Etiqueta: Innovaciones y nuevas tecnologías

Si exceptuamos las dos mayorías absolutas que obtuvo Aníbal Cavaco Silva hace ya dos décadas, la victoria que este domingo cosechó Pedro Passos Coelho en las elecciones legislativas portuguesas es la mayor en la historia del centro-derechista Partido Social Demócrata (PSD). Passos ha sacado más de 10 puntos de diferencia y 32 escaños a su más directo rival, el socialista José Sócrates, que está al frente del Gobierno luso desde hace más de seis años.

En poco más de un lustro el Partido Socialista portugués ha pasado de dominar sin contemplaciones la Asamblea de la República a hundirse, literalmente, en la más negra miseria electoral. Cuando Sócrates llegó al poder en el año 2005 Portugal ya estaba en crisis, de hecho, la agenda de aquellos comicios fue básicamente económica. El país vecino se encontraba ya entonces fuertemente endeudado y su economía era absolutamente incapaz de crecer a pesar de las vacas gordas que entonces se enseñoreaban del continente, especialmente de España.     

En aquel entonces Portugal ya necesitaba reformas y el debate electoral de 2005 se centró en torno a ellas. Se sabía, por ejemplo, que más tarde o más temprano el tamaño del Estado debería reducirse dramáticamente, o que la orgía de crédito barato propiciada desde el BCE traería funestas consecuencias. El PIB portugués se mantuvo plano durante toda la primera década “prodigiosa” del siglo, al tiempo que crecía desmesuradamente el déficit exterior y se empinaba la curva del gasto público.

Pero los portugueses prefirieron mirar hacia otro lado entregando el poder a los socialistas, que incidieron en todos los males pasados e incurrieron en nuevos pecados que han llevado al país a la bancarrota. Tarde y de muy mala manera nuestros vecinos han despertado votando masivamente al otro partido, el de Cavaco y Durao Barroso, que en otros tiempos les trajo tranquilidad materializada en una bonanza económica todavía hoy añorada por los que recuerdan los felices años ochenta.

Como en el caso de España, el vuelco electoral se ha debido más a deméritos del gobernante que a méritos del aspirante. El PSD se ha beneficiado del hartazgo de los portugueses con el Gobierno socialista, que se ha demostrado durante varios años su incompetencia para lidiar con la peor crisis económica del último medio siglo. Poco a poco –en la elecciones de 2009 todavía ganaba con autoridad el PS– los portugueses se han ido percatando que los oficiales que gobiernan el barco son unos ineptos y que ha llegado la hora de probar con otros.

Un fenómeno similar está ocurriendo por toda Europa, especialmente por los países más castigados por la crisis económica. En Irlanda el pasado mes de febrero el populista Fianna Fáil perdió el poder tras 14 años de Gobierno. El taoiseach (primer ministro) Brian Cowen, que gobernaba en coalición con los Verdes, se retiró dejando a su partido hundido en las elecciones generales. Desde la fundación de la República de Irlanda en 1921 nunca un partido en el Gobierno había perdido tantos votos de una tacada. El heredero del desastre fue, una vez más, el partido de la derecha, en este caso el liberal-conservador Fine Gael liderado por Enda Kenny, vicepresidente del Partido Popular Europeo.

El programa que defendió Kenny en los comicios era esencialmente liberal en lo económico. Apostó en plena tempestad de los rescates financieros por la rectitud fiscal y la reforma en profundidad de una economía gravemente herida como la irlandesa. A Kenda Kenny, como próximamente a Pedro Passos y tal vez el año que viene a Mariano Rajoy, le está tocando bailar con la más fea. El necesario ajuste, que debiera haberse llevado a cabo hace tres años, tiene que hacerse ahora con el tejido económico seriamente debilitado. Una mayoría de portugueses e irlandeses se han terminado por dar cuenta de que no existe otra receta para salir de la crisis que poner fin al despilfarro público y acometer las imprescindibles reformas.

Algo similar, aunque fuera de la zona euro y, por lo tanto, con características diferentes, sucedió en el Reino Unido hace poco más de un año. Tras unas elecciones en las que el Partido Laborista de Gordon Brown se derrumbó, el conservador David Cameron formó gobierno con los liberal-demócratas de Nick Clegg. La receta que está aplicando Cameron es la única posible en las circunstancias actuales: rigor presupuestario y estímulo a la creación de riqueza. Exactamente lo contrario de lo que venían haciendo los laboristas desde que estalló una crisis que se ha cebado sobremanera con Gran Bretaña.

