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La Seguridad Social, como su nombre indica, es —o pretende pasar por— un ‘seguro social’, a saber, un sistema público de protección frente a las distintas contingencias futuras que atravesará, o que puede atravesar, un ciudadano. Como tal, es un sistema de percepción de rentas diferidas basado en la contributividad: lo que recibiré en concepto de pensión por jubilación o de pensión por discapacidad o de prestación por desempleo guarda una relación directa con lo cotizado durante mi vida laboral. La presunta justicia conmutativa de la Seguridad Social reside en esa relación de contributividad entre el ‘tanto pagas’ y el ‘tanto recibes’.

Hasta la fecha, los autónomos han disfrutado de un derecho que se niega al resto de trabajadores asalariados: determinar su base de cotización. Es decir, dentro de los límites que impone la ley (esto es, entre las bases mínimas y máximas de cotización), cada autónomo escoge cuánto quiere cotizar en función de cuánto desea percibir mañana. Y fruto de esa (relativa) libertad de elección, la mayoría de los autónomos ha elegido cotizar por la base mínima: de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo, de los 3.241.681 que había en España al finalizar el primer trimestre de 2018, el 65,5% escogía cotizar por la base mínima (919,8 euros mensuales para los menores de 47 años y 992,1 euros a partir de entonces) y el 89,3%, por una base inferior a 1,5 veces la mínima. Entre los autónomos que son personas físicas (es decir, excluyendo a los socios de una sociedad o a los miembros de un consejo), el 85,6% opta por cotizar por la mínima y el 91,7%, por una inferior a 1,5 veces la mínima.

Queda claro, pues, que la inmensa mayoría de autónomos no se siente entusiasmado con las prestaciones que promete desembolsar la Seguridad Social: acaso porque son conscientes de que se trata de un fraude piramidal al que no desean exponer sus ingresos. De hecho, si comparamos los rendimientos netos declarados en 2015 por los autónomos con sus bases de cotización, las discrepancias son más que evidentes.

En 2015, el 47,5% de los 2,95 millones de declarantes de rendimientos por actividades económicas obtuvieron unos rendimientos netos iguales o inferiores a 12.000 euros anuales, mientras que el 67,3% de los autónomos cotizaron por la base mínima (10.612 euros anuales para los menores de 47 años y 11.444 euros para los mayores): es decir, un mínimo de 750.000 autónomos contaban con ingresos para cotizar por encima del mínimo pero declinaron hacerlo. A su vez, el 29% de los declarantes por actividades económicas cosecharon unos rendimientos netos superiores a 21.000 euros anuales, pero en cambio solo el 7,5% de los autónomos optaron por cotizar por tales sumas: es decir, alrededor de 700.000 autónomos con ingresos superiores a 21.000 euros declinaron cotizar por tales sumas.

En total, pues, un mínimo de 1,5 millones de autónomos (alrededor del 45% del total) escogieron cotizar por un importe menor al de sus ingresos netos. Simplemente, renunciaron a las maravillosas prestaciones que les prometía la Seguridad Social a cambio de evitar abonar sus onerosísimas cotizaciones. Es su elección (“pago menos, recibiré menos”) y como tal debería ser respetada dentro de un sistema que hace gala de su contributividad (“tanto contribuyes, tanto recibes”). Pero hete aquí que al PSOE no le parece correcto que los autónomos puedan escoger su base de cotización, es decir, que puedan escapar de las garras fraudulentas de la Seguridad Social: de ahí que la ministra de Trabajo haya anunciado sus perversas intenciones de hacer tributar a los autónomos por sus ingresos reales. Es decir, ha anunciado implícitamente que pretende sablear con saña a esos 1,5 millones de autónomos que deciden cotizar por debajo de sus ingresos netos por cuanto tampoco desean recibir las prestaciones sociales que obtendrían si cotizaran por una suma mayor.

