Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Cortina de humo

Escrito por Gorka Echevarria en diciembre 20, 2005. Publicado en Artículos en prensa.

Rodríguez Zapatero amenazó el pasado 4 de septiembre con imponer su visión de cómo deben ser las personas. Así, dijo que quería que los ciudadanos "consuman menos alcohol y tabaco", y que eso es "ser de izquierdas en el siglo XXI". Con estas palabras podemos asumir que el nuevo socialismo no apoya el placer sensorial salvo en lo que al sexo respecta; campo en el que defiende la promiscuidad a pesar del riesgo de contraer el sida. Ahora bien, como se pueden imaginar, este terreno es políticamente incorrecto. No así tanto el de perseguir a los fumadores.

Retomando los sabios consejos de Platón, quien recomendaba que a los ciudadanos no se les dejara disfrutar de los apetitos materiales ni tampoco de los versos del gran dramaturgo Horacio, la nueva izquierda ha abrazado las políticas inquisitoriales. Como ha señalado Juan Ramón Rallo en esta revista, los denominados "rojos" (ZP dixit) tratan de imponer "una moralización represiva" de "la sociedad".

De este modo, se transforma totalmente el fin del Estado de mantener la paz social. A partir de ahora también debe inmiscuirse en nuestras vidas, decidir por nosotros y guiarnos en la enojosa tarea de buscar nuestro propio sino. A quienes se rebelen contra la insidia de aceptar la sumisión siempre reprimirle. Por ejemplo, haciéndoles pagar 600.000 euros como sanción.

La meta de la ley es clara: castigar al fumador y, cómo no, a quien utiliza la propiedad como desea, en este caso los hosteleros. A éstos les va a arruinar, ya que en menos de ocho meses tendrán que adecuar sus bares, impedir la entrada a menores, poner salas de apestados, perdón, fumadores y reservar, para el caso de los hoteles, un número determinado e inamovible de habitaciones, para que los recalcitrantes enfermos se metan unos tiros de nicotina.

Esta es la cuestión que debemos abordar, si el Estado está autorizado a decirnos lo que debemos hacer, como sugiere la campaña moralista del Ministerio de Sanidad. Con nuestro dinero, nos anima de forma paternalista a dejar nuestros hábitos, a liberarnos y escuchar la buena nueva: somos unos adictos y eso nos hace peores personas.

Cuando el Gobierno decide que en los lugares de trabajo no se fume, algunos creen que está actuando con la diligencia debida que se espera de un poder político que asegura los derechos de los no fumadores. Sin embargo, ése no es su verdadero propósito, ya que la mayoría de las empresas prohíben fumar. Si realmente lo fuera, entonces no dirían nada acerca de las salas de fumadores.

Pero hasta ahí ha llegado la normativa. Prohibición total, nada de lugares de recreo donde los fumadores den caladas y se narcoticen. La verdad exige sacrificios, la obediencia sin concesiones. Así, la cortina de humo se amplía, y no se deja ver los errores y torturas a las libertades con que nos atosiga una izquierda sin rumbo que abomina de la libertad y abraza el esclavismo como forma de vida.

El fumador pasivo se ha convertido en la excusa del PSOE para imponer sus creencias. Por nuestro bien, cómo no. A este fumador pasivo, independientemente de lo que quiera hacer, se le dice que tiene el deber de exigir que en los bares, discotecas, hoteles y restaurantes no haya quien encienda un cigarrillo; lugares, todos estos, que podemos enclavarlos en el sector del ocio. Es decir, uno no va a un bar, como al metro, por obligación sino por placer. Decide ir allá donde hasta ahora era posible fumar en libertad, teniendo siempre la posibilidad de elegir espacios libres de humos. Baste como ejemplo el caso de la cadena americana de cafeterías Starbucks, donde es norma la prohibición del tabaco.

