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Etiqueta: Fiscalidad

PPodemos

Puede que Juan Manuel Moreno Bonilla se inventara su currículum, pero desde luego no se ha inventado los valores estatistas sobre los que descansa el ideario del PP. Con su reciente propuesta populista de implantar una renta básica en Andalucía tan sólo ha puesto de manifiesto cuáles son los auténticos principios en torno a los que históricamente se ha construido el PP: una mezcla liberticida de falangismo, de democracia-cristiana y de socialdemocracia.

A la postre, el desnortado proyecto de renta básica entronca perfectamente con la visión estatista de las relaciones sociales que profesa el PP: altos impuestos y asfixiantes regulaciones que pauperizan a una parte creciente de la población con el propósito de que el Estado acuda a su rescate tejiendo redes redistributivas y clientelares.

No tienen más que fijarse en los tres argumentos que han blandido los populares andaluces para justificar su ocurrencia: 36% de paro; 67% de paro juvenil; 3,5 millones de personas en situación de pobreza. Eso es la renta básica impulsada por Moreno Bonilla: el reclamo electoral de un PP andaluz que claudica ante la devastación económica impuesta por sus pares socialistas y que opta directamente por el subsidio generalizado como señuelo para comprar votos.

Hubo un tiempo en el que, contrariamente, el PP aseveraba que la mejor política social era la creación de empleo: es decir, permitir que la gente saliera adelante por sus propios medios sin verse ni parasitada ni subsidiada por los políticos. Lo más probable es que el PP jamás creyera sinceramente en tales palabras, pero al menos blasonaba un discurso que en el fondo era acertado. Hoy no: el PP de Rajoy, el de Montoro o el de Moreno Bonilla promueve una fiscalidad confiscatoria, una hiperregulación sojuzgadora y, a su vez, una subsidiación general de la pobreza que ellos mismos generan y consolidan. Aunque pudiera parecerlo, no hay esquizofrenia alguna en ello: un Estado que te quita con una mano y te da con la otra se convierte en un ente indispensable para sobrevivir, esto es, en un ente al que hay que reverenciar y rendir pleitesía.

Andalucía es, justamente, el mejor ejemplo de por qué décadas de transferencias coactivas de renta desde el resto de España y Europa para, supuestamente, promover el desarrollo y la prosperidad no han funcionado. El crecimiento desorbitado de la administración, de la función pública, de las faraónicas obras innecesarias y de los subsidios redistributivos, combinado con miles de regulaciones que maniatan el desarrollo del tejido empresarial, sólo han conseguido abocar a la región al 36% de paro, al 67% de paro juvenil y a los 3,5 millones de personas en situación de pobreza.

Este flagrante empobrecimiento de la estructura social y económica de Andalucía no se debe a su defecto de intervencionismo estatal sino a su marcado exceso. ¿Y qué propone el PP andaluz como alternativa? Darle una nueva vuelta de tuerca tal a ese intervencionismo estatal que deje como moderados a la coalición gobernante de PSOE e IU: en concreto, subsidiar todavía más a los ciudadanos mientras se mantienen —o incrementan— todos los obstáculos regulatorios o fiscales que les impiden a esos mismos ciudadanos prosperar autónomamente.

Los españoles no somos incapaces de generar riqueza para el resto de españoles o para el resto del mundo: somos incapaces de generarla dentro del abusivo marco regulatorio y fiscal que nos imponen los mismos políticos que luego tratan de comprar nuestras voluntades devolviéndonos unas migajas del dinero que previamente nos han arrebatado. No necesitamos un Estado que nos coloque menesterosamente de rodillas ante una casta, o ante una neocasta, que practique la beneficencia a nuestra costa. Necesitamos un Estado que no nos impida levantarnos y prosperar, tal como se levantan y prosperan cada mañana los suizos, los australianos, los neozelandeses, los hongkoneses, los taiwaneses, los singapurenses o los surcoreanos: sociedades inmensamente prósperas y con pleno empleo para su ciudadanía, a pesar de que hace 35 años muchas de ellas exhibían una renta per cápita similar a la española o incluso sustancialmente inferior. ¿La clave? Imperio de la ley, impuestos bajos, burocracias moderadas y respeto a la libre empresa. Ninguno de los partidos españoles con representación parlamentaria defiende tal camino hacia el bienestar común: tampoco, por supuesto, el Partido Popular.

Al final, es verdad que la emergencia de Podemos en el panorama político español ha tenido el efecto perverso de desplazar el debate político hacia el estatismo. Pero también ha tenido la regeneradora virtud de mostrarnos sin camuflajes la verdadera cara y las verdaderas ideas del Partido Populista gobernante. La renta básica de Moreno Bonilla en un contexto de altísima fiscalidad y omnipresentes regulaciones no constituye una excentricidad programática dentro del Partido Popular, sino el desarrollo lógico y consecuente de sus principios antiliberales: abajo la riqueza autónomaarriba la pobreza subsidiada. Sí, PPodemos.

Brechas

Es habitual considerar al FMI o la OCDE como liberales. Nunca lo han sido, y menos ahora, donde replican y vocean el pensamiento único sin cesar ni titubear. Por ejemplo, se han apuntado ambos al mantra de la desigualdad, para regocijo de los políticos y los mismos medios de comunicación que hasta hace nada los censuraban por su supuesto liberalismo.

Así, la OCDE señaló que "el 1% más rico en España acumula el 8% de todas las rentas", tras lo cual, lógicamente, pidió que subieran los impuestos. Los medios se entusiasmaron hablando de "la brecha social", pero antes de que deplore usted su retórica simplista y populista vea cómo se expresa el circunspecto y neoliberal informe de la OCDE: "El 1% de la cumbre ha capturado una cuota desproporcionada de todo el incremento de rentas de la últimas tres décadas". La solución liberal de esta venerable y seria institución es: “Distribuir mejor”. Léase: intervenir más y cobrar más impuestos sobre (¿no lo adivina usted?) “los que más ganan”.

El FMI, por su parte, coincide en el diagnóstico: hay un grave problema social, la desigualdad, que debe ser corregida mediante una mayor intervención pública y una mayor presión fiscal. Declaró su director para América Latina: "Si no se avanza en la igualdad no es posible mantener el crecimiento". Obviamente, avanzar significa más intervencionismo. 

Recordemos de quién estamos hablando: estos no son bolivarianos ni comunistas, estos son supuestamente los más diestros economistas profesionales formulando recomendaciones responsables para promover el bienestar general.

Pero no, no es eso lo que promueven, ni lo han promovido nunca. En cambio, siempre han promovido las agendas políticas, siempre han buscado y animado cualquier motivo que contribuyese a legitimar la acción e intervención de los políticos, que, por cierto, para eso crearon todas esas instituciones internacionales que rara vez dejan de figurar en otras categorías aparte de estas dos: o son inútiles o son dañinas.

En el caso que nos ocupa el mensaje es engañoso y nocivo. La propia idea de brecha social convoca la urgencia de un cirujano que la suture. Pero la sociedad no está quebrada, y lo último que necesita es perder aún más derechos y libertades a manos del poder, un poder que, precisamente, no ha hecho más que subir los impuestos durante décadas con el argumento de que iba a cerrar todas las brechas y a "distribuir mejor".

Y ahora nos vienen con el cuento de que la culpa es de un malvado 1% de ricos que "acumulan" o "capturan" caudales, vamos, que los roban y nos roban. Ellos son los malos: Amancio Ortega, que jamás le ha quitado a usted ni un duro, ese es el malo; en cambio los buenos son los políticos, que le quitan a usted el dinero a la fuerza, entre otras cosas para pagar nutridas burocracias de la ONU, la OCDE o el FMI, donde miles de burócratas cobran jugosos sueldos ¡libres de impuestos!

Eso sí, deles usted cinco minutos y ya estarán recomendando que le suban los impuestos a usted. Porque no creamos nunca que las recetas para cerrar las brechas estriban en castigar sólo a un puñado de multimillonarios: esto nunca ha sido así, y nunca lo será.

Cuando hablen de la brecha social, recuerde que lo que en realidad anhelan es abrírsela todavía más a usted.