El nuevo fantasma que recorre las viejas tierras de Europa no es el comunismo que vaticinaba Karl Marx hace siglo y medio, sino el liberalismo clásico de toda la vida, aquel que propugna un tamaño comedido del Estado, bajos impuestos y la devolución a la sociedad civil de las prerrogativas económicas que le son propias. Una política de brutal realismo no exenta de cierta heroicidad para quien pretenda ponerla en práctica.

La otra opción, la del Estado omnipotente y derrochón que nos sumerge en la sima de la deuda y nos lleva directos a la quiebra, ya la hemos probado. Tan sólo quedan España y Grecia por salir del ciclo socialista. En la primera la victoria sin paliativos del Partido Popular en las municipales es un preludio esperanzador de lo que puede suceder en las próximas elecciones generales. En la segunda el panorama es mucho más negro. Los griegos han diagnosticado mal su enfermedad y, no contentos con eso, quieren remediarla con la medicina equivocada. Sólo el tiempo dirá si consiguen salir de esta.

Desde el inicio de mayo, Spotify decidió poner límites al uso gratuito de su servicio. Hasta ese momento, unos cuantos millones de usuarios privilegiados, invitados en la primera época del lanzamiento, podíamos disfrutar sin pagar nada de ilimitadas audiciones de su fondo de canciones, aunque con algún anuncio de vez en cuando. Desde entonces, dicho disfrute queda restringido a diez horas mensuales y un cierto número máximo de veces de cada canción.

Y así, nos hemos visto expulsados de la tierra de Jauja, en la que, como es bien sabido, abundan los ríos de leche y requesón, y los árboles de tocino y buñuelos. ¿Es esto una desgracia? Sí, para quien solo vea el aquí y el ahora.

Pero el que comprende que Jauja es solo una leyenda, también sabe que no hay almuerzo gratis, y que también el excelente servicio que proporciona Spotify (alabado en previas columnas por un servidor) tiene sus costes. Y que si los dueños de Spotify no recuperan el dinero que meten en él, se verán obligados tarde o temprano a cerrar el servicio. Cierre que sí sería perjudicial para todos los que, de una forma u otra, disfrutamos del servicio. Porque, si eso ocurre, entonces ni siquiera los que estén dispuestos a pagar tendrían el servicio a su disposición.

Spotify se enfrenta al reto a que tarde o temprano se enfrenta todo negocio: ¿vale lo que suministro más de lo que me cuesta? Esta ley inmutable para la economía sostenible (esta sí es una ley de verdad, no las que hacen los políticos, aunque le pongan el mismo nombre) ha encontrado su mayor afrenta en el mundo internet y con especial virulencia a principios del siglo XXI, donde muchos ilusos pensaron que en la nueva economía nada tendría coste.

Florecían (y florecen) "negocios" en que su viabilidad se medía por el número de visitas o el de usuarios únicos, sin atender para nada a los ingresos que estas visitas o clientes generaban. En estos modelos de negocio, se extrapolaba la conducta de los individuos en una situación atípica, la gratuidad de la satisfacción obtenida, a la que tendrían cuando empezaran a pagar, asumiendo que se mantendría hasta cierto punto.

Sin embargo, la verdadera prueba de satisfacción del individuo no es cuando se le da una cosa gratis, sino cuando se mide si la valora por encima de lo que cuesta. Servicios que parecen maravillosos cuando no suponen pagos para el individuo, se convierten en perfectamente prescindibles cuando toca soltar la pasta, aunque sea a un precio tan barato que ni siquiera cubra los recursos invertidos. Esta fue la prueba que no pudieron superar muchísimos supuestos negocios en la primera época de internet.

Y es la prueba a la que ahora se somete Spotify, y a la que tampoco han de ser ajenos servicios tan ilustres como Facebook o Twitter. También ellos se enfrentarán tarde o temprano a la maldición de validar si el servicio tan demandado por millones de clientes les es realmente útil o se queda en un mero capricho pasajero.

Qué pena que la Asamblea de Sol no pueda abolir la Ley de los Costes. Tendríamos Spotify gratis de por vida.

