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Etiqueta: Fiscalidad

Sobre aliens, guerras y bromas: el show de Krugman

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

En estas dos últimas semanas se ha desatado una fiebre krugmanita sólo comparable a modas como llevar botas con pantalones cortos en verano y otras igualmente absurdas. El detonante ha sido la visita del premio Nobel a la Fundación Rafael del Pino. Krugman venía a presentar su último libro Acabad con la crisis y fue presentado por dos economistas de renombre y prestigio: Pedro Schwartz y Manuel Conthe. Uno fue crítico y el otro condescendiente.

A partir de ahí, se han sucedido los artículos, entradas en blogs y comentarios en Twitter por parte de sabios e ignorantes acerca de lo acertado de las tesis krugmanitas, sus recomendaciones, el keynesianismo y la solución a la crisis. Uno de los ataques más obvios ha sido su intervención en un programa de televisión estadounidense en el que, conversando con Kenneth Rogoff, afirmaba que la crisis del 29 fue solucionada, en parte, por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y bromeaba con la necesidad de que estallase una tercera. Además, para reforzar su argumento, Krugman explicaba que si hubiese una falsa amenaza de invasión alienígena, dejaríamos de preocuparnos tanto por la eliminación del déficit y nos centraríamos en la construcción de edificios para defendernos de los extraterrestres y la economía despegaría.

Me parece un ataque falaz el que pretende poner en boca de Krugman la defensa de las guerras o de las invasiones alienígenas. Fueron ejemplos. Bromeaba. También bromeaba al parecer cuando afirmó que la burbuja inmobiliaria era necesaria. Lo peor no son los ejemplos, que personalmente me resultan muy gráficos. Lo terrible es el mensaje que hay detrás.

La idea de Krugman es que cuando hay una deficiencia de la demanda el Estado debe intervenir generando consumo, y para ello, nada como las obras públicas, o cualquier otro gasto público que se perciba como necesario y que genere rentas para los trabajadores de manera que éstos consuman y se active la economía. Y, como decía Krugman en el vídeo, si después resulta que no hay aliens, tanto mejor.

Esta idea está fuertemente enraizada en las mentes de economistas, políticos y ciudadanos normales y Krugman lo único que hace es refrendarla. De hecho, no es suya, sino de su maestro John Maynard Keynes. Es una de las ideas que ha catapultado el keynesianismo a los periódicos, televisiones, universidades y colegios. Por eso es tan perniciosa, porque siendo errónea es intuitiva y satisface la necesidad de la gente de que ante una situación dramática "alguien tiene que hacer algo". Y ese alguien, desde luego, ha de ser el Estado.

Pero lo que hay detrás, el "cristal roto" de estas tesis es veneno para la economía. Básicamente el Estado aparece como sustituto del empresario como generador de rentas y riqueza. La lógica empresarial nos enseña que un empresario invertirá en aquel negocio que más rentable le resulte, es decir, aquel que produzca los bienes y servicios más deseados y, además, que consista en la inversión en la que el equilibrio riesgo/rentabilidad sea más sólido. Un empresario se guiará por lo que sucede en los mercados, el de bienes y servicios, el de capitales, etc. Para tomar sus decisiones de inversión y de contratación. Buscará en el mercado de trabajo el empleado más eficiente y barato. Venderá en donde su producto sea más valorado. Y lo hará por lucro, desde luego, pero generará riqueza de diferentes maneras.

Para empezar, los trabajadores tratarán de especializarse en aquellas tareas más remuneradas, intentarán ofrecer trabajo de calidad y también buscarán su lucro personal. Además, los más meritorios serán quienes logren una mayor remuneración. Asimismo, aquellas inversiones más sólidas y rentables se verán favorecidas y los negocios que no respondan a las necesidades de la economía desaparecerán. Es decir, habrá un filtro espontáneo.

Pero al ser el estado el que se hace cargo de la generación de rentas se pervertirán los incentivos. Las inversiones elegidas no serán necesariamente las mejores, sino las que los políticos decidan, sea para proteger a la población de una amenaza externa de este mundo o de otros, sea para favorecer a sus lobbies, sea porque creen que es lo mejor para todos. Y ese es el punto. Una cosa es creer que se sabe lo que es mejor para todos, y otra muy diferente que se manifieste espontáneamente lo que es mejor para todos, no por arte de magia, sino mediante el mecanismo más antiguo del mundo: el mercado.

La tributación de las ganancias del capital (plusvalías)

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Gravar las plusvalías y, en general, las ganancias del capital, significa disminuir el rendimiento de los activos, es decir, de las inversiones realizadas. Los efectos económicos de esta disminución de los rendimientos pueden producirse a lo largo del tiempo -porque se reducirá la retribución periódica del activo- o instantáneamente -a través de la capitalización del impuesto-.

En efecto, con la disminución de la retribución del capital, los inversores verán menguada a lo largo del tiempo (en función de la maduración de las inversiones) la capacidad para generar nueva riqueza con las ganancias conseguidas, reinvirtiendo todo o parte de las mismas en nuevos proyectos de inversión.

Pero, también, con la capitalización del impuesto, los propietarios se empobrecerán de golpe, dado que los activos valdrán menos al ofrecer menores rentabilidades. Esta disminución del valor de los activos sitúa al inversor en una posición económicamente más débil con respecto a sus otros posibles negocios. Así, la existencia del impuesto hace que el inversor cuente con bienes menos valiosos con los que avalar a los posibles agentes económicos que quieran invertir en sus otros proyectos empresariales, ya sean como accionistas o como prestamistas.

Del mismo modo, la tributación de las plusvalías resta cierto sentido a la venta del activo dado que esta se efectúa para cambiar un bien menos líquido por otro más líquido (el dinero). Gravar las ganancias patrimoniales, por tanto, penaliza la liquidez de los inversores y, cuando estos se encuentren en las dificultades propias de una crisis, no ayudará (tanto como si no existiera el impuesto) a ser más solvente al inversor.

Por otra parte, gravar las plusvalías implica dificultar y, en parte, obstaculizar, las ventas de los activos. Los inversores tenderán a atrasar las ventas para evitar el impuesto comparado con lo que habrían hecho en ausencia del gravamen. Y dificultar tales ventas perjudica directamente el uso más adecuado de los recursos, pues hace más difícil a los empresarios ordenar la producción y orientarla de acuerdo a las necesidades presentes y futuras de los consumidores.

