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Etiqueta: Fiscalidad

Voilà le socialisme

 Gerard Depardieu, insigne actor y empresario condecorado con la Legión de Honor, ha decidido exiliarse a una bonita localidad belga y renunciar a su nacionalidad –y a los derechos que ello comporta– porque el Gobierno socialista francés pretende redistribuir el 75% de su riqueza. Una vez más, se cumple un principio básico del progresismo: todo millonario de izquierdas experimenta un empuje hacia la frontera más cercana directamente proporcional al grado de socialismo que el Gobierno de turno pretende aplicar a sus finanzas.

Depardieu, benefactor del partido comunista francés, entre otros méritos de mucho progreso, se queja de que su Gobierno quiere expropiarle el 75% de lo que gana; pero iba a Cuba a reírle las gracias a Fidel Castro y a mostrarle su apoyo por quedarse con el 100% de lo que producen los cubanos. En Europa, los ungidos progresistas se desgañitan pidiendo impuestos para "los más ricos", pero ellos se cuidan de poner su patrimonio a salvo de la voracidad redistribuidora de los Gobiernos de sus países utilizando todos los instrumentos legales a su alcance. Aquí en España no resultaba infrecuente hasta hace muy poco escuchar la letanía cansina de alguna estrella de la canción exigiendo un canon digital contra la piratería, mientras ella liquidaba unos impuestos de risa en tierras caribeñas.

Los progres con posibles se consideran a sí mismos por encima del resto de la humanidad, y en tal condición actúan, pidiendo para los demás severos castigos a sabiendas de que a ellos no les van a afectar. Los millonarios, también los de izquierdas, tienen todo el derecho a proteger sus bienes de la depredación del Estado, pero, hombre, permitan que los pobres hagamos algo parecido con nuestras tristes haciendas y, sobre todo, dejen de provocar a los políticos para que nos suban los impuestos a los que no tenemos para montar una sicav o abrir una cuenta en Suiza.

Desde la derecha política son muchos los que defienden al actor francés, pero resultan mucho más decentes los defraudadores tradicionalesque sacan de España los trinques en bolsas de basura y, conscientes de su vileza, no pretenden dar lecciones de moral a nadie. Ni siquiera en catalán.

Contra la especulación… y el ahorro

 Apuntaba nuestro ministro de Hacienda el pasado lunes que España necesita generar mucho más ahorro para impulsar su recuperación. Y, verdaderamente, los dos problemas esenciales que padece nuestra economía –un sector productivo desestructurado y una acumulación insostenible de deuda pública y privada– sólo pueden solventarse si el país ahorra de un modo mucho más intenso: el ahorro es la materia prima indispensable tanto para financiar la nueva inversión que metamorfosee nuestra ladrillera economía cuanto el rápido desapalancamiento de familias y empresas que permita mejorar su solvencia.

Uno esperaría que este adecuado diagnóstico de Montoro tamizara toda la política económica de su Gobierno o, al menos, de su departamento ministerial. Pero lo cierto es que, hasta la fecha, el Ejecutivo popular se ha caracterizado por su radical ofensiva contra todas las manifestaciones que imaginar podamos del ahorro: aumento de la tributación de las rentas del capital, eliminación de la deducción por compra de vivienda, saqueo tributario de las empresas con las continuadas revisiones del Impuesto de Sociedades, prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio y, de manera más reciente, integración de las plusvalías generadas a corto plazo dentro de la base general del IRPF.

Merced a la última de estas medidas, quienes a partir de 2013 compren y vendan con ganancia unas acciones o unos bonos en menos de 12 meses pasarán de tributar al ya elevadísimo tipo máximo del 27% hasta uno del 52%; profunda estocada tributaria que justamente fue criticada el pasado miércoles por el Instituto Juan de Mariana con la publicación de su reciente informe “Un nuevo ataque del Gobierno al ahorro”. Escrito por el fiscalista Adrià Pérez Martí, el estudio se dirige a desmontar los diversos argumentos aducidos hasta la fecha por el Ejecutivo, y más en concreto por el reconvertido amigo de los ahorradores Cristóbal Montoro, para justificar este nuevo rejonazo contra los contribuyentes que, según las estimaciones del propio Gobierno, apenas reportará unos magros ingresos adicionales de 90 millones de euros: el 0,09% de nuestro déficit de 2011.

De acuerdo con los próceres populares, la medida es positiva en primer término por cuanto nos devuelve al régimen anterior a la reforma de Solbes de 2006 que consolidaba en una misma base las plusvalías a corto y a largo plazo. Engañosa afirmación la de los populares que olvida que, por aquel entonces, las plusvalías a largo plazo tributaban a un tipo único del 15% (y no a uno progresivo de hasta el 27%, como acaece ahora) y las plusvalías a corto se integraban en una base general cuyo tipo máximo era del 45% (y no del 52%).

Así, siendo falso que volvamos al sistema previo a 2006, todavía lo es más otra de las razones que nos ofrecen: que esta reforma nos acerca a los sistemas tributarios europeos y, en particular, al alemán. En realidad, la inmensa mayoría del Continente o no diferencia entre plusvalías generadas a corto y a largo plazo o, de hacerlo, tal distinción tiene como único propósito bonificar el ahorro a largo plazo… no castigar con saña los rendimientos cortoplacistas. Sin ir más lejos, Alemania modificó en 2009 su sistema fiscal para hacer tributar ambas plusvalías al 25%: la historia es justo la inversa a la ucrónica narrativa gubernamental.

Por último, la ocurrencia de que penalizando a los avariciosos especuladores se consigue potenciar en algo la sana inversión a largo plazo no pasa de típico chascarrillo indignado. Como cualquier economista mínimamente cercano a la realidad sabe, basta comparar las muy superiores facilidades de financiación que poseen las empresas cotizadas en bolsa (un casino tomado por los especuladores) frente a las compañías no cotizadas (las que no participan del diario envite especulativo en los parqués) para comprobarlo: son precisamente los especuladores quienes facilitan la entrada masiva de capital a largo plazo en las empresas al proporcionarles en todo momento a los ahorradores un precio de mercado al que comprar o vender sus participaciones. Expulsemos a los especuladores del templo, como pretende Montoro, y la fluida Bolsa se parecerá cada vez más al quieto, ilíquido y lentísimo mercado inmobiliario.

El sablazo fiscal, en suma, sólo sirve para mermar los incentivos de españoles y de extranjeros para ahorrar e invertir en nuestro país. ¿Cómo casa esta nociva consecuencia con las iniciales declaraciones del ministro de Hacienda donde prometía proteger e impulsar el ahorro nacional? Pues de ninguna manera. No intenten cuadrar el esquizofrénico círculo. Tan sólo recuerden que Montoro fue la misma persona que justificó la subida del IRPF en preferencia sobre el IVA bajo el argumento de que  el Gobierno haría todo lo posible para no perjudicar todavía más al consumo, es decir, para fomentar el no ahorro. Así de simple: no hay más cera que la que arde.