El paraíso fiscal es la solución

"Podemos afirmar que si el gabinete de Rajoy logra el saneamiento del déficit público lo hará a costa del monumental expolio de la propiedad privada en que se ha convertido su política económica". Para escribir y publicar esa frase cuando Mariano Rajoy llevaba unas pocas semanas en La Moncloa habría que tener cierto olfato político, pero es que el autor nació en 1967 y la cosecha de talento ese año en el centro y el sureste de España fue extraordinaria. El artículo del que procede ese texto finaliza con este otro párrafo premonitorio:

Ante la más que probable continuidad de la crisis económica al final de la presente legislatura, a Rajoy le sustituirá, sea cual sea el resultado de las elecciones, una Gran Coalición o Gobierno de concentración PP-PSOE. Será un pentapartito a la española, donde quizás Durán Lérida ("el conseguidor" de indultos para sus delincuentes convictos) sea nuestro Bettino Craxi).

Quien decía todo esto en marzo de 2012 es Jorge Sánchez de Castro, autor de un libro titulado El único paraíso es el fiscal, que la pequeña pero combativa editorial Isabor acaba de poner en las librerías. Cómprenlo; es corto, espléndido y con un título perfecto para provocar al vecino gafapasta de la tumbona de al lado este verano.

Sánchez de Castro reflexiona a lo largo de estas páginas sobre la única alternativa a la devastación que el canibalismo estatal produce en sus fuentes de riqueza. La presión fiscal, de niveles confiscatorios a pesar de las dificultades para las empresas y familias españolas durante la crisis, pone de relieve que lo importante para el Gobierno, cualquier Gobierno, es la supervivencia de las instituciones que dependen de él. Lo que pase con los contribuyentes sólo les preocupa en el horizonte temporal de una, dos legislaturas a lo sumo. No es casual que los famosos recortes presupuestarios contra los que clama la izquierda (a riesgo de que la derecha la desbanque del trono del despilfarro) no hayan afectado más que levísimamente al inmenso aparataje estatal con que toda democracia se dota para cumplir adecuadamente sus funciones, que son todas las que sea capaz de imaginar el más concienciado de las juventudes de cualquier partido político recién llegado a un cargo público. 

España convertida en un paraíso fiscal. Y lo asombroso es que resultaría factible porque entre el fárrago dispositivo de la UE hay un arbitrio sobre el régimen impositivo de las Islas Azores que facultaría a cualquier comunidad autónoma a hacer algo parecido, salvando los privilegios en materia de normativa fiscal de los que disfrutan las haciendas forales (o fórrales, que así prefiere llamarlas el autor). Como exclamaríamos en estos momentos si lleváramos melena, chanclas y piercings "Sí se puede". Pero ni la izquierda ni la derecha en activo lo permitirían, y mucho menos los nuevos superdemócratas que han aparecido en el circo ideológico para explicar que nuestro problema es que el Estado nos roba muy poco. En este juego del gallina, en el que pierde aquél que se detiene más tarde en la carrera hacia el precipicio (véase el problema catalán, lúcidamente explicado también en este libro), la única esperanza de los productivos es que surja pronto una nueva burbuja que distraiga la atención del fisco de nuestras cada vez más magras haciendas. O eso o, como dice Sánchez de Castro, "que los candidatos entre los que el pueblo tenga que elegir se parezcan mucho a Batman o Mourinho".

Jorge Sánchez de Castro, El único paraíso es el fiscal, Isabor, Murcia, 2014.

El cuento de las sicav

"Taxing wealth generates a slower economy and higher government spend. It’s the basic recipe for stagflation". John Carney

Los políticos tienden a crearse sus propios infiernos. Al demonizar de manera demagógica a las sicav y los mal llamados paraísos fiscales se han disparado a sí mismos en el pie (lean Diez mitos sobre los paraísos fiscales). Todo por distraer la atención echando balones fuera ante el problema de impuestos excesivos y de despilfarro publico.

Empecemos por aclarar…

¿Qué es una sicav?

Una sociedad de inversión colectiva donde un grupo de inversores (100 o más) se reúnen para invertir en activos, tradicionalmente a muy largo plazo. Por ello se exige un capital mínimo.

La sicav es uno de los instrumentos de inversión más populares de Europa, y es igual que tantos fondos –mutual funds– similares. España no es el pais donde más hay ni más dinero gestionan. Los mayores centros de sicav de Europa continental son Luxemburgo, Francia e Italia.

¿Tributan al 1%?

Tienen el mismo régimen que cualquier fondo de inversión. Tributan al 1% y un 21-27% sobre beneficios y dividendos cuando el inversor retira su dinero. La ganancia de capital tributa igual que la de cualquier inversor.

¿Son solamente para ricos?

Cualquier persona puede invertir en una de las 3.400 sicav. Como en cualquier fondo del mundo, existen requisitos de capital mínimo. Para ahorradores con cantidades pequeñas, pueden suscribir cualquiera de los centenares de fondos específicos que invierten en sicav comercializados por bancos y casas de inversión.

¿Es fraude fiscal?

No. Es un instrumento legal y legitimo reconocido en todo el mundo.

No es una forma para que las "grandes fortunas eviten al fisco". En España existen unas 3.400 sicav, con unos activos bajo gestión de unos 27.000 millones de euros según la CNMV, y la mayoría de partícipes son profesionales de clase media, según el regulador.

Decir que las sicav esconden una familia o grupo familiar y 100 inversores "falsos" que no tienen oficio ni beneficio y que, por tanto, se usan "para defraudar’ es un error enorme. Es como decir que los inversores que ponen dinero en Berkshire, SAC, Soros, Paulson o Citadel son "falsos" inversores que esconden el fraude de Warren Buffett, Steve Cohen, George Soros, John Paulson o Ken Griffin, ya que una enorme parte de sus fondos de inversión proviene de la fortuna de estos gestores.

El inversor minoritario en una sicav participa de la filosofía y estrategia que propone el gestor, y toma riesgo con él y los partícipes. Llamarlos "mariachis" o "comparsas" que esconden a una familia millonaria es, cuando menos, ignorar los conceptos de inversor minoritario, gestor y estrategia. Mi amigo Francisco de la Torre dice que se usan para la gestión individual de carteras de grandes patrimonios. ¿Si yo invierto unos ahorros en el fondo de Buffett o Paulson soy un "mariachi" porque ellos tengan su patrimonio en el fondo y yo una fracción infinitesimal de esa cifra? No.

¿Los ricos las usan para evadir?

Esas sicav de familias de apellido ilustre a las que atacamos tan frivolamente tienen enormes inversiones fundamentalmente en empresas industriales, constructoras y energéticas españolas, además de bonos. Inversiones a muy largo plazo.

Esas familias y las empresas en las que invierten pagan centenares de millones de impuestos. El beneficio para el Estado de su capital es mucho mayor que rascar unos impuestos adicionales. Reino Unido lo sabe bien.

Que inviertan en España es importante, que además inviertan fuera, si lo desean, es esencial para seguir atrayendo capital y fortalecer lazos empresariales y financieros globales.

Esas inversiones, además, las llevarían a cabo, con la misma tributación, si en vez de sicav usasen fondos tradicionales o hedge funds.

¿Se recaudarían miles de millones si tributaran de otra manera?

El efecto recaudatorio sería imperceptible.

No existe un solo caso de aumento de ingresos fiscales relevante por cambio de tributación de un tipo de sociedades de inversión. Ninguno. Solo se provoca que ese capital, en vez de domiciliarse en sociedades españolas, se vaya a Luxemburgo, EEUU, Singapur, Reino Unido … O Francia, donde tiene usted sicav hasta de sindicatos de granjeros.

Cuando se ataca a las sicav, o a cualquier fondo de inversiones, sea hedge fund o institucional, se alude a una especie de "ejemplaridad" o "justicia" más que al cuestionable ingreso fiscal adicional. La ejemplaridad o justicia no están en penalizar el ahorro y la inversión para sostener estados hipertrofiados, sino en no atacar al resto de los ciudadanos. No es que las sicav sean malas, es que, como dice Juan Rallo, debemos tener una sicav todos.

Pues bien, como no podía ser de otra manera, ha saltado el innecesario y estéril "escándalo" en la sicav de los europarlamentarios en Luxemburgo. No me negarán que hay una cierta justicia poética en todo esto.

Mira que lo he advertido en todo tipo de debates. Ojo con la demagogia, que el mayor "paraíso fiscal" de la OCDE es Bruselas, donde los europarlamentarios y las agencias de la UE tributan entre el 8 y el 1%. Ni en Caimán se encuentran esos tipos.