Esta tendencia al inmovilismo provoca una rigidez en la inversión y, por ende, en el conjunto de la economía. Será más difícil entonces que la estructura de capital (las combinaciones de los diferentes planes empresariales con sus respectivos usos de bienes de capital) se modifique y se adapte a las nuevas necesidades de los consumidores u otras circunstancias.

En otro orden de cosas, muchos economistas se han quejado de que las ganancias del capital y, entre ellas, las ganancias patrimoniales (o plusvalías), que se incluyen dentro del Impuesto sobre la Renta, no deberían considerarse renta dado que son ganancias acumuladas a lo largo de varios ejercicios. Y es precisamente este hecho el que hace que se tribute por una cantidad superior a la renta real del año en que se ha producido la venta. Algo que provoca una descapitalización repentina del inversor (comparado con la situación sin impuesto) que penaliza su liquidez, su solvencia y sus posibilidades de invertir en nuevas empresas (como start-ups o entidades de nueva creación).  

Por último, es de destacar una grave deficiencia del cálculo de las plusvalías que se utiliza en los sistemas fiscales actuales. Así, para hallar estas plusvalías se toma en cuenta el precio de venta del activo menos el precio de compra (incluyéndose en ambos precios algunos gastos adicionales). Sin embargo, no se considera los continuos gastos de mantenimiento que ha tenido que desembolsar el inversor para mantener los activos y sin los cuales no habría podido realizar la venta que ha generado la plusvalía. Un ejemplo claro es el de los inmuebles, para los cuales no se toma en cuenta como mayor precio de adquisición (o coste) los sucesivos IBI o gastos de comunidad que han tenido que satisfacerse a lo largo de los años. Cantidades que pueden llegar a ser realmente relevantes y que, al no considerarse, provocan la sobreimposición de este tipo de ganancias.

¿Se puede sacar a flote la economía sumergida?

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

La economía sumergida, o el mercado negro, consiste en aquellas actividades económicas que total o parcialmente esquivan la regulación del Estado, y especialmente su regulación fiscal y social. El clamor popular contra la economía sumergida, sabiamente azuzado desde las esferas políticas, se revitaliza de vez en cuando, especialmente en tiempos de crisis. En el mejor caso, se tilda a los individuos operando de forma sumergida como insolidarios, pero lo normal es exigir que se refuercen los controles fiscales y que todo el mundo pague lo que el Estado exige.

La creencia que subyace en esta reivindicación es la siguiente. La actividad económica sumergida, por definición, no tiene control fiscal, no paga impuestos. Si el Estado fuera capaz de controlar esta actividad, de aflorar el mercado negro, ello se traduciría en una mayor recaudación de impuestos, por lo que se podrían reducir estos en general, o al menos paliar sustancialmente situaciones de déficit grave como la actual. De hecho, si no recuerdo mal, una de las medidas inicialmente anunciadas por este Gobierno consistía precisamente en reforzar la lucha contra el fraude. Como tantas otras de sus anunciadas propuestas, ésta también parece mantenerse en el limbo, por el momento. Y afortunadamente, por las razones que ahora se explicarán.

La cuestión que se plantea es si es posible tal afloramiento. En un marco estático, el manejado por el economista mainstream, se asume que la actividad se mantiene una vez controlada fiscalmente. El problema del mercado negro consiste, por tanto, en su identificación y control, pues una vez "registrada" la actividad no le quedará más remedio que pagar sus impuestos y cotizaciones, de los que se escapaba por estar oculta.

Sin embargo, a este simple análisis hay que añadirle los siempre importantes (y siempre ignorados o infraestimados por el mainstream) efectos dinámicos. Para ello, hay que buscar los sujetos activos en la economía sumergida.

En el imaginario popular, se trata de ricos empresarios con ribetes de mafioso, que se forran mientras explotan a unos trabajadores a los que pagan en negro; son los mismos que te ofrecen no darte factura a cambio de no cobrarte el IVA, para que estos ingresos no se reflejen en la liquidación del impuesto de la renta. Y claro que hay individuos así en el mercado negro, por supuesto.

Pero tiendo a pensar que no constituyen, ni de lejos, la porción más importante de la economía sumergida. Aquí están también muchas personas normales, a las que realmente no les gusta vivir en una situación que perciben como precaria. La mayor parte de la gente ve al Estado como una bendición que les proporciona milagrosamente educación, sanidad, pensiones, carreteras… Para la mayor parte de la gente, por tanto, estar fuera del sistema es una desgracia (aunque puntualmente puedan renunciar a la factura por ahorrarse el IVA). La mayor parte de la gente que trafica en la economía sumergida lo hace, creo, contra su voluntad.

¿Qué les impide aflorar? Muy sencillo: la sostenibilidad de su actividad y, por ende, de su vida. Veamos un ejemplo: un tal Juan, sevillano, lanzado a la fama por su aparición en un artículo del New York Times. Se dedica a transportar y montar muebles de Ikea, para lo que capta sus clientes a la salida del hipermercado ofreciéndoles un precio inferior al que da Ikea. Con este trabajo, Juan gana unos 800 Euros al mes, y no declara nada a Hacienda. Por cierto, a Juan le despidieron de Ikea y por eso se ve forzado a trabajar así, de hecho se siente víctima del defectuoso modelo económico. Vamos, que no está en esta situación tan voluntariamente como pudiera parecer a los que ven en la economía sumergida un nido de buitres.

Parece obvio que la situación de Juan no se puede regularizar. Los impuestos y cargas sociales a que habría de hacer frente, y eso olvidando otro tipo de regulaciones sectoriales, harían posiblemente inviable el negocio. Quizá 400 de los 800 euros ganados tuvieran que ir a las arcas del Estado. Pero con los 400 euros restantes Juan tal vez no pudiera mantener su familia. Por tanto, realmente Juan no tiene la opción de regularizar su actividad. Como tampoco la tiene el Estado: si trata de regularizar por la fuerza (y sin contar los costes de tal identificación u obligación), lo que conseguirá será hacer desaparecer la actividad. Juan dejará de trabajar, o continuará haciéndolo fuera de la ley a riesgo de terminar en la cárcel. Es evidente que si la cosa termina así, también habrá desaparecido la actividad económica. Y el Estado estará peor, pues no solo no habrá conseguido más ingresos, sino que deberá hacerse cargo, directa o indirectamente, de otro individuo al que ha privado de su modo de vida y dejado improductivo.

Por tanto, una vez se tiene una mínima consideración de los efectos dinámicos, es fácil observar que el "problema" de la economía sumergida no es fácilmente regularizable. Por supuesto que hay gente a la que esta hipotética regularización no haría insostenible, pues es cierto que algún caso de empresario mafioso se estará dando. Pero no es el caso de la mayoría, me temo.

