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Etiqueta: Fiscalidad

El PP sigue en la inopia

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Es decir, aprobar ingentes inyecciones de gasto público, ya sea impulsando la obra pública o ampliando la cobertura por desempleo. Ni rastro de reforma laboral. De hecho, la nueva ministra de Economía, Elena Salgado, tiende su mano a los sindicatos en aras de mantener la tan ansiada pax social.

Nada nuevo bajo el sol. Lo más preocupante, sin embargo, es que el plan de reformas que acaba de proponer el PP denota que el principal partido de la oposición sigue en la inopia. La clase política española parece no percatarse de que España, al igual que está sucediendo en Europa del Este, se hunde. Si hace dos años lo que se negaba era la crisis, hoy PSOE y PP no se enteran del riesgo real de depresión económica a la que se enfrenta este país. Rajoy sigue sin respuestas.

El presente año arroja un panorama muy preocupante, con un paro que rondará el 20% a finales de 2009, un déficit público superior al 8% del PIB y una contracción de la economía nacional de entre el 5% y el 8%. Pero en 2010, el escenario será desolador. De no apostar por las reformas necesarias, la tasa de paro podría alcanzar el 30%. La rigidez laboral, la falta de competitividad exterior, la creciente insolvencia bancaria y la escasa productividad son materias de emergencia nacional.

Y puesto que el PSOE ya ha marcado su nueva estrategia –comprar votos vía subvención, hasta que sea posible–, ¿qué hoja de ruta propone el PP? Limitar el gasto público en los Presupuestos Generales del Estado en los años venideros al 2% como máximo y consensuar –algo imposible– un techo de gasto en las comunidades autónomas y las corporaciones locales de las grandes ciudades.

En materia fiscal se limita a incrementar el tipo de deducción en el IRPF por la adquisición de vivienda hasta el 25% (desde el 15% actual); sustituir en 2009 la deducción de 400 euros anuales en la cuota del IRPF por una reducción equivalente de la parte correspondiente al trabajador de las cotizaciones sociales; aprobar una nueva deducción en el IRPF del 10% de los rendimientos del trabajo destinados al ahorro a medio y largo plazo; mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones (que no concreta); y reducir el Impuesto sobre Sociedades al 20% para las pymes.

Error. El Estado y el conjunto de las Administraciones Públicas deben recortar drásticamente el gasto público e, incluso, eliminar por completo no sólo ministerios y organismos oficiales, sino partidas presupuestarias completas, desde subvenciones hasta programas de inversión pública. De mantener el nivel de gasto de años pasados, y dado el desplome que sufre y sufrirá la recaudación fiscal, el déficit presupuestario se traducirá en un disparatado aumento de la deuda pública hasta niveles superiores al 80% ó 90% del PIB nacional en los próximos años. Con todo lo que ello conlleva: drástico aumento de impuestos (véase Irlanda), nueva degradación de los bonos del Tesoro español (coste de la financiación pública insostenible) y la reacción por parte de la UE (sanciones, ¿expulsión del euro?).

Además, sin recorte del gasto público, la tímida rebaja de impuestos que propone el PP será inocua y del todo insuficiente para incentivar el ahorro y aumentar la liquidez de empresas y familias. De hecho, España debería apostar por una recorte sin precedentes de la presión fiscal. Por otra parte, todo lo anterior tampoco servirá de mucho si no se afronta de una vez por todas una valiente reforma laboral.

El PP resume su propuesta en esta materia en cuatro líneas: "promoción con los agentes sociales de un Gran Acuerdo Parlamentario por el Empleo y la Competitividad que facilite la empleabilidad, busque la seguridad de los trabajadores, fomente la contratación, especialmente la indefinida, a través de una bajada selectiva de las cotizaciones sociales, y mejore los mecanismos de cobertura por desempleo". Que es como decir absolutamente nada.

En el plano administrativo, el PP apuesta por la unidad de mercado y reducir trámites burocráticos para crear empresas. Esta última iniciativa se plantea año tras año con resultados nefastos, ya que nunca llega a implementarse. Es como el mito de la justicia rápida y barata. Ya va siendo hora de que alguien abogue de una vez por la implantación del silencio administrativo positivo. Esto es, cree su empresa en 24 horas y un solo trámite, eliminando intermediarios y simplificando al máximo la normativa, para que luego la Administración, si es necesario, aplique un control a posteriori.

Por último, los populares reconocen que la viabilidad del Estado de Bienestar corre peligro debido a la crisis. ¿Solución? Abrazar la Ley de Dependencia; reformar el sistema de pensiones con el fin de rebajar la cuantía a percibir por los futuros jubilados (sin mencionar la posibilidad de elegir entre un plan público o privado); y un Pacto Nacional sobre la siempre deficitaria Sanidad Pública.

Vaya plan anticrisis. Las reformas que se envuelven en discursos políticamente correctos, bañadas en "pactos sociales", "solidaridad" y "Estado de bienestar", no solventarán la graves carencias estructurales de la economía española. ¿Mejor que el PSOE? Puede, pero a la hora de la verdad la futura miseria de los españoles seguirá siendo, en gran medida, responsabilidad de ambos partidos.

