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Etiqueta: Fiscalidad

El cuento chino de los 35.000 millones

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Ciertamente, el Estado es la única organización capaz de convertir actividades pacíficas, voluntarias y beneficiosas para quienes las acometen en conductas punibles y estigmatizantes.

Casi todo el mundo anda echando pestes de la mafia china; no tanto por lo que podría ser verdaderamente criticable (las posibles condiciones de esclavitud a que sometería a numerosos trabajadores) como por haber introducido ilegalmente mercancías en España y por haber atentado contra la Hacienda Pública. Gruesas palabras para ocultar una realidad mucho más sencilla: los chinos sólo traían mercancías de su país para vendérselas a unos españoles que estaban dispuestos a comprarlas. Mercancías que podían ser juguetes o ropa y cuya única tacha era que no habían sido declaradas en la aduana y no habían, por tanto, pagado la correspondiente mordida arancelaria, pecado mortal que permitía que los consumidores españoles adquirieran esos productos a muy buenos precios y llegar a fin de mes en mejores condiciones (el consumidor objetivo no eran multimillonarios aficionados a los yates y el champagne, sino personas de renta media-baja).

Como habían entrado de manera ilegal, estas mercancías no podían sino seguir defraudando a nuestro Fisco –siempre tan amigable con la empresarialidad–: como no existían oficialmente, tampoco pagaban IVA ni computaban como ingresos en Sociedades, ni éstos podían emplearse en el pago de los salarios (y del IRPF) de los empleados de las empresas que las ponían en circulación.

Estamos, pues, ante una economía paralela al Estado… que acaso por ello ha prosperado tan bien y acaso por ello sea tan vilipendiada por los amigos del Gran Gobierno. Lejos de sacar lecciones al respecto –las empresas florecen en entornos poco intervenidos y poco perseguidos fiscalmente–, optamos por convertir a sus participantes en criminales, olvidando tal vez que, por ejemplo, una parte de los revolucionarios, respetados e incluso reverenciados Padres Fundadores de EEUU, como John Hancock, se dedicaban al contrabando para burlar el proteccionismo inglés por idénticos motivos.

Mas mi intención en este artículo no es reflexionar sobre la criminalización de actividades comerciales pacíficas a cuenta de una legislación comercial que sí debería reputarse como delictuosa, sino sobre la concomitante campaña de desprestigio a la propuesta de recortar el gasto público para cuadrar el déficit.

Me explico: de unos años acá, una parte de la izquierda patria (y de la supuesta derecha, véase Montoro) insiste en que es posible acabar con el déficit simplemente persiguiendo el fraude fiscal, aparente pozo sin fondo que en España movería más de 90.000 millones de euros (casualmente, un monto casi idéntico al del déficit).

Sucede que tales cifras no resisten el más mínimo análisis crítico, motivo por el que suelen ser esgrimidas por demagogos ideologizados a los que nada interesa resolver los problemas reales y de fondo de nuestra economía. Así, basta con que nos topemos con noticias como las de la mafia china para que tales demagogos vuelvan por sus fueros. La anécdota se convierte en categoría y la categoría en principio de inspiración de la política económica de un país en profunda crisis. Para terminar de darle punch a la campaña sólo se necesita rebozar la anecdótica noticia con impactante información falsa, que es justo lo que ha sucedido en este caso.

El último bulo a cuenta de la mafia china –del que incluso se hace ecoEl País– es la estimación de que ha defraudado a Hacienda 35.000 millones de euros. Cáspita: 35.000 millones de euros, un tercio del déficit. Con encontrar dos tramas más como ésta, equilibramos las cuentas sin necesidad de ningún sufrido recorte adicional.

Sencillo, ¿no? Pues no.

Desconozco cuál es el origen preciso de semejante infundio amarillista, pero sí podemos analizar la noticia según la difundió una de las correas de transmisión.

Apenas leer la pieza, ya descubrimos que el fraude de 35.000 millones no es anual, sino el estimado a lo largo de una década. Es decir, el impacto presupuestario no sería de 35.000 millones de euros, sino de 3.500 millones al año. Aun así, hay que reconocer que parece una cantidad apreciable.

Con todo, si seguimos con la labor de broza podemos leer que el blanqueo de dinero ascendía a 350-400 millones anuales, y que los famosos 35.000 millones equivaldrían al "0,35% del PIB español". Problemilla matemático de simple resolución: el 0,35% del PIB español no son 35.000 millones, sino 3.500 millones; justamente lo que totaliza blanquear 350 millones anuales durante una década. En pocas palabras: en el mejor de los casos, el bulo del fraude de 35.000 millones se explica porque se ha colado un cero de más en el titular; en el peor, porque hay periodistas que deberían regresar a Primaria.

Hemos pasado de un fraude al Fisco que parecía ser de 35.000 millones anuales a uno de apenas 350 millones. ¿Termina ahí toda la historia? No: la gente tiende a confundir el dinero negro con los impuestos no pagados; la realidad es que el dinero negro son las bases imponibles no declaradas (los beneficios, los ingresos o los salarios no declarados). Dado que, por el momento, los tipos impositivos todavía no son del 100%, el Estado no se queda con la totalidad de la base imponible, sino sólo con un porcentaje que oscila, en términos medios, entre el 30 y el 40%. Si aplicamos estos gravámenes al dinero negro manejado anualmente por la mafia china, llegamos a que elfraude fiscal apenas se situaría entre los 100 y los 150 millones anuales, una suma 350 veces inferior a los 35.000 millones manejados alegremente por los demagogos austerófobos.

En definitiva, lejos de constituir un argumento de peso para quienes creen posible atajar el déficit sólo combatiendo el fraude fiscal, el caso de la mafia china debería servir para todo lo contrario: una de las mayores operaciones de nuestra historia contra una de las redes de economía informal más organizadas apenas descubre un fraude de 100 millones anuales. Pongan eso en relación con nuestro déficit estructural, de 100.000 millones de euros, y saquen sus conclusiones. 