El ramplón pretexto utilizado por el PSOE para justificar esta subida es doble. Por un lado, que es injusto que los autónomos con ingresos inferiores a la base mínima de cotización no puedan cotizar de acuerdo con sus ingresos: pero si esa fuera la auténtica preocupación del Ministerio de Trabajo, bastaría con eliminar la base mínima de cotización y dar libertad absoluta a los autónomos (o, al menos, a quienes ingresan por debajo de la base mínima) para determinar cuánto quieren cotizar (si cotizas cero, recibes cero de la Seguridad Social). Por otro, que es injusto que los autónomos puedan determinar su base de cotización y los asalariados no: pero, de nuevo, si esa fuera la verdadera preocupación de Magdalena Valerio, lo que debería hacer es permitir que los trabajadores por cuenta ajena también puedan escoger su base de cotización, esto es, ampliar los derechos de los asalariados, no recortar los de los autónomos.

La realidad es distinta a las mentiras del PSOE: el Gobierno de Sánchez necesita aumentar su recaudación tributaria a corto plazo para evitar que el déficit de la Seguridad Social se desmadre durante los próximos años. Su horizonte temporal son las próximas elecciones generales y está dispuesto a triturar a cuantos ciudadanos necesite para maximizar sus votos esperados: ya sean las tecnológicas, los asalariados cualificados o ahora los autónomos. Desengañémonos: no estamos ante una política dirigida a buscar la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones públicas, dado que obligar a los autónomos a cotizar más, también implica gastos futuros mayores para la Seguridad Social (con lo que solo consigues recaudación extra a corto plazo a costa de más deudas pensionales a largo plazo).

Lo que en realidad se ambiciona es hacer caja a corto plazo y dejar el marrón financiero a los gobiernos venideros a lo largo de las próximas décadas: serán ellos quienes inevitablemente recortarán las prestaciones sociales de todos los cotizantes… incluidas las de los autónomos. Esa es la ruin jugada de Sánchez: exigir hoy mayores cotizaciones a los autónomos para recortarles mañana las prestaciones comprometidas. Un atraco sin necesidad de pasamontañas.

El PSOE desea rapiñar a corto plazo a ‘los ricos’ para engañar a largo plazo a los pensionistas.

Pedro Sánchez ya ha escogido a su nueva ministra de Hacienda: será María Jesús Montero, la actual consejera del ramo en Andalucía. La elección del líder socialista es enormemente reveladora de cuáles son sus intenciones para esta cartera, al menos en dos direcciones.

Por un lado, el nombramiento de Montero nos indica cuál es el modelo tributario de Sánchez para España: el infierno fiscal andaluz. No es que dentro de nuestro país exista una gran variedad de estructuras impositivas, pero, entre la escasa variedad existente, Andalucía sobresale como una de las peores (en especial, cuando la política impositiva era decidida unilateralmente por Montero, esto es, antes de la tutela parlamentaria de Ciudadanos y de las fuertes manifestaciones de contribuyentes enojados): tipo marginal máximo del IRPF en el 48% (pero que llegó a estar en el 56%), impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% y una fiscalidad sobre el patrimonio que, hasta muy recientemente, se ubicaba entre las más agresivas y radicales de España.

Por otro, la elección también nos informa acerca de cuál va a ser el modelo de financiación autonómica impulsado por Sánchez: el jacobinismo fiscal. A la postre, María Jesús Montero, desde su consejería, ha defendido con uñas y dientes un sistema de financiación autonómica basado en una fortísima redistribución interterritorial y en la abolición de cualquier atisbo de competencia impositiva entre administraciones regionales.

En cuanto a lo primero, la nueva ministra de Hacienda considera que el nivel de financiación de cada Gobierno autonómico no ha de depender de los impuestos que abonen sus ciudadanos (de la ‘capacidad fiscal’ de esa autonomía) sino de sus necesidades de servicios públicos (de la ‘suficiencia’ del gasto y de la ‘equidad’ entre regiones). O dicho de otra manera, una Administración autonómica no ha de prestar a sus ciudadanos mejores servicios públicos que otra, aun cuando los ciudadanos paguen muchísimos más impuestos; asimismo, ninguna autonomía ha de poder bajar los impuestos a sus contribuyentes mientras haya ciudadanos en otras autonomías que sean ‘merecedores’ de un mayor gasto público.