La voracidad confiscatoria del G-20

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En concreto, desde 1929 a la fecha, cuando la economía no podía reinflarse mediante reducciones de los tipos de interés (por ejemplo en la Gran Depresión, en los 70 o en Japón a principios de los 90), los Gobiernos siempre tenían margen presupuestario para justificar una brutal expansión del gasto público.

El paradigma era precisamente el New Deal de Roosevelt: un magno programa de obras públicas y de políticas sociales que diera un vuelco a la relación entre la ciudadanía y el Estado. Al fin y al cabo, gracias al vademécum keynesiano, el incremento del gasto público destinado a estabilizar las expectativas de los agentes económicos siempre encontraba justificación. El Estado sólo tenía que gastar y gastar hasta la saciedad, tomando prestado lo que los inversores privados supuestamente guardaban bajo el colchón por una coyuntura enormemente incierta; luego, cuando la economía retomara el vuelo, sólo habría que amortizar ese endeudamiento previo incrementando la recaudación.

Ahora, sin embargo, todo este recetario keynesiano, si bien siguen blandiéndose a pies juntillas por políticos y economistas institucionalizados, se ve constreñido por una toduza realidad: en casi todos los países occidentales la presión fiscal ya representa entre un 40% y un 50% del PIB. Dicho de otra manera, es difícil, si no imposible, que los Estados incrementen mucho los impuestos en el futuro para devolver los elefantiásicos pasivos que están contrayendo hoy. Esencialmente porque, gracias a la globalización, los capitales privados escapan con celeridad de las regiones con una fiscalidad más confiscatoria y se refugian en los países con una actitud más respetuosa hacia la propiedad privada. Así pues, si en el remoto día en que salgamos de la crisis el Estado quiere generar los superávits presupuestarios necesarios para amortizar su deuda actual, los políticos tendrán que reducir su preciado gasto público.

Sin embargo, dado que éste resulta cada vez más rígido e "irrenunciable" para un Occidente en proceso de socialización, parece que los políticos, sin reconocerlo ni proclamarlo, han decidido ampliar su capacidad para esquilmarnos. Es decir, han decidido volar los diques de contención que el mercado había ido erigiendo para proteger a los individuos y su riqueza.

Es en éste contexto en el que debe entenderse la propuesta de eliminar los paraísos fiscales e, incluso, la disparatada idea de seguir avanzando hacia el proteccionismo. En la medida de lo posible, los Estados buscan coordinarse para que no queden lagunas y recovecos internacionales donde puedan guarecerse los patrimonios privados. Se trata de impedir que, por fin, ese "dinero caliente" que tanto molesta a los gobiernos depredadores no tenga otra salida que rendirse maniatado ante nuestros hambrientos publicanos.

Cerrar los paraísos fiscales en nada contribuirá a impedir que se reproduzcan crisis económicas en el futuro. Pero sí abrirá la puerta a brutales subidas de impuestos en Occidente. Quizá ésa sea la panacea que nos ofrecen: una economía socialista que no sufra periodos recurrentes de crisis, pero porque viva instalada en ella.

Del paraíso al infierno fiscal

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

La existencia de los paraísos fiscales toca a su fin. Los pequeños países que hasta el momento han servido de refugio a inversores y empresas para ocultar sus beneficios y ahorros de la amplia sombra del fisco se están rindiendo, uno a uno, a la presión internacional de los grandes estados. Y sin paraísos tributarios, ¿qué nos queda entonces? El infierno fiscal o, con suerte, el purgatorio impositivo.

Sorprende la facilidad con la que la actual crisis económica amenaza con borrar del mapa los pequeños búnker en los que ahorradores, inversores y compañías privadas de todo tipo y condición podían evadir legalmente impuestos y altos gravámenes. Los peores augurios se confirman. La presión internacional aplicada por las principales economías del planeta, englobados en el denominado G-20, parece que ha ganado la guerra.

Tras algunas amenazas serias, Suiza, Austria, Andorra, Liechtenstein y Luxemburgo han caído. Sin apenas presentar batalla, se han rendido al fisco de las grandes potencias y están dispuestos adoptar la normativa de transparencia fiscal impuesta por la OCDE. Adiós al secreto bancario. Tras la cumbre internacional del próximo 2 de abril, dichos paraísos serán declarados oficialmente muertos. Mónaco, Singapur y Hong Kong se enfrentan al mismo destino, abrir sus cuentas bancarias, hasta ahora opacas y confidenciales, a los inspectores de Hacienda que así lo demanden.

¿No atenta esto contra la legítima soberanía de un Estado? Plegarse al mandato o atenerse a las consecuencias del aislamiento y la sanción internacional ¿Acaso no es esto una amenaza? Es más. De hecho, se trata de una evidente declaración de guerra en términos tributarios. Algo de gran trascendencia si se tiene en cuenta que el Estado, interventor público por excelencia, se nutre de los impuestos que, coactivamente, recauda de ciudadanos y empresas.

La evasión fiscal será, sin duda, mucho más ardua y difícil a partir de ahora. Además, tras la eliminación, en la práctica, del secreto bancario no me extrañaría en absoluto que se tratara de obligar a estos países-refugio a armonizar su ventajosa presión tributaria con el fin de reducir e, incluso, eliminar las diferencias de impuestos existentes con otras grandes potencias. Luxemburgo, un grano en el centro de Europa, se ha convertido en uno de los países más ricos del mundo gracias, precisamente, a tales divergencias competitivas entre estados-nación. No por casualidad ostenta el admirable récord de contar con uno de los mayores ratios de multinacionales y empresas residentes por habitante.

