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Etiqueta: Fiscalidad

Sospechoso por viajar con tu móvil

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Da igual que declaren a Madrid como la comunidad autónoma más solidaria o a Galicia como la mayor perceptora en términos netos, porque obviamente ni Madrid, ni Murcia, ni siquiera Cataluña, son entidades jurídicas sujetas a pago de impuesto alguno, al contrario de lo que sucede con sus habitantes, que sí estamos obligados a ello sea cual sea nuestro lugar de residencia.

La única balanza fiscal posible es la que estudia la percepción neta de dinero público por los contribuyentes individuales o las entidades jurídicas, que pagan toda clase de impuestos y anualmente liquidan sus cuentas con la hacienda estatal. Por eso resultaría de gran interés que algún gabinete de estudios, público o privado, realizara el balance fiscal medio de dos grupos sociales de lo más sugestivo, conservadores y progresistas.

Entonces podríamos saber en qué medida contribuyen a las finanzas del Estado una familia con tres hijos y un pequeño negocio, y un "luchador por un mundo más justo" encargado de la gerencia de una ONG. El análisis es mucho más sencillo que el pretendido estudio realizado sobre los territorios. Aquí sólo habría que tirar de datos fiscales y analizar los impuestos pagados por cada uno, así como el montante de las subvenciones públicas y otros beneficios estatales recibidos, perfectamente cuantificables, como por ejemplo la educación pública o las ayudas al cine español, por poner dos ejemplos sencillos.

Los luchadores sociales a un lado y los emprendedores privados a otro, incluidos en este segundo grupo los currantes con familia a su cargo que rechazan la verborrea progresista e intentan prosperar a base de su esfuerzo diario.

¿Cuánto contribuye al bienestar general la reata habitual de artistas comprometidos (con la subvención)? ¿Cuánto los universitarios partidarios del socialismo caribeño? ¿Y los miembros de las organizaciones ecologistas y grupos antiglobalización financiados con dinero público? ¿Más que los pequeños empresarios y los trabajadores que se declaran de derechas? ¿Menos? ¿Igual? ¿A cuánto asciende en términos monetarios su concepto de solidaridad?

Esa balanza fiscal sí ofrecería una información de gran interés. Y además tendría una utilidad adicional: la de que mucha gente de derechas se sacudieran de una vez el absurdo complejo que permite a la izquierda blasonar de solidaria.

La obra pública no es la solución

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas e incautaciones arbitrarias será inviolable, y no se expedirán al efecto órdenes que no se apoyen en una causa probable, corroborada mediante juramento o declaración solemne, y describan el lugar que ha de ser registrado y las personas o cosas que deben ser detenidas o embargadas.

La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, perteneciente al Bill of Rights, garantiza los derechos de los ciudadanos contra ciertos abusos del poder. Todos encontraríamos inadmisible que la Policía pudiera entrar en nuestras casas "porque sí", porque al oficial de turno le ha dado la gana. El reciente caso del sheriff de Coslada es un recordatorio de los riesgos a los que nos enfrentamos de conceder demasiadas facilidades a las fuerzas de seguridad, especialmente en un país como el nuestro en que se les ha otorgado el monopolio de la posesión de armas de fuego.

En Europa, con lo mucho que ladramos por ciertas leyes norteamericanas que pueden suponer abusos sobre ciertos derechos básicos, carecemos de protecciones como esta enmienda constitucional, de modo que resulta mucho más sencillo para los gobernantes imponer violaciones de nuestros derechos y realizar "incautaciones arbitrarias" de nuestras "personas, domicilios, papeles y efectos". La Unión Europea aprobó una directiva en 2005 que exigía a los parlamentos nacionales que implementaran un sistema de retención de datos, algo que, con un nombre así, suena hasta inofensivo. Pero no lo es.