Tratar de regularizar la economía sumergida a lo único que llevaría es a una reducción en los intercambios generadores de valor que existen actualmente en la economía. Desaparecerían todos aquellos que están en el margen, reduciendo la actividad económica no oficial, y haciendo que más gente dependa de la caridad del Estado para su subsistencia. De un Estado que, dicho sea de paso, cada vez muestra más su incapacidad de atender a nadie.

En resumen, el Estado no puede acabar con la economía sumergida sin destruirse a sí mismo. Para próximos artículos dejaremos el análisis sobre si, por el contrario, podría la economía sumergida acabar destruyendo al Estado.

Xavier Sala i Martín tiene poco de liberal

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Anonadado me he quedado con algunas de las propuestas lanzadas por el economista catalán Xavier Sala i Martín para hacer frente a la crisis de deuda europea. El profesor, que dice ser liberal, ha elaborado un detallado listado de 25 medidas para combatir los cuatro problemas básicos que aquejan a Europa: sistema financiero; deuda y déficit público; falta de crecimiento; y el posible divorcio de Grecia. Sin embargo, curiosamente, algunas de sus ideas en poco o nada se diferencian de las defendidas por los socialdemócratas y socialistas europeos con lo que, en realidad, lejos de contribuir a la salida de la crisis su implantación sentaría las bases de una crisis similar en el futuro. A continuación, analizaremos algunas de estas propuestas.

Sistema financiero

“El sistema financiero europeo debe ser auténticamente europeo: con un Banco Central Europeo y una moneda europea no es suficiente. Es necesaria una regulación común, un fondo de garantía común, un supervisor común y un recapitalizador común”, según Sala i Martín.

En concreto, aboga por crear una institución supervisora europea permanente que sustituya al “desacreditado Banco de España en sus tareas de supervisión”. Vaya, curiosa propuesta, como si la mera creación de un nuevo órgano burocrático a nivel comunitario fuera factor suficiente para corregir los problemas estructurales que padecen la regulación y supervisión bancaria en manos del Estado. Una simple transferencia de competencias no cambiará absolutamente nada. Ni el BCE ni la autoridad bancaria europea (EBA) podrían garantizar que se reprodujese una crisis similar en el futuro. No en vano, fue la política monetaria de Trichet la que sentó las bases de la burbuja inmobiliaria en España, mientras que los famosos stress test aplicados a las grandes entidades europeas acabaron resultando en un absoluto fiasco pese a la supervisión comunitaria.

Sala i Martín parece, pues, ignorar la raíz de las crisis financieras: la expansión del crédito bancario sin necesidad de respaldo real (ahorro) como resultado de la reserva fraccionaria; o la laxa política monetaria que propició el BCE y la FED manteniendo los tipos de interés muy bajos durante excesivo tiempo, origen de la burbuja inmobiliaria en EEUU, Irlanda o España; o el descalce de plazos estructural que padece el sistema financiero internacional, que lo aboca a un riesgo constante de insolvencia. Ninguno de estos tres puntos ha sido ni será corregido por las autoridades monetarias y reguladoras, sean éstas españolas, europeas o estadounidenses.

Por otro lado, el economista defiende crear un Fondo de Rescate Europeo para los bancos, así como un Fondo de Garantía de Depósitos comunitario. ¿Y? ¿Es que acaso existe alguna diferencia entre la socialización de pérdidas a nivel nacional e internacional? La inmoralidad e ineficacia de esta práctica es idéntica en uno u otro caso. Sin embargo, el rescate privado de la banca, sin necesidad de aportar un euro del sufrido contribuyente, no es una opción -o al menos una aspiración realista y defendible- para el catalán. Me refiero, por supuesto, a la posibilidad de transformar deuda bancaria en acciones, obligando así a que los acreedores de la entidad insolvente se conviertan en los nuevos propietarios, con las consiguientes pérdidas para los actuales accionistas (bail-in frente a bail-out). Mientras, en cuanto al Fondo de Garantía Europeo parece ignorar la diferencia esencial entre un depósito (préstamo del cliente al banco) y una cuenta corriente a la vista que, en la práctica, también supone hoy en día un préstamo al banco gracias a la reserva fraccionaria, lo cual es claramente ilegal (el cliente debería pagar si lo que quiere es que el banco guarde su dinero sin usarlo para conceder créditos). La corrección jurídica de este último punto haría innecesario garantizar los depósitos, ya que éstos no serían prestados -el banco ejercería de guarda y custodia de estos fondos-.

También propone introducir un impuesto sobre la deuda bancaria para penalizar a las entidades más apalancadas, desincentivando su excesivo endeudamiento. Nuevamente, Sala i Martín se centra en combatir los efectos no las causas de este fenómeno, que no es otro que el descalce de plazos -las entidades se endeudan a corto y prestan a largo, cayendo así en una iliquidez permanente que hace imprescindible contar con un prestamista de última instancia (banco central)-.

Deuda pública y déficit

En este ámbito, el economista defiende la unión fiscal europea para, posteriormente, crear los eurobonos (deuda común europea) e incluso que el BCE compre directamente deuda periférica para reducir la prima de riesgo de los países en problemas. ¡Grave error! La unión fiscal significa, ni más ni menos, que homogeneizar la presión tributaria a nivel europeo, es decir, que el reducido Impuesto de Sociedades irlandés se suba hasta el nivel que padecen las empresas alemanas y francesas o que el IVA español se equipare al portugués -más alto-. Se habla de unión fiscal cuando, en realidad, se trata de incrementar aún más los impuestos que sufragan los europeos, y ello sin contar que tal monstruosidad borraría de un plumazo la sana competencia tributaria del Viejo Continente. En tal caso, y puesto que Sala i Martin apuesta por un superestado supranacional, el voto con los pies de los contribuyentes obligaría ya no emigrar a otro país sino a otro continente.

En cuanto a los eurobonos, esa aberración jurídica que tan denodadamente defienden ahora Francia, España, Italia o Portugal (los díscolos de la UE), solo decir que supondría trasponer el nefasto sistema de financiación autonómico a nivel europeo. Sobran los comentarios al respecto, pues se resume en una frase: que paguen los contribuyentes del norte los excesos cometidos por los países del sur. Y sobre que el BCE compre deuda al estilo de la FED, tan sólo señalar que, en última instancia, socavaría el propio euro, ya que el balance del emisor se llenaría de activos tóxicos (deuda periférica). Además, el hecho de que la prima de riesgo esté alta es bueno para los países en problemas, ya que obliga a sus políticos a hacer las reformas y ajustes precisos para corregir sus deterioradas finanzas y su endémico crecimiento.

