Etiqueta: Innovaciones y nuevas tecnologías

Han pasado casi tres años desde que hice un par de recomendaciones para el fomento del registro de dominios .es. Parece que por fin algo de sentido común ha llegado a las cabezas pensantes del gobierno, que eliminará buena parte de las restricciones exigidas para conseguir esos dominios y reducirá su precio, aunque no lo suficiente.

A partir del 7 de junio empezará un interesante periodo de transición. En primer lugar, las distintas administraciones y organismos públicos tendrán un mes para registrar un dominio .es con su nombre. Después serán las empresas, asociaciones y fundaciones quienes tengan esa oportunidad. A partir de ahí, los dominios se otorgarán al primero que lo pida, sin demasiadas restricciones en cuanto al nombre, aunque Red.es se reserva cierto grado de arbitrariedad a la hora de rechazar una solicitud si ésta vulnera el derecho al honor, a la intimidad o al buen nombre. Quitando estos casos, la administración se limitará a dirimir posibles conflictos en los casos en los que se denuncie a un "ciberokupa" que, por ejemplo, haya reservado el dominio con el nombre de una empresa ya existente o una marca registrada anteriormente.

No obstante, los precios, pese a reducirse notablemente (de 95 a 32 euros según las estimaciones del gobierno), aún no están lo suficientemente cerca de los que actualmente tienen los dominios genéricos como el .com. No hay que buscar mucho para encontrar ofertas de dominios a 10 euros o menos, y no parece que el precio de los dominios españoles se vaya a reducir tanto como para poder competir en igualdad de condiciones. Resulta complicado que las previsiones de llegar a los 400.000 dominios .es en cuatro años se cumplan, a no ser que se emplee la aritmética creativa tipo Constantino Méndez.

Y es que aún queda un segundo paso que siempre es el más difícil de dar para cualquier gobierno, y más para uno socialista. El servicio de registro debería ser completamente privatizado para que los precios se acercaran a los que un servicio tan globalizado y con tanta competencia internacional requiere para competir. Aún cuando se privatizara como monopolio privado, tendría una competencia tan feroz por parte de los dominios genéricos que no le quedaría más remedio que bajar aún más los precios. No obstante, hay que alegrarse cuando se da un paso en la dirección correcta, aunque se quede corto, después de tantos años de medidas absurdas y estúpidas y de falta de reflejos ante el resultado de las mismas.

En una de mis películas preferidas, Cadena perpetua, uno de los protagonistas sale de la cárcel tras cuarenta años entre rejas. En su nuevo empleo, pide constantemente a su nuevo jefe permiso para ir al servicio, lo que lleva a éste a recriminarle sus constantes peticiones: "si necesitas ir al baño, vete sin preguntar". Pero el viejo preso se da cuenta que lleva décadas pidiendo permiso para ir a mear, y es incapaz de hacerlo si no se lo dan. No era libre para hacer algo tan básico como orinar, al igual que no era libre para tantas otras cosas.

Vuelvo a recordar esta escena porque la petición de la SGAE de que todos necesitemos una licencia para navegar por Internet es mucho más grave de lo que se pueda pensar. No es del todo cierto que elimine el anonimato en la red, porque ese anonimato no existe. Cuando nos conectamos, lo hacemos empleando un número IP. En algunos casos, nuestro ordenador tiene siempre el mismo número mientras que, en otros, cambia cada vez que nos conectamos a la red. En caso de cometerse un delito en Internet, un juez puede pedir a nuestro proveedor de acceso la identidad del usuario que empleó una cierta IP a una hora determinada. Es verdad que podemos emplear determinadas técnicas para ocultar nuestro número IP aunque también es cierto que lo más probable es que puedan acabar atrapándonos.

El verdadero problema de la barbaridad proferida por nuestros artistazos es que, sencillamente, no somos libres de hacer algo si tenemos que pedir permiso para hacerlo y esperar a que nos lo concedan, aún cuando lo concedieran siempre. Ni usted ni yo somos libres de ser taxistas, pues nos deben conceder permiso las autoridades competentes. Tampoco de conducir, pues otras autoridades distintas han de decidir antes si somos aptos para hacerlo. En el primer caso, es una arbitrariedad injusta; en el segundo, cabe aducir que la seguridad de los que usan las carreteras obliga a ello. Parece evidente que navegar en Internet no es más peligro para los demás que caminar por la calle.

