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Etiqueta: Fiscalidad

La falacia del consenso

Los momentos de crisis en algunos casos impulsan medidas desesperadas. Desgraciadamente, algunas de ellas no son tanto para cambiar el statu quo y adecuarlo a las circunstancias, sino para mantener el que se posee, aferrarse a la posición y negar que el mundo que era, ha dejado de ser. Una de esas medidas desesperadas puede ser, dependiendo de cómo se afronte, el famoso consenso: un acuerdo entre la mayoría o los principales grupos sociales y políticos por el cual se aúnan voluntades, se apartan peleas y rencillas y se actúa a una, con el objetivo de conseguir una mejora objetiva. Sin embargo, más importante que el objetivo en sí, es el camino que se emprende para conseguirlo y ahí es donde radica el éxito o el fracaso.

Los círculos cercanos al presidente Mariano Rajoy están preocupados por cómo están desarrollándose los acontecimientos. Las políticas económicas del Gobierno, basadas en un incremento de la presión fiscal y una serie de medidas que no cambian el peso de la Administración y de lo público, y que siguen asfixiando al contribuyente, no están teniendo los resultados esperados, si es que se esperaba un resultado distinto al que se está produciendo. Semejantes medidas resultan asombrosas si tenemos en cuenta que el programa electoral del PP iba en el sentido opuesto: un descenso de los impuestos y un adelgazamiento de la Administración, en especial una racionalización del peso de las Comunidades Autónomas.

Tan nerviosos se hallan que, pese a tener una cómoda mayoría absoluta en las Cortes y poder acometer gran parte de las reformas sin tener que buscar mayorías parlamentarias con otros partidos, Moncloa se está planteando mantener una serie de reuniones con los principales “agentes sociales”: CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, para abordar la situación económica, la sostenibilidad del sistema de pensiones, la reforma de la Administración y ciertos asuntos europeos que afectan a la política nacional.

Por otra parte, el Rey se ha declarado favorable a propiciar pactos y consensos entre las instituciones para afrontar la situación económica de España, con un PIB en grave decrecimiento y un número de parados que ya supera los 6,2 millones y cuya previsión más optimista apunta a que seguirá incrementándose. El monarca quiere volver a su papel moderador de la batalla política que se está produciendo en estos momentos.

Por lo que vemos, el mantra del consenso se ha instalado en las principales instituciones políticas españolas, así que la pregunta es evidente: ¿solucionaría algo?

Nada de lo anterior, y con los antecedentes en la mano, invita a pensar que un acuerdo común entre las principales instituciones políticas revirtiera la situación económica y social española. Como antes he apuntado, aunque con matices, la semilla de la recuperación está en una parte del programa electoral popular: la reducción de los impuestos y la racionalización de las Administraciones Públicas. Ambas medidas ayudarían a mejorar la economía de los ciudadanos, permitiéndoles ahorrar y consumir, y a reducir la burbuja estatal, el verdadero cáncer que aqueja a la economía y la sociedad española. A ello habría que unir un descenso del clientelismo que soporta el Estado: sólo 13,8 millones de trabajadores del sector privado mantienen el sistema, y eso en un país que tiene en torno a 47 millones de habitantes, donde muchos viven del y para el Estado, procediendo sus sueldos, pensiones, subvenciones, ayudas y prebendas del asfixiante sistema impositivo.

Pensemos primero en el diálogo que propone Moncloa. La CEOE o Cepyme son grupos empresariales más cercanos a una visión gremial de la economía que la ligada al libre mercado. Intentarán defender aquellos “derechos” que han conseguido en estos últimos años, aunque puedan estar dispuestos a hacer algunos “sacrificios”.

Qué decir de los grandes sindicatos, cuya visión económica está más cercana al marxismo clásico que a otra visión menos intervencionista, además del hecho de que viven por y para el presupuesto público. Podría pensarse que otros sindicatos podrían tener una visión más realista y menos ideológica, pero los sindicatos mayoritarios se han encargado de que estos sindicatos menores no tengan un papel relevante para cualquier Gobierno, sea del partido que sea.

Si a eso unimos que el PP es un partido en el que domina una visión socialdemócrata de la economía, que está más preocupado en el corto plazo y en las siguientes elecciones, la idea de un giro de 180º de la economía española no parece realista, más bien un acuerdo en el sentido contrario.

La iniciativa del monarca no es mucho mejor. La institución de la Monarquía no pasa por su mejor momento. Las acusaciones de corrupción ligadas a parte de su familia y al comportamiento de él mismo han llevado a la peor imagen de la Corona desde su restauración. Volver a su papel de mediador entre partidos suena más a chiste que a algo serio. En la transición pudo funcionar, ahora es dudoso.

Miremos a los partidos. Además de lo dicho del PP, el PSOE pasa actualmente por un proceso de descomposición. No hay un líder claro, Rubalcaba está muy gastado y angustiado, el PSC es en realidad un partido distinto del PSOE, y las encuestas muestran a los socialistas hundidos, pese a que la imagen de los populares es también lamentable. IU se ha movido hacia un marxismo decimonónico, más acorde con la visión chavista o castrista de la sociedad-economía que con una versión más moderna. Cree Cayo Lara que es ésa la razón de su éxito, negándose a ver que éste depende del fracaso socialista.

Los partidos nacionalistas van a lo suyo, en este caso a la independencia de sus respectivos colectivos, y están más preocupados de sacar lo máximo de este proceso de descomposición que de lograr que el conjunto de los españoles viva mejor. UPyD acaba de aterrizar y, seamos realistas, no deja de ser una escisión del PSOE. El resto de partidos tiene muy difícil conseguir representación en tanto tengamos esta ley electoral, cuyo cambio depende, paradójicamente, de los que más se benefician de ella. Unamos a lo anterior los grandes casos de corrupción que afectan a todos, en mayor o menor medida, y que amenazan con descubrir las cloacas del régimen, y que todas estas instituciones dependen del sistema (es decir, más clientelismo). ¿Qué consenso puede sacar el monarca de todo ello? Antes de acometer cualquier medida que les perjudique a unos u otros, incluyendo a la Monarquía, llegarán a pactos de silencio, pactos que les permitan seguir como hasta ahora. Los cambios positivos serían mínimos por una cuestión práctica, por una cuestión de Estado.

El consenso es, por sí mismo, una falacia y sólo cabe desear que algún corpúsculo del partido gobernante se haga en algún momento con las riendas y tome las medidas adecuadas. Si no es así, lo normal es que sigamos en esta senda hasta tocar suelo y luego, de alguna manera, rebotemos hacia arriba, pero no sabría decir cómo y en qué condiciones. Ánimo, que la Fosa de las Marianas es profunda, ¿o debería hablarse de la Fosa de los Marianos?

