Hace cuarenta y cinco años en España sólo había dos canales de televisión, y ambos eran públicos (TV1 y TV2), el número de diarios de papel conocidos en España se contaban con los dedos de una mano (en total, incluyendo nacionales, regionales y locales, el número no superaba la cuarentena), y lo mismo ocurría con el número de cadenas de radio. Eso, con los rumores, eran los medios de que disponía la gente para informarse. Y toda esa información no estaba almacenada en un mismo sitio, acceder a ella era costoso y requería mucho tiempo.
A cualquiera que le preguntes te dirá que la situación, hoy, es infinitamente mejor en lo que al derecho de información (y su otra cara de la moneda: libertad de expresión) se refiere: cualquiera puede hoy escribir, o grabar, casi con cualquier otro aparato, fácil de adquirir, y barato, en cualquier momento y sin dificultad (todo un sueño hasta para los James Bond de hace sólo un par de décadas); ese escrito o grabación se puede subir a la red en segundos, también de manera gratuita y sin apenas dificultad, y con ello hacerlo accesible a miles de millones de personas, pudiendo, de hecho, monetizar las visitas y hacer de esas publicaciones un medio de vida.
Así, son millones las webs a las que uno puede acceder con un click desde su casa, o el número de canales que hay en las principales plataformas de vídeo, y miles de millones el número de publicaciones, de todo tipo, recientes y no tan recientes, almacenadas pero disponibles. El problema, dicen, no es ya la dificultad y el coste de acceder a la información, sino las dificultades de discriminar ante tanto dato a nuestro alcance.
Pero la cosa no es tan maravillosa como parece y existen nubes en el horizonte del derecho a la información que no deberíamos obviar. Y no sólo por las amenazas del poder político (estas últimas semanas hemos visto cómo se tramita una reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para crear un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria que regule la concesión y renovación de las credenciales de periodistas, fijando los requisitos y las sanciones que a los mismos puedan imponerse). También por otras circunstancias de las que también hemos tenido, estos días, ejemplos curiosos.
El analista político InfoVlogger, por ejemplo, con cientos de miles de seguidores, ha sido expulsado del Programa para Partners de Youtube (propiedad de Google), lo que le impide seguir monetizando sus vídeos en dicha plataforma, unos vídeos muy críticos con los partidos mayoritarios y con los medios de comunicación de masas; el blog Missa in Latino, uno de los sitios más influyentes del mundo en el ámbito del pensamiento católico tradicional, ha sido bloqueado por la plataforma Blogger, propiedad también de Google, a pesar de haberse destacado por algo tan aparentemente inocuo como defender la liturgia católica tradicional, reprobar decisiones vaticanas y ser crítico con los obispos. Dos “publicadores” muy distintos, dedicados a materias muy diversas, con estilos diferentes…
Se me dirá que las empresas privadas deben ser libres, que cada uno en su casa debe poder hacer lo que quiera, que son dos anécdotas descontextualizadas y de las que no doy más datos, etc… y se me dirá, seguramente, bien.
Decíamos al principio del artículo que a principio de los años 80 sólo había dos canales de televisión, un puñado de periódicos y otro puñado de cadenas de radio. Hoy la situación es infinitamente mejor, pero ¿cuántas son las principales empresas -con cuota de mercado significativas- que ofrecen servicios “en la nube”, ya sea infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS), o software como servicio (SaaS)? O, aterrizando esos conceptos -y siglas- tan abstrusos: ¿cuántos son los motores de búsqueda que utiliza el grueso de los usuarios de internet? ¿Cuántas son las plataformas utilizadas masivamente para subir, ver y compartir vídeos, o alojar blogs? ¿Cuántas son las aplicaciones de mensajería instantánea realmente utilizadas por la mayoría? ¿Y de redes sociales?
El efecto red, los fuertes requisitos de capital, las economías de escala, el apalancamiento operativo etc. ayudan a que se hayan creado esos gigantes -de capital privado, no digo que no-, un puñado de los cuales son líderes en varias de las líneas de negocio señaladas en el párrafo anterior… Pero también contribuye nuestro deseo de no complicarnos la vida. Nos hemos echado una soga al cuello que no es nuestra y sobre la que no tenemos ningún control; hasta ahora no nos han apretado demasiado, al menos, que nos hayamos dado cuenta; muy posiblemente nunca lo hagan, ojalá, pero si en algún momento les da por hacerlo, tendremos un problema.
Estamos mejor que hace cuarenta años, es evidente, pero no tan bien como para poder estar tranquilos; y, a pesar de ello, quizás por el contraste, nos sentimos totalmente seguros. Qué ocurriría si a los mandamases de las seis o siete grandes tecnológicas les da por considerar -ya sea motu proprio, ya sea por “recomendación” de los políticos, o por ensoñaciones de una noche de verano- a los liberales gente que incita al odio -contra los políticos, por ejemplo-, y “bloquean” las búsquedas, las webs, los blogs, los canales, en definitiva, de nuestros referentes… y quien dice a los liberales, dice a cualquier otro colectivo; lo han hecho hasta con un blog dedicado a defender la liturgia tradicional católica, precisamente porque promovía “discurso de odio”, y quizás lo has promovido, puede ser, todo depende, y dependerá, de la sensibilidad y criterio de quien tenga que juzgar lo que es “odio”.
Algunos dirán: “no lo pueden hacer, sería antieconómico”. Y seguramente lo sería; pero también es antieconómico el socialismo, y ahí estamos. Por eso deberíamos mantener abiertas alternativas, aunque sea más caro y menos eficiente… aunque sólo sea por “si acaso”.
Decían los Padres Fundadores de EE.UU. que “el precio de la libertad es su eterna vigilancia”. Pues eso.
Por Justin Hempson-Jones. El artículo ‘Inúndalo todo de m*erda: la guía de Steve Bannon para influir‘ fue publicado originalmente en CapX.
Las sociedades libres no sólo dependen de los mercados libres de bienes y servicios, sino también de mercados libres y funcionales de información. La democracia liberal parte de la base de que, si se tiene acceso a datos precisos, puntos de vista diversos y un debate abierto, la verdad triunfará. Pero, ¿qué ocurre cuando se rompe el mercado de la información, cuando la atención, y no la exactitud, se convierte en la moneda de cambio? ¿Cuándo la visibilidad sustituye a la credibilidad?
Esta es la crisis a la que nos enfrentamos ahora: un colapso del mercado de la verdad, o de lo más parecido a ella. Y los regímenes autoritarios se están aprovechando de ello.
Líderes como Donald Trump, Viktor Orbán, Recep Tayyip Erdoğan y Narendra Modi han descubierto una versión de la censura del siglo XXI: no prohibiendo ideas, sino inundando el sistema de ruido. En lugar de suprimir la disidencia, la abruman, explotando nuestra psicología y convirtiendo las plataformas digitales en motores de confusión.
El ascenso al poder de Trump en 2016 no se basó en la persuasión tradicional, sino en una comprensión intuitiva de la economía digital de la atención. Su infame estrategia de «inundar la zona de mierda», en palabras de su antiguo asesor Steve Bannon, equivalía a una guerra de información. Si puedes saturar el entorno con mensajes contradictorios y cargados de emoción, destruyes el valor de la credibilidad. Cuando todo se pone en duda, recurrimos por defecto a lo que ya creemos y en quienes confiamos instintivamente: nuestros iguales más cercanos y quienes lideran nuestros grupos de pertenencia.
Los efectos van mucho más allá de Trump. En la India, el gobierno de Modi presiona a las plataformas tecnológicas para suprimir la disidencia e impulsar las narrativas nacionalistas. En Turquía, Erdoğan combina las detenciones con la manipulación online. En Hungría, Orbán ha nacionalizado gran parte de los medios de comunicación, desplazando al periodismo independiente. Lo que une a estos líderes es un manual común: manipular la plaza pública digital para distorsionar la percepción, no sólo para controlar la expresión.
Estas tácticas funcionan porque explotan la forma en que los seres humanos procesamos la información. No sopesamos racionalmente cada hecho. Nos basamos en atajos: reputación, emoción y consenso social, por ejemplo. Pero plataformas como Twitter, YouTube y Facebook, impulsadas por algoritmos de interacción, explotan esos atajos. Dan prioridad a los contenidos que provocan ira y miedo. Cuanto más emotivo, más visible. En este contexto, la verdad puede convertirse en una señal más, perdida en el ruido.
En un mercado que funciona, los malos productos fracasan. Pero la economía de la atención digital no recompensa la fiabilidad, sino la viralidad. Esta perversa estructura de incentivos permite que prospere la desinformación. Las plataformas tecnológicas -intencionadamente o no- se han convertido en infraestructuras de influencia, utilizadas por los hombres fuertes para eludir a los guardianes tradicionales y ahogar las críticas.
El resultado es un ecosistema epistémico roto. Si todo el mundo vive en una burbuja de información personalizada, no existe una base compartida para el debate público. La gente se siente abrumada y cínica. El compromiso de los votantes disminuye. Aumenta la polarización. Y los demagogos llenan el vacío con relatos simplistas y chivos expiatorios.
No se trata sólo de un problema político, sino también económico. Las democracias dependen de ciudadanos informados que toman decisiones razonadas, al igual que los mercados dependen de consumidores informados que toman decisiones racionales. Pero en ambos casos, la asimetría de la información y la distorsión de los incentivos conducen al fracaso. El mercado de la verdad ya no se autocorrige.
¿Qué se puede hacer?
En primer lugar, los incentivos deben cambiar. Las plataformas de medios sociales tienen que enfrentarse a una presión real -normativa, de reputación o competitiva- para dar prioridad a la integridad sobre la viralidad. Eso no significa censura. Significa aumentar la visibilidad de las fuentes creíbles, etiquetar los contenidos sintéticos o manipuladores y reducir el alcance de la desinformación coordinada.