Las ventajas recaudatorias del castigo corporal

 Este viernes hemos sabido que el Ministerio de Hacienda ha ordenado acelerar las operaciones de embargo contra los contribuyentes que tienen deudas con el fisco, especialmente en aquellos casos que puedan tener una mayor relevancia mediática por sus virtudes ejemplarizantes (que diría Moratinos tras varios intentos).

Este esfuerzo pedagógico de las autoridades tributarias carecería de sentido sin el apoyo de los medios de comunicación, siempre tan solícitos cuando se ventilan asuntos de interés para la plebe. Es el caso de la cadena estatal de televisión, cuya versatilidad informativa hace que en el mismo telediario aparezca una pieza lacrimógena sobre los desahucios y, a continuación, dos subinspectores de Hacienda disfrazados de Hombres de Harrelson precintando la máquina de refrescos de un restaurante por no pagar el IVA. En ambos casos se trata de resarcir una deuda, pero mientras el primero es considerado un abuso intolerable, el segundo es un acto de justicia que hay que resaltar, pues, siendo el infractor un empresario, es evidente que algo habrá hecho para que el Gobierno lo trate así.

Esto de que los procedimientos tributarios se sustancien ante millones de espectadores en lugar de en los tribunales económico-administrativos es una novedad que hay que agradecer a Cristóbal Montoro, en última instancia responsable de la Hacienda estatal. Montoro busca a su Lola Flores, pero como La Faraona es irrepetible, las pesquisas insistentes de la Agencia Tributaria pueden llevarse por delante millares de trofeos menores. Si usted crea riqueza y paga impuestos, sepa que está en el punto de mira del Gobierno, porque en la España de Cristóbal y Mariano sólo se salva del celo estatal el perroflautaje.

Con la autoridad que me otorga el haber sido sometido a unainspección fiscal (cuando Aznar era presidente; ZP y yo siempre hemos mantenido una relación de mutuo respeto), me atrevo a proponer al ministro de Hacienda la reintroducción del castigo corporal en la escala de sanciones por incumplimientos tributarios. Nada de precintar sillas, mesas para ocho o botellas de vino en las bodegas de los restaurantes. En su lugar, unos buenos latigazos –o azotes en las nalgas, en el caso de infracciones de menor cuantía– en la plaza pública de más solera de cada demarcación, en acontecimientos semanales retransmitidos en horario de máxima audiencia por las cadenas públicas que operen en el lugar. Puestos a ser sometidos al escarnio público, mejor hacerlo de manera que las deudas queden saldadas en el mismo acto, aunque sea a costa de no poder sentarte cómodamente en una temporada.

Puede que a muchos les parezca inaceptable esta forma de castigo, pero eso es porque no se han visto sometidos a una inspección fiscal. Todavía.

Contra la subida de impuestos a las plusvalías a corto plazo

Hasta la fecha, el Gobierno ha evitado atacar de una manera audaz e inteligente el origen del problema del déficit público y en su lugar ha preferido parchear superficialmente la situación. Con esta premisa, es fácil entender medidas como las reiteradas y sucesivas subidas de casi todos los impuestos de nuestro sistema fiscal.

El Instituto Juan de Mariana ya alertó de las nefastas consecuencias de la subida del IRPF de diciembre de 2011, y de cómo esa medida nos colocaba entre los países con mayores tipos impositivos del Impuesto sobre la Renta del mundo.

Hoy, el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto también analiza la última subida fiscal proyectada por el Gobierno –hasta la fecha– a través del informe "Un nuevo ataque del Gobierno al ahorro: contra la subida de impuestos a las plusvalías a corto plazo". Esta medida elevará la tributación de las ganancias patrimoniales (o plusvalías) generadas en menos de un año, a las que se les aplicarán los tipos impositivos marginales de la base general.

Las razones aducidas por el Gobierno para llevar a cabo este incremento de impuestos han sido básicamente dos: la de acercarnos a los países europeos –especialmente Alemania– volviendo a la tributación en vigor hasta 2006; y la de tratar de combatir la especulación a corto plazo que, en opinión del Gobierno, distorsiona la inversión productiva generadora de riqueza en el largo plazo.

El Informe destaca en primer lugar que la subida fiscal a las plusvalías a corto plazo en nada nos asemejará al sistema aplicado en Alemania dado que éste grava con un tipo único del 25% (más algunos recargos cuando son aplicables) a la mayoría de plusvalías, independientemente del plazo de su generación.

Por otra parte, tampoco en Europa es habitual gravar las plusvalías a corto plazo con los tipos impositivos marginales aplicables a las rentas del trabajo. De hecho, analizando la fiscalidad comparada de este tipo de rentas en más de una veintena de países europeos llegamos a la conclusión de que la mayoría suele gravar las rentas del ahorro de manera diferente al resto de rentas, y con tipos impositivos más bajos. Dentro de este grupo de países con sistemas duales, gran parte de ellos no suele distinguir según el plazo de generación de las plusvalías, y en aquellos países en los que sí hacen tal distinción, lo es para mejorar la tributación de las plusvalías a largo plazo y no para penalizar las de a corto, como propone el Gobierno del Partido Popular.

Los pocos países que tienen sistemas únicos en los que aplican las misma fiscalidad para rentas del trabajo que del ahorro suelen tener tipos impositivos únicos muy bajos –flat tax– que giran en torno al 15%. Por tanto, tampoco es verdad que elevando la fiscalidad de las plusvalías a corto nos acerquemos a Europa, más bien todo lo contrario.

Para finalizar con los argumentos fiscales del Gobierno, el Informe concluye que tampoco puede afirmarse que la subida fiscal nos devuelva al sistema aplicado hasta 2006, puesto que tanto los tipos impositivos marginales de la base general –que gravarán las plusvalías a corto plazo– como los tipos impositivos de la base del ahorro, han sido fuertemente elevados y son muy superiores a los existentes en 2006.

El Gobierno también ha justificado que debía tomar la medida para atajar la especulación que, en su opinión, mina la inversión productiva. De ser cierto este argumento, lo que primero sorprende es que la penalización fiscal se aplique a las personas físicas, y no a las sociedades, que son las que mayores volúmenes de transacciones realizan en el sector financiero español.

No obstante, tampoco es cierto que la especulación perjudique la inversión productiva, y mucho menos que penalizarla fiscalmente ayude a canalizar el ahorro hacia la inversión a más largo plazo, sino todo lo contrario. A estas cuestiones se dedica la segunda parte del Informe.