En estado de parálisis

La batería de reformas que el Gobierno pasó una semana anunciando resultó al final ser una batería de impuestos, de cuatro impuestos para ser más exactos. Las reformas se quedaron en lo que suelen quedarse cuando el que Gobierna es registrador y la que vicegobierna abogada del Estado. En resumen, más Estado, más complicaciones y muchas promesas vacías de que todo va a ir muy bien, apoyándose en la peregrina excusa de que todo ha ido demasiado mal hasta ahora y, claro, en algún momento tendrá que cambiar la tendencia.

Pero, entremos en materia. ¿Qué va a reformar el Gobierno a partir de hoy? Nada o aproximadamente nada. Dicen que la administración pública sufrirá una reestructuración, pero, a partir de ahí, nada más. No hablan de cantidades ni de calidades. Mejor será ahorrarse la letra de la ley, esa que tanto le gusta a Soraya, y suponer que la reestructuración de marras será quitar recursos a un escalón de la administración (probablemente los ayuntamientos), para dárselos al escalón inmediatamente superior (seguramente las autonomías).

Los que no pueden y no van a faltar son los recursos. Ya sea vía endeudamiento exterior o vía impuestos, al Estado no le va a faltar el combustible para seguir haciendo la vida imposible a empresas y particulares. Luego, en el camino, redistribuirá una parte entre afines, clientes y empresarios sablistas de esos que se pegan al poder para sacar tajada. Vamos, como con Zapatero pero sin Zapatero.

Quedamos a la espera de ver cómo reacciona Oli Rehn y, especialmente, ese inversor desconfiado a quien tanto teme el Tesoro. Casi puedo garantizar que el tetramartillazo plurifiscal del viernes no gustó al primero y no gustará nada a los segundos. España ha enfilado ya la vía griega para hundirse en la miseria y todo lo que cabe esperar es que, más pronto que tarde, empiecen los disturbios y comience el baile de primeros ministros. Culparán a la "austeridad" del rajoyato y lo que venga será malo sí, pero una inevitable consecuencia de la insensatez de este Gobierno de Montoros y Sorayas que creen que van a gobernar para siempre.

Austeridad o vasallaje

“Rather than attempting to return to their artificially inflated GDP numbers from before the crisis, governments need to address the underlying flaws in their economies” R. Rajan, Univ Chicago

“Governments are always Keynesian when it comes to spending. When it comes to saving they become Stalinist”

Esta semana hemos recibido terribles noticias económicas para España. Un paro del 27,16% y un déficit que alcanzaba el 10,6%. Un 7,1% -ojo- excluyendo las subvenciones a las cajas. Estamos hablando de que España, por cuarto año consecutivo, supera los 100.000 millones de déficit. El que quieren relajar. Sin embargo, también hemos recibido excelentes noticias que no debemos olvidar. La banca ha recuperado el 25% de los depósitos perdidos en 2012 y la deuda de las empresas ha bajado a niveles de 2006.

Alemania tiene razón

Los procesos de limpieza de sistemas excesivamente endeudados y de baja productividad son dolorosos, pero el mayor riesgo que corremos, sin duda, es intentar perpetuarlos.

Lo que no leo en la mayoría de análisis mediáticos es que esas cifras dramáticas de paro son consecuencia de la misma política atroz, injusta y anti-social que queremos repetir. La que implementamos cuando pinchó la burbuja de obra civil, construcción y ladrillo. Redoblar la apuesta, pasando de un superávit del 5% a un déficit del 11%, que ya genera casi 60.000 millones anuales de déficit estructural. Todo o nada. Perpetuar un modelo insostenible, creando una situación social y económica prácticamente insalvable, jugando al “el año que viene todo sube” y la “culpa es de los americanos-alemanes-Draghi-Cameron o quien sea”. Hoy, oh sorpresa, la culpa es de todos menos nuestra y la solución, por supuesto, solo puede ser repetir el desastre de los planes de estímulo.

Les recuerdo este gráfico, enormemente revelador, sobre el crecimiento del gasto en la burbuja del ladrillo y los unicornios de los ingresos fiscales perdidos.

 
 

Precisamente, nosotros deberíamos ser los primeros en evitar las formulas inútiles, en un país que ha sufrido el efecto demoledor de las devaluaciones competitivas de los 90 y que hoy sufre el impacto desolador de la apuesta a dar aún más dinero -deuda- a unos gestores manirrotos que nos han llevado al borde de la quiebra.

Alemania tiene razón… porque su modelo funciona. Su proceso de ajuste duró de 2004-2010. Centrarse en la competitividad y en sectores de alta productividad es precisamente lo que les ha llevado a ser hoy un éxito. Llevar a cabo algo que llaman -muy mal- austeridad y que no es nada más que prudencia, sentido común y equilibrar el presupuesto.

Nos dicen que Alemania fue la primera en incumplir el pacto de estabilidad. Claro, por un punto… no seis. Y llevando a cabo reformas de enorme calado. Pero nos agarramos a cantos de sirena monetaristas.

Resaltemos varios factores:

– La prima de riesgo a 300 puntos básicos es una buena noticia, pero no es un cheque en blanco para gastar y volver a meternos en un shock de deuda. No confundan exceso de liquidez global -que ha llevado a países como Mozambique o Ruanda a emitir a tipos de interés similares a los que teníamos en España en 2012- con licencia para despilfarrar. El propio Bill Gross, de Pimco, alerta sobre el llamado yen carry trade (liquidez excesiva generada por la política monetaria japonesa), para que no se confunda con expectativas optimistas.

– Imprimir y endeudar no genera inversión productiva. En Reino Unido, la inversión ha caído a niveles inferiores a la media de los años 50 en 2013, tras un aumento de la masa monetaria del 580% en los últimos años.

– La política monetaria no sustituye a los modelos ineficientes y subvencionados, ni permite la sustitución hacia modelos de alta productividad. De hecho, perpetúa un sistema económico donde el estado español consume el 50,2% de los recursos del país (incluyendo empresas públicas).

– Las inyecciones monetarias y los planes de estimulo no mejoran el desempleo. Ni en Reino Unido ni en Japón ni en EEUU. Les recomiendo que lean el libro de David Stockman, The Great Deformation.

Solucionar deuda con más deuda es simplemente agrandar el agujero de unos sistemas de bienestar del estado -que no estado del bienestar- hipertrofiados. Y es importante que sepan ustedes algo. Cualquier economista, keynesiano o no, sabe que de un proceso de endeudamiento excesivo solo se sale de tres maneras. Con un impago de la deuda, una devaluación monstruosa o vía control presupuestario. Las dos primeras son shocks brutales que empobrecen a toda la población. Recuerden Argentina o el propio Reino Unido o la crisis asiática. Varios años de depresión post-impago. Olvidamos que dejar de pagar la deuda y seguir gastando implica que al día siguiente de la quiebra no hay relajaciones de déficit ni generosidad. Piensen qué recortes, hachazos, tendríamos si hacemos impago y tenemos que ajustar todo en un año. No, señores, no hay otra solución.

