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Durante toda la crisis hemos venido escuchando un mantra que no por falaz resultaba menos convincente para muchos: el problema de España no es la deuda pública, sino su gigantesca deuda privada. En realidad, el problema de España siempre fue su deuda total, y el hiperendeudamiento público promovido primero por Zapatero y después por Rajoy no ayudaba en absoluto a reducir esa deuda total.

Pero, ciertamente, a finales de 2008 la mayor parte de la deuda española se concentraba en el sector privado: en concreto, la deuda empresarial representaba el 48% de la deuda total, los pasivos familiares el 34%, y la deuda pública apenas el 18%. No era casualidad: desde 2002, el Banco Central Europeo había mantenido los tipos de interés artificialmente bajos para así incentivar el sobreendeudamiento de familias y empresas con el que impulsar un (burbujístico) crecimiento económico. Normal, pues, que el sector privado se sobreapalancara tras la decidida intervención de este monopolio estatal.

Sucede que, desde comienzos de 2009, el sector privado comenzó a hacer sus deberes: su gigantesca losa de deuda le resultaba inmanejable y por ello se esforzó en ahorrar, vender activos y renegociar con sus acreedores, esto es, se esforzó en reestructurar y sanear su deuda. Cinco años después, los resultados han sido muy notables: las familias han reducido sus pasivos en unos 125.000 millones de euros y las empresas, en 255.000 millones. En total, por tanto, el sector privado español ha recortado su apalancamiento en el equivalente a cerca de 40 puntos del PIB de 2013. ¿Qué ha hecho mientras tanto el sector público? Lo ha incrementado en más 55 puntos, esto es, en unos 557.000 millones de euros.

Así las cosas, a enero de 2014 el porcentaje de la deuda empresarial sobre el total se había reducido del 48% al 36%, el de las familias del 34% al 27,5% y el del sector público (incluyendo la deuda de las empresas públicas) se había duplicado desde el 18% al 36,5%. Quizá más relevante todavía sea constatar que, mientras en 2008 la deuda empresarial superaba a la pública en más de 800.000 millones de euros (el 80% del PIB), a comienzos de 2014 era la deuda pública la que superaba a la empresarial en casi 12.000 millones de euros (1,2% del PIB). Es decir, en enero de 2014 hemos asistido a un fenómeno insólito en España desde el año 2000: la deuda del sector público ya ha superado en monto a la deuda empresarial privada, convirtiéndose así en el sector económico más endeudado de España.

Pero el abismo entre la deuda pública y privada no es sólo cuantitativo, sino cualitativo: la deuda empresarial se constituye para sufragar inversiones productivas que con el tiempo generarán la riqueza adicional suficiente como para amortizar esa deuda facilitando además la creación complementaria de riqueza en el resto de la economía; en caso contrario, si fracasa el proyecto empresarial financiado con deuda, su acreedor sabe que se expone a un concurso, esto es, a tomar el control de la empresa para reflotarla o liquidarla resarciéndose así de parte de lo adeudado. Las obligaciones financieras del sector público, empero, no funcionan de este modo: su cometido no es el de sufragar inversiones productivas de ningún tipo (al contrario: la deuda pública suele justificarse aduciendo la necesidad de sufragar gastos que el sector privado, por su falta de rentabilidad, jamás habría acometido por sí solo), por lo que su repago no queda vinculado a la (nula) riqueza adicional que generan, sino al expolio de unas familias y empresas que sí han sido capaces de generar riqueza por su cuenta y riesgo. De esta manera, y salvo repudio gubernamental de su deuda, la acumulación de pasivos estatales implica la rapiña futura de los sectores productivos de una sociedad, minando y socavando sus bases de crecimiento futuro.