Entonces, si no disponemos de anonimato y la licencia elimina nuestra libertad de usar Internet, ¿para qué la quiere la SGAE? Se puede pensar mal de muchas maneras distintas. Dado que si se comete un delito, tanto la SGAE como cualquier otro pueden pedir al juez la identificación e imputación del delincuente, cabe pensar que desean que naveguemos bien identificaditos para poder amenazarnos aún cuando hagamos cosas legales, como compartir música en las redes P2P, ya que no pueden enviar a un juez para pedir que nos detengan. También es posible que, al sacarnos la licencia de conducción en Internet, nos obliguen a firmar un documento en que prometamos no hacer esas mismas cosas legales, como criticar al sindicato vertical. Seguramente hay razones aún más aviesas que yo no soy capaz de concebir pero mis avispados lectores sí. Pero lo único seguro es que lo que desea la SGAE es destruir nuestra libertad de utilizar Internet, porque esa es la única consecuencia segura e inmediata de su petición.

Como a mi compañero Eduardo Pedreño, me ha dado por pensar sobre el software libre a partir de dos noticias bien distintas. Una es el encuentro digital de Richard Stallman, el genial creador de ese invento, y la segunda la convención en la que MySQL AB celebró los 10 años de vida de su gestor de base de datos, una aplicación excelente que, entre otras cosas, alberga todo el contenido de Libertad Digital.

La primera me mostró a un iluminado que desea ser recordado, nada más y nada menos, que como "el libertador del ciberespacio". Ante un padre deseoso de que sus hijos empleen Linux y no Windows, y cuyo problema es que el juego "The Sims" sólo funciona en el último, sólo es capaz de responderle que este último es software propietario y debería borrarlo inmediatamente para así educar a sus hijos correctamente. Sus mayores afanes parecen centrarse en fantasías paranoicas en las que Bush robó las elecciones de 2000 y 2004 y Microsoft sigue siendo empleado por millones de usuarios debido a que compra a gobiernos e instituciones.

El segundo es el caso de un éxito difícil de prever. MySQL nació como un gestor de bases de datos pequeño y libre, con pocas prestaciones pero rapidísimo y fácil de instalar. En esa misma época, el auge de Internet llevaba a un número creciente de sitios web de tamaño medio o pequeño a necesitar aplicaciones sencillas, rápidas y baratas que albergaran sus contenidos. Actualmente, un gran número de sitios web, incluyendo éste, funcionan bajo lo que se ha llamado plataforma LAMP (Linux como sistema operativo, Apache como servidor de páginas web, MySQL como gestor de bases de datos y PHP o Perl como lenguaje de programación). La empresa MySQL AB, con 175 empleados, ofrece su gestor gratuitamente pero cobra por servicios relacionados con él, como soporte o certificaciones educativas, y muestra con orgullo el uso que Google, Associated Press, Yahoo o la NASA hacen de su producto estrella. Otro gestor libre, como es PostgreSQL, nunca ha alcanzado un éxito similar, pese a ser más potente, quizá porque no se ajustaba a las necesidades de ese sector pujante que es la web.

En estas noticias se puede observar dos visiones distintas del software libre. La primera es la de un ungido que se cree en posesión de la verdad absoluta, y para quien los que no estén de acuerdo con él han de ser necesariamente malvados o ignorantes. Alguien que sería feliz si sus ideas acerca de lo que es bueno a la hora de desarrollar aplicaciones fueran impuestas por ley a los demás. Que considera que el software propietario impide la cooperación social, como si el mercado no haya sido desde siempre la manera que tienen millones de personas de cooperar entre sí sin conocerse. Que piensa que los usuarios no son libres si eligen instalar Windows u Office en sus ordenadores.