El Reino Unido acaba de volver a poner de actualidad qué significa en realidad. Bajo su plan, la policía dispondrá de una base de datos donde anotarán qué hacemos en internet, que sitios visitas, qué correos enviamos y a quién, qué llamadas hacemos y a qué números. Para entrar en esa base de datos no es necesario haber cometido delito alguno; basta con vivir en las islas o incluso pasar por allí de visita. Las operadoras de telefonía y los proveedores de acceso a internet estarán obligados a dar esos datos a las autoridades, que los almacenarán durante doce meses. Se supone que sólo accederán a ellos cuando un juez lo ordene. Claro. Y el sheriff de Coslada sólo visitaba los establecimientos de la localidad cuando denunciaban un robo.

Estos datos permitirán a las autoridades crear una suerte de perfil digital de cada uno de nosotros. Sin duda, tendrá cierta utilidad a la hora de luchar contra cierto tipo de delincuencia, aunque no parece que sea tanta como para justificar semejante pérdida de nuestros derechos. Fíjense si no el mal uso que se ha dado en la investigación del 11-M a los datos de las llamadas telefónicas realizadas por los condenados y por los muertos de Leganés. Luis del Pino podría escribir un libro entero sólo con las inconsistencias y contradicciones de la investigación referidas a los números, terminales y tarjetas SIM. A la hora de la verdad, resulta dudoso que disponer de los datos de hace doce meses de un sospechoso tenga utilidad ninguna.

Piensen, sobre todo, en manos de qué Gobierno estamos y de quién ostenta ahora mismo los ministerios de Defensa e Interior. ¿Confían en él para almacenar datos personales, que afectan a su intimidad? Yo tampoco. Y sin embargo, el año pasado se aprobó en España la "ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones", que obliga a las empresas a almacenar esos datos y dárselos a las autoridades cuando un juez así lo autorice. Mientras, esos datos personales se almacenan, expuestos a fugas, cotilleos indiscretos y todo tipo de abusos. ¿Se siente más seguro? Yo tampoco.

¡No a la explotación del trabajador!

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero, en realidad, ¿Cuántos impuestos pagamos? ¿Son algo que pagan los ricos mientras que nosotros, humildes trabajadores, apenas si contribuimos al fondo común? Los políticos nos hablan de los beneficios que nos dará el Estado, mientras nos sugieren la idea consoladora (pero que debiera provocar vergüenza si esta palabra tuviese el significado de antaño) de que, al fin y al cabo, lo pagarán otros. ¿De veras lo pagan otros? ¿Es cierto que el mileurista apenas si paga impuestos?

Para saberlo sólo tenemos que asomarnos a esa ventana a mil mundos que es Internet y elegir, de todos los paisajes posibles, el que nos describe cuantosimpuestospago.com. Uno sólo tiene que introducir un sueldo neto y te dice cuánto pagas al Estado. No menos de un 40 por ciento. Basta con sumar el IRPF correspondiente, un cálculo de IVA razonablemente aproximado y toda la cuota a la Seguridad Social, incluso la que paga formalmente el empresario, pero que, en realidad, paga el trabajador. ¿Por qué?

Porque el empresario mira al futuro haciendo una estimación de lo que puede aportar el currante a la empresa y al presente viendo los costes que tiene que asumir por contratarte. La Seguridad Social, toda ella, forma parte de los costes, de modo que a él le da igual si el trabajador se lo lleva todo o si, de esa cantidad, el Estado quita una parte para financiar la SS. O, si quiere verlo de otro modo: ese dinero es nuestro, porque es lo que paga el empresario por nuestro trabajo. Es nuestro trabajo quien justifica ese total. Si no existiese la Seguridad Social y el trabajador se llevase al bolsillo lo que ahora se lleva el Estado, al empresario le seguiría dando igual. Él mira el coste total, no el uso que se haga de ese dinero. Pero ese uso sí nos influye a los trabajadores, porque sale de nuestra renta. Luego hay no menos de un 37,35 por ciento de nuestro sueldo sobre el que no se nos reconoce el derecho a decidir y que va directamente al pago de la Seguridad Social. Si sumamos IRPF e IVA, ¿en qué nos queda?