No es suficiente. El Estado quiere más y más. Quiere nacionalizar de facto la propiedad a través de una legislación claramente coactiva. A tal fin, como hemos dicho, señala que alrededor del "1% de las muertes atribuibles al consumo de tabaco se produce entre los fumadores involuntarios" (sic). Nótese la ironía: fuman sin quererlo. Por supuesto, el Ministerio de Sanidad se refiere así a los fumadores pasivos, no a los amantes del pitillo y del puro. Ironías de la vida: nada se señala de las causas por las cuales un no fumador contrae un cáncer, dado que, dicho sea de paso, ésta es una de las enfermedades más desconocidas aún por la medicina. Hechos como los antecedentes hereditarios se obvian, ya que los científicos que prueban estas interrelaciones tienen más éxito a la hora de recavar subvenciones que los que niegan la mayor.

Puestos a reprimir conductas, lo siguiente que probablemente dicte el Gobierno sea la prohibición de las hamburgueserías, de los dulces, los mazapanes, los pasteles y otras delicias; del coche, que evita a muchos hacer un ejercicio tan sano como andar, o del alcohol, como ha dejado caer el bueno del presidente. Y en el suma y sigue todo cabe, con este maximalismo que, por cierto, nos pone a la "cabeza de Europa" en lo que a progresismo se refiere.

Los efectos de las medidas que entrarán en vigor a partir del 1 de enero son tan previsibles que enumerarlas puede insultar la inteligencia del lector. Aun así, pensemos en los jóvenes de 16 años que, no pudiendo acceder a un bar, aunarán botellón y fumeteo en las vías públicas. Añadamos a quienes se resistan a transigir y fumen más donde antes no se les ocurriría hacerlo, léase Administraciones Públicas y el Metro. Por último, el número de bares de menos de 100 metros cuadrados que no se van a sumar a la política sanitaria serán tantos que, al final, la medida sólo será aplicable a aquellos establecimientos que, por el espacio de que disponen, se van a ver compelidos a ser buenos… a golpe de multa. Cómo no, las sanciones son tan altas que pondrán al fumador en peor situación que el consumidor de estupefacientes, a quien no se pena por consumir.

Dejar de fumar es, sin duda una decisión muy aconsejable. Aunque el hecho de hacerlo supone una opción personal, no una imposición estatal. La historia demuestra que todos los intentos por crear sociedades puras, sin egoísmos o vicios, han fracasado. Esta ley está destinada a fracasar y, entre tanto, a arruinar el turismo, haciendo que cada vez menos extranjeros vengan a España a disfrutar de la libertad de consumir tabaco y prefieran partir hacia destinos como Chequia o los países de la extinta Unión Soviética.

No creo que pretendamos estar al mismo nivel de la Alemania nazi, pero cuando se escuchan frases como la que sigue: "Hermano nacional socialista, ¿sabes que tu Führer está en contra del hábito de fumar y piensa que cada alemán es responsable de sus actos y misiones frente a todas las personas, y que no tiene el derecho de dañar su cuerpo con drogas?", y se comparan con lo que ha dicho la ministra de Sanidad: "La lucha contra el tabaco ha sido y es una prioridad del Gobierno", la sorpresa se torna en desasosiego.

Entonces, uno comienza a preguntarse si el camino tomado por el actual Gobierno es progresista o regresivo. Para un presidente que no distingue entre impuestos de uno u otro tipo, cualquiera sabe. Eso sí, no se quejen: el Gran Hermano mira por ustedes…y por sus hijos.

El statu quo de los títulos de propiedad

Escrito por Albert Esplugas en diciembre 12, 2005. Publicado en Análisis diario.

No cabe confundir la defensa de la propiedad privada con la defensa de la actual distribución de los títulos de propiedad. El liberalismo no prescribe la inviolabilidad de la propiedad meramente poseída, sino la inviolabilidad de la propiedad legítimamente poseída. Cuando nos referimos al término “propiedad” o “propiedad privada” por lo general esto se da por entendido y no son precisas ulteriores explicaciones. Pero a veces conviene explicitar los supuestos que manejamos, no únicamente con el objeto de evitar malentendidos y caricaturizaciones, también para asegurarnos de que en efecto tenemos conciencia del supuesto y del alcance del mismo.

