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Etiqueta: Fiscalidad

Por el matrimonio de libre mercado

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

El pasado 26 de junio pasará a la historia. A la historia de la lucha de la comunidad homosexual por sus derechos y libertades individuales que prendió mecha un día de 1969 en el neoyorkino enclave de Stonewall, y entre tales derechos el reconocimiento del vínculo afectivo del que se derivan derechos y obligaciones contractuales y que viene a denominarse matrimonio. Y es que el 26 de junio de 2013 el Tribunal Supremo de EEUU falló inconstitucional la DOMA, ley que promulgó en 1996 el progresista Bill Clinton por la cual el gobierno federal sacaba de la legalidad como matrimonio cualquier unión que no fuera entre dos personas de opuesto sexo. Permítaseme una breve descripción del estado de la cuestión previa a un enfoque libertario de la misma.

Dicha resolución judicial fue la respuesta de la Corte Suprema al caso “Estados Unidos contra Windsor”, por el que Edith Windsor reclamaba su igualdad ante la ley frente a un matrimonio heterosexual a la hora de heredar de su esposa fallecida Thea Spyer. Ambas, Edith y Thea, residían en Nueva York y se casaron en 2007 en Toronto, Canadá. Tras más de 40 años de relación, Thea falleció y Edith tuvo que padecer los agravios fiscales de que aquel matrimonio no fuera reconocido como tal. El histórico fallo del Supremo estadounidense deja, en cualquier caso, la aprobación o no del matrimonio homosexual a cada estado del país y parece reafirmar que el propósito de la DOMA de sacar de la legalidad una forma de matrimonio excede las competencias del Gobierno federal (concepto que, aunque no recogido en la sentencia, se deriva inequívocamente de la 10ª enmienda de la Constitución de EEUU).

A día de hoy el matrimonio homosexual es válido y legal en trece países del mundo, a saber: Bélgica, Holanda, Suecia, Dinamarca, Canadá, España, Argentina, Francia, Islandia, Noruega, Brasil, Portugal y Sudáfrica. En Reino Unido parece inminente su aprobación y también es válido en algunas jurisdicciones o territorios de México y EEUU.

Siendo indiscutible que el matrimonio, dada su entidad civil, es una institución que va más allá de los márgenes de lo religioso y sagrado, conviene no obstante tener en cuenta –y de paso cuestionar ciertos argumentos religiosos que, como digo, son inanes de partida- que el matrimonio homosexual religioso está dispuesto y es sancionado como válido en iglesias cristianas como la Episcopaliana de EEUU, la Iglesia luterana de Suecia, la iglesia de los cuáqueros en EEUU o la Iglesia Unida de Cristo en EEUU y Canadá, siendo en este último país la segunda mayor comunidad cristiana tras la católica. El apoyo popular al matrimonio homosexual crece como tendencia global de manera pareja al nivel educativo y de forma por el momento más bien inversa a la edad cronológica (dicho llanamente, es mayor dicho apoyo entre personas con estudios superiores que básicos y entre personas jóvenes que de edad avanzada). En 2011, la mayoría de estadounidenses se posicionó por primera vez favorable al matrimonio homosexual en los sondeos de opinión.

Las personas opuestas al matrimonio homosexual dicen con ello defender el matrimonio “tradicional”. Para lo cual habrá que ignorar parte de la historia de la humanidad. El emperador romano Nerón contrajo matrimonio en más de una ocasión con otro hombre, se cree que también hizo lo propio el emperador Heliogábalo, y aunque fue irregular y poco clara la popularidad del matrimonio homosexual en la era romana, como tal llegó a darse y sólo se prohibió explícitamente tras la extensión del Cristianismo. Rituales de matrimonio homosexual se dieron asimismo en la antigua Mesopotamia, en la provincia china de Fujian bajo la dinastía Ming, en el Antiguo Egipto y existe evidencia de un matrimonio homosexual en el siglo XI en Galicia. De todos modos, es peligroso hacer de la tradición la guía única y central de la justicia. Tradicionalmente, los negros han sido esclavos en gran parte del mundo, las mujeres también de sus esposos, y los ateos quemados en hogueras.

Los oponentes al matrimonio homosexual no sólo suelen presentarse como guardianes de la historia, sino que muestran un repentino celo académico por la preservación del brillo y esplendor de la lengua. El argumento etimológico de que “matrimonio” significa en su origen latino “una sola madre” o bien “cuidado de una madre” podría valer para cuestionar –etimológicamente claro- el matrimonio homosexual, pero el masculino no el femenino. Pero, siguiendo con tal purismo lingüístico, “mater”también significa en latín “materia”, aludiendo así a la materia original de la que procederíamos y no diciendo nada sobre el sexo o género.

Si el argumento es la procreación, ¿qué hay de las parejas heterosexuales estériles? Si el argumento es la figura paterna y materna, ¿qué hay de la prole criada por un padre o madre prematuramente enviudado? Si la cuestión es que un niño tiene “derecho” a un padre y una madre para una buena crianza, podemos abrir la veda a cualesquiera cosas imaginables para una “buena crianza” que, claro está, deberán ser provistas por un Estado benefactor, redistribuidor y aun totalitario. Los siguientes pasos en este sentido bien podrían venir a prohibir la procreación o tutela por parte de parejas de fumadores, de alcohólicos, de personas incultas… (no deseo dar demasiadas ideas a los ingenieros sociales). En tal caso qué mejor padre y madre que el Gobierno, dentro de un mundo feliz como plasmó Aldous Huxley en su distopía de humanos convertidos en autómatas.

Además de todo esto, es harto curioso que los autoproclamados defensores del matrimonio “tradicional” defiendan en la actualidad las uniones múltiples: la de un hombre, una mujer y el Gobierno. Pues hoy nos casamos, más que nunca, con el Estado. En el siglo XX, el Estado no sólo nos robó nuestra sanidad, educación o pensiones. También nos ha arrebatado como sociedad civil el matrimonio. Y es que el matrimonio si tradicionalmente es algo es un contrato eminentemente privado. En las civilizaciones griega y romana, el matrimonio era básicamente una unión contractual cuya validez se asentaba más en el reconocimiento general de la comunidad que en la sanción de un Estado o Gobierno. Era parte del derecho consuetudinario basado en usos y costumbres en lugar de imposiciones legales de un gobernante, Estado o Parlamento. Fue en el Concilio eclesiástico de 1215 y más tarde en el de Trento en 1545 cuando se dieron los primeros pasos para que una Iglesia investida de poderes de tipo gubernamental quisiera abrogar de la esfera estrictamente privada el matrimonio. En Inglaterra, el matrimonio privado basado en aquella Ley Común fue abolido por el Gobierno inglés en 1753.