Por último, Sala i Martín propone posponer los objetivos de déficit público uno o dos años, tal y como defienden Rubalcaba, Cayo Lara y Rajoy, muy liberales todos ellos. Olvida el economista que retrasar el imperioso ajuste fiscal implica dificultar la recuperación económica. Los países bálticos recortaron de forma drástica el gasto público en 2008 y 2009, hoy son los únicos países que crecen a nivel europeo.

Crecimiento

Para fomentar el crecimiento, defiende aplicar reformas estructurales -nada que objetar- pero, asimismo, apuesta por reducir aún más los tipos de interés en la zona euro -del 1% actual al 0,25%-; que Alemania y los países del centro sufran una inflación alta para fomentar las exportaciones de la periferia; y que el Banco Europeo de Inversiones financie, con dinero público, más infraestructuras en los países problemáticos. Medidas todas ellas propias del monetarismo más obsoleto y del keynesianismo más contraproducente. Uno, bajar tipos no ha solventado ni solventará nada, de hecho, desincentiva el desapalancamiento de los agentes y retrasa la recuperación; dos, la clave no es crear inflación artificial en el centro sino liquidar las malas inversiones, fomentar el ahorro y flexibilizar las economías del sur para cambiar sus estructuras productivas y volver a generar riqueza cuanto antes -el problema, señor Martín, no es de demanda sino de oferta-.

Grecia

Por último, en cuanto a Grecia, dice que el BCE y los líderes de la eurozona deben garantizar que “por la puerta del euro solo saldrá Grecia”, haciendo pues todo lo posible para evitar “ataques especulativos” contra España, Portugal e Italia. Es decir, la Eurozona debe “garantizar” que va a poner todo el dinero necesario. Una vez más, discrepo. Mucho me temo que si España no hace los deberes, tarde o temprano, también saldrá. No hay posibilidad de evitar tal salida, que, por otro lado, es una decisión unilateral de cada país ya que no existen mecanismos de expulsión. Y ello, con independencia de que se ponga ahora más o menos dinero. Para terminar, una nota al pie: los mercados no “atacan”, se defienden, señor Martín. Su exposición de 25 puntos la firmaría cualquier socialdemócrata europeo, lo cual me hace pensar que su supuesto liberalismo es mucho más endeble de lo que pensaba. Toda una desilusión.

Aquellos estímulos de 2008-2009

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Lo que hace no mucho parecía casi impensable, ahora es realidad. Las últimas semanas han precipitado un debate acerca de los escenarios de corto y medio plazo más probables para la economía española. Cada día que pasa la intervención extranjera, ya sea a través de un nuevo programa expansivo del BCE, un rescate más o menos explícito u otras vías, está más cerca. Porque la posibilidad de que España vaya a salir de esta por sus propios medios, empieza a considerarse casi utopía.

Aunque existe otra alternativa: que se decida abandonar la Eurozona, escenario que en estos momentos no es el más probable en el corto plazo, pero en absoluto descartable en el medio. Si bien, dado lo frenético de los acontecimientos, el medio plazo puede devenir en corto en apenas días o semanas.

En un contexto en el que incluso la existencia de la propia divisa está en juego, la incertidumbre difícilmente podría ser mayor. Especialmente cuando los mercados financieros, como respuesta racional al entorno, viven más pendientes de las decisiones emanadas de un sistema de gobernanza europeo –que no merece tal nombre-, que de lo que sería lo suyo. Con estos mimbres, no se puede generar una recuperación económica sostenida.

La estrategia a seguir respecto a las finanzas públicas ha sido uno de los temas más candentes en los últimos meses de discusiones en Europa. El enfoque de la disciplina fiscal de Merkel se enfrenta al rechazo de Hollande en Francia, y de parte de analistas, que exigen poner un freno a la austeridad para poner el énfasis en el crecimiento. Se dice que ha sido la estrategia de austeridad la que ha fracasado en Grecia, y la que está fracasando en España. Economistas patrios como José Carlos Díez, con una gran presencia en los medios pese a sus antecedentes, llegan a afirmar que "Lo normal es que la canciller reconociera el fracaso de la austeridad excesiva y cambiase su política económica".

El último boletín del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana entra de lleno en este debate, recordando los efectos de los planes de estímulo fiscal. Efectivamente, con la retórica de la austeridad que ha imperado desde mitad de 2010, parece que ya se ha olvidado que en 2008 y 2009 España implementó sustanciales paquetes de aumento del gasto público.

Conviene traerlo a colación, no solo como ejercicio de historia económica, sino para advertir de que estas políticas keynesianas no son (ni fueron) el camino a seguir para fomentar el crecimiento y empleo sostenido, como algunos sugieren en la actualidad.

Otros, quizá la mayoría, tienen una perspectiva más matizada. Lamentan el extremo deterioro de las finanzas públicas y las tensiones en los mercados de deuda, circunstancias que desgraciadamente, argumentan, dejarían al gobierno español sin suficiente margen para aplicar "políticas de crecimiento" basadas en mayores desembolsos públicos. Pero aun en esta situación, que es precisamente en la que se encontraba España en el comienzo de la crisis (recordemos el superávit de casi el 2% de 2007), este tipo de políticas resultan inefectivas y dejan un considerable lastre en términos de mayor deuda y déficit que suponen un adicional deterioro de la posición financiera respecto al exterior, como analiza el boletín.

El debate entre austeridad y crecimiento sufre de un gran problema: no es cierto que menos austeridad, vía políticas de estímulo del gasto gubernamental, sean necesariamente beneficiosas para el crecimiento y el empleo, como suele asumirse alegremente.

En esencia, y simplificando mucho, buena parte de las divergencias que surgen respecto a qué estrategia debería seguir la política fiscal durante las recesiones, se deben a la teoría del ciclo económico que se tiene en la cabeza. ¿Es la causa principal de la crisis un colapso repentino de la demanda agregada, debido al ciclo de las expectativas y la inestabilidad de la inversión privada? En ese caso, parece lógico que la respuesta deba estar destinada a estabilizar la demanda a través de mayor gasto público.

Pero si, como defendemos en este boletín, la crisis se origina como consecuencia de un boom artificial e insostenible –caracterizado por masivas malas inversiones y errores de los agentes económicos-, entonces el énfasis estará en permitir que esos errores se corrijan. La política fiscal expansiva, desde esta perspectiva, sería contraproducente, dado que dificulta este ajuste.