El individuo deviene propietario legítimo de los bienes escasos que ocupa / utiliza en primer lugar (homesteading) o que adquiere de otro legítimo propietario por la vía del intercambio. De acuerdo con el principio del homesteading de raíz lockeana el individuo se apropia de un bien escaso en su estado de la naturaleza cuando le imprime su sello personal mezclando su trabajo con el objeto, cuando lo ocupa en primer lugar y lo destina por ende a la satisfacción de sus fines. El primer ocupante / usuario es el único que posee un vínculo objetivo con el bien escaso en cuestión. Ningún otro individuo puede alegar una relación semejante ni por tanto presentar una reclamación más justa. La parcela de tierra, por ejemplo, que no ha sido explotada por nadie deviene propiedad legítima de aquél que primero la cultiva o la cerca para darle uso. Desde entonces la parcela puede pasar a otros individuos mediante el intercambio o el abandono. En este último caso volverá a regir el principio del homesteading: el primero que ocupe el bien escaso abandonado se convertirá en su legítimo propietario.

En el debate en torno al statu quo de la distribución de los títulos de propiedad hay quienes parecen considerar sólo la medida en que los títulos se intercambian libremente sin detenerse a examinar la justeza de los mismos. Otros, asumiendo la validez del principio de la apropiación original pero aplicándolo parcialmente, buscan legitimar la ingeniería social impugnando in toto la distribución vigente de los títulos de propiedad. Ambos posicionamientos están severamente viciados.

Los que aceptan de forma implícita el statu quo de la distribución de títulos de propiedad fijándose sólo en la libertad de intercambio obvian que aquello que algunos poseen e intercambian podría en realidad, de acuerdo con el principio de la apropiación original, pertenecer legítimamente a otros. En un contexto estatista de expropiaciones, exacciones y subsidios, ¿cabe presumir que todas las propiedades están bajo tutela de sus legítimos dueños? Si alguien hoy está en posesión de algo que no le corresponde, obtenido así mediante la fuerza (suya o del Estado), ¿no exige la justicia que sea devuelto a su legítimo propietario? Luego no hay que asumir alegremente como válidos todos los títulos de propiedad actuales. Algunos pueden proceder del expolio estatal y en tanto sea posible determinar de qué títulos se trata exactamente y quiénes fueron las víctimas o quiénes son sus herederos, los títulos debieran ser restituidos.

Pero otros aplican el principio de la apropiación original torcidamente de tal suerte que concluyen que la mayoría de los títulos de propiedad actuales no tienen validez por asentarse en el robo y la conquista de tiempos pasados recientes y lejanos. Ello restaría legitimidad al liberalismo y justificaría algún tipo de ingeniería social que favoreciera a las “clases” o grupos históricamente expoliados en detrimento de los históricamente privilegiados y usurpadores. Olvidan, no obstante, que en el caso de que no se identifique a la víctima concreta de un robo o a sus herederos, la propiedad robada es de facto una propiedad abandonada, y si el actual poseedor no fue el agresor deviene su primer ocupante y por tanto su legítimo propietario. Creer que una parcela de tierra labrada le fue en el pasado expoliada a un oriundo de la región no basta para considerar ilegítimo el origen de su título actual. Si no es posible identificar a los herederos de aquel individuo y demostrar en efecto que la parcela le perteneció, aquél que la esté ocupando ahora será su legítimo propietario. El origen de su título es el homesteading, no el expolio, pues él a nadie ha expoliado.

El liberalismo exige que la vigente distribución de títulos de propiedad sea respetada en la medida en que se fundamenta en el principio de la apropiación original y no en la confiscación. No cabe sacralizar ni rechazar per se el statu quo. Ni utilitarismo inmovilista ni ingeniería social. Lo justo es reivindicar la devolución a sus legítimos propietarios de aquellos bienes que les han sido usurpados.

Los escamots de ZP

Escrito por Pablo Molina en diciembre 2, 2005. Publicado en Artículos en prensa.

Pero que un asaltapiscinas y sus escamots enmascarados se dediquen a la performance totalitaria frente a un medio de comunicación, no es lo sustantivo. En última instancia, hablamos de los representantes de una fuerza necesariamente marginal, con un discurso político antisistema, cuya relevancia política, hoy desgraciadamente decisiva, proviene únicamente de los beneficios que le reporta la existencia de un endiablado régimen electoral.