La discrepancia es muy llamativa, tanto como para que muchos andemos preguntándonos qué ha visto el señor Ballmer en el futuro para dar tal valoración a una empresa de llamadas telefónicas por internet. Por centrar más la cifra, los analistas financieros cifran el valor de cada cliente adquirido en unos 1000 dólares, cuando cada uno de esos clientes, según los mismos cálculos, da una media de 30 dólares de beneficios.

Lejos de nuestra intención poner en duda la capacidad emprendedora de una empresa con el registro histórico de Microsoft: algo estarán viendo que los demás mortales no alcanzamos. Por algo Microsoft es una de las empresas más grandes del mundo, posición lograda sin ningún favor gubernamental.

Sin embargo, sí existen algunos aspectos que merecen particular reflexión. Por ejemplo, esta fusión nos trae ecos de la burbuja tecnológica de principios de siglo. En concreto, recuerda enormemente a la fusión Time Warner–America On Line (AOL). Aquella operación, como ésta, suponía la integración entre dos mundos hasta ese momento separados: los contenidos y la informática. Como ésta, fue saludada como el heraldo del nuevo mundo que nos esperaba, y generalmente poco comprendida. Esperemos, por el bien de Microsoft, que no pasen de aquí los parecidos, porque la historia no termina bien: ¿alguien sabe qué ha sido de AOL?

Tampoco se quiere poner en duda la capacidad de innovación de Skype. Sin embargo, desde hace algún tiempo el nombre de Skype se ha visto asociado al debate sobre la neutralidad de red, y no tanto al lanzamiento de servicios revolucionarios. La preocupación principal de Skype es en estos momentos conseguir que los reguladores impidan a los operadores móviles el bloqueo de los servicios de voz sobre IP.

Lo que nos lleva a una paradoja que puede ser letal para la operación. Por un lado, Skype está centrado en que los operadores de telecomunicaciones, por su condición de dominantes, no limiten el acceso a sus servicios. Por otro, resulta que Microsoft es la empresa que mayor persecución ha sufrido por la misma condición.

Ítem más: resulta que Microsoft afirma que los principales beneficiarios de la integración con Skype van a ser sus usuarios de Xbox y Kinect. Pero ocurre que esta plataforma es cerrada y bajo el control absoluto de Microsoft. Las aplicaciones aquí son coto vedado, y solo están accesibles a los clientes de Microsoft, y solo quién decide Microsoft suministra aplicaciones.

Así que a ver quién le ata el cascabel al gato. ¿Seguirá Microsoft la estrategia regulatoria de Skype de acusar de dominantes a las telecos? ¿O serán las telecos las que recuerden al regulador que Microsoft es dominante en aplicaciones informáticas y Xbox?

Y digo yo, ¿no sería mejor que no hubiera reguladores enredando y que Microsoft-Skype y las telecos dedicaran todos sus esfuerzos a dar el mejor servicio posible a los usuarios?

Es un documento digno de los mejores tiempos de las repúblicas soviéticas. Sin duda, es por los éxitos de aquel sistema económico que se vuelve al uso de este tipo de herramientas para mejorar la sociedad.

En el enternecedor documento, la Comisión fija objetivos tan deseables como "aumentar la utilización regular de Internet de un 60% a un 75% en 2015" o "disminuir a la mitad la parte de población que nunca ha usado internet" para la misma fecha.

En la misma línea de buenos propósitos, "un 50% de la población deberá efectuar compras en línea para 2015" con un 20% de dicho comercio electrónico que habrá de ser transfronterizo. El sector empresarial también debe alinearse, y "un 33% de las PYME deberán efectuar compras o ventas en línea" en la fecha talismán.

Entonces es cuando nos damos cuenta de que el documento, lejos de ser enternecedor, es más bien estremecedor. En efecto, se están en él fijando una serie de objetivos que afectan directamente a nuestras vidas. Unos cuantos tipos se arrogan el papel de sabios y pretenden conocer lo que resulta mejor para sus congéneres. Si esto quedara así, no pasaría de un ejercicio interesante sobre la forma que puede tener nuestro futuro; pero el tema va más allá, ya que la Agenda Digital no se limita al ejercicio prospectivo, sino que pretende definir, en 2010, cómo ha de ser nuestra vida para 2015 y para 2020.

¿Y qué pasa si la gente deja de usar internet porque ya no le atraen los servicios que se prestan por ella? ¿Y qué ocurre si la gente que no ha accedido a internet en 2010 es sencillamente porque no le da la real gana? ¿Y por qué oscura razón tiene que comprar la gente a través de internet si prefiere bajar a la tienda de su barrio? En fin, estamos ante un ejercicio de ingeniería social de los que tanto gustan a muchos políticos.