En realidad el debate no es si los ricos o europarlamentarios -viene a ser lo mismo- tributan poco por sus rentas de capital mientras los demás pagamos mucho. Primero, porque como explicaba antes, es falso. Es que los ciudadanos no deberían tributar por el fruto de su ahorro y riesgo.

El impuesto sobre la riqueza es injusto y sobre todo, inútil, como decíamos en mi post Piketty se equivoca. La imposición sobre el ahorro es, por definición, una doble imposición al atacar el fruto de la inversión hecha tras pagar impuestos directos, indirectos, patrimonio, bienes inmuebles, regionales, verdes y de todo tipo.

Exigir, ademas, un pedazo de tu esfuerzo inversor, por supuesto asumiendo que siempre ganas, es otra transferencia de renta de los sectores productivos a los parasitarios.

Al transferir renta del ahorro hacia el gasto administrativo y clientelar se provoca estanflación -estancamiento económico con inflación-. Desincentiva la inversión, mientras el estado fagocita una mayor proporción de la economía y sube los precios artificialmente. Así, la velocidad de circulación del dinero, que mide la actividad económica, se desploma. En Japón acaban de conseguir el "exitazo" de subir la inflación gracias a la subida de impuestos y las tarifas eléctricas. El consumo ha caido un 8% y los salarios reales a nivel de 2001.

Y no, no se usa para pagar "sanidad y educación", la demagógica coletilla del momento. Se detrae capital que precisamente es lo que necesitamos para sostener esos servicios. No deberíamos tener 27.000 millones de nada en sicav, sino tener 10 o 20 veces más invirtiendo en empresas y bonos españoles.

El fraude fiscal hay que combatirlo, pero no ayuda al debate engañar a la población llamando "fraude" a lo que es totalmente legal. Ni tampoco ayudan los cuentos de la lechera de supuestos ingresos millonarios perdidos que nunca aparecen. Que nadie les diga que va a recaudar decenas de miles de millones atacando el "fraude" cuando jamás se han conseguido cifras remotamente similares. Ningún país ha aflorado jamás una cantidad siquiera cercana al 2% de su déficit anual (datos Banco Mundial). Decir que se va a recaudar el equivalente al 50% es ciencia ficción. Y no soluciona nada en cualquier caso.

La crisis y el déficit se atacan atrayendo capital, no detrayendo, y promoviendo el crecimiento económico. Lo demás son cuentos.

Tres pasos para saber cuánto ahorrará en el IRPF con la reforma fiscal

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Reforma Fiscal presentado por Cristóbal Montoro. Desde ese momento, las páginas de economía de los diarios y los informativos de radio y televisión son un hervidero de cifras: las nuevas ayudas de 1.200 euros para familias, el cambio en los tramos y en los tipos, los conceptos que dejan de estar bonificados (como el alquiler), etc…

Como hemos comentado en estos días, no es fácil saber cómo quedará cada uno. El IRPF es un impuesto muy complejo, con cientos de excepciones y particularidades en función de diversas circunstancias. De hecho, una de las recomendaciones del grupo de expertos era simplificar el sistema de tributos en general y el Impuesto sobre la Renta en particular. No se ha avanzado mucho en esta dirección.

En cualquier caso, la pregunta que se hace el español medio es: ¿cuánto me tocará pagar a Hacienda? ¿Veré un cambio sustancial en mi nómina a partir de 2015? ¿De verdad esta rebaja de impuestos llegará a mi bolsillo? Probablemente, hasta que no llegue enero no habrá una respuesta definitiva para cada uno. De hecho, en realidad la solución final se obtendrá en junio de 2016, cuando haya que hacer la declaración del impuesto, con la diferencia entre lo que se ha ido adelantando a Hacienda vía retenciones y lo que en realidad se debía. 

Pero al menos en lo que hace referencia a la tributación sobre el trabajo sí se puede hacer un pequeño ejercicio para aproximarse. Es lo que intentaremos plantear en los siguientes párrafos. Hay que tener en cuenta que es simplemente una simulación y que hemos tratado de simplificar lo más posible la situación del ejemplo, en aras de una mayor claridad (esperamos no haber incurrido en ninguna inexactitud). Quien más quien menos, casi todos los contribuyentes tienen rentas no salariales o están afectados por tal o cual circunstancia particular. Pero los siguientes pasos afectan a más del 90% de los declarantes, los que tienen nómina, y pueden servir para que nos hagamos una idea. Así, el susto (o la sorpresa) de enero, será menor.

Reducción, mínimos y tramos

Para nuestro ejemplo, tomaremos a un declarante soltero, que gana 22.500 euros brutos al año y no tendremos en cuenta si vive de alquiler o tiene una hipoteca. Nos centramos sólo en la parte general del impuesto (dejamos al margen la tarifa del ahorro) y asumimos que sólo tiene rentas salariales y no de ningún otro tipo.

** Paso 1: reducción del rendimiento neto del trabajo

Lo primero que todos debemos hacer es quitar los gastos deducibles para obtener nuestro rendimiento neto del trabajo. Para la mayoría, hablamos de las cotizaciones a la Seguridad Social, aunque también se incluyen aquí cuotas a sindicatos, cotizaciones a colegios de huérfanos, cuotas de algunos colegios profesionales o gastos de defensa jurídica entre otros. Vamos a suponer que entre todos estos conceptos, al trabajador de nuestro ejemplo le quedan 21.000 euros netos por rendimientos del trabajo.

Aquí es donde viene la primera novedad. El IRPF incluye una figura para reducir el rendimiento neto del trabajo. En estos momentos, va de 4.080 euros para los ingresos netos inferiores a los 9.180 euros a los 2.652 para los ingresos superiores a los 13.260 euros (la reducción se va ajustando para los que ganen entre 9.180 y 13.260 euros). Por lo tanto, el rendimiento neto reducido que quedaría en nuestro ejemplo sería de 18.348 euros (21.000 – 2.652).

Según lo previsto en el nuevo anteproyecto, todo este cambia. Para empezar, se introduce un nuevo gasto deducible de 2.000 euros con carácter general para las rentas del trabajo. Cualquiera, por el hecho de ser asalariado, se podrá quitar esta cifra para determinar el rendimiento neto. No es exactamente como la reducción vigente, pero los efectos prácticos son muy parecidos.

A cambio, se reduce la reducción propiamente dicha: para los ingresos netos inferiores a 11.250 euros será de 3.700 euros (más los 2.000 deducibles) y se irá reduciendo hasta que, al llegar a los 14.250 euros queda reducida a cero.

Texto reducción rendimientos netos del trabajo

Para los que ganen más de esos 14.250 euros, es como si cambiasen los 2.652 euros por los nuevos 2.000 deducibles. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, el rendimiento neto del trabajo que se incorpora a la base imponible general es de 19.000 euros, algo más que hasta este momento. El Gobierno asegura que nadie saldrá perdiendo, por la subida de los mínimos y los cambios en los tramos que veremos a continuación.

** Paso 2: mínimo personal y familiar

Hemos supuesto que nuestro contribuyente no tiene más reducciones que aplicar a la base imponible (podrían ser por aportaciones a planes de pensiones, pensiones alimenticias, aportaciones a mutualidades de previsión social y algunos casos más) y que no tiene otros rendimientos que los salariales. Por lo tanto, su base imponible general es de 19.000 euros.

Ahora hay que determinar el mínimo personal y familiar. En nuestro caso es sencillo, porque hablamos de un soltero sin hijos. Por lo tanto, tras la reforma, no tributará por los primeros 5.550 euros (hasta ahora, son 5.151 euros). En el siguiente cuadro, está el resumen de cómo cambia esta cifra para cada familia:

Mínimos familiares

** Paso 3: los nuevos tramos

Esta parte del impuesto la calculan los ordenadores, pero no está de más saber la lógica detrás de los datos. Los nuevos cinco tramos son los que aparecen en los siguientes cuadros, con los cambios para 2015 y para 2016.

Tramos IRPF 2011 – 2016

En el caso de nuestro ejemplo, haremos las cuentas para la situación que había en 2011, la que hay ahora, la que se encontrará el año que viene y la que tendrá en 2016, cuando se complete la reforma. En realidad, lo que hace el impuesto es calcular la tarifa por todos los ingresos y luego minorarle la parte correspondiente a los mínimos personal y familiar. En nuestro cálculo, simplificamos algo la operación restándole directamente este mínimo al primer tramo:

– SITUACIÓN 2011: Rendimiento neto reducido del trabajo de 18.352 euros.