Y así pensamos que ha sido. Los datos y argumentos los tienen detallados en el boletín.

Nuestra maldición fiscal

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Nunca antes en ningún momento de la Historia se habían pagado tantos impuestos como ahora. El europeo medio trabaja, de promedio, la mitad del año para alimentar los cuantiosos y crecientes dispendios del leviatán estatal. A cambio, recibe algunos servicios que, o no demanda en absoluto, o sí demanda pero procura satisfacerlos en otra parte. Así nos encontramos con una paradoja. El grueso de los que mantienen vía impuestos el monstruito no recibe nada o casi nada, y, lo que es mejor, tampoco lo busca.

El sistema se basa en eso mismo. Los más productivos, los que más se esfuerzan durante más tiempo financian un aparato gigantesco que redistribuye cantidades masivas de renta hacia los menos productivos y los que menos se esfuerzan. Entre medias se queda buena parte de esa riqueza con objeto de lubricar el funcionamiento del propio monstruito. Nos encontramos, pues, ante un incentivo perverso cuyo corolario final es la quiebra del sistema, después de que se haya esquilmado concienzudamente a todos y cada uno de los yacimientos de riqueza que un país tiene.

Los impuestos, que en una pequeña cuantía (nunca superior al 5% de los ingresos anuales de un individuo o una empresa) son necesarios, se convierten de esta manera en una maldición que condena a toda la sociedad a un colapso seguro. Primero porque incentiva malos hábitos, convirtiendo a buena parte de la sociedad en cliente del redistribuidor, es decir, del político. Y segundo porque desincentiva la generación de riqueza. Nadie en su sano juicio emprende un proyecto productivo en un lugar con altos impuestos pudiéndolo hacer en uno que los tenga bajos.

La disyuntiva es clara. O bajos impuestos que traerán desarrollo y prosperidad o altos impuestos y su reguero de servidumbre y miseria. Nosotros elegimos.

Sobre los efectos de los impuestos sobre los beneficios empresariales

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

El análisis dominante sobre los efectos económicos de los impuestos suele basarse en la premisa de que los impuestos son introducidos en un mundo en el que las oportunidades de ganancia disponibles están dadas y son conocidas por el empresario. El impacto de los impuestos se estudiaría en la medida en que estos afectarían a la preferencia relativa de las distintas alternativas de acción del empresario una vez introducido el impuesto. Así, el impuesto incentivaría al empresario a desechar un proyecto empresarial y optar por emprender otro en su lugar. O dicho con otras palabras, lo que importa sería el margen de sustitución entre una acción empresarial y otra.

Por ejemplo, la introducción de un impuesto sobre los beneficios provocaría una reducción en los beneficios y la rentabilidad de los planes empresariales. Esto incentivaría que los empresarios reelaborasen sus planes empresariales y sustituyeran aquellos que, con el impuesto, no cubrieran el coste de oportunidad por otros que, aun con el impuesto, sí lo hicieran –por obtener más beneficios o tener una tributación efectiva menor-.

Puede ser, también, que la presencia de un impuesto sobre los beneficios incentive a algunos agentes a, directamente, no realizar este tipo de planes y, en su lugar, realizar otras tareas no empresariales, labores más rutinarias, que conlleven menos innovación, especulación o previsión.

Sin embargo, otros autores han tratado de realizar un análisis desde otras perspectivas. Así, los impuestos sobre los beneficios tendrían otra serie de impactos no ya sobre la preferencia relativa de las distintas oportunidades de ganancia disponibles, sino sobre la propia percepción que los empresarios tienen de las oportunidades de negocio que les rodean. Esta es la idea desarrollada por Israel Kirzner, según la cual el empresario está en un continuo estado de alerta que le lleva a descubrir las oportunidades de negocio a explotar -que, por supuesto, no están dadas-.

De acuerdo con esta línea de investigación, los efectos de la tributación sobre los beneficios empresariales simplemente reducirían el beneficio de ese estado de alerta, pero no el nivel de ese estado de alerta. Esto se explica porque ese estado de alerta es una actividad que no conlleva ningún coste de oportunidad –es un estado mental en el que el empresario está sin elección y sin necesidad de renunciar a ninguna otra actividad valiosa-, por lo que el impuesto no induciría a su sustitución por la acción alternativa a la que se estaba renunciando. Tan solo un impuesto sobre el 100% de los beneficios empresariales haría que al empresario le fuera indiferente entre estar alerta o no y, por tanto, ejercer o no la función empresarial.

Por tanto, el empresario (desde la concepción kirzneriana) no se vería afectado por el impuesto (parcial) sobre los beneficios empresariales, y continuaría estando alerta ante posibles oportunidades de negocio aunque obtuviera menores ingresos, sin ningún tipo de incentivo a modificar su actuación por otras alternativas.

Sin embargo, es cierto que el propio Kirzner ofreció unas conclusiones algo matizadas en su trabajo dedicado expresamente a los impuestos desde una perspectiva empresarial. Parece que este autor abre la posibilidad a que el impuesto sobre beneficios empresariales (parcial, que no grave el 100% del beneficio) también podría tener sus consecuencias, aunque sea "ligeramente", en el sentido de que haga que el empresario deje inexplotadas algunas oportunidades de ganancias. Esto se explica porque el impuesto reduciría el beneficio empresarial puro, que es el incentivo para que el empresario descubra, a través de la alerta, las posibilidades de ganancia a su alrededor[1].

Por tanto, quedaría pendiente aclarar si realmente el impuesto sobre beneficio empresarial también afectaría a la propia perspicacia del empresario en el descubrimiento de nuevas oportunidades de negocio (ex ante) o sus efectos provendrían de gravar las acciones empresariales ya planeadas o realizadas (ex post).

[1] Pero admitir este efecto tiene poco encaje en el concepto de empresarialidad del propio Kirzner, explica Valerio Filoso, puesto que implica que el empresario puede decidir si estar o no en un estado de alerta, y que este tiene un coste de oportunidad, aunque sea mínimo.

Austeridad, es decir, crecimiento

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Tenemos que elegir, nos dicen. O crecimiento, o austeridad. La austeridad es necesaria, porque el gasto corre a una velocidad que los pobres ingresos del Estado, ¡pobres, ellos!, no pueden alcanzar. La deuda crece y los inversores, ¡ricos, ellos!, caen en la desconfianza. Pero a base de detraer demanda, en una ciega y suicida carrera por convencer al mercado, a Merkel y al Fondo Monetario Internacional, socavamos nuestro propio hoyo de decrecimiento y nos alejamos de nuestro objetivo. ¿Cómo ser austeros y no serlo a un tiempo? ¿Nos enconamos con la pala de los recortes en la tierra hasta cavar nuestra propia tumba? ¿Salimos, a tumba abierta, a base de gastar el dinero que no tenemos?

