Una de las consecuencias del Estado del Bienestar, en su cruzada por destruir el Estado de Derecho, es el aumento sin paliativos de la presión fiscal. Desde la Segunda Guerra Mundial, con un brevísimo interregno durante los años 80 y 90, el mundo ha caminado hacia la fiscalidad en prácticamente todos los ámbitos de la vida humana. El impuesto sobre la renta, sin ir más lejos, una medida implantada en Estados Unidos en 1913 como algo temporal, se ha convertido en el principal instrumento recaudador de los Estados, junto con los impuestos sobre los productos.
Pues bien, en el mundo moderno, en el que la fiscalidad ya abarca casi la mitad de lo que producimos, la cuestión sobre en qué se gasta el dinero ha adquirido tintes sobrenaturales. No se recaudan impuestos para mantener la seguridad, pintar los pasos de peatones o construir carreteras, sino que la fiscalidad sustenta un entramado de empresas públicas. Pese a ello, el Estado introduce la competencia del sector privado en la práctica totalidad de sus funciones: seguridad privada, autopistas de peaje, aeropuertos privados, urbanizaciones, etc.
Estatalización de los servicios
El siguiente paso, sobre todo, como decimos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, fue que el Estado se hiciera con la gestión de servicios que, tradicionalmente, habían sido provistos por el sector privado a través de contratos voluntarios. Ahí tenemos a Clement Atlee estatalizando los hospitales británicos, aunque un tercio de ellos fuera de gestión privada y financiación voluntaria, especialmente de órdenes religiosas a través de donaciones caritativas. O la educación y las pensiones, originariamente gestionada por sindicatos y mutualidades de trabajadores.
Ahora, ya en el s.XXI, con el Estado gestionando catastróficamente dichos servicios (seguridad social en quiebra, colegios produciendo en serie analfabetos funcionales o interminables listas de espera para un especialista médico o una operación), sumamos una nueva función para el gasto público: el control del medio ambiente.
Chamanes fiscales
De la misma forma que los indígenas precolombinos (no todos) creyeron manejar los designios de la naturaleza a través del sacrificio de seres humanos (no siempre), nuestros actuales gestores políticos (y esto es bastante transversal), abducen poder ordenar sobre el medio ambiente a través de la fiscalidad. Un impuesto a los plásticos, a los carburantes, a la entrada en ciertas calles y, por arte de magia, la reducción de ciertas emisiones haría que el ser humano manejase de forma benigna el clima. No se pide aumentar la fiscalidad, ya más alta que nunca, en favor de mejorar servicios “tradicionalmente” estatales, sino por una nueva forma de gestión: la del planeta en su conjunto.
En este sentido, los ciudadanos parecen haber asumido con regocijo, y a veces hasta con alegría, la posibilidad de que los políticos hayan abdicado de las funciones tradicionalmente asumidas, de los bienes públicos que la teoría neoclásica nos predispone a la gestión estatal, si no a un poco más de función en la vida diaria de los ciudadanos. La consecuencia, desde el punto de vista de la libertad, siempre es negativa. A las restricciones de la vida diaria, normalmente fiscales, se le suman ahora las referidas a la movilidad. Los impuestos verdes tuvieron un enorme auge a comienzos de este siglo, aunque la cuestión sigue adelante, como el reciente impuesto a los plásticos no reutilizables.
La movilidad
Pero en lo que los ayuntamientos parecen haber encontrado un nuevo filón, como decimos, es en la movilidad, especialmente a través del vehículo privado. No es únicamente una manida cuestión de reducción de las emisiones, sino en la reducción de la gestión del tráfico rodado para las corporaciones municipales, algo que facilita enormemente su labor. Esto es, se da la paradoja de que, mientras que se asumen más competencias y restricciones al individuo con la excusa del medio ambiente, los gestores estatales se encuentran con menor cantidad, en este caso de tráfico, que gestionar. Como se aprecia, el aumento de la presión sobre las libertades no es únicamente cuestión de recaudación, sino de reducir los preceptos más básicos del gobierno, por otro lado.
Actuando en libertad cada individuo revela lo que considera bueno: «Sea pues bueno aquello que sea elegible por sí mismo» (Aristóteles, 2009: 77). Por el contario, lo malo procura ser evitado. El hombre por imperativo biológico —sostenimiento y perfeccionamiento de la vida— necesita apropiarse de bienes pudiendo hacerlo de dos formas: «El trabajo y el robo, el propio trabajo y la apropiación por la fuerza del trabajo de otros»; distinción que Oppenheimer (1926: 24) denominada «medios económicos» y «medios políticos».
El origen del impuesto nunca fue un mítico «contrato social», sino la apropiación violenta de la riqueza mediante la conquista (Bodino, 1576). Paulatinamente, el impuesto se fue sistematizando con funcionarios al servicio de las élites políticas; por ejemplo, la unificación que supuso el Sistema Métrico Decimal (Lavoisier, 1799) facilitó la labor confiscatoria del Estado moderno.
El tributo enriquece a quien lo percibe y empobrece a quien lo paga, por ello, uno intenta acrecentarlo y el otro intenta escamotearlo. Cobrar impuestos requiere de una capacidad técnica que combina información, organización, coacción y persuasión. A pesar de que el Estado posee la fuerza para doblegar la resistencia de sus víctimas, procura conseguir su voluntariedad o, al menos, su anuencia. La persuasión incrementa el ingreso fiscal mediante la reducción de costes del recaudador. El lenguaje, sin duda, es una potente herramienta de legitimación fiscal cuya finalidad es hacer creer al individuo que los tributos son justos, necesarios y que, en última instancia, él es el principal beneficiario. En el presente artículo, por fiscalidad o tributación entendemos cualquier obligación dineraria o servidumbre (militar, electoral, judicial) forzosa.
El impuesto no es voluntario
«El interesado, antes de actuar de uno u otro modo, valora y pondera la posibilidad de que otro ejerza coacción sobre él» (Mises, 2011: 766). El impuesto no es voluntario, se cobra bajo amenaza; no obstante, el recaudador intenta disfrazarla empleando verbos —aportar, colaborar, contribuir, destinar, pagar, participar, prestar, sufragar— que infieren voluntariedad. Sin duda, sería más realista llamar «confiscado» al «contribuyente». El actual «Impuesto de Bienes Inmuebles» (I.B.I.) se llamaba «contribución». La Constitución española (art. 31. 1) reza: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos […]». De igual modo, se pervierte el significado de «colaboración» (art. 118): «Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así́ como prestar la colaboración requerida […]». La «participación» y «colaboración» que exige el Estado es sui generis; por ejemplo, negarse a «participar» como miembro de un Jurado supone multa entre 150€ y 1.502€; y negarse a «colaborar» en la realización de encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE) conlleva sanción. Las organizaciones criminales privadas emplean la misma técnica que el Estado, por ejemplo, así se dirigía E.T.A. al abuelo de Santiago Abascal: «Sr. ABASCAL, hace algún tiempo recibió Vd. una carta nuestra en la que le hacíamos petición de 10 millones de pesetas como contribución económica a la lucha del Pueblo Vasco […]».
