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Etiqueta: Fiscalidad

“Montoro fue comunista”

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

"¿Sabías que Montoro fue comunista?". De este modo tan rotundo se expresaba recientemente uno de los antiguos profesores universitarios del hoy ministro de Hacienda. Esto no significa que militase en el antiguo PC –como se ha llegado a afirmar– o que perteneciese a alguno de los dos grandes sindicatos (UGT y CCOO), puesto que ambos extremos han sido desmentidos por sus allegados, pero sí, al menos, que "simpatizó" durante su juventud con dicha ideología. Montoro fue uno de los primeros licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, que, por entonces -primera mitad de los 70-, era uno de los principales referentes antifranquistas del país. En aquella época, y bajo la fuerte influencia que había dejado tras de sí el mayo del 68 en la vecina Francia, el comunismo campaba a sus anchas en el movimiento estudiantil español, sin necesidad de blandir carnet, especialmente en la Autónoma.

Desde este punto de vista, se podría decir, por tanto, que el joven Montoro no se diferenciaba en exceso del resto de su quinta, ya que casi todos los universitarios de dicho centro profesaban ideas de izquierda, y ésta, en la España de entonces, se identificaba, básicamente, con el comunismo. No en vano, el socialismo brillaba por su ausencia como movimiento organizado durante la dictadura. De hecho, cabe recordar que, una vez iniciada la Transición, el PSOE no renunció al marxismo como ideología oficial del partido hasta la celebración del congreso extraordinario de 1979.

Uno de sus compañeros de promoción ya señalaba en su día que Montoro era un estudiante "inquieto socialmente, rebelde ante todo", además de ser "crítico con la dictadura", pero sin protagonizar un "activismo llamativo". “Lo suyo era el estudio, la lectura, los planteamientos teóricos”. Es decir, comulgaba con dichas ideas, pero desde la trinchera, sin necesidad de sufrir las molestias y apuros propios de la lucha obrera en las calles, corriendo delante de los grises. Casualmente, su primera mujer, funcionaria del Estado, destacaba por profesar una profunda militancia de izquierdas. Hecho que, sin embargo, no le impidió aceptar el cargo de subidrectora general de Gestión Económica y Financiera del Ministerio de Justicia bajo el Gobierno de José María Aznar, del que formaba parte su marido. 

Mucho se ha hablado de los precedentes falangistas de destacados miembros de la izquierda española, pero no tanto de los antecedentes ideológicos de la actual cúpula del PP. En este sentido, el pasado izquierdista del hoy ministro de Hacienda no deja de ser una mera anécdota, salvo por el hecho de que su particular evolución política arroja, al menos, algo de luz sobre la sorprendente, y aún más dañina, estrategia fiscal desarrollada en los dos últimos años. Y es que, a diferencia de otros muchos excomunistas reconocidos, Montoro nunca superó la infección colectivista inoculada en sus tiempos de juventud, ya que transitó de cabeza hacia la socialdemocracia. Y ahí se quedó, para desgracia de los sufridos contribuyentes españoles. Rectificar es de sabios, pero perseverar en el error, aunque sea parcialmente, es síntoma de necedad.

Así, años más tarde congenió con el partido socialdemócrata que fundó Francisco Fernández Ordóñez, poco antes de unirse a la UCD de Adolfo Suárez. Hasta el propio Montoro admite en privado que fue un "rojo desteñido" en los tiempos de la Transición. "Desteñido", quizás, pero "rojo" al fin y al cabo. Por ello, su pensamiento político se caracteriza, sobre todo, por tener una "deriva social de primer orden", según señala su círculo más cercano. Montoro considera que “lo social ni es ni puede ser patrimonio exclusivo de los partidos de izquierda”. ¡Y tanto! Basta observar su desempeño al frente de Hacienda para percatarse de que el PP, gracias a él y a la inefable dirección de Rajoy, ha logrado adelantar por la izquierda tanto al PSOE como, incluso, a IU. Ni en sus sueños más húmedos habrían ideado los progres una confiscación tributaria como la orquestada por el ministro.

Así, mientras que el Gobierno del PSOE elevó la presión fiscal en 20.000 millones en 2010 y 2011, el PP la ha disparado en 31.000 millones entre 2012 y 2014. También ha sido el PP, no el PSOE, el que ha castigado a las empresas españolas con la mayor subida de impuestos de Europa; y a los trabajadores con el mayor aumento fiscal de la OCDE, hasta el punto de que los mileuristas españoles pagan ya más IRPF que alemanes y franceses; y a los autónomos los ha machacado con un histórico incremento del 20% en sus cuotas a la Seguridad Social. Por no hablar de los aberrantes abusos y la elevada inseguridad jurídica que ha propiciado Montoro en su guerra abierta contra el fraude fiscal. Su único objetivo al respecto ha sido recaudar lo máximo posible, al coste que sea necesario, sin importar el brutal daño infligido a familias y empresas. Todo con tal de mantener el sobredimensionado e insostenible aparato estatal en pie.

De ahí, precisamente, su rotundo fracaso a la hora de equilibrar las cuentas públicas. En esto, el PP tampoco se ha diferenciado un ápice del PSOE. España sigue registrando un déficit próximo al 7% del PIB, el mayor descuadre fiscal de la Zona Euro, mientras que la deuda pública ya supera el 94%, su nivel más alto desde 1909, y avanza sin remedio hacia el umbral del 100%. ¿Recortes? ¿Contención? ¿Ahorro?… ¿Dónde? Si el capital extranjero ha rebajado la tensión sobre el mercado de deuda española no ha sido gracias al ridículo plan de ajuste del Gobierno popular sino a la promesa lanzada por el presidente del BCE, Mario Draghi, a mediados de 2012, con su ya célebre "haré lo que sea necesario" para salvar el euro. Traducción: compraré toda la deuda española e italiana que haga falta para evitar la quiebra de ambos países.

Ahora, a la vista de su evolución ideológica, se entiende mucho mejor el antes y después de Montoro en materia de impuestos tras ser nombrado ministro de Hacienda. El auténtico Montoro, el de verdad, es el actual. El otro, el que defendía bajar impuestos y reducir gasto público para impulsar la recuperación, hablaba por boca del político obediente que asume a pies juntillas y sin rechistar el postulado que en cada momento convenga electoralmente a su partido. "Montoro, creo que te has convertido en un socialdemócrata", advertía Esperanza Aguirre para expresar su total rechazo a las numerosas y constantes subidas de impuestos aprobadas por el ministro. Se equivocaba usted, doña Esperanza: Montoro nunca ha dejado de ser un rojo descafeinado… o no tanto.

Balanzas fiscales, arma política en la nueva guerra de Montoro

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La guerra de las balanzas fiscales acaba de estallar oficialmente entre las comunidades autónomas y el Gobierno, después de que el Ministerio de Hacienda filtrara esta semana un avance sobre su futura publicación, que, en principio, tendrá lugar el próximo marzo.

Tras varios meses de polémicos tiras y aflojas sobre la necesidad o no de desvelar las citadas balanzas, su puesta a disposición no ha calmado los ánimos y reivindicaciones de los distintos gobiernos regionales, ni mucho menos. Más bien al contrario, ya que las cifras parecen no contentar a nadie.

El Gobierno trabaja en un nuevo método para calcular el reparto de fondos públicos entre las distintas regiones, bajo el título "cuentas públicas regionalizadas", en donde también se incluirán las balanzas fiscales, y cuya elaboración ya ha levantado críticas entre algunos expertos.

Según el economista e investigador del CSIC Ángel de la Fuente, uno de los tres académicos que diseñan esta nueva metodología, Cataluña habría registrado un déficit próximo a 11.000 millones de euros en 2011 -último año disponible-, equivalente al 5% de su PIB y lejos, por tanto, del 8,5% (16.000 millones) que esgrimen los nacionalistas como prueba del "expolio fiscal" que ejerce el resto de España; la Comunidad de Madrid, por su parte, se queja de que las cuentas están cocinadas y exige transparencia al departamento de Cristóbal Montoro; Extremadura, por su parte, afirma que las balanzas están incompletas y advierte de que publicará su propia estimación para exigir la financiación que considera conveniente… Y así sucesivamente.

Balanza fiscal, un concepto muy polémico

El riesgo consiste, pues, en que cada región ponga encima de la mesa su particular balanza fiscal para reclamar más dinero al Estado, complicando aún más la tensa y difícil negociación sobre la financiación autonómica, cuya reforma se abordará, como pronto, en 2015.

El problema de fondo, por tanto, es que las balanzas fiscales se suelen emplear como arma arrojadiza por parte de las distintas autonomías y el Gobierno para sacar ventaja en el reparto de fondos e incluso reivindicar la separación de España como, últimamente, sucede en Cataluña. De ahí, precisamente, que este concepto haya estado siempre rodeado de controversia.