Más gasto, más impuestos, menos crecimiento

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Ni austeridad, ni equilibrio fiscal, ni contención del déficit, ni crecimiento económico, ni creación de empleo, ni reformas estructurales ni nada que se acerque remotamente al fin de la crisis. Así son los presupuestos que el Gobierno ha vendido como los que nos sacarán del atolladero y servirán de antesala a la recuperación económica. En un momento en el que el Estado gasta casi un 10% de lo que ingreso, a las cabezas pensantes que Rajoy tiene en Moncloa, no se les ocurre mejor idea que aumentar el gasto, y no, precisamente en una minucia insignificante. El Gobierno gastará el año próximo 9.000 millones más que en 2012, un ejercicio en el que el déficit sobrepasará con toda seguridad el 7% y es muy posible que se acerque al 9%. No debemos olvidar que el límite que marca el Acta Única es del 3% y que el Ejecutivo pretendía dejarlo este año en poco más del 4%.

De los buenos propósitos del mes de enero no queda nada. Rajoy y los suyos han decidido morir matando. Los presupuestos que presentaron esta semana Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos son el mejor modo que ha encontrado el PP de acelerar un colapso que, a estas alturas, ya es inevitable. Los números de Montoro se condensan en lo siguiente. El gasto crece ligeramente porque no queda ya espacio para recortar más –obsérvese que es el mismo mensaje que Rubalcaba envió hace sólo unos días–, el ingreso, entretanto, aumentará considerablemente, aunque en menor cuantía que los gastos previstos.

Desde un punto de vista contable esto es, simplemente, algo suicida porque, si bien el gasto se puede planificar –y, de hecho se ejecuta con rigurosa puntualidad–, no sucede lo mismo con el ingreso. El ministro de Hacienda, y ya va por su segundo presupuesto, lo fía todo a un aumento de ingresos derivado no de una recuperación del mercado laboral que haga afluir más recursos al Estado, sino de nuevos impuestos. Así, los 4.375 millones extraordinarios que aspira a recaudar Montoro provendrán –siempre según el guión del ministro– de un nuevo impuesto sobre las loterías (2.371 millones), de otro sobre la actualización de balances de las empresas y de uno más en el régimen de tributación de las plusvalías (90 millones). Eso en la parte que toca a nuevos impuestos. El Gobierno ha eliminado las deducciones por amortización de las que se beneficiaban las grandes empresas (2.371 millones), la deducción por compra de vivienda habitual (90 millones) y mantiene la prórroga del Impuesto de Patrimonio (700 millones).

Como puede verse, un rejonazo fiscal a la economía productiva más propio de un Gobierno socialista de los de línea dura que de uno que se dice centro reformista con vocación liberal-conservadora. Ante la gravedad de los hechos, sólo cabe preguntarse por qué hace esto Rajoy, un político que todos tenían por moderado. La respuesta es simple, no está dispuesto a sacrificar ni un solo centímetro más de sector público y para ello no le queda otra que castigar al privado de un modo inmisericorde.

Con estos mimbres el Gobierno, formado ya por pitonisos que creen adivinar el futuro, ha realizado una estimación para el año próximo que llamarla fantasiosa sería poco. Montoro apuesta por que la economía sólo decrezca un 0,5%, cuando los expertos, en el mejor de los casos, triplican esa tasa. Cuenta también con que se toque suelo en lo relativo al desempleo a pesar de que no ha parado de aumentar incluso en el pasado mes de agosto. Es todo absurdo, puro wishful thinking que no tiene más destino que un derrumbe generalizado e incontrolable dentro de unos meses. Porque la realidad será muy otra. El Estado va a recaudar cada vez menos por una razón sencilla: la economía está paralizada y la inversión bate mínimos históricos. Los nuevos impuestos y los ya existentes que Rajoy se ha encargado de subir salvajemente conseguirán justo lo contrario de lo que persiguen como ya ha sucedido este mismo año. No sólo son unos irresponsables sino que, además, no aprenden.

Pero lo fundamental, el elefantiásico tamaño de nuestro Estado no cambia y necesita combustible para seguir funcionando. Llegado el momento, con la recaudación hundida, tendrá que hacer acopio de él a través de nuevas y cada vez más caras emisiones de deuda. Eso hasta que el cuerpo aguante, es decir, hasta que la bancarrota o, en su defecto, el rescate sean inevitables. A eso nos dirigimos raudos y ya no hay vuelta atrás. Rajoy tuvo su oportunidad y la ha desperdiciado. Una lástima.           

¿Terrorismo financiero o irresponsabilidad estatal?

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Últimamente se ha puesto de moda entre los iletrados económicos un término que roza lo cómico. El engendro no es otro que terrorismo financiero. Viene a decir que los "amos del mundo" son los mercados financieros que controlan y doblegan a los gobiernos y a las democracias haciendo que los políticos olviden sus responsabilidades y dejen desprotegida a la población frente a los especuladores que se adueñan de los mercados. El resultado, se nos dice, es un debilitamiento del Estado del bienestar y de la calidad de vida de las personas.

Empecemos por el principio. La palabra ‘controlar’ no deja de ser una tergiversación interesada del lenguaje. Por definición, nadie puede controlar al poder político. El poder político ostenta el monopolio de la fuerza de un territorio. Es la máxima autoridad de un territorio y no permite que absolutamente ningún agente pueda violar sus mandatos. La palabra correcta sería ‘depender’. Los gobiernos se han colocado ellos solitos en una situación de dependencia de los grupos y mercados financieros.

Y se han colocado en una posición de dependencia financiera porque les hacía falta. Todo ello de forma voluntaria, nadie les ha coaccionado. ¿El motivo? El enorme déficit que los gobiernos del PSOE y el del PP han ido acumulando debido al incremento exponencial del gasto total del Estado (sólo de 2008 a 2011 el déficit acumulado es de unos 352.000 millones de euros).

En los años de ingresos inflados por la burbuja del ciclo expansivo, los gobiernos de ambos signos no solamente no aprovecharon para ajustar el gasto, adelgazando así el aparato estatal, sino que utilizaron esos ingresos ficticios para aumentar desproporcionadamente el gasto público. Gasto destinado principalmente a engordar el Estado de Bienestar.

Una vez estallada la crisis, los ingresos insostenibles se esfumaron como arena entre los dedos. La marea bajó y nos mostró un escenario alarmante pero real: la brecha entre gastos e ingresos es elevadísima. Actualmente esto significa mantener un Estado sobredimensionado que gasta estructuralmente un 30% más de lo que ingresamos.

Debido a su total resistencia a flexibilizar el gasto y adaptarlo a los ingresos actuales y reales, los gobiernos han tenido que apoyarse en los mercados financieros. ¿Para qué? Para poder mantener ese colosal gasto público. A base de crédito, claro está, y no con riqueza real.