Otro eufemismo es llamar «prestación» a cualquier forma de servidumbre o trabajo forzado, como el servicio militar obligatorio. De igual modo, el verbo «pagar» es usado equívocamente cuando declaramos «pagar» impuestos o «pagar» el sueldo a los políticos. Analicemos este titular: «Los españoles destinan el 52% de sus salarios al pago de impuestos»; aquí los verbos «destinar» y «pagar» enmascaran la naturaleza violenta de la fiscalidad. El ciudadano no «paga» salarios públicos, ni «sufraga» obras o servicios públicos y ni siquiera «paga» su propia jubilación. Es el gobierno, previa confiscación, quien realiza todos esos pagos. Sería más apropiado afirmar que los políticos se pagan a sí mismos. Otras veces, una cuota forzosa se camufla como «aportación»: «El sistema […] se financiará con los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores». Cual trilero, el gobierno retiene a las empresas un dinero que luego les devuelve como «crédito» formativo y, de paso, se embolsa cada año más de 900 millones € por cursos no impartidos.
Otra perversión del lenguaje es esta: «El Gobierno ha pedido un esfuerzo adicional a los ciudadanos durante la crisis»; o bien: «Los españoles han asumido sacrificios y en cuanto podamos bajaremos los impuestos»; pero los políticos no piden permiso para saquear a los ciudadanos. El colmo del cinismo es denominar «voluntario» al período de pago (sin recargo) de ciertos tributos municipales: I.B.I., tasa de basura, impuesto de circulación, etc.
Para combatir la manipulación verbal es recomendable hablar en plata, por ejemplo, la cuota que «pagaban» las empresas por su pertenencia forzosa a las Cámaras de Comercio era más conocido como «impuesto revolucionario». Otra estrategia es hacer ostensión verbal de estar siendo coaccionado; por ejemplo, algunos políticos separatistas prometen su cargo por «imperativo legal» para manifestar su oposición al statu quo político. De igual modo, podríamos adjetivar como «forzosos» específicos hechos y situaciones; por ejemplo: contribuyente forzoso de impuestos, médico colegiado forzoso Nº…, presidente forzoso de la mesa electoral…, miembro forzoso del jurado…, etc
Competitividad fiscal
La palabra competitividad tiene una connotación positiva. La competencia mercantil proporciona a los consumidores bienes económicos con la mejor relación calidad-precio posible. Los peores competidores desaparecen o son adquiridos por los mejores. Al hablar de competitividad fiscal se da a entender que los gobiernos compiten entre sí buscando el plácet de los ciudadanos, pero el Fisco no es una empresa ni compite como una empresa. En primer lugar, la competencia fiscal es contraria a la naturaleza expansiva del poder político: «Un gobierno es tan fuerte como lo son sus ingresos» (Chodorov, 2002: vii). No nos engañemos, ni siquiera la (estatista) curva de Laffer busca el interés del contribuyente, sino optimizar el ingreso fiscal. Los índices de competitividad fiscal (ICF) que elaboran fundaciones y think tanks libertarios son empleados para persuadir a los gobiernos y que sean fiscalmente atractivos a residentes y empresas. Esta estrategia se ve fuertemente contrarrestada con acusaciones de dumping fiscal y por el intento de «armonización» fiscal proveniente de saqueadores sin complejos. Más que competir, los gobiernos se cartelizan para subir impuestos; por ejemplo, tras la crisis de 2008, se orquestó un catastrazo nacional que multiplicó el I.B.I. por 3,5 en una década. Sería más apropiado llamarlo «Índice de agresión fiscal».
En segundo lugar, los gobiernos no quiebran por falta de competitividad fiscal; por ejemplo, Cuba lleva 60 años siendo un pésimo competidor fiscal y perdiendo población, pero ahí sigue. Los Estados no se ven obligados a reducir su fiscalidad, por el contrario, el avance imparable del Estado social no ha hecho sino incrementarla.
Dumping fiscal
En un artículo anterior ya vimos que prohibir la venta a pérdida o dumping carece de justificación ética y económica. El dumping es un fenómeno exclusivamente mercantil ya que los gobiernos no venden bienes a precios de mercado. La incorrecta acusación de dumping fiscal, por tanto, se refiere más bien a tener una fiscalidad «demasiado» baja. Por ejemplo, se acusa a la Comunidad de Madrid de «deslealtad» porque sus impuestos —sucesiones, donaciones y patrimonio— son más bajos que en otras regiones. Toda propuesta de «homogeneización» o «armonización» fiscal es un intento igualitario de saquear a todos al máximo nivel.
Paraíso fiscal
Un deslizamiento lingüístico es probablemente el origen de la metáfora «paraíso fiscal», dado el parecido entre los sustantivos ingleses haven (refugio) y heaven (paraíso). En cualquier caso —refugio o paraíso — nos estamos refiriendo a una jurisdicción con nula o baja fiscalidad que atrae a capitales y residentes de otros Estados. Los paraísos fiscales han sido objeto de las peores acusaciones —blanqueo de capitales, fraude, elusión— por la mayoría de gobiernos (auténticos «infiernos» fiscales), que ve mermada su capacidad confiscatoria. Resulta cómico que los mayores agresores fiscales acusen a los más moderados de «prácticas fiscales abusivas». El mundo al revés. En particular, La Unión Europea (2021) tiene una lista negra de 21 jurisdicciones que no «cooperan» lo suficiente al saqueo fiscal de Bruselas.
Impuesto confiscatorio
Se trata de un pleonasmo pues todo impuesto, en mayor o menor medida, es confiscatorio. Sin embargo, los hablantes entienden por «confiscatorio» un tributo desmedido o abusivo: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio» (CE, art. 31. 1). El legislador hace un brindis al sol cuando no precisa el significado de «confiscatorio», permitiendo el expolio fiscal con impunidad. Esta argucia convierte al gobierno en dueño y señor de toda la riqueza, estipulando en cada caso qué porción reclama para sí y cuál permite conservar al contribuyente (Chodorov, 2012: 8).
El impuesto progresivo es regresivo
La (espuria) justicia social exige que los más ricos sean sacrificados en el altar del Estado social mediante una fiscalidad «progresiva». Paradójicamente, como apunta el profesor Benegas Lynch (2014), las personas con ingresos más bajos (supuestos receptores del botín fiscal) resultan perjudicados de forma indirecta. A medida que la renta se incrementa, generalmente, la proporción dedicada al consumo disminuye y la dedicada al ahorro e inversión aumenta. El impuesto progresivo reduce el consumo de los más «ricos», pero reduce en mayor proporción la inversión en bienes de capital; y una menor tasa de capitalización implica salarios e ingresos reales más bajos. Por otro lado, el impuesto progresivo desincentiva el trabajo de los profesionales más productivos, agravando la escasez de servicios altamente valorados por los consumidores. Por ejemplo, un afamado cirujano reducirá voluntariamente el número de intervenciones quirúrgicas. En definitiva, el impuesto progresivo penaliza los factores de producción capital y trabajo: «La producción y la riqueza total ha sido rebajada» (Mises: 2011: 779).