Pero, ¿qué es una balanza fiscal?

La "balanza fiscal" mide los ingresos que aportan los contribuyentes (personas y empresas) de una determinada comunidad autónoma al Gobierno central (impuestos recaudados) y los gastos e inversiones que el Gobierno destina a esa misma comunidad. Si la balanza es negativa, significa que los habitantes de esa región aportan al Estado más de lo que reciben, y al revés si es positiva (reciben más de lo que aportan a las arcas estatales).

¿Cómo se calcula?

Se trata de un cálculo complejo y no exento de polémica. De hecho, existen hasta cuatro métodos homologados para calcular el citado saldo fiscal.

  • Flujo Monetario: atribuye el ingreso al territorio donde se genera el hecho imponible, y el gasto al territorio donde se materializa.

  • Carga-Beneficio: atribuye el ingreso al territorio donde reside el individuo que soporta el tributo, y el gasto al territorio donde reside el beneficiario de dicho gasto.

Por ejemplo, con el método de Flujo Monetario, el IVA que paga un madrileño por una compra efectuada en un comercio catalán se computaría en Cataluña, mientras que con el método de Carga-Beneficio se computaría en Madrid; asimismo, con el método de Flujo Monetario solo se computan en la región los gastos e inversiones directamente efectuados por el Estado en esa autonomía, y no la parte alícuota de los gastos generales efectuados por el Estado por conceptos como la defensa, justicia, seguridad o relaciones exteriores, que, aunque no se efectúen directamente en ese territorio también la benefician y, por tanto, debieran ser cargadas proporcionalmente.

  • Neutralizado o no: los dos métodos previos pueden, a su vez, estar neutralizados o no por el ciclo económico. Como en caso de recesión lo normal es registrar déficit público, neutralizar la balanza fiscal significa descontar el impacto de la crisis en los presupuestos, bien contabilizando una recaudación fiscal extra ficticia para cuadrar el déficit, bien reduciendo de forma artificial los gastos.

¿Qué resultados arroja?

Dado que existen cuatro métodos, las balanzas fiscales arrojan también cuatro resultados muy distintos. Por ello, cada autonomía suele escoger la fórmula que más conviene a sus intereses.

Cataluña es el máximo exponente de dicha manipulación política. Según la Generalidad, el déficit fiscal de Cataluña rondó los 16.400 millones de euros en 2009, equivalente al 8,4% de su PIB, empleando el Flujo Monetario neutralizado. Ésta es la cifra que usan los nacionalistas para denunciar el supuesto "expolio fiscal" del resto de España. Pero esta cuantía se convierte en un superávit de más de 4.000 millones si se usa el método de Carga Beneficio sin neutralizar.

Engañosa arma política

En el fondo, se trata de un mecanismo político al servicio de los intereses de los gobiernos regionales. Así, lo mismo que reclaman las autonomías podrían alegar las provincias. Barcelona, por ejemplo, aporta mucho más en impuestos a la Generalidad de lo que recibe en inversiones.

Llevado este argumento hasta sus últimas consecuencias, lo mismo se podría decir de las ciudades, los barrios y, en última instancia, las personas y empresas, que son quienes realmente soportan la carga del Fisco. Los impuestos son sufragados por los contribuyentes, no por los territorios. Las rentas más altas pagan más impuestos independientemente de donde residan, y sus particulares balanzas fiscales son siempre negativas.

Las comunidades autónomas son más o menos ricas en función de la renta per cápita de su población y el número y tamaño de sus empresas, determinando con ello el nivel de recursos fiscales que aportan al Gobierno central -las regiones más ricas aportan más al sistema-.

Por ello, las balanzas fiscales poco o nada tienen que ver con la financiación autonómica y sí mucho con la renta per cápita de cada región. Aunque las autonomías las emplean como muestra de maltrato fiscal o escaso esfuerzo inversor por parte del Estado, presentar déficit no es señal de discriminación en la financiación autonómica, y viceversa. Ambos son conceptos diferentes. Por ejemplo, si el Estado aumenta la inversión pública en una región, se reduciría el saldo de su balanza fiscal sin que ello implique recursos extra para sufragar sus competencias autonómicas, como puede ser Sanidad o Educación.

Lo único que mide la balanza fiscal es el saldo entre lo que aportan los contribuyentes de una autonomía a los ingresos del Estado y los gastos que ejecuta dicha Administración en ese territorio, no si la financiación autonómica es suficiente o no para sostener adecuadamente los servicios públicos de titularidad autonómica. Es decir, no sirve para medir la denominada solidaridad interterritorial en sentido estricto, ya que responde a lógicas y variables muy diversas.

La futura financiación autonómica

Dada la polémica y confusión que generan las balanzas fiscales, los expertos designados por Hacienda trabajan en el diseño de un nuevo mecanismo, llamado "sistema de cuentas públicas territorializadas" (SCPT), para evaluar "la racionalidad y la equidad del reparto territorial del gasto público en nuestro país y el de los ingresos tributarios que lo financian", tal y como advierten en el documento que servirá de base a dicha metodología.

Así pues, este indicador permitirá estimar hasta qué punto lo que aportan vía impuestos los contribuyentes de una región es devuelto por el Estado en forma de servicios concretos a esa misma población. Su diseño permitiría introducir, por primera vez, en el sistema de financiación autonómica el denominado "principio de ordinalidad" que tanto vienen reclamando diversas autonomías, Cataluña incluida, así como el PSOE.

Su aplicación permitiría que una comunidad autónoma mantenga intacta su posición el ránking de ingresos y gastos per cápita tras realizar su correspondiente aportación a la "solidaridad interterritorial". Esto significa que seguirían existiendo transferencias entre comunidades autónomas, pero si en una comunidad se recauda más cantidad per cápita que en otra, el gasto estatal en esa región también sería mayor.

En todo caso, y aún aplicando dicho principio, en base a las nuevas balanzas fiscales que está elaborando el equipo que dirige Ángel de la Fuente, la reforma de la financiación autonómica en ningún caso aportaría o restaría los recursos que hoy recibe cualquier CCAA en al menos un 1% de su PIB regional. Dicho de otro modo, incluso introduciendo la "ordinalidad", Cataluña seguiría registrando un elevado déficit público, ya que apenas ingresaría un 0,5% extra de su PIB.

Las tres patas de la estabilidad económica española

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La situación financiera de España a comienzos del año 2012 era de una extrema gravedad (prequiebra) por dos motivos: expansiva acumulación de deuda y negativa de "los mercados" a refinanciar nuestras posiciones pasivas. Es lo que tradicionalmente se ha conocido como "riesgo de insolvencia" y "riesgo de iliquidez", respectivamente.

Desde entonces, hemos mejorado parcialmente en ambos capítulos: el endeudamiento nacional ha dejado de crecer (no gracias al sector público, sino a unas familias y empresas que han sido capaces de amortizar más de 250.000 millones de euros desde comienzos de 2012, a pesar de ser desvalijadas fiscalmente) y el endeudamiento exterior ha comenzado a menguar (de nuevo, gracias a la progresiva readaptación y mejora de la competitividad de la economía privada, lo que ha permitido amasar un cierto superávit exterior); asimismo, desde que en julio de 2012 Mario Draghi anunció su predisposición a rescatar a los gobiernos de España e Italia –y desde que Shinzo Abe prometió inundar los mercados mundiales de crédito barato desde finales de 2012–, no hemos tenido problema alguno para colocar nuestra deuda.

La situación parece haberse estabilizado y son cada vez más quienes opinan que España ha entrado en un círculo virtuoso: con la financiación garantizada, nuestras familias y empresas disponen de tiempo para readaptarse y superar, por fin, los carajales acumulados durante la burbuja inmobiliaria. Si seguimos amortizando deuda y creando nuevas empresas competitivas, recuperaremos definitivamente nuestra solvencia y volveremos a crear riqueza (y empleo). Los indicadores adelantados o las recientes cifras del PIB y de la EPA parecen apuntar en esa dirección: la inversión en bienes de equipo está repuntando con fuerza (requisito para reajustar nuestra economía) y en el último trimestre del año el sector privado ya comenzó a crear empleo neto por primera vez desde 2008. Si siguiéramos así, acaso pudiéramos terminar tras varios años superando la crisis revirtiendo las causas que nos metieron en ella, si bien a un ritmo exasperantemente más lento que si desde un comienzo se hubiesen liberalizado los mercados y se hubiese equilibrado financieramente al sector público. 