5.151 euros al 0%

17.700 – 5.151 = 12.549 euros al 24% = 3.011,7

18.352 -17.700 = 652 euros al 28% = 182,5 euros

TOTAL = 3.194,2 euros

Tipo medio respecto al rendimiento neto de 21.000 euros = 15,2%

– SITUACIÓN ACTUAL: Rendimiento neto reducido del trabajo de 18.352 euros.

5.151 euros al 0%

17.700 – 5.151 = 12.549 euros al 24,75% = 3.105,8 euros

18.352 -17.700 = 652 euros al 30% = 195,6 euros

TOTAL = 3.301,4 euros

Tipo medio respecto al rendimiento neto de 21.000 euros = 15,7%

– SITUACIÓN 2015: Rendimiento neto reducido del trabajo de 19.000 euros

5.550 euros al 0%

12.450 – 5.550 = 6.900 euros al 20% = 1.380 euros

19.000 – 12.450 = 6.550 euros al 25% = 1.637 euros

TOTAL = 3.017 euros

Tipo medio respecto al rendimiento neto de 21.000 euros = 14,7%

– SITUACIÓN 2016Rendimiento neto reducido del trabajo de 19.000 euros

5.550 euros al 0%

12.450 – 5.550 = 6.900 euros al 19% = 1.311 euros

19.000 – 12.450 = 6.550 euros al 24% = 1.572 euros

TOTAL = 2.883 euros

Tipo medio respecto al rendimiento neto de 21.000 euros = 13,7%

En nuestro ejemplo, la factura tributaria por IRPF se reduce de 3.300 euros al año en la actualidad a unos 2.883 euros en 2016. Son algo más de 400 euros al año; por lo tanto, si las retenciones que se le practican están bien hechas, este trabajador verá un incremento de unos 35 euros al mes en su nómina. La mayor parte llegará el año que viene, cuando tendrá unos 26-27 euros al mes más a su disposición.

Esto es sólo un caso entre los millones que existen. Cada familia tendrá que aplicar sus propias cifras a los anteriores números. Y muchas tendrán que tener en cuenta las nuevas ayudas de 1.200 euros para situaciones especiales (familias numerosas, madres con hijos menores de tres años, etc…) aprobadas por el Gobierno. De hecho, a los más perjudicados por las subidas de Montoro, las rentas a partir de 30.000 euros, las cuentas no les salgan tan bien como al contribuyente de nuestro ejemplo.

Además, hay que tener en cuenta que también cambia la fiscalidad sobre el ahorro. Y se endurecen las condiciones en otros aspectos, como la tributación de la indemnización por despido o las ventajas de las que disfrutaban el arrendador y arrendatario de una vivienda. Especialmente esta última disposición hará que para algunos la rebaja del IRPF casi ni se note. Todo eso por no hablar de los numerosos impuestos que el actual Gobierno ha subido en estos tres años y que ahora no se tocan. En este ejercicio, sólo hablamos de IRPF y de los efectos en la parte general del impuesto.

En defensa de las sicav (para todos)

Al final, el populismo ha terminado devorando a algunos de sus hijos. Tras varios años cargando contra las sicav de la casta, resulta que Izquierda Unida despertó para descubrir que (parte de) la casta eran ellos mismos: nada menos que el eurodiputado que ha encabezado sus listas a las europeas durante la última década, Willy Meyer, se había lucrado —con o sin conocimiento de causa, tanto da— de esos instrumentos del demonio. Naturalmente, aunque sólo fuera por guardar las apariencias mientras conservan buen resguardo su cartera, Meyer ha tenido que dimitir de su puesto de eurócrata extractivo, lo que por desgracia no ha evitado que la artillería pesada de la demagogia fiscal haya vuelto a golpear con fuerza a las sicav.

No es de extrañar: en España, el Estado sólo puede seguir creciendo a costa de saquear, con mucha más saña, a todos los ciudadanos, incluyendo a las clases medias. La mayoría de españoles, empero, quieren más gasto público sin soportar una más pesada losa tributaria, de modo que se hace imprescindible buscar un chivo expiatorio tributario al que responsabilizar de todos los males hacendísticos de la patria. A veces ese chivo expiatorio es el fraude fiscal (fuente inagotable de recursos cual bolsa de oro de los Leprechaun); otras, el inexistente tipo efectivo del 3,5% en el Impuesto de Sociedades; y el resto, las sicav. Pero, ¿qué son las sicav y qué encaje tienen dentro de nuestro sistema tributario?

¿Qué son las sicav?

Las sicav son un tipo de institución de inversión colectiva: en concreto, Sociedades de Inversión de Capital Variable. Se trata, pues, de una sociedad anónima a través de la cual se gestiona un patrimonio financiero mínimo de 2,4 millones de euros proveniente de al menos 100 personas (si bien, sólo una de ellas suele poseer la porción relevante del patrimonio financiero gestionado, controlando así la sicav y relegando al resto de accionistas a la posición de meros ‘mariachis’ interpuestos por los requisitos regulatorios). Otros tipos de instituciones de inversión colectiva son los fondos de inversión (análogos a las sicav, pero sin personalidad jurídica propia), los fondos y sociedades de inversión inmobiliaria (a diferencia de las sicav no invierte en acciones, sino en inmubles) o los fondos indexados (ETFs).

¿Cuánto tributan las sicav?

Todas las instituciones de inversión colectiva —repito, todas: incluyendo los fondos de inversión tributan al 1% por Impuesto de Sociedades, según el artículo 28.5 del texto refundido de la ley que lo regula. Pero la historia, por desgracia, no termina aquí: si usted obtiene ganancias en su institución de inversión colectiva y posteriormente las distribuye en forma de dividendos, usted (y los ricos con sicav) pasará a tributar por ese importe al 21%, 23% o 27% según marca el IRPF: el 1% se paga únicamente sobre los beneficios de la institución de inversión colectiva (por Impuesto de Sociedades), no sobre la distribución de esos beneficios a sus accionistas (quienes abonan IRPF). Dicho de otra manera, usted puede acogerse exactamente al mismo régimen fiscal que la casta plutocrática que tiene una sicav simplemente contratando un fondo de inversión de esos cientos que los bancos le ruegan machaconamente que contrate. Si tan ventajoso lo reputa, sólo tiene que buscar su sucursal más cercana.

De hecho, hasta el año 2010, los accionistas de una sicav sí gozaban de un privilegio del que carecían los demás inversores en instituciones de inversión colectiva: sus dueños podían anotarse las distribuciones de capital como minoraciones del capital suscrito (hasta que éste cayera al mínimo regulatorio), ahorrándose pagar impuestos sobre tales reducciones (ya que no computaban como plusvalías). Pero desde 2010, ese régimen ventajoso fue suprimido por Elena Salgado (lo ideal habría sido ampliarlo a los fondos de inversión). Por tanto, ahora sí que no hay excusas: el régimen fiscal de la sicav es exactamente igual al de los fondos.

Acaso, empero, considere que ese régimen fiscal resulta escandalosamente privilegiado por mucho que todos podamos acogernos a él. ¿Qué sentido tiene que la mayoría de empresas estén pagando por Sociedades unos tipos nominales entre el 25% y el 30% mientras que, en cambio, las instituciones de inversión colectiva —entre ellas las sicav— tributan al 1%? Pues tiene todo el sentido del mundo y, de hecho, no deberían tributar al 1%, sino al 0%.

La razón es sencilla. Un fondo de inversión y una sicav son vehículos que compran acciones de empresas. Las acciones son títulos de copropiedad sobre una compañía y su rentabilidad procede de los beneficios que obtiene esa compañía. Por consiguiente, en primer lugar, los fondos de inversión y las sicav ya están soportando indirectamente el Impuesto de Sociedades del 25%-30% que abonan las compañías cuyas acciones tienen en cartera. En segundo lugar, los beneficios que propiamente obtenga el fondo de inversión o la sicav a cuenta de las revalorizaciones o de los dividendos abonados por su cartera, pagan el Impuesto de Sociedades de las instituciones de inversión colectiva (el 1%).

