente consista en una mayor inversión en I+D para desarrollo de fuentes de energía limpia, incentivos fiscales y regulatorios que contribuyan a promover la inversión en expansión de plantas de renovables y nuclear. De esta manera, junto con una mayor rentabilidad futura de las energías renovables, se lograría una más rápida reducción del peso de la energía procedente de combustibles fósiles en el mix energético.

No es solo Putin: las tres decisiones de Sánchez que han disparado el precio de la energía.

Impagos al sector renovable, apuntalamiento de la moratoria nuclear, rechazo frontal al petróleo y al fracking…

El coste energético se ha disparado y se prevé un duro invierno en hogares y en el sector productivo.

Con los precios de la energía por las nubes, la estrategia del gobierno de España ha quedado en evidencia. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo ha sido centrarse en el efecto que está teniendo la invasión rusa de Ucrania. El problema es que, ligando todo el debate al conflicto desatado por Vladimir Putin, el debate público se empobrece notablemente y se ignoran los factores de fondo que explican lo que está pasando.

No en vano, por mucho que el “chantaje” energético de Putin esté haciendo mucho daño, es evidente que el encarecimiento de la energía no es cosa reciente, sino una tendencia que viene desarrollándose desde hace muchos años y que está golpeando de forma directa a la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias.

Así, el gobierno de Pedro Sánchez ha cometido al menos tres ‘pecados capitales’ en materia energética. Son los siguientes.

1. Incertidumbre regulatoria en las energías renovables

A priori, la única apuesta firme del gobierno de Pedro Sánchez en lo tocante a la energía es la referida a las energías renovables. Sin embargo, aunque PSOE y Podemos insisten en presentarse como defensores de una “agenda verde” que potencia estas formas de producción más sostenibles, lo cierto es que el clima regulatorio en el que opera este subsector está marcado por una incertidumbre muy preocupante.

De sobra es sabido que, antes de la Gran Recesión, el gobierno español ofreció un generoso sistema de incentivos a quienes invirtiesen en estas tecnologías. Sin embargo, tras el estallido de la crisis, nuestro país retiró las primas de forma retroactiva, desatando una oleada de denuncias que han derivado en decenas de arbitrajes internacionales que se han resuelto a favor de los inversores denunciantes y en contra de los presupuestos que venía manteniendo el Ejecutivo.

Al conocerse estas sentencias, el gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto de perfil y se ha negado a cumplir con los pagos que tiene pendientes. Esta incomprensible postura ha hecho que el crecimiento de las renovables en España se sitúe ahora cuatro veces por debajo del promedio mundial, con la inversión extranjera por los suelos.

De modo que, si el gobierno de España quiere expiar el primero de sus pecados, debe tomarse en serio su propio discurso en materia de energías renovables, cumplir los pagos que determinan los arbitrajes internacionales y garantizar un marco regulatorio que blinde y proteja la inversión en el sector.

2. Frenazo al desarrollo del sector nuclear

Que la tecnología nuclear es fundamental para el futuro es algo que ya no discute prácticamente nadie. La taxonomía elaborada por la Unión Europea va más allá y reconoce que esta tecnología de producción energética debe ser considerada como una fórmula “verde” totalmente compatible con los objetivos medioambientales que viene fijando Bruselas.

La nuclear ofrece un suministro estable a un precio competitivo, motivo por el cual son muchos los gobiernos de Europa y el resto del mundo que están avanzando en esta dirección, abriendo nuevas plantas e invirtiendo en nuevos reactores. Ahora mismo, hay 485 nuevas centrales proyectadas a lo largo y ancho del globo, de modo que la capacidad de producción nuclear se va a duplicar.

Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez no ha movido ficha y sigue instalado en su “no es no” a la nuclear. Incluso el partido ecologista que forma parte del gobierno alemán se ha abierto a la necesidad de extender este tipo de operaciones, en línea con lo que han hecho otros líderes de izquierdas como Joe Biden, presidente de Estados Unidos, o Alberto Fernández, jefe de gobierno en Argentina.

Por tanto, parece lógico seguir la senda que están explorando la inmensa mayoría de países de nuestro entorno y plantear dos líneas de trabajo, que serían por un lado la prórroga de la operativa de las centrales que siguen operando y, por otro lado, la instalación de nuevas plantas de producción.

3. Veto al petróleo y al fracking

Por si no fuese suficiente, el Ejecutivo no ha querido saber nada de los yacimientos petroleros cercanos a Canarias. Como es sabido, la Ley 7/2021 de Cambio Climático y de Transición Energética, aprobada por el gobierno socialista del archipiélago, establece la prohibición de realizar prospecciones petrolíferas y obliga a cerrar las instalaciones del sector antes de 2042. Conviene recordar que las últimas exploraciones realizadas por Marruecos han encontrado yacimientos de crudo valorados en 110.000 millones de euros frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Pero Pedro Sánchez no solo se cierra al petróleo: tampoco quiere saber nada de gas natural generado vía fracking. Con este planteamiento, el Ejecutivo sigue a renglón seguido el plan de Vladimir Putin, que se ha cuidado de financiar las campañas de oposición a este tipo de producción energética, puesto que su desarrollo reduciría enormemente la influencia rusa en Europa. El veto al fracking tiene un coste notable, puesto que los yacimientos existentes en nuestro país cubrirían 70 años de demanda, con los actuales niveles de consumo.

El desarrollo de la fracturación hidráulica en Estados Unidos fue especialmente intenso bajo la presidencia de Barack Obama y sigue desarrollándose con Joe Biden en la Casa Blanca. Lo mismo ha ocurrido en Canadá con Justin Trudeau al frente de su gobierno. De modo que, más allá de nuestras fronteras, los líderes de la izquierda política adoptan posturas pragmáticas en relación con esta técnica de extracción. En el caso de Estados Unidos, el crudo producido en Estados Unidos aumentó su cuota de mercado entre 2008 y 2013, pasando del 40% al 65%. En ese mismo periodo, las emisiones de CO2 per cápita revirtieron a niveles propios de los años 60. Por tanto, los objetivos climáticos que Sánchez esgrime como argumento para rechazar el fracking no solo no son incompatibles con dicha técnica, sino que pueden encajarse a la perfección.