Pero no está ni mucho menos claro que podamos seguir así. La ausencia de problemas de refinanciación por parte de España no se debe a que hayamos reducido nuestra demanda de capital a los mercados, sino a que éstos se han vuelto extremadamente pródigos merced a la ya mentada red de seguridad de Draghi y al expansionismo monetario japonés: al contrario, el Tesoro español emitirá en 2014 más deuda bruta que en ningún otro ejercicio de nuestra historia, casi 245.000 millones de euros. ¿Qué sucedería en este contexto si los mercados volvieran a cerrarse? Que nos hallaríamos en una situación bastante más complicada que la de 2012, pues nuestra necesidad de refinanciación sería incluso mayor: el reajuste se pararía en seco y volveríamos a comenzar con rondas de liquidaciones. Es decir, del mismo modo que 2012 detuvo en seco el proceso de muy parcial saneamiento que ya estaba en marcha en la primera mitad de 2011, un eventual cierre futuro de nuestra financiación podría dar al traste con el actual proceso de saneamiento.

En medio de la calma actual, puede parecer extemporáneo plantear la posibilidad de una nueva crisis global de liquidez, pero por desgracia se trata de un riesgo más que factible en una economía mundial que también adolece de graves –y no resueltos– desequilibrios. El más inmediato, uno que lleva llamando a la puerta desde hace meses: la corrección de unos emergentes que han estado sobreendeudándose al socaire del crédito barato internacional durante los últimos años. A lo largo del jueves y del viernes se produjo un nuevo recordatorio de que la amenaza sigue muy presente: las bolsas mundiales cayeron apreciablemente (entre un 3 y un 4%) y las primas de riesgo de España, Italia, Portugal y Grecia repuntaron casi un 10% ante las crecientes dudas que despiertan los emergentes (especialmente, en estos momentos, Argentina y Turquía). Aviso a navegantes de que la marea podría terminar bajando de nuevo y de que los muy alejados de la costa no alcanzarán tierra firme.

Nuestro problema es, justamente, que el Gobierno ha renunciado a acercarnos a la costa, a saber, ha renunciado ajustar el gasto público y a liberalizar la economía con la esperanza de que la fuerza del viento nos conduciría pasivamente a la salvación. No nos ha vuelto resistentes frente a nuevas turbulencias mundiales sino que, como a comienzos de 2011, se ha limitado a colocar una vela para que nuestros desequilibrios se corrijan por sí solos a pesar de su inclemente sangrado tributario y de sus anquilosantes regulaciones. Nuestro gigantesco déficit público nos condena, precisamente, a estar expuestos en todo momento a las dudas, miedos, incertidumbres y pánicos de los mercados. Es el precio que pagar en esta crisis por un Hiperestado que tanto PSOE como PP se han opuesto radicalmente a adelgazar. Es decir, es el precio de una política económica orientada a preservar la burbuja estatal en lugar de a pincharla.

Nuestro persistente riesgo de iliquidez

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Mientras el conjunto de españoles trata de esbozar una sonrisa ilusionada ante los mensajes alentadores de los mandamases europeos y de los locales, esas mismas autoridades nos instan con energía a que cuidemos los tres pilares dañados de nuestra economía: el déficit público, la mora bancaria y las infraestructuras.

El necesario vaso medio lleno

Tras años ya de apretarse el cinturón y gastar menos, la sociedad española verdaderamente necesitaba el espaldarazo de esta semana. Los vigilantes europeos, nuestros socios, desde el pasado día 23 de enero, cuando la banca española salió del programa de rescate europeo, no han escatimado en evaluaciones positivas y reconocimiento a las medidas aplicadas y la trayectoria de la política económica del gobierno de Mariano Rajoy. Independientemente del comportamiento de nuestra economía y de la oportunidad de los "vendajes" populares, para mí que la labor de Luis de Guindos tiene mucho que ver en este cambio de perspectiva. La urgencia con la que la población patria se agarra a estos mensajes de reconocimiento no hacen sino mostrar la necesidad de reafirmación y justificación del sacrificio de quienes llevamos recortando, pero de verdad, desde hace mucho: esta clase media empobrecida.

Sorprende un poco el viraje express de las opiniones vertidas en los medios y redes sociales de los ciudadanos desde que salieron los datos de empleo de la EPA, tan justamente criticados hasta hoy. Precisamente, esa rapidez y esa rotundidad en la manera de desfruncir el ceño y felicitarnos unos a otros por la palmadita en el hombro de los observadores internacionales, tanto en la cumbre europea de ministros, como en el foro global de Davos, son muy reveladoras. Lo que nos muestra es que psicológicamente hemos llegado al punto de saturación de malas noticias, crujir y rechinar de dientes. Así que cada gesto europeo nos sabe a maná caído del cielo, pero por méritos civiles propios, es decir, nos los atribuimos a nosotros mismos y, de hecho, es que nos los merecemos. No obstante, no hay que olvidar que ese pueblo que sufre es el mismo que elige presidente cada cuatro años y, por tanto, de alguna manera, el responsable en última instancia de lo que sucede hoy.

Pero eso, al igual que la medida objetiva en euros de nuestro empobrecimiento, sólo afecta parcialmente a nuestra sensación subjetiva de cómo nos va. Y como todas las sensaciones, ésta es cambiante, dinámica y sesgada. En nuestro caso, nos ponemos muy radicales, sobreactuados, tanto para bien como para mal. Somos los mejores y tenemos unos políticos que dejan mucho que desear. Y en ese juego esquizoide se nos olvidan las tres joyas de la corona: el déficit, la mora bancaria y las infraestructuras.

Progresamos adecuadamente y necesitamos mejorar

Para nuestros políticos, el vaso medio lleno se traducirá, probablemente, en una entrada de inversores que, añado yo, si retiramos el alambre de espino de la sobrecarga impositiva, virtualmente harán su apuesta por España y eso reactivará empleo y consumo. Pero lo que han dicho nuestros supervisores es que una vez finalizado el período de rescate bancario, estamos mejor que antes aunque (he aquí la palabra clave que desenmascara todo el sentido del mensaje europeo) tenemos que persistir y mejorar las infraestructuras, el déficit público y la mora bancaria. Y no se trata de tres detallitos sin importancia, son tres cuestiones muy importantes a tener en cuenta. La mora bancaria (aquellos préstamos impagados al menos en tres meses) no bajan y una tasa del 13% aproximadamente es muy alta, supone, de acuerdo con la apreciación de los expertos, un colapso bancario porque lleva subiendo demasiado tiempo. La incertidumbre que inyecta a la banca es enorme. Los bancos deben controlar los riesgos, y eso tiene un precio, que finalmente terminaremos pagando todos en forma de condiciones más duras para los créditos, etc.

Las infraestructuras han sido el tema estrella esta semana gracias a las declaraciones de Ana Pastor, quien afirmaba haber logrado que se redujeran los costes extra en la construcción de obra pública. A pesar de lo cual, la sombra de los AVES sin viajeros y el aeropuerto fantasma de Castellón revolotean sobre nuestras cabezas. Por último está el espinoso tema del déficit público. Nuestros socios europeos no tienen mucha confianza en que el gobierno de Rajoy sea capaz de cumplir el objetivo de déficit, ni siquiera después de que, a petición de nuestro gobierno, las autoridades de la troika bajaran un poquito el listón.

La importancia de este último punto implica controlar el flujo de ingresos y de gastos del Estado y las administradores públicas. Para conseguirlo, tanto el Estado central como los organismos dependientes del mismo, las Comunidades Autónomas y administraciones locales tendrían que racionalizar sus promesas a los votantes y admitir ponerse a una dieta rigurosa para no seguir pesando tanto en el bolsillo de los españoles. Y ahí es donde quiero ver la responsabilidad de los de la derecha, la izquierda, los de arriba y los de abajo.

Tres certezas y seis preguntas sobre la reforma fiscal que prepara Montoro

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

"Haremos la reforma fiscal para recaudar más". Cristóbal Montoro ya no se esconde. El ministro de Hacienda reconocía hace apenas unas semanas, en una entrevista en Cinco Días, que el objetivo de los cambios que prepara en el terreno recaudatorio es incrementar los ingresos del Estado.

El problema es que el Gobierno lleva unas semanas lanzando mensajes acerca de las bajadas de impuestos que se acercan. En teoría, la subida del IRPF aprobada en diciembre de 2011, nada más llegar a La Moncloa, iba a durar sólo dos años. Ahora sabemos que no es así y que al menos se alargará un ejercicio más, hasta 2015.