Hojas de Excel y unicornios

Se llevan algunos las manos a la cabeza porque los estudios de los economistas Ken Rogoff y Carmen Reinhart contenían un error de cálculo, aunque su conclusión, que los estados más endeudados crecen menos, no ha sido negada.

Miren, es muy sencillo. Si tienen ustedes dudas sobre si los países con deuda superior al 90% del PIB crecen menos o decrecen, esperen unas semanas y lo comprobarán en toda su gloria en nuestro país (donde, por otro lado, la cifra ya es superior tomando todos los elementos).

¿Quieren saber de errores de cálculo? Permítanme mostrarles los errorcillos “sin importancia” de la política de estímulos, que comento en detalle en mi libro Nosotros, los Mercados.

Nueve billones de dólares gastados por estados y bancos centrales en estimular la economía en la OCDE en cuatro años para generar un crecimiento imperceptible y un aumento del empleo inexistente. Ni uno solo de los objetivos explícitos anunciados al aplicarse las políticas se ha alcanzado. Ninguno. Eso, señores, es un error de cálculo del 100% pagado por ustedes. El equivalente a darle a cada habitante de la Tierra un televisor de plasma… pero tirado por la ventana para dárselo a unos estados y bancos monstruosamente endeudados. De los 34 países de la OCDE, aquellos que más han estimulado la economía artificialmente son los que menor crecimiento de PIB real y empleo han generado (datos FMI, World Bank).

¿Quieren saber lo que es anti-social? Hundir a una generación y las siguientes acumulando deuda y déficit stock y flujo, ambos negativos- solo por obstinarse en sostener un gasto inaceptable.

Nos queda la austeridad

En 2007, en medio de la burbuja, el Estado español gastó 412.963 millones de euros. En 2012, 493.660 millones. Tras todos los recortes -y subidas de impuestos brutales- aún sigue gastando unos 80.000 millones más.

El debate sobre austeridad o no austeridad que nos ocupa es, por lo tanto, cuanto menos inútil. Porque no hay otra solución. Porque no hay austeridad, hay moderación del despilfarro. Subvenciones, diputaciones, cabildos, empresas públicas ruinosas, asesorías… grasa.

"Hay que gastar más"… "relajar el déficit" -total, 111.000 millones de nada en 2012- para "salir de la crisis". ¿Seguro? ¿Qué pretenden?, ¿un déficit del 12%, 13%? ¿Una deuda de 110%, 120% del PIB? Para estimular… ¿qué demanda? Ah, por supuesto, la demanda de sectores clientelistas y ávidos de subvenciones, que se han quedado sin 20.000 millones de cheques para AVEs, aeropuertos, molinillos y puentes. Así nos va.

La deuda excesiva y depender del BCE o de Alemania es esclavitud. Vasallaje a cambio de despilfarro. No hace falta entregar soberanía. Hace falta entregar clientelismo.

Si el año que viene España crece será un milagro. Pero, aunque pase, la debilidad estructural seguirá en un país que no sabe crear empleo neto -o no quiere- a menos que crezca un 2% porque depende del Estado y su chequera sin fondos.

Vean el gráfico cortesía de perpe.es.

 

El crecimiento en austeridad

¿Qué sin gasto público no hay crecimiento? Es falso. Sin clientelismo y sin burbuja de chequera en blanco es precisamente como sustituiremos la economía de la subvención y el ladrillo por la economía del valor añadido y la exportación.

Dejemos a las empresas crecer, que están comportándose admirablemente cuando uno mira fuera de los enormes conglomerados. Empresas que no se entregaron a la orgía de deuda y que tienen buenos planes de negocio sin necesidad de favores debidos. Empresas que hoy se financian a 400-500 puntos básicos más que el estado, o simplemente no tienen crédito, por el efecto acaparador del endeudamiento público que muestra la gráfica del Banco de España.

 

Hay que bajar impuestos urgentemente

No mantenerlos. No modificarlos. No traspasarlos. Bajarlos. A empresas y familias. De la crisis no nos van a sacar los sectores que nos metieron en ella, un gasto público desproporcionado y unas cajas demasiado endeudadas. No ha ocurrido jamás. Pero si el Estado reconoce que lo único que nos va a sacar de la crisis es la clase media, que lo que tiene que hacer es aumentar la renta disponible de las familias reduciendo impuestos, empezará la solución por el lado del consumo.

Si el Estado reconoce que las empresas que liderarán el cambio de modelo productivo no pueden ser torpedeadas con una política fiscal confiscatoria y burocracia, empezará la solución al empleo. A crear empleo, no a ‘moderar la tasa de destrucción’. La reforma laboral no va a poder funcionar sin un entorno de negocios de claridad absoluta, seguridad jurídica e impuestos bajos que atraigan capital.

Si el Estado reconoce que el capital financiador de los proyectos de futuro solo puede venir de inversores privados extranjeros, pondrá en marcha las reformas que cercenen el asalto al emprendedor que supone nuestro terrible entramado local, regional y estatal. No reducirlo, no mitigarlo. Cercenarlo. Abrir puertas. Que se vea que España está abierta al mercado.

El capital que va a crear trabajo no va a ser el Ibex, que ya cuenta con una cantidad de empleados muy superiores a sus empresas similares europeas y globales, tanto comparado con cifra de negocio, como con márgenes operativos. Además, casi el 50% de la deuda privada de España se concentra en 28 empresas del selectivo. El capital que va a crear empleo no va a venir de un estado que acumula aún muchos más empleados y asesores de los necesarios. Viene de aquellas empresas que no se endeudaron agresivamente y de reducir impuestos y crear nuevas compañías.

No hay peor incertidumbre que la política del “ya veremos”. Así no invierte nadie a largo plazo. Debemos poner a España open for business. Abierta a atraer capital y crecer, no a consumir deuda y subvencionar. Si no, nos entregamos al vasallaje. Buen fin de semana.

Rajoy es bueno; los malos son sus ministros

La banda de traidores que integra el Consejo de Ministros ha vuelto a salirse con la suya. Mira que Rajoy les ordenó muy seriamente que ni se les ocurriera subir (todavía más) la presión fiscal; todos le escuchamos hace un par de días decir muy claro en la sede de la soberanía nacional que este viernes "no habría impuestos". Fue en los pasillos del Congreso y no desde la tribuna del Hemiciclo, de acuerdo, pero la solemnidad del recinto sigue siendo la misma. Pues bien, llega el viernes y los ministros se amotinan y anuncian la subida de los impuestos especiales y el de sociedades, además de la creación de nuevas tasas medioambientales y otra más para gravar los depósitos bancarios.