En segundo lugar, hay que reconstruir la infraestructura cívica. La alfabetización mediática, las herramientas de verificación de hechos y el periodismo independiente son esenciales si queremos un mercado de ideas que funcione. Al igual que los mercados necesitan árbitros de confianza, las democracias necesitan instituciones que defiendan una base fáctica compartida.
Por último, debemos dejar de considerar la democracia como un mero sistema político: también es un sistema de conocimiento. La libertad de elección sólo tiene sentido cuando las personas pueden acceder a información precisa. Sin ella, el liberalismo degenera en teatro, y las elecciones se convierten en concursos de popularidad gobernados por la distorsión algorítmica en lugar del debate razonado.
Los mercados libres dependen de la transparencia, la responsabilidad y la competencia leal. Lo mismo ocurre con las sociedades libres. Si no arreglamos el mercado de la verdad, los autoritarios no necesitarán silenciar a sus críticos, simplemente los enterrarán en ruido.
Por Charles White Thomson. El artículo Sin libertad de expresión, Gran Bretaña está abocada a las malas ideas fue publicado originalmente en CapX.
Gran Bretaña tiene un problema de honestidad nacional. A nuestro alrededor existe una hostilidad al pensamiento desafiante, que fomenta una rígida conformidad rígida y la titulitis. Este entorno restrictivo nos obliga a tener una doble personalidad, con una visión privada auténtica y una pública muy moderada.
Quienes ocupan altos cargos en la empresa y fuera de ella están constantemente sorteando campos de minas que podrían costarles su carrera o, peor aún, hacer que la «cancelen». Esto ahoga el liderazgo y la creatividad genuinos. Sin libertad de expresión, nunca resolveremos los problemas de fondo a los que se enfrenta el Reino Unido.
A menudo se tacha la libertad de expresión de «guerra cultural», poco relevante para la vida cotidiana. Sin embargo, como sostuve en la conferencia anual Ayn Rand del Instituto Adam Smith, es crucial para el avance del discurso intelectual, pues es un motor clave del progreso económico y filosófico.
Cuando se expulsa a los académicos de las universidades y los estudiantes tienen demasiado miedo de hablar, nos perdemos innovaciones cruciales. Si no me creen, hojeen algunos libros de historia. Debido al monopolio de la Iglesia Católica sobre el discurso intelectual, tardamos años en aceptar la afirmación de Copérnico de que la Tierra gira alrededor del Sol.
Aunque nace de un deseo bienintencionado de evitar la ofensa, la cultura de la cancelación no nos protege, de hecho. Al contrario, fomenta las medias verdades, las distorsiones y las explicaciones reductoras de los acontecimientos. Esto tiene efectos en el mundo real, lo que conduce a unas políticas ostensiblemente bondadosas pero fatalmente equivocadas.
Cuestión de vida o muerte
A pesar del imperativo de promover un debate sincero, estamos derivando reflexivamente hacia una mayor censura. La suspensión por parte del Gobierno de la Ley de Educación Superior (Libertad de Expresión) de 2023 es el último ejemplo de esta preocupante tendencia. A través de la inacción y la complacencia, estamos aumentando el clima de miedo en las universidades.
Ayn Rand, que vivió en la Rusia soviética, comprendió perfectamente el valor de la libertad de expresión y la calificó de «cuestión de vida o muerte». Rand animó a las sociedades a no «renunciar a la libertad de prensa, de periódicos, libros, revistas, televisión, radio, cine y cualquier otra forma de presentar ideas». Rand creía que «mientras eso sea libre, es posible un giro intelectual pacífico».
Ahora bien, Rand no creía que el discurso fuera libre en consecuencia: las declaraciones controvertidas merecen ser examinadas. Sin embargo, se resistió con valentía a los intentos de censura gubernamental, apoyando un entorno intelectual darwiniano en el que prosperan las mejores ideas y perecen las más débiles. Resulta preocupante que, cuando la censura suprime las formas moderadas de disidencia, las alternativas extremistas acaban prosperando.
Para promover la honestidad, también tenemos que tomarnos en serio la diversificación de nuestras instituciones, y me refiero a la diversidad en el sentido genuino de la palabra.
Uniformidad y conformismo
Después de dejar el ejército, no tenía trabajo ni título, pero conseguí un puesto de principiante en Barings Securities y acabé siendo Consejero Delegado de Saxo UK. Me temo que el camino que yo tomé sería mucho más difícil hoy en día. Debido a los requisitos de las titulaciones universitarias del Russell Group y a la naturaleza de los procesos de selección, corremos el riesgo de seleccionar a personas con antecedentes y experiencias muy similares. Esto no quiere decir que todos los que se han esforzado por entrar en los programas para titulados no lo merezcan. Pero esto fomenta el conformismo, que conduce al pensamiento de grupo y a todos los problemas que conlleva.
Nuestro país se hunde en un declive controlado, justificado por una retórica superficial. Para reinyectar la honestidad en la vida nacional, necesitamos recurrir al talento de toda la sociedad británica.
Nuestra calidad de vida y nuestro lugar en el mundo no están garantizados. Como bien saben quienes han leído «Atlas Shrugged», un país puede desmoronarse más rápido de lo que nadie espera. Si queremos arreglar Gran Bretaña, tenemos que empezar por ser honestos sobre los retos a los que se enfrenta.
Por Rachel Chiu. El artículo ¿Debe el Gobierno restringir las expresiones «nocivas» en Internet? fue publicado originalmente en FEE.
La Primera Enmienda prohíbe al gobierno federal suprimir la expresión, incluida la que considere «perjudicial». Pero los legisladores siguen intentando regular el discurso en línea.
Durante el verano, el Senado aprobó la Ley de Seguridad Infantil en Internet (Kids Online Safety Act, KOSA), un proyecto de ley para proteger a los niños de los efectos adversos de las redes sociales, supuestamente. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, adoptó medidas de procedimiento para poner fin al debate y someter rápidamente el proyecto a votación. Según Schumer, la situación era urgente. En su intervención, se centró en las historias de niños víctimas de acoso y conductas depredadoras en las redes sociales. Para abordar estos problemas de seguridad, la legislación propuesta responsabilizaría a las plataformas en línea, obligándolas a tomar medidas «razonables» para prevenir y mitigar los daños.
Ahora depende de la Cámara de Representantes que el proyecto de ley llegue a la Presidencia. Tras los temores iniciales de censura, la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley en septiembre, allanando el camino para su votación final. KOSA pone de relieve una tensión permanente entre la libertad de expresión y los esfuerzos actuales por hacer «más seguras» las redes sociales. En sus persistentes intentos de remediar el daño social, el gobierno reduce lo que está permitido decir en línea y asume un papel contra el que la Primera Enmienda protege específicamente.
No nos proteja de las palabras, Gobierno Federal
En esencia, la Primera Enmienda está diseñada para proteger la libertad de expresión de la intromisión del gobierno. El Congreso no es responsable de determinar qué discurso es permisible o a qué información tiene derecho a acceder el público. Los tribunales han sostenido durante mucho tiempo que toda expresión está protegida, a menos que entre dentro de ciertas categorías. Las prohibiciones contra la expresión perjudicial -cuando el término «perjudicial» lo determinan exclusivamente los legisladores- no son coherentes con la Primera Enmienda.
Pero proyectos como el KOSA añaden nuevos niveles de complejidad. En primer lugar, el gobierno no se limita a castigar a los oponentes ideológicos o a quienes tienen puntos de vista desfavorables, lo que violaría claramente la Primera Enmienda. Cuando se ve bajo su mejor luz, KOSA trata de proteger a los niños y su salud. Nueva York tenía justificaciones similares de salud pública y seguridad para su controvertida Ley de incitación al odio, que fue bloqueada por un tribunal de distrito y está pendiente de apelación. Según este argumento, que se cita a menudo para racionalizar las limitaciones a la libertad de expresión, los peligros para la sociedad son tan grandes que el gobierno debe tomar medidas para proteger de daños a los grupos vulnerables. Sin embargo, los tribunales han dictaminado, en general, que ésta no es justificación suficiente para limitar la libertad de expresión protegida.
Las razones del juez Easterbrook
En American Booksellers Association contra Hudnut (1986), el juez Frank Easterbrook evaluó la constitucionalidad de una prohibición de la pornografía promulgada por la ciudad de Indianápolis. La ciudad razonó que la pornografía tiene un impacto perjudicial en la sociedad porque influye en las actitudes y conduce a la discriminación y la violencia contra las mujeres. Como escribió el juez Easterbrook en su ya célebre opinión, el mero hecho de que el discurso tenga un papel en el condicionamiento social o contribuya vagamente al daño social no da al gobierno licencia para controlarlo. Ese contenido sigue estando protegido, por dañino o insidioso que sea, y cualquier respuesta en sentido contrario permitiría al gobierno convertirse en el «gran censor y director de qué pensamientos son buenos para nosotros.»
Además del argumento de la protección de la infancia, una segunda capa de complejidad es que KOSA permite la censura por una vía indirecta. El gobierno consigue lo que le prohíbe la Primera Enmienda por medio de exigir a las plataformas en línea que vigilen una amplia gama de daños, o se arriesgarán a afrontar consecuencias legales. Este es un rasgo común de los recientes proyectos de ley sobre redes sociales, que atribuyen la responsabilidad a las plataformas.
Plataformas terapeutas
En la práctica, el resultado es inevitablemente menos libertad de expresión. Según la ley KOSA, la plataforma tiene el «deber de diligencia» de mitigar la ansiedad, la depresión, los trastornos alimentarios y los comportamientos adictivos de los jóvenes. Aunque esta disposición se centra en el diseño y el funcionamiento de la entidad cubierta, implica necesariamente la expresión, ya que las plataformas de medios sociales se construyen en torno a las publicaciones generadas por los usuarios, desde la curación de contenidos hasta las notificaciones.