Algunas cuestiones disputadas del anarcocapitalismo (LXXII): La anarquía entre políticas: la energía (I)

Nos hemos referido muchas veces en esta sección al  fenómeno de la anarquía entre los distintos elementos políticos y administrativos que componen un estado, pero no nos hemos referido nunca a las consecuencias en forma de políticas públicas de tal anarquía. En estos últimos días hemos asistido a la promulgación tanto a nivel europeo como español de una serie de normas referidas al consumo energético. Desde regular la temperatura de los aires acondicionados a la definición de un nuevo mix energético verde, que incluye al gas y a la energía nuclear por parte de las instituciones europeas.

Pero muchas de estas políticas se contradicen entre sí y se anulan unas a las otras. Ello muestra que la capacidad de cálculo interno dentro de las propias organizaciones estatales, en especial las que pretenden abarcar más como la UE, están seriamente dañadas o reducen su alcance, o muy probablemente colapsen en unidades políticas menores con mejor capacidad de coordinación y cálculo.

Recordemos que si bien los estados se organizan internamente de forma anárquica, como ya hemos explicado en artículos anteriores, su coordinación no se realiza mediante precios de mercado sino con sustitutos imperfectos como ideologías políticas, éticas o valores propios de la clase política dominante, lealtades personales o de grupo, expectativas de ocupar puestos políticos o incluso la corrupción y el chantaje.

Estos principios de coordinación transmiten, por su propia naturaleza, mucho menos información que los sistemas de precios. Y están por tanto sujetos a unos límites más estrictos que aquellos, siendo su alcance de coordinación mucho menor. Sería bueno recordar al respecto los estudios de Murray Rothbard sobre los límites de cálculo dentro de las organizaciones, y los estudios, estos no austríacos, de Paul Kennedy o Jean Baptiste Duroselle (Auge y caída de las grandes potencias y Todo imperio perecerá, respectivamente) para ver que toda organización política tiene un límite más allá del cual le es imposible hacer cálculos o coordinarse de forma efectiva. Pero una teoría definitiva sobre los límites del cálculo en el interior de los estados está aún por escribir. Así de la misma forma que una economía de corte socialista siempre va a funcionar peor que su correlato capitalista, un estado o megaestado siempre contará con un handicap a la hora de conseguir los resultados planeados que un estado de menores dimensiones, y de superar un umbral colapsará.

Este fenómeno parece que comienza a darse de forma ya claramente evidente en el ámbito de la Unión Europea, de tal forma que ya es cada vez más frecuente que políticas iniciadas en estas instituciones no sólo solapen sino que abiertamente contradigan y anulen a otras políticas también iniciadas en el mismo marco. En el ámbito monetario, por ejemplo, asistimos hace poco a la contradicción de que mientras que se reducen las compras de deuda soberana por parte del BCE al mismo tiempo se mantienen para países con posibles problemas de solvencia debido a sus déficit, que son curiosamente aquellos que más problemas de inflación y de estabilidad y que son precisamente aquellos a los que más habría que controlar en el caso de querer hacer creíble la política monetaria.

En este trabajo me gustaría, en cambio, discutir un poco las contradicciones de la UE y sus estados miembros en lo que respecta a la política energética que se deriva de la llamada agenda 2030 y que es uno de los más ambiciosos programas de planificación que ha llevado a cabo al Unión desde su aparición y que ha consumido ingentes cantidades de recursos públicos y privados, muchos de estos últimos inducidos por las regulaciones establecidas en dicha agenda. Dicha agenda, como es bien sabido, busca descarbonizar el espacio geográfico europeo mediante una batería de políticas públicas en muchos ámbitos. Estas  incluyen desde establecer la obligatoriedad de contar con derechos de emisión de CO2 en el caso de determinadas actividades emisoras de dicho gas y para lo que se establecen las pertinentes subastas, hasta el cambio acelerado del mix energético, incluyendo cambios en la movilidad.

En un principio estas medidas fueron poco a poco siendo diseñadas e implantadas con el apoyo entusiasta de muchos gobiernos que veían en este objetivo una fuente de legitimación de nuevos impuestos, ahora denominados verdes y de nuevas fuentes de regulación en beneficio muchas veces de sectores  buscadores de rentas bien conectados con sus respectivos gobiernos. Tampoco hay que olvidar el apoyo de muchos medios de comunicación, muchas veces asociados a esos buscadores de rentas y, por supuesto, el respaldo de muchos movimientos ecologistas y ciudadanos que veían en estas medidas un avance hacia sus objetivos de una sociedad  más ecológica y sostenible.

Este triángulo de hierro regulatorio (coalición de políticos, burócratas y grupos de interés) ha conseguido cambiar la agenda política  y diseñar t comenzar a implementar con cierto éxito sus primeras políticas. El impuesto a las emisiones, por ejemplo, hace ya ya años que funciona, con gran éxito recaudatorio, reduciendo a voluntad el número de emisiones permitidas cuando es necesario subir el precio de la compra de derechos. Esta medida, sumada a otras regulaciones restrictivas,  tuvo el efecto previsto de reducir la combustión  de combustibles fósiles, especialmente el carbón, llevando al cierre numerosas centrales térmicas en todo el continente.

Los planificadores españoles de la agenda 2030 también diseñaron un astuto sistema de fijación de precios eléctricos, llamado sistema marginalista,  que  sin estar desprovisto de cierta racionalidad económica, remunera al mismo precio a las energías renovables y las mucho más caras fósiles, subvencionando de esta forma a las primeras. Por último otro de las políticas más ambiciosas de la agenda es la de intentar la transformación del parque de vehículos privados movidos por combustión de derivados del petróleo en uno mucho más “verde” movido por electricidad”. Las subvenciones a tales vehículos y a las industrias que los fabrican fueron ingentes, reforzadas además por un prohibición genérica de la venta de  vehículos emisores de CO2 en 2030 y su desaparición total en 2040 (las cifras pueden variar según las diferentes directivas).

Los problemas comenzaron después de la pandemia, cuando los gobiernos de la UE redujeron por decreto la cantidad de derechos de emisión  que se podían subastar subiendo por tanto los costes de generar electricidad por medio de centrales térmicas, buscanco acelerar la transición a las renovables. Pero coincidió también que el precio del gas, que marca los precios en un sistema marginalista al ser el último en entrar en el proceso de generación, lo que llevó a un incremento sustancial en las tarifas cobradas a los consumidores.