Confusión fiscal y jurídica
Consiste en hacer que la legislación fiscal sea tan intrincada, ambigua y cambiante como sea posible, de tal forma que constituya un arcano para los legos y un laberinto para los técnicos, que ven mermada su capacidad de asesoramiento. Cuanto más confusa y alambicada sea la normativa más ventaja tiene el Fisco que, actuando como juez y parte, interpreta la norma en su favor. La inseguridad jurídica de individuos y empresas es la seguridad económica al gobierno.
La confusión fiscal intersecta con el Derecho. El legislador enmascara la coacción haciendo creer al ciudadano que un deber legal —fiscal, militar, electoral, judicial— es al mismo tiempo un derecho. Por ejemplo: «Son derechos y deberes de los vecinos: […] d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales». Sin embargo, para un mismo individuo algo no puede ser simultáneamente derecho y deber (García-Trevijano, 2012). Veamos otra mentira: «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España». Claramente, el servicio militar obligatorio no es un derecho porque si lo fuera podría dejar de ser ejercido, es decir, todo derecho incluye su abstención. Votar tampoco es derecho y deber. El sufragio activo es un derecho político y su corolario es el derecho de abstención (no votar). Es una indecencia que los legisladores elaboren falacias informales, a saber, «usos equívocos de términos y abusos de imprecisión» (Vega, 2007: 196).
Benegas Lynch, A. (2014). «El rol de la desigualdad de ingresos y patrimonios» [Video file]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ZZ-mfv9-Ohs&t=833s
Bodino, J. (1997). Los Seis Libros de la República. Madrid: Tecnos.
Chodorov, F. (2002). “The Income Tax: Root of all Evil”. [Online edition]. Ludwig von Mises Institute.
Consejo de Europa: https://www.consilium.europa.eu/media/52208/st12519-en21.pdf
Constitución española de 1978.
Constitución suiza de 1995.
Mises, L. (2011). La Acción Humana. Madrid: Unión Editorial.
Oppenheimer, F. (1926). The State. New York: Vanguard Press.
Sánchez, D. (2013). “Taxes and History” [Video file]. Recuperado de https://www. youtube.com/watch?v=bOjaE_-BNY0
García-Trevijano, A. (2012). «El voto es un derecho, no un deber». Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=NNgtyr5HDtY
Rothbard, (2013). El Hombre, la Economía y el Estado (vol. II). Madrid: Unión Editorial. Vega, L. (2012). Si de argumentar se trata. España: Montesinos.
Se ha señalado insistentemente que cada gobierno que llega lo hace con su propio libreto, cambiando las reglas de juego e impidiendo que las cosas resulten bien. Se reclama que las reglas de juego deben ser estables. ¿Quién puede oponerse a este principio? Yo personalmente lo acepto, pero con una variante. No debemos sostener siempre las mismas reglas de juego, cualesquiera sean esas reglas. Debemos mantener el marco de reglas estable, siempre que las reglas sean las correctas.
Piense el lector por ejemplo en Cuba, una economía socialista que por más de medio siglo mantuvo las mismas reglas de juego, sin propiedad privada, sin elecciones, aislados del mundo. Esas reglas sólo llevan a la miseria. Cuba debe cambiar.Analizaré en esta nota el ejemplo de Argentina, país que inició un camino en 2003 que terminó con la abundante inversión extranjera directa de los años 1990, también con la estabilidad monetaria, retomó el sistema de reparto, volvieron los controles sobre los precios y sobre el tipo de cambio, se expandieron los planes y programas sociales, así como los subsidios a quienes lo necesitan y también a quienes no lo necesitan. Todo esto claramente debe cambiar.
Argentina necesita un marco de reglas con equilibrios macroeconómicos, partiendo por el equilibrio fiscal, lo que requiere de tres reformas fundamentales:
1. Por el lado de los ingresos, una reforma tributaria, para que se simplifique la estructura tributaria, pero también para que se reduzca la presión tributaria. Más de 170 impuestos en los tres niveles de gobierno evitan que las empresas puedan generar actividad y empleo. Me parece que aplica aquí el concepto de la Curva de Laffer, donde desmantelando más de un centenar de impuestos, la Argentina podría incluso mejorar su recaduación.
2. Reforma integral del estado, lo que implica revisar los presupuestos y reducir la órbita del estado, en línea con el principio de subsidiariedad. El estado sólo debe hacer aquello que el sector privado no puede hacer. Hay mucho de lo que el estado hoy hace que podría ser administrado parcial o totalmente por el mercado, y con ello tendríamos mejores resultados y a menor costo. El sector privado ha probado ser mucho más eficiente que el sector público. Sólo cuando podamos recuperar el funcionamiento del mercado, podremos visualizar qué rol cabe para el estado en su objetivo de inclusión. El presupuesto base cero ha sido una buena herramienta para reestructurar empresas cuya solvencia estaba comprometida y también para algunos estados fallidos.
3. Reforma previsional, partiendo de un sistema de reparto quebrado, con la intención de recuperar ingresos dignos para la población pasiva, y al mismo tiempo con la intención de reducir la principal partida de gasto. El principal desafío aquí es definir una transición para un problema estructural que no puede seguir siendo ignorado.
Con estas tres reformas podrá alcanzarse el equilibrio fiscal y sólo mediante ellas la autoridad monetaria podrá abandonar la monetización del déficit público. Eso podrá evitar seguir inflando la economía con nuevas emisiones de dinero, pero aun queda pendiente resolver el enorme desequilibrio monetario hoy existente en las llamadas Leliqs. Aquí viene la cuarta reforma.
4. Reforma monetaria y bancaria. Argentina necesita plantear una reforma que permita recuperar una moneda sólida, sea a través de la dolarización, o bien a través de reglas monetarias que pueda aplicar el BCRA. Un ejemplo de esto es prohibir a la autoridad monetaria acceder a comprar bonos del gobierno. Numerosos países han alcanzado el equilibrio fiscal bajo esa regla. Algunos economistas pensamos que esas reglas sólo se cumplirían transitoriamente, y por ello sugerimos que la dolarización es una solución más definitiva, en la medida que termina con el BCRA. Con Nicolás Cachanosky hemos propuesto una reforma de dolarización flexible que resuelve el problema del desequilibrio monetario, atendiendo también la dificultad de los pasivos monetarios. La propuesta permitiría alcanzar rápidamente estabilidad monetaria, reducir las tasas de interés nominales y reales, y con ello generando una rápida mejora en la actividad económica y el empleo.
Finalmente, es necesario atender el desequilibrio cambiario, con un cepo muy duro para adquirir divisas, eliminando la discrecionalidad en su manejo, terminando con el atraso cambiario y también con el cuello de botella que hoy enfrentan las empresas que necesitan divisas.
5. Una reforma cambiaria, debe encarar todos estos frentes, empezando por levantar el cepo y permitir que el mercado descubra cual es el valor del dólar, de acuerdo demanda por un lado, y su escasez por el otro. Una vez definida ese valor, reconociendo el lugar en el que estamos, Argentina podrá encarar la dolarización a una definida tasa de conversión, o bien una nueva convertibilidad (que no lo considero deseable), o bien una política monetaria con metas estrictas. Esa reforma debería resolver el atraso cambiario, a partir de lo cual Argentina podría emprender un nuevo camino de crecimiento.