Este es el dilema que se nos pone ante nosotros. Es incontrovertible que la primera respuesta a la crisis, allá por el 2008, fue el recurso al gasto público. Eran los días en que un grupo de políticos iba a “reinventar el capitalismo”. El FMI, bajo la dirección de un socialista francés a punto de ir al calabozo, animó a todos los Estados a gastar dinero. Luego fue el capitalismo el que les reinventó a ellos, y les puso los límites de esa carrera de gasto. Entonces, bajo la batuta de Alemania, con Francia como comparsa, entramos por el aro de los ajustes y los recortes. El resultado es que, así como en 2009 habíamos comenzado a recuperar cierto crecimiento, en 2011 entramos de nuevo en la recesión.

Lo explica con claridad un artículo de Marcus Miller y Robert Skidelsky, publicado en el Financial Times: “Los efectos económicos de esta política se hacen más claros cada día: A diferencia de los Estados Unidos, a diferencia de los BRICs (Brasil, Rusia, India y China), Europa ha dejado esencialmente de crecer. Y hay poca esperanza de que vuelva a crecer en un futuro cercano. Ni, evidentemente, sus problemas se han arreglado. Dado que el colateral de la deuda soberana es la capacidad de pago de sus ciudadanos, la recesión y el desempleo minan su capacidad de servir la deuda”. ¿Y Grecia? Es un caso extremo de lo que explican.

Por tanto: “Europa tiene alguno de los mejores (y mejor pagados) expertos financieros del mundo. Dejemos que sus talentos ayuden a que los gobiernos se zafen de sus grilletes de papel e ingenien vías para reducir la deuda sin austeridad”. Y aquí viene lo bueno: “Si tiene que ser por medio del gasto, financiado fuera de balance por medio de pasivos garantizados o por mayores impuestos, sea. Si tiene que ser por medio de restructuraciones sustanciales de las deudas soberanas por una permuta financiera con deuda indexada o bonos de crecimiento, o con períodos de gracia hasta que vuelva el crecimiento, sea. Si tiene que ser desplazando parte del peso de la deuda en las generaciones más viejas, que poseen esa deuda, también se puede afrontar esta cuestión política”. Lo que sea, vaya.

Pero antes de decantarnos por nuevas y fabulosas medidas de gasto, ingeniadas por la ingeniería financiera que antes criticábamos, debemos examinar si, efectivamente, la vía de la austeridad ha fracasado.

Veronique de Rugy, en un artículo reciente publicado en el Mercatus Center, ha hecho un sencillo ejercicio: poner en un gráfico la evolución del gasto público de Francia, Italia, España, Grecia e Irlanda. Todos crecen desde 2002. Pero es que todos crecen desde 2008, menos Grecia e Irlanda, que apenas bajan. ¿De qué ajuste hablamos? Por un lado, del recorte del gasto discrecional, que apenas compensa el aumento de gasto comprometido. Curiosamente, el primero tiene más relación con el crecimiento que el segundo, pues éste son sobre todo transferencias, que van directamente al consumo. Y por otro, del aumento de los impuestos.

Hay otra vía. Es la de la verdadera austeridad, que se centra en el recorte en el gasto, aunque también, pero en menor medida, en la subida de los impuestos. Como dice Veronique de Rugy en un artículo para el Washington Examiner, y recoge un informe del FMI, es el caso de Letonia, Lituania y Estonia. Por lo que se refiere a Letonia, el país llegó a alcanzar un déficit del 23 por ciento del PIB, con una inflación del 18 por ciento. De 2008 a 2010, el PIB cayó un 25 por ciento, y el paro superó el 20 por ciento. El país mantuvo los servicios públicos, pero recortó el gasto y los salarios públicos. Incrementó el IVA del 18 al 21 por ciento en 2009, pero mantuvo el resto de impuestos. En enero de 2009 ya estaba en superávit y en septiembre de 2010, con su moneda anclada al euro, sus exportaciones habían alcanzado los niveles previos a la crisis. En Lituania, el ajuste recayó aún más en el gasto.

Muy notable es el caso de Suecia. Anders Borg, el ministro de Economía al que le tocó gestionar la crisis en aquél país, no siguió el consejo del FMI, ni el ejemplo de Gordon Brown, ni la pretensión de Sarkozy de hacer un capitalismo menos capitalista. No. Su camino pasó por recortar los beneficios sociales y por recortar, también, los impuestos, como los impuestos sobre la propiedad. “A todo el mundo le decían: ‘¡Estímulo!, ¡Estímulo!, ¡Estímulo!’. Era sorprendente que Europa, que había experimentado en los años 70’ y 80’ el paro estructural, creyese que un keynesianismo de corto plazo iba a solucionar el problema”. No le faltan ejemplos de esa cortedad de miras: “Mire a España, Portugal o el Reino Unido, cuyos gobiernos apoyaron grandes estímulos fiscales. Bien, podemos ver cuán poco estímulo llegó a la economía, pero ha ido a parar a la deuda”.

Letonia, cuyo PIB cayó un 17,95 por ciento en 2009, perdió un 0,34 por ciento en 2010 y creció un 14,4 por ciento el pasado año. Lituania decreció un 14,4 por ciento en 2009 y creció al año siguiente un 3,1 por ciento. Ya el año pasado creció un 8,0 por ciento. Y Estonia, que se contrajo un 14,2 por ciento hace 3 años, en 2010 ya crecía un 2,3 por ciento y en 2011, un 7,6 por ciento. En 2009 cayó el PIB en Suecia un 1,4 por ciento, y al año siguiente, un 5,8. Ya el pasado año crecía al 5,2 por ciento.

¿No es eso austeridad? ¿No es eso crecimiento?

Predicar en el desierto: menos impuestos y menos gastos

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

George Stigler (1911-1991) explica en su ensayo "El economista como predicador" que para él, la predicación (aplicado a los economistas) es una clara y razonada recomendación o denuncia de una política o forma de comportamiento de los hombres o sociedades de hombres. Esta tarea que Stigler le asigna al economista no implica necesariamente que éste tenga un sistema de valores que esté dispuesto a imponer porque, como dijo en 1848 John Stuart Mill:

Un disparate (…) no deja de ser un disparate cuando hemos descubierto las apariencias que lo hicieron plausible.