Pongamos como ejemplo un mileurista. Un trabajador soltero y sin hijos que cobra 16.000 euros en 12 pagas de 1.016 euros. Metemos la cantidad en cuantosimpuestospago.com y ¿cuál es el resultado? Que, en realidad, está ganando, aunque no lo sepa, 20.960 euros, pues tiene que contar con el tramo “empresarial” de la SS. Sumado este al tramo “obrero”, ello supone que paga a la Seguridad Social 5.976 euros al año. Si, en lugar de dedicarlo a la SS lo invirtiese en Bolsa le bastarían 15 años de aportaciones para superar ampliamente la pensión que puede ofrecer el mísero sistema público. Pero sigamos. Pagaría 1.680 euros al año de IRPF, más, aproximadamente, 1.490 en IVA. En total, 9.146 de los 20.960 euros que paga el empresario por su trabajo. Esto es, que sólo queda para el trabajador el 56 por ciento de la renta que él ha generado. O, lo que es lo mismo, estaría trabajando para el Estado de enero a la primera decena de mayo y para él sólo lo que quede hasta diciembre.

¿Quién dice que no hay explotación del trabajador?

Estamos en crisis… ¿y ahora qué?

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

En los últimos meses resulta difícil adquirir algún diario en que no aparezca reproducida la palabra crisis. La inflación está en niveles que no se veían hacía años, las previsiones de crecimiento del PIB cada día son menos halagüeñas, el sector financiero está preocupado por la solvencia de sus deudores, el número de viviendas cuya construcción se ha iniciado decrece si se compara con respecto a años anteriores, el nivel de desempleo aumenta y la subida media salarial parece que se situará por debajo de la inflación.

En efecto, ninguna de las previsiones anteriores resulta esperanzadora, y parece indicado señalar que nos encontramos ante el inicio de una crisis económica que puede ser más o menos pronunciada, y con una duración que nadie parece aventurar con mucha seguridad.

Ante esta situación cabría plantearse la pregunta de qué rumbo tomar. La respuesta será distinta para cada persona, pero lo que está claro es que consumidores, empresarios y administraciones públicas tendrán que prepararse para esta eventualidad, para responder a un entorno de desempleo, inflación y pérdida de rentabilidad de determinadas inversiones.

Como individuos habrá personas que estén preocupados por la posibilidad de que sus salarios reales decrezcan, o que incluso se queden sin trabajo. Es por estas razones por lo que estas personas buscarán reducir su nivel de gastos, para responder a estas contingencias, adquiriendo menos bienes o servicios o buscando aquellos más baratos.

Ante estas nuevas demandas de los consumidores, los empresarios se encuentran frente a un doble reto. De un lado habrá quien descubra nuevas oportunidades de negocios a la hora de satisfacer a clientes que buscan adquirir bienes y servicios más baratos. Otros verán como disminuyen sus ventas por este entorno adverso. En ambos casos, se hace imprescindible adaptar la empresa, de una manera rápida, a este nuevo entorno, lo que implica, por lo general, una reducción de costes, para ofrecer lo que demanda el consumidor, productos más baratos.

Una vez detectados los principales problemas a los que se van a enfrentar tanto los consumidores como los empresarios a la hora de satisfacer las necesidades de los anteriores en un entorno de crisis, los gobernantes deberían actuar en consecuencia. Para ello debería tener en cuenta la existencia de un factor común en ambos, la necesidad de reducir los costes. En este sentido las administraciones públicas son un factor esencial en la formación de costes, ya que su actividad genera un coste común para ambos, los impuestos. Al igual que consumidores y empresarios se tienen que adaptar a un nivel de ingresos inferiores, reduciendo para ello sus costes, la administración pública debería emprender su propio proceso de reforma con el mismo objetivo, reducir costes. Ello le permitiría prepararse para una menor recaudación impositiva fruto de una peor situación económica, y, sobre todo, facilitar la adaptación de consumidores y empresas reduciendo su carga impositiva.