Por eso, Zapatero y Rajoy costearon su supervivencia política —y la de la burbuja estatal que tanto veneran—a costa de hipotecar el futuro de los españoles: en su segunda legislatura, ZP incrementó el endeudamiento público a una media de 8.200 millones de euros mensuales; Mariano, hasta el momento, lo ha hecho a un ritmo de 9.900 millones de euros mensuales. Comparen tamaño despropósito con la diligencia exhibida por el sector privado: en los últimos cinco años, las familias se han desendeudado a una media de 2.100 millones mensuales y las empresas a una de 4.700. No busquen causalidad entre la correlación porque no la ha habido: es verdad que el endeudamiento público ha insuflado renta disponible en el sector privado, pero no es menos cierto que la mayor parte de ese endeudamiento estatal ha sido financiado por ahorro privado interno que, alternativamente, podría haber acelerado el sano proceso de desapalancamiento (y tampoco es menos cierto que el sector público ha saqueado a impuestos al sector privado, dificultando gravemente su ritmo de desapalancamiento).

En ésas estamos: una burbuja estatal que los políticos se obstinan en no pinchar y que, con tal de mantenerla a flote, optan por expoliar a las generaciones presentes (mordidas fiscales) y a las futuras (endeudamiento público desproporcionado). Afortunadamente hay alternativas liberales: la más inminente pasa por pinchar y sanear la burbuja estatal; la más largoplacista, por desarticularla por entero.

Alguna vez he contado que comencé a leer a los grandes liberales tras escuchar al gigante francés Jean-François Revel en el programa nocturno que dirigía Losantos en la COPE. Hablaba un español bastante mejor que el mío y me decidí a leer el libro que estaba promocionando en ese entonces, La gran mascarada. Pero el que leí a continuación fue el célebre Camino de servidumbre, que el pasado 10 de marzo cumplió 70 años. Quizá no sea el primer libro que deba leer un liberal o alguien que quiera entender el liberalismo, porque es de prosa un poco farragosa; pero sí, desde luego, uno de los primeros.

En plena segunda guerra mundial, Hayek observó que la lucha contra el nazismo no estaría completa si no se combatía la raíz intelectual de los fenómenos totalitarios que arrasaban Europa. Por esta razón, a modo de advertencia, se puso a escribir un libro pequeño, en el que pensaba que sólo ponía de manifiesto una serie de obviedades sobre las consecuencias inevitables de la planificación central de la economía. Pese a que el austriaco nunca estuvo del todo satisfecho de ella, esta obra se convertiría en la más leída de entre las suyas, y en uno de los ensayos políticos más importantes del siglo XX.

Hayek conocía perfectamente los problemas económicos que inevitablemente trae consigo el comunismo, después de su papel central (junto a su maestro Mises) en el debate sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Sabía, pues, que ninguna de las formas totalitarias que entonces gobernaban en Europa (nazismo, fascismo y comunismo) traería ningún bien, sino una mayor miseria. Pero quedaba por aclarar que los horrores provocados por este tipo de regímenes –las matanzas masivas, la destrucción absoluta de la libertad– eran también una consecuencia inevitable del colectivismo. 

La tesis principal de este libro es que los fines no importan si el medio empleado es la planificación económica centralizada. Todos los regímenes políticos que la enarbolan como solución terminan pareciéndose como gotas de agua, llevan a la destrucción de la democracia y obligan a los ciudadanos a recorrer el camino de su servidumbre al poder político. Muchos aducían, y aducen aún hoy, que la planificación sólo afecta a la libertad económica, olvidando que sin propiedad privada estamos siempre a merced de los demás. Y cuando el propietario único es el Estado la dependencia del mismo difiere muy poco de la esclavitud.

Asombra el rigor y sentido común de muchos de los razonamientos por los que llega Hayek a dicha conclusión. Por ejemplo, muchos creen que el totalitarismo puede ser bueno si sus dirigentes también lo son. Sin embargo, Hayek aduce que los dirigentes serán siempre lo peor entre lo peor. Y no porque la historia lo haya corroborado en innumerables ocasiones, sino porque el mismo proceso de selección de líderes en un Estado totalitario excluye a los buenos. Para imponer los fines colectivos a los individuales, los dirigentes deberán coaccionar a un enorme porcentaje de sus súbditos, que se resistirán, en ocasiones violentamente, a ceder sus propiedades o cantar las loas al régimen. Para imponerse, esa coacción tomará las repulsivas formas del encarcelamiento, la tortura y el asesinato. Sólo podrán dirigir, por tanto, aquellos que estén dispuestos a tomar esas medidas para imponer sus tesis, es decir, los peores elementos de la sociedad.