El argumento de que los malos son los ministros va a ser ya el único posible en los profesionales del halago, esos que aplauden una decisión y su contraria siempre que la adopte el partido de sus amores, porque la capacidad de Rajoy para traicionar a sus votantes no deja otro resquicio para seguir sosteniendo que el PP es un partido que cumple su palabra. El papelón en las tertulias y las páginas de los diarios subvencionados va a ser espectacular, pero nada distinto a lo que suele ocurrir en los que hacen gala de una sensibilidad progresista cuando gobierna la izquierda.

Ya ni siquiera cabe poner la excusa de las exigencias de Bruselas para justificar esta última deslealtad. Con unos mercados financieros en calma chicha y una prima de riesgo bajo mínimos, este "esfuerzo" que el gobierno pide de nuevo a las empresas y familias españolas (como si la obediencia fuera opcional) es sólo la contrapartida para evitar meter la tijera en el disparatado gasto público que padecemos. A los ciudadanos se nos imponen nuevas tasas e impuestos para que la casta autonómica pueda seguir gastando a sus anchas y los veinte mil enchufados de la política puedan seguir trincando cada mes sin temer por el paro, que ya afecta a seis millones de compatriotas. Tan sencillo como eso.

Hace falta ser cruel para imponer un nuevo castigo fiscal a unos ciudadanos a un paso de la ruina, como el gobierno ha hecho este viernes; pero debemos recordar siempre que todo esto es cosa de Montoro y su camarilla de colegas desleales. Rajoy es bueno. Ya verán cuando le cuenten lo que han hecho sus ministros este viernes a sus espaldas, ya.

La casilla de la iglesia y la falacia de “Hacienda somos todos”

Con la llegada de eso que los políticos llaman la "campaña de la renta" (esa etapa en la que el Estado nos recuerda que en poco tiempo tenemos que presentar nuestra declaración del IRPF para que le digamos al Estado si el año anterior le entregamos menos de lo que los políticos decidieron que les teníamos que dar o, por el contrario, nos van a devolver una parte de lo que sustrajeron de nuestros ingresos), vuelve otro clásico.

En los periódicos de izquierdas menudean columnas en las que distintos articulistas protestan contra la conocida como "casilla de la iglesia". Quienes se oponen a la misma no suelen mostrar rechazo a su existencia como tal. Lo que les molesta, o eso dicen, es que la cantidad que se destina a la iglesia católica si se marca, un 0,7% del total que pagamos del impuesto sobre la renta, se deja de destinar a otras cuestiones en vez de aumentar el monto total de lo que debemos entregar al Estado. Curiosamente, suelen "olvidar" que si se selecciona la alternativa existente, "otros fines sociales", ese 0,7% va a parar a toda una serie de ONG sin que tampoco se incremente la cantidad que terminamos entregando a la maquinaria recaudatoria oficial.

El argumento que suelen esgrimir es que, al no aumentarse lo que se paga, quien marca la "casilla de la iglesia" lo que está haciendo es decir a Hacienda que le entregue parte del "dinero de todos" a las autoridades católicas. El problema es que se trata de una gran falsedad, que no es otra que la falacia de que "Hacienda somos todos", según el eslogan propagandístico estatal de hace años que tanto éxito tuvo.

Lo que entregamos al pagar el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) no es "dinero de todos", por mucho que alguien se crea eso de que las propiedades (monetarias y de otro tipo) del Estado son del conjunto de los ciudadanos. Es un dinero que es nuestro y que nos vemos obligados a entregar a los poderes públicos con independencia de que queramos o no. La otra opción es aceptar que todo lo que ganamos con nuestro esfuerzo es del Estado y que este nos permite generosamente quedarnos con algo. Y, por supuesto, esto es radicalmente absurdo.

Al permitirnos decidir entre dos posibilidades de uso de una ínfima parte de esa cantidad total, se nos tolera cierta capacidad de elección sobre dicha fracción del dinero que entregamos. De hecho, dicha capacidad es muy limitada, pues tan sólo se nos ofrecen dos opciones (con el agravante de que una de ellas, "otros fines sociales", es muy difusa).

Esta mínima capacidad de elección no es ninguna maravilla, pero es la máxima libertad que se nos otorga al hacer la declaración de la renta. Por lo tanto, bienvenida sea. Aunque, para ser sinceros, lo mejor es que no nos quitaran ese 0,7% y nos dejaran decidir si se lo queremos entregar a la Iglesia católica, a cualquier otra confesión, a una ONG concreta o a nadie. Pero hasta ahí no van a llegar.

Sobre la nueva “reestructuración impositiva” a las empresas

Este viernes el Gobierno va a aprobar entre otras medidas una "reestructuración fiscal" que "favorezca el crecimiento". Suena a broma después de haber subido los impuestos como nunca antes se había visto y en uno de los peores momentos económicos que sufre la población. Se comenta que el objetivo del Gobierno ahora es favorecer el crecimiento por la vía de facilitar fiscalmente las cosas a los emprendedores, las nuevas empresas o PYMES. Cosa que sorprende, igualmente, tras haberse subido enormemente los impuestos a esos mismos emprendedores y empresarios individuales que tributan en el IRPF a los que ahora se pretende "favorecer".

También se dice que se "favorecerá" a las pequeñas empresas, pero se subirá el Impuesto sobre Sociedades a las más grandes. Después de la importante recaudación a las grandes empresas (fue la subida fiscal que más recaudó en 2012), era un caramelo demasiado dulce para que el Gobierno no continuara su rapiña impositiva por esta vía de la discriminación fiscal según el tamaño de la empresa.

Y es que las discriminaciones fiscales es una oscura tradición de rancio abolengo y son innumerables las excusas que se han usado por el Poder y los intelectuales de pro para justificarla. Como decía el historiador Charles Adams, los impuestos discriminatorios, impuestos por una clase de ciudadanos contra otra, "son tan viejos como la Historia". De hecho, no hace mucho tiempo en Europa los judíos pagaban tipos impositivos más elevados que los cristianos, los protestantes gravaban con el doble de tipos impositivos a los católicos, y viceversa. Ahora, se trata de gravar a las empresas grandes, que son "poderosas", que "defraudan" y "evaden", para "favorecer" y "dinamizar" el crecimiento de los emprendedores -después de machacarlos, insistimos, con tipos marginales nórdicos en uno de los peores momentos económicos en décadas-.

Se habla de eliminar las "desgravaciones abusivas"a las grandes empresas, concepto que considera implícitamente que toda la renta de las empresas es propiedad del Gobierno, que sólo permite que se queden en sede de quien las ha producido, pero hasta cierto límite. Es difícil que con esta ideología destructora de valor se pretenda incentivar la actividad económica y favorecer la recuperación que van a llevar a cabo esas empresas.