Repetimos: nadie ha forzado, ni puede forzar de ninguna manera, a los gobiernos a endeudarse. Nadie. Ellos han elegido endeudarnos a nosotros y a futuras generaciones para no disminuir el gasto social actual y, de esa manera, no perder popularidad y votos futuros.

Si los gobiernos se hubieran financiado de la única manera estable posible, es decir con impuestos, jamás se hubieran colocado en una posición de dependencia financiera de los mercados. Pero los impuestos son impopulares y además totalmente insuficientes para mantener un Estado de Bienestar como el que tenemos. Este es el quid de la cuestión y de ahí proviene la irresponsabilidad de los gobiernos.

Ilustres "intelectuales" mediáticos hablan de que los mercados financieros "han pasado por encima de las instituciones democráticas" y que "están cuestionando la esencia misma de la democracia". ¿El motivo? Los Estados, nos dicen, deben efectuar recortes que de otra manera no harían por no estar previstos en su programa electoral.

 

Estos intelectuales de orientación e ideología totalitaria escupen este argumento y se quedan tan anchos, dotándose de una superioridad moral como si hubieran hecho un descubrimiento clave para la humanidad, cuando en realidad no es más que una burda e inmoral maniobra lingüística para intentar negar la evidencia de que el Estado debe reducir su gasto total para, entre otras cosas, poder pagar sus deudas.

Y es que los mercados financieros otorgan crédito y ceden unos fondos con el fin de recuperarlos. ¿Parece elemental, no? Si no tienen la total seguridad de que los van a recuperar, no prestan o exigen un interés elevadísimo que compense el riesgo. En realidad, lo único que exigen es solvencia al deudor, es decir, que sea capaz de devolver el crédito. ¡Qué menos! ¡Por Dios!

Por tanto, cuando estudian la posibilidad de invertir en un país quebrado como España, es lógico que le exijan llevar a cabo una serie de reformas para que España pueda, entre otras cosas, salir de su estado de insolvencia y cumplir sus obligaciones y devolver los préstamos. No sé a ustedes, pero a mí me parece obvio.

Y desde luego no hay nada antidemocrático en ello. ¡Todo lo contrario! Lo que sería vergonzosamente antidemocrático sería impagar una deuda. Eso sí atenta contra la democracia, la seguridad jurídica y los principios generales del Derecho.

Lo que también debería ser antidemocrático y estar prohibido por la Constitución de un país medianamente serio sería caer en déficit sistemáticamente.

Esta sería una buena medida para garantizar la estabilidad presupuestaria de una nación, ya que eliminaría la enorme irresponsabilidad de los gobernantes, que consiste en dilapidar no solamente nuestra riqueza actual sino la de futuras generaciones, que estarán encadenadas a la deuda actual.

Un rescate no es un crédito

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

Al ser preguntado por la posible inminencia del rescate total al Estado español, Rajoy sale al paso diciendo que es como una familia que pide un crédito. Dice que está analizando tranquilamente las condiciones. Después de tanto presionar en Europa, tras salir el BCE ante el mundo a anunciar el mecanismo de compra de bonos, ahora resulta que el presidente del Gobierno se hace el remolón. Se muestra ofendido, incluso, cuando le preguntan por este asunto. Ahora la situación de España está en boca del mundo entero. En el primer debate presidencial entre Romney y Obama, sin ir más lejos, el único país extranjero mencionado fue España. Y no fue un halago, precisamente. Somos la antítesis de buena gestión económica. Pero Rajoy está a otra cosa. Él se hace el interesante, posponiendo la solicitud del rescate mientras finge estudiar el tríptico de condiciones del banco de la esquina.

El término "crédito" significa buena reputación, tener confianza en la capacidad del otro para cumplir con sus obligaciones. Es precisamente esto lo que Rajoy ha dilapidado. El presidente del Gobierno ha desperdiciado la oportunidad de aplicar una política económica que devuelva a España a la senda de la sostenibilidad financiera. Ha perdido la confianza que los agentes económicos habían depositado en él. En consecuencia, los mercados de deuda han reaccionado como es su obligación: cerrándole casi por completo el grifo del crédito. Es por esto por lo que España se ve obligada a pedir el rescate total. Porque el rescate no es un crédito, sino la pérdida del mismo.

La única forma en la que se está consiguiendo financiar el Estado es por la respiración asistida que nos da el BCE y Alemania. Primero nos concedieron un rescate encubierto, entre compras de bonos del BCE y entrega de liquidez a los bancos para que a su vez adquirieran deuda pública española. Después el famoso rescate de 100.000 millones para la recapitalización de las antiguas cajas de ahorros. Y, más recientemente, el anuncio del BCE de poner a disposición de España el nuevo mecanismo de compra de bonos en caso de que solicite formalmente el rescate. El anuncio de Draghi ha hecho que los mercados descuenten la posibilidad de rescate total y eso ha mejorado ligeramente la prima de riesgo. Pero si Rajoy no lo pide, o si sigue mareando la perdiz con su retranca gallega, este efecto se disipará y volveremos a las andadas.

Rajoy, como decía, ha hecho sobrados méritos para ganarse la desconfianza total de todo el mundo. Recibió una herencia envenenada, todo sea dicho. España comenzó la crisis con una deuda del 36% del PIB y cerramos 2011 casi en el 70%. Asusta la velocidad a la que crece nuestra deuda, acercándose a ritmo de vértigo hacia el simbólico 100%. Hemos sumado una media de unos 100.000 millones de euros a la deuda cada año, con un déficit público del 11,6% en 2009, 9,3% en 2010 y 9% en 2011. Ésta última cifra, regalo de despedida de Zapatero, ha sido especialmente simbólica en el exterior por pulverizar el objetivo de déficit, que estaba en el 6%.

Rajoy, sobre el que españoles y extranjeros depositaron cierta esperanza en que enderezara el rumbo, ya ha aportado contundentes razones para que la desconfianza hacia las cuentas de España sea generalizada. El objetivo inicial de déficit del 4,4%, que él mismo presentó como cifra a cumplir a rajatabla, casi como símbolo de una nueva política seria y creíble, tardó escasos meses en renegociarse al 5,3%. Una vez que a regañadientes le aceptaron el nuevo objetivo en Bruselas, reabrió el melón para volver a subirla al 6,3%, argumentando que no la iba a cumplir. Y ahora que incluso esto se ha aceptado, se da por hecho que ni siquiera se va a respetar. En sólo medio año de gobierno de Rajoy, el Estado ya se había fundido el objetivo de déficit para todo el año.