Y, finalmente, cuando esos beneficios retenidos en el fondo de inversión o la sicav (y procedentes, en última instancia, de los beneficios de las empresas cuyas acciones ha adquirido la institución de inversión colectiva) son repartidos entre los accionistas del fondo o de la sicav, pasan a tributar por rentas del ahorro dentro del IRPF (al 21%, 23% y 27%). Sería absurdo que por el hecho de que Inditex le pague un dividendo a un intermediario (la sicav), éste volviera a pagar el 30% de Sociedades y que cuando ese intermediario distribuyera de nuevo el dividendo al inversor final tuviera que volver a abonar un 21%-23%-27% por rentas del ahorro en el IRPF.

Pongamos un ejemplo numérico. Imaginemos que una sicav adquiere el 100% de las acciones de una empresa de distribución textil. Esa empresa obtiene unos beneficios de un millón de euros, por los cuales paga un Impuesto de Sociedades del 20% (un tipo cercano al efectivo). Del millón de euros de beneficios pasa a 800.000 euros. Posteriormente, esos 800.000 euros los distribuye en forma de dividendos a sicav, por los cuales pagará un Impuesto de Sociedades del 1%, quedándose en 792.000 euros. Y, finalmente, si esos 792.000 euros se distribuyen en forma de dividendos al propietario de la sicav, pagaría actualmente alrededor de 212.000 euros por IRPF. En total, pues, los beneficios de un millón de euros quedarían actualmente reducidos a 580.000 euros: un tipo efectivo del 42%.

Pero a los críticos de la sicav un tipo efectivo del 42% les parece demasiado poco. ¿Qué sucedería si las sicav (o los fondos de inversión) pagaran un tipo efectivo por Sociedades del 20% en lugar del 1%? Pues que los beneficios finalmente distribuibles caerían a 468.000 euros, esto es, un tipo efectivo medio sobre el ahorro de más del 53%. Un auténtico despropósito confiscatorio que, para más inri, no podría limitarse a las sicav, sino que tendría que extenderse también a los fondos de inversión. A la postre, si se mantuviera la baja tributación de los fondos de inversión al tiempo que se eliminan la de las sicav, ¿qué harían los ricos? Pues comprar fondos de inversión e invertir su patrimonio a través de ellos. ¿De verdad vamos a machacar tributariamente a las clases medias ahorradoras para emprender una santa cruzada contra los ricos?

¿Y cuánto recaudaríamos?

Claro que, tal vez, usted piense que esa confiscatoria recaudación sobre ricos y pobres quedaría justificada si con ella cubriéramos nuestro gigantesco déficit público (unos 70.000 millones de euros) y así evitáramos los recortes del gasto. Bien, pues ni siquiera. A cierre de 2013, el capital invertido en sicav en España era de 27.600 millones de euros. Asumamos, de manera extraordinariamente generosa, que la rentabilidad media que obtienen todas estas sicav es del 10%, esto es, que logran unos beneficios de 2.760 millones de euros. ¿Cuánto recaudaríamos si hiciéramos tributar esos beneficios al 30% en lugar de al 1%? 830 millones de euros: apenas el 1% del déficit total.

En realidad, sin embargo, las cifras serían menores: la rentabilidad histórica media de la renta variable es del 5,5% (de modo que la recaudación caería a 450 millones) y, sobre todo, buena parte de las sicav se deslocalizarían. Por tanto, sangraríamos el ahorro para absolutamente nada. Olvídese de las sicav: el problema de nuestro déficit está en el exceso de gasto.

¿Son las sicav un privilegio? Sí

A la luz de todo lo anterior, parecería que soy un firme defensor del actual régimen de las sicav. Pero no: las sicav son un privilegio y deberían dejar de serlo. Mas la manera de que dejen de serlo no es eliminarlas, sino generalizarlas a todos los inversores, con independencia de la inversión mínima necesaria. Al cabo, la gran ventaja de una sicav frente a un fondo de inversión no es fiscal, sino operativa: la sicav puede ser gestionada directamente por el accionista mayoritario, mientras que el fondo de inversión no (salvo que tengas capacidad para nombrar al equipo gestor). No hay ninguna razón para excluir del régimen fiscal de las instituciones de inversión colectiva a aquel inversor minoritario que quiera autogestionar su cartera: ninguna. Y, por eso, el razonable régimen tributario de las primeras debería acoger también a los segundos.

Por desgracia, ningún político (salvo acaso esa irreducible y honrosa aldea tirolesa que son el Partido de la Libertad Individual) pretende hacerlo. Tanto la casta como la anticasta están a favor de rapiñar con mayor saña al contribuyente. Necesitábamos sicav para todos y Montoro sólo nos ha ofrecido ese penúltimo timo de la estampita que son los Planes Ahorro 5. Y el otro lado de la bancada, todavía se atreve a decir que ha sido demasiado generoso bajando la tributación. País.

La reforma fiscal que España necesita

"For a nation to try to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle". (Winston Churchill)

Una reforma fiscal debe estar orientada a conseguir los siguientes objetivos:

– Mejorar la renta disponible de las personas, para apoyar el consumo.

– Apoyar el crecimiento económico, para generar mejores ingresos fiscales futuros.

Es decir, olvidar el objetivo recaudatorio cortoplacista del Sheriff de Nottingham arrancando monedas al que sobrevive y apostar por el crecimiento y una mayor calidad y sostenibilidad de ingresos fiscales.

Todas las reformas fiscales que olvidan esos objetivos fracasan.

Las líneas generales de la reforma planteada por el Gobierno el viernes recuperan esos objetivos tras el fallido intento de subir impuestos que exigía el aparato, la izquierda, Bruselas y los aristócratas del gasto público. Tras subirlos todos, los ingresos solo mejoraron en 3.664 millones de euros.

Aprender de los errores y recuperar los principios tradicionales de bajos impuestos y crecimiento es un paso adelante, y no puede más que valorarse positivamente. Pero hace falta más.

La reforma fiscal debe plantearse también como una mejora de renta disponible y lanzadera de crecimiento desde el recorte del gasto. La sociedad española no saldrá de la resaca del exceso de obra civil e inmobiliaria hasta que no pinche las superestructura de gasto que se creó al calor de dicho exceso, un aumento del gasto público de casi el 50% en cuatro años. Seguimos siendo uno de los países con mayor gasto político innecesario, entre subvenciones (10.000 millones anuales), administraciones duplicadas (22.000 millones anuales) e ineficiencias (miles de empresas y observatorios públicos con más de 40.000 millones de euros de deuda) y todo ese gasto político que comentábamos aquí (http://www.dlacalle.com/extractos-de-viaje-a-la-libertad-economica/ ).

Plantear que la reducción de impuestos es imposible y no atacar ese enorme despilfarro o, lo que es peor, justificarlo, es un insulto a las familias y empresas que trabajan duramente para llegar a fin de mes. Porque es el dinero de todos lo que estamos tirando.

Los recortes fiscales expansivos son importantes, y los que dicen que nunca se ha aumentado ingresos bajando impuestos, además de despreciar el esfuerzo de los trabajadores y analizar desde una perspectiva recaudatoria cortoplacista, mienten (lean http://www.forbes.com/sites/mikepatton/2012/10/15/do-tax-cuts-increase-government-revenue/). Rusia, EEUU, Singapur, Reino Unido, Suecia, Chile o Uruguay vieron aumentos de ingresos con bajadas de impuestos. En Reino Unido, 24.000 millones de libras de aumento con la bajada del tipo marginal.

Es curioso que los que se pasan el día diciendo que hay que imitar a Obama rechacen de plano una reforma que va en un sentido similar a la estructura de EEUU. Ojala les leyera pedir la fiscalidad de EEUU. Vean el grafico.

Es por ello que la medida anunciada el viernes debe valorarse de manera positiva, ya que revierte la subida del IRPF de 2011, apoya a las familias numerosas, las más castigadas en casi todas las reformas desde 1979, y mejora la fiscalidad de empresas para facilitar la contratación.

Una reforma fiscal confiscatoria, como la que plantean algunos, que buscase recuperar ingresos extraordinarios creados por la burbuja inmobiliaria, es suicida. Recordemos que suponía casi 50.000 millones de euros anuales excepcionales para las arcas del estado. Intentar recuperar esos ingresos con lo que ha sobrevivido del colapso burbujero es imprudente.