Dado que las plataformas son responsables por no cumplir con el «deber de diligencia», este requisito está destinado a barrer millones de mensajes que son expresión protegida, incluso el contenido ordinario que puede desencadenar el daño enumerado. Aunque la plataforma sería técnicamente la entidad que aplicaría estas políticas, el gobierno estaría impulsando la eliminación de contenidos.
En última instancia, la fijación en el daño hace poco para justificar las limitaciones a la libertad de expresión. La legislación que reduce la expresión legal para promover un bien social más amplio sigue siendo un vehículo para que el gobierno se convierta, como escribió el juez Easterbrook, en «grandes censores».
Por David James. El artículo La cobardía cultural cuesta vidas fue publicado originalmente en CapX.
Para quienes tienen un talante conservador, los interminables conflictos que siguen manteniendo encendidas las guerras culturales suelen ser una lectura deprimente. Apenas pasa una semana sin que la prensa se haga eco de algo preocupante o descabellado (o ambas cosas). El gran despertar, del que algunos afirman que ya ha pasado una década, sigue dominando la opinión pública, ya que desafía las convenciones e instituciones establecidas desde hace tiempo de las formas más fundamentales posibles.
Por supuesto, las guerras culturales son amorfas, y no hay acuerdo sobre su grado de coordinación (o incluso sobre si hay). Para algunos comentaristas, normalmente de derechas, está en juego el futuro de la civilización occidental. Para otros (normalmente de izquierdas) el “wokeismo” es un término alarmista, cuando en realidad los debates en torno al género, la raza y la fe son luchas por la igualdad.
Dicho esto, cuando un cantautor de izquierda liberal como Nick Cave admite que le horroriza la “cultura woke” por su “falta de humildad y la seguridad paternalista y doctrinal de sus afirmaciones”, uno no puede dejar de concluir que la ventana de Overton se ha desplazado de nuevo. Y que la intimidación y el miedo que han impedido que demasiadas personas de un espectro político muy amplio sientan que pueden debatir cuestiones divisivas está disminuyendo. Al menos es un signo de cierto progreso.
Cuchillo
Durante la última semana ha habido más buenas noticias, con varios acontecimientos no relacionados, pero alentadores que muestran que cualquier Fin de Occidente Spengleriano está, al menos por el momento, retrasado. En primer lugar, la Cass Review introdujo una dosis necesaria de objetividad basada en pruebas en los argumentos sobre género, a menudo tóxicos y acientíficos. Después, el Tribunal Supremo dictaminó que la escuela Michaela, y su directora, Katharine Birbalsingh, no eran culpables de discriminar a una alumna musulmana a la que se había impedido observar sus rituales de oración. Por último, hemos asistido a la reaparición en la esfera pública de Sir Salman Rushdie, que acaba de publicar el relato de su intento de asesinato en unas memorias tituladas, sin rodeos, Cuchillo.
Erica Wagner entrevistó recientemente a Rushdie en el Southbank Centre a través de una conexión de vídeo desde su casa de Nueva York (es comprensible que sea reacio a hablar en directo en el escenario). Aunque sólo estuviera virtualmente, fue realmente conmovedor verle allí, menos de dos años después de aquel atentado casi mortal en el norte del estado de Nueva York. Aquel atentado contra su vida, perpetrado por un asesino solitario, duró 27 segundos, “mucho tiempo”, dijo, “cuando la otra persona tiene un cuchillo en la mano”. Pero, aparte de la pérdida de visión de su ojo derecho, “se recuperó”, y sus opiniones sobre la libertad de expresión se vieron reforzadas por sus angustiosas experiencias.
Cancelación
Rushdie es, por supuesto, la primera y más famosa víctima de la tendencia moderna a ser censurado por escribir algo que otros consideran ofensivo. Pero su “cancelación” fue muy real y visceral: la fatwa emitida el Día de San Valentín de 1989 por el ayatolá Jomeni, tuvo implicaciones políticas (y personales) duraderas, que volvieron a atacarle, a arrastrarle a su pasado, cuando se levantó para hablar en la Chautauqua Institution sobre la importancia de mantener a los escritores a salvo de cualquier daño. La ironía también le acecha.
Todos los que recuerden la sentencia de muerte dictada en Teherán recordarán lo oscuro que fue aquel momento. Vimos cómo se quemaban ejemplares de Los versos satánicos en las calles de Inglaterra y, de repente, sentimos una sensación de desarraigo de nuestro país, de aquellos con los que convivíamos. Rushdie confesó que incluso entonces continuaba su irreprimible optimismo: “Sabía”, dijo al público, “que esto no acabaría entonces”.
La cobardía de los escritores
Una de las consecuencias más deprimentes de la fatwa fue la respuesta pusilánime con que la recibieron otros escritores: Roald Dahl, Germaine Greer, John Berger, John Le Carré, entre otros, criticaron públicamente a Rushdie por tener la temeridad de expresarse libremente como escritor. Con razón, el dolor que sintió entonces por sus palabras perdura, porque como dijo Rushdie a Wagner, “las palabras son las vencedoras: sobreviven a los imperios”, y sobreviven a las vidas de sus autores, para bien o para mal.
Si los últimos años de la década de 1980 fueron una época oscura para la libertad de expresión, entonces vivimos, si cabe, en un periodo aún más oscuro de cobardía intelectual, moral y física. Pero la negativa de Rushdie a que le silencien sigue arrojando luz sobre quienes, por alguna forma contorsionada de relativismo, se niegan a apoyarle en público por miedo a ofender.
Sabemos que los enemigos de la libertad de expresión no son sólo los que queman libros, sino también los que se niegan a apoyar a los autores atacados. Le Carré se ha ido, pero en su lugar tenemos no sólo a apologistas modernos de la fatwa en figuras como Bernardine Evaristo, y a instituciones que ella, como Presidenta de la Real Sociedad de Literatura, representa. Se empeñan en permanecer “neutrales”, cuando tal postura es en sí misma un acto partidista, político y de cobardía. Al final de “Cuchillo”, Rushdie cita a John Locke, que escribió: “Siempre he pensado que las acciones de los hombres son los mejores intérpretes de sus pensamientos”. A eso se pueden añadir también las inacciones.
“El mundo ha abandonado la realidad”
Y esa, quizá, sea la diferencia crucial entre los años 80 y ahora: son las instituciones, además de los individuos influyentes, las que muestran una falta similar de fuerza moral. Como era de esperar, Birbalsingh, Cass y Rushdie no han sido recibidos con el alivio universal de quienes se benefician de vivir en un país que permite la libertad de expresión, sino con amenazas de violencia y llamamientos a la censura. Wagner preguntó a Rushdie por qué, para ser tan racionalista, sus libros siguen conteniendo momentos de magia y milagros. “Porque el mundo ha abandonado la realidad. Vivimos en un mundo de surrealismo”, respondió.
Rushdie sobrevivió gracias a la suerte y al milagro de la ciencia, del conocimiento empírico, de la esperanza y del amor. Su presencia sigue recordándonos que necesitamos estas cualidades ahora más que nunca, pero con demasiada frecuencia están en peligro tanto por las fuerzas de la oscuridad que le han seguido desde aquel poco amable día de San Valentín de 1989, como ahora también por aquellos que contemplan actos tan terribles y no dicen nada por si ofenden a quienes prefieren usar cuchillos, no palabras, para censurar y silenciar.
Un juez de la Audiencia Nacional ordenó que se bloquease de forma cautelar en el estado español la aplicación de mensajería instantánea Telegram porque se distribuyen contenidos con propiedad intelectual. Luego rectificó, pero el peligro sigue existiendo. La idea de propiedad intelectual es un mito que permite a los legisladores un poder casi infinito ya que, al legislar sobre un concepto tan vago y abstracto, permite aplicar control sobre cualquier aspecto de la vida de los individuos.
Además, es tan sencillo saltarse un bloqueo como el de Telegram, que esta sentencia era inaplicable. Por lo tanto, no sólo nos encontramos ante una sentencia que afectaba a 8,5 millones de usuarios, independientemente del uso que le den a esta aplicación, sino que supone una pérdida de confianza a las leyes españolas.
Debate en la UFM
El pasado 2 de marzo participé en un debate en la Universidad Francisco Marroquín sobre la propiedad intelectual, defendiendo una postura contraria a la legislación de eso que llaman la “propiedad intelectual”.
Acabé mi exposición de motivos con cinco puntos, que me servirán como guía para analizar la amenaza de secuestro a Telegram:
Al legislar un mito, se le está dando la potestad al legislador para que legisle sobre cualquier cosa.
Al legislar para fomentar la innovación, se le está dando la potestad al legislador para que legisle sobre la economía.
Al legislar un mito, se le está dando la potestad al poder legislativo para que determine partidas presupuestarias para financiar el mito.
Al legislar un mito, que acarrea otros mitos, se le está dando la potestad al poder legislativo para que legisle, y determine partidas presupuestarias, sobre otros mitos derivados.
Y, porque, al legislar sobre lo ilegislable, se crean leyes innecesarias y, como dijo el Padre Juan de Mariana:
“Las leyes son muchas en demasía, y como no todas se pueden guardar, ni aún saber, a todas se pierde el respeto”.