Recordemos que el principal problema de las renovables es su intermitencia en el suministro, esto es dependen de que sople el viento con suficiente intensidad, de las horas de sol o de los flujos hídricos, por lo que no se puede garantizar un suministro constante. Esto generó las primeras tensiones y el desmarque de países como Polonia de las directrices provenientes de Bruselas, al negarse a abandonar 8una energía abundante, fiable y relativamente barata como el carbón a pesar de sus emisiones. Los problemas de verdad vinieron tras la guerra de Ucrania cuando los suministros de gas ruso  se vieron amenazados y su precio en consecuencia se disparó(Rusia con mucha probabilidad fue un gran lobbista  a favor de las energías verdes para reforzar la dependencia europea de sus suministros). Muchos países europeos se encontraron con que su capacidad de generación se viese amenazada y con ella el cierre de muchas industrias electrointensivas, algo que ya habíamos visto en el invierno de 2021 en España con el cierre parcial de industrias como Alcoa.

Dado que ni el viento ni el sol eran capaces de producir energía suficiente lo primero que hicieron los gobiernos europeos en verano de 2021 fue vaciar literalmente los embalses para intentar producir  energía hidráulica (considerada también verde). Es España se vaciaron muchos pantanos casi totalmente, al igual que en Escandinavia que vació muchos de sus embalses para alimentar a la industria alemana. Pero no bastó y una vez agotados temporalmente las reservas hidroeléctricas hubo que echar mano de nuevo del demonizado carbón. En toda Europa se volvieron a activar las viejas centrales y se renovaron las reservas de carbón, incluida la muy verde España que reactivó centrales como la de As Pontes en el  invierno de 2022. Todo ello antes de la guerra de Ucrania, pero combinado con una gran inflación derivada de los estímulos monetarios del BCE de los últimos años. La guerra, como antes apuntamos, no causó el problema pero si fue un punto de inflexión a la hora de darnos cuenta de que la situación estaba haciéndose insostenible. La quema de carbón fue el primer síntoma y la primera contradicción flagrante en el discurso oficial. No se puede al mismo tiempo pretender la descarbonización de la economía europea  y quemar no gas ni fuel sino carbón puro y duro. No se puede querer bajar las tarifas con unos derechos de emisión de carbono muy elevados mientras se quema carbón artificialmente caro  por culpa de esos mismos derechos.

 Una solución podría ser abandonarse el sistema marginalista que deriva en precios tan elevados, pero es de difícil implantación sin acabar con todo el esquema de ayudas a las renovables, que como vimos subsisten en parte gracias a este esquema. Supongo que los inversores en renovables, las grandes eléctricas entre ellas, escarmentadas del recorte a  las subvenciones en teimpod e la crisis de 2008, habrán tomado garantías e intuyo que sería muy oneroso hacer frente a tal cambio. Pero sin él  difícilmente se podría cambiar el esquema de precios. Países como España y Portugal  intentaron políticas como topar el precio del gas a la hora de reflejar un precio menor del mismo a la hora de calcular el precio final de la electricidad en los mercados mayoristas. Pero esto sólo va a conseguir, como bien sabra cualquier lecor de Hazlitt,  tener consecuencias no previstas como incrementar la demanda de gas, crear un enorme deficit de tarifa y que españoles y portugueses subvencionen a otros países parte dus costes., al ser el mercado libre. Y no se soluciona ni el problema de la tarifa ni el del cambio climático, pues ni se dejan de aplicar las políticas verdes de la agenda 2030 ni se reduce el uso de combustibles fósiles, pues unas políticas anulan a las otras.

En ulteriores artículos intentaremos analizar algunas otras contradicciones que el Gentil Monstruo de Bruselas, como Enzensberger denomina a al UE, causa a la hora de implementar políticas.

Cómo no atajar los elevados precios de la energía

A lo largo de los últimos meses y principalmente a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin hemos observado muy notables incrementos en el precio de la energía, causados por la escasez y el consecuente encarecimiento de multitud de materias primas. Además de las subidas de precio de las materias primas generadas por los problemas de producción y suministro arrastrados de la pandemia y los propios generados por la guerra, se han unido los efectos de las sanciones de Occidente a Rusia en concepto de limitaciones a la exportación de multitud de bienes y servicios. Todo ello ha redundado en el hecho de que los países más dependientes de la importación de gas y petróleo rusos estén sufriendo una verdadera crisis energética, no ya por la dificultad del suministro sino por su encarecimiento, cuyo efecto es marcadamente regresivo sobre la población de dichas naciones.

De hecho, aún no se ha llegado al final de la cuestión, y desde Occidente se siguen diseñando nuevos paquetes de sanciones contra Rusia, con motivo de la continuación de la invasión de Ucrania. Así, la pasada semana, la Comisión Europea aprobaba un embargo a la práctica totalidad del petróleo ruso como parte del sexto paquete de sanciones implementado desde las instituciones europeas. Cabe resaltar que, dentro de dicho embargo se encuentra exento el 10% del petróleo importado desde Rusia por parte de países UE, por motivos de seguridad nacional y suministro energético básico, dirigido a estados miembros que no tenían sustituto inmediato para ello.

Personalmente creo que esta nueva medida contra Rusia es necesaria en la fase actual de desarrollo de la invasión de Ucrania y que llega en un momento clave (tras la aprobación y ejecución de cinco paquetes de sanciones anteriores). Aún así, Europa debe ser consciente de que, hasta el momento, esta es la sanción más dura que se ha impuesto contra Rusia, suponiendo un enorme coste tanto para el país de Putin como para las naciones europeas.

Europa se ha posicionado claramente en defensa de la libertad y la soberanía nacional del pueblo ucraniano, con países incluso como Estonia -que registró una tasa de inflación del 20% el pasado mes- apoyando el embargo de petróleo ruso, e incluso pidiendo ir más allá con las sanciones, extendiéndolas a más áreas. Aunque comparto el posicionamiento moral de países como Estonia y, en general, de la UE con respecto a Ucrania, creo que actualmente ir más allá con las sanciones debe ser reflexionado con cautela, debido a que adentrarnos en territorios como embargos de gas ruso supondría costes tan elevados que conllevaría una crisis energética, económica y social a nivel general en Europa, siendo esta especialmente marcada en aquellos países que son prácticamente dependientes en su totalidad del gas ruso, como es el caso de muchos países bálticos y algunos nórdicos.