Es común malinterpretar a Hayek y pensar que su tesis consiste en que cualquier tipo de intervención y regulación termina llevando por una pendiente resbaladiza hasta el totalitarismo y el horror; que ese es el camino de servidumbre que describe. Es cierto que algunos de los razonamientos y situaciones que describe son fácilmente adaptables a variantes más benignas y socialdemócratas de coacción. Pero Hayek se refería exclusivamente a la planificación central de la economía.

Desgraciadamente, sigue siendo necesario hoy día explicar estas cosas que al austriaco le parecían obvias. Quizá siempre lo sea. El movimiento 15-M, por ejemplo, lo deja claro. Algunas de las mejores páginas del libro parecen destinadas a él, como las que describen la frustración cuando los planes económicos centralizados no colman las expectativas de los ciudadanos que los apoyaron, porque es imposible que lo hagan, pero éstos lo que reclamarán entonces será un cambio en la dirección del país y una ampliación y mejora de dichos planes para que abarquen aún más ámbitos. No cabe mejor descripción de la frustración de nuestros indignados contra los políticos y su curiosa solución de ampliar aún más su poder. Bastaría con que esta vez gobernaran los buenos. Ya.

Sabido es que la interpretación dominante de la crisis de España, y de la Eurozona en general, sigue las directrices canónicas del keynesianismo: dado que el sector privado no gasta lo suficiente, la producción y el empleo se hallan bajo mínimos, lo que queda plasmado en una baja inflación. Quienes más padecen esta carestía de demanda son los países periféricos, cuyas empresas deberían ganar competitividad vía precios frente a las del Norte de Europa para así conseguir que la demanda exterior los saque del atolladero y estimule su aparato productivo.

Lo repetía hace unos días Martin Wolf: la demanda real de la Eurozona en el cuarto trimestre de 2013 aún era un 5% inferior a la de 2008 y la de países como España lo era en un 16%. Normal, piensa Wolf, que la Eurozona esté sumida en una incipiente deflación que el Banco Central Europeo debería estar combatiendo con decisión, aunque sólo fuera para que los precios de los países ricos del Norte de Europa aumentaran más rápido que los de los países pobres del Sur, logrando así que éstos últimos recuperaran su competitividad.

La narrativa es de sobras conocida y ya hemos tenido ocasión de criticarla en otras ocasiones. En particular: España —y el mundo en general— no adolece de un problema de demanda, sino de oferta. No se trata de que no gastemos lo suficiente, sino de que durante años hemos malgastado difiriendo el momento del pago (endeudándonos) y ahora toca pagar no sólo los malgastos pasados sino los más racionales gastos presentes, para lo cual no nos queda otro remedio que reconvertir una estructura productiva que esos malgastos pasados descompusieron y que no está, en consecuencia, capacitada para generar la riqueza con la que pagar sus deudas (malas inversiones). La tesis tampoco es novedosa, ya que constituye la esencia de la Teoría Austriaca del Ciclo Económico.