Y mientras tanto, se van filtrando avances sobre el trabajo de la comisión de expertos a la que el Gobierno le ha encargado un informe sobre esa reforma fiscal "integral y completa" que anunció el pasado mayo la vicepresidenta. Este miércoles, el diario Expansión publicaba uno de los documentos que los sabios está manejando. Y poco después, el propio Montoro desmentía que tenga intención de hacer algunas de las cosas que se supone que le pedirán. Fuentes cercanas a este grupo confirmaban a Libertad Digital que lo publicado no es más que un borrador de los muchos que hay y que la propuesta final será muy diferente en algunos aspectos. De hecho, El Economista publicaba lo que podría considerarse como una rectificación del trabajo de su competidor, citando lo que fuentes de Hacienda opinan sobre el trabajo del comité encabezado por Manuel Lagares. 

Con todo esto encima de la mesa, no es extraño que el ciudadano medio no se aclare. ¿Qué va a pasar a partir del próximo ejercicio? ¿Pagará más o menos impuestos? ¿Qué dirán los expertos? ¿Les hará caso el Gobierno? ¿A cuánto ascenderán los recortes en los tipos del IRPF? ¿Le compensará en el bolsillo todo ese movimiento? Por ahora, no hay una respuesta definitiva a ninguna de estas cuestiones. Pero sí hay pistas de hacia dónde nos dirigimos. Podríamos decir que hay tres certezas; pagaremos más (de media), nos intentarán vender que pagamos menos y las pocas rebajas no llegarán de forma inmediata. También hay seis preguntas, una por cada impuesto implicado.

El objetivo

Como explica Montoro, el objetivo de la reforma fiscal es "recaudar más". De hecho, ésta habría sido una de las líneas rojas que el Gobierno le ha impuesto a los expertos: sea como sea la propuesta, debe ir dirigida a aumentar los ingresos.

Para recaudar más hay dos opciones. La primera es aprobar reformas que relancen la actividad económica. En España hay seis millones de parados que, por su falta de ingresos, pagan muy pocos impuestos. Supongamos que una cuarta parte encuentra empleo. Así, sin hacer nada más, se dispararía la recaudación y subiría la presión fiscal de forma natural.

De hecho, numerosos economistas defienden que las bajadas de impuestos pueden incrementar la recaudación por esta vía. Es decir, primero se reducen los tributos y el efecto de empuje que este movimiento tiene sobre la actividad económica es tal que al final Hacienda acaba con más ingresos que antes. Es la famosa Curva de Laffer, que también podría ser la culpable de que las fuertes subidas de impuestos de los últimos años no se estén traduciendo en una mayor recaudación.

Pues bien. Esto no es lo que tiene en mente Montoro para llenar las arcas de Hacienda, entre otras cosas porque el crecimiento será modesto, no más allá del 1% del PIB, al menos los próximos dos años. El planteamiento del ministro es hacer una reforma fiscal que recaude más ya, en las actuales condiciones. Y podríamos decir que si se produjera esa recuperación de la economía de la que tanto se habla sería un efecto añadido a la reforma, pero no lo que se busca con la misma.

El Gobierno cree que el sistema fiscal español está muy mal diseñado y que hay que cambiarlo para obtener más ingresos. Por lo tanto, si el mismo número de contribuyentes paga una cantidad total mayor, eso quiere decir que el contribuyente medio pagará más. Como habrá muchos movimientos (IRPF, IVA, Sociedades, Sucesiones, Donaciones,…) no será fácil que cada uno haga sus sumas y restas. Pero el resultado final (medio) será negativo para el ciudadano. No hay más alternativas.

El mensaje

Desde que comenzó este proceso de reforma fiscal, los mensajes han ido en dos direcciones: que habría bajadas de impuestos y que todos los expertos exigen un nuevo diseño del sistema, que deberían traducirse en eliminar deducciones y bonificaciones a cambio de bajar los tipos. Lo primero ya hemos visto que no es cierto. Lo segundo tiene más miga.

Es cierto que la mayoría de los académicos que han estudiado los impuestos españoles han pedido una reforma en el sentido apuntado en el párrafo anterior. Y también es verdad que lo que prepara el Gobierno cumplirá ambas partes de la ecuación (bajarán algunos tipos y se eliminarán deducciones). Pero claro, en esta cuestión lo importante no es sólo la dirección, sino los metros recorridos.

Así, todo apunta a que en lo que respecta a los recortes de tipos nos encontraremos ante movimientos mínimos. Cada impuesto será una historia, pero por ejemplo, en IRPF no se espera ni siquiera volver a los niveles anteriores a la llegada de Mariano Rajoy a Moncloa. Al mismo tiempo, se eliminarán casi todas las deducciones (sobre todo las más importantes). Vamos, que el movimiento alcista (deducciones) será mucho más importante que el bajista (tipos). Habrá quien salga beneficiado o menos perjudicado, como aquellos contribuyentes que no tengan hipoteca, pero para la gran mayoría el sumatorio será negativo.

El calendario

En todo lo que tiene que ver con la reforma fiscal, es importante el cómo y el cuánto, pero también el cuándo. El Gobierno ya ha adelantado que los cambios empezarán a entrar en vigor a lo largo de 2015 y, luego, seguirán implementándose de forma paulatina entre 2016 y 2017.

El problema es que no es lo mismo cuándo se apruebe cada media. En el IRPF al menos, parece darse por seguro que la parte mala (la eliminación de las deducciones) llegará de forma inmediata. Y al mismo tiempo que la parte buena (la rebaja de los tipos) se irá aplicando poco a poco. Vamos, que el palo llegará a las primeras de cambio, pero el contribuyente no será capaz de alcanzar la zanahoria hasta mucho después.

Las preguntas

– IRPF: hace dos años subieron los tipos y se dijo que sería temporal. Ya sabemos que el calendario prometido no se cumplirá. Y la pregunta es: cuando se dice que habrá una bajada de tipos, ¿cuál es el nivel de referencia: el actual o el que había cuando el PP llegó a La Moncloa? Se supone que la subida de diciembre de 2011 era "temporal y extraordinaria" y desaparecería en dos años (bueno, ahora son tres). Por lo tanto, para cumplir su promesa la bajada del IRPF debería empezar por eliminar aquel movimiento y luego, tocar los tipos. Todo apunta a que no será así. Es decir, será una bajada que no compensará, ni de lejos, aquella subida.

– IRPF-Vivienda: los expertos tienen esta deducción en su punto de mira desde hace años. Probablemente la comisión de sabios proponga eliminarla, incluso con carácter retroactivo (esto no quiere decir que haya que pagar por años anteriores, sino que a los que ya se benefician se les quita esta ventaja a partir de 2015). El Gobierno asegura que no lo hará. Y la pregunta es ¿sobrevivirá esta deducción?

– Sociedades: en este tributo, la propuesta de los expertos irá por eliminar deducciones a cambio de bajar los tipos. Sobre la primera parte no hay duda: se hará. Sobre la segunda, hay más incertidumbre, ¿habrá realmente una reducción de los tipos? ¿compensará la eliminación de deducciones?

– IVA: el Gobierno lo tiene complicado con el IVA. Los expertos le pedirán probablemente que lo suba, a cambio de bajar más el IRPF. Pero el PP hizo hasta campaña contra la subida del IVA aprobada por Zapatero y se resistió a tocarlo hasta que la presión de Bruselas se hizo insoportable. De hecho, este miércoles, Montoro fue rotundo en este punto (otros los dejó más abiertos), tras la portada de Expansión. Parece claro, por lo tanto, que Moncloa se resistirá a subir los tipos, pero ¿habrá cambios en los productos de cada categoría? (porque esto también es subir impuestos, aunque no se diga).

– Especiales: en esto no hay duda. Va a haber más (ya sea en forma de impuestos o tasas) y los que ya existen serán elevados. La única cuestión que queda por resolver es ¿hasta dónde los subirán?

– Cotizaciones: son el gran misterio de la reforma. En realidad, cada vez que se plantean cambios en el modelo tributario español, se pide reducir la carga sobre el empleo. Cuando el Gobierno del PP aprobó la subida del IVA, la unió a una futura reducción en las cotizaciones. Pero aquella promesa se la llevó el viento. Los documentos que se filtran del comité de sabios no dicen nada sobre esta cuestión. Lo único que se ha hecho en los últimos meses es ampliar el concepto, para tener también en cuenta las retribuciones en especie. Llegados a este punto, la pregunta es ¿será éste por fin el momento en el que alguien se atreva a reducir las cotizaciones? No será fácil, porque además, la tensión sobre las cuentas de la Seguridad Social es creciente.