Para 2013 la cosa no parece que vaya a mejorar. El Gobierno no quiere admitir, de una vez por todas, que hay una burbuja de gasto público perfectamente prescindible que se puede eliminar sin necesidad de sangrar más a los ciudadanos. Pero está claro que los políticos no están dispuestos a apretarse el cinturón. Los Presupuestos para 2013, lejos de recortar más o menos el gasto, directamente lo suben un 5,3%. Lo acompañan, eso sí, de una inmensa batería de impuestos que continuará deprimiendo la actividad económica, como lo ha venido haciendo hasta ahora. El objetivo de déficit para 2013 sólo se cumplirá si se da el escenario optimista que el Gobierno ha supuesto para la elaboración de los Presupuestos. Lo que es otra forma de decir que tampoco se va a cumplir con lo pactado. Esto debe ser lo que llaman la salvaje austeridad española. Todas éstas son razones más que de sobra para desconfiar. Son los motivos que han llevado a los prestamistas a retirarle a Rajoy el crédito.

Las inverosímiles cifras de fraude fiscal

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Prácticamente todos hemos escuchado en alguna ocasión las sonoras cifras del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, que hablan de un colosal fraude fiscal en España de 89.000 millones de euros. Las conclusiones de semejante estimación son obvias: si tenemos un déficit de unos 100.000 millones de euros y el fraude fiscal son 90.000… ¡podríamos acabar con el déficit sin bajar el gasto y sin subir impuestos!

Dejando de lado el llamativo hecho de que ni al PP ni al PSOE se les haya ocurrido la fantástica idea de limitarse a combatir el fraude fiscal en lugar de desangrarse electoralmente combatiendo el déficit con subidas de impuestos y anuncios de recortes, la cifra sólo suena verosímil para aquellos que quieran voluntaristamente creérsela, ahorrándose la molestia que supone reconocer que somos más pobres. Tan poco verosímil suena que, la verdad, no sé de dónde sale: no he encontrado un solo estudio de Gestha que aplique un método medianamente riguroso para realizar semejante estimación.

Vayamos, por ejemplo, a este “monográfico” del sindicato. Lo que se dice es: diversos estudios reconocen que la economía sumergida en España es del 23%, si consiguiéramos aflorar esa economía sumergida, se podrían recaudar 90.000 millones. Es decir, si consiguiéramos que esos 230.000 millones de euros “ocultos” salieran a la luz y lo hiciéramos tributar a un tipo medio del 40%, recaudaríamos 90.000 millones.

Para afianzar este sólido e indisputable cálculo, los técnicos remiten a un modelo que han creado de correlación entre PIB y presión fiscal que casualmente solo funciona adecuadamente entre 2003 y 2007 (no le pidan más fiabilidad que cinco años). Los resultados de este modelo cifran el desvío con respecto a la recaudación esperada en unos 50.000 millones en 2008 y 2009; cantidad “cuyo destino previsible ha podido ser la economía sumergida”. Nótese la seguridad con la que se afirman las cosas.

Lo relevante, empero, es que si, siguiendo a la propia Gestha, asumimos que la recaudación que se pierde es el 40% del valor de la actividad que se esconde en la economía sumergida, tendríamos que, de golpe y porrazo, la economía sumergida habría aumentado en 100.000 millones de euros, llevándola hasta el 33% del PIB, es decir, a los niveles de Bulgaria. Sucede, sin embargo, que este brutal aumento de la economía sumergida (que además, dado que la estimación de economía sumergida forma parte del PIB, implicaría que durante la crisis en realidad nuestra economía se habría expandido un 10%) no se observa por ningún lado. Por ejemplo, el economista más reputado a la hora de calcular la economía sumergida es Friedrich Schneider –economista al que, por cierto, Gestha cita recurrentemente (mal) como fuente de autoridad– y en sus estudios estima que la economía sumergida apenas creció un punto entre 2007 y 2008 hasta ubicarse por debajo del 20%.

De hecho, más allá de las cifras gruesas dirigidas a proporcionar carnaza a quienes no quieren afrontar la necesidad de adelgazar nuestro Estado sobredimensionado, ni siquiera los técnicos de Gestha se creen, a la hora de la verdad, sus números. En este reciente documento, “Sí hay alternativa”, los técnicos elaboran sus propuestas prácticas para lograr recaudar 63.000 millones de euros (no 90.000 millones). Y de esos 63.000 millones, sólo 38.000 proceden de luchar contra el fraude fiscal: el resto, 25.000 millones, vienen de nuevas y sangrantes subidas de impuestos.

Las tres grandes partidas, cuya verosimilitud voy a analizar, son las siguientes: reducir 10 puntos la economía sumergida hasta equipararla a la media europea (38.000 millones); subir el impuesto de Sociedades al 35% (14.000 millones); e impuesto sobre transacciones financieras (5.000 millones).

Primero, la media de la economía de la UE-27 no es 10 puntos inferior a la española, sino entre cero y un punto. De hecho, países similares al nuestro (Portugal, Italia o Grecia) tienen una economía sumergida que ya es superior a la española. A medio-largo plazo, podríamos aspirar, como mucho, a reducirla a los niveles de Suecia, es decir, unos cinco puntos, lo que significa que aplicando los cainitas (e irreales) niveles de tributación propuestos por Gestha, el 40% de tipo medio, apenas recaudaríamos 20.000 millones. Si, en cambio, el tipo medio fuera del 30% (algo más realista, aunque probablemente siga siendo demasiado alto), la recaudación sólo sería de 15.000 millones. Por tanto, en el mejor de los supuestos (nos convertimos en Suecia en lo relativo al nivel de cumplimiento de las normas), sólo recaudaríamos entre 15.000 y 20.000 millones por combatir el fraude fiscal (asumiendo que las actividades de la economía sumergida se sigan realizando cuando pasen a ser saqueadas fiscalmente; algo que es mucho suponer), muy lejos de la cifra de 90.000 euros que a tantos les gusta enarbolar y todavía más lejos del déficit de 2011: 100.000 millones. Por cierto, el Gobierno en 2012 ya pronosticaba recaudar unos 10.000 millones de euros luchando contra el fraude fiscal y de momento parece que lo va a lograr, lo que, sin embargo, no le va a permitir ni mucho menos cumplir con los objetivos de déficit para este año.