Y no. El tamaño no tiene nada que ver. La clave aquí radica en la ventajosa fiscalidad que aplica. Hasta tal punto ha llegado la presión de los grandes estados contra este tipo de paraísos que el Gobierno británico estudia suspender el Parlamento y la Constitución de las islas Turcas y Caicos, un refugio fiscal en el Caribe.

Las grandes potencias se escudan en que este tipo de enclaves sirven, en realidad, de lavadoras para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. Ahora bien, ¿qué debemos entender por actividades ilícitas? Aquello que el Estado decrete como ilegal, como por ejemplo, el juego, la prostitución, el tráfico de drogas, la venta de armas, la evasión y el fraude fiscal, la ocultación al fisco de cuentas paralelas o la creación de sociedades… Entramos, pues, en el campo de la ética ya que, al fin y al cabo, los gobiernos tienen casi potestad plena para decidir lo que es o no ilegal.

En este sentido, resulta evidente que la procedencia y el seguimiento del dinero que emplean los grupos terroristas o que sirve de financiación a actividades criminales, en el sentido más puro del término, siempre puede ser materia de investigación judicial, embargo y congelación, en cualquier paraíso fiscal que así se lo requiera un juez, según el derecho internacional vigente. De todos modos, más allá de las razones últimas y verdaderas que han originado este movimiento por parte del G-20, debate de otro ámbito, resulta triste que muchos ciudadanos aplaudan el fin de los paraísos fiscales, empleando el manido argumento de "Hacienda somos todos" y "si yo pago, los otros también". Qué pena que se condene la posibilidad de regatear las elevadas cargas tributarias que soportan ciudadanos y empresas, de forma lícita y legal hasta ahora, bajo tales pretextos. El liberalismo acaba de perder una nueva batalla. Mi más sincero pésame.

Contra la solidaridad interterritorial

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, el sudoku carece de solución posible y, además, incumple de forma manifiesta los objetivos que, presuntamente, persigue.

El incremento poblacional de los últimos años, debido en gran medida a la llegada masiva de inmigrantes, y el creciente gasto público en materia sanitaria y educativa hacía acuciante la reforma del actual sistema de financiación, vigente desde 2001. No obstante, las arcas autonómicas presentan un desequilibrio entre gastos propios e ingresos algo superior al 33% de los recursos regionales, según los últimos datos de liquidación tributaria correspondientes a 2006. Es decir, la autonomía fiscal de las CCAA no cubre el coste de las competencias asumidas.

Además, tal dependencia financiera se ha visto acentuada gracias a las nuevas demandas que, una por una, han ido reclamando todas las comunidades autónomas a través de la aprobación de sus respectivas reformas estatutarias. La luz verde que otorgó Zapatero al Estatuto catalán permitió que los Gobiernos regionales se embarcaran en un peligroso juego, consistente en exigir "recursos adicionales" al Estado. Y ello, en base a toda una serie de criterios extravagantes, tales como la existencia de lenguas cooficiales, "déficit en infraestructuras", "deudas históricas", masa forestal e, incluso, "competencia desleal" porque algunas autonomías habían decidido eliminar o rebajar impuestos.

El problema es que los cálculos para determinar el nuevo reparto aún están por determinar, y la negociación se prevé difícil debido, precisamente, a las crecientes demandas económicas y los intereses contrapuestos de las distintas autonomías. Una merienda de negros que amenaza con prolongar la aprobación del nuevo modelo y que hace peligrar el consenso existente hasta ahora en esta materia. Además, salvo sorpresa, es de esperar que el sistema acabe beneficiando a las regiones socialistas en detrimento de las populares.

Sin embargo, más allá de los meros aspectos técnicos que propone Solbes, el sistema en sí adolece de un problema mucho mayor. La financiación autonómica se basa en un principio de solidaridad que, con el paso de los años, ha demostrado ser un fracaso absoluto. El Estado cuenta con la potestad de redistribuir la riqueza no sólo entre ciudadanos sino también entre territorios. Para ello, emplea toda su capacidad coactiva para robar a unos y beneficiar de forma arbitraria a otros mediante la recaudación fiscal.

En este sentido, Madrid es la comunidad autónoma que más aporta al conjunto del Estado, con una media de 12.304 millones de euros durante el periodo comprendido entre 1991 y 2005, duplicando la contribución de Cataluña (6.934 millones), segunda autonomía que más aporta al sistema de solidaridad. En concreto, cada madrileño destina al resto de Comunidades Autónomas 2.300 euros más de lo que recibe del Estado, según un estudio sobre balanzas fiscales elaborado por la Fundación BBVA.

Pese a todo, la comunidad que preside Esperanza Aguirre presenta el PIB per capita más elevado de España, junto a los territorios forales del País Vasco y Navarra. En concreto, la riqueza media de los madrileños y vascos supera en un 37% la media comunitaria (UE-27), según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por el contrario, la comunidades más beneficiadas, en teoría, en el reparto de recursos se mantienen a la cola del ranking. La pretendida solidaridad interterritorial en nada ha mejorado la economía de estas regiones. Así, Extremadura es la única comunidad autónoma que mantiene un índice inferior al 75%. Mientras, Andalucía y Castilla-La Mancha presentan un PIB por habitante por debajo de la media europea en un 18% y un 17%, respectivamente. Dichas regiones, todas ellas socialistas, están a la altura de países tan desarrollados como Estonia, Eslovenia o Eslovaquia, según Eurostat. ¡Todo un logro después de casi 30 años de solidaridad!