La propiedad intelectual como mito
En otro artículo analizaré más detenidamente los problemas que supone la propiedad intelectual. Ahora me centraré en el caso de Telegram y simplemente dejaré aquí unas pinceladas sobre por qué no puede existir eso de la propiedad intelectual. El intelecto, o las ideas, no pueden tener propiedad, porque no puede haber escasez de ideas. El hecho de que A tenga una idea y se la transmita a B, no convierte a A en menos poseedor de la idea, sino que esa idea ahora la tienen A y B. Además, el hecho de que A replique la idea de B, le puede beneficiar en dos motivos:
Una idea nunca está sola. Si A, aporta una idea a B, pasa a ser parte del acervo de B, que la conjuga con el resto de sus ideas y, cuando B se la devuelve a A, no le devuelve exactamente la misma idea, sino interpretada y conjugada con otras de las ideas de B. Si A la incorpora a su acervo es porque la modificación de B es, subjetivamente, valiosa para A. Por lo tanto, A, o no pierde, o gana aportando ideas a B.
Si A toma una idea de B, y la replica, le está homenajeando. Si no le cita, no pierde nada, pero si le cita, está influyendo en aquellas personas a las que envía su interpretación de esa idea y hace que, subjetivamente, para aquellas personas que puedan estar de acuerdo con la idea original o con la interpretación, el acervo de A adquiera mayor valor. De nuevo, o no pierde, o gana.
Ni mucho menos mortis causa
Además, como defendía Roberto Santos cuando batallábamos contra las patentes de software: no puede considerarse propiedad a algo que no puede transmitirse ni inter vivos, en iguales condiciones que “lo” original ni, mucho menos, mortis causa.
Las ideas no son equivalentes ni intercambiables. Un saco de trigo lo podemos intercambiar por otro saco de trigo. Una furgoneta y una motocicleta, no son el mismo bien, pero en determinadas circunstancias pueden ser intercambiables. Sin embargo, la idea de que “la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa” no es intercambiable por la idea de que “un soneto es una composición poética de catorce versos endecasílabos distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos”.
Las propiedades son bienes escasos y rivales, que pueden ser poseídos, transferidos y excluidos por sus dueños. Las ideas son bienes abundantes y no rivales, que pueden ser compartidos, difundidos y mejorados por muchas personas sin que nadie las pierda. Por lo tanto, “propiedad intelectual” es una contradicción en los términos. Sin embargo, diversos códigos legales lo recogen. Veamos por qué.
El estado como creador de monopolios
La propiedad intelectual es una restricción al mercado y a la competencia al otorgar derechos exclusivos sobre las obras, se impide que otras personas desarrollen productos o servicios similares o derivados. Esto limita la innovación y la creatividad, y perjudica a los consumidores, que tienen menos opciones y precios más altos. Además, la propiedad intelectual crea monopolios artificiales, que distorsionan el sistema de precios.
Lo vimos muy claramente cuando se impuso el canon digital, una sanción a todo el que compre un producto que se pueda usar para copiar obras, independientemente del uso que se le de a este producto. O, como en el caso de Telegram, de las herramientas usadas para distribuir información. Con Telegram secuestrado, no se podrá distribuir material protegido, pero tampoco los enlaces a las páginas o canales de Youtube de los creadores, por lo que se sanciona tanto al potencial receptor de esas obras como a los autores, especialmente, a los autores independientes.
Patentes sobre los medicamentos
Veamos el caso de las patentes sobre medicamentos, donde se conjugan dos mitos, la propiedad intelectual y la salud pública:
Las restricciones a la investigación y desarrollo de nuevos fármacos dificultan la producción de nuevos medicamentos o el abaratamiento de los ya conocidos.
Las restricciones y la burocracia eliminan del mercado a todos aquellos investigadores independientes o empresas pequeñas que no pueden asumir los costes legales, administrativos y burocráticos para poder competir en un mercado regulado.
Estas restricciones condenan a la muerte o a enfermedades a seres humanos, lo cual es grave, pero, sobre todo, a los más pobres, lo cual lo convierte en mucho más grave, porque no condena sólo al enfermo, sino también a su entorno.
Por lo tanto, las leyes de propiedad intelectual desincentivan la producción, al generar el temor a la
incertidumbre, lo que lleva a actuar como si realmente hubiera escasez de ideas. ¿Qué motivación puede llevar a un boticario a investigar si sabe que cuando intente ayudar al prójimo poniendo sus descubrimientos en el mercado, le van a denunciar por violar patentes? ¿Qué motivación va a tener alguien en ayudar al prójimo si va a tener que invertir un dineral en abogados y burocracia?
La propiedad intelectual, una censura cobarde
Los gobiernos y sus entidades satélite, como la SGAE, aparte de la censura, que puede ser contraproducente para los censores por estar socialmente mal vista, pueden invertir grandes cantidades de recursos y usar la fuerza para condicionar la creación y distribución de obras.
Nadie crea ex nihilo, sino que toda idea o toda creación surge de alguna previa, bien sea evolucionando algo anterior o pensando contra algo anterior.
Tampoco las cadenas de televisión denunciantes, que se nutren de contenidos de terceros, con programas o secciones en programas sobre contenidos de redes sociales. Pero tienen un condicionante grave, y es que cobran subvenciones públicas. Y lo que es peor, lo que cobran del estado es una cantidad ridícula. Por ejemplo, Atresmedia generó unos ingresos de 971,4 millones de euros, según información ofrecida por la propia cadena, de los cuales, sólo 12,51 millones fueron del gobierno (un 1,29%).
Con la denuncia de Atresmedia, MediaSet y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor, la amenaza del bloqueo a Telegram conlleva un peligro mayor que no poder usar esta aplicación, que es el monopolio de la información por parte del gobierno.
Control al mercado de la información
Cervantes no lloriqueó a los tribunales cuando Avellaneda publicó su Quijote. Su respuesta fue publicar la Segunda parte del ingenioso caballero don Quixote de la Mancha. Ofrecer un mejor producto al mercado y que, además cerrase la posibilidad de que Avellaneda, o cualquier otro, pudiera escribir una continuación.
Quizá podrían otros autores escribir obras derivadas, como hicieron Camón Aznar o Pedro Centeno. Incluso Tarantino copia ideas de Don Quijote, especialmente, en Django desencadenado. Pero ya se encargó Cervantes con el final de su segunda parte que el lector siempre sepa que es una obra derivada.
Es decir, en ausencia de proteccionismo estatal, es el mercado el que se regula solo, creando los mecanismos no sólo para la libre distribución de las ideas, sino que los autores son los que se preocupan de protegerse a si mismos.
La pérdida de respeto a las leyes
Las leyes de propiedad intelectual no son naturales ni universales, sino que son cambiantes en el tiempo y en el espacio, por lo que favorecen a los intereses de ciertos grupos, normalmente, los más cercanos al gobierno de ese territorio en ese momento.
La propiedad intelectual ha llevado al aumento de litigios, en los que las disputas legales se centran más en proteger derechos que en fomentar la creatividad y la innovación. De nuevo, estos litigios a quien más favorecen son a aquellos que pueden permitirse el lujo de litigar. En el caso de un autor que hace, por ejemplo, un fanfilm basado en algún personaje con derechos de autor, si entra en juicios contra la productora, se va a encontrar en una asimetría en la cantidad de recursos que puede disponer para esos litigios. Lo cual desincentiva a la hora de producir obras.
La misma asimetría que se encuentra un youtuber que usa un contenido de Atresmedia frente a Atresmedia cuando usa contenidos de youtubers. ¿Acaso tiene en los tribunales las mismas posibilidades de ganar un generador de contenidos independiente que una empresa que mueve casi mil millones de euros al año?
En el caso de la orden judicial para el bloqueo de Telegram, tenemos una derivada más siniestra todavía. Y es que es imposible hacer cumplir ese bloqueo. Para poder controlar el acceso a una herramienta como Telegram, el juez que dictaminó el secuestro tuvo que pedir a los proveedores de internet que bloqueasen el acceso a Telegram.
Sortear el bloqueo a Telegram
Al no haber sido efectiva dicha sentencia, nunca podremos saber si con soluciones sencillas como cambiar los servidores DNS, usar un servidor proxy o con un DNS inteligente (DNS+proxy), podría haber valido para saltar la restricción estatal, pero lo que ningún juez español puede controlar son otras situaciones, como:
Uso de VPNs por parte de los usuarios: una VPN o Red Privada Virtual es como un túnel seguro en Internet. Imaginemos Internet como una carretera pública por donde circulan todos los datos. Una VPN crea un camino privado dentro de esa carretera grande, donde los datos pueden viajar protegidos y ocultos, evitando que otros los vean o accedan a ellos.
Cuando usamos una VPN, la conexión a internet se redirige a través de un servidor especial de la VPN. Esto hace que parezca que el usuario está accediendo a internet desde una ubicación diferente, lo cual inutiliza el bloqueo de los proveedores de acceso a Internet.
Red Tor: Aunque más lenta, la red Tor ofrece una alta privacidad y puede ayudar a evitar bloqueos de ISP.
Túneles SSH: establecer un túnel cifrado entre el equipo del usuario y un servidor remoto SSH fuera de la restricción judicial.
Otras herramientas, como Discord.
Antes fueron leyes que reyes
Imponer una restricción que no se podía hacer cumplir, lo que conlleva es un debilitamiento de la percepción subjetiva de las normas. El hecho de que haya tenido que rectificar conlleva un mayor debilitamiento de esa percepción subjetiva de las normas. Esto tiene una parte buena, que es el debilitamiento de la tiranía. Vuelvo a Mariana:
El poder de los príncipes es débil cuando dejan de respetarlo sus vasallos.
Juan de Mariana
Pero otra parte mala, que es la normalización del incumplimiento de las normas. Aunque actualmente en España vivamos en un sistema con un enorme poder por parte del gobierno, no todas las leyes tienen origen tiránico. Como decía el fuero de Sobrarbe:
Antes fueron leyes que reyes.
El problema de que a todas se les pierda el respeto es que en ese “todas” están también las que garantizan una convivencia pacífica, la propiedad, la integridad y la vida.