Otra medida que pueden tomar las administraciones públicas es eliminar la existencia de costes indirectos, derivados de legislaciones innecesariamente complicadas o con exigencias no requeridas por el mercado. Estas complejidades legales elevan tanto los costes como los tiempos de respuesta de las empresas, y acaban también afectando a los propios consumidores que ven como los bienes demandados son más caros y tienen características que ellos no han demandado y por las que tienen que pagar un precio adicional.

Por último las administraciones también influyen en el acceso a las fuentes de financiación por parte de empresarios y consumidores. Si los gobernantes realizan una reducción impositiva, sin adaptar sus costes, tendrá que buscar financiación ajena, vía deuda pública. En este caso, individuos, empresas y administraciones públicas competirían en los mercados en búsqueda de financiación, elevándose los costes de la misma.

Si el legislador opta por simplificar su burocracia y normativa, por bajar los impuestos y por acometer su propio proceso de reducción de costes de manera que no se acuda a la deuda pública, sin duda alguna la salida de la crisis estará más cerca para consumidores y empresarios. En caso contrario, si se busca “corregir” la demanda con medidas keynesianas elevando el gasto público, los impuestos e introduciendo nuevas complejidades burocráticas, empresas y consumidores verán como la crisis se acentúa, al tener costes y períodos de adaptación superiores, y una mayor dificultad para acudir a los mercados financieros.

Patente de corso digital

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Parece ser que las autoridades alemanas han pagado la nada despreciable cifra de cinco millones de dólares por la información obtenida por unas personas que se "colaron" en los sistemas del banco LGT de Liechteinstein en 2002 y robaron información sobre los clientes de la entidad. La administración británica no ha sido tan generosa como la germana, pero también ha apoquinado una buena recompensa por los datos obtenidos de manera ilegal: 700.000 dólares.

Seguramente, los datos obtenidos por ambas administraciones tributarias permitan llevar a cabo inspecciones a ciudadanos de sus países que se traduzcan en ingresos para las arcas públicas superiores a las cifras pagadas a los delincuentes. Se paga a delincuentes con impuestos de los ciudadanos para poder sustraerles todavía más a estos. Al fin y al cabo, si la evasión fiscal existe es en buena medida a lo abusivo de los impuestos en un país. Desconocemos, eso sí, la legalidad del uso de la información obtenida de esta manera por las autoridades tributarias de ambos países.

Es común al derecho del mundo occidental que la información obtenida de manera ilegal no puede ser usada como prueba en un proceso judicial, claro que en este caso estamos ante inspecciones de Hacienda. Y, por desgracia, a las autoridades tributarias se les suele poner menos trabas legales en su acción que a las fuerzas de seguridad. De todos modos, Londres y Berlín han pagado por una información obtenida mediante un delito. Si un ciudadano compra algo que sabe que ha sido robado está violando la ley, pero se ve que si lo hace el Gobierno eso no importa.

En su afán recaudatorio, las autoridades británicas y alemanas han dado incentivos a la delincuencia cibernética. Han enseñado que ciertas actividades ilegales no sólo no van a ser perseguidas, sino premiadas con toneladas de dinero público. Estos dos países europeos han dado el primer paso para la creación de unas modernas patentes de corso en las que vulgares delincuentes se transforman en corsarios cibernéticos al sueldo de los estados. Ya tenemos dos gobiernos europeos como protectores y promotores de la delincuencia cibernética. Esperemos que no cunda el ejemplo.

Peligro: rebajas fiscales

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Artículos en prensa.

Sí, claro, averigüemos el por qué de esta minúscula reducción de la confiscación tributaria, a ver si los contribuyentes se acostumbran, piden más libertad y respeto a sus derechos de propiedad, y los pseudointelectuales cortesanos al servicio del poder político no sabemos qué decir para continuar con el expolio.