En el corto plazo Europa debe aceptar su dependencia en ciertos aspectos de Rusia, recapacitar sobre los errores que llevaron a ello y buscar soluciones para el medio plazo y no únicamente parches. Aplicar un embargo al gas ruso o, a menor escala, restricciones notables a su importación sin pensar en las consecuencias económicas y sociales de ello en los países de la UE sería una decisión enormemente imprudente. Por ello, se debe seguir diseñando paquetes de sanciones que consigan infligir todo el daño posible a los sectores de la economía rusa más cercanos al gobierno de Putin, a la par que se trata de paliar los costes de dichas medidas sobre la economía europea.

Aquí es donde llegamos al quid de la cuestión, siendo este cómo atajar los elevados costes de la energía para tratar de reducir el coste de las sanciones sobre Rusia en los países occidentales.

En multitud de países se ha tratado de reducir los precios en lugar de compensar económicamente a aquellas familias que verdaderamente lo necesitan, para reducir el coste de la crisis energética sobre estas. El problema se halla en que la reducción de precios se ha tratado de forzar a través de controles de precios de la energía o reducción/eliminación de algunos impuestos cuya traslación al precio final ha sido nula o casi nula, y cuando ha resultado efectiva solo ha servido para reincentivar la demanda y volver a elevar los precios. La estrategia más efectiva sería, por ende, no intervenir en el sistema de precios, permitiendo que estos hagan su función de señalar la escasez y tensiones de demanda en el mercado -y la acorde asignación de recursos-, a la par que compensar a través de transferencias directas a aquellas familias más necesitadas de ello, paliando el aumento del coste de la energía para aquellos que no puedan afrontarlo.

He de reconocer que una medida de este tipo sería de diseño complejo y tardaría al menos varios meses en implementarse debido a que deberían decidirse los factores objetivos en base a los que otorgar la ayuda, el sistema de solicitud y aprobación de la ayuda, el formato (transferencia directa, bono social, reducción directa de la factura a través de compensación a las compañías eléctricas, etc.). Además nos encontraríamos con factores de dificultad técnicos y económicos, y con barreras de tipo político que, aunque posiblemente no bloquearían dicha medida en su totalidad, sí la retrasarían o modificarían de tal manera que disminuyera su eficacia.

Mientras tanto, multitud de políticos en todo el mundo siguen empeñados en que la solución es un tipo u otro de control de precios. Como he comentado anteriormente, reducir artificialmente los precios a través de controles políticos de los mismos solo redundaría en una mayor demanda energética que generaría aún mayores tensiones en el mercado ante la presente escasez y conduciría a una inevitable y muchísimo mayor crisis energética en un futuro cercano. Es decir, solo serviría para retrasar el problema a la vez que se hace notablemente mayor.

Por lo tanto, la única razón que veo tras la implementación de dicho tipo de medidas es de justificación política, es decir, que resultan fructíferas de cara al electorado y posicionan al líder político como redentor y salvador único, cuando realmente solo contribuye a un hundimiento mayor.

Existen multitud de medidas que pueden estudiarse de cara a su implementación para atajar los elevados precios de la energía como es el caso de la modificación de sistemas y modelos para el calculo de precios en el mercado energético, sacar el precio del gas del calculo del precio marginal en aquellos países con sistema marginalista o, por otro lado, diseñar un sistema de transferencias sociales dirigidas a las familias más vulnerables para paliar la regresividad de la crisis energética. En ningún caso en el escenario actual debería recurrirse al control de precios energéticos, ya que solo conllevaría a empeorar el problema y prolongarlo en el tiempo.

Ruina a todo gas

Hasta esta semana, el gobierno achacaba toda la subida masiva de precios que estamos sufriendo, a Putin, a las eléctricas y hasta la ultraderecha. Ni rastro por supuesto de mención alguna a los continuos planes de estímulo, a la impresión de dinero o a la moratoria nuclear entre otras cuestiones. Todo este argumentario va a ser muy difícil de sostener en los próximos meses, ante el volantazo inexplicable en política exterior, que ha dado el gobierno.

Este giro en exteriores al que nos referimos, es el abandono a su suerte del Sáhara Occidental, antiguo protectorado español, frente a Marruecos, en contra de los intereses Argelinos. Hablamos de “volantazo”, puesto que es un cambio radical a la política exterior de consenso nacional, siempre pactada entre el gobierno y la oposición, que ha llevado España, sin importar el gobierno de turno, en este asunto. Incluso la del propio gobierno actual, que recordemos, hace menos de un año, entró en una especie de guerra diplomática con Marruecos, por posicionarse del lado Argelino en este conflicto.

Hablamos de precios, porque Argelia, la parte damnificada en este asunto, es la histórica principal suministradora de gas de España. Hoy la segunda, superada por EE.UU. que nos proporciona gas licuado en buques, a mayor precio. Este asunto no ha podido venir en peor momento, dejándonos con el culo al aire, cuando la guerra en Ucrania, que hasta ahora prácticamente no nos estaba afectando por mucho que el gobierno se empeñase en tapar sus fracasos con ella, dificulta cualquier otra opción de suministro de gas. El gobierno ha puesto en peligro, entre otras muchas cosas, más del 20% del gas que consumimos, que lo obtenemos del país argelino y que es probable que, como respuesta a nuestra traición, bien nos cierren el grifo o bien nos encarezcan este.

Añadir, que en España poseemos yacimientos de gas natural suficientes para cubrir nuestra demanda nacional durante 40 años. Pero que el año pasado el gobierno prohibió por ley extraerlo. Ya saben, Putin y tal… Veremos que conejo de la chistera saca nuestro presidente para explicar todo esto, sin culparse a sí mismo, por supuesto.

Por último, hablamos de que es inexplicable, porque aparte de ser una torpeza geoestratégica grave, no le ha gustado a nadie, ni amigos ni enemigos. Tanto sus propios socios de gobierno, como la oposición en bloque, se han posicionado en contra de esta capitulación del gobierno. La pregunta es, ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos para haber vendido a todo el mundo a cambio de nada? Tan solo el expresidente Zapatero ha salido en defensa de este cambio de postura. ¿Es quizás una deuda heredada de su época?

Sea como fuere, parece claro que, con el suministro de gas tambaleándose, la falta de centrales nucleares y el BCE incapaz de subir tipos para no quebrar países. La inflación del 7,6% anual marcada en febrero, no va a descender sino todo lo contrario. Habrá que esperar para ver como el gobierno culpa a otros de sus torpezas, o nos las vende como éxitos. Ya nada nos sorprende.