Efectos económicos de modificar las deducciones

La existencia de un sistema de deducciones asimétrico, donde para algunos casos se permite una deducción completa mientras que para otros es parcial o incluso está subvencionado, crea, de por sí, distorsiones porque la imposición efectivamente soportada por las empresas variará en función de los activos y pasivo utilizados. Es decir, aunque exista un tipo único, cada empresa soporta un Impuesto sobre Sociedades diferente. Esto creará incentivos de producción y arbitraje alejados de los que habría en un mercado en el que no hubiera esta distorsión fiscal.

Modificar la tributación empresarial cambiando el sistema de deducciones del Impuesto sobre Sociedades (como se espera que ocurra, especialmente en cuanto a las grandes empresas) traerá consigo otro cambio en el patrón de distorsiones en la producción debido a este Impuesto. De modificarse de nuevo las deducciones, la imposición efectiva relativa de las empresas volverá a cambiar.

Esta diferente imposición efectiva modifica, de nuevo, las decisiones de inversión y financiación dado que el valor relativo de los activos y pasivos de la economía variará. Si, por ejemplo, la deducción de toda la amortización en un año de determinados bienes hace más productivo dichos bienes, las empresas querrán disponer de ellos con más intensidad (variará, por tanto, su demanda) modificando su precio con respecto a los demás activos (o pasivos) que no gocen de este tipo de deducciones.

La variación relativa en la imposición efectiva de las empresas provocará que éstas tengan una diferente presión para trasladar el impacto del impuesto soportado a los agentes económicos con los que se relacionan. Recortar los beneficios o la liquidez presionará para que las empresas afectadas busquen ampliar los beneficios o su liquidez tratando de reducir el precio a sus proveedores, de aumentar el plazo de pago, aumentar el precio a sus clientes, reducir la calidad de algunos productos, demandar menos factores productivos, etc.

También habrá un efecto sobre la estructura productiva de la economía. Incrementar la fiscalidad a través de la modificación de las deducciones supone incrementar la imposición efectiva media y marginal relacionadas con las deducciones que se eliminen o reduzcan. Elevar la imposición efectiva media perjudicará la creación de actividad nueva, mientras que incrementar la imposición efectiva marginal supondrá enfriar (todavía más) la intensidad de las inversiones. Esto provoca un anquilosamiento de la estructura productiva que entorpecerá y ralentizará el cambio de modelo productivo que necesita el país. 

¿En qué medida se dejarán sentir estos efectos? Su intensidad dependerá de la subida fiscal, de las deducciones que se suban y la combinación de esto con la realidad económica actual. Puede que el aspecto fiscal no sea el determinante en muchas ocasiones, o no sea tan claro o automático, pero sí ejercerá su influencia y presión para que haya más probabilidades de que se den estos efectos descritos. No olvidemos que los impuestos pueden suponer una importante porción del resultado contable de una empresa o un buen zarpazo a su liquidez (especialmente, los pagos anticipados del Impuesto sobre Sociedades). Por tanto, no es un asunto baladí el fiscal, y aunque se trate de encubrirlo con una argumentación demagógica de subir impuestos a los más grandes para favorecer a los débiles (en una especie de David contra Goliat), subir los impuestos a las grandes empresas también traerá sus consecuencias negativas al resto de la economía, incluidas las PYMES.

Subir los impuestos a las grandes empresas también perjudica a las pequeñas

Por ejemplo, las empresas más grandes son una parte muy importante de la economía, que abre un mercado a las PYMEs al que de otro modo no tendrían acceso. No en vano, ellas son uno de los caminos importantes para que las pequeñas o medianas empresas tengan acceso a la cadena de valor internacional. Proveyendo bienes y servicios a las grandes, los proveedores locales (PYMEs) pueden aprovecharse de la internacionalización de las más grandes.

Además, las relaciones comerciales con empresas más grandes y más eficientes traen consigo también una mejora en la eficiencia para las pequeñas. Se ven obligadas a incrementar su valor para poder surtir de sus productos a las grandes, que compiten en mercados más globales. Incluso, las propias empresas más grandes obligan e influyen de manera determinante para que las más pequeñas se organicen de un modo más productivo. Es algo parecido a la mejora que experimentan las empresas que inician su internacionalización que mejoran continuamente su estructura dado que aprenden exportando.

Por no hablar de los efectos perjudiciales sobre la competitividad de realizar una actividad económica en España o de incrementar las inversiones en nuestro país. Habrá más presión, o bien para que las empresas de fuera no vengan a España (o vengan con mayor dificultad), o bien a que se reduzca el volumen de inversiones en nuestro país, o bien a la relocalización de actividades de aquí a otros lugares fuera del país. Algo que sin duda no ayuda al tejido productivo español poblado por microempresas y empresas de reducida dimensión. Basta de demagogia y de minar nuestra recuperación.

Los impuestos y sus efectos: reducción de incentivos para producir

Los impuestos reducen los incentivos para producir.

¿Por qué produce una persona? Para obtener unos beneficios, sean éstos materiales o no. Quiere mejorar su situación actual. Intenta pasar de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria.

Así, cuando una persona decide crear una empresa arriesgando su capital, lo hace movida por su afán de lucro y no (necesariamente) por altruismo. Le mueve, por ejemplo, la aspiración de ganarse la vida mejor o asegurar el futuro de su familia.

Gracias a este deseo (¿egoísta?) de ganar dinero elabora productos que todos acabaremos disfrutando. Como dijo Adam Smith, "no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés".

Y la supervivencia de la empresa sólo será posible si satisface las necesidades de los ciudadanos. En caso contrario, tendrá que cerrar, y es bueno que así sea. La empresa está obligada a prestar cada vez un mejor servicio, siendo la ganancia la señal que indica en qué forma se está sirviendo a la gente.

El deseo de ganancia o afán de lucro del hombre es el incentivo que estimula su talento creativo y su capacidad empresarial. Es lo que hace que su tiempo y dedicación fluyan hacia sus bienes en busca de una mayor productividad.

Si una persona tiene una iniciativa empresarial novedosa pero tiene que pagar impuestos sobre la renta, cotizar a la seguridad social por cada empleado, imponer el IVA y pagar un sinfín de impuestos adicionales, los beneficios pueden no ser tan grandes como pensaba. No compensará el riesgo que ha tomado, por lo que no invertirá en proyectos y emprendimientos.

Los impuestos sobre el ingreso y el capital, por tanto, suponen un castigo a los que producen, que son el motor del crecimiento económico. Son los que aumentan el nivel de vida de todos y hacen que un país sea más rico y próspero. El resultado es un nivel de vida más bajo y menores oportunidades de empleo. Lo pagan los trabajadores, los accionistas y los consumidores. La sociedad se empobrece.

El Estado debería premiar a los emprendedores y productores que innovan, invierten, trabajan y crean, porque son ellos los creadores de riqueza.

Pero ¿qué es lo que hace en su lugar?