Por supuesto hay otros frentes, otras reformas urgentes como la reforma laboral para alcanzar una mayor flexibilidad que beneficie a los trabajadores para obtener oportunidades de empleo, además del frente institucional, donde la inseguridad jurídica, la burocracia, la corrupción sean modificadas en favor de la independencia judicial y más transparencia. Pero me parece que sólo entonces, una vez que estas reformas se haya practicado y que hayan resultado en equilibrios simultáneos en el frente fiscal, monetario y cambiario, que entonces sí podemos sugerir que las reglas de juego sean estables.
El pensamiento único a propósito de los impuestos es muy claro: los únicos impuestos realmente malos son los que aún no se pagan. De ahí su permanente insistencia en la valerosa “lucha contra el fraude fiscal”, un fraude que por descontado es lo peor del mundo y sólo se explica por la maldad y el egoísmo de unos indeseables.
Nada de esto soporta un análisis ni siquiera somero, porque resulta patente que tal enfoque brota de una pura comodidad política, dado que parte de la base de ignorar a los ciudadanos, que podría explicar sin mucha molestia que los impuestos que sí se pagan no son precisamente santos de su devoción. Los mismos ciudadanos, además, sirven para demostrar que el fraude no es un mal social sino una reacción lógica de defensa ante la presión fiscal.
La explicación es doble. Por un lado, la maldad humana podría dar cuenta de los ladrones, los asesinos o los violadores, pero el llamado fraude fiscal es demasiado numeroso como para argumentar que brota de dicha maldad. En efecto, una sociedad con millones de asesinos sería inviable, mientras que hay millones de defraudadores que, aparte de dicha rebeldía, no resultan sujetos antisociales. Por otro lado, si la economía sumergida en España ha sido estimada en torno al 17 % del PIB, tampoco es ello tan espectacularmente alejado del 10 % de la circunspecta Alemania o el 12 % de los admirados socialdemócratas nórdicos.
También es absurda otra estratagema que consiste en aducir que los contribuyentes son en España esquilmados por culpa de los defraudadores, y que si el fraude disminuyera podrían bajar los impuestos. En décadas recientes en nuestro país ha aumentado considerablemente el número de personas sometidas a Hacienda, al mismo tiempo que la presión fiscal también se incrementaba hasta niveles récord.
A medida que se va retirando la marea de la crisis sanitaria, va quedando a la vista una tremenda destrucción económica. El cierre parcial de la economía no solo interrumpe de manera temporal la producción de bienes y servicios, sino que además destroza nuestra capacidad de producción futura. La recuperación económica pasa por una reestructuración a fondo de nuestro sistema productivo.
Esta reestructuración es necesaria por dos motivos principales. En primer lugar, por la masiva descapitalización del tejido productivo. Muchos negocios no podrán volver a operar con normalidad hasta poder reponer la pérdida de liquidez y solvencia sufrida durante la pandemia. En demasiados casos, lamentablemente, esta descapitalización ya se está traduciendo en quiebras y cierres permanentes, volviendo más profunda la necesidad de reconstruir el tejido productivo.
Por otro lado, el drástico cambio en los patrones de consumo también impone la readaptación de la economía. Por poner un ejemplo ilustrativo, el sector de las aerolíneas o las discotecas, víctimas de una menor demanda, tendrán que liquidar inversiones, mientras que sectores como el sanitario o el farmacéutico tendrán necesidad de atraer e incorporar nuevos factores productivos.
La rapidez con la que seamos capaces de completar esta reestructuración determinará la gravedad de la crisis económica que tenemos por delante, así como el sufrimiento que padecerán los ciudadanos. En este sentido, hay tres ingredientes que son imprescindibles para completar este proceso de la forma más rápida e indolora posible: capital, flexibilidad económica y confianza.
La materia prima de la reconstrucción económica, el ingrediente principal, es el capital: es necesario tanto para reponer el capital consumido durante la pandemia, como para acometer las nuevas inversiones que requerirá la nueva estructura productiva. Es imprescindible, por tanto, fomentar el ahorro y que este pueda materializarse en inversiones generadoras de valor.
Sin embargo, el actual Gobierno parece empeñado en lograr lo contrario: en lugar de maximizar la renta disponible de los ciudadanos, pretenden reducirla mediante subidas de impuestos; en lugar de animar a emprender e invertir a quien dispone de ahorro, les amenazan con impuestos contra el capital; en lugar de tratar de atraer capital de fuera de España, levantan barreras en las fronteras para “protegernos” del capital extranjero. Es decir, lejos de promover la rápida recapitalización de la economía española, parece que buscan evitarla.
Otra medida contraproducente en este sentido es la intención del Ejecutivo de emplear dinero o realizar inversiones en proyectos que no son rentables. Quitar los escasos recursos de los ciudadanos para inyectarlos en proyectos que destruyen valor con el objetivo de contentar a sus accionistas y prestamistas solo logrará destruir riqueza, posponer la necesaria reestructuración y retrasar la recuperación económica.
El segundo factor imprescindible para la recuperación económica es hacer de España un marco económico flexible y dinámico, un país con amplia libertad económica. Esto tendría un doble propósito: por un lado, permitir la liquidación, con el menor daño posible en destrucción de empleo y de empresas, de la parte de la estructura productiva que ha dejado de generar valor; y por otro lado, acelerar la aparición de las nuevas oportunidades de inversión para servir las demandas insatisfechas de los consumidores.
El Gobierno también va en la dirección opuesta en este ámbito. A nadie se le escapa que buena parte del mismo es ideológicamente averso a la flexibilización económica: ven con recelo la posibilidad de liberalizar cualquier sector o de relajar cualquier regulación. Un ejemplo paradigmático es el del mercado laboral. La flexibilidad en este ámbito es clave tanto para salvar empleos y empresas durante una crisis, como para acelerar la creación de empleo en los nuevos sectores económicos.
De acuerdo con un informe de BBVA Research, la reforma laboral de 2012 evitó la destrucción de un millón de empleos, y habría evitado casi tres millones de haberse aprobado al principio de la crisis.
Sin embargo, en lugar de mantener la reforma laboral, o incluso de profundizar en ella, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno es derogarla. Solo el sector del Ejecutivo que lidera Nadia Calviño, consciente de la importancia de la flexibilidad en el mercado de trabajo, está posponiendo la prometida derogación de la reforma laboral.
Por último, para una rápida recuperación económica es esencial generar confianza: si queremos animar a empresas e inversores, tanto nacionales como extranjeros, a emprender proyectos a largo plazo en nuestra economía, es imprescindible que tengan certeza de que España es un país económicamente seguro.
En este sentido, hay dos factores que preocupan de manera especial. El primero es la estabilidad política: existen temores de que España derive en un régimen populista poco amigo de los derechos de propiedad y que pueda recurrir a regulaciones draconianas o incluso a nacionalizaciones de empresas. Esto, claro está, paraliza la inversión y la creación de empresas.
El segundo factor preocupante es la estabilidad presupuestaria del Estado. La pandemia va a suponer un enorme impacto negativo en las cuentas públicas. Las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda española son generalizadas, haciendo imprescindible tanto la asistencia del BCE como probablemente un rescate formal con cargo al contribuyente europeo.