Como digo, el resto de propuestas de Gestha ya son subidas de impuestos, que sólo machacan más a la economía privada y hunden nuestras posibilidades de recuperación. Pero es que, incluso así, su estimación de recaudación está inflada. La recaudación por Sociedades en 2011 fue de 17.000 millones de euros, estando el tipo en el 30%. ¿De verdad vamos a recaudar 14.000 millones subiéndolo al 35% (nótese que no se tiene en cuenta toda la destrucción de riqueza, empleo y de recaudación derivada de esta subida)? En cuanto a la expectativa de recaudar 5.000 millones del impuesto sobre las transacciones financieras, la referencia que tenemos es la desastrosa de Suecia que es muy parecida a lo que pide Gestha: como mucho se recaudaron 100 millones de coronas frente al cálculo inicial de 1.500 millones.  Vamos, que de estas dos rúbricas Gestha espera recaudar otros 20.000 millones que a buen seguro serían menos de 5.000 (especialmente si tenemos en cuenta los efectos negativos sobre otras fuentes de recaudación).

En total, de casi 60.000 millones, apenas llegaríamos a 20.000 o, siendo generosos, 25.000 millones, cuando el déficit son 100.000 millones. Los muy sustanciales recortes del gasto público que Gestha y el Gobierno del PP se oponen a realizar son, por tanto, inexorables. Pero, ¿por qué Gestha insiste tanto en la necesidad de luchar contra el fraude fiscal? Aparte de la ideología de este sindicato, claramente poco amigable con el libre mercado, la lógica de las burocracias nos indica que éstas tienden a tratar de crecer y enriquecer a sus miembros. ¿Es esto aplicable a Gestha? Totalmente. Nos basta con ir a su programa político para descubrir cuál es la primera medida que propone el sindicato para lograr reducir el enorme fraude fiscal de España: “La primera prioridad pasa por corregir las deficiencias organizativas que generan una profunda desproporción salarial y de falta de expectativas profesionales para una mayoría de sus trabajadores, principal causa de desmotivación personal y deterioro del clima laboral”. No es casualidad: la misma obsesión aparece en casi todos sus informes (aquí, en las páginas 22 a 26; o aquí, en la página 9).

El distorsionado mensaje final que llega a la sociedad (y de ella, a los políticos) es que si España quiere reducir el déficit de su sector público sin necesidad de bajar el gasto o subir impuestos… sólo tiene que subirles el sueldo a los técnicos del Ministerio de Hacienda (cuyos intereses, vaya por dónde, Gestha defiende). Vamos, un lobby como cualquier otro cabildeando a los gobernantes inflando las cifras que manejan y haciendo creer a la ciudadanía que los intereses del lobby son los mismos que los de la sociedad. Luego, a la hora de la verdad descubrimos que la recaudación adicional por lucha contra el fraude apenas asciende a una diminuta fracción del déficit total y que el resto de recaudación ha de venir de salvajes subidas impositivas. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas: es justo lo que está haciendo y manifestando el Gobierno del PP con nulos resultados.

Y el barco se hundió

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Hace ya meses que los inversores internacionales no conceden más crédito al sector público, ante la evidencia de que la clase política no está dispuesta a ajustar el sobredimensionado entramado público a su nivel real de ingresos fiscales. De hecho, desde finales del pasado año, y gracias a las inyecciones extraordinarias de liquidez concedidas por el Banco Central Europeo (BCE), los agentes foráneos han reducido su exposición a España de forma sustancial en detrimento de los bancos españoles, que han hecho justo lo contrario. Pero el balón de oxígeno concedido por Draghi hasta el pasado abril fue desaprovechado de manera irresponsable por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, más preocupado por las citas electorales y las encuestas que por el bienestar de los españoles. Los Presupuestos de 2012 eran su última oportunidad, y la desperdició.

Los datos no arrojan lugar a dudas. El conjunto del sector público registró el pasado año un déficit del 9,44% del PIB, apenas 1.000 millones de euros menos que en 2010, de forma que siguió gastando cerca de 100.000 millones más de lo que ingresó. La evolución del déficit hasta el primer semestre de 2012 tampoco muestra el menor signo de mejoría, tras situarse en el 8,56% del PIB semestral (4,3% anual), cuando el objetivo fijado por Bruselas es del 6,3%. El propio Gobierno ya admite que el ejercicio cerrará con un descuadre fiscal del 7,4%, y eso en el mejor de los casos.

Si a todo ello se añaden unos Presupuestos para 2013 en los que el gasto público, lejos de retroceder, crece otro 5,5% interanual –de 362.065 a 382.048 millones–, el resultado no puede ser más descorazonador. Rajoy y su equipo han claudicado antes siquiera de intentar hacer los deberes. La imprescindible austeridad pública sigue siendo un mito o, lo que es peor, una farsa, un cuento, una vergonzosa mentira de cara a la opinión pública. El diagnóstico del PP es completamente errado. El Ejecutivo ha intentado reducir la brecha fiscal que arrastra al Estado hacia la insolvencia a base de subir impuestos, exprimiendo aún más a individuos y empresas, en un vano intento por recuperar el nivel de ingresos propio de la burbuja crediticia que tuvo lugar hasta 2007, sin percatarse de que tal recaudación era pura ficción, al igual que la ilusoria riqueza inmobiliaria de los españoles.

Diagnóstico errado, resultado catastrófico. El enfermo ya ha entrado en coma irreversible, está clínicamente muerto, a la espera de una inyección de adrenalina por parte de las autoridades comunitarias en forma de rescate soberano y compra de deuda. Este escenario,previsible desde 2009, ya es tan sólo cuestión de días, quizá semanas. España será rescatada y tutelada directamente por Bruselas, siempre y cuando así lo decida Alemania –la que pone el dinero–. España ya no depende de sí misma, sino de las autoridades europeas. Se abre, pues, un nuevo escenario. Sin embargo, incluso con rescate de por medio, seguiremos rumbo al despeñadero hasta que no emprendamos una reforma drástica del sector público. Es decir, el debate sobre el rescate está próximo a su fin, no así la quiebra soberana, ya que la ayuda europea tan sólo servirá para comprar algo más de tiempo.