Así, subir los impuestos a las plusvalías a corto plazo distorsiona los mercados de capitales tanto por el lado de la oferta (distorsionando la fijación dinámica de precios realistas para los activos) como por el de la demanda de capitales (restando negociabilidad a los mercados), trayendo como consecuencia una menor inversión y, por tanto, lastrando la recuperación económica.

¿Y si después de no equipararnos a la legislación alemana y europea en general, ni volver al sistema de 2006, ni favorecer la inversión a largo plazo, sirve de algo esta medida en términos recaudatorios? Tampoco. Los efectos recaudatorios estimados por el propio Ministerio de Hacienda ascenderán a 90 millones de euros, tan solo el 0,09% del déficit público de 2011.

Balance económico de Rajoy: peor imposible

Hace ya un año que Mariano Rajoy ganó las elecciones por una mayoría absoluta histórica: 186 escaños y cerca de once millones de votos. La campaña electoral tuvo como tema prácticamente único la crisis económica. Los socialistas, gravemente tocados tras la última y desastrosa legislatura de Zapatero, poco podían ofrecer para sacar al país del atolladero en el que ellos mismos le habían metido. Rajoy, sin embargo, centró sus promesas en la recuperación económica. Según él sólo el PP podía acometer semejante tarea. Y los españoles –por activa votándole o por pasiva dejando de votar al PSOE– se lo creyeron.

Ha pasado un año y España no sólo no ha salido de la crisis, sino que se ha hundido todavía más en ella. No hay un solo indicador que invite al optimismo. En los últimos doce meses el paro ha crecido, ha continuado la destrucción del tejido productivo y la deuda pública ha alcanzado límites difícilmente sostenibles en el corto plazo. La situación es de extrema gravedad. El dinero ha comenzado a abandonar el país a toda prisa y, con él, los trabajadores más preparados y productivos. España no es todavía Argentina, pero ya empieza a parecerse mucho a ella.

El desempleo desbocado

De todos los indicadores el más preocupante y dramático es el del desempleo. El pasado mes de octubre se alcanzó y rebaso, por primera vez en la historia, la tasa del 25% de paro. 5.778.100 personas en paro que son unas cuantas más (aproximadamente medio millón más) si le retiramos el maquillaje estadístico que saca del desempleo a todos los parados reales que no estén buscando “activamente” empleo.

La cifra, por lo tanto, se acercaría más a los seis millones y medio que a los seis millones. Con semejante lacra es imposible que la economía se recupere. El paro es la piedra de toque de todo el sistema. Sin gente trabajando la economía se estanca y el Estado ve reducida su recaudación. Lo primero ocasiona un círculo vicioso imposible de romper, lo segundo condena al Estado a endeudarse en el extranjero.

¿Qué ha hecho Rajoy para poner coto a esta auténtica tragedia? Nada reseñable, se ha limitado a garantizar los subsidios a costa de los presupuestos generales de Estado y ha aprobado una tibia reforma laboral que, si bien va en la dirección correcta, es insuficiente. Se ha mantenido intacta la dualidad del mercado laboral español que, por lo demás sigue siendo extraordinariamente rígido, mucho más que el de otros países.

Una subida de impuestos cada quince días

Si en algo ha sido prolijo el Gobierno de Rajoy ha sido en subir incansablemente los impuestos. No existe precedente en la historia económica de España de un Gobierno con una furia fiscal semejante. EL IRPF lo elevó en su primer consejo de ministros. Y no fue una subida cualquiera. Fue el mayor incremento en 45 años, es decir, desde que ese impuesto existe. No contento con subir de un modo salvaje este impuesto al trabajo, el mismo día anunció una espectacular subida para las rentas del ahorro.

Dos rejones típicamente socialistas que lo que han ocasionado de un modo inmediato es que el trabajo desaparezca (o, en el mejor de los casos, se sumerja) y los capitales huyan del país. Caso aparte es la deducción por vivienda, que había retirado Zapatero poco antes. Rajoy la restableció para, meses después, volverla a retirar. Las compras de vivienda efectuadas a partir de enero de 2013 carecerán de esa deducción.

A la vuelta del verano el Gobierno anunció un nuevo impuesto, esta vez sobre las plusvalías a corto plazo que tributan al tipo marginal, es decir, al máximo. Un mes después se descolgó apoyando la implantación de una tasa Tobin a nivel europeo. Un aperitivo para la banderilla final: el impuesto sobre loterías, que afectará a los premios de la lotería estatal y de los sorteos de la Cruz Roja y la ONCE.

El impuesto por antonomasia, el que paga todo hijo de vecino, el IVA, parecía que se salvaría gracias a que el propio Rajoy hizo una gran campaña por su rebaja antes de llegar al poder. Nada de eso. El Gobierno anunció en verano una subida histórica del indirecto. Desde el 1 de septiembre el IVA general pasó del 18% al 21%, tres puntos de golpe que se suman a los dos que ya subió Zapatero en 2010.

A modo de fin de fiesta fiscal, hace solo unos días el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aprobó la creación de un sistema de tasas judiciales que para muchos es, más que recaudatorio, simplemente confiscatorio.

Gasto desaforado

Si Rajoy se ha visto obligado a subir tanto los impuestos y a inventarse algunos nuevos se debe a que el Estado gasta mucho más de lo que ingresa y lleva haciéndolo ya desde hace varios años. Esto ha repercutido en la deuda pública, que ha vuelto a niveles de los años 90 y amenaza con superarlos en breve.

Y si el Estado gasta de esa manera es porque Rajoy ha decidido que así sea. El gasto público, lejos de decrecer, ha aumentado en los últimos doce meses y más aumentará en los próximos doce. Para 2013, los primeros presupuestos hechos por Rajoy sin la famosa “herencia recibida” el Estado pretende gastar un 5,6% más que en 2012 o, lo que es lo mismo, 9.000 millones más.

El Estado gasta más porque cada vez está más endeudado y tiene que dedicar más recursos financieros a devolver los préstamos del pasado. Pero no sólo eso. Rajoy ha decidido, por ejemplo, mantener una subida en las pensiones del 1% a pesar de que los salarios caen en picado en todos los sectores.

Mención aparte merece el excesivo número de empleados públicos, que roza los tres millones, más que en 2007, cuando el Estado estaba en superávit fiscal. El Gobierno no ha hecho aún nada por aliviar semejante carga sobre los presupuestos. En parte por falta de convencimiento y, en parte, porque no todos dependen del Estado Central sino de autonomías y ayuntamientos.