La invasión de Fukushima

Como he comentado alguna vez en estas páginas, me pasé varios años de mi juventud defendiendo la energía nuclear de los ataques absurdos que recibía a principios de siglo. Terminé de tirar la toalla después del bautizado por la prensa “Desastre de Fukushima”. Y no porque el accidente de aquella central nuclear me abriera los ojos a los peligros de esta fuente de energía, sino porque contemplar cómo la prensa consiguió que las quince mil muertes del tsunami fueran eclipsadas o, directamente, atribuidas al accidente nuclear me dejó bien claro que estaba ante un reto imposible.

Como dijo el maestro Antonio Escohotado: la verdad se defiende sola, la mentira necesita ayuda del gobierno. Así que, aunque algunos tiráramos la toalla hace años, la energía nuclear ha seguido siendo fundamental para que los países occidentales tengan un suministro eléctrico viable, sobre todo si el carbón sale de la ecuación por el cambio climático. Es una verdad que no se ha querido ver, pero que no tiene problema en hacerse presente con detalles tan importantes como que estoy escribiendo en un ordenador que consume electricidad a 400€ el MWh, mientras leo docenas de artículos que detallan el negro panorama que se abre para Europa una vez que el gobierno alemán ha tenido que renunciar al gas ruso.

¿Y por qué hemos ignorado una verdad que se hace evidente de forma tan clara? O, dicho de otra manera, ¿quién ha ayudado a la mentira?

Se empieza a hablar de la posibilidad de que la empresa rusa de gas Gazprom haya estado subvencionando a lobbies y activistas antinucleares europeos. Es bastante posible, sí, pero si ese fuera el único factor ni yo, ni otra mucha gente, habría tirado la toalla en 2011. Ninguna empresa, por poderosa que sea, es capaz de conseguir que mueran quince mil personas y que el foco se ponga en una central nuclear donde no murió nadie.

Podemos caer en la tentación de focalizar en exceso a Putin y su régimen, como una especie de Soros que todo lo explica, o podemos seguir atendiendo a los hechos, y entender que una vez pase el subidón de las primeras semanas de invasión, todas las malas ideas, y la estructura que la sustentan, van a seguir ahí. Y nada de eso está fuera de nuestras fronteras.

Existe un precedente muy cercano; hemos dejado que quienes negaban la utilidad de las mascarillas en marzo de 2020, fueran los que lideraran la comunicación durante toda la pandemia. El resultado es que, después de aplaudir durante semanas, se han prolongado las medidas restrictivas mucho más allá de lo razonable, y hemos sufrido la mayor pérdida de libertades en cincuenta años. Con una parte de la población con claros daños psicológicos que van a tardar décadas en superar.

Que a nadie le quepa la menor duda de que si los que nos narraron Fukushima, llevando al gobierno alemán a terminar de desistir de la energía nuclear, son los encargados de liderar la independencia europea del gas ruso, el desastre está más que garantizado.

Vamos a tener un mes de banderitas, Give peace a chance en la radio, declaraciones pomposas, y orgasmos periodísticos con el presidente ucraniano, para que después nos pasen el rodillo de los consensos por encima, y seamos aún menos libres de lo que somos hoy.

Sería bueno asumirlo ya, y utilizar estas semanas para intentar enfocar la marea sentimental a algo que sea útil, como purgar alguna mala idea de nuestra mente colectiva: necesitamos la energía nuclear. Y sí, no solo la energía nuclear, pero por algo se empieza. Si no somos capaces de sacar al menos esto de la montaña de excrementos que se nos viene encima, ya podemos asumir que Putin va a ser el menor de nuestros problemas.

La izquierda hace el ridículo con la energía solar

Pocas cosas hay más ridículas que demostrar tu propia ignorancia cuando crees estar señalando la ignorancia ajena. Y ha bastado con que Pablo Casado dijera una obviedad que rompe con el discurso de buenos y malos de la izquierda y nos devuelve a las complejidades del mundo real para que, una vez más, políticos y periodistas demuestren una vez más que no saben de lo que hablan. El líder del PP recordó este domingo la obviedad de que cuando no hay sol no hay energía solar que valga. Pues ya tuvimos a los tontos habituales, desde el Huffington Post a Iñaki López, de La Sexta a Pablo Echenique, de Antonio Maestre a Anabel Alonso, de Gerardo Tecé a Podemos, de Pedro Vallín a Ramón Lobo, de Gabriel Rufián a Ana Pardo de Vera, burlándose de él con argumentos tan sesudos como que el líder del PP seguramente se sorprende al ver agua saliendo del grifo si no ha llovido. No, en serio, que lo han dicho desde actores hasta consejeras autonómicas.

Granja de paneles solares

Vamos con lo obvio: sí, ya sabemos todos que si tienes una placa en tu casa también puedes instalar una batería y almacenar energía en ella durante el día para gastarla por la noche. Pero cuando eres un poco cortito no te das cuenta de que una solución válida para un individuo o una persona no tiene por qué escalar y servir igualmente para un país entero. Y no lo hace. No tenemos ni materias primas ni capacidad de fabricación para emplear plantas de baterías de ión litio en las redes eléctricas del mundo desarrollado con el objetivo de almacenar energía solar. La enorme planta de Tesla instalada en Australia no sirve para eso, sino para estabilizar la red eléctrica de la región, que sufría continuos apagones. A falta de que una tecnología revolucionaria de baterías cambie por completo el panorama, lo que ha dicho Casado es completamente cierto: la energía solar no sirve de nada durante la noche. Y todos esos listillos se han revelado como lo que son: ignorantes a tiempo completo que se creen que saben mucho de todo porque lo buscan en Google.

La izquierda funciona muchas veces como ese hombre mágico del país feliz de la casa de gominola de la calle de la piruleta. Quiere luchar contra el cambio climático, sin costes para nadie y sin recurrir a una fuente de energía que lleva décadas demonizando, desde que ETA paró a tiros la construcción de la central de Lemóniz. Así, defienden las renovables, que es muy bonito, y están en contra de la nuclear porque es una cosa fea y desagradable que suena a apocalipsis. Pero en el mundo real necesitas disponer de fuentes fiables que te proporcionen energía base para poder añadir, cual guinda del pastel, aquellas centrales cuya producción varía dependiendo de cómo sople el viento, o en qué hora estamos. Y como hemos apostado por ellas para reemplazar al carbón, el petróleo y la nuclear, cuando no responden hay que tirar del mismo gas que usamos para la calefacción y para el que dependemos de países tan fiables como Argelia y Marruecos. Estos meses hemos visto lo equivocado de la apuesta. Vendrán tiempos aún peores.