Si la clase política sigue empeñada en suicidarnos, el año que viene la pregunta será mucho más dramática: España, ¿dentro o fuera del euro?

El papel de las ganancias y pérdidas de capital

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Ahora que se habla de las plusvalías y de las ganancias de capital por el nuevo anuncio del Gobierno de incrementar los impuestos sobre este tipo de ingresos, quizá merezca la pena traer aquí algunas reflexiones sobre el papel de estas ganancias en la Teoría del Capital de la Escuela Austriaca y, en general, en la economía y el bienestar de la población.

Los activos empresariales son utilizados por los empresarios de acuerdo con sus planes de negocio o de producción. La producción es una actividad conjunta, es decir, es un proceso de creación de valor -cuando resulta ser exitoso- que depende de una variedad de factores productivos complementarios entre sí. Dicho proceso productivo mantiene una estructura implícita de inputs y outputs que evoluciona con el tiempo.

Las empresas producen de cara al futuro. El mayor o menor valor de una empresa y sus activos dependerá del valor que se espera que sus clientes atribuyan a los bienes futuros que sea capaz de comercializar. Dependiendo de si esas expectativas con las que los empresarios trazan sus planes de negocio son correctas o no, el proyecto será exitoso y creará valor, beneficios, o destruirá valor, pérdidas. Expectativas no solo sobre la propia actuación del proyecto empresarial emprendido sino también sobre el entorno que lo rodea –qué otras empresas o bienes son necesarios o complementarios para que el proyecto prospere-.

Puesto que hasta la fecha no se conoce ser humano omnisciente, la multitud de planes empresariales con sus respectivas expectativas no contienen toda la información –presente y futura- para que todos los planes sean perfectos. De modo que existirán expectativas empresariales que diverjan unas de otras –no serán consistentes (complementarias) entre sí -.

Con el paso del tiempo, el hecho de que los empresarios mantengan expectativas inconsistentes hará que algunos fracasen –total o parcialmente- mientras que otros sobrepasen las expectativas. Durante este proceso, emergerán nuevos productos y métodos de producción, y desaparecerán otros.

Una de las consecuencias que se manifiestan por el hecho de que los planes empresariales excedan o no lleguen a las expectativas que de ellos se tenían es que los empresarios reevalúen los activos empresariales utilizados. Esta nueva valoración de los activos, que traerá consigo unas ganancias o pérdidas de capital, tienen su reflejo en los activos financieros asociados a la empresa –por ejemplo, acciones o deuda-. El valor de estos derechos sobre los activos empresariales dependerá del valor que sus titulares den a esos factores productivos –o las opiniones que den otros a ese valor-.

Dependiendo de las distintas combinaciones de activos financieros que posean los individuos, a nivel global habrá una determinada “estructura de activos”. Esta estructura de activos es el reflejo de la estructura de capital –la estructura productiva- de la economía, esto es, cómo se ordenan y combinan los distintos planes empresariales, los activos empresariales y los activos financieros.

Existen instituciones que ayudan a definir esta estructura. Ludwig Lachmann daba la máxima importancia el mercado de valores, que reflejaba continuamente las expectativas de las actuaciones de las empresas consideradas y, en consecuencia, de sus ganancias o pérdidas de capital. Pero también podría hablarse de los mercados de futuros o, en general, el sistema de precios.

Pero estas instituciones no sólo definen la estructura de capital sino que ayudan a conformarla o modificarla a través, por ejemplo, de las ganancias o pérdidas de capital. Por ejemplo, las plusvalías o minusvalías en acciones –también futuros u opciones- refleja el éxito o fracaso de los planes de negocio de acuerdo con las expectativas con las que se llevaron a cabo. Estas ganancias o pérdidas facilitan y transmiten información relevante a los empresarios para que estos puedan decidir sobre las mejores combinaciones de bienes de capital y facilitan, así, una mejor coordinación entre los distintos planes de acción y proyectos empresariales. Por tanto, ayudan a cambian la estructura de inversiones al modificar el valor relativo de estas –por cierto, aquí ejercen un papel fundamental los denostados especuladores, que con su actuación tienden a ejercer una influencia estabilizadora sobre los precios de los activos-.

Por tanto, las ganancias o pérdidas de capital sirven para que los empresarios –managers, inversores, etc.- se decantes continuamente –un proceso- por determinados planes empresariales, combinaciones de activos empresariales y financieros que se traduzcan en una economía más competitiva y compleja, que provea a la población una mayor cantidad de bienes y más variados.

De ahí que hacer tributar este tipo de ganancias, y hacerlo de manera agresiva –elevando los tipos marginales hasta un 50% de media para las que se generan en menos de un año- distorsiona el papel que estas ganancias tienen en la economía y en la manera en que se estructura. Esto trae como consecuencia una peor coordinación empresarial y una mayor dificultad a la hora de reconvertir una estructura productiva basada en el ladrillo a otra basada en sectores más competitivos.

El fin del Estado del Bienestar o de España

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Se ha llegado al final de un modelo. El actual sistema o modelo de sociedad, el llamado Estado de Bienestar, está llegando a su fin tal y como lo conocemos. La presunción de este sistema de "protección social" es la de asumir la responsabilidad del bienestar social y económico de los ciudadanos mediante un conjunto de prestaciones en beneficio de los trabajadores y de sus familiares que tienen por objeto elevar su nivel de vida económico, social, cultural e integral.

Pues bien, esta pretensión se ha demostrado totalmente inviable.

¿Por qué? Sencillamente por la dimensión del desequilibrio entre ingresos y gastos públicos. Desequilibrio que, por cierto, arrastramos desde hace décadas, pero que desde el 2007-2008 se ha manifestado como inasumible.

Desde 2007 estamos claramente en déficit, que es el faltante en que incurre el Estado al intervenir mediante gasto público en la actividad económica. Es decir, es el resultado negativo de la diferencia entre gastos e ingresos. El déficit de 2008 a 2011 es de unos 352.000 millones de euros. Sólo en 2011 el desequilibrio fue de 91.350 millones euros, lo que supone un déficit del 8,5%. En 2011 los gastos superaron a los ingresos en un 24,20% (¡en 2009 fue un 32%!).

Claro está, este déficit se ha intentado cubrir con deuda. Los gastos se tienen que pagar y no se ingresa lo suficiente. En 2011 la deuda era de 734.961 millones de euros, es decir, un 68,50% del PIB. Esta semana se han conocido datos del 2012: la deuda es de 804.388 millones de euros, es decir, ¡el 75,9% del PIB!