La descentralización administrativa juega en contra de una racionalización del Estado, que se ve obligado a recaudar y pedir prestadas gigantescas cantidades de dinero para que otros lo gasten. Otros que no quieren apretarse el cinturón y que se niegan a cuadrar las cuentas porque el grifo de la administración central sigue abierto de par en par. Para que a las manirrotas autonomías no les falte de nada, el pasado verano Montoro obligó a Loterías de Estado a prestar 6.000 millones para sostener un fondo de rescate autonómico al que, con contadas excepciones, han acudido ya casi todas las comunidades.

Nacionalizaciones y rescates

Otro grifo no ha cesado de manar en el último año es el que riega los balances de las antiguas cajas de ahorros. Algunas como Bankia han sido directamente nacionalizadas y enchufadas de nuevo al presupuesto. Otras llevan meses financiándose del FROB, un fondo aparentemente inagotable que se nutre también de dinero público. La consigna es purgar con dinero del contribuyente los excesos en los que incurrieron las cajas durante los años de la burbuja. Y hacerlo sin que se note demasiado.

Pero el pufo es de tal calibre que Rajoy ha tenido que sacarse de la manga una entidad, estatal naturalmente, para que los bancos depositen en ella todos sus activos depreciados. Esta entidad, bautizada como Sareb, se capitalizaría con dinero público cerrando de este modo el círculo. Una promesa de nuevas subidas impositivas y nuevas emisiones de deuda (que terminarán amortizando los contribuyentes) para el futuro cercano.

El balance económico del primer año de Rajoy no puede ser peor. Ha conseguido exactamente lo contrario de lo que se proponía. Su política económica ha sido un calco de la de Zapatero, de quien Rajoy se ha erigido como el mejor sucesor posible. Si no se han aprobado nuevos planes E se debe a que no hay con qué financiarlos, no a falta de convicciones socialdemócratas. El primer año de la legislatura se ha saldado, pues, con un fracaso económico sin paliativo posible. Hoy los españoles somos más pobres, pagamos más impuestos y tenemos menos expectativas que hace 365 días, cuando Rajoy salió ufano al balcón de la sede del PP en Génova a celebrar la victoria. 

Un año de desgaste… para el contribuyente

 Pese a que en los últimos cinco años hemos asistido a la mayor expansión fiscal de la historia de la humanidad –con la posible excepción de esa II Guerra Mundial que los verdaderos militaristas económicos reputan fuente de toda nuestra prosperidad presente–, los keynesianos, asfixiados por el propio fracaso de su contraproducente recetario y de la insolvencia sobrevenida de muchos de aquellos países que han sufrido su rodillo, se han apegado a la muy falaz idea de que Occidente ha sufrido un exceso de austeridad. ¡De austeridad! El gasto y el déficit público se hallan en máximos históricos en la mayor parte de lugares del planeta (y en todos ellos, muy por encima de los niveles que alcanzaron durante la burbuja crediticia que concluyó en 2007) y se sigue hablando inapropiadamente de austeridad. Es lo que pasa cuando no se quieren reconocer los propios fracasos y se pretende seguir huyendo hacia adelante: ¿que en unos años hemos duplicado los volúmenes de deuda pública (repitan: austeridad) y cada vez estamos más hundidos? No hay problema: tratemos de volver a duplicarlos con mayor rapidez si cabe en los próximos meses.

Otro manifiesto keynesiano

Éste es el mensaje de fondo del manifiesto “Una visión alternativa de la crisis de la Eurozona”, recientemente suscrito por diversos economistas “críticos”. El breve manifiesto tiene tres mensajes fundamentales: el primero, que las políticas de austeridad están agravando la crisis debido al incorrecto diagnóstico de la ortodoxia económica, según el cual todos nuestros problemas provienenúnicamente del exceso de gasto público y de la falta de competitividad del Sur de Europa; el segundo, que el auténtico problema de la Eurozona deriva de la falta de un prestamista de última instancia que permita una resolutiva actuación gubernamental a la hora de corregir el desequilibrado modelo de crecimiento europeo materializado en un Norte mercantilista y un Sur dependiente del endeudamiento barato; y tres, que la solución a todas nuestras dificultades pasa por implementar una política fiscal expansiva a gran escala respaldada por el BCE con el objetivo de incrementar el nivel de empleo en la Eurozona –algo que traería crecimiento y que, por tanto, permitiría estabilizar el nivel de endeudamiento sobre el PIB y no generaría inflación– y por incrementar los salarios en el Norte para estimular un mayor consumo interno.

Un equivocado diagnóstico del diagnóstico

Los tres mensajes son una mezcla entre tramposos y equivocados. En cuanto al primero, no conozco muchos partidarios de la austeridad estatal que crean que los únicos problemas del Sur de Europa son su excesivo gasto público y sus altos salarios. Yo mismo, en mi libro Una alternativa liberal para salir de la crisis, explico que el problema tiene dos caras: por un lado, el sobreendeudamiento privado y crecientemente público de nuestras economías; por otro, la descomposición de nuestra estructura productiva tras haber sido asolada por la burbuja inmobiliaria (y de la que los salarios mayores a la productividad del trabajo son sólo una de sus múltiples exteriorizaciones). La salida de la crisis presupone la corrección de estos dos desequilibrios de fondo, el financiero y el real, y para ello son necesarios numerosos ajustes: entre ellos, dejar de añadir todavía más deuda a nuestro ya casi impagable volumen total de endeudamiento (de ahí la necesidad de reducir el déficit por el lado de un menor gasto público) y facilitar una recomposición de nuestro modelo productivo que lo aleje del ladrillo (para lo cual se necesita, entre muchas otras condiciones, que aquellos costes laborales que deban reducirse, lo hagan). Reducir todos nuestros problemas a que el Estado gasta mucho y a que los trabajadores ganan mucho dinero es de una simplicidad engañosa, pues el objetivo final no es la austeridad por la austeridad, sino la generación por parte del sector público y del sector privado de un volumen suficiente de ahorro que permita desapalancarnos y restructurarnos.

El más equivocado diagnóstico propio

Precisamente por eso, el segundo mensaje lanzado también es erróneo. Por un lado, los economistas “críticos” se ven forzados a reconocer que el Sur tiene un problema de excesiva dependencia del endeudamiento y de una economía incapaz de vender al exterior, pero, por otro, atribuyen parte de esos problemas a la obsesión del Norte por consumir menos de lo que producen, es decir, por ahorrar. Se consigue así una suerte de responsabilidad compartida entre el Sur y el Norte: uno por producir y otro por consumidor demasiado poco. Sucede, empero, que la crisis europea no tiene nada que ver con que el Norte sea muy productivo y austero. Acaso, si queremos atribuirle cierta responsabilidad al Norte, podemos imputársela al hecho de haber canalizado una parte de ese ahorro (sobre todo a corto plazo) a financiar el endeudamiento (sobre todo a largo plazo) que el Sur dirigía a consumir mucho más de lo que producía y al hecho de haber destinado la otra parte de su ahorro (de nuevo, sobre todo a corto plazo) a expandir (a largo plazo) la capacidad productiva de su industria con miras a seguir abasteciendo unos niveles de gasto del Sur que ahora mismo sólo son sostenibles mediante su continuado endeudamiento. Es decir, el problema no pasa en ningún caso en haber ahorrado demasiado, sino en haber invertido ese ahorro demasiado mal.