El actual sistema autonómico constituye, pues, uno de los ejemplos más evidentes sobre la ineficacia del Estado de Bienestar y la ilegitimidad de la Administración Pública a la hora de redistribuir de forma arbitraria los recursos fiscales procedentes de individuos y empresas. Más allá de los sudokus de Solbes, el espíritu del sistema es el que ha de ser reformado.

Endéudate por el bien común

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Es muy sencillo de entender, la gente antes de gastar, ahorra. Especialmente ante una situación tan singular como la que estamos viviendo.

Algo que, sin embargo, no parecen entender muchos economistas –algunos tan destacados como Xavier Sala-i-Martin o Paul Krugman– y que sí ha comprendido perfectamente el presidente del Gobierno español. Zapatero descartó bajar impuestos porque la gente podría destinar este dinero a ahorrar en lugar de a consumir. Es la primera vez que Zapatero acierta en algo relacionado con la economía, y además también nos sirve para ver cuán poco libres somos en asuntos tan básicos como la gestión de nuestra economía doméstica.

¿Quién es el Gobierno para decidir cuándo y cómo hemos de gastar, ahorrar o invertir? ¿Acaso la democracia le da legitimidad para decidir sobre nuestro bolsillo y actuaciones económicas? Lo mismo puede decirse de otros superorganismos económicos como los bancos centrales. ¿Quiénes son estos burócratas y técnicos para ordenarnos –mediante el robo (impuestos) y falsificación del dinero (políticas monetarias expansivas)– si hemos de ser pobres o ricos?

En las universidades ya se instruye a los futuros economistas con esta mentalidad. No se les explica ciencia económica, sino ingeniería socioeconómica. La enorme mayoría de licenciados parecen autómatas cuando se les plantea una situación económica determinada. No se les enseña a responder preguntas como "¿Cuál es el fenómeno praxeológico del que nace el interés?", "¿Cuáles son las causas del intercambio?", "¿Por qué y cómo surge el dinero?". Se les educa para que digan: "Si hay crisis, se han de tomar políticas monetarias expansivas" (esto es, rebajas de tipos, aumentos de la M3, emisiones de deuda…). Echen un vistazo si no al clásico manual de Varian, Microeconomía intermedia. El autor en varias ocasiones dice a los chicos que si no entienden una fórmula matemática, que la memoricen. Como si se tratara de un mandamiento divino. Esto no es ciencia, sino adoctrinamiento para borregos. La economía, en realidad, es una ciencia que se engloba dentro de la lógica deductiva. Si le quitamos el método, sólo es un arma de adoctrinamiento social y por tanto de manipulación.

El sistema capitalista funciona totalmente al revés. No necesita de dictadores de la producción. Da libertad absoluta al individuo para que decida qué hacer, cuándo y cómo. Si hay crisis, la tendencia no es a gastar, sino a ahorrar y atesorar. El establishment burocrático pretende todo lo contrario: manipula nuestros incentivos naturales –libertad e individualidad– para que gastemos y nos endeudemos ciegamente (Cuando, curiosamente, éste ha sido el origen de la crisis). ¿Solución política? Volver a repetir las malas recetas que nos han llevado aquí. Nos dicen cuánto hemos de gastar, pero no por nuestro bien, sino por el del vecino (y a éste, a su vez, cuánto ha de gastar por nuestro bien). Es un sistema tan absurdo y antinatura que no puede funcionar. De hecho, jamás ha funcionado. Esto se acerca más a la economía del comunismo y del fascismo que a un sistema de laissez faire o puramente capitalista.

Nadie es el amo de nuestro bienestar y nadie sabe mejor que nosotros qué hacer con nuestro dinero. Si nos dedicamos a gastar y endeudarnos como nos pide y exige el Gobierno mediante la manipulación de nuestros incentivos, ¿qué pasará si después no podemos pagar las deudas al banco? ¿Responderán los políticos por nosotros? ¿Hemos de aclararle al banco que le habíamos pedido prestado dinero por un sentido cívico y patriótico cuando no podamos amortizar su crédito?

Si el Estado manipula nuestros incentivos y nos hace continuas llamadas para que gastemos, muy probablemente sea porque él esté sacando algo a cambio, por ejemplo recaudar más impuestos o satisfacer a ciertos lobbies. El Gobierno también tiene sus propios incentivos y siempre van en dirección opuesta a la del hombre libre. Las medidas que se están aplicando en medio mundo no van a servir de nada. Nos espera una larga crisis. La mejor solución es hacer lo que nos dicte nuestro sentido común y desoír a esos fantoches que se creen con legitimidad de opinar y manipular a todo el mundo sin asumir ninguna responsabilidad. Y es que si el Ejecutivo nos dice que gastemos, lo mejor va ser que hagamos lo contrario. Ellos no tienen nada que perder, nosotros sí.

Con mis impuestos, ¡no!