El Gobierno necesita un plan creíble para cuadrar las cuentas, bien para convencer a los inversores en deuda pública, o bien para convencer a los países a los que solicitaremos el rescate. El problema es que PSOE y Podemos han llegado al Gobierno a lomos de la crítica contra la austeridad pensando que nunca tendrían que aplicarla. Y ahora que se hace imprescindible, nadie se cree que estén dispuestos a llevarla a cabo.
En resumidas cuentas, para una recuperación económica lo más rápida posible se necesitan tres elementos fundamentales: promover la formación de capital, flexibilizar el marco económico y generar confianza. De lo contrario la economía no logrará sanearse, la crisis empezará a prolongarse en el tiempo, y el sufrimiento y la desesperación de la población comenzará a volverse insoportable.
Nuestros gobernantes suelen repetir que su prioridad es atender a los más necesitados, pero con sus actuales políticas solo lograrán multiplicarlos. La mejor forma de ayudar a la gente, y en especial a los de renta más baja, es con una economía que genere altas tasas de crecimiento, un bajo desempleo y amplias oportunidades para todos.
La peor de las noticias es que, si tomaran las medidas necesarias para asegurar una recuperación económica rápida e indolora, irían en contra de su propia propaganda. El Gobierno prefiere seguir promoviendo su empobrecedora agenda ideológica y tejiendo sus redes clientelares, aunque sea a costa del sufrimiento de los españoles.
“For a nation to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle”. Winston Churchill.
Es sorprendente que el presidente del Gobierno, en una entrevista, nos diga que tenemos que consumir más mientras anuncia una brutal subida de impuestos en medio de una crisis. Denota la falta de respeto al contribuyente y a las empresas que están luchando por mantenerse a flote en una recesión sin parangón. En realidad, no sorprende. Parte de la misma visión extractiva de la economía de siempre. Usted gana demasiado y ellos gastan poco.
Para justificar su hachazo fiscal ya están utilizando varias mentiras.
La primera, que recaudamos muy poco, la desmontamos la semana pasada. Otra es el “peligroso aumento del ahorro”. Es alucinante, lanzan la economía al abismo, amenazan con subidas de impuestos constantes, las familias intentan ahorrar un poco y les culpan de que no consumen lo que quiere el Gobierno. La tercera mentira es que la subida de impuestos va a sufragar el Estado de bienestar.
Ni las estimaciones más optimistas cubren el aumento de déficit de 2019… Imaginen el de 2020 y 2021. Se han perdido 42.000 millones de ingresos fiscales en esta crisis, ni con estimaciones optimistas de crecimiento y de ingresos se van a cubrir hasta 2023… Y recordemos que en 2019 ya teníamos un déficit superior al estimado y presupuestado.
Si subir impuestos, como ha hecho en 2018 y 2019 con los impuestos al trabajo, es positivo ¿por qué se ha destruido más empleo, empresas e ingresos fiscales que en ningún país de nuestro entorno? La cuarta mentira es la de “pagar impuestos como un ciudadano nórdico, orgulloso”.
Lo dice una persona que vive de los impuestos de los demás, orgulloso. La principal diferencia en materia tributaria con los países nórdicos es que tienen un IVA e impuestos indirectos, los que pagamos todos, mucho más altos. Otra gran mentira es que nos van a regar de dinero con centenares de miles de millones sin condiciones. Si fuera cierto, no subiría los impuestos, sería innecesario. Si fuera cierto que la ayuda de la UE y la monetización del déficit son la panacea de dinero gratis que va a evitar los recortes, no solo no subiría impuestos, debería bajarlos.
Es más, si fuera cierto que la recuperación de la economía va a ser en “V” y que los ‘brotes verdes’ nos rodean, tampoco tendría que subir los impuestos, solo aprovechar el espacio fiscal que nos concede la Unión Europea para facilitar y acelerar esa recuperación. Pero Sánchez sabe que la recuperación va a ser lenta y difícil y que va a tener que llevar a cabo enormes ajustes.
Lo que quiere es que esos ajustes recaigan en el 100% en el sector privado y los contribuyentes, mientras mantiene la administración más cara y con más ministerios de la historia. Dice que no va a hacer recortes, pero anuncia enormes recortes en el poder adquisitivo de todos los contribuyentes.
Por eso se inventa la falacia de la ‘justicia fiscal’. España ya tiene una fiscalidad progresiva. Un contribuyente que gana 150.000 euros brutos al año sufre una cuña fiscal ya es del 48,25% en las comunidades autónomas del régimen común, y que llega hasta el 53,11% en Navarra. El concepto de “renta alta” es en realidad casi inexistente en España, ya que hablamos de unas 90.000 personas, y solo 7.000 pueden considerarse “ricos” de verdad. Las rentas de 150.000 euros abonan unos 84.000 al año en impuestos, antes de entrar en impuestos indirectos, al ahorro, a la vivienda, etc.
La fiscalidad de las empresas también es progresiva si no se usan subterfugios para ignorar la batería de impuestos que pagan. “A la empresa pequeña le corresponde una factura fiscal anual del 49,67% sobre su resultado bruto de explotación. En el caso de una mediana, el tipo efectivo se eleva hasta el 51%; y en el de una grande, hasta el 61,57%. Es decir, más de la mitad de sus beneficios brutos tienen que dedicarse a pagar impuestos a las diferentes Administraciones: central, autonómica y municipal”, como explica Javier Santacruz en su estudio de la fiscalidad de las empresas.
Sánchez sabe que un incremento del 10% en el tipo efectivo medio sobre las rentas de más de 150.000 euros hundiría la recaudación entre 500 millones y 2.500 millones de euros. En el más optimista de los casos, efecto casi nulo. Existen diversos estudios que lo demuestran.
No solo sabe eso, sino que sabe que las “grandes corporaciones” no van a sufragar las decenas de miles de millones de euros de déficit en los que vamos a caer por no ajustar gastos, como ha hecho todo el mundo en Europa para tener espacio para el nuevo gasto sanitario y por desempleo.
El impuesto de Sociedades recauda unos 23.000 millones de euros. Ya en 2019 la recaudación cayó por menores beneficios empresariales. En 2020 y 2021 se va a dar un mar de pérdidas en la mayoría de las empresas. Sánchez sabe tan bien que esas grandes corporaciones no van a sufragar los miles de millones en nuevos impuestos que él mismo está anunciando ayudas para que se mantengan a flote.
En un país donde se han destruido 140.000 empresas en dos meses, y se están yendo grandes empresas a otros países, decir que las empresas pagan pocos impuestos es, como mínimo, una broma de mal gusto.
Si le preocupase la justicia social, no consideraría aceptable detraer en impuesto de la renta más de la mitad de los ingresos de un trabajador, sea cualificado o no, para luego detraer un tercio de sus ahorros, un cuarto de su vivienda y un quinto de su consumo.
Si le preocupase la justicia social, desde luego sabría que, expoliando a los 90.000 ciudadanos, trabajadores, que ganan más de 120.000 euros y a las empresas más sólidas ni se pagan las pensiones ni se reduce el déficit ni se mejora el patrón de crecimiento.