Francia despierta del error intervencionista

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“Hollande a confirmé le caractère libéral de la politique économique mise en oeuvre", Jean-Claude Mailly

Hay pocos países en el mundo como Francia. Cuenta con un empresariado potente, innovador, creativo, un afán por la excelencia y potencial para liderar en tecnología, industria y comercio a raudales. Enormes oportunidades para generar crecimiento. Y sin embargo, desde hace mucho tiempo, el erial intervencionista impuesto ha llevado a un país que parece secuestrado por el inmovilismo del modelo ‘dirigido’ que ha ido lentamente fagocitando a la iniciativa emprendedora.

Lo comento en Viaje a la Libertad Económica: hace sólo diez años, Alemania y Francia tenían déficits y deudas similares. Ninguna de las dos economías era, ni es, un modelo ‘liberal’ ni mucho menos, pero siempre habían cuidado a sus empresas. Alemania tomó el camino de las reformas y Francia el de “aguantar y esperar”, atacando a su propia línea de flotación con políticas fiscales y de gasto confiscatorias para sostener un sector público hipertrofiado.

La última vez que Francia tuvo un presupuesto equilibrado fue en 1980, y desde 1974 nunca ha generado superávit, la deuda pública alcanza el 93,5% del PIB, estancamiento, un paro del 10,8% y en 2012 sufría el mayor déficit por cuenta corriente de la Eurozona.  Alemania registra superávit presupuestario, crecimiento, mucho menos paro (6,9%) y menor deuda (80%). Como en España, es común escuchar que la culpa de los problemas del país viene del extranjero, de ‘la globalización’ o ‘la crisis del euro’, sin embargo las comparaciones con Alemania hunden esos argumentos.

En España nos quieren convencer de que la solución a nuestra crisis es cometer los mismos errores que cometió Hollande, subir impuestos y gastar más. Afortunadamente, Francia siempre ha superado sus dificultades y reconoce sus equivocaciones. El plan de recortes y bajadas de impuestos presentado por el presidente Hollande este martes es una buena noticia, aunque solo sea un primer paso en el camino a recuperar el liderazgo y la competitividad. Y el fracaso de las medidas de 2012 debería acallar las voces que nos exigían “copiar el modelo” en España.

En mayo de 2012, cuando François Hollande ganó las elecciones en Francia, muchos lo celebraron como un ‘jaque al neoliberalismo’. Se lo juro. Un neoliberalismo inexistente en un país donde el gasto publico supera el 57% del PIB, donde los presupuestos de las administraciones públicas han crecido un 12% en cinco años y el 22% de la población activa trabaja para el Estado, administraciones locales y hospitales públicos; donde el salario completo bruto que un trabajador debe ganar para disponer de 100 euros tras todas las retenciones por impuestos es de 230 euros (180 euros en España). Más de la mitad de la renta del trabajo se pierde en impuestos y retenciones. Pero es que hay gente que llama neoliberalismo a cualquier cosa.

La fórmula Hollande era multiplicar los mismos errores que habían llevado a la crisis a la Eurozona. Políticas de ‘crecimiento’ –de gasto- con chequera en blanco, déficits estructurales, deuda desbocada, subidas de impuestos y gasto público.

Francia ha gastado decenas de miles de millones en ‘planes de estímulo’ desde 2009. En concreto, 47.000 millones en 2009, 1.240 millones a la industria del automóvil y dos ‘planes de crecimiento’ en el mandato Hollande: 37.600 (‘inversiones’) y 16.500 millones (‘tecnología’).

En 2009, Francia tenía una media de 2,28 millones de parados y la cifra supera los 3.300.000 en Noviembre de 2013. Resultado: Record histórico de paro. Repetir.

Pero la realidad es tozuda, y hasta los políticos más intervencionistas terminan reconociéndola. Ante un escenario de estancamiento y problemas estructurales, el presidente Hollande anunciaba, por fin, una tímida reestructuración. 30.000 millones de euros en bajadas de impuestos a empresas (contribuciones sociales) y 50.000 millones de recortes hasta el año 2017.

La reacción, como no podía ser de otra manera, ha sido furibunda por parte de los sindicatos que acusaban al presidente de entregarse al modelo liberal. Y eso que llamar ‘liberal’ a la política económica francesa es como llamar rockero a Justin Bieber.  Una bajada de impuestos mínima y unos recortes ínfimos en un estado hipertrofiado no son medidas liberales, son medidas de ‘aflojar la soga’, que aun aprieta, y mucho.

Hay que ver las medidas con cautela. Primero, porque el periodo y las cantidades son poco ambiciosas. La presion fiscal sigue siendo muy superior a la media de las economías comparables, un 46,5% del PIB,  y no se han dado detalles de los recortes. Y hay mucho donde recortar en un país con 5,5 millones de funcionarios y 2 millones de empleados públicos sin categoría de ‘funcionariado’, que suponen casi el 48% del presupuesto anual.

Y es que la máquina de exprimir ya no da más de sí, y genera incentivos perversos al inculcar, en un país de tradición creadora y emprendedora, la idea de que la única salida laboral adecuada es el sector público. El escarnio público y la demonización del empresario y de los ricos termina por hacer mella y la quimera de ‘vivir del estado’  se convierte en la pesadilla donde el estado ‘vive de todos los demás’, como decía Bastiat.

En 2013 el déficit de Francia ha sido de unos 74.900 millones de euros, muy lejos de los objetivos, a pesar de haber aumentado los impuestos en 20.000 millones de euros.

Las subidas de impuestos han supuesto un serio problema, ya que no sólo han reducido la competitividad, sino que además, según Les Echos, el país ha recaudado 3.500 millones menos de lo esperado. La curva de Laffer en toda su gloria. Más impuestos, menos recaudación.

Francia se encuentra ante un escenario que debe utilizar para llevar a cabo reformas estructurales y mejorar su competitividad. Aprovechar un entorno de crecimiento de la Eurozona del 1,1%, las primas de riesgo a mínimos y las exportaciones creciendo. Es precisamente ahora cuando deben tomarse medidas de verdadero calado para potenciar la economía. En España nos jugamos mucho en que Francia recupere su fortaleza, ya que es nuestro principal cliente en exportaciones.

No, el plan anunciado no es suficiente, ni de lejos. Ni Francia va a convertirse de la noche a la mañana en una economía totalmente abierta, ni mucho menos liberal. Pero es un paso en la dirección adecuada para no sucumbir ante el inmovilismo esperando que el mundo cambie. Y es un paso valiente, si se lleva a cabo, al que debe seguir una batería de reformas que ponga de nuevo a Francia en la posición de liderazgo global que merece. Si no, dentro de unos años el país seguirá estancado, y todavía tendremos a algún desorientado que se atreverá  a escribir que “Francia no crece por las políticas neoliberales”.  Y pedirán más gasto público para ‘solucionarlo’.

Volvemos a 2011

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Como si la bolsa o la prima de riesgo fueran oráculos que leyeran infaliblemente nuestro futuro, los medios de comunicación viven estos días una situación de renovado optimismo a cuenta de las recientes subidas de la bolsa española y de la notable reducción de nuestra prima de riesgo. Parecería que, esta vez sí, la economía avanza hacia una saludable recuperación que nos permitirá dejar atrás el amargo trago de una crisis económica que comienza su ya octavo año. ¿Realmente podemos cantar victoria o sería prudente no dejarse llevar por un infundado optimismo que nos conduzca más adelante a la frustración?

Aquí ya hemos estado

“El Ibex 35 sube hasta los 10.800 y la prima de riesgo baja de los 180 puntos básicos”. Éste es un titular que acaso podamos leer en los próximos días pero que, en todo caso, sí leímos en abril de 2011, momento en el que la bolsa y la prima alcanzaron cotas muy similares a las actuales. El recordatorio no busca despertar nostalgias de tiempos pretéritos, sino constatar algo muy sencillo: ya hemos estado en una situación casi calcada a la actual y no salimos bien parados de ella. A la postre, después de abril de 2011 llegó julio de 2012, momento de máxima tensión en el que nuestra economía estuvo a punto de quebrar.

Justamente, lo que sucedió entre mediados de 2011 y mediados de 2012 fue que la supervivencia del euro se puso seriamente en cuestión incluso por la propia Alemania debido a los intensísimos desequilibrios y agujeros financieros presentes en la periferia (comenzando por Grecia y terminando por Francia, pasando por España e Italia). Dado que España no era viable por sí sola y habría sido una clarísima perdedora neta en caso de ruptura del euro, la incertidumbre sobre la Eurozona espoleó la masiva salida de capitales del país con destino Alemania y otras sólidas economías europeas que pudieran actuar como refugio.