Podríamos ofrecer una resumida definición de matrimonio como aquella institución entre al menos dos personas, cimentada por un compromiso vital-afectivo, un conjunto de acuerdos contractuales proyectados hacia el futuro, y la asunción del cargo de la crianza de la prole en el caso de darse. No sólo eso, sino que probablemente sea la institución en la que invertimos más capital (nosotros mismos, nuestras vidas) y a más largo plazo (presumiblemente hasta el fin de nuestros días). Habiendo compromiso y contrato, la ruptura del matrimonio típicamente requería la demostración de claro incumplimiento por al menos una de las personas involucradas. Todo esto finalizó cuando el Gobierno monopolizó el matrimonio para articularlo a su antojo con, entre otras aportaciones, la universalización del divorcio sin culpa o causa. Dado el coste del divorcio, especialmente el coste soportado cuando hay niños de por medio, tradicionalmente el vínculo del matrimonio podía disolverse, pero no tan fácil y rápidamente. Hoy, con el Gobierno definiendo el matrimonio y su disolución y asumiendo cual costes públicos los derivados del divorcio (educadores sociales públicos, la custodia gubernamental…, esto es reduciendo notablemente el coste real soportado por las partes del contrato matrimonial) se ha dinamitado el espontáneo avance del matrimonio como institución social que determina sus precios, costes y valor a partir de la estricta interacción de los seres humanos subjetivos. Hemos nacionalizado el matrimonio, que ha dejado de ser institución social –y de libre mercado y evolución–, para serlo estatal. A nadie debería extrañar, pues, la rampante epidemia de divorcios. Cual destructor de todo lo que toca, el Gobierno ha sido artífice del matrimonio basura. Mientras el orden social voluntario o de mercado disciplina, el Gobierno corrompe, destruye y vicia. El matrimonio, igual que la moneda, es vivo ejemplo de cómo los Gobiernos pueden devaluar un bien preciado que, en su origen, es estricta y puramente privado. Por tanto, más que hablar de privatizar el matrimonio deberíamos hablar de reprivatizarlo.

En las posiciones oficiales de sus estatutos, el Partido Libertario de EEUU –el tercero del país- condensaría mi punto de vista:

“La orientación sexual, la preferencia, el género o la identidad de género no deberían tener impacto en el tratamiento de los individuos por el Gobierno, como en el actual matrimonio, en la custodia infantil, la adopción, la inmigración y las leyes de servicio militar. El Gobierno no tiene derecho a definir, permitir o restringir relaciones personales. Los adultos que consienten deberían ser libres de elegir sus propias prácticas sexuales y sus relaciones personales”.

Los libertarios no debemos cejar en pretender levantar muros lo más infranqueables posibles alrededor de nuestras comunidades y sociedades para mantenernos libres de la conquista y fagocitación del Gobierno. También en lo que respecta al matrimonio y nuestras relaciones interpersonales. Porque el verdadero avance no está en sustituir un Gobierno ‘discriminador’ por un Gobierno ‘inclusivo’, sino en pasar de aquél a un Gobierno neutral. Pues no se trata de igualdad para casarse, sino de libertad para casarse. Y donde hay Gobierno no puede haber libertad.

@AdolfoDLozano/ david_europa@hotmail.com

‘Abegedón’, el colapso de Japón

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

El Gobierno de Japón ha puesto en marcha el mayor experimento monetario de las últimas décadas dentro del grupo de los países más desarrollados del mundo. El primer ministro, Shinzo Abe, ha asestado un radical cambio de rumbo a la política económica nipona desde su llegada al poder con el objetivo de impulsar el PIB, tras casi dos décadas de estancamiento. Su programa se sustenta sobre tres ejes básicos: estímulo monetario, en forma de inyecciones masivas de liquidez por parte del Banco Central de Japón (BoJ); estímulo fiscal, es decir, más gasto público a través de ingentes programas de inversión estatal para tratar de relanzar el crecimiento; y, en última instancia, reformas estructurales destinadas a incrementar la productividad del país. Las dos primeras medidas ya han sido puestas en marcha, la tercera aún tendrá que esperar.

El citado programa fue recibido casi de inmediato con el apoyo y aplauso unánime de muchos gobiernos desarrollados, especialmente de aquéllos que, en la actualidad, sufren los embates de la crisis, como es el caso de España o Francia. En este sentido, Mariano Rajoy ha insistido mucho, últimamente, en que Europa y el BCE deberían seguir como ejemplo la política nipona, conocida ya popularmente como Abenomics, para superar la crisis del euro. Asimismo, numerosos economistas, empezando por el Nobel Paul Krugman, no han dudado en alabar este plan de choque, recomendando su implantación en sus respectivos países. Se trata, sin duda, de todo un acontecimiento a nivel global, pero lo primero que cabe destacar es su falta de originalidad. Japón lleva 20 años aplicando esta misma receta, la del estímulo fiscal-monetario, con igual resultado, sólo que en esta ocasión Abe ha decidido elevar su apuesta a un escala hasta ahora desconocida, una especie de todo o nada, en la que Japón se jugará, nada más y nada menos, que la quiebra del país.

El nuevo gobernador del BoJ, Haruhiko Kuroda, anunció un gran plan de expansión monetaria, equivalente a casi tres veces el Quantitative Easing aplicado por la Reserva Federal de EEUU (FED) en términos relativos. Y todo ello, con la única finalidad de conseguir, al precio que sea, un crecimiento nominal del PIB. Para lograr aumentar el PIB existe, básicamente, dos vías. A saber, abrazar el capitalismo, despejando el camino a la iniciativa privada y el libre mercado, lo cual conlleva regirse por la ortodoxia fiscal y monetaria; o bien, simplemente, generar inflación. Ésta es la vía escogida por Abe. 

El Gobierno nipón pretende devaluar de forma muy sustancial su moneda, disparando la impresión de billetes, para impulsar su potente industria exportadora al tiempo que encarece las importaciones. La meta es alcanzar un inflación anual del 2%. Sin embargo, más allá de las presiones deflacionarias que dificultarán la consecución de tal objetivo, como su declive demográfico o sus problemas económicos estructurales, una de las claves más importantes a tener en cuenta es su elevadísimo endeudamiento público, ya que alcanzará el 245% del PIB este ejercicio, según el FMI, con un déficit fiscal próximo al 10% en 2012.

La rentabilidad del bono japonés a 10 años lleva tiempo moviéndose en una horquilla de entre el 0,5% y el 1%. A pesar de este reducido coste financiero, gracias al elevado ahorro de los japoneses y a que más del 90% de su deuda está en manos de inversores nacionales, Tokio destina casi el 25% de sus ingresos fiscales al pago de intereses debido al enorme volumen de deuda acumulado en las últimas dos décadas de estancamiento. ¿Problema? Si dicha tasa se elevara al 2,2%, los intereses de la deuda se comerían cerca del 80% de la recaudación tributaria. Un escenario que en ningún caso se puede descartar, ya que la rentabilidad de los bonos difícilmente bajará de dicho umbral si el BoJ logra su ansiado objetivo inflacionario del 2%. Ante tal escenario, el Estado se vería obligado a disparar aún más la emisión de bonos para poder mantener en pie su castillo de naipes, refinanciando cantidades cada vez mayores de deuda a fin de evitar la suspensión de pagos.

¿Quién comprará tal volumen de bonos? Evidentemente, su banco central, que bien podría acabar acaparando la práctica totalidad de la emisión de deuda, a base de imprimir una cuantía cada vez mayor de billetes, para tratar de mantener la rentabilidad de los bonos más o menos bajo control. Así pues, Japón corre el riesgo de entrar en una devastadora espiral de monetización masiva, cuyo destino final conduciría a la bancarrota e incluso a la hiperinflación. Un Abegedón, según el banco suizo UBS, en el que, dada la insostenible tendencia de sus finanzas públicas, la deuda podría alcanzar la cota histórica del 300% del PIB, con una rentabilidad media del 5% en sus bonos a 10 años, del todo punto insostenible. Y ello, sin tener en cuenta la guerra de divisas global que se podría desatar durante todo este particular fenómeno Abenómico…

Impuestos sobre la estructura productiva

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Desde un punto de vista agregado, las interconexiones entre las distintas inversiones que se realizan en una economía suele resumirse en la expresión "estructura productiva", tan familiar para los economistas austriacos. La producción se realiza a lo largo del tiempo, por lo que, dentro de esa concepción agregada, se concibe esa estructura compuesta de distintas etapas en función de su cercanía al consumo final, que representan el flujo de bienes y servicios "reales" y el dinero.