La realidad es que están preparando el terreno para la mayor subida de impuestos de la historia y el mayor recorte de gasto en décadas porque esas serán condiciones para recibir apoyo.
Tenemos la evidencia de que las subidas de impuestos cuando la fiscalidad no es competitiva (como explico en este artículo), y en periodo de crisis, ralentizan la recuperación y reducen el potencial de crecimiento de empleo. Las subidas de impuestos en la crisis anterior retrasaron la recuperación y ralentizaron la mejora del empleo.
No es ninguna casualidad que todos los países de la Unión Europea hayan bajado o exonerado impuestos para atender a esta crisis. La medida más exitosa de las economías líderes de la Unión Europea para combatir la crisis ha sido la exoneración de impuestos al trabajo, ayudas fiscales a empresas y a autónomos que han impedido que se dispare aún más el paro.
Subir los impuestos al consumo, la inversión y el empleo en medio de una crisis donde el paro es tan alto y el déficit se dispara por destrucción de actividad es simplemente una locura. Pone escollos a la recuperación y su efecto recaudatorio será imperceptible, como siempre.
Señor presidente: el sector público vive del sector privado. Ahogando a las empresas y familias bajo la mentira de que todo el mundo tiene margen menos ustedes no se defiende el Estado de bienestar, se le ataca.
Cuando China declaró formalmente la crisis sanitaria a causa de la COVID-19 el pasado 31 de diciembre en España las Comunidades Autónomas se encontraban en conflicto con el Ministerio de Hacienda a causa del famoso mes 13 del IVA. Los gobiernos autonómicos pretendían recibir una compensación por la menor liquidación del ejercicio 2017 a causa de la introducción del Suministro Inmediato de Información (SII). Varios meses después, el debate sobre la financiación autonómica ha cambiado radicalmente, aunque el problema sigue siendo el mismo: excesiva dependencia de las Comunidades Autónomas para percibir buena parte de los ingresos que le corresponden a través de un sistema engorroso y que funciona con dos años de retraso.
Como en otras áreas de política económica, abordar la financiación autonómica en tiempos de pandemia requiere actuaciones en el corto plazo para hacer frente a las necesidades financieras más inmediatas, combinándolas con otras de carácter estructural que mejoren el diseño del sistema en el largo plazo.
Primero, lo urgente
Lo urgente es hacer frente a los costes más inmediatos relativos a la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, en especial al aumento del gasto sanitario, educativo y social. Justamente en estas políticas las Comunidades Autónomas tienen un papel protagonista, sobre todo en las dos primeras, ya que en estas el peso del gasto autonómico supera el 90% del total.
La actuación del Gobierno en este sentido ha sido más bien positiva, haciendo uso tanto de los recursos ya integrados en el sistema de financiación autonómica como a través de fondos extraordinarios con el fin de dotar de recursos suficientes a las haciendas regionales para que estas no tengan que asumir grandes ajustes presupuestarios en el corto plazo. A cambio, eso sí, deberán acercarse al objetivo de déficit del 0,2% del PIB acordado el pasado mes de febrero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En relación con los recursos ordinarios también ha habido una cierta excepcionalidad. A pesar de no haberse aprobado el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, ha permitido actualizar de manera extraordinaria las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas para este ejercicio, lo que supone unos recursos extra de 2.867 millones de euros.
Pero además, esas entregas a cuenta que se calculan según las estimaciones de ingresos tributarios previstos para cada ejercicio (hasta pasados dos años no se realizan las liquidaciones definitivas una vez conocida la recaudación tributaria definitiva), se han mantenido según lo previsto antes de que estallara la crisis del COVID-19, por lo que los gobiernos autonómicos dispondrán de unos recursos muy por encima de los que realmente les corresponderían (con los datos de recaudación del mes de abril, los ingresos tributarios en términos homogéneos han caído en un 8,4%, ver aquí).
Por otro lado, el Gobierno, a través del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, ha creado un fondo extraordinario no reembolsable para financiar a las Comunidades Autónomas, dotado con 16.000 millones de euros. Y aquí surge un problema conocido: el papel preponderante que juega la política en los criterios de reparto (ver aquí). Quizás hubiera sido más conveniente haber llegado a un acuerdo a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque también es preciso reconocer que no había demasiado margen temporal para que tal negociación llegase a buen puerto (ver aquí la estimación de Conde-Ruiz sobre la distribución regional del Fondo).
Luego, lo importante
Un modelo cuasi-federal desde el punto de vista fiscal como el existente en España exigiría coordinación y no subordinación, y por lo descrito en el anterior punto, las Comunidades Autónomas siguen estando en una posición de cierta dependencia con respecto al Gobierno Central. No se trata, como apunta Lago-Peñas (aquí) de realizar un ajuste cuantitativo, ya que la descentralización es difícilmente ampliable, sino más bien de un ajuste cualitativo de tal modo que la capacidad fiscal de la que disponen gobiernos autonómicos sea realmente efectiva.
Una vez superada la actual crisis provocada por la COVID-19, los desajustes verticales, es decir, la parte de las necesidades de gasto completadas por transferencias, deberían reducirse. La dependencia financiera generalmente alimenta comportamientos poco responsables, como así parece haber sucedido con los mecanismos extraordinarios de liquidez, tal y como mostramos en un papel (todavía por publicar) María Cadaval y un servidor en el pasado Encuentro de Economía Pública de Barcelona[1].
En una crisis que entra dentro de la lógica de la evolución de los ciclos económicos como fue la Gran Recesión, debido al funcionamiento de las entregas a cuenta y de las posteriores liquidaciones transcurridos dos años, las Comunidades Autónomas no sufrieron sus consecuencias hasta el ejercicio 2010, por lo que se vieron comportamientos imprudentes tales como el aumento de gasto corriente (ver aquí). Y este es un problema a resolver a través de una mejora del desajuste temporal entre lo que sucede realmente hasta el momento en el que la información de la situación económica llega a los gestores autonómicos, en la línea de lo recomendado en el Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica (aquí).
Si no existiera tal desajuste, el problema de la financiación autonómica en tiempos de pandemia se resolvería con el fondo extraordinario. Sin embargo, en 2022 podemos vivir una situación similar a la del año 2010, ya que será en ese momento en el que se liquide el sistema de financiación autonómica del año 2020, arrojando un resultado negativo. Así como parece conveniente que, en este caso, se mantengan los recursos necesarios para hacer frente al gasto sanitario y educativo, tampoco parece idóneo que se deba hacer todo el ajuste en un solo ejercicio, y más con la incertidumbre imperante en estos momentos.
De este modo, debería establecerse un calendario de devoluciones asumible e inamovible, a diferencia de lo que ocurrió con la devolución de las liquidaciones de los ejercicios 2008 y 2009, cuyos plazos se modificaron hasta en dos ocasiones. Que ahora las Comunidades Autónomas no asuman los costes de la crisis sanitaria no significa que no deban ser igual de responsables en el posterior ajuste que otros niveles de gobierno.