Acaso lo novedoso sí esté en quién suscriba la esencia de esta tesis y les explique a Wolf, y a tantos otros keynesianos, por qué yerran:nada menos que el gobernador del banco central de la India, Raghuram Rajan. El artículo de Rajan, publicado hace poco más de un año, resume perfectamente el problema de fondo de los planes de estímulo fiscales y monetarios: la demanda inducida por los planes gubernamentales de estímulo no es la misma demanda que se indujo por el sobreendeudamiento privado años atrás, no sólo porque los nuevos demandantes no son los mismos que los antiguos demandantes, sino porque los antiguos demandantes no tienen ningún interés en seguir gastando en los mismos burbujísticos bienes que gastaban otrora: "Es fácil darse cuenta de por qué un estímulo a la demanda, como puede ser el de recortar el impuesto sobre la renta, no tiene por qué resultar eficaz para lograr el pleno empleo. El estímulo general va a parar a todo el mundo, no sólo a los antiguos prestatarios. Y los patrones de gasto de cada persona son distintos —la familia rica y anciana compra joyas en Tiffany y no un coche en General Motors–. E incluso los antiguos prestatarios es dudoso que usen el dinero obtenido del plan de estímulo para seguir comprando más casas".

Pero si los planes de estímulo no consiguen restablecer los antiguos patrones de demanda, es evidente que no lograrán relanzar un aparato productivo moribundo especializado en atenderesos antiguos patrones de demanda. Tenemos una economía mal adaptada a las necesidades de trabajadores, capitalistas y acreedores y sólo reconstruyéndola podremos volver a generar riqueza de manera sostenible: aquellos sectores hipertrofiados con respecto a la demanda deben ser cercenados y aquellos sectores atrofiados con respecto a la demanda deben florecer. Es decir, la armonía y el equilibrio deben restablecerse.

En este sentido, la solución de Rajan tampoco sorprenderá, pues es la misma que vienen repitiendo los economistas austriacos desde hace años: libertad de mercado para favorecer la recolocación de factores productivos entre industrias y ahorro para financiar la inversión en esas nuevas industrias y el repago de la deuda. Lo que en ningún caso deberíamos estar haciendo es permitir que el Estado, con la excusa de suavizar la transición, esté en realidad obstaculizándola y manteniendo a flote empresas zombie: "La única solución sostenible es permitir que la oferta se ajuste a las fuentes de demanda normales y sostenibles —facilitar que los trabajadores de la construcción y de la industria automovilística se recoloquen en las industrias que muestren un perfil de crecimiento más acelerado—. Lo peor que pueden hacer los gobiernos es entorpecer y apoyar empresas inviables o sustentar la demanda de industrias inviables mediante el crédito barato". Es de celebrar que, por fin, un banquero central haya comprendido en toda su profundidad La Ley de Say.

Claro que, para nuestra desgracia, sólo ha sido uno el que la ha comprendido: los gobiernos y el resto de bancos centrales han estado desde el comienzo de la crisis siguiendo un camino opuesto al aconsejado por Rajan. El no querer afrontar que las reestructuraciones de la oferta son costosas y lentas (como suelo decir: una cementera no puede reconvertirse ipso facto en unresort turístico o en un laboratorio de I+D) les ha llevado a dopar al enfermo, una irresponsabilidad cuyas consecuencias se dejarán sentir durante muchos años: "El mal diagnóstico tendrá efectos duraderos. Los países desarrollados tardarán décadas en amortizar sus excesos de deuda pública mientras sus bancos centrales tendrán que vaciar sus sobredimensionados balances y dar marcha atrás en su promesa de apoyar a unos mercados que se han vuelto dependientes de esas promesas".

La obsesión de buscar, por el lado de la hinchazón de la demanda, una inexistente alternativa a la sana y flexible reestructuración de la oferta no nos conducirá a una más pronta recuperación, sino a japonizarnos. Fue la demanda desproporcionada, financiada por el endeudamiento insostenible, lo que nos condujo desde un comienzo al caos actual: no será esa misma demanda desproporcionada y financiada por la deuda lo que nos saque de él, sino el reajuste de la oferta hacia nuevos sectores que no necesiten vivir del endeudamiento insostenible. O dicho de otra forma más llana: la forma de restablecer el crecimiento de la economía española no es logrando que la gama alta de coches alemanes se encarezca este año un 2% para así abaratar relativamente los pisos de Seseña ante el comprador internacional con la esperanza de que, tras venderlos todos, podamos volver a relanzar la industria de la construcción recolocando en ella varios millones de parados. No, la forma de salir de la crisis no es regresar a la burbuja, sino reparando los ingentes daños que ésta causó: ahorro y libre mercado. Oferta equilibrada y no demanda desequilibrada: riqueza y no despilfarro.