Durante años, la izquierda se ha esforzado con notable éxito en identificar a la derecha con el mal. No tenía otra, porque tras la caída del comunismo se quedó sin modelos que defender. Esa campaña permanente ha tenido un gran éxito en casi todo Occidente, y la respuesta de la derecha ha sido casi siempre la de desarmarse ideológicamente. En España hemos podido ver que el PP se ha ido quedando, poco a poco, en unas pocas ideas fuerza que permitan que Feijoò y Ayuso compartan siglas y no estén en el PSOE: derecho a la vida, defensa de la familia, España, ley y orden, una gestión de la economía que pretende ser racional… Algo desideologizado, sí, en muchas ocasiones nada liberal, desde luego, pero que es lo que la mayoría de la gente entiende por bueno. Pero como la izquierda sólo le queda oponerse a la derecha, se tiene que oponer a eso, lo cual la obliga a defender la inmigración ilegal, declarar un derecho irrenunciable que se mate a 100.000 fetos al año, destruir todos los modelos público-privados que encuentren aún a costa de empeorar la sanidad, cargarse la ley de seguridad pública, etc. En definitiva, demonizar lo que quiere de sus gobernantes la clase media, que aspira a vivir razonablemente bien, tener su piso y su trabajo razonablemente estable, que no le atraquen por la calle, etc.

Y una de las cosas que la clase media quiere es que no le saquen los higadillos con la factura de la luz, como es lógico y normal. Y la misma izquierda que se quejaba de la “pobreza energética” ahora entra en cólera por que se sugiera que para solucionarla igual hay que apostar por la nuclear, aunque sea un poquito. Ni siquiera por quemar carbón, no. Simplemente por construir centrales suficientes de la única fuente de energía que tenemos hoy día que no emite CO2 y es al mismo tiempo estable y confiable. Pablo Casado lo único que ha pedido es que la apuesta de los políticos por reducir emisiones no se haga a costa de la factura. Pero eso interfiere con la historia de buenos y malos que alimenta a aquellos que marcan la agenda política en España. Al reírse de Casado, se han reído de todos nosotros; especialmente de ti, votante de izquierda, a quien consideran tan idiota como para no rebelarte ante su prepotencia y arrogancia. Lo peor es que seguramente tengan toda la razón al hacerlo.

Energía buena, bonita y barata

La energía y el coste de esta, es un factor clave en la competitividad de nuestra economía. De ella depende la supervivencia de nuestra industria y el coste de vida en nuestro día a día. Pues bien, pese a la suprema importancia de esta materia, en España, no hemos podido llevar a cabo una peor política energética a lo largo de las últimas décadas.

Para empezar, hemos puesto todos los huevos en la misma cesta, concretamente todos nuestros recursos y capital en materia energética, los hemos invertido en las bien vistas “energías renovables”, como son la solar y eólica. Que hoy por hoy, son carísimas, por la propia tecnología existente, a la cual aún le queda muchísimo camino por recorrer. Energías que ahora mismo no pueden competir con las fuentes tradicionales (como el gas) y que por tanto han basado su existencia en las subvenciones. 

Ese uno de los puntos más críticos, la forma en la que hemos introducido las energías renovables en nuestro país. Ya que ha sido a base de atracar al ciudadano vía impuestos, para regar de subvenciones a las energéticas, con tal de que estas construyesen campos solares a pérdidas. Mientras, bloqueábamos por todos los medios, ya fuese con trabas burocráticas o con el desastroso “impuesto al sol”, que los ciudadanos, de manera libre y voluntaria, instalasen pequeños paneles solares en sus viviendas, lo que sí hubiese impulsado una verdadera transición ecológica. Además, se hubiese desarrollado un mercado minorista de este tipo de productos, que hubiese creado miles de empleos, algo que no nos vendría nada mal.

Otra cuestión, es que estas fuentes de energía no pueden ser la fuente principal de energía de un país sino un apoyo. Ya que la eólica se vuelve inexistente cuando no hay viento y la solar desaparece de noche, por mucho follón que se haya montado últimamente con este tema. Porque hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, es insostenible almacenar la energía que necesita un país, hay que producirla ininterrumpidamente. Para un individuo sí es posible, a nivel industrial no. Como le ocurre a Alemania, que, por la noche con la desaparición de las renovables, queman carbón a mansalva para calentar sus casas, haciendo que la “transición ecológica”, quede en simple marketing. Para que se hagan una idea, España consume en una hora la capacidad energética total de todas las baterías del mundo. Ese es el gran reto de la industria energética hoy, almacenar energía en grandes cantidades. Y sí de verdad alguien cree que ha descubierto la forma de hacer esto viable a nivel país, solo puedo recomendarle patentarlo y comercializarlo. Aparte de darle mi enhorabuena, va a hacerse muy rico.

Entonces, ¿cuál debe ser la fuente principal de energía de los países desarrollados? Debe cumplir unos criterios mínimos: ser barata (sino estaríamos en las mismas), ser limpia (sino podríamos seguir tirando del carbón) y producirse de manera ininterrumpida, sea de día o de noche, llueva o salga el sol.

Esta energía solo puede ser una, la energía nuclear. Y es que puede competir sin subvenciones, de tú a tú, con el gas y el carbón. Es segura, por mucho que algunos se empeñen en recordar catástrofes del pasado, que hoy son irrepetibles, gracias a la tecnología de los reactores de última generación. Es limpia (algunos hablarán de residuos, pero ya existen prototipos para que ni si quiera se emitan dichos residuos y los que hoy en día se emiten, son en una cantidad minúscula, con una radiación más bien baja y muy fácilmente gestionables). Además, se produce de manera sostenida en el tiempo. 24 horas al día, energía barata y limpia. Es por esto por lo que cada vez más países como Francia, han anunciado su apuesta por la energía nuclear, e incluso muchos partidos “verdes” del norte de Europa, la han incluido en sus programas.

En resumen, a día de hoy, si no queremos morirnos cuando leamos la factura de la luz y al mismo tiempo no hacerlo por la contaminación, el camino está marcado. Hay que apostar por la energía nuclear como fuente principal de energía. Y contar con el apoyo de otras energías limpias (solar, eólica…), para que vayan desarrollándose y haciéndose cada vez más competitivas. Pero hacerlo vía ciudadanos libres, no con subvenciones gubernamentales trampa.