El problema del Sur, por el contrario, sí viene de ahorrar demasiado poco y de hacer depender su bienestar de vivir de prestado del Norte. Si el Sur fuera más productivo de lo que es ahora (es decir, si no hubiera inmovilizado su economía en el ladrillo o en sector improductivos dependientes del Estado), el Norte podría seguir vendiendo lo mismo y el Sur podría seguir comprando lo mismo que ahora: la única diferencia estaría en que el Norte se cobraría al instante lo que vende (en lugar de acumular derechos de cobro contra el Sur) y el Sur pagaría al instante lo que compra (en lugar de acumular deudas a favor del Norte) mediante mayores exportaciones del Sur hacia el Norte. Es ahí, en esa incapacidad para exportar más y, por tanto, para pagar todo lo que se importa del Norte, donde reside el germen del problema: en ausencia de mayores exportaciones del Sur, sólo queda o incrementar todavía más su endeudamiento exterior (si se quiere apurar unos meses más su nivel de vida, es decir, sus importaciones financiadas con deuda) o, como está sucediendo en España, poner bruscamente fin a su necesidad de endeudamiento exterior con una fortísima contracción en su nivel de vida (restricción de las importaciones merced, por ejemplo, a acumular seis millones de parados).

Aclaremos, con todo, que la insuficiencia exportadora del Sur no proviene de que el Norte ahorre mucho y, por tanto, de que importe muy poco desde el Sur. Ahorro no significa no-gasto, sino no-gasto en consumo: esto es, bien puede traducirse en un mayor gasto del Norte en bienes de inversión. Por ello, nada obstaría para que el ahorro del Norte se canalizara en forma de importaciones de bienes de capital desde el Sur, pero para ello deberíamos ser capaces de fabricar esos bienes de capital demandados y necesitados por el Norte: cosa que obviamente no sucede (el gran activo duradero que es capaz de fabricar España son centenares de miles de viviendas, y la demanda residencial del Norte como que no es tan elevada). La afirmación de los economistas “críticos” de que del mismo modo que ningún país puede vivir sostenidamente por encima de sus posibilidades tampoco ninguno “puede vivir indefinidamente por debajo de sus posibilidades” es una simple boutade. Claro que se puede y, de hecho, si queremos ser más ricos y prósperos en el futuro, conviene que sea así: ahorrar, invertir y capitalizarnos para disfrutar de incrementos sostenidos en nuestra producción per cápita. El problema, repito, no está en ahorrar mucho, sino en invertir mal ese ahorro (por ejemplo, financiando gigantescos déficits públicos o cementerios de viviendas vacías e infladas de precio).

De hecho, como digo, si de algo podemos acusar al Norte es de haber invertido mal su ahorro al prestárselo al Sur: esto es, en haber sido demasiado ingenuos al pensar que prestándoles su capital a los del Sur éstos se desarrollarían y serían capaces de repagar las deudas contraídas gracias a unas economías mucho más productivas. Cándidos: en lugar de endeudarnos para producir más nos acostumbramos a asumir nuevos pasivos para consumir más. Es decir, en lugar de volvernos ricos, nos conformamos en gastar como ricos con cargo a la deuda. Y ahora los del Norte se encuentran con que les debemos centenares de millones de euros (reflejo de que durante muchos años les compramos mercancías sin pagárselas) y que amenazamos con marcharnos haciendo un simpa.

La fatal solución

Por último, la solución de los economistas “críticos” no deja de ser contraproducente y hasta cierto punto contradictoria: por una parte, proponen que los países del Norte ahorren menos y consuman más (por ejemplo, aprobando subidas salariales) para así alimentar la demanda exterior del Sur; por otro, instan al Banco Central Europeo a que facilite un mayor endeudamiento en el ya sobreendeudado Sur para “crear empleo”.

Digo que las soluciones son contraproducentes y contradictorias, primero, porque no está demasiado claro por qué los mayores salarios alemanes se deban traducir en una mayor demanda de las viviendas en España y no en más iPads estadounidenses, en más videojuegos japoneses, en más relojes suizos o, simplemente, en más electrodomésticos y automóviles alemanes (que sólo contribuirían a encarecer las importaciones alemanas a España y, por tanto, a empeorar todavía más el nivel de vida de los españoles). Segundo, porque si el BCE es capaz de monetizar deuda de países periféricos sin desatar una más acelerada inflación interna es porque los nuevos euros que crea en el proceso de monetización son atesorados (no gastados) por ahorradores europeos o extraeuropeos; si se empiezan a poner esos nuevos euros en circulación, merced a un mayor incentivo a que sus tenedores los consuman, sí contribuirán a presionar al alza los precios en toda Europa (justo lo que necesitan las familias españolas: un nuevo impuesto inflacionista que hunda todavía más su renta disponible). Y tercero, porque es absurdo asumir que un mayor endeudamiento público de las economías del Sur vaya a contribuir a resolver sus dos problemas fundamentales: exceso de endeudamiento y exceso de malas inversiones internas.

Justamente, más gasto público con cargo a la deuda sólo contribuirá a acrecentar estas dos distorsiones: el conjunto de la economía española se endeudará más (y ya estamos en un punto donde ni siquiera podemos pagar la deuda que ya hemos asumido) y lo hará en proyectos de muy bajo o nulo rendimiento. Fijémonos en que los economistas “críticos” sólo exigen, no que la nueva deuda se invierta de manera rentable (algo que el Estado, por su propia naturaleza, es incapaz de controlar), sino que se genere empleo. ¿En qué? Eso para ellos es una cuestión secundaria, pues el objetivo es el empleo en sí mismo… por improductivo que sea.