Según el comportamiento de diversas variables agregadas como el ahorro y el tipo de interés, o la asignación y reasignación de los factores productivos, la forma de la estructura productiva si la representáramos gráficamente con el famoso triángulo hayekiano será diferente: más alargada (con más etapas productivas) y, por tanto, más capitalizada; o más achatada, con menor número de etapas (menos capitalizada). En el primer caso se producirán más y mejores bienes y servicios de producción y de consumo (mayor bienestar para la población), todo lo contrario que en el segundo caso.

Con esta panorámica agregada, la escuela austriaca ha explicado el proceso de capitalización de la economía (la forma de la estructura productiva), tanto de una manera sana (basado en el ahorro) o insana (promovida por la expansión artificial del crédito por los bancos centrales). 

No obstante, también la estructura productiva puede modificarse forzosamente por el Gobierno por otras vías: los impuestos sobre la actividad económica (por ejemplo, el Impuesto sobre Sociedades, el IRPF-rendimiento de actividades económicas, o el IVA, entre los más importantes). El gravamen en los beneficios achata la estructura de producción. Dos ejemplos:

Achatamiento de la estructura productiva por gravar los beneficios de cada etapa productiva

Los beneficios son una señal para el arbitraje empresarial entre los precios de los productos y el precio de los factores productivos empleados. Ante mayores márgenes relativos de una etapa con respecto a otra, se producirá una sana afluencia de empresarios y capital para aprovecharse de esos márgenes al tiempo que se satisface más y mejor al consumidor. En cada etapa puede haber diferente nivel de beneficios (o pérdidas). Los impuestos sobre la renta de la actividad económica atacan precisamente estos beneficios, reduciéndolos.

Imaginemos que el desarrollo de la economía lleva a que en una etapa productiva se generen jugosos beneficios. Gravar estos beneficios detendrá la necesaria afluencia comentada provocando multitud de distorsiones. En primer lugar, se limita la producción de los productos intermedios que deberían crearse en dicha etapa, por la vía de impedir un mayor número de empresas que podrían fabricarlos o, sin reducirlo, por hacerlas más improductivas (a causa del mayor coste que supone el impuesto). Esto puede provocar la merma en el suministro de estos bienes y servicios, pero también en el de aquellos producidos por las etapas colindantes (aquellas que, a su vez, suministran y adquieren los productos de la etapa con altos beneficios gravados). Es decir, una interrupción de la coordinación acompasada de las distintas etapas. El resultado es que se infrautilizarán todas estas etapas productivas (sobre la que recae el impuesto y las colindantes), cabiendo la posibilidad de crearse, a corto plazo (antes de que modifiquen sus precios y se reubiquen) recursos forzosamente ociosos (por ejemplo, paro). Como resultado, a causa de los impuestos pueden crearse pequeñas crisis parciales en las etapas más afectadas, lo que provocará un achatamiento de la estructura productiva y a la descoordinación temporal, magnificado si la economía está también fuertemente regulada en otros ámbitos (como el laboral, ya mencionado, o el de la competencia, etc.).

Achatamiento de la estructura productiva por gravar los beneficios que cubren el coste del capital en cada etapa

Otro problema que surge es que gravar la renta (el beneficio contable en el Impuesto sobre Sociedades, o el valor añadido en el IVA) generada en cada etapa productiva también contiene el coste del capital o tipo de interés (es decir, el coste de oportunidad de los inversores). Dicho de otro modo, el beneficio contable no sólo contiene el beneficio puro empresarial (que tenderá a reducirse con la competencia) sino la recompensa a los inversores por la financiación (fondos propios o deuda). Esto es de vital importancia porque poder generar valor para remunerar este interés significa que la actividad se realiza de acuerdo con la preferencia temporal, la aversión al riesgo y la preferencia por la liquidez de los agentes. Es decir, con el coste que les supone la espera hasta obtener la producción que financian. De ser así, habrá una coordinación intertemporal de la actividad económica, compleja y generadora de valor.

Gravar el beneficio que cubre el tipo de interés conlleva otra serie de problemática, comenzando por la destrucción de cualquier actividad que no pudiera modificar su estructura operativa sin querer dejar de remunerar a los inversores. Esta capacidad de supervivencia y adaptación dependerá de la empresa, y se hace tristemente más evidente hoy en día con las continuas subidas de impuestos.

Por ejemplo, las empresas más ilíquidas (con más activo fijo o con más pasivo exigible a corto) tendrán más difícil esa adaptación, motivo por el que quizá se vean abocadas a cerrar (piénsese en el efecto que ha tenido el IVA en los teatros o cines, cuyo valor añadido es otro tipo de renta gravada). Al contrario, las empresas más liquidas podrán capear el impuesto con cargo a reservas, descapitalizándose para ganar tiempo, o bien con cargo a sus activos más líquidos pero en detrimento de no poder destinar esa liquidez a otro tipo de activos (fijos, a largo plazo) que ofrecen mayores rentabilidades. Es decir, un achatamiento de la estructura productiva.

Puede ocurrir, además, que el empresario, aunque obtenga beneficios después de impuestos, no se dé cuenta de que estos no cubren el coste del capital. Ha de tenerse en cuenta que este coste incluye la remuneración de la deuda pero también la de los fondos propios, que pueden provenir del mismo empresario (sobre todo en economías con mucha microempresa). Si el beneficio (o el valor añadido) después de impuestos no cubre todo el coste de oportunidad más difícilmente visible de los fondos propios, se estará quebrando el sentido capitalista de la actividad económica, esto es, la coordinación intertemporal de la producción con vistas a generar valor a lo largo del tiempo. Otra manera de achatar (gráficamente) la estructura productiva.

La farsa tributaria de Monago

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Acaba de prometer José Antonio Monago que les rebajará el IRPF al 90% de los extremeños debido al avanzado estado del saneamiento financiero de la región. Albricias. Al parecer, y atendiendo a la mayoría de los titulares de la prensa española, el Motín del Té patrio acaba de estallar en Mérida: la rebelión contra los sablazos fiscales de Montoro ya ha pasado de las palabras ‘aznarianas’ a los hechos ‘monaguescos’ y amenaza con extenderse a otras regiones españolas como Cantabria. Por fin, cabría exclamar. Pero no: sucede que la cruda realidad tiene bastante poco que ver con esta estupefaciente ficción.

Dos consideraciones previas

Primero, no deberíamos olvidar que España sigue al borde de la suspensión de pagos y que la consolidación presupuestaria debería seguir constituyendo la prioridad de ‘todas’ nuestras administraciones públicas. Dicho de otro modo: tal como ya hemos manifestado en otras ocasiones, toda reducción de ingresos debería ir precedida por un mucho más intenso recorte de los desembolsos dirigido a terminar de equilibrar nuestras cuentas. La Junta de Extremadura no sólo no ha aprobado disminuciones adicionales del gasto que le permitan sufragar la rebaja de 10 millones de euros en el IRPF autonómico, sino que ha incrementado otros que la duplican en importe: hace unas semanas, la Junta instauró la llamada “renta de inserción extremeña” dotada con un presupuesto (ampliable) de 13,2 millones de euros, y este mismo martes, al tiempo que prometía moderar el IRPF, Monago también anunció la creación de un “bono cultural” con un coste estimado de 8,4 millones de euros. En suma: lejos de financiar el menor IRPF recortando el gasto en 10 millones de euros, el PP extremeño lo ‘aumenta’ en 21,6 millones sólo con estas dos ocurrencias netamente socialistas.