Lo relevante en esta cuestión, es la respuesta que el estado de derecho opone a sus provocaciones, de ahí que las declaraciones al respecto del Presidente del Gobierno, adquieran un especial interés por su carácter liberticida.

En su entrevista televisiva, R.Z. saldó la cuestión afirmando que ni le gusta que se ataque a los medios de comunicación, ni el mensaje agresivo de alguno de ellos; como ven, se trata tan sólo de una cuestión de paladar. Pero en el primer caso hablamos de un delito y en el segundo, del ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión. Poner ambas cuestiones en el mismo plano de legitimidad, acota perfectamente la forma en que el gobierno entiende el funcionamiento de la democracia. El acoso intimidatorio a la sede de un medio de comunicación mediante manifestaciones no autorizadas, constituye, en efecto, un delito. El deber de R.Z., más allá de sus gustos personales (bastante dudosos por otra parte, a tenor de sus lecturas y amistades) es, como político condenarlo y como Presidente del Gobierno impedirlo o, al menos, castigar severamente a los culpables. De lo contrario, está actuando como el juez que considera una atenuante del delito de violación, cuando no un eximente, el hecho de que la víctima vistiera minifalda. Con esa decisión, el magistrado pierde su legitimidad como árbitro del derecho, exactamente igual que R.Z. perdió la suya el pasado miércoles como garante de nuestra libertad.

Ahora bien, lo más productivo de la famosa entrevista fue la confirmación presidencial de que “habrá nuevo estatuto para Cataluña”. John Kerry, Angela Merkel y el referéndum francés sobre el tratado de la UE, son tres importantes muescas en el revólver profético de ZP, que no es que sea gafe, es que es letal. Por tanto, cuando proclama abiertamente su vaticinio de que “habrá nuevo estatuto”, podemos estar seguros de una cosa: No lo habrá. También pronosticó que el Barça ganará la Champions League y Ronaldinho no deja de llorar desde entonces, sin contar la gravísima lesión de Xavi, ocurrida esta misma mañana. ¡Con lo esperanzados que estábamos este año todos los culés!

El argumento moral del Estado

Escrito por Alberto Illán Oviedo en diciembre 1, 2005. Publicado en Análisis diario.

A quién no se le ha caído el alma a los pies cuando algún programa de noticias nos ha mostrado a desnutridos niños africanos repletos de moscas y sostenidos por sus madres, no menos desnutridas, en interminables campamentos entre miseria y desesperación. Quizá el abuso de este tipo de imagen nos ha insensibilizado ante tan dantesco paisaje pero con frecuencia las ONG’s nos recuerdan que el Primer Mundo es muy afortunado y el Tercer Mundo está sumergido hasta el cuello en la miseria. Este y otros paisajes no menos horrendos son razones más que suficientes para que las armas del Estado se pongan en marcha.

Las mencionadas ONG’s, cuyas principales fuentes de recursos son en no pocos casos los presupuestos de los Gobiernos, y los organismos gubernamentales que controlan el flujo de dinero público nunca han dudado en tergiversar la realidad para conducir al contribuyente o en su caso al donante, a una encrucijada moral: si él pasa hambre es porque yo tengo demasiado y por tanto soy el culpable. Debo dar algo de lo que poseo si quiero redimirme y estas organizaciones me ofrecen la oportunidad.

La causalidad razonada nunca ha sido el punto fuerte de estas campañas. Por lo general, la causa de la situación se ofrece antes de mostrar el síntoma, en este caso el hambre. La pobreza se plantea como una cuestión de reparto de riqueza, como si hubiera una mano sobrenatural que arbitrariamente la adjudicara entre los habitantes del planeta. Nunca se plantea como un problema de creación de riqueza, nunca se plantea como la eliminación de una serie de cortapisas que los empresarios encuentran, desde la corrupción más insoportable hasta la ausencia de un mercado donde poder vender sus productos.