Intentar apostarlo todo a la lucha contra el fraude, que es necesaria, parte de las estimaciones optimistas de cuento de la lechera que comentábamos en mi artículo "PIB, fraude y las estimaciones peligrosas" (http://www.dlacalle.com/pib-fraude-fiscal-y-las-estimaciones-peligrosas/ ). Estimaciones optimistas de ingresos futuros para justificar gastos muy reales y concretos hoy. Suicida.

Mejorar renta disponible y facilitar la contratación. No excepcional, ni ideal, pero merece valorarse. La reforma fiscal planteada por el Gobierno el pasado viernes tiene varios puntos positivos, como hemos comentado, y varios interrogantes.

– Es tímida, al plantearse en dos años. Algunos atribuyen objetivos electoralistas. No lo sé, pero no está mal que alguien haga electoralismo bajando impuestos y no tirando de la chequera para hacer otra ciudad del circo.

– El impacto negativo de la eliminación de deducciones en la inversión de las empresas debe analizarse en detalle.

– Supone, según primeras estimaciones, una subida a algunos ciudadanos en algunos tramos. Aunque en media se percibe un impacto positivo en general, se debe aclarar este punto. Lean el excelente análisis de Eduardo Segovia (http://www.elconfidencial.com/economia/2014-06-21/los-que-ganan-entre-33-000-y-35-000-euros-veran-como-su-tipo-marginal-baja-10-puntos_150187/ ).

Sin embargo, y con todo, tras estas medidas España seguirá siendo uno de los países con mayor esfuerzo fiscal de la OCDE, casi el 40%.

Lo llevamos comentando desde hace años, la reforma fiscal que España necesita debe ser ambiciosa y valiente, empezando por:

– Bajar más los impuestos a empresas y familias. Rebajar cuotas a autónomos, de una manera clara y que haga a estas personas valorar positivamente la decisión de montar su negocio independiente. Algo se comenta en esta noticia de El Confidencial http://www.elconfidencial.com/espana/2014-06-21/rajoy-pide-colaboracion-para-incorporar-a-la-reforma-fiscal-cosas-que-sean-razonables_150320/), veremos si es correcto. Un régimen de autónomos donde se pague una cuota mucho menor, en línea con los países de nuestro entorno  -a todos, no solamente los jóvenes- y se deduzcan impuestos si se crea empleo estable. Un entorno impositivo atractivo y bajo, tanto a nivel corporativo como personal, predecible a largo plazo, es esencial para ayudar al país a recuperarse.

– Apoyo fiscal a PyMes. La tarifa plana es una buena medida para mejorar la transición a gran empresa. En España, el 70% del valor añadido y el empleo lo crean las pequeñas y medianas empresas, pero la transición a gran empresa es una de las más bajas de Europa. España es el país de la UE donde es más caro establecerse después de Francia y esto, añadido a la burocracia, hace que sea aún muy laborioso crear puestos de trabajo (en Reino Unido se tarda un día en crear una empresa). En vez de penalizar con más regulación y coste, facilitar la transición eliminando trabas, no “suavizándolas”.

El informe “Doing Business” del Banco Mundial sitúa a España en puestos muy inferiores a países de su entorno en cuanto a facilidad para crear una empresa. Según Morgan Stanley (“adopting Anglosaxon flexibility could boost GDP by 15% in the long run”), España se beneficiaria de un entorno menos asfixiante y restrictivo, con una regulación eficaz, no confiscatoria. Utilizar nuestro capital humano, que hoy está desaprovechado en funciones burocráticas, para facilitar y asesorar a las empresas a crear valor, con un sistema de remuneración basado en beneficios generados, no en papeles acumulados.

Invertir en España se percibe como un ejercicio tedioso y complejo que necesita de favores de los políticos locales. Debemos convertir estas estructuras en “facilitadoras” en vez de “obstructoras”. Disminuir drásticamente las barreras de entrada eliminando limitaciones proteccionistas.

Lo comentaba el viernes con mis seguidores en Twitter, la reforma fiscal ideal es reducir el esfuerzo fiscal a niveles pre-2004. Leo a demasiados “expertos” que quieren un esfuerzo fiscal aún mayor al actual, a pesar de que jamás ha funcionado para relanzar la economía.

El déficit no se reduce confiscando, se reduce con crecimiento económico, prosperidad y prudencia presupuestaria.

Los ingresos fiscales mejorarían aumentando el porcentaje de rentas altas. Igualando a la baja no se recauda. Ninguna sociedad ha mejorado ingresos fiscales redistribuyendo la miseria, sino aumentando las oportunidades para prosperar y enriquecerse

En definitiva, tenemos que crear un país “España 2.0” donde se maximicen las posibilidades de que las familias y empresas prosperen. No repartir la miseria. La solución no es ir bajando la definición de rico hasta que no quede ninguno, sino permitir que se enriquezca el mayor porcentaje posible de la población. Tenemos que crear cultura emprendedora, aprender y no demonizar el fracaso, olvidar la envidia, premiar el esfuerzo y el éxito.

La reforma fiscal no es la panacea, es un mero instrumento. Necesitamos la reforma integral de la economía nacional. El crecimiento y la riqueza son los objetivos a perseguir. Hace falta mucho más… Y España puede conseguirlo.

Hacienda son ellos

Ante el derrumbamiento del régimen político que, con algunos claros y demasiados oscuros, ha dirigido el destino de los españoles durante casi cuarenta años, son numerosos los sectores y grupos que muestran sus cartas con vistas a influir en la configuración de lo que pueda venir. La semana pasada le tocó el turno al sindicato de inspectores de Hacienda del Estado (IHE), el cual acaparó titulares  al referirse con un circunloquio a la legalización de la prostitución y el comercio de drogas blandas para recaudar en su informe "Reforma Fiscal Española y ‘Agujeros Negros’ del Fraude".

En una sociedad compleja y plural, tampoco debería extrañar que individuos y grupos diversos se pronuncien sobre las cuestiones públicas; incluida la política fiscal del Estado en su doble vertiente tributaria y presupuestaria. No obstante, si ya resulta aconsejable a priori analizar con mucha precaución las opiniones de quienes se dedican a investigar a los contribuyentes e imponer sanciones, por su condición de juez y parte, tras la lectura de esta extensa (305 folios) amalgama de reflexiones, admoniciones y propuestas, se constata de forma cruda y brutal hasta qué extremos totalitarios han llegado estos aprendices de brujo.

Animo a otros investigadores liberales a calibrar el alcance de cada una de las 238 propuestas de este sindicato de intocables (no todas desechables) pero en este comentario de urgencia me centraré en los presupuestos ideológicos que las producen. Así, aunque los autores esgrimen su carácter "técnico" y dicen que en su organización se dan cita personas de distinta ideología (página 20) no tienen empacho en señalar que: "La salida de España de esta situación crítica requiere, lógicamente, de variadas reformas estructurales y, además, no será posible sin relevantes alteraciones en la Políticas dominantes en la UE, pues creemos firmemente que las llamadas ‘Políticas de austeridad’ a ultranza ponen en peligro la propia viabilidad del modelo social y económico europeo y ralentizan la recuperación del crecimiento económico respecto de las denostadas ‘Política de gasto’" (página 15).

El anterior aserto no les parece contradictorio con otra perla que encontramos en la página 45: "(…) nadie puede negar que, en el marco de las sociedades europeas en las cuales se integra España, dentro del "modelo social de mercado" que caracteriza la UE, una provisión adecuada y suficiente de bienes y servicios públicos en áreas como la educación, la sanidad y los diversos servicios sociales resulta imprescindible, pudiendo discutirse el grado de intervención del sector privado en su gestión y en la provisión, pero no en el diseño y caracterización mínima de tales servicios públicos.

Ello conlleva, inexorablemente, un peso de la actividad pública en el PIB que, con márgenes debatibles, puede situarse en el entorno del 40% y, automáticamente, supone obtener recursos públicos que cubran tal volumen de actividad económica, fundamentalmente, por medio de tributos".

Asumiendo de forma paranoica que el fraude fiscal constituye el origen de todos los males de la sociedad española, hasta en dos ocasiones (páginas 12 y 19) se burlan del contenido de la Constitución (Art. 2), de la cual, por otra parte, se proclaman adalides: "(..) por razones de profesionalidad, de oportunidad y hasta de carácter cívico, contribuimos con ésta, nuestra Propuesta de medidas de Lucha contra el fraude fiscal, a este debate relativo al modelo de sistema tributario español que necesitamos para salir de la crisis y construir de verdad un Estado Social, Democrático y de Derecho, patria común e indivisible de todos los españoles (¡sic!)".