Dicho de otra manera, entre mediados de 2011 y mediados de 2012 España —y el resto de la periferia europea— se halló en una situación de pre-quiebra. Lo que cambió en julio de 2012 no fue el buen hacer de Rajoy y Montoro (quienes siguieron en sus trece de machacar a los españoles con más gasto público y más impuestos), sino la mística intervención de Mario Draghi prometiendo, con el plácet alemán, que haría todo lo necesario para salvar el euro. Palabras que, desde entonces, el italiano ha reiterado siempre que ha tenido ocasión, hasta el punto de crear a tal efecto una nueva ventanilla dentro del BCE (la famosa OMT).

Gracias a ello, Draghi ha conseguido estabilizar financieramente a la periferia europea: desde julio de 2012, la prima de riesgo española se ha reducido en 450 puntos (un 71%) y el Ibex 35 ha aumentado un 65%, la prima de Italia ha caído en 330 puntos (un 62%) y su FTSE MIB se ha revalorizado un 55%, la prima de Portugal ha disminuido en 650 puntos (un 65%) y su PSI 20 ha crecido un 61%, y la prima griega se ha recortado en 2.075 puntos (un 77%) y su ASE se ha disparado un 120%.

Actualmente, todas las primas de riesgo de la periferia —no solo la de España— se hallan en unos niveles muy cercanos a los que exhibían en la primera mitad de 2011. Hemos hecho retroceder tres años el reloj. ¿Por qué ahora deberíamos seguir un destino diferente al que seguimos entonces?

¿Ha cambiado algo?

A pesar de las consideraciones anteriores, sería engañoso afirmar de manera taxativa que España se encuentra en una situación exactamente calcada a la de comienzos de 2011. No lo estamos. Algunos de nuestros problemas han mejorado y otros han empeorado.

Entre los primeros —como ya apunté hace año y reiteré posteriormente hace varios meses— cabe destacar la situación del sector exterior (que ha seguido creciendo y reforzando su competitividad, hasta el punto de dar un vuelco en nuestro saldo corriente con el exterior), el desapalancamiento de familias y empresas, la mejor salud financiera de los bancos (lograda, desgraciadamente, a costa de los contribuyentes) y la algo mayor flexibilidad laboral. Entre los segundos, sobresale una mucho peor situación de las finanzas públicas (el endeudamiento público ha aumentado 30 puntos desde principios de 2011, a pesar de que hayamos logrado el pírrico resultado de recortar en 2 puntos el déficit anual), una fiscalidad muchísimo más agresiva contra familias y empresas, una electricidad encarecida debido al mantenimiento de un no-mercado disfuncional y un millón de parados más que, aun con perspectivas tal vez mejores, habrá que recolocar.

En conjunto, pues, no estamos peor que a comienzos de 2011, pero tampoco claramente mejor. La única diferencia es que ahora parece que sí tenemos el respaldo de Alemania para completar nuestro proceso de reestructuración económica y financiera: transitar hacia un nuevo modelo productivo y reducir nuestro endeudamiento total. Es decir, la sustancial diferencia con 2011 es que ahora tenemos más tiempo. Pero, ¿más tiempo para qué?

Tres escenarios posibles

El tiempo que nos proporciona Alemania —en forma de crédito— puede aprovecharse con dos finalidades: ahondar en las reformas y ajustes necesarios (liberalizar la economía y reducir el gasto público y los impuestos) o no hacer nada y aguantar tal como estamos ahora mismo. La primera de las vías es la que defiendo en mi libro Una alternativa liberal para salir de la crisis: pinchar y sanear las tres burbujas que han azotado a España (la financiera, la productiva y la estatal). La segunda vía es la que ha venido implementando el Gobierno desde que alcanzó el poder y en la que parece que ha decidido enrocarse con mayor convencimiento en los últimos meses: aguantar sin reformas esperando que la ansiada recuperación internacional y la dificultosa reestructuración del sector privado nacional consigan generar suficiente riqueza como para tapar los agujeros de las tres burbujas anteriores.

La primera es la vía de la responsabilidad; la segunda es la vía del broteverdismo. Con la primera maximizamos nuestras probabilidades de éxito, con la segunda nuestras probabilidades de fracaso. ¿Que, aun siguiendo la vía de la responsabilidad, podríamos fracasar? Sin duda: el éxito no es inexorable nunca. ¿Qué, aun siguiendo la vía del broteverdismo, podríamos salir adelante? Sin duda: el fracaso tampoco es nunca inexorable. La cuestión es que el Gobierno está poniendo baches a la recuperación en lugar de facilitándola. Su objetivo no es solventar los desequilibrios de la economía española, sino llegar vivo a las siguientes elecciones.

Así las cosas, la vía broteverdista nos abre tres posibles escenarios futuros: uno, el más improbable a mi juicio, que completemos nuestro saneamiento económico a pesar del Gobierno y salgamos adelante; otro, que no lo completemos y Alemania nos vuelva a quitar los soportes, regresando a una situación casi calcada a la de la primera mitad de 2012; y el último, que a pesar de no hacer las reformas y de no completar nuestra saneamiento, Alemania nos siga refinanciando sine die, en cuyo caso entraríamos en un proceso de japonización.

Lejos de celebrar las alzas bursátiles y la reducción de la prima de riesgo, deberíamos preocuparnos de que el Gobierno se duerma otro año más en los laureles salvo cuando se trata de subir impuestos. Está bien no haber quebrado gracias a Mario Draghi; no está tan bien que, merced a ese crédito barato, caigamos en una suicida autocomplacencia.

¿Es recomendable aprobar un ‘impuesto al lujo’?

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

Es habitual escuchar alegatos a favor de aumentar los impuestos "a los ricos". Menos común es que estos pedidos obedezcan a la lógica económica y fiscal. Un buen ejemplo lo tenemos en España, donde suele afirmarse que las rentas altas torean al fisco. La realidad es otra. Por ejemplo, los datos de la Agencia Tributaria nos recuerdan que Hacienda consigue más del 60% de la recaudación por IRPF de las rentas altas.

Pese a ello, nuestro país ha consolidado en los últimos años todo tipo de alzas impositivas destinadas a castigar a las personas de mayores ingresos. La estrategia suele centrarse en confiscar un porcentaje mayor de los ingresos personales o empresariales. No obstante, también se ponen encima de la mesa otro tipo de propuestas fiscales.

Una reivindicación muy común pasa por gravar el consumo de bienes de lujo. Se pretende que la compra de un vehículo deportivo, un yate o una mansión implique un pago adicional al Estado. Diferentes partidos políticos llevan tiempo defendiendo esta reforma fiscal: 

En EEUU, el Nobel de Economía Paul Krugman también se ha quejado de que "se vuelven a ver mansiones, aviones privados, yates…". En esta línea, no se ha mostrado a favor de un impuesto al lujo, pero sí ha pedido subir el Impuesto sobre la Renta hasta un tipo máximo del 91%.

Las consecuencias no esperadas

El Blog Salmón apunta algunas dudas de partida que los entusiastas de estos artificios tributarios no parecen tener muy en cuenta:

  • Es difícil definir qué es lujo y qué no. Por ejemplo, puede que consideremos que un yate de 100.000 euros entra en esta categoría… ¿pero qué pasa si su propietario reside en la embarcación y no posee una vivienda?

  • El precio como valor absoluto no es una buena indicación. Por ejemplo, una botella de vino de 100 euros es sin duda costosa, pero está al alcance de muchos bolsillos.

  • La libertad de comercio en la UE anularía el efecto de este gravamen, ya que el recargo extra exigido en España podría ser vulnerado comprando el mismo artículo en Francia, Italia, Portugal, Reino Unido… Con las nuevas tecnologías, es posible que esa compra la hagamos sin siquiera salir de nuestra casa, lo que facilitaría la elusión del tributo.

Hay que añadir más consideraciones. Por ejemplo, en el caso de los vehículos de alta gama, su factura tributaria ya es más alta debido a los tipos del impuesto de matriculación aplicados. Así, matricular un Ferrari 458 Italia implica pagar al Fisco un 35,75%, no un 21%.

A todo lo anterior se une otro aspecto no advertido, pero fundamental: el impacto sobre el empleo y la actividad económica. Perseguir la compra de bienes y servicios de lujo implica deprimir la actividad de numerosas empresas. Esto se traduce en una reducción de beneficios que, a su vez, lleva a una reducción de plantillas. El círculo vicioso va a más si consideramos que esos despidos generarán un mayor gasto público debido al subsidio de desempleo.

Ted Kennedy y el impuesto a los yates

Peor aún, ya que quienes más sufren el impacto de estos gravámenes son los trabajadores que producen estos bienes. Un buen ejemplo lo tenemos en Estados Unidos. En los años 90, el país norteamericano aprobó un impuesto especial del 10% aplicado a la compra de yates por más de $100.000 dólares.