Así, los economistas nos hemos dedicado a predicar eficiencia o equidad a quienes nos han querido oír. Pero lo más relevante, y triste a la vez, es la conclusión de Stigler. Los predicamentos de los economistas son bien recibidos cuando decimos lo que la sociedad quiere oír.

Esta lección ofrecida en 1981 está de plena actualidad. Cada vez más, a nuestro alrededor, brotan como champiñones predicadores proclamando los mensajes que la sociedad necesita para seguir viviendo como si no pasara nada. Así, se justifica seguir gastando como se justifica que fumar es sano: con razones sesgadas, verdades manipuladas y argumentos falaces.

La austeridad, por más que nos machaquen una y otra vez, no es una virtud de nuestro gobierno. No se ha reducido verdaderamente el gasto, no se gestiona con austeridad. Se han hecho "recortes" testimoniales, pero no se ha reducido todo lo que se podía reducir, ni un porcentaje representativo. La razón que muchos aducen es que no es suficiente, que con eso no tenemos ni para empezar. Y a continuación, nos suben los impuestos, para recaudar una cantidad con la que tampoco cubrimos el agujero de deuda. Pero ahí no ponen pegas.

Para vergüenza mía, de algunos colegas (y amigos) y de mis maestros que me han enseñado a ser honesta también como economista, la mayoría de la profesión en España predica un reblandecimiento de las medidas de austeridad, esa inexistente austeridad. En lugar de pedir restringir gastos de verdad empezando por los superfluos, fomento de la actividad empresarial, no penalización del ahorro, etc., mis colegas aconsejan gastar más en educación y sanidad, cobertura para inmigrantes sin papeles, por más que eso signifique saltarse la ley, y todo tipo de impuestos y penalidades para el loco al que se le ocurra ahorrar para invertir en este país. Y no sólo eso. Que quien tenga dinero en cuentas de fuera sea castigado igualmente. Dentro de nada van a penalizar a quien piense siquiera en montar una empresa.

La zanahoria de estos consejos, lo que atrae tanto al público es que estamos en una situación difícil, con cada vez más parados y mucha gente que pasa penuria y ha de acudir a comedores sociales. Pero, además, y sobre todo, estamos en un estado de alarma respecto a lo que viene por delante. Y es esa situación es fácil atacar al que gana dinero honestamente. Porque el que lo gana deshonestamente, no lo cuenta. Y aunque se le pille no pasa nada. Con suerte, con mucha suerte, lo devuelve y punto. Así que el lucro es el mayor de las vergüenzas de nuestra nación, incluso si es ese afán de lucro lo que puede proporcionar puestos de trabajo y rentas a quienes ahora lo pasan mal.

Por más impopular que sea hay que decir que los incentivos que estos economistas están fomentando son la vaguería y el trapicheo. Se promueve vivir a costa del otro. Algo que en otras sociedades es lo más indigno que le puede pasar a alguien, en nuestra sociedad es el pan nuestro de cada día. Y si te niegas o protestas te tachan de tonto: trinca mientras puedas. Nuestros alumnos no aprenden, pasan de curso. Los inmigrantes acuden atraídos por unos servicios que ellos no han de pagar. Los ciudadanos piden gratuidad, que, como ya sabemos, quiere decir que sean los impuestos de los demás los que financien mis necesidades. Y de esta forma, nuestra sociedad es cada vez más irresponsable y más ciega.

Para que cambiaran las cosas sería necesario, en mi opinión, empezar por el talón de Aquiles de todas las sociedades: el sistema financiero. Mientras se mantenga un sistema en el que se pueden seguir montando burbujas por razones políticas, prestando sin respaldo para salvar la cara de los gobernantes, o de la Unión Europea, o de un club de amigos banqueros, los ciudadanos no seremos nunca una sociedad civil capaz de recuperar las riendas. De esta forma, todos aprenderíamos a no financiarnos con deuda, a vivir de lo que ingresamos y a esforzarnos si queremos mejores bienes y servicios.

No sería el único paso, desde luego, pero creo que sí debería ser el primero. No tengo la más mínima esperanza de que suceda.

¿Cuáles son los efectos de subir el IVA?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, cuando de analizar el impacto económico de los impuestos se trata, de nada sirve acudir al texto legal, pues una característica esencial de los tributos es que pueden ser repercutidos: no los paga el que figura como sujeto pasivo, sino aquel otro al que el sujeto pasivo es capaz de trasladarle total o parcialmente la carga del impuesto. Es necesario, pues, ir más allá de lo evidente y estudiar cuáles son las consecuencias últimas del IVA. 

Empecemos explicando grosso modo su funcionamiento: aunque el IVA lo paga el consumidor, es cada empresario el que tiene que repercutir el gravamen sobre los bienes o servicios que vende a sus clientes, esto es, es al empresario a quien le corresponde la obligación tributaria de recaudar e ingresar al erario el monto del impuesto. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el cliente de un empresario es otro empresario? Pues que ese otro empresario soporta el pago del IVA pero también se lo repercute más adelante a sus propios clientes, por lo que únicamente deberá abonar a Hacienda la diferencia entre el IVA que ha soportado y el IVA que ha repercutido (es decir, cada empresario ingresará el gravamen sólo en función del valor añadido que ha aportado a la producción).

Por ejemplo, supongamos un tipo fijo del IVA del 20%. El empresario A vende madera por 10.000 euros al empresario B, a cuyo importe ha de repercutirle el gravamen del 20% (siendo el precio final 12.000 euros). El empresario B utiliza la madera para fabricar sillas y se las vende al empresario C (un minorista) por 15.000 euros más el IVA (es decir, 18.000 euros). Finalmente, el empresario les venderá las sillas a los consumidores por 30.000 euros más el IVA (es decir, 36.000 euros). Si repasamos las transacciones anteriores, comprobaremos que el empresario A ha repercutido a B 2.000 euros por IVA (cantidad que tendrá que ingresar a Hacienda), que el empresario B ha soportado de A un IVA de 2.000 euros y ha repercutido a C 3.000 euros (de modo que tendrá que ingresar a Hacienda sólo 1.000 euros) y el empresario C ha soportado de B 3.000 euros por IVA y ha repercutido a los consumidores 6.000 euros (por lo que tendrá que ingresar a Hacienda 3.000 euros). En total, Hacienda recibirá 6.000 euros (2.000 de A, 1.000 de B y 3.000 de C), que coincidirá con el monto abonado por los consumidores.

Hasta aquí los efectos que busca el legislador. Pero, ¿cuáles son sus consecuencias reales de establecer o incrementar el IVA?