La segunda es la de quien emplea el software libre como algo bueno y útil pero sometido también a una serie de incentivos propios que pueden poner en dificultades su modelo de desarrollo. Por ejemplo, que al escribir programadores e ingenieros del software en su tiempo libre aplicaciones para que les funcionen a ellos mismos, no cuiden tanto como las aplicaciones propietarias la facilidad de uso para el usuario normal. Un problema que se ha visto aliviado por la entrada de empresas como MySQL AB en el desarrollo del software libre, creando modelos de negocio que funcionen y que les permitan vivir del mismo. Pero que no lo consideran una cruzada moral, qué se le va a hacer.

Y es que el mercado –es decir, la gente– acabará decidiendo si uno es mejor que otro y prevalecerá o, como parece más probable, los dos coexistirán en el tiempo. Porque el software es una herramienta que permite realizar un trabajo, no es un fin en sí mismo. Las personas no encienden sus ordenadores para sentirse libres. Lo hacen para leer, escribir, ver películas, escuchar música, hacer cálculos, dibujar diagramas, comunicarse entre sí, etcétera. Y el software libre triunfará en tanto sea una herramienta mejor que el propietario para realizar esas tareas. Esa es la visión de otros gurús del movimiento, como Eric S. Raymond o Linus Torvalds. Y la mía.

El proyecto de ley de la propiedad intelectual del PSOE sigue recorriendo su camino. Este viernes fue recibido en el consejo de ministros un informe del ministerio de justicia sobre lo que va a ser una mina a explorar en profundidad durante las próximas semanas y meses. Durante su redacción se ha contado con entidades de gestión de derechos de autor, pero no con internautas, lo que hace temer que los cambios irán encaminados en perjuicio de éstos y del derecho a realizar copias privadas de música y películas a través de Internet. Más sospechoso resulta el que no se haya publicado ese anteproyecto y nos hayamos tenido que enterar del mismo por un fax (nota: son seis megas de descarga, luego no digan que no avisé). No obstante, hay un detalle que ya se ha empezado a debatir más en profundidad y es la modificación del artículo que regula el derecho a cita.

Aún a riesgo de que los hermanos Rojo vuelvan a coger un artículo mío sin permiso, o de que me echen del periódico por decir que me gusta algo que planea hacer este gobierno, debo decir que me gusta esta modificación. El debate sobre la propiedad cultural sigue vivo y muy vivo entre los liberales de diferentes escuelas. Quizá la forma más intuitiva de exponer el dilema al que nos enfrentamos es tomar las dos posturas enfrentadas al respecto. Para los creadores, la cosa está clara, son ellos quienes han filmado, compuesto o escrito algo y es, por tanto, suyo, pudiendo disponer de su creación como mejor le convenga. Puede ser liberándolo al permitir que cualquiera pueda acceder a él o puede ser cerrándolo para cobrar cada pase. Los consumidores, en cambio, lo ven de otro modo. Si se copian un CD de un amigo o se bajan de Internet una película, no están haciendo daño a nadie. Los propietarios de esos bienes siguen poseyéndolos. No hay, en definitiva, escasez de bienes culturales.

Hay que recordar que, ética aparte, la utilidad de los derechos de propiedad reside en la mejor administración de la escasez. Los bienes son escasos, y con propiedad privada se gestionan mejor y se produce el máximo de ellos. Pero los bienes culturales, una vez creados, no son escasos. Se pueden copiar sin coste, en el cerebro de cada uno, y cada vez con menos coste por diversos medios (discos compactos, libros, Internet, etcétera), sin que el autor deje de tener su propia copia. Sin embargo, ahí está el problema, que esto sucede una vez han sido creados. Si se elimina la propiedad, se eliminan los incentivos para aprovecharla, como décadas de comunismo han demostrado una y otra vez.