Pero no: lo cierto es que las economías son más ricas no porque haya más gente ocupada en algo, sino porque haya más gente ocupada en la fabricación de bienes con el mayor valor añadido posible. ¿Es ésta la tarea en la que cabe prever se vayan a dedicar nuestros políticos? ¿Acaso todavía creemos a estas alturas de la crisis que Mariano Rajoy o Alfredo Pérez Rubalcaba cuentan con toda la información y habilidad para descubrir y crear los centenares de miles de nuevas empresas competitivas y de alto valor añadido que necesita España para producir suficiente riqueza con la que repagar su deuda sin ver mermada su calidad de vida? ¿Ellos, que no han creado una sola empresa en su vida? ¿En serio confiamos en el partido del Plan E y del Aeropuerto de Castellón para diseñar y planificar nuestra economía? ¿O acaso pensamos que basta con dar dinero a todo el mundo que lo pida para que el país se transforme en un verde valle de buenas y sanas inversiones? ¿En serio confiamos en que ese modelo de crédito barato universal propio de nuestras cajas de ahorro y de las subprime estadounidenses hasta 2007 vaya a lograr una adecuada y rentable asignación de ese escasísimo recurso que es el capital? ¿De burbuja en burbuja hasta el colapso final? Ah, que ya estamos en el colapso final…

No, la respuesta al keynesianismo no puede pasar por más keynesianismo, sino por solucionar lo antes posible los desequilibrios que la burbuja financiera, productiva y estatal generaron sobre nuestra economía echando mano de las únicas herramientas que nos permitirán lograrlo: más libertad de mercado y más ahorro público y privado. 

Esclavos del Estado

Si usted gana lo que el promedio de los españoles, es decir, entre 18.000 y 25.000 euros anuales debería saber ya que la mitad –euro arriba euro abajo– se lo queda el Gobierno. Trabaja medio año para mantener las siempre crecientes necesidades financieras del Estado. Todo corre a su cargo, desde los más de 30.000 coches oficiales que pululan por las calles y carreteras españolas, hasta el último programa de ayuda al desarrollo que se aprueba en la consejería del ramo de la más remota comunidad autónoma.

Así es el sistema. Los españoles nos hemos convertido en lo más parecido a esclavos del Estado. Pagamos impuestos por todo lo imaginable y, a veces, por lo inimaginable. Lo hacemos por duplicado, por triplicado y hasta por cuadruplicado. Sobre un mismo bien podemos llegar a pagar IVA, patrimonio, donaciones y sucesiones. Todo con tal de alimentar al insaciable Gargantúa en que se ha convertido el antaño apañado y austero Estado español.

La pregunta que algunos –no muchos, la verdad– nos hacemos es: ¿por qué pagamos tantos impuestos si lo esencial del Estado ya funcionaba hace treinta años con muchos menos? La razón en sencilla. En las últimas tres décadas el aparato estatal ha multiplicado por cuatro su tamaño. A este atraco organizado lo han bautizado como “estado del bienestar” y todos los políticos sin importar el partido al que pertenezcan, celebran su existencia y su expansión sin límites.

El “estado del bienestar” es, en realidad, un estado clientelar en toda regla que ha obrado el milagro de poner a vivir a la mitad de los españoles a costa de la otra mitad. Mientras unos llenan, con toneladas de trabajo, talento y creatividad los haberes de los presupuestos, otros se concentran y hasta se profesionalizan en enchufarse a los debes.

Mientras la economía crecía al 5% y las recaudaciones fiscales marcaban máximos históricos (tan históricos que, en Hacienda, no terminaban de explicarse por qué), el modelo más o menos funcionaba. Recibíamos unos servicios, generalmente de una calidad tan mala que, en cuanto podíamos permitírnoslo, pasábamos a su versión privada, a cambio de una carga fiscal desproporcionada que, por aquel entonces, aun no nos lo parecía.

Hoy el modelo no sólo está agotado, sino que ha demostrado ser, además de profundamente injusto, insostenible en el tiempo. Antes de distribuirla, la riqueza hay que crearla y España crea cada vez menos. Esto se ha traducido en una sobrecarga impositiva que ya es insoportable. Los políticos, gestores de ese aparato elefantiásico que entró en metástasis durante la Transición, no quieren sacrificar ni un centímetro del terreno que han ganado a los contribuyentes, paganinis, en última instancia, de todo el conglomerado estatal.

La crisis, de este modo, nos está mostrando el armazón de un sistema que, simplemente, no podemos costear, no producimos lo suficiente para mantenerlo con vida. Llegados a este punto al Gobierno sólo le quedan dos opciones. La primera es la que escogió Zapatero y que Rajoy ha continuado al pie de la letra. Consiste en mantener la estructura como sea y cueste lo que cueste. Dicho sea esto con toda literalidad. A pesar de que le entregamos la mitad de nuestra renta, el Gobierno no tiene suficiente y se ve obligado todos los meses a pedir dinero prestado en el extranjero. Luego se quejan de la prima de riesgo y lo desalmado que es el mercado, pero si no gastasen lo que no tienen no tendrían que recurrir a él.

La segunda es cortar por lo sano y acometer reformas que reduzcan sensiblemente el tamaño del Estado. Esto supone sacrificios, especialmente al principio, para una sociedad como la nuestra que es adicta a la subvención y el trinque. Luego, cuando todo se haya reajustado, lo que obtendremos es un país más próspero, más libre y, sobre todo, más justo. No es que merezca la pena el esfuerzo, que lo merece, es que, o lo hacemos o terminaremos siendo como Argentina pero sin materias primas, es decir, peor que Argentina. Nosotros elegimos.      

La prioridad es reducir el gasto público

 Como explico en mi último libro, Una alternativa liberal para salir de la crisis, las Administraciones Públicas necesitan reducir su gasto anual en alrededor de 135.000 millones de euros para acabar con el déficit, despejar los riesgos de suspensión de pagos del país y poder atraer inversión extranjera que contribuya a modificar nuestro anquilosado modelo productivo, basado en el ladrillo. Un recorte que nos alejaría de Grecia y nos acercaría, en lo relacionado con el tamaño del Estado, a Suiza.

La política del Partido Popular, desde que Mariano Rajoy se asentó en La Moncloa, ha pasado, sin embargo, por tratar de minimizar la magnitud del recorte (hasta el punto de que en 2013 la Administración central gastará más que en 2012 y 2011) mediante una muy considerable subida de todas las figuras impositivas: IRPF (tanto en su base general como en la del ahorro), IVA (en sus tres tipos), Sociedades (eliminando la mayor parte de deducciones fiscales a las empresas, obligándolas incluso a tributar por beneficios que no han obtenido) e incluso cotizaciones sociales (tras haber prometido que las iban a reducir).

La estrategia de exprimir más al ya asfixiado contribuyente en lugar de proceder a pinchar con resolución la burbuja del sector público (la hipertrofia del gasto estatal merced a la recaudación extraordinaria proporcionada por la burbuja inmobiliaria) tiene pocos visos de éxito: de momento, tan sólo está sirviendo para mantener la recaudación fiscal de 2011, no para incrementarla. Magro consuelo cuando el año pasado cerramos con un déficit de 100.000 millones de euros, que debemos reducir, no estabilizar.