“Ponías la libertad por encima de todo, cuando, si hubieras consentido en tornar panes las piedras del desierto, hubieras satisfecho el eterno y unánime deseo de la Humanidad; le hubieras dado un amo. El más vivo afán del hombre libre es encontrar un ser ante quien inclinarse. Pero quiere inclinarse ante una fuerza incontestable, que pueda reunir a todos los hombres en una comunión de respeto; quiere que el objeto de su culto lo sea de un culto universal; quiere una religión común. Y esa necesidad de la comunidad en la adoración es, desde el principio de los siglos, el mayor tormento individual y colectivo del género humano. Por realizar esa quimera, los hombres se exterminan. Cada pueblo se ha creado un dios y le ha dicho a su vecino: “¡Adora a mi dios o te mato!” Y así ocurrirá hasta el fin del mundo; los dioses podrán desaparecer de la tierra, mas la Humanidad hará de nuevo por los ídolos lo que ha hecho por los dioses”.
La autocensura
Este fragmento, extraído de la obra “Los hermanos Karamazov” de Dostoievski, ilustra a la perfección el hilo conductor del artículo que vengo a proponer. La trama relatada forma parte del cuento “el Gran Inquisidor”. En el texto se desarrolla el discurso del Inquisidor, dirigido, nada más y nada menos, que a Dios, mientras éste está preso en una cárcel sevillana. Sin ninguna contemplación, la intención es quemarlo en la hoguera.
Por alguna extraña razón, la Humanidad ha tendido a silenciar, perseguir o aniquilar a sus opositores[1] y, aunque con el avance de la civilización se han conseguido formas más sibilinas de enmascarar éste hecho, es aún utópico pensar en una sociedad donde exista una libertad de expresión absoluta (aunque tampoco creo que fuere demasiado adecuado). En la actualidad, se ha llegado al paroxismo del sueño húmedo de cualquier Inquisidor: la autocensura. Si bien la coacción puede inducirnos, por buenos motivos, a expresarnos de una forma contraria a lo que creemos, la presión de las masas no es menos desdeñable.
Jordan Peterson
Pero, ¿a qué obedece el temor actual a decir lo que uno piensa? ¿Por qué estamos inmersos en la cultura de la cancelación? A los seres humanos, como seres sociales, nos cuesta mucho salir del rebaño, fomentamos comportamientos tribales desde tiempos inmemoriales y, sin duda, no se me ocurre mejor forma que esa para la perpetuación de la especie. Ahora bien, ésto implica una serie de riesgos que van en detrimento del espíritu libre que muy pocos nos podemos permitir. Normalmente, el que se lo puede permitir, no sale tan malparado como podría presuponerse; quizás haya una correlación entre el éxito político de un personaje como Trump y el hecho de no tener temor a ser cancelado. Otro tanto podría argüirse de Jordan Peterson, profesor que, aunque con temor, defendió la libertad de expresión en un entorno hostil como eran los campus de Toronto (vaya por delante que se trata de dos figuras muy diferentes).
Ad hominem
Lo que subyace a la cuestión que me atañe es que hay ciertos dogmas que nadie osa cuestionar y el motivo es evidente: hay una fuerte anuencia social respecto a ellos. El ir a contracorriente no te hace superior moralmente, cuando hay consensos es porque subyacen buenos motivos para justificarlos, por ende, tus argumentos deben ser aun mejores para poder posicionarte en contra y mantener un ápice de credibilidad. ¿En qué suele haber consenso en nuestras sociedades occidentales? Especialmente en temas como el aborto, somos muy pocos los que nos reclamamos abiertamente provida, no vaya a ser que alguien te acuse con alguna de esas palabras paralizantes que se usan para señalar y desacreditar a personas, pero nunca para combatir argumentos ajenos (hete aquí su talón de Aquiles). El gran problema en la actualidad es que se ataca ad hominem y no ad rem.
Acusaciones
Una de las cuestiones más “complejas” es la de la inmigración. Cierto sector del liberalismo abraza el argumento de fronteras abiertas, y como no, un servidor se reclama partidario de éstas, siempre y cuando no exista el Estado del bienestar y las personas que vienen se adapten a nuestro sistema jurídico, como mínimo. Y es que, hoy en día, los ciudadanos que reclaman para su país un sistema migratorio similar al de Suiza o Australia son tildados de “fascistas”, “ultraderecha”, etc.
El otro día se me ocurrió responder en Twitter a una noticia del 3/24[2] respecto a un joven que había sido, presuntamente, agredido por dos vigilantes de seguridad en el tren[3]. Más allá de que las imágenes de una intervención de seguridad nos puedan parecer éticas, es un trabajo que alguien debe hacer (al igual que sería desagradable ver como matan animales para que podamos ir al supermercado a comprar víveres). La premisa que se planteó era que el móvil de la acción se debía al racismo, a una suerte de doble vara de medir que era más dura con las personas extranjeras. La realidad es que, para ser ecuánimes, deberíamos preguntar a los agentes qué ocurrió y qué los llevó a esa situación. Podrían subyacer motivos como el peligro de esa línea, las peleas recurrentes, las armas blancas, el incivismo, la negativa de pagar el billete (como era el caso), entre otros. Pero, en la sociedad en la que todo el mundo quiere ser víctima, como postula Giglioli, la versión sentimental de uno opaca el marco general del otro.
Pues bien, ¡en qué momento se me ocurrió escribir un tweet! Los que cogemos ese tren sabemos lo que ocurre y, guste o no, el fenotipo de los delitos siempre tiene unas características comunes. Así pues, la horda de comentarios no se hicieron esperar: amenazas (algunas deseándome la muerte) y escritos twitteros reclamando a la universidad que me expulsaran, o sucedáneos del tipo, “¿@UPF sabéis que tenéis un profesor racista?”. Evidentemente, no recogí cable, pero decidí ponerme el candado hasta que amainara la tormenta.
Intolerancia
Los férreos defensores del bien y la working class, a la mínima oportunidad que tuvieron, atacaron a un joven con su trabajo (en un contexto de paro juvenil del 30%). La gentileza no ha sido nunca su punto fuerte. Por supuesto que, la caterva de moralistas se dedicó a insultar y tildar de fascista a todo aquel que osara salirse de la narrativa dominante, de ahí la proliferación de usuarios anónimos en las redes sociales y es que, si aún queda algún resquicio de libertad de expresión es precisamente por ese tipo de cuentas.
Se trata de un hecho recurrente, hace unas semanas, una trabajadora de Orange dijo en público que votaría a VOX. Acto seguido, la patulea que se erige como defensora de los trabajadores, la moral y el Bien, iniciaron un proceso de acoso y derribo contra la persona y la compañía. Abruma tanta tolerancia. Suelen ser los mismos que se rasgan las vestiduras en nombre de la salud mental, los cuidados y la empatía, y también son los que, como en el relato de Dostoievski, no tendrían reparos en lanzarte a la hoguera en nombre de no sé qué religión secular.
Todo esto es fruto de la sobreactuación y la apremiante sensación de que el pensamiento de una persona puede reducirse a un tweet o una frase. Hoy en día, y quizás es común en la historia humana, si quieres expresar algo, debes escribirlo, puesto que poca gente es capaz de leerse un artículo, un ensayo o de aguantar demasiado tiempo ojeando algo más que el titular. Si hace 200 años pocos leían debido a los altos niveles de analfabetismo, paradójicamente, hoy pocos leen a pesar de ser un mundo alfabetizado. Vivimos inmersos en la sociedad de la estulticia, a nadie le interesa lo que digas si no lo expresas en un tik tok o en 280 caracteres (y te ciñas a los cánones establecidos). Esto conlleva que puede darse el incólume paraíso de la libertad de expresión allí donde los inquisidores, por pura pereza intelectual, no llegan a leerte, por eso, el IJM es mi refugio.
Cultura de la cancelación
Más dogmas instaurados a fuego en el imaginario colectivo son los relativos al feminismo (establecido a golpe de impuestos y de creación de instituciones ad hoc, Escohotado decía eso de que: la mentira necesita subvención, la realidad se defiende sola) y quien ose desafiar dicho credo, se encontrará en frente una muchedumbre ávida de cancelación. Con un matiz: si escribes un tweet en el que te opones a dicha corriente ideológica, no tardarán en sonar las siete trompetas del Apocalipsis, sin embargo, a la que desarrolles tu crítica en un artículo[4], nadie osará criticarte, puesto que ello implicaría un esfuerzo intelectual que en la cultura del clickbait es redundante.
Podríamos estar mencionando temas controvertidos ad infinitum, especialmente, el pensamiento “Alicia”[5] (por usar un concepto “buenista”[6]) que circunda las mentes más brillantes de nuestro panorama: tertulianos, todólogos, influencers, etc. Son los mismos que no quieren que hables de feminismo si no eres una mujer, aunque, ellos puedan predicar sobre la maldad intrínseca de los empresarios sin haber emprendido jamás; o pregonar sobre las bondades de las regulaciones de precios, haciendo gala de un negacionismo económico que nada tiene que envidiar a los terraplanistas.
Otra paradoja entrañable de la modernidad es que, el Cristianismo y el mundo judeocristiano se han basado, históricamente, en el perdón. El pecador podía dirimir sus vicios mostrando un arrepentimiento sincero, hoy todo eso ha desaparecido. Internet es una hemeroteca infinita y despiadada, cuando uno escribe algo, debe aceptar que jamás será condonado. Siempre habrá algún clérigo defensor de la tolerancia dispuesto a mostrar toda su cólera e indignación por algo que se escribió hace diez años. No hay redención en la esfera woke.