Incentivar el parasitismo y la depredación mediante todo tipo de subvenciones, es decir, extrayendo la riqueza de quienes la han creado y repartiéndola entre quienes nunca la lograrían en un mercado competitivo. Privilegia a unos ciudadanos a costa del esfuerzo y trabajo de otros. ¿El resultado? Una sociedad más injusta y menos próspera.

@jmorillobentue

Primavera en el Fondo Monetario Internacional

Como cada primavera, el Fondo Monetario se reúne para analizar qué ha pasado con sus previsiones y recomendaciones tras el frío invierno. Del 19 al 21 de abril se reunieron en Washington los miembros del club. No fue una alegre celebración, por más que las declaraciones a la prensa estuvieran teñidas de un falso atisbo de optimismo. Dentro del FMI, el Comité Monetario y Financiero era el que despertaba más inquietud. Su declaración final no es exactamente muy animosa.

El lenguaje oculto tras las palabras

No debe ser fácil redactar un comunicado negativo sin transmitir pesimismo. Y esa era la misión del Comité. Algo así como contarle a un alumno esforzado que ha vuelto a suspender, sin hundirle. El texto del comunicado está plagado de términos graves y, a pesar de ello, el tono no es dramático.

Recuperación, repuntes, avances… acompañado de muchos peros, debe, es necesario, se requiere. Es decir, los países avanzados, emergentes y de bajo ingreso estamos en el borde del abismo todavía. El que los emergentes saquen la cabeza no quiere decir que ese avance sea permanente. Y ese adjetivo es uno de los que con más insistencia se repite. Las reformas deben ser estructurales, el crecimiento sostenible, hay que eliminar vulnerabilidades (luego están ahí) y reforzar la capacidad de resistencia (luego nos falta). No son buenas noticias. No son buenos resultados. El Comité Monetario y Financiero maquilla como puede el mensaje de fondo porque, tras un duro invierno, no se puede mirar a cámara y decir, de nuevo, que la cosa no funciona.

La lección para los españoles, en mi opinión, debería ser, precisamente, que las recetas cortoplacistas no valen. Llevamos años aplicando medidas de pocas miras, fijadas para horizontes cercanos, y así no alterar las calles, evitar más ocupaciones de plazas por indignados que, además del grito y la violencia, poco serio han aportado hasta ahora. Y, no se puede olvidar, para no ceder más votos. Porque el PP tiene presente que ganó las elecciones porque el PSOE perdió votos, no porque el PP ganara muchos adeptos. Y la racionalidad política, para nuestra desgracia, ha sustituido los intereses de los ciudadanos por el recuento de votos.

A vueltas con el crecimiento

Al analizar las palabras que el Comité Monetario y Financiero le dedica a Europa el panorama se enturbia. Es un difícil equilibrio en el que nos movemos, hay varios ritmos dentro de la UE, y lo fácil es interpretar el mensaje a gusto del interlocutor. Es verdad, como han destacado los medios, que se hace hincapié en el crecimiento y su sostenibilidad. Sólo faltaría. Estamos en recesión. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención es que el comunicado hable de objetivos y de políticas "creíbles". Ese toque de atención indica que muchos anuncios de medidas y fines a alcanzar no se ajustaban a las posibilidades reales de las economías. Los objetivos que la Unión Europea establece y a los que los gobiernos como el español se comprometen son irreales en muchas ocasiones. En el caso de España, no tanto por irrealizables como por la manifiesta falta de coraje político a la hora de ir a por ellos.

Crecer de manera permanente implica crear riqueza, absorber el 26% de paro, frenar la sangría empresarial y reinventar el modelo de producción. Y, para ello, el saneamiento del sistema financiero y la reorganización fiscal son un sine qua non. El siguiente eslabón en la cadena de decisiones políticas es la necesidad de desmontar el clientelismo bancario de los partidos políticos y del gobierno, y la reorganización territorial del Estado para disminuir el gasto de las administraciones públicas. No se me ocurre quién o qué partido político va a tener el arrojo necesario para emprender esas reformas. Todo lo demás, peanuts. No sirve de nada a largo plazo.

Ya está convocada la siguiente reunión para octubre. Nos espera un final de primavera cargado: el viernes se anuncia el nuevo paquete de medidas, y un verano incierto, con la esperanza del tirón del turismo en la mente de todos. Mientras tanto, la hidra de las tramas de corrupción emponzoña el ánimo de los ciudadanos, y la ultra izquierda amenaza con echarse a la calle, de nuevo. Lo que no se gana en las urnas y se gana en la calle no es democrático. Pero ellos no lo son. Y yo, como Antonio Camuñas, prefiero contar votos en tres días que muertos en tres años.

Solamente me queda la esperanza de oír a Soraya Sáenz de Santamaría anunciar medidas serias de apoyo a los empresarios, a los inversores y a los ahorradores. Es lo último que se pierde, dicen.

Jaula de Hierro de la Oligarquía

Vimos la Ley de Hierro de la Oligarquía, y cómo el grado de oligarquización de la sociedad aumenta con la instrumentalización del Estado de Derecho por ideologías colectivistas. Ahora, vamos a analizar la formación de una "jaula de hierro" de intereses creados en torno al presupuesto público que administra dicha oligarquía.

1. Oligarquía y sociedad de élites extractivas

El libro La Pasta Nostra (33 años de poder convergente en Cataluña), de Xavier Horcajo, explica cómo han servido de pretexto tanto el idioma catalán y la bandera estelada como también la idea romántica de una nación independiente para que la oligarquía de Cataluña construya una sociedad de élites extractivas, que parecen haber legislado y robado con impunidad judicial durante 33 años para engordar las cuentas bancarias en paraísos fiscales de los partidos políticos y de las familias de la casta política autonómica.

Como señala el catedrático economía Douglass C. North, la ideología que se impone en un territorio determina su desarrollo político económico a largo plazo. De ahí que los colectivistas intenten siempre controlar la educación y los medios de comunicación, con los que pueden anestesiar y adoctrinar a la población, de la cual se detraen los recursos que alimentan la oligarquía política extractiva.

La política es importante porque influye decisivamente sobre la dinámica económica, dado que evoluciona o involuciona las instituciones y el grado de oligarquización de la sociedad. Por ello, la acción humana o, si se prefiere, el ejercicio de la función empresarial y, por tanto, la eficiencia dinámica en economía en un país, dependen también de la eficiencia dinámica en política.

La eficiencia dinámica en política se logra cuando el marco institucional permite arraigar un Estado de Derecho que garantiza el cumplimiento de la Ley y proporciona certidumbre a los derechos individuales a la vida, a la propiedad, a la libertad y a la igualdad de trato ante la Ley, con mínima coacción del Estado.   