Segundo, nunca deberíamos olvidar que Extremadura es la segunda comunidad autónoma (después de Canarias) que más se beneficia del disparatadamente redistributivo sistema de financiación autonómico que padecemos los españoles. Por ejemplo, en 2013 la capacidad tributaria de la región (la recaudación que teóricamente habría obtenido en función de los tributos que tiene cedidos) ascendía a 1.423 millones de euros, mientras que los recursos que finalmente le transfirió el sistema fueron 2.565 millones; por el contrario, Madrid podría haber recaudado 14.157 millones de euros sólo con los tributos cedidos pero finalmente sólo consiguió merced a la redistribución autonómica 11.145 millones. No deja de resultar paradójico que el gobierno extremeño pueda permitirse el lujo de bajar impuestos y de aumentar el gasto a costa de externalizar el coste de esas medidas a los ciudadanos de otras autonomías –como los de Madrid o Cataluña– que no pueden disfrutar de esa misma laxitud tributaria.

No, no es la austeridad de Monago lo que le permite reducir el IRPF, sino la austeridad que padecen parte de los ciudadanos españoles para sostener el infladísimo presupuesto extremeño. Infladísimo presupuesto que, para más inri, pervierte por completo los incentivos del Ejecutivo regional: lejos de mejorar la fiscalidad de los trabajadores más altamente cualificados con el propósito de atraerlos a una relativamente pauperizada región de España, se contenta con mantener una tributación salvaje para esos empleados a cambio de aliviársela de manera nimia a los no cualificados.

Una absoluta nimiedad

Y es que el coste estimado de la medida es de 10 millones de euros, cuando los ingresos del tramo autonómico del IRPF extremeño ascienden a 503 millones de euros: es decir, ni siquiera supone una devolución del 2% de lo recaudado. Todavía peor: si en lugar de relacionarlo con el tramo autonómico del IRPF lo hacemos con los ingresos no financieros totales de la Junta para 2013 (4.384 millones de euros), las cifras todavía son más burlescas: la revolución fiscal de Monago apenas representa el 0,22% del total.

Pero dejémonos de macrocifras agregadas y miremos la rebaja fiscal desde la perspectiva del extremeño de a pie. Según Monago, 430.000 extremeños (el 90% de los contribuyentes, quienes ingresan menos de 24.000 euros) se beneficiarán de pagar 10 millones menos en IRPF: es decir, cada contribuyente extremeño pagará una media de –¡atención!– 23 euros menos al año, esto es, 2 euros menos al mes. Dado que en 2010 (últimos datos disponibles), los contribuyentes con ingresos inferiores a 24.000 euros anuales abonaban una media de 1.200 euros por IRPF, de nuevo nos encontramos con que la rebaja de 23 euros representa menos del 2% de su tributación sobre la renta. Buen momento para repetir la justificación que ofreció Monago para rebajar el IRPF: se trata de una reducción “para que sean los extremeños los que decidan realmente qué quieren hacer con su dinero”. Bueno, más preciso sería haber dicho que se trataba de una reducción “para que sean los extremeños los que decidan realmente qué quieren hacer ‘con 23 euros de su dinero”.

Hacia el populismo tributario

Entiéndanme: por supuesto que uno prefiere que los impuestos bajen o, al menos, que no suban todavía más. Pero vender a bombo y platillo esta ridiculez es no sólo un insulto a los extremeños, sino a todos los otros españoles que contribuyen a costearla. Peor: es una manera de tratar de aplacar el creciente descontento social hacia una política fiscal liberticida vendiéndoles a los contribuyentes que ya se está produciendo un cambio de rumbo dentro del PP. No: ahorrarles el pago de 2 euros mensuales a algunos extremeños no es bajar impuestos, sino una grotesca maniobra de populismo tributario.

La misma grotesca maniobra, por cierto, que parece estar barajando utilizar el PP nacional para perpetrar el incumplimiento de su reciente compromiso de revertir sus brutales rejonazos fiscales. Presto ha salido Montoro a prometer que la corrección impositiva se centrará en “reducir la fiscalidad a los que menos renta tienen”. ‘Equilicuá’: dado que el 70% de los españoles gana menos de 24.000 euros y apenas aportan un 22% de la recaudación total del IRPF, Montoro lo tiene bien fácil para repetir la farsa de Monago. Renunciando a apenas 300 millones de euros, podría salir a la palestra al grito de: “¡Misión cumplida! ¡Hemos bajado los impuestos a la mayoría de españoles!”.

No, ése no es el camino. España necesita de una auténtica revolución tributaria que sólo puede darse con un adelgazamiento enérgico del gasto público y de las funciones del Estado. No sólo hemos de erradicar nuestro gigantesco déficit público por el lado del gasto, sino que hemos de recortar lo suficiente como para posibilitar una sustancial rebaja de impuestos. Ni PP ni PSOE están dispuestos a limitar el tamaño y las competencias del Estado en tal grado: su objetivo no es maximizar la libertad y la prosperidad de los españoles, sino el control político que ejercen sobre ellos. Por eso, en lugar de afrontar con urgencia la reforma del sector público, en el PP se limitan a tapar su expolio fiscal con el populismo tributario. Que no nos compren con apenas una cucharada de lentejas.

Los impuestos a los ricos perjudican a los pobres

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

“Defendemos el Capitalismo laissez faire porque es el único sistema compatible con la vida de un ser racional”.

Ayn Rand

¿Qué hay que hacer para resolver la pobreza? Preguntemos a cualquier político -de derecha, izquierda o casi cualquier lugar del espectro existente- y de manera irremisible encontraremos una constante respuesta en una única dirección: la “solidaridad”. Lo cual debe entenderse –no hay otra forma- no ya como genuina solidaridad entre individuos de manera voluntaria, sino como una forzada por el Gobierno: éste quita algo a Pedro para dárselo a Juan. Resulta innegable que aquí ni quien da (el Gobierno), da algo producido por él, ni el justo propietario de lo que se da (Pedro) lo ofrece o da de manera libre y voluntaria. ¿Quién es solidario? Nadie.

El mero hecho de gastar dinero de esta manera, por su intrínseca naturaleza, conlleva problemas. Como bien expuso en su día Milton Friedman, todas las formas de gastar dinero pueden reducirse a cuatro, a saber:

  • El dinero propio para beneficio propio: Maximiza el valor, maximiza economización. Ej.: Compro con mi dinero algo para mí y mi familia. (Se busca lo mejor al menor coste).
  • El dinero ajeno para beneficio propio: Maximiza valor, NO maximiza economización. Ej.: Recibo subvenciones para mi negocio. (Se busca el mejor uso/valor despreocupándome del coste, pues lo costea otro).
  • El dinero propio para beneficio ajeno: NO maximiza valor, maximiza economización. Ej.: Compro con mi dinero un regalo para un desconocido (No busco lo mejor, pero me preocupo por el coste, pues lo costeo yo).
  • El dinero ajeno en beneficio ajeno: NO maximiza valor, NO maximiza economización. Ej.: Con el dinero de otra persona compro algo para un tercero (No busco el mejor uso/valor ni me preocupo por el coste, pues lo costea otro).

El ejemplo inicial del dinero que el Gobierno quita a Juan para dárselo a Pedro es epítome perfecto del último tipo de gastar dinero; esto es, aquél en que no hay economización ni búsqueda de buen uso/valor. Dicho claramente, se despilfarra y para colmo no se persiguen fines altamente valorados.

En resumen, este esquema representa lo que se denomina redistribución de rentas, pilar angular de cualquier programa intervencionista que valga. Así, eso nos dicen, se combate la pobreza: volviendo a distribuir por la fuerza lo que el mercado distribuyó pacíficamente. Sin necesidad de profundizar en economía, un mero vistazo a la historia de la humanidad hace que la experiencia encaje mal, muy mal, con la visión de que tal manida “solidaridad” es una receta contra la pobreza. Grecia y Roma en la Edad Antigua, los Países Bajos en la Baja Edad Media, Inglaterra, Japón, Hong Kong o Estados Unidos en el siglo XX, Indonesia en el XXI… son quizás los mejores ejemplos históricos de cómo una sociedad y sus ciudadanos pueden desatar el progreso y desarrollo. ¿Cuál de ellos salió de la pobreza anterior gracias a redistribuir forzosamente rentas o proceder semejante? Ninguno. Y Hong Kong, Indonesia o EEUU tampoco fueron colonialistas.