Es paradigmático que la cultura de la cancelación haya cancelado la cultura[7]. No puede haber expresión cultural sin un mínimo de libertad, no puede haber oposición sin protección al disidente, no puede existir el debate cuando el otro se siente desacreditado mediante el yugo impuesto por la neolengua. Las palabras, y de ahí la influencia foucultiana, son poder. Que te etiqueten de fascista, nazi, racista, homófobo, etc, asusta a la luz de los acontecimientos, pero en el fondo, no es más que un insulto que plasma la falta de argumentos. Parten de la siguiente frase atribuida a Durruti, “al Fascismo no se le discute, se le destruye”, ergo, si te ponen el sambenito, no dudarán en usar cualquier argucia para desacreditarte, excepto argumentos, claro.
Los guardianes de la moralidad woke necesitan odio para autojustificarse, se encuentran con que la demanda de éste sobrepasa, con creces, la oferta. Sin odio ajeno no pueden alegar porqué deben invertirse más recursos en sus relatos. Están ávidos de desgracias que corroboren sus sesgos. Pero, para más inri, han convertido a los “Derechos Humanos” en el pretexto idóneo para la censura, entiéndase por DDHH aquellos deseos que les parezcan oportunos. Es lo que, François-René Huygue y Pierre Barbès llamaron “la soft idéologie”, singularizada con el pluralismo blando de los valores. Quizás, siguiendo el razonamiento del “efecto espejo” propuesto por Lacan, los defensores del Bien, al observar a los otros y criticarlos ferozmente, intentan evadir aquello que odian de ellos mismos: su intolerancia campante y rampante.
Ventana de Overton
En resumidas cuentas, la hegemonía cultural de la izquierda la ha llevado a reventar la “ventana de Overton”; ¡ya no sabemos ni qué es una mujer! Y, cuidado con la respuesta, no vayas a ser tildado de tránsfobo. De todo este panorama sombrío se deduce que los que queremos debates abiertos, alejados de apriorismos y axiomas precocinados, estemos defendiendo a la sociedad abierta de sus enemigos.
Resulta irónico que, los que más se reclaman como tolerantes, se parapetan en un filósofo liberal como Popper, haciendo gala de una supina ignorancia al tergiversar, mediante un meme (oh, ¡sorpresa!), el pensamiento del autor liberal (figura 1). No han leído su magnum opus, 800 páginas requerirían mucho más esfuerzo que ojear cuatro líneas de una imagen, y se ha hecho viral la viñeta con la que justifican su intolerancia. La supuesta paradoja de Popper, nos alertaba, precisamente, de los inquisidores modernos.
[1] De ejemplos tenemos muchísimos: desde tiranos como Savonarola, al comunismo soviético, a las dictaduras latinoamericanas del s.XX con asesinatos como los de Victor Jara, Haroldo Conti, Rodolfo Wash, etc, desde los exilios de Dante, Maquiavelo a los de Mario Benedetti, Galeano, Carlos Onetti, etc.
[2] Canal de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, como TV3, la misma que hace una semana incluía a Rallo como ultraderechista.
El teórico político y sociólogo de Yale del siglo XIX William Graham Sumner celebró una vez al “hombre olvidado”. Según Sumner, él (o ella) es “la víctima del reformador [y] del especulador social” y, por tanto, se ve obligado a pagar impuestos más altos y a soportar las gravosas regulaciones generadas por sus planes. Todo lo que el Hombre Olvidado quiere es tener una “verdadera libertad”. La libertad de vivir según sus deseos, preferencias e imperativos morales.
Los teóricos modernos de la elección pública ofrecen una descripción del gobierno que confirma los temores de Sumner por el Hombre Olvidado. El gobierno responde a grupos de interés concentrados a expensas de grupos difusos, como los contribuyentes, compuestos por Hombres Olvidados. El Hombre Olvidado es racionalmente ignorante de la política porque su voto tiene menos probabilidades de influir en unas elecciones que de ser alcanzado por un rayo de camino a las urnas. Se enfrenta a problemas de free rider. Por mucho tiempo y esfuerzo que dedique a proteger su libertad, será ineficaz a menos que disponga de un mecanismo para vincular a otros para que hagan lo mismo.
Los grupos de interés
A otros grupos, unidos por intereses financieros o identitarios y por grupos creados a su alrededor, les resulta mucho más fácil influir en los asuntos. Pueden ejercer presión sobre el gobierno y otras instituciones, aportar contribuciones a las campañas y votar en bloque sobre cuestiones de suma importancia para ellos.
Hay una forma de entender la importancia política de los casos más importantes del último mandato del Tribunal Supremo. Una importancia que se contrapone con la más estrictamente jurídica. Éstos casos asestaron golpes al Hombre Olvidado de Sumner. El Tribunal Supremo reivindicó la separación de poderes. También los derechos individuales que ayudan al Hombre Olvidado a disfrutar de la verdadera libertad. Una libertad amenazada por los planes de ingeniería social de los bien organizados políticamente.
Biden contra Nebraska
En el caso de la condonación de préstamos estudiantiles, el Presidente estaba respondiendo a un importante grupo de interés concentrado en su coalición: los jóvenes graduados universitarios, la mayoría de los cuales deben préstamos estudiantiles. Decidió condonar 10.000 dólares de deuda a cualquiera que tuviera un préstamo estudiantil siempre que ganara menos de 125.000 dólares. El coste fue de 430.000 millones de dólares.
Este elevado coste, por supuesto, correría a cargo de los contribuyentes, un grupo no organizado por excelencia. La exacción es imposible de justificar como una cuestión de política pública sólida. Los estudiantes habían pedido préstamos voluntariamente. Los contribuyentes no tenían nada que decir en estas decisiones privadas. Y lo que es peor, 125.000 dólares superan con creces la renta media del país. Y puesto que la mayoría de los que pidieron préstamos estudiantiles son jóvenes licenciados universitarios, muchos podrían esperar ganar aún más en el futuro. Así pues, gran parte de la redistribución iría a parar a los más acomodados de la sociedad.
La administración alegó que las disposiciones de la llamada Ley HEROES le permitían “renunciar” o “modificar” cualquier disposición reglamentaria o legal en relación con el programa de préstamos estudiantiles durante una emergencia (en este caso, Covid). Pero los beneficiarios del programa no estaban obligados a demostrar ningún perjuicio personal específico que hubieran sufrido a causa de Covid.
Cuatro razones
El Tribunal de John Roberts rechazó esta invocación de la autoridad estatutaria. En primer lugar, concluyó que el término “modificar” tradicionalmente sólo autorizaba cambios modestos en los programas, no asuntos como el repudio de una deuda. En segundo lugar, la Administración no había demostrado que hubiera “renunciado” a ninguna disposición específica del reglamento o de la ley. Tres, la administración no se limitó a permitir el repudio de la deuda. Estableció varios requisitos sustantivos (como los topes de ingresos) que también excedían su autoridad para “modificar” el programa.
Por último, en respuesta al argumento de que el meticuloso análisis del Tribunal de las palabras “modificar” y “renunciar” socavaría el propósito de la ley de hacer frente a las emergencias, el Tribunal declaró que en cuestiones importantes como el gasto de cientos de miles de millones de dólares, se presumía que el Congreso se reservaba para sí los compromisos políticos importantes.
Sin consenso
Esta última sentencia es una protección clave para el hombre olvidado. Está en desventaja en casi cualquier proceso democrático, pero aún más en un proceso totalmente ejecutivo. Al menos, el proceso legislativo federal dificulta la aprobación de exacciones. Para que una ley pase por los comités y las dos cámaras y consiga la firma del Presidente, suele requerir un apoyo consensuado que se opone a las grandes exacciones de intereses especiales.
Ciertamente, nunca hubo perspectivas de que el programa de condonación de préstamos masivos de Biden fuera aprobado por el Congreso. Cuando los demócratas controlaban el Congreso, ni siquiera lo intentaron. El Tribunal Supremo ha protegido la primacía de este proceso para los grandes programas de gasto público. De este modo, el Tribunal hace más probable que el Hombre Olvidado pueda defender sus intereses.
Estudiantes por una Admisión Justa contra el Presidente y los Miembros de la Universidad de Harvard
Sin duda, una de las verdaderas libertades del hombre olvidado es ser juzgado por sus méritos sin tener en cuenta su raza o etnia. Sin embargo, las preferencias raciales en las universidades -ciertamente las públicas y las sostenidas con fondos públicos- le niegan esa libertad. Es probable que los contribuyentes se vean obligados a pagar subvenciones en beneficio de grupos de interés. También es probable que estas libertades se vean restringidas en beneficio de grupos organizados.
Los grupos organizados en torno a la identidad racial o étnica son los principales, aunque no exclusivos, impulsores de las preferencias. Pueden persuadir a las asambleas legislativas para que promulguen planes de preferencias incluso impopulares. Asimismo, los intereses financieros concentrados son mejores para obtener subvenciones impopulares de las asambleas legislativas. Por ejemplo, la legislatura de California votó a favor de reinstaurar las preferencias raciales y étnicas en las universidades estatales. Pero incluso en ese estado progresista, y a pesar de que los gastos eran 14 a 1, los opositores consiguieron derrotar la propuesta legislativa por abrumadora mayoría.
Los intereses creados
Las preferencias raciales también consiguen impulso político al tener beneficiarios relativamente claros y perdedores relativamente poco claros. Los que no consiguen entrar en una universidad selectiva, por ejemplo, no pueden explicar muy fácilmente por qué fracasaron. El Hombre Olvidado se encuentra a menudo en la posición de no saber exactamente cómo han afectado las exacciones a su libertad.
Los amicus curiae en el caso Students for Fair Admissions contra Harvard también demostraron el poder de los grupos de interés a los que se enfrenta el Hombre Olvidado para evitar el obstáculo de las preferencias raciales. Un gran número de otras universidades y grandes empresas se presentaron en nombre de Harvard. Dado que estas empresas temen ser demandadas si no cuentan con suficientes miembros de grupos minoritarios entre sus empleados, tienen un gran interés en que las universidades selectivas acrediten a sus futuros contratados. Y, por supuesto, las universidades tienen burocracias enteras que han crecido en torno a la estructura de su proceso de admisión.