Pero, aparte de estas pretensiones sobre los individuos, existe otro colectivo especialmente involucrado en la planificación central que ha aprobado la Comisión: los operadores de telecomunicaciones. ¿En quién, si no, cabe pensar para conseguir un 100% de cobertura de banda ancha básica en el año 2013, y de banda ancha superior a 30 Mbps para 2020?

Lo gracioso es que este objetivo se lo pone a sí misma la Comisión Europea. Vamos, es como si yo me pongo de objetivo que el Real Madrid gane las tres próximas Copas de Europa. Algo aparentemente absurdo.

¿O no? Si dispongo de los fondos suficientes, entonces tal vez sí me pueda plantear ese objetivo, e incluso conseguirlo a base de gastar mi pasta. Esa es la gracia y el drama de la Agenda Digital. Que sí se puede conseguir. Se puede conseguir a base de los fondos públicos que se obtienen mediante los impuestos a los ciudadanos europeos.

O sea, contra voluntad de los supuestos beneficiarios. Terminaremos odiando internet.

Una vez más, caía el gozo del ciudadano en el pozo de la arbitrariedad.

Porque tras la alharaca de los titulares se esconde la cruda realidad de una sentencia que se puede calificar como pírrica, y que nos deja moralmente satisfechos, pero de nuevo a los pies de lo que quieran hacer con nosotros los políticos.

Vayamos por partes. Empecemos por lo más obvio: los jueces han decidido que, aún siendo un canon ilegal, el dinero indebidamente cobrado mientras los jueces deliberaban no se devuelve. O sea que si este canon era un robo, ahora ya ha dejado de serlo. Se consolida gracias a esta sentencia el expolio realizado a cada individuo y a la sociedad. Mal vamos.

Pero no ha de terminar aquí la desilusión. Si no vamos a poder recuperar lo que nos quitaron, podríamos consolarnos pensando que al menos no nos quitarán más. Pero tampoco parece que vaya a ser así.

En efecto, la sentencia de la Audiencia en realidad no anula ni declara ilegal el canon. Se limita a anular la Orden Ministerial donde se listan los soportes y aparatos a los que hay que cargar el canon, y cual ha de ser su importe. Y ni siquiera lo hace por cuestiones de fondo, simplemente la anula por aspectos formales, esto es, porque no se cumplieron determinados trámites antes de aprobar la citada Orden.

En concreto, la tramitación de esta Orden requería un informe del Consejo de Estado, y sendas memorias justificativa y económica. Los jueces de la Audiencia no han encontrado ninguno de estos documentos en el expediente asociado, tras una infructuosa búsqueda que les ha llevado dos años y medio, ni más ni menos. Y es esta ausencia la que les lleva a anular la Orden, que no el canon.

Así pues, el panorama no es nada halagüeño. En primer lugar, porque a los jueces les ha llevado 30 meses (¡30 meses!) percatarse de que estos documentos no existían, periodo durante el cual los ciudadanos hemos pagado religiosamente un dinero que no tendríamos que haber pagado y que nadie nos va a devolver. Y digo yo que cómo puede llevar tanto tiempo juzgar y decidir sobre la inexistencia de unos informes.

Y en segundo lugar, porque la redacción de dichos documentos no supone ningún obstáculo relevante para la aprobación una nueva Orden en lugar de la anulada. La elaboración de las pomposas memorias no le llevará a un buen funcionario más de un par de tardes, aunque el informe del Consejo de Estado requerirá más fárrago administrativo y retrasará un algo la aprobación.

Por supuesto que la nueva Orden podrá ser llevada de nuevo ante la Audiencia, y forzar a los magistrados a resolver sobre el fondo de la cuestión. Pero para cuando hagan esto ya habrán pasado otros cuantos añitos en que los ciudadanos habremos seguido sufriendo el expolio de un canon eventualmente ilegal, y en todo caso no restituible.

Con todo, lo más divertido es que hay gente que, gracias a sentencias como ésta, se cree que el Estado de Derecho funciona en nuestro país. Y, sin embargo, lo que demuestran es justo lo contrario: son la prueba evidente de que el Estado puede hacer lo que quiere en nuestro país.