En el fondo, la creencia en la redistribución de rentas no es fruto más que de la incomprensión de los procesos sociales. Y de la historia misma. Dicha fe parte de creer que la riqueza es algo dado de antemano o estática, por lo que sólo se precisa de un Gobierno bondadoso para que modifique esa distribución para quitar a los que tienen mucho y dar a los que tienen poco. Tal, en suma y poco más, es la idea. Sin embargo, semejante concepción es francamente insostenible. ¿Realmente podemos afirmar que hoy tenemos simplemente una distribución de bienes y riquezas distinta a la de la Edad Antigua o incluso a la de hace 150 años?

Los intervencionistas por doquier parecen obviar de dónde han surgido los teléfonos móviles, coches y aviones, electrodomésticos, ropa en abundancia de mil estilos y colores… Obvian, sencillamente, la naturaleza del Capitalismo cuyas cotas ningún programa gubernamental puede soñar en alcanzar.

Característica fundamental del Capitalismo es la acumulación de capital (guiada por el libre intercambio). No es lo mismo cavar hoyos con palas que con máquinas excavadoras, lavar cien cubiertos a mano que con un lavavajillas o trasladar un producto en mula que en trenes y aviones. Es la acumulación de capital la que, al aumentar la productividad, aumenta los salarios y el nivel de vida de una sociedad. Es por ello que el salario real de un trabajador en Los Ángeles es superior al de Tanzania; porque la primera es más capitalista. Cuanto mayores sean las tasas de capitalización que disfruta una sociedad, más ricos son y pueden llegar a ser sus individuos, comenzando por los obreros y clases modestas. Así que, bien observado, puede afirmarse que todos acabamos siendo beneficiarios (free riders) de dicha acumulación de capital, incluyendo los propios trabajadores. La dedicación a los bienes de capital de los capitalistas redunda -aparte de en mayores salarios- en mejores y mayores bienes de consumo para todos como consumidores.

Por desgracia, el populismo que todo lo inunda recomienda, una vez sí y otra también, subir impuestos a los ricos. Lo oímos todos los días: el problema, nos aseguran, es que los ricos pagan pocos impuestos. No seré yo quien diga que los impuestos deben soportarlos los pobres. Empero, afirmo que los impuestos elevados a los pobres les perjudican a éstos; pero que los impuestos a los ricos también. Por la simple pero poderosa razón de que: 1) se esquilma la estructura de capital, y 2) se castiga la acumulación de capital. Todo error, como digo, está en pensar que la cantidad de capital disponible es algo fijo o estático, por lo que quien acumule mucho será un ‘avaricioso’ que ‘le ha quitado algo a alguien’.

Gracias al Capitalismo hoy tenemos más bienes y riquezas disponibles. Porque el Capitalismo es, eminentemente, un sistema y proceso de creación ex novo de riqueza y bienestar. Y es que la riqueza no es como la energía que sólo se transforma. La riqueza y el bienestar se crean y se destruyen. La irrupción del sistema capitalista ha hecho alcanzar cotas de bienestar y progreso inimaginables antes, ha producido coches, casas, ordenadores, vestido… donde antes no los había y sigue logrando, allá donde se recogen sus frutos, reducir más y más la pobreza absoluta. Si las revoluciones de la Ilustración nos trajeron la separación de la Iglesia y el Estado y con ello avanzaron nuestras sociedades, se dejó inacabada la gran revolución pendiente: la auténtica separación de la economía y el Estado.

La otra cara de la moneda, el socialismo real con su redistribución pura y dura, ha demostrado con creces que-opuestamente al Capitalismo- es un sistema de destrucción de riqueza y bienestar. Si el socialismo es poco menos que las siete plagas de Egipto que dejan todo yermo y baldío, el Capitalismo representa la parábola de los panes y los peces que –como el capital- se reproducen y multiplican. El absurdo en el que vive el socialismo llega a puntos como el de denostar y atacar per se a los ricos y la riqueza; el socialismo ama a los pobres porque quiere que todos seamos pobres. Cuanto más, mejor.

Pretender abandonar el Capitalismo, y la consiguiente acumulación y reproducción del capital, supone ensalzar el consumismo puro: consumir todo el capital hasta extinguirlo. Por eso el socialismo maldice el ahorro, la previsión y la responsabilidad. No es en absoluto casualidad que el liberalismo siempre haya sido un adalid de la paz y el comercio, mientras al socialismo e intervencionismo en todas sus variantes (desde los neoconservadores americanos al comunismo, fascismo y keynesianismo) siempre le haya resultado seductora la guerra. Y es que la guerra y el militarismo es un edificio levantado sobre los cimientos ideológicos del socialismo: se dispara el gasto público, impuestos, controles de precios, proteccionismo, inflacionismo para financiar la guerra, sacrificio de la libertad individual en el altar de la seguridad absoluta…

Si el Capitalismo es un sistema de progreso y creación, el socialismo de todos los partidos no puede sino ser un camino de retroceso y destrucción. Pero no nos engañemos, el gran enemigo político del Capitalismo no es la Izquierda, sino la Derecha conservadora, que ora se avergüenza cuando no reniega del Capitalismo, ora lo defiende dialécticamente para, luego, atacarlo en la práctica.

El Capitalismo libertario, con su corolario la Libertad, es el sistema social de la humanidad. Si es que la humanidad tiene un futuro.

@adolfodlozano / david_europa@hotmail.com

España sigue sin pinchar su burbuja

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Artículos en prensa.

Los últimos meses están dejando clara la divergencia entre las economías europea y estadounidense. Mientras la primera continúa en contracción, la segunda sigue capeando bien el temporal, mostrando datos macroeconómicos mucho más positivos que el viejo continente.

Las causas son diversas y complejas, pero un elemento nos llama la atención: el excelente comportamiento del sector inmobiliario, hasta el punto de que algunos ya se lanzan a ver los primeros síntomas de sobrecalentamiento. Este sector está siendo un importante factor en el moderado crecimiento de la economía norteamericana, atrayendo a inversores en masa. Algunas de las regiones que más sufrieron en el pinchazo de la burbuja, como Las Vegas, ya han registrado notables subidas de precios desde mínimos.

Independientemente de que esta expansión de la actividad inmobiliaria vaya a sostenerse en el tiempo, lo cierto es que el ajuste del sector –pese a los obstáculos que el gobierno federal puso sobre el mismo- ya finalizó el pasado año, pasando a contribuir de forma positiva en la economía. No hace falta que les diga que la situación en España dista mucho de ser como la del país norteamericano. Lamentablemente, nuestras perspectivas son considerablemente peores y el inmobiliario juega un papel relevante como lastre de la recuperación.

Tal y como publicamos desde el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, el precio de la vivienda mantiene todavía una sobrevaloración que va desde el 15% al 35%, según el escenario que nos planteemos. A esta estimación llegamos a través del llamado PER de la vivienda, indicador que mide la relación entre los precios de la vivienda y los de alquiler. Este múltiplo nos indica cuántos años es necesario esperar para recuperar la inversión en vivienda (precio de adquisición) con su rendimiento anual (alquiler). De hecho, si hacemos la inversa del PER llegamos a la rentabilidad anual de la vivienda como inversión.