Pero, más allá de la cuadratura del círculo contable español, apostar por las subidas de impuestos en lugar de por las reducciones del gasto público en medio de una devastadora crisis económica como la que atravesamos supone un doble error. Al cabo, los dos problemas fundamentales que ahora mismo padece España son una estructura productiva descompuesta tras la burbuja inmobiliaria y un exceso de deuda –sobre todo privada– provocada por la política de crédito barato del Banco Central Europeo.

Perseguir con más impuestos al sector privado torpedea la solución de estos dos problemas. Por un lado, se exprime a los agentes económicos que, en el complicadísimo contexto actual, siguen generando riqueza para mantener programas de gasto público que o no contribuyen a hacerlo o que directamente lo obstaculizan. En otras palabras, reducimos todavía más el atractivo de ahorrar, invertir y emprender en la economía española, bloqueando el necesario cambio en nuestro modelo productivo: difícil, pues, volvernos un destino más atractivo para los capitales foráneos, si tenemos impuestos más elevados que países de nuestro entorno mucho más productivos y serios que el nuestro.

Por otro, cuanto más recortemos la renta disponible del muy endeudado sector privado, más complicado resultará a nuestras familias y empresas reducir su muy abultado endeudamiento, de modo que seguirán cargando durante más tiempo con una pesada losa de deuda que coloca dudas sobre su solvencia e impide que vuelvan a consumir o, preferiblemente, invertir con autonomía. Olvidémonos de que el crédito “vuelva a fluir” hasta que el apalancamiento de nuestro sector privado no caiga de manera muy considerable.

Es verdad que, como dice el ministro De Guindos, la reducción del déficit público es una prioridad, y que sin consolidación presupuestaria es imposible que España se recupere. Pero que la reducción del déficit sea una prioridad no significa que el mantenimiento de figuras fiscales extraordinariamente gravosas también lo sea. Más bien al contrario: existe la mucho más razonable, efectiva y beneficiosa alternativa de pinchar la burbuja del sector público recortando el gasto (nota: mantras como “luchar contra el fraude fiscal” o “hacer pagar más a los ricos” no contribuirían en nada a minorar el déficit). Ésa, la reducción de nuestro sobredimensionado sector público, sí debería ser la prioridad, y no convertir en permanentes los tipos marginales del IRPF más elevados de Europa.

Cálculo económico y tamaño del Estado en España

El cálculo económico es todo juicio estimativo que hace el actor sobre el valor que tienen los recursos económicos y, especialmente, en una sociedad civilizada, entendida como un orden extenso, complejo y abierto de colaboración humana.

Así, desde una perspectiva económica austriaca, se distinguen el mundo interno subjetivo, "ordinal" y no cuantitativo de los agentes económicos, y el mundo externo "cardinal", que opera con cómputos y cálculos numéricos.

Existen dos instituciones que unen el mundo interno (cualitativo) con el mundo externo (cuantitativo) de las transacciones económicas del día a día. Es decir, estas instituciones permiten que se produzcan las transacciones económicas como resultado de acciones subjetivas (cualitativas y sin posibilidad de cómputos numéricos) o psíquicas que se proyectan sobre los medios o fines económicos.

Por un lado, existe la institución del intercambio sometido a Derecho o, si se prefiere, los vínculos contractuales. Y, por otro lado, también existe la institución del dinero, que se define como el medio de intercambio común y generalmente aceptado por la población de un territorio.

1. Imposibilidad de cálculo económico

Cuando el marco institucional dificulta o impide el intercambio sometido a Derecho y/o el medio de intercambio común que constituye el dinero, se producen situaciones de deterioro económico que pueden llegar a imposibilitar el cálculo económico por medio de, por ejemplo: el crecimiento del gasto público que permite aumentar el tamaño del Estado y significa la expropiación creciente del dinero privado vía impuestos, la hiperlegislación en contra del libre ejercicio de la función empresarial, o la alteración del valor del medio de intercambio que constituye el dinero.

Es decir, se considera que la acción humana ejercida en libertad permite mayores niveles de prosperidad por medio de la maximización del intercambio de bienes y servicios en un territorio donde prevalecen las dos instituciones mencionadas, el intercambio sometido a derecho y dinero. El intervencionismo introduce barreras que impiden el libre ejercicio de esas instituciones.

En ese sentido, la acción humana se considera equivalente al ejercicio de la función empresarial que se caracteriza por la aplicación por el ser humano de sus capacidades de creatividad y de coordinación que le permiten la búsqueda, la identificación y el aprovechamiento de las oportunidades de ganancia que existen en el entorno.

Por ello, las instituciones del intercambio sometido a Derecho y del dinero deben ser protegidas por el marco institucional de un país para que la acción humana entendida como ejercicio de la función empresarial se produzca con un mínimo de coacción.

2. Sociedades de Mercado versus sociedades de Estado

Por otro lado, desde este punto de vista de maximizar la eficiencia dinámica en economía por medio del ejercicio de la función empresarial (o, si se prefiere, por medio de la acción humana), se pueden distinguir dos tipos de sociedades. Por un lado, las sociedades basadas en vínculos contractuales o vínculos interpersonales de tipo voluntario (por mutuo acuerdo entre las partes), en donde prevalece el mercado. Y, por otro lado, las sociedades basadas en vínculos hegemónicos en donde se imponen coactivamente los vínculos hegemónicos o vínculos interpersonales de tipo forzado y en donde prevalece el Estado (central, regional-autonómico y local).

Las características principales de las sociedades donde prepondera el mercado y de las sociedades donde se impone el Estado son las siguientes:

Sociedad donde prevalece el MERCADO Sociedad donde se impone de ESTADO
1. Cooperación social por contratos. 1. Cooperación social por mandatos.
2. Relaciones sociales simétricas. 2. Relaciones sociales asimétricas.
3. Cada ser humano persigue sus propios fines. 3. Se persiguen los fines ajenos del que manda por coacción institucional.
4. Mayor riqueza producida por medios económicos, preponderando el comercio y la industria. 4. Menor Riqueza producida por medios políticos, preponderando la subasta de prebendas, subsidios, ayudas, oligopolios…
5. Estado de Derecho o situación donde impera la Ley como norma de carácter general que se aplica a todos sin tener en cuenta ninguna particularidad (personal, territorial, idiomática, cultural, de clase, de género…) 5. Estado de hiperlegislación con el Derecho Público o Administrativo preponderando sobre el derecho privado y sobre el derecho civil, mercantil y penal.
6. LIBERTAD entendida como "ausencia de coacción". 6. Libertad entendida como "poder hacer" del que manda ya sea dictador o una mayoría democrática coyuntural.
7. Sociedad civilizada entendida como orden extenso, complejo y abierto de colaboración humana y basada en el comercio y los acuerdos voluntarios 7. Sociedad basada en "ismos" hegemónicos como el comunismo, el socialismo, el fascismo, el nacional-socialismo, el nacional-separatismo… que pretenden "guiar" la sociedad hacia utopías y desembocan en la imposibilidad de cálculo económico al impedir las instituciones del libre intercambio sometido a derecho y del dinero 