Su culto al Estado ofrece reminiscencias de la "culminación del espiritu objetivo" hegeliano, cuando, al borde del éxtasis, nuestros conspicuos publicanos claman (página 36): "Como punto de partida, es una obligación más exigible que nunca que los poderes públicos actúen sobre el fraude al Estado protector (¡!), social y democrático de Derecho". Asimismo, aunque identifican correctamente la distribución de competencias tributarias en la constitución entre gobierno y legislativo, confunden (página 21) a la AEAT con una institución representativa de la sociedad. Además, no dejan de recordar su carácter de corporación privilegiada que debe ser especialmente escuchada para la reforma fiscal anunciada por el gobierno. Del propio documento se atisba como costumbre del Ministerio de Hacienda la intervención del cuerpo de inspección en la preparación de la legislación que le afecta.

Olvídense de encontrar reflexiones críticas acerca de las imperfecciones y limitaciones del mal llamado "Estado del bienestar", agravadas en España por las burbujas financiera, productiva y estatal. ¿No existe una relación de causalidad entre presión impositiva y fraude fiscal? ¿No resulta perfectamente previsible que los individuos muestren cierta resistencia a que les quiten lo suyo? ¿Cuando se habla de garantizar la suficiencia de ingresos para el estado, cabe desconocer el crecimiento exponencial del gasto de las administraciones públicas ("burbuja estatal") durante los años anteriores al estallido de la crisis y aun después? Los autores ni siquiera se plantean estas preguntas a efectos dialécticos, para después descartarlas.

Antes al contrario, "el objetivo fundamental de las Políticas de austeridad (la reducción del déficit público sobre el Producto Interior Bruto) pasa inexorablemente por una mejora en la recaudación y en un sistema tributario sostenido por todos y sin ‘agujeros’, ‘loopholes’, que drenen recaudación y generan todo tipo de ineficiencias" (página 16).

Solo cabe agradecer a los autores un detalle. Transcurridos algunos años del lanzamiento por parte de la propaganda gubernamental de aquella frase falaz, encontramos una clave para comprender la auténtica realidad: Están acompañados por otros, pero Hacienda son ellos.

¿Por qué Montoro va a por su vivienda?: la recaudación del IBI sube un 60%

"Las casas se han convertido en un punto de recaudación de impuestos". Así de claro se muestra un inspector de Hacienda cuando se le pregunta por la evolución de la fiscalidad municipal aplicada a los activos inmobiliarios. Su respuesta la corroboran los datos. A lo largo del último lustro, pocos gravámenes han experimentado un aumento recaudatorio como el vivido por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Concretamente, los ingresos tributarios derivados del cobro del IBI se acercan ya a los 12.000 millones de euros anuales, lo que significa un aumento de unos 5.000 millones de euros frente a las cifras alcanzadas en el año 2007, antes de la crisis y en plena "burbuja inmobiliaria". Comparando los datos de 2007 con los de 2012, vemos que el crecimiento de la recaudación por IBI supera el 50%. Si a esto le unimos los niveles de ingresos esperados para el ejercicio 2013, vemos que el diferencial frente al periodo precrisis asciende ya al 60%.

El ‘catastrazo’

Desde 2007, el número de inmuebles censados en España ha crecido de 32,6 a 37,6 millones. Este aumento de la oferta, cercano al 15%, ha convivido con una caída generalizada de los precios. Sin embargo, los valores catastrales sobre los que se calcula el IBI han sido revisados al alza de forma continua y sistemática. 

Así, mientras que el valor catastral medio en 2007 llegaba a los 44.000 euros, los últimos datos disponibles lo elevan ya por encima de los 61.000 euros. En suma, hablamos de un aumento cercano al 40%. Si a esto le sumamos el aumento de los tipos aplicados a este gravamen, el panorama para el contribuyente resulta aún más desolador.

Quienes defienden esta vía de ingresos fiscales como solución a los males presupuestarios de las Administraciones Públicas españolas destacan que estas medidas han permitido que los Ayuntamientos cierren el ejercicio 2013 con sus cuentas en positivo. Sin embargo, el aumento de la plantilla de empleados de los consistorios choca con este discurso, ya que la "austeridad privada" que supone el aumento continuado del IBI choca con el aumento del gasto público derivado de las contrataciones de personal. Concretamente, los Ayuntamientos cerraron 2013 con 608.000 empleados, un aumento interanual de casi 30.000 personas.

Si nos fijamos en los ingresos de los consistorios españoles, vemos que las cifras de 2013 son casi idénticas a las de 2007. Si antes de la crisis recaudaban 66.231 millones de euros, el pasado año se cerró en 65.059 millones.

Toledo duplica su recaudación por IBI

Para el periodo comprendido entre 2007 y 2012, el aumento de la recaudación por IBI ha alcanzado niveles escandalosos en algunas capitales de provincia. Es el caso de Madrid, donde los ingresos derivados de este gravamen han aumentado un 79,4%. Algo parecido ocurre en Almería, donde el crecimiento ha sido del 82,1%.

Aún peor lo tienen los contribuyentes de Murcia, Ávila y Cuenca. En estos tres municipios, la recaudación por IBI se ha disparado un 86,2%, un 86,6% y un 89,1%, respectivamente. Sin embargo, el caso más llamativo es el de Toledo, donde las revisiones al alza del IBI han disparado los ingresos del consistorio en un 98,5%.

Incluso en las capitales de provincia en las que el aumento es menor, las cifras son preocupantes. Tenerife y Valencia son las dos urbes que experimentan un auge más limitado, pero igualmente hablamos de una subida acumulada del 17,9% y el 20,5%, respectivamente. A continuación encontramos a Alicante y Cádiz, donde el aumento llega al 23,3% y al 24,2%.

Más fiscalidad inmobiliaria

Las continuas revisiones de la fiscalidad municipal han disparado notablemente el esfuerzo tributario de los contribuyentes españoles. No obstante, las vías de ingresos han cambiado notablemente: caen los ingresos derivados de la edificación y la compraventa, pero suben los retornos fiscales imputados a los propietarios de activos inmobiliarios.

Para Hacienda, descargar un mayor castigo fiscal sobre la tenencia de viviendas, locales o terrenos permite desarrollar una vía de ingresos en la que el margen de elusión o evasión es mucho más limitado. Es por eso que la propuesta de "reforma tributaria" que elaboró la Comisión Lagares invitó al Fisco español a aumentar más aún la carga impositivaque se aplica en este ámbito. Y esta idea es, precisamente, una de las medidas que el Gobierno baraja incluir en su reforma fiscal.

Asimismo, el FMI y la OCDE también han pedido a España que explore este camino, por lo que los propietarios de inmuebles pueden convertirse, tras la próxima "reforma tributaria", en uno de los colectivos peor tratado por la fiscalidad española.

Líder mundial en impuesto de transmisiones

Igualmente, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales vemos que el marco fiscal español está muy lejos de ser moderado. De hecho, España es el país que más impuestos aplica por este concepto, tanto si hablamos de inmuebles de lujo como de propiedades más modestas.

Así, adquirir en España un activo inmobiliario de 2,7 millones de euros acarrea un gravamen medio del 10%, lo que equivale a 270.000 euros. India y Reino Unido aparecen en segundo y tercer lugar del ranking mundial elaborado por UHY, aunque en este caso el gravamen sería del 8% y del 7%, respectivamente. En Francia o Alemania, el Fisco se llevaría la mitad: un 5%. Más atractiva aún es la situación vigente en Japón e Italia (3%), Países Bajos y Canadá (2%), EEUU y Estonia (1%) o Rusia y Eslovaquia (no aplican este tributo).

Planteando la compra de un inmueble más modesto, valorado en 115.000 euros, vemos una vez más que España está a la cabeza en cuanto a impuestos cobrados. En el caso descrito, Hacienda se volvería a llevar otro 10%, esta vez equivalente a 11.500 euros. A continuación, encontramos a India, donde el castigo fiscal sería del 8,5%. Mucho más amable es el marco aplicado en Argentina, Francia o Alemania (5%), si bien el 3% de Italia, el 1% de Japón o el 0,5% de EEUU resultan aún más atractivos. En Reino Unido o Israel, por el contrario, esta transacción no implicaría ningún pago a Hacienda.