¿Se acabará la producción de bienes culturales si eliminamos los derechos de propiedad cultural? Es difícil de responder a esa pregunta. La tecnología era muy inferior a la actual cuando esos derechos se pusieron negro sobre blanco en papel oficial, una época en que los autores sí parece que podían vivir sin esa legislación. Intuitivamente, todos notamos una diferencia notable en la reproducción de bienes culturales sin permiso: el que se haga por dinero o no. Así está en la legislación actual, con el reconocimiento a la copia privada. El nuevo artículo sobre derecho a cita excluye expresamente la labor de copia y pega remunerada, es decir, "las recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción cuando dicha actividad se realice con fines comerciales", sin lesionar los derechos de los que citan a los demás para comentar o criticar sus textos, como los bloggers. Eso le traerá problemas tanto a las prácticas de Periodista Digital (no menos grave por mucho que incluya contenidos propios como su patética obsesión con la piscina de Pedro J.) como a las empresas de "press clipping", que realizan resúmenes de prensa a la carta generalmente para empresas, si no pagan a los medios por realizar su labor. En ambos casos me parece una restricción razonable y justa, porque una cosa es que las personas copien contenidos y otra que quieran ganar dinero con ello.

Esta semana pasada los grupos de presión de turno nos han asaltado con documentos y propaganda anticapitalista con la excusa del día mundial del agua. Su mensaje es el de siempre: “estáis destruyendo el mundo, así que dejar de vivir como queréis y obedeced: no consumáis”. Lo mismo nos dicen sobre la electricidad, alimentos, etc.

Una de los principales argumentos para el “desarrollo sostenible” anticapitalista es la escasez. El agua, electricidad, recursos naturales, etc. son escasos y por tanto hemos de reprimirnos de su uso.

Pero la realidad es que todo lo que nos rodea es escaso: automóviles, casas, lámparas, educación, trabajo, etc.; y es por eso que todas las cosas tienen un precio. El precio es el mecanismo natural que regula las relaciones entre oferta y demanda. Si las cosas no tuviesen precio, y eso significaría que son ilimitadas, la economía no haría falta y todos viviríamos en el Paraíso: nada escasearía, no nos haría falta trabajar, todo lo tendríamos al alance de la mano.

Pero vivimos en un mundo donde la naturaleza no es capaz de crear coches, escuelas, DVDs, supermercados, ni nos lleva el agua a nuestras casas. En otras palabras, la mayoría de objetos materiales y servicios que la sociedad nos brinda son limitados y hemos de trabajarlos para vivir y satisfacer al resto de la comunidad.

Fue esta cooperación descentralizada y voluntaria la que creó el Capitalismo y la superabundancia posterior: cuando la gente trabajaba en aquello que más valoraba el resto de la sociedad, mejor vivía y más contribuía a la satisfacción de los demás.

En una sociedad no intervenida y libre todo aquello que tiene un valor y es escaso adquiere un propietario natural. El propietario trabaja su bien para ofrecerlo mediante el comercio al resto de la comunidad para ganar algo a cambio. La propiedad privada nace del trabajo de uno mismo o de lo que nosotros pagamos voluntariamente por el trabajo, voluntario también, de otro. Tanto oferente como demandante salen ganando de este intercambio pacífico, sino no se realiza.

Lejos de esta forma pacífica y voluntaria, la solución del estado ha sido nacionalizar y tomar por la fuerza los “recursos sostenibles” en nombre del “bien común” eliminando el disfrute de éstos a cualquiera: ha expropiado terrenos y casas, ha creado parques protegidos a los que no podemos acceder, zonas verdes que impiden el desarrollo económico y el posterior traslado forzoso de personas y empresas, precios máximos en el sector eléctrico que crean pérdidas a las compañías y posteriores cortes eléctricos para sus clientes, monopolios nacidos de los favoritismos políticos y corrupción, leyes y tributos sobre el suelo urbanizable que encarecen la vivienda, etc. Si nos creemos que por arte de magia los bienes se pueden multiplicar y redistribuir para todos por igual, lo único que conseguiremos es que no haya nada para nadie. La economía sostenible anticapitalista es la excusa política para sacarle al individuo su propiedad y libertad.

Si valoramos los recursos naturales por su utilidad y escasez, eso significa que tienen un precio, y si permitimos el acceso de estos recursos a sus legítimos propietarios —todo aquel que sepa encontrarle un lugar en el mercado—, éstos se cuidarán que persistan cuidándolos y comerciando con ellos a cambio de una recompensa económica; sino lo hacen, se les acabaría el negocio. Nadie crea una empresa para arruinarse, en cambio, al político le da igual las consecuencias de sus actos. El político siempre seguirá cobrando independientemente de lo que haga. Si lo hace muy mal lo destituirán pero le darán otro cargo con el mismo o mejor sueldo para que no se queje o no monte un escándalo.