Pero no sólo debemos buscar este argumento moral en las favelas brasileñas o en las sabanas africanas, con frecuencia se usa en nuestras acomodadas sociedades. Recientemente se ha celebrado el Día Internacional contra la Violencia de Género, rimbombante nombre con el que se nos refiere la despreciable violencia que se dirige en el ámbito doméstico y social contra la mujer por su condición femenina. Es tal la intensidad con la que los estamentos estatales hacen campaña que cualquier crítica a su forma o su fondo se convierten casi en un apoyo al machista maltratador. Así, son moralmente aceptables las leyes que promulgan la discriminación positiva de la mujer pero son inmorales las medidas que condenan con dureza al delincuente, porque de nuevo la moral oficial establece que el preso debe ser reinsertado en la sociedad aunque no esté claro su arrepentimiento y no que pague por su crimen. La consecuencia de esta moral oficial es que con más frecuencia de lo deseable, la mujer maltratada debe buscar hogares e instituciones donde pueda recluirse mientras que el “compañero sentimental” campa a sus anchas.

¡Cómo no vamos a ayudar a esos grupos, a esos políticos que abogan por un medio ambiente limpio de todo contaminante! ¡Cómo no vamos a permitir que se promulguen leyes que pongan impedimentos a esas empresas que en el súmmum de su egoísmo están maltratando la Naturaleza! Es inmoral defenderlas, como lo es justificar a tal o cual gobierno que aparentemente no se preocupa por disminuir las emisiones de CO₂ y permanece “rehén” del poderío industrial.

Y así podríamos seguir con el comercio, del que sólo es válido y aceptable el calificado como justo y que aún no he llegado a comprender en su totalidad puesto que nos guste o no, sigue teniendo los demoníacos intermediarios.

La visión moral de cualquier problema es en el mejor de los casos, engañosa. En primer lugar, tiende a alejarnos de las causas eliminando la razón y la lógica en el estudio. En muchos casos, va acompañada de alguna ideología que suele ya tener establecido lo que es bueno o lo que es malo por lo que muchas veces sólo busca pruebas que confirmen sus dogmas, despreciando lo que los contradice. Existe la posibilidad de que lo que moralmente nos repugna, no sea así para otros. Gente conservadora puede ver en la homosexualidad un problema que para otros, ni se plantee. Aún así, en tanto estos planteamientos son personales e intransferibles, el daño de haberlo, es mínimo. Lo peor se plantea cuando desde la política, desde el Estado en último término, se establece una ética oficial. Es en ese momento cuando nuestra libertad está seriamente en peligro.

El monopolio estatal de la verdad

Escrito por Juan Ramón Rallo en noviembre 29, 2005. Publicado en Artículos en prensa.

No se puede sostener, a la vez, que todos los hombres somos iguales pero que unos tienen que dirigir la vida de otros a través del Estado. No se puede defender, al mismo tiempo, que el empresario explota a los trabajadores por apropiarse de una parte de su salario y que el Estado, en cambio, los protege robándoles la mitad. No se puede, en definitiva, argüir que el socialismo es concordia y el capitalismo un régimen salvaje, cuando el primero se basa en la violenta expropiación de todas las propiedades y el segundo en las relaciones y los acuerdos voluntarios de las personas.

Dada la natural podredumbre de sus bases intelectuales y de su lógica argumental, la izquierda, animada por su gula estatólatra, no ha tenido más remedio que utilizar la propaganda para difundir su credo liberticida. Pero no ha podido evitar caer en contradicciones tan graves como las anteriores: utilizar la libertad de expresión para defender su entierro prematuro.

Una vez tomado el poder mediante arengas e indisimulados embustes a las masas, sus falacias, contradicciones y falsedades no han dejado de acentuarse. El caso más escandaloso es el de las revoluciones comunistas, que, tras haber prometido la abundancia sin límites, la eliminación del trabajo y la libertad irrestricta para el ser humano, sólo trajeron miseria, esclavitud y salvajes genocidios.

La socialdemocracia también cae en clamorosas manipulaciones. Su entramado burocrático y ultraintervencionista del Estado de Bienestar no deja de ser una reelaboración del Estado fascista y corporativista de Mussolini; una maraña de fracasos y de recortes progresivos de la libertad. Nos prometen bienestar, pero sólo nos han traído un mastodonte estatal que se nutre de nuestros impuestos y de nuestro trabajo.