Competir sin barreras
El Tribunal protegió al Hombre Olvidado, permitiéndole competir sin las barreras de la discriminación racial y étnica que apoyan muchos grupos de interés. Dicho esto, el Tribunal no decidió sobre la base jurídica que yo hubiera preferido. Como argumenté anteriormente, y como el juez Gorsuch escribió en su concurrencia, el Tribunal podría haber sostenido simplemente que el Título VI prohibía la discriminación.
Llegar a la Cláusula de Igual Protección solo era necesario si se aceptaban interpretaciones anteriores, atrozmente erróneas, del Título VI que habían sustituido el lenguaje más opaco de la Cláusula de Igual Protección por el claro mandato antidiscriminatorio del Título VI. Pero el resultado de cualquiera de los dos enfoques es restaurar la libertad frente a la discriminación racial practicada o financiada por el gobierno, un aspecto esencial de la verdadera libertad.
303 Creative LLC contra Elenis
En el caso 303 Creative, el Tribunal permitió a los diseñadores de páginas web de bodas negarse a crear páginas web personalizadas para matrimonios del mismo sexo. El diseño de páginas web es una actividad expresiva, como estipularon todas las partes. Expresarse libremente o abstenerse de hacerlo forma parte de la verdadera libertad apreciada por el Hombre Olvidado.
Colorado ha ampliado su ley de establecimientos públicos para incluir a todas las empresas que ofrecen cualquier servicio al público y prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual. Colorado interpretó entonces que la discriminación incluía la negativa a prestar servicios para bodas entre personas del mismo sexo, aunque el vendedor del servicio estuviera dispuesto a atender a personas de cualquier orientación sexual. El Tribunal sostuvo que la Constitución no permitía que un Estado obligara a nadie a expresar o respaldar un mensaje en su actividad comercial por el mero hecho de recibir una remuneración por sus servicios.
La libertad de expresión es para todos
Una de las conclusiones importantes del caso es que la gente corriente que se dedica al comercio -la quintaesencia del Hombre Olvidado del que hablaba Sumner- tiene los mismos derechos que los escritores y artistas. Nadie dudaría ni por un momento de que no se puede exigir a un periodista que escriba sobre los matrimonios homosexuales si no quiere, ni a un director que haga una película sobre ellos. ¿Por qué deberían tener más derechos que los que se dedican a otros ámbitos del comercio, aunque sean menos celebrados por la clase parlanchina? 303 Creative fue, como el caso de los préstamos estudiantiles, una decisión que dio voz a quienes no tienen el megáfono que tienen los periodistas, académicos y artistas.
Ahora se podría argumentar que una pareja del mismo sexo también quiere ejercer la verdadera libertad a la hora de obtener servicios para una boda. Dejemos a un lado la cuestión de si obligar a otra persona a actuar por ti es una libertad en el mismo sentido que decidir actuar tú mismo. Nunca hubo pruebas en este caso de que las parejas del mismo sexo se hubieran visto sustancialmente obstaculizadas a la hora de obtener servicios para su boda. Las parejas pueden buscar diseñadores de páginas web en un mercado nacional, y grandes mayorías de estadounidenses aprueban ahora el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La democracia no es suficiente
La celebración de actos como el Día del Orgullo, que ahora incluso forman parte de la educación de primer grado de muchos niños, demuestra una cosa. Como en el caso de la discriminación positiva, el peso del apoyo institucional está casi totalmente de un lado del debate. En el pasado las religiones ejercieron una influencia a veces opresiva sobre el gobierno. Así pues, esta ley no trataba de garantizar que las parejas del mismo sexo recibieran servicios, sino de protegerlas contra la indignidad que pudieran sentir por la expresión de opiniones heterodoxas. En este caso, se trata de la oposición de Lorie Smith al matrimonio entre personas del mismo sexo. Los comentarios sobre el caso del profesorado de mi propia universidad se centran en esa preocupación. Pero la libertad de expresión es incompatible con leyes que promuevan el bienestar emocional a su costa.
La democracia puede ser la peor forma de gobierno, si se exceptúan todas las demás. Sin embargo, como reconoció Sumner, la democracia por sí sola no puede proteger al Hombre Olvidado. Pero hacer cumplir la separación de poderes y los derechos individuales, como hizo el Tribunal Supremo la pasada legislatura, sí puede ayudarle a florecer.
El día 1 de agosto de 2022 será recordado seguramente en los anales de la historia como la fecha en la que un gobierno, en contra de sus aparentes primeras intenciones, se arrogó la potestad de fijar la hora de apagado y las temperaturas mínimas y máximas de los sistemas de aire acondicionado y calefacción de los establecimientos y oficinas privados de todo un país, además de los edificios de titularidad estatal. Dichos mandatos[1] – supuestamente dirigidos a ahorrar energía y reducir la dependencia del gas natural – se incrustaron en un Real Decreto Ley, publicado al día siguiente en el BOE, mediante el cual se regulan exhaustivamente materias tan variopintas como el transporte público y las becas o ayudas al estudio.
Sin embargo, esa sesión del Consejo de Ministros desplegó otra trampa en la línea de producción de normas y medidas para establecer un régimen autocrático a mayor gloria del caudillo y su nomenclatura. Con ese objetivo en mente los allí reunidos por el presidente del gobierno, activaron la tramitación urgente y acelerada de un anteproyecto de Ley de Información Clasificada a instancia del ministro de la presidencia, tal como informa la muy extensa referencia publicada en su portal en Internet[2].
Frente a la necesidad en la tramitación normal de un anteproyecto de ley de recabar informes a diferentes instituciones durante un período de consulta previa y de una información y audiencia pública durante 15 días, el gobierno consiguió con esta maniobra que el plazo para formular alegaciones quedara reducido a 7 días. De esta manera, el 12 de agosto precluyó esa facultad para los interesados[3]. Esta súbita aceleración, además de totalmente injustificada, no pudo ser inocente ni casual.
Es conocido, por un lado, que el mes de descanso estival por antonomasia en España se considera como tiempo inhábil en la mayoría de los procedimientos administrativos y judiciales. Por otro, el propio anteproyecto establece (Disposición Final cuarta) una “vacatio legis” de seis meses antes de su entrada en vigor después de su aprobación por ambas cámaras de las Cortes. ¿No es contradictorio acelerar la tramitación legislativa y, sin embargo, retrasar la entrada en vigor de la Ley que se quiere aprobar?
Si el gobierno quisiera realmente que los destinatarios de esta futura ley conozcan sus detalles y adapten su comportamiento a sus previsiones, se atendría a la tramitación prelegislativa ordinaria para concitar aportaciones plurales y difundir su conocimiento. La aparente contradicció se explica, como veremos, por cinco elementos entrelazados, a cual más inquietante.
Al no ser suficiente la exigua mayoría parlamentaria de apoyo incondicional, el gobierno ha negociado el texto con los grupos nacionalistas y de extrema izquierda filoterrorista como Esquerra Republicana y Bildu. Esta aseveración no es ninguna especulación. Durante la pasada primavera el resultado práctico del rocambolesco y supuesto espionaje contra dirigentes de la Generalitat catalana por parte del CNI a las órdenes del gobierno actual, se saldó con la dimisión de su directora – la cual habían demandado los socios airados – y la invitación a participar en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso de los Diputados de esos dos partidos y la CUP, gracias a la inconmensurable ayuda de dudosa legalidad por parte de la Presidenta del Congreso. Todo ello con el añadido de la insólita denuncia de la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional por el presunto espionaje al presidente del gobierno y a la ministra de defensa.
Encontrar una previsión como la contenida en el artículo como el 4.2 o) del anteproyecto no sería más que una profundización de esa relación estratégica. En efecto, dicho apartado establece que la competencia para la clasificación, reclasificación y desclasificación de la información que corresponda a las categorías de «Confidencial» y «Restringido», se atribuye también a “las autoridades autonómicas competentes en materia de policía, en aquellas Comunidades Autónomas que hayan asumido estatutariamente competencias para la creación de Cuerpos de Policía de conformidad con el artículo 149.1.29ª de la Constitución”.
La anticonstitucionalidad de ese inciso es rabiosamente flagrante, no solo porque anuncia embriones de servicios de inteligencia en las Comunidades Autónomas que cuentan con policías propias (Cataluña y País Vasco) incompatibles con la competencia exclusiva del gobierno central de Estado en materia de defensa y seguridad nacional, sino porque desde la perspectiva de la protección de los derechos fundamentales, la transparencia y el cumplimiento de la legalidad por parte de las administraciones públicas, la lista de autoridades que pueden declarar algún tipo de información como clasificada es exorbitante. De aprobarse este texto, los españoles se encontrarán con una enorme hidra de cargos políticos y administrativos por doquier, que se escudarán en el carácter secreto, confidencial o restringido de determinadas informaciones (que abarcarán casi cualquier asunto público[4]) para obtener patentes de corso o, como mínimo, escapar del escrutinio y el control de los ciudadanos. Como ya hace el presidente del gobierno, por cierto.
En ese contexto, la posibilidad de impugnar ante la Sala del orden contencioso-administrativo del Tribunal Supremo la diligencia o la directiva de clasificación por “cualquier persona directamente afectada por su contenido o que acredite un derecho o interés legítimo” se revela como un remedo de control de la legalidad de la actuación administrativa[5]. Máxime cuando, según el modelo constitucional, constituye una potestad exclusiva del juez de instrucción penal, no de la Administración, la declaración como secreta de una investigación criminal mientras se instruye la causa penal, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento.