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

En su enésimo plan para salvar la economía y su imagen, Zapatero ha hablado sobre la necesidad de que en estos momentos el Estado dé un paso adelante y tome las riendas de la economía. Los inversores privados están desconcertados, por lo que sólo la decidida acción del Gobierno puede dar estabilidad al país.

Es cierto que, en general, los inversores están sometidos a una cierta parálisis; y no es para menos: en un año, el valor de sus activos patrimoniales ha caído aproximadamente un 50%, sin que el de sus deudas se haya visto reducido en la misma medida. Dicho de otra manera: los empresarios no pueden refinanciar sus deudas a corto plazo, al disminuir el valor sus garantías, y como el aumento de la carga financiera les lleva a reducir costes, caen la producción y los niveles de empleo. Por su parte, los nuevos parados, agobiados por las deudas, restringen su consumo, con lo cual agravan aún más la situación de los empresarios.

Malas condiciones, pues, para asumir riesgos. Antes de iniciar nuevos proyectos debería, como mínimo, sanear mi situación financiera. Debería reducir mis gastos para poder liquidar las deudas y sólo entonces plantearme el volver a elevar mi nivel de consumo y contraer nuevas deudas con las que emprender nuevos proyectos empresariales.

Una manera bastante eficiente de saldar viejas deudas pasa por vender a bajos precios parte de mi patrimonio. Si, por ejemplo, tengo una hipoteca sobre mi segunda vivienda, enajeno este inmueble –en las condiciones actuales, a un precio bastante inferior al de hace unos años– y con los ingresos amortizo parte de la deuda (con lo que reduzco la cuota mensual a la que debo hacer frente con mis ingresos corrientes). El mismo consejo vale para reducir una deuda empresarial.

Esto no sólo permite reducir parte de las deudas, sino que además disminuye el precio de los bienes de capital y facilita la iniciación de nuevos proyectos empresariales. Plantéeselo así: si el bajo de un edificio cuesta un millón de euros, montar una peluquería puede no ser demasiado rentable; en cambio, si su precio cae a 50.000 euros, probablemente encuentre muchas formas de rentabilizar la inversión.

La enajenación de los activos permite reducir la deuda que ata a los empresarios a sus malas decisiones pasadas y disminuir los precios inflados de los bienes de capital que les nublaba la rentabilidad de sus planes de inversión futuros. Por tanto, no conviene dificultar este proceso de reestructuración empresarial: los precios de la vivienda tienen que bajar, muchos salarios tienen que caer y muchas empresas tienen que quebrar.

¿Y cómo facilitar y acelerar este crítico proceso de ajuste? Por un lado, con ahorro. Cuanto más ahorro haya, más rápidamente se dará salida a los activos en venta y más se reducirán las deudas que lastran las decisiones de los agentes. Asimismo, una mayor cantidad de ahorro permitirá financiar de manera sólida y adecuada los nuevos proyectos empresariales, a unos tipos de interés bajos. Por otro, mediante la liberalización del mercado de los factores productivos. Si, por ejemplo, fuese ilegal (o muy costoso) vender casas, el proceso de ajuste anteriormente descrito no tendría lugar. Por tanto, hay que evitar las regulaciones redundantes que pretenden retrasar las transacciones. Uno de los mercados más intervenidos es el laboral. Es complejo readaptar las condiciones de un trabajador (salario y funciones), y despedirlo es muy caro, de modo que, en lugar de reducir los sueldos, los empresarios optan por los despidos y evitan las recontrataciones de personal, para así no tener que hacer frente en el futuro a nuevos y onerosos despidos.

Pues bien, el plan de Zapatero, que sigue la idea keynesiana de que es necesario gastar tanto como se pueda en tiempo de crisis, sigue la peor dirección posible. El Gobierno empleará 11.000 millones de euros de los españoles para financiar proyectos variopintos, relacionados, por ejemplo, con las infraestructuras, la automoción y la hostelería.

Dicho de otra manera: si los españoles necesitan ahorrar para superar la crisis, Zapatero les forzará a despilfarrar 11.000 millones, que ya no podrán ser utilizados en la adquisición de activos de los agentes que desean reducir su deuda. No sólo eso, dado que esos 11.000 millones se financiarán con cargo al déficit público, los españoles no reduciremos nuestra deuda, sino que la veremos coactivamente incrementada.

Además, parte de ese dinero afluirá a sectores que deben reestructurarse profundamente (esto es, vender a bajo precio sus activos), como el de la automoción, el de la hostelería o el de la construcción. Pese a que los consumidores (nacionales y, sobre todo, extranjeros) no quieran sus productos a los altos precios actuales, la inyección de capital de Zapatero les permitirá sobrevivir durante más tiempo, con lo cual retrasará las enajenaciones pertinentes, los ajustes de precios y, por tanto, el inicio de la recuperación.

Mientras este plan absurdo se pone sobre el tapete, las imprescindibles reformas laboral y energética son sistemáticamente olvidadas, como si no fueran asunto del Gobierno. Pero las dramáticas consecuencias de esta irresponsable pasividad siguen lastrando nuestra economía: el paro aumenta a un ritmo vertiginoso y el déficit exterior sigue desbocado por nuestra dependencia energética.