2. Instituciones inclusivas vs. Instituciones extractivas

El catedrático de economía Daron Acemoglu, del MIT, sostiene que la oligarquía política está constituida por las élites extractivas con mayor o menor grado de coacción sobre los ciudadanos que, al gobernar, suelen cambiar la estructura del marco institucional. Por tanto, se altera el "ethos" o conjunto de valores morales de la sociedad política con incentivos negativos o positivos que afectan al desarrollo económico a largo plazo. Así se pueden diferenciar:

a) Instituciones políticas extractivas que son negativas para el desarrollo socioeconómico del territorio en el largo plazo y que pueden definir como aquellas que sirven para organizar la captura de rentas por parte de la oligarquía y que, sin crear riqueza nueva, permiten substraer o robar las rentas del resto de la población en beneficio de la propia casta política.

b) Instituciones políticas inclusivas que son positivas para el desarrollo socioeconómico de una región o de un país a largo plazo, y que se definen como aquellas a favor de la función empresarial en un mercado libre de intervención estatal y, consecuentemente, a favor de la toma de decisiones "directas" sobre su propia vida por parte de la población. Inicialmente, las instituciones inclusivas ocasionan cierto perjuicio a las élites políticas que extraen recursos del resto de la población y a los lobbies de medradores de prebendas públicas (sindicatos, patronales, fundaciones, asociaciones, partidos políticos,…). Sin embargo, a medio y largo plazo, la instituciones inclusivas benefician a toda la sociedad en su conjunto, incluidas las élites. 

En resumen, las instituciones inclusivas prevalecen cuando existe una protección efectiva de la propiedad privada, cuando existe la elección directa por circunscripciones de los diputados y de los senadores o incluso, como en los EEUU, la elección directa de los jueces, o cuando existe un referéndum obligatorio en donde voten todos los ciudadanos para las decisiones políticas trascendentales para el futuro del país.

Ahora bien, las instituciones extractivas se observan cuando crece constantemente el tamaño del Estado y se impone el Weltanschauung de la demagógica colectivista (socialista, nacional-separatistas…) con anestesia general mediante la educación y los medios de comunicación soportados con dinero público, la opresión de los disidentes y el enaltecimiento de la masas de acólitos radicales.

3. Jaula de Hierro del Tamaño del Estado y la Demagogia Socialista

Los estudios estadísticos no auguran que vayan a arraigar las instituciones inclusivas ni en España ni en Europa por el "ethos" imperante entre la población y entre los dirigentes. En primer lugar, carecemos de estadistas del primer orden como Winston Churchill o Margaret Thatcher. Y, en segundo lugar, existe una cristalización de la casta política entorno al consenso de los valores colectivistas.

De hecho, se puede considerar que los derechos individuales han sido secuestrados por la oligarquía política extractiva y que se ha tejido una tupida red de intereses entorno al presupuesto público de forma que podemos afirmar que vivimos dentro de la Jaula de Hierro de la Oligarquía que se caracteriza por un crecimiento constante del tamaño del Estado y la demagogia socialista. 

Es preciso deshacer los barrotes que constituyen la jaula de hierro de la casta política para que podamos competir con las economías más avanzadas y, por tanto, lograr un crecimiento económico saludable y sostenido en el largo plazo, por medio del ejercicio libre de la función empresarial, que es lo que permite la creatividad y la coordinación de la acción humana de millones de ciudadanos interactuando en libertad.

3.1. Tamaño del Estado.

Centrándonos en el caso de España, el tamaño del Estado constituye el conjunto de barrotes más difícil de derribar en nuestra particular jaula de hierro de la oligarquía porque soportan el peso de los miles de políticos y medradores que tienen sus raíces distribuidas por la Administración central, los 17 Reinos de Taifas Autonómicos, las miles de entidades locales y el entramado público empresarial. A modo de ejemplo, inserto uno de los gráficos que presenté en una ponencia de comunicación en el I Congreso de Economía y Libertad:


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Gráfico 1:
Evolución en los PGE del Presupuesto Público Total y del Tamaño del Estado respecto del PIB de España. Fuente de datos: Presupuestos Generales del Estado 2007-2012. Nota: La Comisión Europea confirma que el gasto público de España fue aún mayor, con un grave descuadre fiscal que pone de manifiesto el ajuste fiscal "erróneo" por la vía de aumentar los impuestos y, por tanto, con desviaciones del déficit público hasta el 9,4% PIB en 2011 y hasta el 10,2% PIB en 2012 (contando el 3,2% de rescate bancario) [*][**].

Si se tiene en cuenta que el presupuesto público estaba situado por debajo del 25% del PIB de España y que había cerca de 670.000 empleados públicos en el año 1975 y que, entonces, ya había educación y sanidad públicas, se puede comprender el alcance del problema de la burbuja estatal como consecuencia del aumento exponencial del gasto "autonómico" y "social".

El gráfico 1 muestra la magnitud de la burbuja estatal en España, que se está complicando con la burbuja de deuda y el estancamiento económico, porque el presupuesto público de todas las administraciones públicas de España representa más de la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) del país o, si se prefiere, más de la mitad de la cuantificación oficial de los bienes y servicios que producimos anualmente todos los españoles, lo que identifica claramente una economía de Socialismo de Mercado.

Como mínimo, España requiere reducir el gasto público entre 10 y 15 puntos porcentuales en relación al PIB para poder situar el tamaño del Estado en niveles que permitan competir con las economías de los países emergentes lo que, precisamente, se aproxima bastante al coste directo de la hipertrofiada estructura territorial de España con 17 autonomías que: incumplen la ley, pisotean derechos civiles, interponen barreras comerciales y juegan a ser micro-naciones, estando en bancarrota muchas autonomías si no fuese por los prestamos del estado central que se sufragan con los aumentos de impuestos de todos los españoles.

3.2. Demagogia Socialista.

Sin embargo, existen más barrotes que impiden el ejercicio de la empresarialidad y el crecimiento en Economía en Europa. Después de iniciarse la Gran Depresión del año 1929, se expandieron las ideologías colectivistas en los años 30 con el auge del nazismo (nacional-socialismo) y del fascismo y la expansión del comunismo y con el aumento del tamaño del Estado como receta para salir de la crisis.

La crisis económica actual, iniciada en el año 2007, es más profunda, por lo que puede denominarse Gran Recesión. Sintomáticamente, observamos como los estudios estadísticos muestran que la población europea y, de modo más acusado, la ciudadanía española se decantan por añadir nuevos barrotes a la jaula de hierro de la oligarquía con soluciones simplonas y demagógicas, que pretenden salir de la crisis con las mismas recetas que la originaron: aumentando el tamaño del Estado, incrementando aún más los impuestos o, incluso, incumpliendo los contratos y transgrediendo los derechos de propiedad.