Las consecuencias (geo)políticas de la crisis energética

Se viene hablando mucho últimamente de los años 70, a raíz de factores tanto económicos como políticos. Una de las correlaciones que más comúnmente se establece en los medios de comunicación es la referente a la actual crisis energética con la ocurrida durante la década de 1970, incidiendo especialmente en el descontento social surgido a raíz de la misma y sus efectos directos sobre las demandas y tendencias políticas. El shock acaecido entre 1973 y 1974, a raíz del embargo petrolero a manos de la OPEP, causó que las principales economías del mundo se paralizasen y generó enormes revueltas sociales que duraron hasta que se encontró una solución al problema. Esta vez la situación es algo distinta, ya que los problemas derivan de una transición energética con claros costes colaterales que, además, parecen no tener solución en el corto plazo. Pueden ser precisamente estos costes y, más en concreto, su distribución, lo que genere grandes consecuencias geopolíticas, pudiendo llegar incluso a variar algunas de las más importantes correlaciones de poder globales. Veamos. 

En primer lugar, es muy relevante tener en mente los costes de la transición energética si realmente queremos realizar un análisis serio sobre sus presentes y futuras consecuencias. Al respecto, el economista Jean-Pisani Ferry elaboró un valioso informe para el Peterson Institute for International Economics en el que estimaba que -acorde a los cálculos elaborados previamente por Stern y Stiglitz- la transición ecológica podría tener un efecto de pérdida de PIB potencial en la economía mundial del 3,7%. En la actualidad estamos observando que puede que dichas predicciones se queden incluso cortas, pudiendo generar una inestabilidad política dentro de los países mayor incluso que la de los años 70, ya que en este caso se trataría de factores internos (apoyo político a la transición ecológica) y no externos (embargo Opep) los que estarían causando dicha crisis energética. De hecho, si no se buscan e implementan soluciones efectivas que eviten que los costes de la transición energética recaigan en su conjunto sobre los más desfavorecidos, esto podría conllevar a dinámicas políticas que aúpen -aún más- ciertos discursos reaccionarios hoy en boga. 

Hoy por hoy parece ser que dicha solución aún no se ha encontrado. Los días 21 y 22 de octubre se reunió el Consejo Europeo para tratar con prioridad la propuesta del Gobierno de España de diseñar conjuntamente una reforma del mercado energético mayorista a nivel europeo. Algunos países como Francia, Grecia, Rumanía o la República Checa ampararon dicha petición, pero frente a la negativa de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Estonia y los Países Bajos, no se llegó a concretar nada. Ursula von Der Leyen anunció que pronto se convocaría un Consejo formal sobre el almacenamiento de energía y las reservas estratégicas, pero parece ser que esto no va a llevar a grandes cambios en el corto o medio plazo, mientras el problema sigue creciendo. Mientras tanto, la mayoría de los gobiernos europeos insisten en tratar de paliar la crisis energética con subvenciones o tratando de recortar la factura energética vía rebajas de impuestos, lo cual no soluciona ni mínimamente el verdadero problema: la gran revalorización del gas y de los derechos de emisión de CO2. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del precio de los derechos de emisión de CO2 en la Eurozona desde el año 2005. 

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Mientras es probable que el precio del gas vuelva a estabilizarse una vez solventados determinados cuellos de botella relacionados con el transporte, parece que el elevado -y creciente- precio de los derechos de emisión de CO2 no se trata de un factor coyuntural. Esto puede ser una de las principales causas de que el impacto económico de la transición energética se prolongue más en el tiempo que la crisis de 1973-1974, con efectos lógicamente heterogéneos entre países, dependiendo de sus estructuras productivas y de su dependencia de unas fuentes u otras de energía. Para el caso de Europa se puede afirmar que, en cualquier caso, el efecto económico de la transición será intenso, con notables efectos sobre la inflación (como ya estamos viendo), al menos en el corto y medio plazo. Al respecto, conviene recordar que la inflación de la Eurozona solo ha superado el 4% en una ocasión previa a la actualidad, siendo esta durante la Gran Recesión. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la tasa de inflación en la Eurozona desde finales de la década de los 90. 

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Mirando hacia la Unión Europea, en caso de que la situación continúe como en la actualidad, podríamos pasar de un escenario en el cual las demandas políticas de la ciudadanía se dirigen casi en exclusiva a los gobiernos nacionales a uno en el que el hastío de los ciudadanos y sus reclamaciones se comiencen a dirigir hacia Bruselas. Esto último generaría un innegable rechazo a la Unión Europea como proyecto político, incidiendo en mensajes euroescépticos con mucha acogida a lo largo de los últimos años. Además, dichas demandas y protestas políticas se asentarían sobre una sólida base material y objetiva, siendo esta la incapacidad de Bruselas de proponer soluciones a nivel europeo a un problema conjunto que está empobreciendo a la ciudadanía de la UE y privando de acceso a un bien básico como la energía a los ciudadanos más desfavorecidos de la Unión. 

De hecho, va en el interés de la propia UE resolver el problema del creciente precio de la energía, ya que si el discurso euroescéptico cala más hondo agarrándose a la crisis energética, en último término esto podría conducir incluso a una reversión casi total de la agenda para la transición energética, suponiendo un fracaso estrepitoso para la UE. Incluso podríamos vivir en el corto plazo escenarios de confrontación directa entre determinados gobiernos nacionales y altas esferas de la UE, al atar esta última de manos a los ejecutivos nacionales a la hora de tomar medidas para paliar el encarecimiento de la energía. Ningún gobierno nacional va a aceptar la aparición de sus Gilets Jaunes particulares sin poner todos los medios para tratar de evitarlo previamente. 

Por otro lado, dejando de lado el asunto de los derechos de emisión de CO2, hay otros factores que pueden contribuir a paliar la crisis energética o, en su defecto, a incidir en ella. Este es el caso del gasoducto Nord Stream 2, que hasta ahora Rusia ha mantenido bloqueado en Alemania hasta que considere oportuno, en base a los precios internacionales del gas y el suministro nacional. Mientras tanto, EE. UU. ha acusado a Rusia de manipular el mercado, lo cual podría llevar el debate sobre la crisis energética a una escala mayor. En dicho escenario, las principales potencias globales se verían obligadas a medir sus fuerzas y, en base al resultado de dichas disputas diplomáticas, algunas correlaciones de poder podrían verse afectadas. Por supuesto, a todo esto, no nos podemos olvidar de China, que ni siquiera ha hecho acto de presencia en la COP26, mostrando su rechazo frontal a la transición energética global, aumentando las fricciones ya existentes con las principales potencias occidentales. 