Estoy entre quienes consideran que no solo los servicios secretos españoles han fallado estrepitosamente en sus funciones en momentos trágicos de la historia reciente, lavándose las manos o buscando chivos expiatorios ante los abominables crímenes de lesa humanidad cometidos en los atentados sincronizados del 11-M, si algunos de sus elementos no se han desviado totalmente de las razones que justifican su propia existencia. Sin embargo, estos servicios secretos autonómicos con cobertura supuestamente legal, dependientes de autoridades que mantienen la ficción de constituir otro estado, colisionarán frontalmente con el CNI del gobierno central y necesariamente actuarán contra la Ley y el Derecho, si no protagonizan golpes de estado o conflictos armados.
Un segundo factor latente en este vodevil de lucha por el poder a perpetuidad apunta que, una vez llegado el acuerdo, el gobierno quiere asegurarse de que se aprobará con un margen de tiempo suficiente para no descartar un final anticipado de la legislatura y una convocatoria anticipada de elecciones generales en el año 2023. Obviamente, el jefe de gabinete conoce más detalles de lo que puede esperar del Banco Central Europeo. Sin embargo, habiendo observado su instinto de pícaro, no sorprendería que convocara elecciones generales antes de que la coyuntura económica se degrade aún más.
Un tercer elemento deriva en cierta medida de la aversión de este gobierno a la transparencia y a la solvencia en la gestión de los asuntos públicos. Es el gobierno de la propaganda por el gesto y viceversa. La disposición transitoria única el anteproyecto de Ley blinda por más tiempo las decisiones groseramente ilegales del gobierno para negarse a contestar requerimientos del Consejo de la Transparencia, aduciendo impropiamente que la información solicitada tenía carácter clasificado, de acuerdo a la Ley de Secretos Oficiales de 1968[6].
El cuarto elemento enlaza con las aspiraciones de un grupo de iluminados, ávidos y sedientos de poder. El actual presidente del gobierno no es más que un continuador de sus antecesores en la secretaria general del PSOE, que estos días andan rejuvenecidos en la promoción del indulto por el compañero caído “por no llevarse un solo duro a casa”. Total, ¡Qué es una condena por un delito de malversación de miles de millones de euros de fondos en concurso con una prevaricación continuada! frente a uno de los suyos. Ahora le ha llegado su turno, pero nos equivocaríamos si olvidáramos las evidentes semejanzas que alberga con Felipe González Márquez y Jose Luis Rodríguez Zapatero. El partido es como una secta que garantiza la cooptación de algunos y la paz material y espiritual para quienes saben esperar su momento. Pero el caudillo debe velar por el bienestar de los miembros del partido, por encima de todo.
En quinto y último lugar, honrando la aquilatada tradición del PSOE en la persecución de la libertad de expresión que no sea de sus medios de comunicación palmeros, este anteproyecto recurre al mismo expediente ensayado por los dictadorzuelos latinoamericanos del socialismo del siglo XXI para acogotar a los periodistas o elementos disidentes. En vez de cortas penas de cárcel, se amenaza con multas leoninas[7] a quienes cometan (o quiénes digan los gobiernos clasificadores) las infracciones administrativas previstas en su texto, violando flagrantemente la libertad de expresión y el derecho a la información, reconocidos como derechos fundamentales de la persona en el artículo 20 CE. Resulta muy curioso que el PSOE en el gobierno multiplique el importe de las multas desaforadas que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, promovida por Mariano Rajoy, estableció por actos que, sin llegar a calificarse como delito[8], contravendrían esa seguridad ciudadana.
Frente a todo lo anterior, la cuestión de los plazos de duración de las distintas categorías de clasificación resultaría interesante, si las bases del anteproyecto de ley fueran respetuosas de la Constitución y los derechos fundamentales.
De momento, bienvenidos al Reino (todavía) de Repúblicas sanchistas asimétricas, dentro del marco variable de la Unión Europea.
[1] Configurados en el artículo 29 como prohibiciones cuyos incumplimientos se remiten al disparatado régimen sancionador derivado de reglamentos técnicos y, en última instancia, de los artículos 30 a 38 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria
[2] El precepto invocado, el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, exige, para que se pueda elaborar y aprobar un anteproyecto de Ley por la vía de urgencia que “concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma”. En dicha referencia no se da cuenta de esas circunstancias extraordinarias. Tan solo que la regulación de marras fue anunciada por el Presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación el pasado 12 de julio.
[5] La primera decisión de esa Sala ante un hipotético caso de impugnación en esta materia de clasificación debería ser plantearse si es un ley válida, desde la doble perspectiva de la Constitución española y el derecho de la Unión Europea.
[6] Hay otros muchos ejemplos, pero la denegación de información con ese burdo pretexto se ha dado en el caso de los viajes y el coste del avión Falcon, asignado para uso oficial el jefe del gabinete, y los informes administrativos para avalar la subvención de 53 millones de euros a la compañía aérea hispano venezolana Plus Ultra
[7] Los art. 41 y 42 del anteproyecto establecen una larguísima lista de infracciones muy graves, graves y leves que pueden ser sancionadas, respectivamente, con multas de 1.000.001 a 3.000.000 de euros, de 50.001 a 1.000.000 de euros, y hasta 50.000 euros. Un ejemplo de infracción muy grave es ( Art. 41.1 c) La falta de entrega a una autoridad o funcionario público de aquella información clasificada en las categorías de «Alto Secreto» o «Secreto» a la que se haya tenido acceso fortuito, sin necesidad de conocer, dentro de las 48 horas a contar desde el momento en que se haya accedido a dicha información.
[8] Entre 30.000 y 600.000 euros las máximas, sin embargo
En las sociedades democráticas sanas, Montesquieu nos enseñó que deberían regirse por un principio de separación de poderes. Así, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deben retroalimentarse y vigilarse los unos a los otros. Los ciudadanos, a través de elecciones libres y democráticas, son los que, en última instancia, controlan los poderes. Ninguno de ellos debe sobreponerse al resto. Todos se controlan y deben rendirse cuentas entre sí, siempre con el ordenamiento jurídico por encima de todos.
Ahora bien, esto es la teoría. La práctica es que todos los gobiernos intentan sobreponerse al resto de poderes, invadiendo sus legítimas competencias. Es frecuente ver cómo los gobiernos pierden en los tribunales por intentar invadir competencias que otros gobiernos, regionales o autonómicos, así como del resto de poderes, tienen asignados. Por no hablar de las declaraciones, más o menos veladas, acusando a los otros de poderes de algún tipo de confabulación contra el pueblo, ya que el gobierno, al haber sido elegido en las urnas, cuenta con algún tipo de transustanciación que le hace inmune a cualquier tipo de ordenamiento jurídico.
Sin embargo, el propio proceso democrático ha desarrollado un nuevo actor que, en circunstancias normales, debería controlar todos los poderes, especialmente al ejecutivo. Hablamos de la prensa, entendida en sentido amplio. El cuarto poder en las sociedades democráticos debe ostentarse a través de un periodismo independiente que busque las miserias del poder y las ponga en evidencia ante la opinión pública.
De nuevo, esta sería la teoría. Los gobiernos intentan, a semejanza del ejemplo anterior, moldear la opinión pública a través de la prensa con incentivos perversos. El primero de ellos es la existencia de televisiones, radios, agencias de noticias y, en ocasiones, periódicos estatales. Resulta inadmisible que el propio gobierno controle algún tipo de medio de comunicación directamente. No es posible conseguir la cuadratura del círculo: los puestos de dirección de dichos medios dependerán del favor político del momento, por lo que pedir independencia a personas cuyos puestos dependen de los vientos políticos no es de recibo.
Pero no sólo eso. El gobierno puede intervenir, además, sobre los medios privados a través de la publicidad institucional. Que el Estado, con todas sus administraciones, se haya convertido en el mayor anunciante en nuestro país es un síntoma de baja calidad democrática. Urge realizar los cambios normativos necesarios para evitar que cualquier administración tenga la posibilidad de anunciarse en los medios de comunicación privados, ya que éstos se han convertido en los mayores sostenedores de redes clientelares periodísticas.
Bien es cierto que, evolutiva y consuetudinariamente, algunos periodistas que honran la profesión han abandonado, o están abandonando, la posibilidad de la publicidad institucional. Para ello, el propio proceso de mercado ha desarrollado algunas herramientas que permiten desgajarse del chantaje de la publicidad institucional. Entre ellas, el crowfounding o la financiación a través de donaciones privadas y voluntarias destacan por su respuesta por parte de unos consumidores de contenidos comprometidos con las ideas expresadas en dichos espacios informativos.
Pero no sólo esto. Aparte de estas dos intervenciones, los Estados han entrado de lleno en el control de la prensa a través de organismos que, entre otras funciones son los encargados de otorgar las licencias de emisión. Por ejemplo, en España se necesita una licencia por parte del gobierno para emitir en un canal de televisión o emisora de radio. Con la excusa del “interés general”, los gobiernos tienen capacidad para decidir quiénes emiten en abierto y quién se queda fuera del reparto.
Pero, lo que es más novedoso es que la tecnología ha permitido saltarse estas restricciones. La función empresarial al servicio de la libertad ha encontrado formas de emitir programas, a través de podcast, por ejemplo, que ya superan en audiencia durante varias horas a las televisiones estatales. De hecho, se podría hablar de una creciente brecha generacional en este sentido: mientras los adultos siguen consumiendo los cada vez más en entredicho canales generalistas, las nuevas generaciones viran su consumo hacia plataformas sin control estatal. De ahí que la nueva vuelta de tuerca de los gobiernos pase por el control de las comunicaciones que quedan fuera de su alcance. Para ello, el concurso de las grandes tecnológicas resulta indispensable. De ahí que el siguiente campo de batalla sea este matrimonio de conveniencia entre las tecnológicas y los gobiernos. De nuevo, volvemos al punto de partida.
Gestionar consentimiento
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Funcional
Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu Proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.