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Lo que le conté al Parlamento alemán

Hace unos diez días, una comisión de Hacienda del Parlamento alemán acudió a España para indagar acerca de la situación de nuestro país. Una de las diversas entrevistas la concertaron con un servidor en la sede del Instituto Juan de Mariana: eran seis personas, un representante de cada partido y el presidente de la comisión, que me inquirieron por cuál había sido el proceso que había conducido a que la economía española terminara hecha unos zorros.

Mi explicación, desarrollada en mi libro Una alternativa liberal para salir de la crisis, es bien sencilla: desde el año 2001, España ha padecido tres burbujas, la financiera, la productiva y la estatal. No se trata de tres burbujas que se hayan dado todas a la vez por simple casualidad o por fatalidades del destino, sino que cada una de ellas ha ido generando a la siguiente.

La burbuja financiera se originó por culpa de nuestro privilegiado sistema financiero, capaz de expandir y abaratar artificialmente su provisión de crédito merced a la asistencia continuada que le proporciona un monopolio público: el Banco Central Europeo. Los tipos de interés en la zona euro se desplomaron a mínimos históricos, lo que alimentó el sobreendeudamiento de familias y empresas españolas con cargo a la financiación de unos bancos españoles que, a su vez, vivían enchufados a la provisión de crédito de los bancos alemanes y franceses (que a su vez se nutrían de las facilidades de financiación del BCE). El siniestro resultado: en siete años, los pasivos financieros de nuestras familias y empresas se triplicaron.

Fue así, justamente, cómo se desató la burbuja productiva. El crédito barato comenzó a inundar la economía, especialmente por el coladero de la industria del ladrillo. Las hipotecas y los préstamos a promotores dispararon la actividad y el empleo en la construcción, lo que a su vez propulsó el consumo y la inversión (a crédito) en el resto de sectores. El PIB pasó a crecer con una fuerza jamás soñada e incluso nuestros políticos pronosticaban que en un par de añitos íbamos a estar a la vanguardia europea en materia de renta per cápita. La inflación, derivada de la artificial demanda crediticia, se dejó sentir con fuerza, especialmente en los activos inmobiliarios y bursátiles, pero también terminó trasladándose a los precios de nuestras mercancías y a sus costes salariales (que, en términos nominales, aumentaron prácticamente el doble que en el centro de Europa), en merma clara de nuestra competitividad (por mucho que entonces no lo notáramos tanto, debido a que el resto del mundo también vivía sumergido en la falsa prosperidad de la burbuja crediticia).

La infundada euforia del sector privado terminó, cómo no, trasladándose al sector público: entre 2001 y 2007, los ingresos de las Administraciones Públicas se expandieron en 175.000 millones de euros, lo que les permitió incrementar el gasto público en 150.000 millones de euros sin despeinarse e incluso alardeando de una inexistente austeridad; inexistente, claro, porque se gastaba a manos llenas con cargo a la participación impositiva en un insostenible sobreendeudamiento privado. En Grecia, dado que familias y empresas no se endeudaron con fuerza, el sector público tuvo que emitir grandes cantidades de pasivos para poder aumentar masivamente sus desembolsos; en España, nuestros mandatarios se ahorraron el emitir deuda porque el sector privado lo hacía en su lugar, limitándose ellos a rapiñar una porción de esos pasivos. Ahí tenemos, pues, la burbuja estatal, resultado de la financiera y la productiva.

La solución no aplicada

Obviamente, una vez pinchó la burbuja financiera (la era del crédito artificialmente barato y abundante) también lo hizo la productiva/inmobiliaria y, a su vez, la estatal. En 2008 tocaba, pues, proceder a sanear los destrozos derivados de estas tres burbujas: el hiperendeudamiento privado que, por la senda de los impagos, amenazaba con tumbar y descapitalizar a la banca española; un modelo productivo inane e incapaz de generar riqueza sin recurrir a pelotazos crediticios, y una estructura estatal sobredimensionada e infinanciable por un sector privado moribundo. ¿Cómo hacerlo? Desde luego, no agravando ninguno de los desequilibrios que debían solventarse.

La burbuja financiera debería haberse saneado no socializando las pérdidas hacia los contribuyentes, sino aplicando un bail-in sobre sus acreedores (incluyendo las cajas alemanas), esto es,trasladándoles las pérdidas a quienes sufragaron esta burbuja. La burbuja estatal debería haberse saneado con una reducción de 135.000 millones de euros anuales en el gasto público, y no por la vía de machacar a impuestos a unas familias y empresas que ya arrastraban (y siguen arrastrando) sus propios problemas. Y, por último, la burbuja productiva debió sanearse fomentando el ahorro, liberalizando la economía y, en suma, permitiendo que los empresarios invirtieran en un entorno jurídico y financiero estable para edificar nuevas industrias donde pudiesen obtener alta rentabilidad; y no con absurdos planes “de estímulo” dirigidos a colocar a unos miles de personas a “hacer cualquier cosa”. Como ven, PSOE y PP han hecho lo contrario de lo que debíamos: tocaba bajar impuestos, reducir gasto, eliminar el déficit, no socializar pérdidas y liberalizar la economía, y hemos subido impuestos, mantenido el gasto a niveles de la burbuja estatal, maquillado el déficit, socializado pérdidas y conservado el grueso de nuestros millares de regulaciones varias. Hemos perdido cinco años durante los cuales la situación de la economía real se ha deteriorado al tiempo que hemos acumulado mucha más deuda pública que cada día nos asfixia más. De ahí, por tanto, que no sea demasiado optimista acerca de nuestro futuro.

Resulta curioso que, de toda esta narrativa, el parlamentario socialista se sorprendiera, con razón, por el colosal aumento del gasto público entre 2001 y 2007 (a este respecto, les recordé que si lo hubiésemos congelado durante esas fechas, tal como hizo Alemania, hoy tendríamos equilibrio presupuestario) y que, a su vez, el representante de Los Verdes mostrara su oposición a que nuestros bancos españoles fueran rescatados con dinero de los contribuyentes cuando existía la razonable alternativa de un bail-in sobre los acreedores privados (entre los que se encontraban sus cajas). Es decir, y por mucho que la corrección teutona no lo explicitara en tales términos, la izquierda alemana se extrañaba de que la “derecha” española fuera tan abiertamente antiliberal y anticapitalista como para subir los impuestos a niveles nórdicos en lugar de meter en vereda el gasto estatal o como para malversar el dinero de los contribuyentes reflotando a entidades quebradas cuando podrían haberse concentrado las pérdidas en sus acreedores.

Desconozco qué impresión conjunta se llevaron los parlamentarios germanos de sus distintas visitas a España. Sabido es que Cristóbal Montoro, ministro poco aficionado a la verdad, intentó venderles la burra pocos días después de que descubriéramos sus enjuagues con el déficit. Confío en que no mordieran el anzuelo: al menos, que no nos aplaudan desde fuera mientras nuestros politicastros nos conducen hacia el colapso.