Así, a finales de 2012 este ratio se situó en niveles de 22,8, cifra aún alejada del 19,5 (que refleja el promedio desde 1985 hasta 2001, año en el que podríamos situar el comienzo de la burbuja de precios inmobiliarios), pero sensiblemente inferior al máximo de 32,3 que marcó en 2007. La caída de los precios de la vivienda de obra nueva de más del 20% es todavía muy insuficiente para ajustar la enorme burbuja inmobiliaria que vivió nuestro país. A este ritmo de ajuste podríamos hablar de dos años más de caídas, como mínimo.

El enfoque de política económica utilizado por nuestras autoridades políticas y financieras de no reconocer los problemas, primero, y negarse a solucionarlos de manera rápida y drástica, segundo, es en buena parte responsable de que aún nos queden varios años de ajuste inmobiliario. La próxima vez, esperemos haber aprendido la lección: ralentizar el ajuste no es la solución, sino el problema.

Impuestos, recortes y paro: la madre de todas las resacas

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

El gestor de fondos y colaborador de El Confidencial, Daniel Lacalle, prologa Crónicas de la Gran Recesión II (2010-2012), del economista Juan Ramón Rallo. El libro saldrá a la venta el viernes 24 de mayo y ese mismo día se presentará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, dentro de Liberacción, la feria de libros liberales organizada por el Instituto Juan de Mariana*.

Hace unos meses hicimos una encuesta entre inversores y gestores sobre cuáles habían sido las causas de la crisis financiera. Las respuestas fueron muy interesantes y diferentes, pero podrían converger en un mensaje: toma de riesgo excesivo ante un entorno de tipos de interés bajo y sobreabundante liquidez. Ello, a su vez, nos conduce a unos estados y bancos centrales que lanzaron el mensaje de «no se preocupen, todo va bien, que aquí estamos nosotros para garantizar que se eviten shocks», algo que, por supuesto, no cumplieron. Porque no podían. Ni pueden. Vivimos en unas economías tan intervenidas que asumimos, casi como una religión, que los estados y sus bancos centrales son omnipotentes y pueden cambiar el rumbo de la economía a su placer, garantizando crecimiento eterno. Olvidamos, por supuesto, que los bancos centrales y estados siempre son reactivos y, como tales, cuando ponen en marcha procesos de incentivos perversos, tipos bajos, expansión monetaria y estímulos injustificados, empujan a los agentes económicos unos cuantos pasos más cerca del borde del precipicio.

Es interesante también comprobar cómo ese proceso de «toma de riesgo excesivo» nos pasaba desapercibido cuando vivíamos la fiesta del crecimiento eterno, las compras megalómanas y el endeudamiento. Un claro ejemplo lo vivimos en España, un país que, supuestamente, crecía más que ninguno otro y cuyo modelo económico era un milagro y la envidia del mundo entero. Alemania, sin embargo, aplicando recetas de austeridad y recortes presupuestarios promovidos por el canciller Schröder, se lanzaba al «abismo del estancamiento», según comentaba el diario El País en el año 2004.

A muchos economistas, ese modelo de crecimiento, apalancado y orientado al ladrillo y a la «inversión» -malgasto- estatal, les sonaba: lo habían visto antes y, como en tantas ocasiones, sabían que terminaba mal. De hecho, el crecimiento de España, excluyendo el efecto de deuda, fue muy bajo durante la burbuja, según cifras del FMI y el BBVA. Sin embargo, en un mundo acostumbrado a repetir las formulas keynesianas de aumentar el gasto, endeudarse y dar la patada hacia delante, aunque no funcione, tendemos a negar los problemas, a ignorar los riesgos y a buscar repetir los mismos errores.

En este libro encontraremos un análisis muy detallado y ameno de aquellos errores graves que se cometieron y cómo apartamos la vista e ignoramos sus consecuencias. Efectivamente, hoy nos quejamos de unas políticas de austeridad que dicen que nos ahogan. Sin embargo, no podemos hablar de austeridad cuando el gasto estatal, la deuda y los déficits públicos siguen alcanzando máximos históricos. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados al malgasto y al dinero fácil como fenómenos «normales». Queremos recuperar el 2005-2007. Sólo hay un problema: es imposible, no funciona.

Olvidamos que los recortes de hoy son consecuencia del exceso de gasto del pasado, que las políticas expansivas no evitan dichos ajustes presupuestarios, como estamos viendo en Estados Unidos o el Reino Unido. Olvidamos que las soluciones monetaristas y expansivas no solucionan modelos económicos de baja productividad y obsoletos: los perpetúan. Y los efectos negativos de cerrar los ojos, imprimir y esperar que escampe son obvios. Recesión en el Reino Unido, deflación en Japón, estancamiento en Estados Unidos. Y el paro, ese supuesto objetivo social de las políticas intervencionistas de estados y bancos centrales, no sólo no baja, sino que las condiciones laborales empeoran. Porque las políticas expansivas no crean confianza, sólo desconfianza. Y llevan a algo que pocos economistas keynesianos son capaces de explicar: la velocidad del dinero, reflejo de la actividad económica, se desploma. ¿Su solución? Repetir lo que ha fracasado. Nunca es suficiente, y si no funciona… es porque no se ha hecho de manera contundente.

La peor ‘resaca’ jamás sufrida

El problema del sobreendeudamiento radica en que nos da una falsa sensación de poder, de riqueza, y nubla la prudencia a la hora de gastar o invertir. Y que, cuando se acaba, el efecto «resaca» es peor de lo que nadie imaginaba. Se empieza justificando la deuda para «hacer inversiones de crecimiento» y se acaba despilfarrando en gastos tan «sociales» como las decenas de miles de millones que pagamos en subvenciones. Se empieza pensando que se pagará con crecimiento, luego que se pagará con más deuda de fondos exteriores, después que se pagará con más impuestos y, finalmente, se quiebra.

Desde 2003, cada euro nuevo de deuda ha generado productividades marginales cero y, desde 2004, negativas, según Goldman Sachs. Es el «umbral de saturación de deuda» que ignoran nuestros políticos, siempre dispuestos a gastar hoy el dinero de las generaciones futuras. Efectivamente, la deuda puede ser buena cuando se invierte de manera prudente y cuando no alcanza unos niveles inaceptables. Pero, como en todos los procesos de descontrol inversor, llega un punto en que nunca nos parece alta.

Siempre nos parece que «nuestro caso es distinto» -mi deuda sobre PIB es menor que la de Japón-, que «a mí no me va pasar» -España no es Grecia- o el socorrido «yo estoy mal, pero el otro está peor» -la deuda privada es mayor que la pública-. Son mensajes que sólo buscan justificar un comportamiento que, en nuestro interior, somos conscientes de que es inaceptable. Sólo queremos que, aunque sepamos que no es lo correcto, nos siga fluyendo el dinero.

Es curioso porque el proceso de expansión salvaje de los balances de los estados y sus bancos centrales siempre se tiñe de un aura «social», diciendo que se busca bajar el paro y reducir desigualdades, cuando en realidad es profundamente antisocial y extremadamente injusto: porque premia al endeudado y al que invierte mal, penalizando con impuestos e inflación al ahorrador, al prudente y a una clase media que está siendo aniquilada por las políticas de sostener a bancos y a Estados elefantiásicos e insolventes.

Más impuestos y más recortes

El Estado, efectivamente, no es una empresa. Y, como tal, debe también diferenciar su capacidad de endeudamiento. Porque la deuda privada se contrae libremente. La deuda privada excesiva se repaga con ampliaciones de capital, desinversiones y caja libre. Si la empresa no puede pagarla, quiebra, se venden sus activos y se liquida. Sin embargo, la deuda pública es impuesta obligatoriamente. Además, esta se repaga con más impuestos y más recortes y, si no se paga, se termina arruinando a los ciudadanos. Importantes diferencias.