La primera, claro está, es una fuerte presión a que se incrementen los precios de todos los bienes de consumo. Ahora bien, esa presión no será uniforme, pues ni todas las empresas lo tendrán igual de fácil para repercutir el nuevo impuesto al consumidor final ni a todas les interesará hacerlo en la misma medida. En concreto, aquellas empresas con márgenes de beneficio muy estrechos y que sobreviven gracias a vender un gran número de unidades (por ejemplo, los supermercados) preferirán repercutir el IVA a menos que su demanda experimente un desplome colosal; por otro lado, aquellas empresas que venden pocas unidades a unos márgenes de beneficios muy amplios (por ejemplo los astilleros) optarán por no repercutir el IVA a poco que se les pudiera reducir la demanda.

La razón es sencilla de comprender: a las primeras les interesa conservar su margen de beneficio (aun a costa de menores ventas) mientras que a las segundas les compensa conservar sus ventas (aun a costa de un más estrecho margen). Por consiguiente, no siempre un mayor IVA se traducirá en precios más altos.

Lo que sí sucederá en cualquier caso, sin embargo, es que los beneficios de las empresas serán menores que en ausencia del impuesto, ya se deba a la caída de las ventas o a los más estrechos márgenes. Y esta reducción de beneficios nos lleva a la segunda consecuencia de la subida del IVA: las empresas irán cancelando aquellos proyectos que dejen de ser rentables, despidiendo a los factores productivos allí empleados. Vemos, por tanto, que el IVA, lejos de pagarlo en exclusiva el consumidor, extenderá sus efectos perversos tanto sobre los accionistas de las empresas cercanas al consumo cuanto sobre los trabajadores y proveedores de esas compañías.

Por eso, dicho sea de paso, es importante que las empresas tengan libertad para decidir si quieren tratar de repercutir el IVA sobre sus precios finales o no. Lo esencial no es que se minimice la influencia del IVA sobre el consumidor, sino que se minimicen las pérdidas derivadas de su implantación, pues, en caso contrario, se estará maximizando la destrucción de producción y de empleo en perjuicio del conjunto de la economía. De ahí también, por cierto, que muchos economistas aboguen por combinar la subida del IVA con una reducción de las cotizaciones sociales, pues algunas de las líneas de producción que dejan de ser rentables con el aumento del IVA pueden volver a serlo con la rebaja de los costes laborales (si bien el resto de factores no se salvarían de la quema).

En tercer lugar, la caída de beneficios empresariales podría contenerse mediante las alteraciones que el aumento del IVA genere sobre las relaciones comerciales. Por un lado, el IVA encarece no sólo la producción nacional, sino también la producción extranjera, por lo que hasta cierto punto podría existir una cierta sustitución de importaciones: los consumidores nacionales podrían dejar de comprar bienes foráneos para mantener sus compras interiores, cargando las tintas del ajuste del gasto en los productores extranjeros. Por otro, dado que las exportaciones se encuentran exentas de IVA, los productores nacionales se verán incentivados a dar salida en los mercados exteriores a su producción –donde no se habrá encarecido–, lo que podría compensar en todo o en gran parte la caída interna de las ventas.

En este sentido, suele decirse que los efectos del IVA sobre el comercio exterior son parecidos a los deuna devaluación de la moneda, pero en realidad sus efectos no son exactamente iguales. Primero, porque la tendencia a la sustitución de importaciones es muy inferior en el caso de la subida del IVA (la devaluación encarece sólo los productos extranjeros, mientras que el IVA encarece los internos y los extranjeros); segundo, porque la promoción de las exportaciones es menos intensa con la subida del IVA (la devaluación abarata las exportaciones en moneda extranjera; el aumento del IVA no abarata las exportaciones, simplemente no las encarece); tercero, porque las distorsiones sobre los precios relativos son menores con el IVA (la devaluación encarece las importaciones de factores extranjeros, lo que necesariamente modifica los patrones de producción internos); y cuarto, la expectativa de un aumento del IVA no incentiva por sí mismo una salida de capitales del país, como sí lo hace la expectativa de devaluación. En resumen: los efectos del aumento del IVA sobre el comercio exterior serán más bien parcos y muy probablemente no compensen la reducción interna de la demanda.

En cuarto término, en la medida en que el aumento del IVA encarece el gasto en consumo, podría pensarse que promueve el ahorro y todos los muy beneficiosos efectos sobre la economía que éste acarrea. Pero esto no es necesariamente así: de hecho, el incremento de los gravámenes sobre el consumo bien podría terminar generando un desahorro en el conjunto de la economía, pues las familias podrían optar por consumir un mayor porcentaje de sus rentas para mantener sus encarecidos niveles de consumo. Si, en cambio, el IVA impulsa en mayor o menor medida el ahorro y la inversión, a corto plazo se podría reabsorber a parte de los factores desempleados en las industrias de consumo y a largo plazo sería posible regresar a los niveles anteriores el consumo privado gracias a la mayor productividad. Con todo, en países con fuertes incertidumbres internas, el acrecentado volumen de ahorro podría terminar refugiándose en el extranjero, con lo que no habrá una mayor inversión interna y, por tanto, el mayor consumo futuro sólo sería posible para los capitalistas y no para los trabajadores.

Y, por último, el aumento del IVA agravará los problemas de liquidez de algunas de las empresas de la economía. Por un lado, no será inhabitual que los empresarios deban ingresar su cuota diferencial entre el IVA que han repercutido y el que han soportado antes de que hayan cobrado las facturas que contienen el IVA repercutido. Por otro, algunos empresarios acumularán saldos acreedores por IVA con la administración tributaria en el curso normal de sus actividades (por una gran inversión inicial en activos fijos o circulantes que no hayan repercutido por completo en sus ventas). En ambos casos, los profesionales deberán disponer de reservas de tesorería o de líneas de crédito extraordinarias, lo que les acarrearán un sobrecoste financiero que en buena medida contrarrestará los efectos positivos del mayor ahorro potencial atribuible al IVA.

En definitiva, el aumento del IVA deprime de manera desigual las ventas de las empresas más cercanas al consumo y promueve el cierre de aquellas explotaciones menos rentables; dos pauperizadores efectos que aparentemente podrían compensarse en parte con la mejora del saldo exterior, el aumento de la inversión interna y el (ineficiente) incremento del gasto público que el IVA puede conllevar. Sin embargo, lo primero y lo segundo no es seguro que se den de manera apreciable y lo tercero no tiene por qué ser más deseable para los consumidores que los bienes que hubiesen podido adquirir en ausencia del mayor IVA: es decir, en cualquier caso, la sociedad se empobrecerá.