Todos estos costes tributarios complican la reactivación del sector inmobiliario. Como ha explicado Elena Sanz, la caída del precio de la vivienda no se ve reflejada en muchos casos debido al aumento de los impuestos aplicados al ámbito inmobiliario. Lo vemos en el caso del IBI y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, pero también en el fin de las desgravaciones fiscales por compra de vivienda o en la subida del IVA.

PIB, fraude y las estimaciones peligrosas

"Consistency is the last refuge of the unimaginative" Oscar Wilde.

Siempre comento que la labor de los políticos no es reducir el gasto, sino buscar formulas originales y divertidas de esconderlo.

Una de las más entretenidas es la famosa "sacar las partidas para que no cuenten como déficit". Como si no se pagasen.

Otra es referir los gastos y deuda "sobre PIB" (producto interior bruto), en vez de compararlo con ingresos y costes financieros. Se supone que al referirlo al PIB se hace homogéneo con respecto a nuestros países comparables, pero dentro de esa cifra se incluyen muchos elementos diferenciadores.

El primero es que una economía cíclica y orientada a servicios y exportadora como es la española no se puede permitir unos gastos fijos de administración que superen el 45% de la economía. Además, importa la distribución de dicho PIB. Cuando el Estado consume hasta el 50% del mismo se está contabilizando su capacidad de absorber recursos del resto de la economía de manera extremadamente generosa.

Otro muy relevante es el peso de los elementos estimados. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el aporte de la revisión de inventarios explica más del 20% del crecimiento. A medida que se ha ido expandiendo el cálculo del PIB se incrementa el porcentaje de actividades que se estiman, comparado con aquellas que están contabilizadas adecuadamente. En el caso de Estados Unidos, la parte estimada del PIB es casi un 15%. En España, cercana al 20%. Es aquella parte de la economía no registrada, no sólo la sumergida, sino la riqueza de pequeñas cantidades.

Muchos dudan de la veracidad del calculo de la riqueza nacional. Yo, por ejemplo, siempre lo comparo con la evolución de la riqueza financiera neta, que es un indicador de seguridad sobre la fiabilidad del PIB. Si, como se refleja en algunos análisis, el PIB de España fuera falso, se percibiría esa enorme diferencia en los activos financieros netos, cuya correlación es casi del 97% con el PIB. Por lo tanto, no es lógico asumir enormes discrepancias, aunque la falta de correlación con los indicadores industriales sea real y evidente.

En ese análisis se muestra algo muy importante. Esa discrepancia entre la riqueza industrial y la total actual es precisamente la que nos debería llevar a alertar sobre los cálculos de gasto, déficit y deuda "sobre PIB". Porque el cambio de modelo económico y pérdida de una burbuja inmobiliaria que generaba 50.000 millones de euros de ingresos extraordinarios no nos puede llevar a asumir la misma capacidad de gasto y endeudamiento por la menor capacidad recaudatoria de los otros sectores.

Imaginen que tienen ustedes una empresa de construcción y una de hosteleria-exportación-financiera y la primera quiebra mientras las otras florecen. Traspasar todos sus gastos de administración y personal a la segunda empresa y mantener los costes fijos inamovibles les lleva a quebrar la segunda también.

La actividad económica, al perder un efecto tan brutal como la construcción y la obra civil, que llegaron a suponer el 22% de la economía del país, distorsiona…al alza y a la baja. Es decir, cuando crecíamos más que nadie el PIB no reflejaba esas enormes distorsiones alcistas -aumentaba menos- y lo mismo ocurre, en sentido contrario, al pincharse una burbuja, sobre todo cuando ésta era de enormes proporciones. Decrece menos.

Una de las grandes diferencias es la falta de correlación que hemos visto a nivel global entre demanda energética y PIB. Países como Alemania, Estados Unidos o Reino Unido han visto su demanda caer o permanecer inalterada mientras su PIB crecía, porque se ha pasado de un PIB industrial a uno mas orientado al consumo, y porque la eficiencia y sobrecapacidad de la década de exceso también afectan.

Ahora bien, nadie puede dudar de la originalidad de nuestros lideres internacionales cuando deciden añadir "prostitución y drogas" al producto interior bruto.

Incluir esas partidas genera un PIB aun más estimado. En Reino Unido se "calcula" la riqueza generada por la prostitución, de unos 9.000 millones de dolares, asumiendo el numero de prostitutas dado por la policía, y trasladando una correlación entre los gastos de "entretenimiento sexual" legal, las salas de strippers y los servicios de acompañantes junto al crecimiento de la población masculina, al resto de esa "estimada" prostitución. Simple, ¿verdad?. En el caso de las drogas, es aún más complicado, pues se hace -se lo juro- calculando el supuesto ahorro y renta disponible de los drogadictos y usuarios estimados. Se estima que el PIB de Reino Unido va a aumentar en 7.400 millones de dolares por este concepto.

En el caso de España, el incremento del PIB de 47.000 millones de euros no es todo actividades ilegales, gran parte viene de la revisión del censo y unos 15.000 millones vendrán de gasto en I+D, armamento y otros conceptos tecnológicos.

Lo que no puede permitirse es que la inclusión de hasta 32.000 millones de actividades ilegales y no registradas sean una excusa para decir que baja la presión fiscal, un ratio recaudatorio, porque el esfuerzo fiscal -lo que paga cada ciudadano- es el mismo. Casi el 40%, uno de los mayores de la OCDE. No puede ser una excusa para subir los impuestos añadiendo al producto interior bruto unas actividades que ni tributan ni sabemos si están correctamente estimadas.

Este nuevo PIB tampoco puede ser excusa para decir que baja la deuda o el déficit ni mucho menos que se puede aumentar.

Aumentar el déficit por este cambio incluyendo actividades ilegales es peligroso… Porque los que lo pagan son los mismos, ya que no seafloran ingresos ni riqueza que no estuviera ya aquí, ni va a tributar.

Que nadie le eche la culpa al INE. Los datos son los que son.

España en 2013 gastó 67.755 millones de euros más de los que ingresó, a pesar de subir todos los impuestos, y en 2014 aún será más de 45.000 millones por encima de los ingresos fiscales de burbuja.

Los intereses de la deuda, a pesar de la caída de la prima de riesgo, suponen casi un 10% de los ingresos totales. La deuda barata no soluciona nada.

Para ajustar “por los ingresos”y llegar al 3% de déficit sin cortar el gasto, se tendrían que aumentar los impuestos mucho más, hasta recaudar 32.700 millones.

Intentar recuperar ingresos solo vía “la lucha contra el fraude” sin atacar el gasto es peligroso, al confiar en unas estimaciones tan cuestionables como las citadas de prostitución y drogas, mientras se mantienen unos gastos ciertos y reales. Además es un engaño, ya que no se recaudaría ni de lejos la cifra necesaria para atajar el desequilibrio de las cuentas, sólo se conseguiría un efecto mínimo de una sola vez, y no soluciona el déficit estructural, de unos 40.000 millones anuales.

Según las estimaciones del sindicato de inspectores Gestha, no ha habido crisis, sólo se han sumergido beneficios. Un aumento de 60.000 millones de euros entre 2008 y 2012, nada menos.

Para que se hagan una idea, en 2007 los beneficios del Ibex 35 eran de unos 50.000 millones de euros y han caído hasta 20.000 millones en 2013, pasando por unas perdidas netas de 8.500 millones en 2012. Si aceptamos las cifras de Gestha, la economía sumergida no sólo genera mayores beneficios que el Ibex entero sino que, mientras las grandes empresas veían como sus beneficios caían un 60%, la economía supuestamentesumergida crecía más que los beneficios de cualquier multinacional y duplicaba la evolución del Ibex. Sorprendente.

El problema de estas "estimaciones de cuento de la lechera" es que, igual que referenciar los gastos, déficit y presión fiscal a este nuevo PIB, no cambia nada. El agujero aumenta mientras le dicen que van a recaudar miles de millones más algún día.

Lo que se paga, lo que se gasta, y lo que le cuesta a usted es lo mismo.

Cambiar el PIB para incluir estimaciones de economía ilegal no me parece mal como ejercicio de análisis. Como excusa de una Europa de estados hipertrofiados para gastar más y hacernos trampas al solitario es un error. Porque no cambia nada. El sistema es igual de insostenible.