Siguiendo un criterio ético bastante chapucero, asegura que "las reducciones fiscales no se pueden justificar porque los impuestos o el gasto público en España sean elevados. Los impuestos están entre los más bajos de los países avanzados de la UE". Parece que la justicia sólo se consigue si uno se aproxima a la media: si tenemos poca delincuencia igual necesitamos más; si te roban, no te quejes porque quizás a otros les va aún peor. Ni se plantea la alternativa de que sean los otros países los que reduzcan su fiscalidad.

Además, "España gasta mucho menos en casi todas las actividades públicas que la mayoría de los países avanzados de la UE". España, paraíso de la libertad y de lo privado, quién lo iba a decir. Zubiri denuncia las deficiencias evidentes en todas las áreas: sanidad, educación, justicia, obras públicas. Y sólo se le ocurre recomendar más gasto. Ni se plantea que los problemas puedan deberse al carácter burocrático, monopolístico y funcionarial de los prestadores de esos servicios: gente no precisamente esforzada que no depende de la satisfacción de sus clientes.

Zubiri asegura que a menudo se proponen recortes fiscales porque se cree que estimularán la actividad económica de forma que los ingresos totales (y el gasto público y las prestaciones correspondientes) no se verán reducidos, y critica que no hay ninguna garantía de que esto suceda. Es cierto, y ni falta que hace: el dinero donde está mejor es en el bolsillo de los ciudadanos. No se trata de dar un poco más de libertad a la vaca para que produzca más leche, ni de garantizar derechos a unos perceptores de ayudas y subsidios que se creen que tienen derecho a todo gratis a costa de los demás (y votan en consecuencia).

Su visión de la democracia es idílica: "políticamente es mucho más sencillo bajar los impuestos que subirlos"; si va a resultar que los liberales no les pedimos algo tan complicado a nuestros representantes, a ver si se limitan a lo fácil. Como su experiencia empresarial seguramente es nula, cree que "dentro de unos amplios márgenes, para la mayoría de las empresas los impuestos son un factor de segundo orden a la hora de tomar decisiones de ubicación y tienen efectos menores en su competitividad". Y los inversores no van a escapar fácilmente: "el capital de los residentes se puede gravar de forma razonable si se aplican las normativas y mecanismos de control adecuados". Qué majo.

Devuélveme mi dinero

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Hay una enorme verdad en esto que no parece haber asimilado este país, y es que el dinero que posee el Gobierno no es suyo, sino nuestro. Nadie se salva de la extorsión gubernamental en su afán descontrolado de recaudar más y más. Ni los rateros no gubernamentales. Usando la incultura económica de la gente, ahora el presidente del Gobierno nos quiere "regalar" 400 euros.

Una de las justificaciones ha sido, que de esta forma, el Estado demuestra que ahorra por nosotros ya que, según el presidente, "ahorrar es muy bueno" y al parecer él es más sensato que nosotros en esta labor. No puede decir lo mismo en otros temas de mayor calado como el de las pensiones, cuya estabilidad tiembla continuamente ante un futuro verdaderamente negro.

El ahorro obtenido a punta de pistola, no es ahorro. De hecho, entre impuestos directos, indirectos, tasas, multas, etc. el Estado nos expropia casi la mitad de nuestros ingresos brutos, con lo que esos 400 euros son migajas si los comparamos con los cuatro años de este Gobierno socialista o de cualquier otro. El ahorro tiene varias funciones para el actor económico. Una de ellas es hacer frente a los imprevistos individuales. Los socialistas, atendiendo a la curiosa concepción de ahorro que tiene el Gobierno, han llegado al extremo absurdo de creer que tal cosa no existe y que las malas épocas no son fenómenos circunstanciales de cada individuo o familia, sino agregados socioeconómicos que él controla y puede resolver. Es algo que recuerda bastante a la concepción económica que tenía la Unión Soviética.