En este sector estaban ocupados muchos trabajadores de ingresos modestos. Aquel gravamen también pretendía castigar la compra de coches, joyas, aviones privados… El legislador demócrata Ted Kennedy impulsó esta propuesta fiscal, pero la subida tributaria duró poco. Solamente en la industria de los yates, se dieron desplomes de ventas de hasta el 77%.

El New York Times explicó que el empleo en el sector de los yates y las embarcaciones de lujo cayó de 600.000 a 400.000 personas después de la introducción de este tributo. Los precios de los barcos se resintieron notablemente (una deflación de hasta el 50%) y las empresas que siguieron en pie se salvaron principalmente por las exportaciones.

Empresarios del sector como los hermanos Healey dejaron su trabajo y se fueron a Washington para representar los intereses de la industria ante los políticos estadounidenses. Las labores de cabildeo y lobby fueron encauzadas por los propios afectados, no por despachos de especialistas. Por suerte, el esfuerzo llegó a buen puerto y el gravamen acabó siendo retirado. Mientras se aplicó, recaudó cientos de millones por debajo de lo esperado y generó una intensa destrucción de empleo.

Italia ha vivido una experiencia similar más recientemente. Durante esta crisis se aprobó un impuesto a los yates que imponía una tasa por cada año de utilización. Este tributo podía ser de 800 euros para embarcaciones pequeñas, pero llegaba a 4.400 euros en el caso de barcos de entre 20 y 24 metros de eslora. Peor aún era la situación de los grandes yates: desde los 64 metros de largo, el pago al fisco era de 25.000 euros.

Según explicó Roberto Fusco en The Economist, "los propietarios del 20% de los barcos eligieron no renovar sus permisos para así evitar este tributo. Las ventas de combustible en los puertos registraron caídas de hasta el 40%. En playas cercanas a Roma detectamos caídas de negocio cercanas al 50%". Por supuesto, esto se tradujo en destrucción de empleo, menor recaudación, etc.

El mercado del lujo en España

A nivel global, los estudios de la Fondazione de Altagamma cifran el mercado del lujo en los 680.000 millones de euros. Un 30% entra en la categoría del lujo personal: cosméticos, moda, accesorios, relojes, joyas, vinos, hoteles, restaurantes, mobiliario, yates y automóviles.

Europa supone el 38% de este mercado pero ¿cuál es la realidad a nivel español? El Observatorio del Mercado Premium y los Productos de Prestigio, constituido por IE Business School y dirigido por María Eugenia Girón tiene la respuesta:

  • El mercado del lujo mueve en España alrededor de 5.000 millones de euros cada año. El gasto per cápita en este sector es de 116 euros, por lo que no hablamos de una profundidad excesiva.

  • Entre los consumidores nacionales, el 30% de las compras proviene de hogares con ingresos totales de entre 45.000 y 100.000 euros. Hablamos de clientes que no recurren a estos bienes y servicios de forma rutinaria, sino en ocasiones especiales.

  • Los grandes patrimonios apenas suman el 10% del mercado del lujo, si bien el gasto medio de estos compradores es elevado.

  • Los turistas sostienen estos niveles de facturación, convirtiéndose ya en el 30% del mercado. Este porcentaje es superior al 40% en Francia o Italia, por lo que aún hay mucho margen de crecimiento.

  • En 2012, los visitantes llegados de fuera de nuestras fronteras aumentaron su gasto en artículos de lujo un 22%, compensando así el descenso de ventas domésticas, estimado en el 7%.

  • Los turistas más apetecibles para este mercado llegan de países asiáticos, Rusia, Brasil y México.

Quienes proponen este gravamen a través de plataformas como Change.org afirman que la recaudación obtenida "permitiría bajar el IVA" a niveles de 2011, eliminando así la subida aprobada por la Administración Rajoy en 2013. Sin embargo, un vistazo sereno a los números muestra que esta afirmación es un disparate, ya que gravar a este mercado como proponen ERC, IU o UPyD generaría un máximo de 300 millones de euros, tal y como indican los cálculos más generosos de Actibva.

Eso sí, hablamos de un juego de suma cero, y por tanto los ingresos extra del Estado implicarían menos dinero para el sector del lujo. Como ya hemos visto, esto se traduciría en menos empleo y menos actividadeconómica. Las ramificaciones llegarían a sectores como el turístico o el publicitario. En suma, el coste fiscal derivado de este empobrecimiento podría anular buena parte de la recaudación obtenida.

Loewe como ejemplo

Hay quienes encuentran frívolo el coste de los productos de empresas como Loewe. Sin embargo, estas firmas se caracterizan por la excelencia en materia de diseño, fabricación y presentación, justificando así ese diferencial de precio frente a otras marcas.

El caso de Loewe es muy ilustrativo para el asunto que nos ocupa. Dicha firma acaba de anunciar que duplicará su planta de producción en Getafe, convirtiéndola en su centro mundial de investigación y desarrollo y ampliando su volumen de trabajadores hasta las 430 personas. A esta generación de riqueza se unen los empleos generados directa e indirectamente (venta al público, transporte, publicidad, marketing…) o aspectos intangibles que también benefician a nuestra economía (internacionalización, imagen de excelencia y prestigio…).

Pueden seguir a Diego Sánchez de la Cruz en su blog de Libre Mercado, sucuenta de Twitter y su página de Facebook.

Los planes del Gobierno para 2014: recaudar, recaudar, recaudar (y una alternativa)

Escrito por Antonio España en . Publicado en Artículos en prensa.

Es habitual escuchar que el principal problema económico de España es la falta de demanda, es decir, la falta de gasto. Si ésta regresara, también lo haría la inversión, la creación de empleo con salarios crecientes, el consumo, la recaudación fiscal y, en última instancia, la solución a todos nuestros problemas. Las causas de la falta de demanda suelen tasarse en la incertidumbre económica que paraliza cualquier decisión de los agentes y en el muy notable apalancamiento privado que impide que familias y empresas destinen su renta disponible a algo que no sea la amortización de su deuda.

La explicación tiene la ventaja de que encaja con la percepción popular sobre la crisis –como ya no gastamos tanto como antes, la economía ha encallado y se ha ido deteriorando– y, sobre todo, con el repertorio justificativo del intervencionismo estatal –si el problema es la falta de demanda y el sector privado no puede tirar del carro, deberá ser el Estado quien lo haga mediante “planes de estímulo” y gigantescos déficits públicos–. Pero, por intuitiva que pueda parecernos, la explicación es esencialmente falaz y no deja de ser preocupante que, habiendo iniciado nuestro séptimo año de crisis económica, todavía no hayamos desentrañado adecuadamente sus causas.

El problema es de oferta, no de demanda

Si nuestro problema es la falta de gasto, será que en agregado no gastamos tanto como en 2007, momento en el que la economía funcionaba a pleno rendimiento y el desempleo alcanzó mínimos históricos. El problema de gastar al nivel de 2007 es sólo uno: en ese año, 1 de cada 10 euros de nuestros desembolsos procedía de nuestro endeudamiento exterior; a saber, sólo el 90% de lo que gastábamos en España era producido dentro de España, proviniendo el otro 10% de importaciones netas desde el extranjero que quedaban pendientes de pago.

Así pues, España vivía a todo tren porque un 10% de ese tren era financiado por nuestros acreedores extranjeros. El caso no es demasiado distinto al de una persona que se endeuda con el banco durante varios años y, merced a las líneas de crédito obtenidas, vive muy por encima de sus posibilidades: ciertamente, su endeudamiento le permite gastar más, pero su nivel de gasto resulta insostenible.

Regresar al nivel de gasto 2007 implica, pues, regresar a la estructura de gasto de 2007, es decir, al ritmo de endeudamiento (insostenible) de 2007. Sólo habría una excepción para la proposición anterior: si desde 2007 a esta parte, el aparato productivo de nuestra economía (la oferta) hubiese cambiado de tal modo que hoy nos permitiera atender el nivel de gasto de 2007 cubriendo con producción interna no el 90% de ese gasto, sino el 100% (en realidad, más del 100%, pues necesitamos exportar una parte de nuestra producción interna para amortizar nuestra deuda exterior), podríamos gastar al nivel de 2007 sin endeudarnos al ritmo de 2007. Dicho de otro modo, nuestro problema siempre ha sido de oferta: cómo modificar una muy deficiente y burbujística estructura productiva para transformarla en una superavitaria y equilibrada estructura productiva que nos permita fabricar no sólo muchos más bienes que en 2007, sino bienes muy distintos a los de 2007 (no necesitamos más viviendas).