Estos datos vienen a significar que el actual Sistema del Bienestar se ha basado exclusivamente en el crédito y la deuda y no en la riqueza creada por el país. Por pura lógica es insostenible, se ha llegado a un límite físico. Por cierto, que este crédito lo han ofrecido los malvados mercados, de lo contrario ya habríamos quebrado hace bastante tiempo…

Dicho esto, ¿es la gran deuda española el punto más preocupante? No. El principal problema de la economía española es que está en permanente déficit, es decir, no puede ingresar más que lo que gasta. Esto, simple y llanamente, significa que no somos solventes. No podremos devolver las deudas que contraemos. Es decir, estamos técnicamente quebrados. Ahora mismo no podríamos hacer frente a los pagos de nuestros pasivos con nuestros activos. Esto es algo que parecen no entender premios Nobel como Krugman y Stiglitz, que continúan queriendo resolver un problema de deuda con más gasto, más deuda y más monetizaciones. No tiene ninguna lógica salvo para keynesianos y demás escuelas de pensamiento que son incapaces de comprender el ciclo económico.

La deuda es una consecuencia del déficit, y es el déficit lo que puede causar el impago de la deuda. Hay países que pueden estar mucho más endeudados que España, pero sin embargo su capacidad de pago es mucho mayor porque siguen creando riqueza, por lo que el riesgo de invertir en ese país es menor. Pongamos un ejemplo. ¿Qué es más preocupante, que Emilio Botín tenga una deuda de 1 millón de euros o que yo tenga una deuda de 50.000 euritos? Pues eso, está claro. No es tanto la deuda, sino la capacidad de pago de la misma. En el caso de España la capacidad de pago actual es nula.

Es evidente que en algún momento los ingresos deberán ser superiores a los gastos. En caso contrario nos dirigimos rápidamente al colapso.

Hay dos vías para eliminar el déficit: la vía del ajuste por ingresos o la vía del ajuste por el gasto. No cabe ninguna duda de que el gobierno de Rajoy ha intentado centrarse en aumentar los ingresos mediante la subida masiva y espectacular de todos los impuestos. Ha sido un auténtico y doloroso fracaso. No solamente no ha recaudado lo que se proponía, sino que además la recaudación no ha hecho más que caer (más de un 10% este año el IVA). Es comprensible: los impuestos se comen la renta de los ciudadanos y los beneficios de las empresas, a la vez que impide el desapalancamiento. La consecuencia es que parte de la producción se destruye (cierran empresas) y otra parte de la producción se sumerge y pasa a ser mercado negro, por lo que cada vez se recauda menos.

Al gobierno se le llena la boca hablando de recortes, pero lo único que ha hecho ha sido subir impuestos. No ha recortado en absoluto el gasto, sólo ha recortado el poder adquisitivo del sector privado y, de esta forma, la posibilidad de salir de la crisis. Austeridad no significa subir impuestos, sino bajar el gasto. Además, ¿cómo se va a reducir el déficit subiendo el IVA si éste representa el 5,5% del PIB español? Seamos serios…

Ya no debe quedar duda de que hay que incidir en los gastos, disminuyéndolos.

Pues bien, ¿qué es lo que hace que el Estado esté quebrado? Respuesta: lo que llamamos gasto social, la llamada "protección social". El gasto social en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 es del 56% del presupuesto total. Dentro de esta partida, las pensiones significan el 66% del gasto social y el 37% del presupuesto total. Las prestaciones por desempleo, otras prestaciones y fomento del empleo significan el 27% del gasto social y el 15% del presupuesto total. Por tanto, las pensiones más las prestaciones y servicios al desempleo suman el 46% del gasto estatal para 2012.

Lo que hace que el Estado esté quebrado no son los coches oficiales (0,3% del gasto), la justicia (0,5%), el ejército y la defensa (2%), la educación (0,7%) ni la sanidad (1,2%). Todo esto hay que reformarlo y recortarlo, claro está, pero es evidente que no es lo que provoca estar en una posición deficitaria sistemática.

La causa son las siguientes partidas, que juntas suman el 55% del gasto: las pensiones, desempleo, fomento del empleo, otras prestaciones económicas, servicios sociales y promoción social, acceso a la vivienda y gestión y administración de la seguridad social. Es decir, el Estado del Bienestar en sí mismo es lo que nos lleva al abismo y a la quiebra más absoluta. El sistema actual está listo para sentencia. No se genera riqueza para pagar estos servicios.

Y aquí no hay ni trampa ni cartón, se pongan los estatistas como se pongan. Rajoy mintió cuando dijo que subir el IVA era la única medida que se podía tomar. Se debe disminuir el gasto y está claro cuáles son las partidas a recortar. Y los gobernantes lo empiezan a tener claro. Hace poco De Guindos insinuó que si la economía española no crecía en el corto plazo, sería imposible mantener las prestaciones de pensiones y desempleo. ¡Touché!

Repetimos: forzosamente tiene que haber recortes para ajustar por la vía del gasto en las partidas que hemos comentado. La alternativa es quebrar, impagar las deudas a los acreedores, ser expulsados del euro, tener una divisa hiperdevaluada, no poder financiarse en los mercados en varias décadas y, evidentemente, no poder tener "protección social" de ningún tipo. Dicho de otra manera: o es el fin del Estado de Bienestar o es el fin de España.

¿En qué piensa el PP?

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Mientras Rajoy anuncia nuevas subidas de impuestos cuando todavía no ha terminado de aplicar las anteriores, cabe preguntarse en qué piensa el Partido Popular.

En su libro Moral Politics, el profesor de lingüística George Lakoff definía los marcos como las estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo. La importancia de los marcos en el pensamiento político resulta crucial a la hora de transmitir ideas y dar coherencia a todo un relato político. Lakoff, intelectual izquierdista y comprometido resumió el contenido de su obra en un panfleto breve que tituló como No pienses en un elefante. Era su forma de llamar la atención a los demócratas para que dejaran de ofrecer soluciones dentro del marco que habían establecido los republicanos en el poder (el elefante es el animal que se asocia al Partido Republicano). Por resumir, la verdadera alternativa política sólo se puede definir desde una visión integral y confrontada.