Por otra parte, tendremos que ver qué consecuencias tiene tal medida sobre el efecto riqueza. Si todos somos 400 euros más ricos, ¿qué pasa? Que los precios de los productos donde vaya a parar esa subvención se encarecerán en la misma proporción. Teniendo en cuenta que el nivel de ahorro de las familias está en uno de sus peores momentos y que la deuda familiar está en uno de los más altos; muy probablemente este dinero será gastado en bienes de consumo casi de forma inmediata. Lo que significa que perjudicará a aquellos que no reciban esa subvención, esto es, a aquellos que no realizan la declaración de la renta, que, cosas de la vida, son los que tienen los ingresos más bajos de la sociedad. Como bien ha apuntado el presidente del Gobierno, "no hay impuesto negativo". Bueno, corregiremos a nuestro económicamente ignorante presidente porque en realidad sí que existe. Uno de los inventores de tal aberración fue Milton Friedman.

Que nuestro ahorro dependa de la gracia del político o de la proximidad de las elecciones nos indica qué es la política y esta gran mascarada de la democracia, que ha perdido su rumbo y propósitos por completo. El sistema actual se parece más al de un estado señorial del Medievo que a la idílica visión de la soberanía del pueblo. Nuestro dinero, estilo de vida y libertad depende de las decisiones partidistas y subjetivas de un grupo de oligarcas políticos que juegan con nosotros como si fuéramos piezas de un juego sin reglas, donde quien gana acaba gobernando para poder hacer lo que le da la gana. ¿Cómo pretendemos que los políticos nos salven si son ellos el principal problema? Mientras espera a que estos burócratas se preocupen de verdad por su dinero, tome la iniciativa y haga todo lo posible para no alimentar a la bestia. El dinero mejor ahorrado es el que no va al Estado. Está en su derecho de no dejarse robar por nadie.

Un aplauso para ZP

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Hasta ahora no se había percibido ninguna intención en el ejecutivo de dar este importante paso. Si exceptuamos varias declaraciones de Taguas, lo que salía del Gobierno apuntaba más bien hacia la dirección opuesta. Tanto las declaraciones de Pedro Solbes al respecto como la dialéctica de clases socialista exhibida durante estos años por el presidente del Gobierno hacían pensar que España terminaría siendo el único país de la Unión Europea que mantendría este impuesto.

Es muy posible que el reciente anuncio de la Comunidad de Madrid de acabar próximamente con este impuesto haya ayudado a tomar la decisión. A más de uno le molesta el que Madrid sea la locomotora de España y no ven con buenos ojos que siga distanciando su ritmo de crecimiento de la media nacional. De ser así, este caso ilustraría a la perfección las ventajas del federalismo fiscal, que genera una competencia en materia tributaria entre comunidades que tiende a la reducción generalizada de los impuestos. Y es que ninguna de ellas, por intervencionistas que sean sus representantes políticos, quiere ver cómo sus ciudadanos votan con los pies marchándose a otra región.

De todas formas, la justificación que ha dado Zapatero para hacer semejante promesa de corte liberal es que el del patrimonio se ha convertido en un tributo que "recae sobre las clases medias", pero "no sobre las más altas" que "encuentran fáciles mecanismos de elusión". La verdad es que esto es totalmente cierto. Lo que deberían explicar los políticos todos los partidos a los que se le llena la boca con eso de las "políticas sociales" es por qué han mantenido este impuesto que nació en 1977 como extraordinario, excepcional y transitorio –vamos, como surgen tantos impuestos– si llevan años sabiendo cómo y a quiénes afecta. La demagogia política tiene adeptos muy conocidos pero límites totalmente desconocidos.

De todos modos, personalmente me dan igual los motivos que pueda haber detrás de la promesa o si Zapatero cree en la reducción de impuestos o no, como me pasa con toda política que nos acerque a una sociedad menos confiscatoria y más justa. Lo importante es que el Partido Socialista se haya apuntado al carro de eliminar un impuesto doblemente injusto porque conlleva una múltiple tributación de unos activos que ya han sido grabados mediante impuestos como el de la renta o el de sociedades.