La burocracia se ha extendido al son de unos grupos de presión que se alimentan de los ciudadanos desorganizados y apolíticos para seguir medrando sobre la plataforma del malestar redistribuido. El Estado social se convierte en el mecanismo para desocializar a las personas, para enfrentarlas unas con otras, para reclamar prebendas, privilegios, fueros y subvenciones. Todo el mundo, como ya dijera Bastiat, pretende vivir a costa de los demás; todo el mundo quiere utilizar el Estado para esclavizar a sus conciudadanos.

George Orwell entendió perfectamente este carácter zalamero del socialismo: apelar a unos valores para aniquilar su contenido y su virtualidad. El Ministerio de la Abundancia ofrecía pequeñas porciones de abundante hambruna, el del Amor insuflaba amoroso odio a diario, y el de la Paz servía para librar pacíficas guerras sin final. En cierta manera, el granero ideológico de la izquierda se nutría de estos tres ministerios. La izquierda es, por partes iguales, pobreza, odio y violencia. La pobreza es su destino, el odio su origen y la violencia su instrumento.

Pero la piedra angular del socialismo, el engranaje que permite que el odio se transforme en pobreza a través del ejercicio de la violencia, es la mentira. No en vano el cuarto ministerio de Orwell, el protagonista de 1984, es el de la Verdad.

La izquierda sólo puede sobrevivir con la mentira y en la mentira. Controlar el pensamiento resulta, pues, un punto esencial en su plan estatalizador. Por un lado, hay que atar a los nuevos pobladores que vienen al mundo. Todo españolito tiene que pasar por los centros de adoctrinamiento que el Estado, mediante el dinero confiscado a todos los españoles, ha esparcido por el territorio nacional. Por otro, el control del espacio radioeléctrico se convierte en una histérica prioridad para dar voz a los corifeos del régimen y silenciar a todo aquel que socave los pilares de "la convivencia"; de la convivencia política con el poder, el nepotismo, el dirigismo y la corrupción.

Toda dictadura –toda apoteosis del Estado– necesita controlar, cercar y encarcelar a la verdad. En consecuencia, necesita asentar su propio sistema educativo y tener firmes a los medios de comunicación.

El Gobierno autonómico de Cataluña ha ido asfaltando de manera incesante ese camino de servidumbre que todo Estado quiere hacer recorrer a los individuos. Y conviene recordar –tanto a los catalanes dormidos en los laureles como al resto de españoles, cegados por un extra de libertad cada vez más devaluado– que hablamos de Cataluña no porque su situación sea única con respecto al resto de España, sino porque sus rasgos despóticos están bastante más pronunciados.

La apelación a la lengua catalana ha servido como salvoconducto para que los ciudadanos aguantaran los desmanes colectivizadores de su Gobierno. La educación debía ser transferida a los dirigentes catalanes para que extirparan con urgencia el cáncer españolista. A ningún político catalán se le ocurrió sugerir que, si de verdad existía una demanda social para formar a la población en el espíritu catalanista, la solución más adecuada pasaba por privatizar la educación y dejar que los padres eligieran libremente.

En realidad, la lengua, la cultura y el resto del andamiaje ideológico del nacionalismo –en Cataluña– y del socialismo –en todas partes– han sido meros pretextos para asaltar las aulas y formar ciudadanos afectos al poder político.

Por supuesto, no podía faltar la otra pata de la propaganda política: el control de los medios de comunicación. Esta semana hemos asistido a la pasmosa pretensión de asignar a un organismo público la facultad para distinguir entre el Bien y el Mal (entre la Verdad y la Mentira), y sancionar en consecuencia.

La aprobación de la Ley Audiovisual de Cataluña supondría que el CAC –la consejería de la Verdad orwelliana– tendría capacidad para, teledirigido desde la Administración, forzar una completa homogeneidad ideológica. La censura redomada se integraría en los resortes del intervencionismo autonómico.

De hecho, la imposición de dos sanciones por haber "mentido" –según el particular criterio de los mayores mentirosos patrios: los políticos– acarrearía la retirada de las licencias de comunicación (art. 51.4 e).