¿Contamos hoy con una estructura productiva capaz de fabricar más y mejores bienes y servicios que los de 2007? Con seis millones de parados, parecería que los sectores económicos que necesitamos todavía no hayan sido creados (pues, si lo estuvieran, los desempleados estarían ya contratados y generando riqueza). Acaso podría pensarse que no lo están por falta de demanda: pero fijémonos que el problema no es que españoles no deseen poseer esa mayor cantidad y calidad de bienes y servicios (todos queremos vivir mejor), sino que no poseemos renta suficiente para adquirirlos. Pero, ¿de dónde procede la renta salvo de la producción? El trabajador cobra un sueldo cuando es contratado para producir y el capitalista cobra dividendos una vez ya se han producido (y vendido) las mercancías.

En otras palabras, salvo cuando nos endeudamos, por necesidad la producción antecede al gasto. Nadie puede disponer de aquello que no ha producido (salvo que se lo dejen prestado, es decir, salvo que se endeude). De ahí que afirmar que nuestro problema es de falta de demanda equivale hoy a afirmar que nuestro problema es de falta de endeudamiento. ¿De verdad el sector público y el privado necesitan de más deuda cuando a duras penas pueden devolver sus titánicos pasivos actuales?

Implicaciones del problema de oferta

El debate sobre si los problemas de España proceden de la inadecuada oferta o de la insuficiente demanda no es en absoluto bizantino. Si el problema fuera de demanda, la solución pasaría por endeudarnos y por gastar más, sin atender demasiado a la composición concreta de la oferta. Si, en cambio, el problema es de oferta, la solución no pasará por endeudarnos todavía más como país, sino por remover los obstáculos que impiden a nuestros empresarios reconfigurar sus planes de negocio y generar nuevas industrias (ésas que permitan aumentar la cantidad y la calidad de los bienes que podemos fabricar internamente): será justamente ese aumento de la oferta el que generará las rentas que permitan aumentar la demanda (las rentas que nos permitan aumentar nuestro gasto sin endeudarnos con el exterior).

¿Cuáles son esos obstáculos? Por un lado, todas aquellas condiciones institucionales que generen incertidumbre sobre la viabilidad a largo plazo de nuestra economía: en esencia, nuestro desequilibrado déficit público que amenaza la solvencia a largo plazo del Estado. Por otro, todas aquellas regulaciones y sobrecostes estatales que impidan conformar, dentro de las condiciones actuales de España, planes de negocio rentables: normativas que bloquean el ajuste del precio de sus factores con su productividad (leyes de salario mínimo y convenios colectivos que inflan artificialmente los costes salariales, intervenciones en el sistema eléctrico que hipertrofian su precio o racionamiento del stock de viviendas a la venta para seguir retrasando el pinchazo definitivo de la burbuja) y gravosos impuestos de todo tipo que minan las ganancias post-mordida estatal.

En suma, necesitamos una economía más segura, más flexible y más libre para superar el shock distorsionador que le supuso la burbuja inmobiliaria y para encontrar su lugar dentro de una economía globalizada que descansa sobre una división del trabajo internacional (dentro de la que se tiene que insertar España, sacando partida de sus ventajas comparativas). No será el gasto indiscriminado y basado en la deuda el que, llevándonos a especializarnos en la producción de cualquier cosa, nos saque de un embrollo en el que, justamente, nos metió el gasto indiscriminado y basado en deuda: al contrario, serán las decisiones racionales, ponderadas, equilibradas y juiciosas a propósito de planes de negocio viables las que nos permitan aumentar sosteniblemente nuestra producción, nuestra riqueza y, al final, nuestra demanda.

Los políticos españoles, así como la inmensa mayoría de economistas de este país, han remado en la dirección contraria entre 2007 y 2013. Por desgracia, nada hace sospechar que vayan a cambiar de perspectiva a partir de 2014.

Montoro celebra los dos años del rejonazo fiscal

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Reconoce Montoro algo que, a estas alturas de esta terrorífica película, no debería sorprender a nadie: la próxima reforma fiscal no irá dirigida a bajar impuestos sino a subirlos. En contra de lo que nos prometieron cuando nos propinaron una profunda estocada fiscal que dejó, en aquel momento, a Cayo Lara a la altura de un izquierdista moderado, Montoro no tiene el menor propósito de suprimir ese socialdemócrata "recargo extraordinario de solidaridad" que llevó los tipos sobre la renta españoles a los niveles más altos del mundo. Al revés: su objetivo declarado es camuflarlo para consolidarlo; convertir la anormalidad fiscal en un imperceptible saqueo penumbroso.

"Me permitirán que trate de recaudar más", sentencia el ministro de Hacienda que más ha hecho por ahogar fiscalmente a los españoles. Todavía más, debería haber añadido. Eso sí, amablemente nos aclara que su ilimitada voracidad tributaria responde a un sano propósito: reducir el déficit público para consolidar la recuperación. Lo dice al mismo tiempo que declara finiquitada la austeridad verdaderamente sana (la consistente en reducir gastos) y el mismo día en que la Intervención General de la Administración del Estado ha retratado sus auténticos planes: hasta noviembre de 2013, la recaudación del Gobierno central había crecido casi un 7% con respecto a 2012, mientras que el déficit se expandía en más de un 8%. ¿La razón? El gasto público que recae bajo el control directo de Montoro se ha disparado por encima de los niveles alcanzados en 2012 e incluso en el zapateril 2011.

He ahí, pues, el auténtico motivo por el que Montoro ambiciona más recaudación: para poder gastar más. Toda vez que el PP renunció a pinchar la burbuja estatal, la única alternativa para costear nuestro Estado sobredimensionado pasaba por instituir un infierno fiscal; tarea a la que el titular de Hacienda se ha dedicado en cuerpo y alma, aun cuando ello implique incurrir en flagrantes y desvergonzadas contradicciones.

Comparen, si no, estas dos declaraciones del ministro de Hacienda, separadas apenas por unos meses. En materia fiscal, insiste en que la crisis hace inexorable la subida de impuestos: "Estamos en crisis y los ciudadanos y contribuyentes de más capacidad económica y las empresas con más capacidad económica van a contribuir comparativamente más. Eso, vaya por delante, que estamos en crisis. Que quede claro, porque si no, esto no encaja". En materia propagandística, pregona la conclusión de la crisis: "Este año [2013] será el último de crisis económica". ¿Seguimos en crisis para continuar incrementando los impuestos pero ya hemos salido de ella cuando se trata de entrar en precampaña electoral? Broteverdismo asimétrico.

El descaro de Montoro no termina aquí. Tratando de hacer un guiño al público liberal, al que debe de reputar como hondamente iletrado, el titular de Hacienda proclama: "Milton Friedman, antes de ser el gran monetarista y liberal de nuestro tiempo, fue la persona que reformó el impuesto sobre la renta norteamericano para introducir un impuesto progresivo. Por tanto, hasta Friedman promovió un sistema más recaudatorio a través de la progresividad fiscal. Y a mí, que soy mucho más modesto, también me permitirán que trate de recaudar más, porque si no, este país nunca saldrá de la crisis".

Como suele suceder con Montoro, resulta difícil deslindar la ignorancia del embuste, pero lo intentaremos.

Primero, el impuesto sobre la renta estadounidense ya nació siendo progresivo en 1913, momento en el que Friedman contaba con un añazo de edad. Segundo, Friedman defendió en Capitalismo y Libertad (1962) un impuesto de tipo único sobre la renta: "La estructura ideal del impuesto sobre la renta parece ser la de un tipo único a partir de un mínimo exento". Tercero, lo que Friedman sí contribuyó a implantar durante la II Guerra Mundial fueron las retenciones sobre la renta (supongo que un catedrático de Hacienda como Montoro sabrá distinguir entre retenciones y progresividad), una calamidad estatista por la que, por cierto, terminó pidiendo perdón: "[Cuando ayudé a crear las retenciones sobre la renta] nunca se me ocurrió que estuviera ayudando a construir una maquinaria que haría viable un Gobierno como el que tantas veces he criticado: demasiado grande, demasiado intrusivo, demasiado destructivo de la libertad. Pero eso era precisamente lo que estaba haciendo". Y, por último, se me antoja complicado que el responsable de que se hayan subido más de 30 veces los impuestos en España se intente acercar mínimamente a un liberal que, si bien cometió muchos fallos a lo largo de su vida, al menos tenía los principios tributarios bastante claros: "Estoy a favor de recortar impuestos bajo todas las circunstancias y por cualquier razón imaginable, porque creo que el problema no es la falta de tributación: el gran problema es el excesivo gasto". Calcado a Montoro, vaya.

En definitiva, el ministro de Hacienda ha querido celebrar el segundo aniversario de aquel infausto Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011 –el del solidario rejonazo fiscal– recuperando su esencia espiritual: anunciar nuevas subidas de impuestos envueltas en el engaño sistemático.