Lo ideal sería eliminar incluso el carácter censal de este impuesto, algo por lo que no parece que ZP esté por la labor, porque su mera existencia facilita su reinstauración tan pronto los políticos crean encontrarse en una situación "excepcional" o "extraordinaria". Este gesto ayudaría a presentarse como más liberales que nadie en este campo. Y es que ¿cuál es la justificación para que el Estado tenga la nariz metida en nuestras casas y el resto de nuestras propiedades si estamos de acuerdo en que tributar por la propiedad de esos bienes es injusto?

Sin embargo, ese punto negro de la promesa no hace que ésta se desvíe de la buena dirección. Lo importante es que ZP y todos los políticos socialistas se vean motivados a seguir por esta línea y sean conscientes de que en la medida que lo hagan encontrarán el respaldo de liberales como quien esto suscribe.

Sin impuestos

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Si esta no es permanente se debe a que los demócratas (cada día más parecidos a la izquierda europea) se oponen a ello. La pregunta que plantea un senador republicano, que no comprende por qué los miembros del otro gran partido estadounidense consideran positivas unas conexiones libres de impuestos durante un cuatrienio más pero no de forma permanente, no puede ser más pertinente.

Mientras tanto, en la vieja Europa en general y en España en particular seguimos aferrados a unos ineficientes modelos basados en el consenso socialdemócrata (impuestos, impuestos, impuestos) y sin querer mirar a la realidad a la cara. La penetración de Internet en la otra orilla del Atlántico es muy superior que en esta. Sin embargo, lejos de querer engordar las arcas públicas cargando de tasas el acceso a la Red, los legisladores son conscientes de que mantener una fiscalidad cero en esta materia beneficia a los ciudadanos y puede hacer que todavía más personas se conecten. Todo lo contrario que aquí.

Pero el consenso socialdemócrata no se queda tan sólo en los políticos. También los afectados por la voracidad impositiva oficial parecen negarse a ver la realidad. Muchos internautas son conscientes de que el 16% de IVA que sufrimos en España para poder conectarnos en muy alto, pero no llegan a plantearse que lo correcto sería la ausencia de este impuesto o de cualquier otro. Bueno, hay quien sí lo ve. La única ocasión en que ha habido cierta movilización referida a esta cuestión la campaña planteaba una reducción del IVA al 7%. A sus promotores ni se les pasó por la cabeza solicitar que dicha carga fiscal desapareciera del todo, o que se limitara al tipo "super reducido" del 4%.

El consenso socialdemócrata del que participan todos los partidos y la mayor parte de la población española, y de casi toda Europa Occidental, es una traba para el desarrollo de Internet en nuestro país (en realidad es una traba para muchas otras cosas, pero en este caso resulta especialmente evidente). Los impuestos encarecen las conexiones a Internet, haciendo que muchas personas decidan que no les compensa contratar una en su casa. Pero da igual, aunque el daño sea evidente, las anteojeras ideológicas son más poderosas que la razón.

Mientras no aprendamos a dejar de discutir sobre "cuánto socialismo" y comencemos a pensar que el Estado no tiene derecho a cobrarnos por el mero hecho de contratar un servicio a una empresa privada no avanzaremos. Si realmente se aspira a una generalización de Internet en España es necesario tomar una serie de medidas. Y entre ellas debe estar el aprender de Estados Unidos y permitir un acceso a la red libre de impuestos.

Ciudadanos sí, gorrones no

Escrito por Alfredo Coll en . Publicado en Análisis diario.

Por primera vez en la historia de España, los liberales deberíamos asumir que aquellos que se benefician del mantenimiento de los servicios públicos tendrían que pagar por ellos si los quieren mantener. Existe una clase entera de personas en nuestro país, una subclase, a la que necesitamos reintegrar a los rangos de ciudadanos responsables y no permanecer en la dependencia a coste de los demás contribuyentes.