Aparte del hecho deplorable de que los políticos se atribuyan la propiedad de las frecuencias radioeléctricas, el procedimiento para acabar con cualquier atisbo de crítica al poder estatal resulta palmario: todo aquel disidente será sancionado en dos ocasiones, y a partir de ese momento su voz se esfumará de las ondas catalanas.

El problema de todo esto no es, ni mucho menos, que el árbitro encargado de imponer las sanciones no sea imparcial. La cuestión es qué imparcialidad sirve para justificar la censura. Los mismos progres de pana que se han pasado décadas criticando al Santo Oficio por juzgar opiniones doctrinales de miembros que voluntariamente formaban parte de la Iglesia se erigen ahora como inquisidores de la verdad. Aquel que no comulgue con ideología oficial, con los buenos modos y costumbres, con el barniz talentoso de los represores, no tiene derecho a hablar.

La dictadura de los buenos modales con el poder ha llegado a convencernos de la falsa legitimidad que tiene el Estado para censurar a aquellos que mienten. Desde aquí quiero reivindicar el derecho a hablar y a mentir; porque el derecho a mentir es el derecho a equivocarse y la posibilidad de rectificar.

No necesito de censores que me sellen la boca y me afeen la conducta. No necesito de un estándar de veracidad. No necesito de censores que vigilen cada palabra que emito. No necesito de organismos que regulen, organicen y estructuren mis palabras. Cada ser humano tiene el derecho a expresarse de acuerdo con sus ideas y conciencia, por muy falsas o equivocadas que las podamos juzgar. Qué lejos quedan en España las palabras de John Milton en Areopagítica: "Dame, por encima de todas las libertades, la libertad de saber, de expresarme y de hablar libremente de acuerdo con mi conciencia".

Pero la izquierda, que nace y medra en la mentira, pretende esconder sus orígenes combatiendo en otros su propio componente genético. Precisamente porque el ser humano tiene el derecho a mentir, la izquierda tiene el derecho a existir.

El estatalismo, consciente de su condición y sus debilidades, pretende una vez más imponer por la fuerza sus ideas salvajes, antisociales y liberticidas. Nosotros, los liberales, también debemos ser conscientes de que la mentira, su mentira fundacional, es la gran debilidad del socialismo y del antiliberalismo en general.

En medio de los horrores del comunismo, el nazismo y el intervencismo, uno de los defensores más enérgicos del liberalismo en toda la historia, Ludwig von Mises, adoptó como lema propio una frase de Virgilio que se convirtió en el estímulo de su lucha diaria contra los enemigos de la libertad: Tu ne cede malis, sed contra audentior ito, esto es, "nunca cedas ante el mal, combátelo con mayor audacia".

Sin duda, son momentos para hacer nuestra la frase.

La gran hambre irlandesa

Escrito por José Carlos en noviembre 17, 2005. Publicado en Análisis diario.

La Irlanda de la segunda mitad del Siglo XIX se ha puesto muchas veces como ejemplo del fracaso de un sistema social. En la conciencia social colectiva, como el fracaso del liberalismo y de la propiedad privada. Como una incómoda mancha de pobreza en medio de un brillante desarrollo social que acompañó a otras experiencias liberales, como la de los Estados Unidos o la del Reino Unido. En 1840 había 8 millones de irlandeses, y la sangría demográfica impuesta por el hambre, en la combinación de muertes por inanición y migraciones huyendo de las mismas, dejó la población irlandesa en 1900 en los 4,5 millones.

Irlanda, sí, es un claro ejemplo. Pero no del fracaso del liberalismo, sino de los perversos efectos sociales de la falta de respeto a la propiedad privada. Irlanda fue brutalmente tomada por Inglaterra, que sometió a ese país a una servidumbre extraña. Ya que impuso sucesivas expropiaciones que repartieron las tierras irlandesas entre los protestantes ingleses. Pero los nuevos terratenientes no se quedaban en Irlanda, sino que vivían en Inglaterra. No es de extrañar. El Estado subvirtió la common law. Ésta era generalmente favorable a los arrendatarios, que por el usufructo de la tierra pagaban al terrateniente una renta. La ley les protegía incluso en casos de impagos no prolongados.