David Taguas no dejaba indiferente a nadie, ni a extraños ni, especialmente, a propios. Los propios no entendían sus ideas y muchos de los extraños las rechazaban por esa simple filiación sectaria de oponerte a todo aquello que no venga de dentro de tu grupo. A mí, no adscribiéndome ni a unos ni a otros pero sí hallándome muy alejado ideológicamente, siempre me cautivó su capacidad, habilidad y acierto a la hora de defender durante esta crisis la verdad. Una verdad tan sencilla como generalmente ignorada, a saber: que el ahorro es la base de toda prosperidad, especialmente para una economía que, como la española, tiene completamente abierto el grifo del déficit a la vez que la bañera de nuestra deuda se halla a punto de rebosar (por emplear una de sus más felices expresiones).

Taguas jamás se cansó de reclamar al sector público que cambiara radicalmente de rumbo e hiciera lo poco bueno que podía hacer para no entorpecer nuestra recuperación: dejar de deglutir y de machacar fiscalmente el magro ahorro que conseguíamos amasar. A la postre, nuestra economía sigue adoleciendo de dos problemas fundamentales que están lejos de haberse solucionado y que, mientras sigan enquistados, nos mantendrán colgando del filo de la navaja japonesa: un excesivo endeudamiento público y privado, y un esclerótico modelo productivo que, pese a su mejorada competitividad, es completamente incapaz de reabsorber a varios millones de parados.

Para ambos problemas –para amortizar nuestra deuda y para incrementar nuestra inversión– necesitamos de ahorro. Taguas fue de los pocos que se atrevió a cuantificar la magnitud del capital requerido: 11 puntos adicionales del PIB, hasta lograr que el ahorro nacional represente el 30% de toda nuestra producción anual. No era una cifra que se sacara de la chistera, sino del cráneo de su sentido común: su propósito era amortizar unos 4 puntos anuales de deuda exterior (para dejarla dentro de una década en un nivel todavía alto pero manejable: el 50% del PIB) y aumentar la inversión interna desde el 18% actual al 25%. Sólo de ese modo, amortizando deuda e invirtiendo, tendría España margen de maniobra para despejar definitivamente las dudas sobre su solvencia y para transformar su hoy colapsado aparato productivo.

Mas el objetivo, por razonable que suene, no resulta nada fácil de alcanzar. España no ha conseguido ahorrar desde 1980 más del 23% del PIB y Taguas pedía que, en medio de esta profunda depresión, llegáramos al 30%. ¿Cómo? Por un lado, reduciendo el gasto público en 5 puntos del PIB (de manera que el Estado dejara de dilapidar esa parte de nuestro ahorro privado); por otro, mejorando la tributación sobre el ahorro con el objetivo de que las familias dispusieran de incentivos para ahorrar el equivalente a 6 puntos más del PIB.

Imprescindible y razonable programa de saneamiento el de Taguas, pero tremendamente impopular para una sociedad que, como la española, ha caído presa de la poligámica adicción a la sopa boba del gasto público, a la preferencia cortoplacista del consumo sobre el ahorro, a la oposición visceral a cualquier ajuste salarial y, en general, a vivir de prestado enchufados al crédito barato. Cuatro bodas que no sólo nos han conducido al inexorable funeral del hiperendeudamiento y del desempleo masivo, sino que amenazan con complicarnos un divorcio que, en el fondo, seguimos convencidos de no precisar.

Por eso la rota y apasionada voz de Taguas era tan necesaria: porque para vencer primero hay que convencer. Y Taguas convencía, y convencía para bien. Esta semana no sólo hemos lamentado lo esencial –la pérdida personal– sino lo no menos esencial en una coyuntura tan crítica como la actual —la pérdida de un intelectual que remaba en la dirección correcta: a contracorriente—. Descanse en paz.