Así pues, la economía española, lejos de ajustarse, sigue siendo una máquina agarrotada cuyo funcionamiento se está intentado forzar a base de golpes y patadas. El Gobierno no sólo bloquea el reajuste de sus piezas, sino que además le está chupando el combustible.

Sin flexibilidad y sin ahorro, la economía española está condenada a padecer una depresión formidable. Y es que cuando Keynes entra por la puerta, la perspectiva de recuperación sale escopeteada por la ventana.

Rajoy, el rojo

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

España se enfrenta a la mayor crisis económica de los últimos 40 años. La destrucción de empleo, el creciente desequilibrio presupuestario y la intensa recesión económica acaban de dar comienzo y, por desgracia, contamos con un Gobierno que, además de mirar para otro lado, amenaza con subir los impuestos y disparar la deuda pública. Sin embargo, lo más preocupante es que carecemos de una oposición capacitada para afrontar el duro ajuste que sufrirán millones de españoles.

Resulta sorprendente y, sobre todo, triste, observar la escasa capacidad que muestra el Partido Popular a la hora de proponer alternativas realmente eficaces para atenuar los efectos de la crisis que se nos viene encima. Es indudable la desconfianza que inspira a todo liberal un Gobierno socialista al frente de una situación de estas características. Pero lo peor es que, hoy por hoy, no existe una alternativa real con el suficiente arrojo y valentía como para liderar desde el ámbito político los grandes retos y desafíos a los que se tendrá que enfrentar la economía nacional durante los próximos años.

Por citar tan sólo algunos ejemplos, España es uno de los países más vulnerables a la restricción de crédito internacional (credit crunch). Además, la banca del país y, sobre todo, las cajas de ahorro, precisarán recapitalizar sus balances conforme vaya aumentando la morosidad hasta niveles récord, debido a la elevada exposición de sus balances al desplome de la burbuja inmobiliaria. Por si ello fuera poco, nuestro mercado laboral es uno de los más rígidos del planeta, con lo que el incremento del paro está asegurado a medio plazo.

Nuestra alta necesidad de financiación exterior (déficit por cuenta corriente) y la escasa productividad e innovación propia de nuestra estructura productiva, junto al elevadísimo endeudamiento de empresas, familias, y ahora también Administraciones Públicas, colocan a España en una posición mucho más delicada que otros países de nuestro entorno.

Pese a ello, las medidas propuestas por el principal partido de la oposición, la formación de "centro reformista" que lidera Mariano Rajoy, no arrojan ninguna esperanza en cuanto a la aprobación de las reformas estructurales que, con gran urgencia, precisaría la economía del país para evitar, en la medida de lo posible, la sangría que está a punto de acontecer. Y es que, España, al igual que Estados Unidos, corre el riesgo de sufrir, no sólo una dura y prolongada recesión (al menos 12 meses, con tasas de crecimiento negativas), sino un largo estancamiento económico al estilo de Japón. Es decir, 10 años con avances del PIB próximos a cero.

¿Y qué hace el PP mientras tanto? Criticar la gestión del Gobierno, lo cual nunca está de más, pero ¿dónde está la alternativa? El PP acaba de proponer como medida estrella limitar el aumento del gasto público a poco más del 1,4% del PIB en los Presupuestos Generales del Estado para 2009. Un ahorro próximo a los 2.000 millones de euros respecto al proyecto presentado por el ministro Solbes.

En un momento en el que los distintos gobiernos aplican inmensos rescates financieros e industriales de cientos de miles de millones de euros a cargo de los bolsillos de los contribuyentes, un ahorro presupuestario de 2.000 millones para las arcas públicas resulta, como mínimo, irrisorio, por no decir vergonzoso. Ni una palabra sobre la acuciante necesidad de reformar el mercado laboral para proceder a su total y completa liberalización, ni una reforma sustancial de la política fiscal con el fin de atraer capital extranjero y facilitar la creación de empresas y, por supuesto, no apostar en voz alta por la energía nuclear con el fin de reducir nuestra elevada dependencia energética.

Aunque eso sí. Ni una sola crítica oficial al paradigma del cambio climático no vaya a ser que los populares pierdan algún voto entre sus amplias filas ecologistas, ¿verdad? Siempre he considerado que en tiempos de crisis, como el actual, también surgen importantes oportunidades, no sólo a nivel económico sino también político. Pero el PP parece no enterarse, y prefiere esconderse bajo el abrigo de lo políticamente correcto.

Desde mi punto de vista, el inicio del fin del PP, tuvo lugar cuando el Gobierno de José María Aznar decidió dar marcha atrás al denominado decretazo que, lejos de cumplir los ideales puramente liberales, al menos apostaba por flexibilizar el pétreo ámbito laboral español.

Ha llegado, pues, el momento de posicionarse con claridad. Resulta más necesario que nunca apostar firmemente, y con convicción (cosa de lo que carecen los líderes populares debido a sus profundos complejos ideológicos), por la energía nuclear, la liberalización total del mercado de trabajo, una reducción histórica y sin precedentes a nivel fiscal (similar a la de Irlanda, aunque sería necesario ir más allá), una drástica disminución del gasto público mediante la privatización de la mayoría de los servicios (incluyendo la educación y la Seguridad Social), entre otras muchas medidas, como la liberalización del suelo y las reformas penales necesarias para garantizar la propiedad privada.