Si nos desprendemos de la expropiación estatal (impuestos, leyes, licencias, patentes, etc.) conseguiremos un mundo sostenible, fructífero y Capitalista de verdad donde la escasez, a través del trabajo y afán de lucro empresarial, consiga la abundancia y riqueza para la comunidad y no de la comunidad como pretende el burócrata.

El periodismo disperso, que cabría definir como la información diseminada y difundida en las bitácoras de tipo periodístico, se ha cobrado ya unas cuantas piezas políticas y periodísticas en Estados Unidos. Su éxito más sonado ha sido, sin duda, el Rathergate, saldado con el despido de algunos de sus responsables y la retirada parcial de otros. Más reciente ha sido la dimisión de Eason Jordan, director de informativos de la CNN, por la difusión en la blogosfera de su acusación infundada de que los soldados americanos tenían a los periodistas entre sus objetivos. Aunque su importancia en el ámbito político no es despreciable, sus mayores éxitos se circunscriben a otro campo, el periodístico, cuyos componentes han logrado hasta ahora salvarse de la crítica al ser realizada ésta por medio de los cauces que controlan, los medios de comunicación. Y, como dijo Anson en frase inolvidable, "perro no come carne de perro". O al menos no con la frecuencia debida. Por eso, la nueva situación hace que en algunos periodistas parezca percibirse el miedo.

Sin embargo, el único éxito que se puede anotar en nuestro país la blogosfera es la rectificación de El País de su infame anuncio "Un día da para mucho", pero fue debido más bien a la difusión que tuvo en la blogosfera anglosajona gracias a la bitácora en inglés Barcepundit, y las quejas que recibió el diario desde el extranjero. Sin embargo, en un país más pequeño que el nuestro, y donde la presión del pensamiento único es más asfixiante aún, el periodismo disperso empieza a desperezarse. El principal objeto de crítica de la blogosfera sueca es su televisión pública, supuestamente dedicada a informar con objetividad, pero que lo hace a través de un prisma socialista que invade todas sus informaciones. Como BBC o TVE, vamos.

Hasta ahora, la única pieza cazada ha sido Cecilia Uddén, y sólo se forzó su retirada durante dos semanas. Su culpa fue reconocer en un debate público que no era objetiva en su tratamiento de las elecciones norteamericanas. Ya es significativo que se la castigue por declararlo en público y no por serlo. De hecho, la periodista se ha arrepentido de decirlo, y no de hacerlo; parece ser que no cree que sea su misión ser objetiva más que en asuntos nacionales. La crítica más reciente que la blogosfera sueca está dedicando a la televisión pública es un reportaje sobre terrorismo lleno de errores y de parcialidad a favor de los terroristas y en contra, claro, de Estados Unidos e Israel. Nada nuevo. El autor, afiliado comunista, no ha podido contestar a las críticas y se ha quejado de "macartismo". Cabe esperar que ésta sea la primera línea de defensa de muchos periodistas, especialmente si son de izquierda, ante la crítica fundada y razonada que se les haga desde Internet.

A la blogosfera sueca le queda mucho camino por recorrer, pese a que uno de sus miembros, Johan Norberg, haya sido declarado la vigesimoséptima persona más influyente del país. No obstante, apunta unas maneras que podrían marcar una senda por la que la blogosfera española debería encaminarse. En España las bitácoras son demasiado opinativas y muy poco críticas con las personas, grandes y pequeñas, que están detrás de la prensa establecida. Por ejemplo, nadie pestañea cuando lee a Arístegui asegurar sin ruborizarse que Juan Cierco es un gran corresponsal porque no hay un gran esfuerzo de denuncia encaminado a dejar claro que Juan Cierco es poco más que un cronista al dictado del terrorismo palestino. En Inglaterra, Ian Duncan asegura que la blogosfera puede salvar al conservadurismo inglés. El periodismo disperso también podría ser la mejor vía de escape al invierno mediático en España.