En definitiva, en el corto plazo la actuación parece haber sido más que correcta, pero en los próximos años saldrán a relucir problemas estructurales del sistema de financiación autonómica que podrán resolverse como casi siempre, (i) a través de parches y transferencias que no ayudarán en nada a lograr un modelo robusto, también en momentos de vacas flacas; o bien (ii) haciendo copartícipes a las Comunidades Autónomas del ajuste y saneamiento de las cuentas públicas incentivando el uso de su capacidad fiscal y reduciendo, por tanto, su dependencia e insuficiencia financieras, en la línea de lo planteado por Diego Martínez López en una entrada anterior (ver aquí).
“The best things in life are free, so you can give them to the birds and bees”. Berry Gordy.
El Gobierno más caro de la historia, con más ministerios y cargos públicos, dice que “hay margen para subir los impuestos” y que “recaudamos menos que la media de Unión Europea”. De hecho, nos dicen que recaudaríamos hasta 60.000 millones más “adecuando la fiscalidad a la media europea”. Es una falacia de cuento de la lechera.
El Gobierno sabe que con la subida brutal de impuestos que planean no recaudaría ni un 5% de los más de 115.000 millones de déficit de 2020. Es que no recaudarían ni siquiera la cantidad en la que se desviaron del objetivo de déficit en 2019. Es decir, con medidas que ponen más escollos a la recuperación, expoliando a empresas y familias ni siquiera reducirían el déficit excesivo… de 2019.
El engaño, como siempre está en hablar de presión fiscal (ingresos sobre PIB) en vez de esfuerzo fiscal (impuestos pagados sobre renta per cápita) y sin atender a la realidad económica del país.
España, según el Banco de España, recauda un 4% de PIB ‘menos’ que la media de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tiene más del doble de paro, empresas más pequeñas y mucha más economía sumergida. Por lo tanto, no es que recaude poco, recauda y extrae mucho de los contribuyentes cautivos.
Tenemos una fiscalidad muy alta para los que contribuyen, y esto supone un escollo para reducir el paro y fortalecer el tamaño empresarial y, con ello, las arcas públicas.
Si el Gobierno se dedicase a favorecer la creación de empleo, permitir la reducción de la economía sumergida y aumentar el tamaño empresarial con una fiscalidad competitiva, no estaríamos siempre debatiendo si recaudamos poco o mucho. Porque lo que se recauda es simplemente el reflejo de la realidad económica del país. Si imponen una fiscalidad desconectada de esa realidad, ni recaudan, ni crecemos, ni creamos empleo. Y luego nos repiten la falacia de que el gasto público es bajo y recaudamos poco.
La medición del gasto público y los ingresos no debe hacerse sobre el PIB, que además se infla simplemente gastando y endeudándose, sino en base a la realidad de las empresas y familias del país.
La fiscalidad no se calcula en base a lo que quiera recaudar el Gobierno, sino a la capacidad y proporcionalidad inherente a la economía. Y España es un país de pequeñas empresas y pocas rentas altas con una administración para millonarios.
Un país donde la mayoría de las empresas son microempresas y que solo tiene 7.000 personas entre las rentas altas (menos de 90.000 si llaman ‘rentas altas’ a más de 125.000 euros anuales) no se puede permitir una administración extractiva que solo piensa en recaudar aunque se haya devastado el tejido empresarial y el empleo en el cierre forzoso más incompetente del mundo, que nos va a llevar a una caída del PIB del 13% y un paro del 26% mientras el gobierno más caro de la historia sigue intacto.
El estudio publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) muestra claramente la realidad de una fiscalidad en España que está muy lejos de ser competitiva y que además es muy superior a la media de la UE y la OCDE:
– La mayoría de los países nórdicos (Finlandia, Noruega, Suecia) tienen una fiscalidad más competitiva que la española en cuanto a empresas, creación de empleo y capital y en fiscalidad de la propiedad. Lo que siempre nos ocultan de los países nórdicos es que recaudan más porque tienen un IVA e impuestos indirectos más altos.
– El Impuesto de Sociedades en España supera los promedios de la OCDE, la UE-28 y el conjunto de las economías del mundo. La falacia de que las grandes empresas pagan “pocos” impuestos viene de sumar a los beneficios en España los generados –y tributados– en el resto del mundo y llegar a un tipo implícito falso. La realidad es que los grandes grupos pagan un 18,96% y las entidades financieras en su conjunto un 22,43% sobre su base imponible, según datos de la AEAT.
– La presión fiscal que soportan las empresas en España es 1,2 puntos porcentuales superior a la de la media de la Unión Europea. La presión fiscal normativa derivada de la carga del Impuesto de Sociedades es un 16% superior a la media de la Unión Europea.
– España tiene una presión fiscal normativa que es un 8,1% superior a la media de la Unión Europea y muy superior a la media de la OCDE.
Incluso si utilizáramos el argumento basado en el cálculo de presión fiscal usado por la ministra, el propio Banco de España desmonta que estemos siete puntos por debajo de la media, es muy inferior, y nos revela que estamos en la media o por encima en ingresos de empresas, patrimonio y renta.
El Banco de España, en un estudio de López-Rodríguez y García Ciria, Estructura Impositiva de España en el contexto de la Unión Europea, resalta lo siguiente sobre España:
1. Impuestos al trabajo: “En la imposición sobre el trabajo, la recaudación en porcentaje del PIB en España es inferior a la media de la UE-28 (…) No obstante, el peso de las cotizaciones sociales sobre el PIB es superior”, “especialmente la parte a cargo del empleador”. En España se “recauda” menos porque tenemos impuestos al trabajo demasiado altos que reducen el potencial de empleo y la capacidad de contratar. Y, con ello, tenemos más del doble de tasa de paro que la media con la que nos quieren comparar para expoliarnos.
2. Ya pagamos demasiado. Sigue el Banco de España: “De este modo, la cuña fiscal media, medida como cociente entre la suma de los impuestos sobre la renta personal derivados de las rentas del trabajo y las cotizaciones sociales, por un lado, y el salario medio bruto de los empleados a tiempo completo en el sector privado, por otro, se sitúa en España por encima de la media del conjunto de las economías de la OCDE para todos los tramos de renta y tipos de individuos de acuerdo con su situación familiar”.
3. ¿Y los ricos, las empresas y el patrimonio? “Por su parte, el peso sobre el PIB de la recaudación derivada de la imposición sobre el capital es más elevado en España que en la media de la UE-28, debido a una imposición sobre la riqueza superior, mientras que los ingresos derivados de las rentas de las empresas, así como los obtenidos de las ganancias y las rentas del capital de los hogares y los autónomos, se encuentran, en términos agregados, en niveles similares”.
¿Dónde está la diferencia que la ministra calla? En el IVA e Impuestos indirectos: “Esta menor tributación sobre el consumo se debe principalmente a la menor recaudación por IVA como consecuencia, sobre todo, del hecho que el tipo general del impuesto afecte a un porcentaje más reducido del gasto en consumo que en la mayor parte de los países de la UE-28. De manera adicional, la recaudación en impuestos especiales también es inferior, en particular en hidrocarburos, transporte, tabaco y alcohol, bienes en los que los tipos implícitos sobre su consumo son inferiores a los tipos implícitos promedio en la UE-28. Asimismo, España cuenta con una menor recaudación en términos del PIB derivada del conjunto de los impuestos medioambientales”. Todos estos impuestos los pagamos todos y, por supuesto, los subirán.