Por supuesto, nada de esto va a ocurrir. Es triste, puesto que asistimos a una nueva oleada de intervencionismo y proteccionismo económico que, en gran medida, amenaza con recuperar estructuras propias de un pasado oscuro y tenebroso, propio de bloques puramente socialistas. Por ello, apostar hoy en día más que nunca por el libre mercado, e, incluso, por qué no, por la instauración de un paraíso fiscal en la Península, dotaría a nuestro país de una ventaja competitiva respecto al ámbito internacional única en la historia de nuestra joven democracia. Sin embargo, mientras Rajoy, el centrista rojo, lidere la oposición, España seguirá careciendo de una alternativa política real capaz de facilitar la vida a los ciudadanos y la actividad económica a las empresas de este país.

Que lo paguen ellos

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Con esta original medida Solbes podría por fin dejar algo con lo que la posteridad le recuerde positivamente antes de que sea definitivamente abjurado por sus fieles. Piénsenlo un instante: el déficit del Estado, que ha alcanzado ya los 10.000 millones de euros, deberían pagarlo quienes eligieron a Zapatero, no todos los españoles en su conjunto. La idea me va gustando más y más a medida que trato de imaginar sus consecuencias. Y no me refiero únicamente al hecho de que a los que, como yo, no votamos a ninguno de estos cantamañanas que se postulan para gobernar nuestras vidas vayamos a quedar libres de toda deuda pública. Aunque, a decir verdad, esa implicación me ayuda verla con ojos golosos.

La consecuencia inmediata sería comprobar cómo el votante se vuelve mucho más cuidadoso a la hora de meter la papeleta en la urna. Porque maldita la gracia que hace el que tu voto a un encantador de serpientes pueda suponer que luego te tires 30 años pagando mensualidades para pagar la renovación de la flota de coches oficiales, los fabulosos aves, las operaciones de cambio de sexo, los pagos por nacimiento de bebés o las magníficas oficinas de la administración pública. El electorado escucharía con atención los discursos y leería los programas, lo que sin duda provocará un fuerte aumento de los ataques de risa así como un importante descenso de la tasa de votantes. Cada nuevo proyecto megalómano y cada nuevo programa social (¿cuál no pretende serlo?) suscitarían reticencias a la hora de votar por nuestros faraones.

Pero dejemos de pensar por el lado de la demanda y atendamos un poco a la oferta. Bajo el marco diseñado magistralmente por el todavía ministro de Economía, ningún político con ganas de dormir en el Palacio de la Moncloa propondría el mantenimiento de televisiones públicas o empresas nacionales de ferrocarril, ni prometería alegremente fiestas públicas, subvenciones al cine o cursos de yoga. El famoso "yo más que tú", típico del Partido Popular cuando se habla de gasto público, desaparecería como por arte de magia y se convertiría en un "yo todavía menos que tú". Por el contrario, los políticos se esforzarían en hacer comprender al electorado que sus proyectos conllevan pocos gastos y ninguna posibilidad de déficit. Tratarían de garantizar un superávit perpetuo y prometerían el reparto de ese superávit en forma de cheques al contribuyente.

Pero las consecuencias van más allá del ámbito político. La misma historia sería reescrita. Los faraones de Egipto serían condenados como tiranos mientras que los reyes hititas pasarían a ser conocidos como grandes hombres de estado que renunciaron a los gastos suntuosos y permitieron a sus súbditos comerciar sin tener que soportar el peso de la deuda pública.

Con esta medida Solbes lograría reescribir la historia, hacer al electorado mucho más responsable y meter a los políticos en cintura. No estaría nada mal para un político que parecía acabado.

La factura de la crisis va a cargo del ciudadano

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El PP propone cosas como las que cito textualmente del documento pronunciado ante el parlamento el 21 de julio: afrontar la realidad sin engañar a los españoles, garantizar la independencia y transparencia de los organismos reguladores, respetar el libre mercado y reducir la cotización al fondo de garantía salarial. Incluso ha hecho propuestas tan ridículas como crear una oficina de información y seguimiento de los precios, como si no hubiesen suficiente burócratas haciendo estudios inútiles sobre la evolución de la economía.

No hace falta ser un premio Nobel para formular propuestas de este calibre. El problema es cómo hacerlo sin crear más burocracia, más lobbies y reducir el gasto a la vez haciendo ganar poder adquisitivo al ciudadano. Ante los problemas propios de la política, que ya son los difíciles de resolver, el PP no dice nada. Muy probablemente no lo habrá ni pensado.

El partido de la oposición sólo ha sido claro en dos temas, el gasto público y la reducción de impuestos. En lo referente a los PGE 2009, el PP propone aumentar el gasto un 2% frente al 5% del Gobierno socialista. ¿En plena crisis, y el PP aún quiere aumentar el gasto público? Puede ser una proposición muy políticamente correcta y centrista, pero carece de valor real. Los presupuestos del Estado han de reducirse al menos en dos dígitos, y no incrementarse.