Vemos que la crisis energética toma mayor importancia de la que en un principio parecía tener. Sus repercusiones ya no se limitan únicamente al plano económico, sino que tocan de lleno la política internacional y lo referente a las relaciones comerciales y diplomáticas entre las principales potencias globales. No le quiten ojo a lo largo de los próximos meses.

Contra la demagogia energética

Desde hace ya algunos meses venimos observando en el conjunto de la UE un incremento constante de los precios de la energía, reflejados en los medios a través del notable incremento del precio de la luz y sus dañinos efectos sobre las economías familiares. Este asunto no ha sido desperdiciado por los diversos partidos políticos que componen el arco parlamentario español, lanzando cada uno sus propuestas -a cada cual más inverosímil-, con las única intención de arrimar el ascua a su sardina. Unos han vuelto con su propuesta de constituir una eléctrica pública, mientras otros reclamaban soberanía energética para España, reforzando su discurso nacionalpopulista con un nuevo toque de idiocia, simplificación y desconocimiento.

Yo no soy ningún experto en la materia, pero a lo largo de los últimos meses he puesto algo de empeño en leer ciertos informes, artículos y documentos informativos escritos por aquellos que sí lo son. Son precisamente las conclusiones o indicios de dichos documentos lo que vengo a reseñar en este artículo.

En primer lugar, hemos de tener presente que el principal problema del aumento del precio de la energía no es por defecto el aumento del precio del consumo energético per se, sino su traslado a los precios de diferentes bienes y servicios- Ello conduce a una especie de espiral inflacionaria (la cual no estamos observando). Aún así, el traslado de precios no está produciéndose de manera lineal, aún siendo la energía un factor productivo de elevada relevancia.

Resulta normal que la ciudadanía demande soluciones rápidas y efectivas al aumento del precio de la energía. El problema real se encuentra en que este no es un asunto exclusivo de España, sino del conjunto de la UE e incluso de gran parte del mundo, ya que los precios de la gasolina, el gasóleo, el gas natural o los derechos de emisiones de CO2 no dependen del mercado español, sino de la producción y comercialización internacional.

Un informe que arroja bastante luz al respecto proviene del servicio de estudios del Banco de España. Según el informe del Banco de España, entre diciembre de 2020 y junio de 2021, el 50% del encarecimiento de la factura de la luz provendría del incremento de los precios del gas natural, mientras otro 20% habría sido directamente causado por el incremento del precio de los derechos de emisión. El precio tanto del gas como de los derechos de emisión de CO2 dependen de los mercados internacionales. En el caso de los segundos, varias directivas europeas establecen su retirada paulatina para fomentar una subasta cada vez más reducida que incentive una aceleración de la transición energética. Esto significa que tener una mayor participación de la energía renovable en el mix energético nacional supondrá cada vez un menor precio de la energía a medio y largo plazo, mientras, por ejemplo, el carbón, al emitir mucho CO2 en la producción de electricidad, será cada vez menos rentable y, por tanto, desplazado del mercado. Este hecho implica a su vez que el gas natural cobre un mayor protagonismo, ya que los picos de demanda, al no poder ser cubiertos en su totalidad con fuentes de energía renovable, requerirán del gas natural para ser cubiertos.

Llegados a este punto muchos argüirán que, aunque sea cierto que el precio de la electricidad haya aumentado a lo largo de los últimos meses, el incremento del precio de la luz ha sido muy superior en proporción. El motivo de este fenómeno se halla en la estructura de costes de los diferentes modos de producir electricidad, muy dispares entre sí. Por un lado, encontramos las energías renovables y la nuclear, cuyos costes variables de producción son minúsculos, mientras tienen que afrontar elevados costes de entrada, asumiendo una importante inversión inicial que ha de ser cubierta con ingresos futuros. Una de las razones por las cuales los costes variables de producción en estos casos son casi nulos se debe a que estas energías no generan CO2 y, por lo tanto, no pagan derechos de emisión. Mientras tanto, los costes variables si se trasladan a los costes reportados -y, por lo tanto, a los precios- en los casos del gas y el carbón, ya que estos producen CO2. Además, suelen ser los que fijan el precio mayorista de la energía en España por el (lógico) funcionamiento del sistema marginalista.

Esto último ha generado números críticas recientes al sistema marginalista. Muchas de ellas carecen de suficiente fundamento o no proponen alternativas. No se ha mencionado lo suficiente que el sistema marginalista es aquel establecido por las directivas de la Unión Europea, debido principalmente a la falta de alternativas a raíz de la elevada proporción de fuentes de producción eléctrica con reducidos o inexistentes costes variables. En algunos casos, determinadas personalidades han puesto de ejemplo a Francia para mostrar la supuesta necesidad de existencia de una empresa pública de energía en España. Es cierto que, en Francia, EDF -una eléctrica pública-, ha logrado mantener los precios de la electricidad más bajos de Europa durante todos estos meses. Lo que a muchos se les olvida comentar es que EDF es propietaria de 56 reactores nucleares, cuya producción supuso cerca del 70% del total en Francia en el año 2019. Es decir, el factor diferencial no es la titularidad de la empresa energética, sino la fuente de la energía.

En este sentido, de cara al futuro, España debe plantearse cómo aumentar el suministro eléctrico a través de fuentes con mínimos costes variables -principalmente, mínima emisión de CO2- para así reducir el precio de la electricidad. Aunque una combinación de energía nuclear y renovables sería una solución quasi-óptima, esta no es una opción factible. La energía nuclear, si bien es cierto que no genera emisiones, si presenta ciertos problemas a la hora de gestionar sus residuos radiactivos. Además, el elevado tiempo que conlleva la construcción y puesta en marcha de una central nuclear no permite que esta sea una solución a corto o medio plazo para reducir el precio de la electricidad. Por lo tanto, gran parte de la solución se hallará probablemente en el progreso tecnológico que hará que las baterías de litio permitan una mayor viabilidad de la energía producida a partir de fuentes renovables.Resulta extremadamente complicado encontrar una solución a corto plazo, por lo menos desde un prisma realista. Mientras tanto, diferentes formaciones políticas siguen lanzando propuestas inviables y ridículas en lugar de proponer soluciones factibles a un asunto que es, en realidad, de trascendencia y solución supranacional.