En España necesitamos un nuevo sistema de financiación local para controlar el gasto público, que cada vez se dispara más a números inaceptables por gobiernos demasiado intervencionistas y socialistas. Por eso mi propuesta sería la eliminación del IBI (un impuesto de contribución) para sustituirlo por un impuesto fijo e igual (tasa por habitante adulto) para todos los residentes adultos de cada localidad. El concepto fundamental detrás de esta propuesta es la transparencia: se trata de que todos tenemos algo que perder con un ayuntamiento que gasta lo que no puede ni debe. Ha llegado el momento de reformar la normativa de las haciendas locales.

Dentro de este sistema, las empresas, que son las que generan el empleo, también pagarían una cantidad fija y mínima, una tarifa especial para aquellas empresas que generen empleo, ya sean multinacionales o PYMES. Con este sistema aumentaría la transparencia y las responsabilidades políticas de aquellos ayuntamientos que gasten en servicios innecesarios. Los impuestos contra la propiedad para financiar los gobiernos locales tienen siglos de historia. Tenían sentido, quizás, cuando los servicios locales estaban destinados para el beneficio de la propiedad: calles, agua, tuberías, gas, etc. Pero desde la Segunda Guerra Mundial, las autoridades locales también ofrecen servicios públicos como educación, bibliotecas y otros servicios sociales a nivel personal: asesoramiento gratuito a insolventes o inmigrantes, cursos de formación, etc.

Tampoco podemos olvidar que ahora hay más gente que nunca y, al mismo tiempo, más votantes. Antiguamente la mayoría de países occidentales daban el derecho al voto sólo a propietarios mientras que ahora las elecciones locales son casi idénticas a unas generales. En España tenemos millones de ciudadanos que no pagan impuestos o pagan muchísimo menos que otros. Y es que es más fácil cobrarle a la empresa o al propietario honrado que a un okupa que malvive usando todos los servicios que pueda. Sería interesante ver cuánto dinero nos gastamos los ciudadanos contribuyentes cada vez que la Policía Municipal tiene que intervenir para desalojar a todos estos gorrones de profesión.

El sistema actual (el IBI) favorece el oscurantismo político porque realmente no se sabe en qué gastan los ayuntamientos. Un Estado democrático y liberal tiene el deber de iniciar devoluciones de poder a los ayuntamientos y que sean los ciudadanos los que puedan elegir cuánto dinero pueden gastar sus representantes en cada localidad.

No tiene sentido que un propietario que viva solo en Boadilla tenga que pagar el mismo IBI que una familia numerosa en Carabanchel, aunque los metros cuadrados de su vivienda sean idénticos. Lo importante es que esa familia de Carabanchel seguramente generará muchísima más basura que el señor de Boadilla. Por ejemplo: una familia numerosa y de origen inmigrante seguramente alquila su piso y por supuesto, no paga IBI. Sin embargo, sí utilizan muchos servicios sociales: sanidad, educación pública, el transporte, guarderías, asesoramiento, cursos de formación o quizás las cárceles, etc. A los jubilados se les hace descuentos para los servicios públicos en muchas ocasiones y no veo por qué no podemos hacer aumentos a viviendas donde vivan muchas personas que consuman más servicios. El sistema de financiación local actual es absurdo porque se trata de castigar al propietario y no a quien consume lo público y al gorrón.

Es curioso ver que los socialistas de convicción siempre se están quejando del consumismo, cuando son ellos los que precisamente consumen más que nadie, especialmente si lo pueden hacer con el dinero de los demás. Algunos podrán decir que las facturas para algunas familias podrían ser demasiado altas y que esto es inaceptable. Yo comparto la frustración que sienten los críticos, pero hay que ser contundentes: el problema no es cómo se financia el gobierno local, sino la cantidad que se está gastando. Cualquier persona sabe perfectamente que si algo cuesta 300 euros no se puede pagar con 150.

Nuestra lucha contra el socialismo nunca ha sido únicamente sobre filosofía económica sino sobre los valores que rigen nuestra vida. El socialismo es un credo estatal que no cuenta con las personas. Al contrario, solo las ve como material que hay que amoldar. Los liberales pensamos diferente, creemos en los individuos, en los millones de ciudadanos que pagan con lo que realmente ganan, y no con lo que otros ganan.