Esto contrasta con otro pilar del PP, reducir impuestos. Concretamente reducirlos en un 20% para las PYMES. ¿Aumento del gasto y reducción de impuestos? Algo así es inviable. Lo que nos viene a decir el PP es que desviarán ciertas partidas innecesarias para colocarlas en otras más urgentes. Desde el punto de vista político, esto no se puede hacer porque surgen quejas de todos los lobbies y sectores estratégicos. El Gobierno siempre acaba cediendo a las minorías chillonas, porque las mayorías, la clase media, no se quejan nunca. Este es el gran filón de financiación de todo Gobierno, la clase media. La explicación más lógica es que el PP hiciese lo que ya realizó con Aznar, bajar algunos impuestos y subir otros. En la era Aznar, a pesar de las bajadas de impuestos que hubo, la presión fiscal aumentó. ¿Qué sentido tienen bajar impuestos de esta forma? En términos netos, es un aumento de impuestos.

No menos absurdas ni falsas son las medidas del Gobierno. Zapatero ha dicho por activa y pasiva que no reducirá los servicios públicos. Sin embargo, los fondos destinados a la ley de la dependencia ya se han reducido un 25%, nada menos que 200 millones de euros. Por otra parte, tenemos intervenciones en el sector privado como la de Corredor, que quiere gastarse 300 millones de euros para la construcción de vivienda protegida (VPO). Esto es lo que se llama socialismo para ricos. Durante todos estos años los constructores se han enriquecido legítimamente en el mercado, y ahora que el mercado se ha cansado de ellos, recurren a papá Estado. Esos 300 millones van a salir de los bolsillos de todos los españoles, tengan VPOs o no. Aquí no hay valor añadido a la producción porque la demanda no exige más viviendas, por eso los precios están bajando, de lo contrario subirían o al menos se mantendrían. Aquí el Gobierno se limitará a hacer transferencias de capital del pagador de impuestos (ciudadano) al consumidor de impuestos (constructores).

No hay político en este país que pueda solucionar o atenuar la crisis que ya tenemos. Sus propuestas son débiles o directamente falsas. Zapatero ha reiterado que no quiere pactar con el PP porque no quiere que los platos rotos los paguen siempre los mismos. No es el PP, sino esta ineficiente clase política, que sólo trabaja para las minorías y obliga a los de siempre (la clase media) a pagar los platos rotos, la cubertería, las reformas… en definitiva, todo.

La gran evasión

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

En este caso se trata del penúltimo episodio en el escándalo desatado por el pago del Gobierno de Merkel a un delincuente para robar listados de depositarios de cuentas bancarias en el principado de Liechtenstein. Que los políticos y la Agencia Tributaria española hayan participado en esta campaña de acoso con intimidación y violencia no debería extrañar a nadie. Hacienda no somos todos, como han repetido las campañas televisivas de lavado de cerebro durante años y ahora pretenden enseñan a nuestras futuras generaciones a través de Educación para la Ciudadanía, sino una panda de cuatreros profesionales a sueldo de la usurpadora clase política.

El apetito del Estado y sus gestores es insaciable. Es algo bien sabido por el sufrido pagador de impuestos español, pero esta última operación tiene menos que ver con el hambre de un Estado en tiempos de crisis que con la crisis del Estado voraz. Me explico. El dinero que Hacienda puede recaudar con esta operación es una minucia. No daría ni para pagar los gorritos de los chóferes de los coches oficiales con los que la clase política se pavonea por nuestras calles. Además, el simple hecho de que las pruebas provengan de un acto ilícito debería invalidar cualquier condena. El objetivo es meter el miedo en el cuerpo a todo aquel padre de familia que se esté planteando arriesgarse a sacar el dinero del alcance de los tentáculos de nuestra clase privilegiada y lograr una mejor educación para sus hijos, una mejor pensión, una mejor sanidad o simplemente un colchón con el que poder contar si el Estado decide desplumarnos aún más a través de la maquinaria inflacionista. Este Estado tragaldabas, que cuando no impone verdaderas confiscaciones monetarias a través del pago de toda clase de gravámenes nos quita el poder adquisitivo a través de políticas inflacionistas o se endeuda en nuestro nombre, ha entrado en crisis. No se trata de una crisis financiera. Se trata de una crisis de legitimidad. Cada día son menos los que se creen el cuento de que lo hacen por nosotros; y mucho menos que nos roban para cuidar de los más desfavorecidos. Así es como el Estado voraz ha entrado en crisis, y la reacción de quienes lo gestionan ha sido rugir, mostrar las fauces y dar unos cuantos zarpazos para intimidar al personal.

Consciente de lo peligroso que podría resultar para la salud de la bestia que la población se diera cuenta de la manera en que está siendo desplumada, además de la elevada altura del muro con el que tratan de evitar las fugas de nuestros infiernos fiscales a los paraísos económicos, operaciones policiales como la de la semana pasada se intentan camuflar tras un marketing exquisitamente estudiado. A la operación le llaman "Jade-Limusina" para hacer ver a la opinión pública que los perseguidos son los odiados ricachones. La estrategia es vieja. Consiste en poner la envidia al servicio de las políticas confiscatorias. ¡Patrañas! La Agencia Tributaria tuvo que reconocer el pasado abril que en su mayoría los ciudadanos perseguidos por haber sacado parte de su riqueza de nuestro país sin darle una mordida al Gran Hermano son "gente normal". En cualquier caso, ricos o no, estos perseguidos ciudadanos deberían estar en su perfecto derecho a poner lo que han ganado legítimamente en manos de quien les plazca.