Nos repiten ahora, una y otra vez, que el Estado tiene que gastar cuando ahorran las familias y empresas para compensar, sostener la actividad económica y, luego, cuando llega el crecimiento, entonces es cuando toca ahorrar. Excepto que, oh sorpresa, en épocas de bonanza los Estados no ahorran. ¿Saben cuál es el número de países de la OCDE que han visto reducido su gasto público en épocas de bonanza en los últimos veinte años? Cero. 

Es entonces cuando el sobreendeudamiento se convierte en norma, cuando corremos el riesgo de pasar de saturación de deuda a una saturación impositiva que genera destrucción de crecimiento, riesgo de descapitalización y quiebra. La deuda en sí misma no es mala. La deuda es mala cuando no genera ninguna rentabilidad. Y, como sucede en cualquier otra actividad económica, hay «inversiones sociales» que no generan rentabilidad económica y son aceptables, pero estas no pueden acaparar y sobrepasar a las inversiones que sí generan rentabilidad, porque de lo contrario entramos en una espiral de gasto que implica más deuda y más impuestos, un mayor empobrecimiento, menos ingresos, el mismo gasto, más deuda y la quiebra.

Piensen lo bien que estaríamos hoy si en 2005, cuando multiplicábamos nuestra deuda por dos, hubiéramos hecho una huelga con una buena pancarta diciendo: «No hipotequemos a nuestros nietos». El despilfarro, el gasto y la deuda siempre se toleran. Pero no se suelen valorar sus consecuencias.

Los beneficios de planificar para cuadrar gastos e ingresos son muy fáciles de entender: si se equivocan y el país crece más, se ahorra y se mitigan los impactos si se vuelve a la crisis. Vamos, lo que todos ustedes hacen cada día. Lo malo de la política de la cigarra es que cuando llega el invierno ya no queda nada y, lo que es peor, se depende de la caridad (del BCE, del FMI o de quien sea), que suele venir acompañada de exigencias que nos empobrecen y nos hacen menos libres. Esta crisis debería enseñarnos a desconfiar de los incentivos perversos, de los cantos de sirena de la expansión ficticia y de las llamadas a tomar riesgos provenientes de estados y políticos cuyo historial de aciertos en sus inversiones y predicciones sobre el futuro es francamente atroz.

El placebo de los economistas estatistas

¿Quiénes generaron esos incentivos perversos? ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Es la solución a la crisis llevar a cabo las mismas políticas que nos condujeron a ella? ¿Qué papel tienen los bancos centrales y los Estados a la hora de poner en marcha mecanismos de crecimiento? En este libro, que recopila algunos de los excelentes artículos de Juan Ramón Rallo sobre la crisis, encontrarán muchas respuestas. Muchas de ellas les sorprenderán, porque no van orientadas al «efecto placebo» que nos intentan vender los economistas estatistas. Pero recuerden: que haya consenso entre algunos profesionales no significa que tengan razón. Y a las pruebas y datos me remito: el problema de defender las políticas expansivas y estatistas es la evidencia empírica de sus fracasos. Y cuanto más se aplican, más contundentes se vuelven los argumentos en contra.

Este libro les ayudará a entender mejor la crisis, valorar distintas opciones, cuestionar los dogmas establecidos y llegar a sus propias conclusiones. Además, ofrece soluciones. De ahí que se trate de una publicación imprescindible que merece la pena consultar una y otra vez ante las recurrentes tentaciones de los diferentes Gobiernos por repetir formulas caducas e ineficaces… pero, eso sí, consensuadas. Como decía Margaret Thatcher, el consenso es el abandono de toda creencia, principio y valores; por lo tanto, sólo es algo en lo que nadie cree y, por supuesto, nadie cuestiona. Evitémoslo.

*Crónicas de la Gran Recesión II (2010-2012), Juan Ramón Rallo, Unión Editorial, 2013, 425 páginas

Reduzcamos los impuestos… y el gasto público

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Cuando un país se halla al borde de la suspensión de pagos, no tiene más remedio que intentar recuperar su solvencia cuadrando las cuentas, esto es, taponando el déficit público por el que se desangra. Sabido es que para ello existen dos posibilidades: incrementar los ingresos del Estado (a costa de saquear tributariamente más a la economía privada) o recortar el gasto; alternativas que no son ni mucho menos equivalentes.

El socialdemócrata gobierno de Mariano Rajoy optó por la peor de las dos: centrar la mayor parte de sus parcos esfuerzos por minorar el desequilibrio presupuestario en exprimir más a los españoles (es verdad que también redujo algunos gastos en 2012, pero se centró básicamente en la parte más sencillona del asunto: paralizar obra pública), logrando con ello el pírrico resultado de consolidar el déficit en el 7%. Zapatero lo bajó del 11% al 9% y Rajoy del 9% al 7%. Hurra.

En los últimos días se han alzado diversas voces dentro del Partido Popular reclamando una reducción de impuestos que alivie parcialmente la delicada situación de las clases medias y dé un más que necesario impulso a nuestra marchita economía. Sin duda, es de agradecer que desde algún recóndito lugar de nuestra clase política (y con la muy honrosa excepción del P-Lib) se reclame una inmediata reducción de impuestos que aligere mínimamente la onerosa losa fiscal que aflige a los españoles.

Sin embargo, no deberíamos perder de perspectiva que tan urgente como bajar impuestos es acabar con el déficit, a saber, no jugar a timar al ciudadano y al empresariado con alivios fiscales a corto plazo que todos saben insostenibles por cuanto la viabilidad del país a medio plazo sigue sin estar garantizada. Al contrario, lo que necesitamos es que todo el mundo adquiera unas expectativas sólidas de que España constituye un refugio estable, rentable y seguro para sus inversiones. Un paraíso donde generar y multiplicar riqueza sin que políticos, oligopolios, sindicatos, lobistas o cazadores de rentas te la arrebaten.

De ahí que bajar impuestos sea tan necesario como despejar temores de que podamos suspender pagos y salir del euro; porque mientras se contemple como horizonte factible que vayamos a argentinizarnos tras aplicarles un quita del 50% a los inversores foráneos, pocos querrán arriesgarse a inmovilizar su patrimonio en España. Pero, huelga decirlo, si tenemos que bajar impuestos y tenemos que acabar con el déficit, sólo cabe lograr ambos propósitos por la vía de amputar el gasto público. Precisamente, en mi libro, Una alternativa liberal para salir de la crisis, explico con detalle de dónde recortar 135.000 millones de euros en un año para erradicar el déficit público y, al tiempo, ahorrarnos la treintena de subidas de impuestos del PP.

Acaso esa imprescindible coletilla sea la que se eche en falta en el loable discurso de ciertos populares retirados que estos días salen a la palestra para canear a Montoro: que no sólo vendan el dulce y saludable caramelo de las rebajas fiscales, sino la (en apariencia) amarga medicina de los multimilmillonarios tijeretazos del gasto. De ahí que, cuando el ministro de Hacienda les replica que en estos momentos no hay margen para bajar impuestos, puede que esté mintiendo, pero desde luego tiene su punto de razón: todos aquellos correligionarios que las impulsan, ¿están dispuestos a asumir la profunda transformación de nuestro infinanciable Estado niñera-asistencial que ello implicaría?