En impuestos al trabajo (cotizaciones sociales), empresas y riqueza estamos en la media o por encima. La razón por la que ópticamente “recaudamos menos” que la media de la Unión Europea viene de tener menor IVA y menos impuestos verdes y especiales. Es decir, impuestos que paga sobre todo la clase media. Lo que la ministra esconde es que van a subir todas estas figuras, que pagaremos todos, como siempre.
Incluso con ese análisis, España no debería subir estos impuestos indirectos y mucho menos ahora, porque añadiría a las trabas a la inversión y el empleo, un escollo a la recuperación del consumo.
España se enfrenta a un desastre económico sin precedentes. Subir impuestos, como ocurrió en el pasado, retrasaría la recuperación y nos volvería a poner en la cola de crecimiento y empleo.
Los aristócratas del gasto público siempre piensan que ellos gastan poco y usted gana demasiado. Ahora exigen economía de guerra a todos y administración de bonanza para ellos. Toca reducir gasto superfluo y pensar en atraer inversión, creación de empresas y empleo.
Solo lo conseguiremos si dejamos de hacer cálculos de ciencia ficción sobre ingresos imposibles y la administración empieza a enterarse de la elevada fiscalidad que ya sufrimos. Subirán los impuestos, no recaudarán casi nada y mucho menos para cubrir el enorme déficit acumulado, y cercenarán el potencial de crecimiento y empleo del país.
España solo saldrá de la crisis atrayendo inversión y facilitando la creación de nuevas empresas y empleo. Hemos perdido más de 120.000 empresas y 20.000 millones de euro de capital entre amenazas a los creadores de empleo, acusaciones y el cierre forzoso peor coordinado del mundo. El Gobierno debe parar la batería de subidas de impuestos y empezar a priorizar y hacer lo que pone en su descripción: administrar recursos escasos, no expoliar de lo que sobreviva a la crisis.
“You work hard, you make money, now the taxman is out to get you”. Rick Nielsen.
El Gobierno sabe perfectamente que la mal llamada Tasa Google (que es una tasa a los usuarios de tecnología, a usted y a mí) no va a recaudar casi nada ni siquiera mitigar el agujero fiscal en el que está metiendo a España. Se trata de un globo sonda, como el del “impuesto a los ricos”, que esconde una enorme subida de impuestos a la clase media.
Incluso si nos creyéramos la cifra que el gobierno estima de ingresos por la Tasa Google, 1.000 millones de euros -que no es creíble- ni rasca en el déficit de 115.000 millones de euros que ellos mismos estiman. Tampoco tenía ningún impacto en el déficit de 2018 o el de 2019, que fue de 35.195 millones de euros en año de ingresos récord. Pero es que el déficit de 2020 probablemente será, con estimaciones más realistas, de unos 125.000 millones de euros. El “impuesto a los ricos” recaudó en su máximo menos de 3.000 millones.
Estos globos sonda son excusas para engañar a los votantes y subir los impuestos a todos. El problema de España es que cuando crece la economía se disparan los gastos y cuando entramos en crisis se suben los impuestos “porque no recaudamos lo suficiente”. Con ello destruyen bases imponibles, potencial de empleo e inversión y cercenan el desarrollo empresarial, que son las bases para tener una recaudación sólida en el futuro.
La Tasa Google recaudaría menos de 1.000 millones de euros, según la AIReF, y nos va a costar al menos otros 1.000 millones en aranceles de EEUU. ¿Por qué? Porque es un impuesto diseñado contra un sector muy específico y por su nacionalidad. La razón por la que EEUU ha abandonado las conversaciones sobre una tasa europea ha sido porque preocupa que el diseño incluya mecanismos que casi eliminen el impacto sobre los conglomerados europeos y chinos, y en realidad solo busque gravar a las norteamericanas.
¿Sabe el Gobierno que la tasa recaudará poco y que nos costará mucho más en aranceles y pérdida de inversión y empleo? Claro. Pero la tasa la cobra Hacienda y los aranceles los sufren las empresas que exportan a EEUU. Es una medida más que demuestra la fiscalidad extractiva que domina el debate político en España. Da igual quién se fastidie mientras entre un euro en la caja, aunque eso lleve a que entren muchos menos euros después. Entonces, ellos volverán con el cuento de que “recaudamos poco” y volverán a subir los impuestos.
España ya ha sufrido la visión extractiva del Gobierno con los aranceles al aceite. La Unión Europea perdió un arbitraje con EEUU en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las ayudas a Airbus. La OMC permitió a EEUU imponer aranceles. Rápidamente, Italia, Portugal o Grecia se lanzaron a renegociar con EEUU, evitando aranceles al aceite. ¿Qué país se quedó cruzado de brazos? España.
La clave de este embrollo con la Tasa Google es la unilateralidad y arbitrariedad de gravar a un sector y a una nacionalidad por dónde genera parte de sus ingresos mientras todos los sectores del mundo pagan impuesto de sociedades donde generan el valor añadido. O se acuerda de manera global en la OCDE o nos llevan a un problema mayor a largo plazo.
Gravar los ingresos no deja de ser como un arancel, una medida que destruye mucho más de lo que se pretende proteger. Además, destruye inversión potencial justo cuando lo que la Unión Europea debería estar haciendo es atraer capital tecnológico y prepararse para la digitalización desde el liderazgo.
Al fijarse solo en los impuestos y, aún peor, solo en el impuesto de sociedades, se olvida el impacto en la economía y su beneficio multiplicador. Según Deloitte, una sola de estas empresas, Google, genera un impacto positivo para la economía española de más de 7.000 millones de euros. Las tecnológicas norteamericanas generan un efecto positivo en empleo, inversión e innovación además de apoyar al crecimiento de las empresas locales de tecnología y servicios que les suministran. Un efecto positivo en todos los impuestos y riqueza que va mucho más allá del impuesto de sociedades.
Imponer una tasa unilateral, injusta y claramente proteccionista supone menos inversión, menos empleo y hundir nuestro potencial como atracción de inversión tecnológica. Si añadimos a los escollos burocráticos y fiscales ya existentes la penalización a la remuneración en acciones que es la clave de la atracción de talento tecnológico, y otro impuesto innecesario.
Pero la utilización del enemigo exterior y la mentira de las malvadas empresas tecnológicas norteamericanas (si son chinas o alemanas aparentemente son buenísimas) como excusa para subir los impuestos a todos es tremendamente negativa para nuestro país.
Imaginen si EEUU decidiese imponer una tasa unilateral y por país a las empresas españolas que invierten en infraestructuras, renovables o ingeniería en EEUU. Es una absoluta bomba de relojería que parte de la base de unos supuestos “ingresos fiscales perdidos” de las tecnológicas calculados de manera mucho más que cuestionable y que luego ni se recaudan ni se atrae inversión.
En vez de pensar en crear ingresos fiscales atrayendo inversión tecnológica y fomentando el emprendimiento, lo que hacen es empeorar la situación de consumidores y empresas, y por tanto del país, por intentar rascar unos millones de euros de recaudación que ni van a conseguir, y que, encima, se irán a otros países generando mucha mayor cantidad en empleo e inversión potencial.
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