De alguna forma hoy nos encontramos que el Partido Popular parece haber asumido el marco establecido por el gobierno socialista anterior. La solución para ajustar unas cuentas públicas imposibles en las que se gasta más de lo que se tiene y se pide prestado para seguir gastando, no es otra que exprimir a los contribuyentes para aumentar los ingresos de la Hacienda pública. No hay, dicen, alternativa real a una política inevitable. No la hay entre los políticos ni entre una mayoría de la población que no concibe otra educación que la que proporciona el Estado sin cuestionarse porque en otras sociedades la educación es mejor, más barata por alumno y su coste no se diluye entre impuestos prácticamente confiscatorios.

El problema es el marco. Y el marco en el que se mueven nuestros políticos no es otro que el Estado. Todas las soluciones, medidas, reformas, contrarreformas y legislaciones se buscan y se aplican desde la perspectiva del Estado. Los gobiernos y la oposición pretenden dar viabilidad a un sistema fallido, la redistribución de la riqueza organizada por burócratas a través de la recaudación de impuestos. Se trata de un modelo inviable y artificial que impide al mercado asignar recursos regulando la oferta y la demanda espontáneamente. Ya escribía Hayek aquello de “los socialistas de todos los partidos” así que no se trata de algo nuevo pero sí crítico en este callejón sin salida al que nos ha conducido la burbuja estatal.

Si Lakoff les dijo que a los demócratas americanos que debían dejar de pensar en un elefante para ganar las elecciones a los republicanos, nosotros deberíamos dejar de pensar en el Estado para permitir que la sociedad pueda salir de la crisis. No tanto los políticos, cuya supervivencia y modo de vida depende de que el marco estatal no cambio sino de nosotros mismos. No necesitamos un rescate del Estado, necesitamos que nos rescaten del Estado.

El populista y contraproducente Hollandazo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

No se llega a imponer el salario máximo (tipo marginal del 100% a partir de cierta renta), con el que coqueteó el progresista Franklin Delano Roosevelt, pero desde luego se le acerca.

Es de suponer que nuestro mandatario gallego, tan cercano ideológicamente a su par galo y tan o más entusiasta que él en lo que a subidas de impuestos a todas las clases productivas se refiere, estará tomando buena nota. Si ya le ha copiado la nefasta Tasa Tobin a Sarkozy, nada –ni siquiera su cada vez más sonrojante discurso electoral y preelectoral– le impedirá aprobar algo similar para nuestro país, a poco que ese liberal de pata negra que tenemos por ministro de Hacienda asiente con gesto aprobador. Lograría así Rajoy dar un pasito más hacia el que parece objetivo único de su Gobierno: emular en cada detalle lo que habría sido un Ejecutivo de Zapatero o Rubalcaba. De hecho, el líder socialista acaba de reclamar un tributo para las grandes fortunas. Como tantas otras cosas, éste es el auténtico pensamiento único que nos aplasta.

Mas uno desearía que Rajoy tomara buena nota para no emularlo. Al cabo, el movimiento de Hollande es sólo un coletazo populista para institucionalizar el odio y la depredación entre clases sociales, como rápidamente ha sabido captar Liberation, que ha mandado a tomar viento a los millonarios que acaso piensen en no ser devorados por un monstruoso Leviatán que ya consume cerca del 60% del PIB francés. 

Y lo llamo "ramalazo populista" porque no cumple ninguno de los dos objetivos que teóricamente persigue: ni sirve para reducir el déficit ni resulta mínimamente ejemplarizante.

No contribuye a reducir el déficit porque, en el mejor de los supuestos (asumiendo lo que no puede asumirse, a saber, que no habrá desbandada de capitales y que no se destruirá mucha más riqueza en el sector privado), apenas serviría para levantar 2.000 o 3.000 millones de euros en un país cuyo déficit ascendió a 90.000 millones. Algo similar podría decirse de España: en nuestra economía, sólo el 0,05% de todos los contribuyentes tributa por rentas superiores a 600.000 euros anuales (proveyendo al Fisco de 3.000 millones de euros; lo mismo, por cierto, que el 25% de contribuyentes con menor renta), de modo que una medida similar sólo cosecharía —de nuevo en el mejor de los mundos— un incremento recaudatorio de 1.000 millones de euros. Comparen eso con nuestro déficit potencial, de 100.000 millones, y descubrirán que el problema no está, precisamente, en nuestros bajos impuestos

Pero, desde luego, lo que no puede decirse es que un tipo marginal del 75% sea algo ejemplarizante. Primero, porque para que los ricos paguen más impuestos que los pobres no es necesario implantar un sistema progresivo, basta con uno proporcional: si el tipo medio de la renta es del 20% tanto para quien gana 20.000 euros como para quien gana un millón, el rico pagará 50 veces más que el pobre. Y, segundo, y sobre todo, las subidas de impuestos nunca son ejemplarizantes: salvo que nos refiramos a que nos muestran el camino hacia la pobreza, la destrucción de capital y el sometimiento al Estado. Lo ejemplarizante sería bajar los impuestos a todos los ciudadanos, pero jamás subírselos.

Estos incrementos fiscales, lejos de ejemplarizar, anestesian. Las clases medias reciben un huesecillo para calmar su ira ante los sablazos tributarios que periódicamente les inflige el Estado. Al gravar más a los ricos, el Estado calma un poco el malestar que su propio intervencionismo genera, y aquéllas se contentan con la paupérrima suerte de seguir trabajando para costear un Estado mastodóntico mientras otros con sueldos mayores pagan impuestos auténticamente delirantes. Pues de lo que se trata es de eso: de distraer el debate y de hacer creer a la ciudadanía que las clases medias dejarán de ser las auténticas víctimas y paganas de nuestro engordado Hiperestado por el hecho de  que se expoliará con más encono a los ricos. Como si, repito, el 0,05% de los contribuyentes pudiera sostener unos Estados modernos que copan más del 50% de las riquezas nacionales. No, no es posible, y cuanto antes entendamos la perentoria necesidad de que las tijeras entren en el sector público y no en el privado, tanto mejor nos irá a todos.

Mientras tanto, sigamos con la comidilla de que una crisis causada y agravada por el intervencionismo gubernamental se va a solucionar por lanzar al Fisco contra los ricos. Sin duda, lo que más interesa a los gobernantes franceses o españoles es igualarnos a todos en el mismo nivel de pobreza. Para eso, y para poco más, sirve esta renovada demagogia contra los creadores de riqueza.