3. Tamaño del Estado en España en el año 2012

Habiendo señalado los anteriores conceptos económicos, resulta curioso observar el tamaño que ha alcanzado el Estado (central, regional-autonómico y local) en España:

PIB 2012 de España (según estimación de la Comisión Europea) 1.054.399 Millones €  
Gasto AGE (PGE 2012) 362.115 Millones € 34,34 % PIB
Gasto Autonomías (presupuesto 2012) 164.993 Millones € 13,34 % PIB (*)
Gasto Entidades Locales (presupuesto 2012) 63.632 Millones € 4,61 % PIB (*)
TOTAL GASTO AA.PP. (presupuesto 2012) 551.373 Millones € 52,29 % PIB

Fuente: Secretaría de Estado de Presupuestos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Nota: (*) Porcentajes descontando previamente las transferencias de la AGE en el año 2012, presupuestadas en 24.309 Millones € para las autonomías y en 15.058 Millones € para las entidades locales.

Como se observa en el cuadro, desviaciones presupuestarias aparte, tenemos un tamaño del Estado que suma un 52,3% del PIB en el año 2012, lo que debe proporcionar una idea a los lectores sobre las importantes reformas estructurales que se precisan en España.

Especialmente, si se considera el entorno de economía global y la necesidad de competir con muchos países emergentes (como, entre otros, los conocidos como BRICKS: Brasil, Rusia, India, China, Corea del Sur y Sudáfrica), que están alcanzando tasas de crecimiento elevadas, con un tamaño de Estado que está entre quince y veinte puntos porcentuales por debajo del nivel alcanzado por España, nos damos cuenta de la necesidad de realizar profundos cambios estructurales para poder obtener crecimiento económico en el medio y largo plazo.

En resumen, España requiere transitar hacia una sociedad en donde prevalezcan las soluciones de mercado para lograr tasas de crecimiento por medio del ejercicio libre de la función empresarial y olvidarse de una sociedad con una estructura territorial hipertrofiada y en donde se impone coactivamente el Estado, con exceso de gasto público "social" y "autonómico", con exceso de endeudamiento, con elevados niveles de impuestos, con mercados hiperregulados y con múltiples barreras en contra del comercio y de la empresarialidad.

Y la sardana desbancará al hip-hop

 El programa de Convergencia y Unión para las elecciones autonómicas del próximo 25 de noviembre, convertidas en un plebiscito independentista, establece un serio compromiso con los ciudadanos, en virtud del cual la Generalidad hará que aumente la tasa de supervivencia de los afectados por graves enfermedades, reducirá los accidentes en carretera y, en consecuencia, conseguirá que los catalanes incrementen notablemente su esperanza de vida. Yo así también lo creo, ¿pasa algo?

Pero mi convicción de que esa alborada salutífera es muy factible no se explica por que la promesa venga del Sr. Mas, por otra parte un argumento de autoridad de consistencia incuestionable, sino porque la frugalidad del modo de vida catalán tras la independencia que persigue CiU podría, en efecto, poner la salud de los catalanes al nivel del que se estila en los monasterios tibetanos.

A saber. Una Cataluña independiente tendría que asumir la parte de deuda del Estado que en función de su población le corresponda, pues se trata de un dinero que ha sido utilizado para gastos e inversiones en todo el territorio nacional y, de paso, para mejorar las cuentas de la Generalidad con generosas aportaciones extraordinarias, como ha ocurrido este año. Esto supone 96.000 millones de euros, a los que habría que añadir los 44.000 millones de deuda emitida por la propia Generalidad. En total, el Estado catalán nacería con un endeudamiento de 140.000 millones, y como los intereses y vencimientos anuales rondarían el 10%, cada año los catalanes tendrían que pagar 14.000 millones, a menos que su nuevo Estado quisiera declararse en bancarrota a los pocos meses de constituirse.

Por el lado de los ingresos, en Cataluña se recaudan actualmente unos 27.000 millones de euros por IVA, IRPF e impuestos especiales. Si estimáramos –a la baja– que el 30% del PIB catalán pasaría a generarse en otras partes de España a consecuencia de la deslocalización previsible de sus grandes empresas, Cataluña recaudaría por los tres grandes conceptos impositivos 18.900 millones, de los que 14.000 tendría que dedicarlos a cubrir la amortización de la deuda y los intereses.

Quedaría de remanente 4.900 millones de ingresos netos, sin contar los impuestos y tasas autonómicos; pero la Generalidad ya gasta anualmente, según su presupuesto de este año, muy moderado respecto a lo que venía siendo normal, 37.000 millones, con lo que el déficit inicial para gastos corrientes sería de 32.100 millones. La solución para cubrir la diferencia sería emitir todavía más deuda, aumentar exponencialmente la presión fiscal sobre los ciudadanos del nuevo Estado o una mezcla de ambas. En cualquier caso, el resultado sería que los catalanes tendrían mucha menos renta disponible para vivir.

Y aquí viene lo bueno, porque la consecuencia inmediata de una bajada brutal de la renta familiar es que los hábitos alimenticios se modifican notablemente. Las carnes rojas y las fritangas, auténticas bombas de colesterol, serían forzosamente sustituidas por un aumento de la ingesta de legumbres y verduras de las feraces riberas del Llobregat, y de fruta de la generosa tierra leridana. Por no hablar de los vinos catalanes, espumosos o no, muy justamente apreciados en todo el mundo por su calidad, cuyo consumo interior crecería marcadamente a consecuencia de las dificultades para la exportación hasta que no se resolviera el encaje institucional del nuevo Estado. El vino, rico en polifenoles, ejerce una acción anticancerígena clínicamente demostrada que –en el caso de los ricos caldos del Priorato, con sus intensos taninos– lo convierte prácticamente en la garantía de un envejecimiento muy saludable. Añadamos a estas dos evidencias que habría menos dinero para comprar coches o para viajar, con lo que necesariamente se producirían menos accidentes, y ya tendríamos la tercera feliz consecuencia que para la salud en general de los catalanes supondría un Gobierno de CiU decidido a proclamar la independencia.

No es seguro que la sardana vaya a desbancar en el mercado mundial al hip-hop, como reza el título de esta columna. De hecho, CiU no lo lleva en el programa. Pero tratándose de una suerte de tai-chi con deliciosas armonías musicales y procedente del lugar con los vejetes más longevos del planeta, yo de los productores de esa música tan moderna no estaría nada tranquilo.