Montoro, Rajoy y su cuadrilla de socialistas desde luego no: suben impuestos justamente para evitarse desmantelar, tal como deberían, nuestro burbujístico sector público. Pero, ¿cuál es el modelo de Estado de quienes proponen bajar impuestos? Sostener genéricamente que se han de achicar los desembolsos públicos no basta cuando el reto por delante desborda con mucho los parches cosméticos impulsados por el rajoyismo. La muy necesaria alternativa al consenso socialdemócrata que ha arruinado España no puede pasar sólo por prometer que las administraciones públicas recaudarán menos, sino, sobre todo y en primer lugar, por explicar por qué deben gastar mucho menos para que familias y empresas puedan recuperar el protagonismo que jamás debieron perder.

Sí, bajemos ya los impuestos, pero un segundo después de que hayamos suprimido los gastos inútiles (burocracia regulatoria) y privatizado aquellos valiosos que se ha arrogado coactivamente el sector público (Estado de Bienestar). Menos gastos, menos impuestos y menos déficit. Ese es el camino realmente liberal.

Los impuestos y sus efectos: distorsión de los precios

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Los impuestos y sus efectos: distorsión de los precios

No deja de ser interesante la manera que tienen los gobiernos para legitimar los impuestos. Estamos entrando en la época del año en la que veremos algún anuncio de televisión de la Agencia Tributaria en donde se nos diga que debemos ser buenos "contribuyentes" y pagar todos nuestros impuestos religiosamente. Y acabará diciendo que "así mejoramos todos". Y claro, ¿quién va a ser el desalmado que no quiera que mejoremos todos?

En otro artículo hablábamos de cómo los impuestos tienen un efecto nocivo en las empresas y la economía porque desalientan y desincentivan las actividades productivas y creadoras de empleos. Sin duda, una manera curiosa de que mejoremos todos…

Pero los impuestos también tienen otro efecto devastador que generalmente no se tiene en cuenta: distorsionan los precios de mercado.

El mercado libre se basa en el mecanismo de los precios. Éstos reflejan las condiciones de oferta y demanda, por lo que suponen la información más relevante y valiosa de la que disponen los consumidores y productores para decidir cuándo comprar o vender.

Al gravar un determinado producto (o servicio) se varía artificialmente su precio y deja de ser indicador de la oferta y demanda real. Su aumento de precio en el mercado ya no refleja una menor oferta o una mayor demanda.

Inevitablemente, esto altera la toma de decisiones tanto en la producción como en el consumo porque empiezan a recibir mensajes distorsionados, señales modificadas y actuarán en consecuencia. Se impide el correcto funcionamiento del mercado porque se distorsiona la asignación de recursos.

En un mercado libre, donde se respetan las transacciones voluntarias y la propiedad privada de los medios de producción, los recursos fluyen hacia aquellas líneas de producción que satisfacen las necesidades que los consumidores en cada mercado consideran más "urgentes", es decir, que generan más valor. De esta manera, el sistema de precios actúa con toda su eficacia para transmitir oportunamente la información relevante asegurando que los bienes se produzcan de la manera más eficaz y menos costosa posible.

Los impuestos no son económicamente neutros. Los principios económicos más básicos nos muestran que los controles de precios, los precios "justos" y demás intervenciones gubernamentales distorsionan el sistema de precios, impidiendo que los bienes fluyan hacia dónde más se necesitan. Y no sé si alguien se puede creer que esto nos ayude a todos precisamente.

No hay que ser asesor fiscal para vigilar al Taxman

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

El Gobierno ya incrementó el año pasado el Impuesto sobre Sociedades (IS) y pretende hacerlo ahora otra vez. Sin embargo, el incremento no ha sido fácil de entender para el ciudadano de a pie porque se ha basado en cambiar disposiciones técnicas y, además, orientadas principalmente a las grandes empresas, que por ser grandes parece que incluso se lo merezcan (como si no sufrieran los incrementos de impuestos, o los absorbieran solamente ellas y no sus clientes, proveedores, accionistas, etc.).

Los aspectos técnicos de este Impuesto, aunque no conocidos por una mayoría, son determinantes para la población si lo que se quiere es la prosperidad económica. Y aun siendo temas técnicos, tan sólo con disponer de un sencillo enfoque de lo que debería ser la política y su intervención en la vida de los ciudadanos permitirá a éstos no dejarse engañar por sus políticos, y ante cualquier incremento sutil y técnico de impuestos, interponer un freno social a ese monstruo lovecraftiano que es el Taxman.

El IS es uno de los impuestos más distorsionadores de la actividad económica. Una de esas distorsiones es la creada por la posibilidad de deducción de los gastos financieros frente a la no deducción del coste de oportunidad de los fondos propios. Esto, junto con otras características del Impuesto, ha favorecido el uso de la deuda, la inversión en inmuebles, la complejidad en la financiación de las empresas (deuda híbrida) y de las transacciones financieras.

Tanto es así que en trabajos académicos recientes ya se ha llamado la atención sobre el papel que ha tenido este Impuesto en el fomento y agravamiento de la actual crisis económica, y no es que ésta haya surgido por el Impuesto, pero ha sido favorecida y engrandecida por él.

Ante esto, las respuestas académicas son diversas, pero mayoritariamente se centran en tratar de equiparar la deuda con los fondos propios, bien a través de la eliminación de la deducción de los gastos financieros, bien creando una nueva deducción para los fondos propios (la deducción de una especie de coste de oportunidad). De ese modo, ambas partidas estarían igualmente tratadas: o bien penalizándolas a las dos o no penalizándolas (tanto).

¿Y cuál creen que ha sido la respuesta política mayoritaria? La que más se está extendiendo hasta el momento ha sido la aplicada y liderada por Dinamarca y Alemania: limitar la deducción de los gastos financieros, es decir, acercar los tratamientos por la vía de la penalización también de la deuda. Como decía, esta es también la seguida por Montoro, y aplaudida por su partido.

Pero penalizar igualmente las fuentes de financiación de las empresas no es la solución. Además, hay muchas más distorsiones creadas por el IS que han sido cómplices de la crisis. Por eso, tampoco sería un remedio completo introducir una deducción para los fondos propios. Lo que realmente suavizaría no solo estas sino todas las distorsiones de este impuesto sería reducir los tipos impositivos nominales drásticamente (superiores a la media de la UE). Son los tipos nominales los que se ceban especialmente con los proyectos de inversión más rentables, aquellos que más beneficios traen a la sociedad, y son los más distorsionadores de la creatividad empresarial y del beneficio puro empresarial (cuantos más beneficios, el tipo efectivo se acerca más al tipo nominal).

Por tanto, aunque desde la academia la asimetría de tratamiento fiscal fondos propios/deuda ha sido más que identificada y se hayan ofrecido diversas soluciones, depende de la población vigilar cuál adopta el político e incluso corregir el sesgo liberticida de los propios entendidos. Y sobre todo, presionar para que unos y otros reduzcan su ingeniería social y sus ganas por el ¡exprópiese!

Si, por ejemplo, los políticos empiezan a limitar la deducción de los gastos financieros para las empresas, no debemos pasar por alto esta maniobra porque se aplique a las grandes empresas, que por ser grandes, son malignas, claro. De hecho, como en cualquier intervención estatal, lo que empieza por algo nimio y sin importancia, al final acaba por extenderse al resto de población (ya sea de personas físicas o jurídicas), y entonces ya es más difícil que la propia población se movilice en su contra. Véase el propio Impuesto sobre la Renta o el IVA, que nacieron en los países occidentales con tipos impositivos irrisorios y ahora alcanzan el 52% o 21% en nuestro país.

No hace falta entender de leyes fiscales. Pero al igual que debemos incrementar nuestra cultura financiera y saber cómo funcionan los negocios y el dinero (y que estos deben ser respetados) también debemos ser furibundos defensores de cualquier contribuyente, por muy mala prensa que tenga, y vigilar siempre al Taxman y sus cómplices.