Pero el mandato británico logró desnaturalizar la ley e imponer una legislación de una abyecta injusticia. Se ha llegado a decir que los irlandeses católicos solo eran reconocidos legalmente para la represión y la penalización. Desde finales del XVIII y durante la primera mitad del XIX, se prohibió a los católicos comprar propiedades de los protestantes. Y el chivato que diera noticia de un contrato así se quedaba automáticamente con la propiedad. La herencia se repartía entre los hijos por igual, a no ser que uno de ellos se declarara protestante, en cuyo caso pasaba a su propiedad. Dice un historiador que “la tierra pasó casi universalmente a manos de los protestantes”.

Había un claro y en muchas ocasiones violento enfrentamiento entre los terratenientes ingleses, que habían recibido la propiedad por la conquista y los contactos políticos, y los arrendatarios. “La antipatía entre (éstos) y el terrateniente impedía cualquier acuerdo basado en la mutua buena fe”, dice un historiador del período. Es más, había una auténtica guerrilla campesina. En estas condiciones, tampoco la propiedad de los terratenientes era segura. No miraban hacia el futuro, sino más bien a la mayor explotación a corto plazo de sus tierras. Estrangularon al campesinado irlandés, sin realizar las inversiones que hubieran elevado la productividad de la tierra y hubieran permitido mayores rentas de arrendatarios y terratenientes. En 1839 Malthus observó que el problema irlandés provenía de falta de capital. Pero no llegó a observar que éste provenía de una situación insegura de la propiedad en dicho país.

El historiador Joel Mokyr, nos dice Tom Bethell en The Noblest Triumph, buscó sin éxito la respuesta a “¿Por qué se moría Irlanda de hambre?”, lo que sería la traducción de su libro sobre el asunto, pese a que reformuló la pregunta correctamente a “¿porqué era pobre Irlanda?”. Y eso que observó que Irlanda estaba caracterizada por continuos enfrentamientos y “derechos de propiedad pobremente definidos”. Una comisión de 1844, inmediatamente anterior a las grandes hambrunas, halló que “la incertidumbre el arrendamiento es vista como un agravio opresivo en todas las clases de arrendatarios”.

Con la institución de la propiedad violada, desvirtuada y subvertida, no solo no se invertía en la mejora, no se dedicaba capital a la tierra. Todos los observadores se sorprendían por la desidia y la holgazanería, que muchos achacaban a la raza irlandesa. Nassau Senior, uno de los grandes economistas del momento, observó que los irlandeses “trabajan duro en Gran Bretaña y en los Estados Unidos de América”, pero que en su propio país “eran indolentes”. Además se contaba con el contraejemplo del Ulster, donde siempre se respetó más la propiedad, se llegaba a acuerdos voluntarios con los terratenientes sin mayor problema, y si un arrendatario vendía su contrato, recibía una compensación por las mejoras que hubiera hecho en la parcela. En el Ulster nunca se llegó a los problemas que aquejaron al resto de Irlanda. El irlandés es un caso claro de cómo la violación de la propiedad lleva a los enfrentamientos y a la pobreza.

Ideas sobre la prostitución

Escrito por Francisco Capella en noviembre 11, 2005. Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Ideas sobre la prostitución

– ¿Se acostaría usted conmigo por un millón de euros?

– Ay, caballero, qué cosas tiene usted.

– ¿Y por diez euros?

– Pero, ¿por quién me ha tomado? ¿Qué se cree usted que soy?

– Está claro que una prostituta; ahora estamos discutiendo el precio.

Algunas feministas colectivistas quieren abolir la prostitución. No se atreven a aclarar si quieren prohibirla (prohibición es prácticamente sinónimo de abolición) o simplemente que, sin coacción legal y de algún modo que no explican, deje de existir el intercambio de sexo por dinero. Parece que la prostitución es contraria a la dignidad humana, que denigra al trabajador sexual (generalmente mujer) y lo convierte en una persona de clase inferior. Afirman que pretenden ayudar a las prostitutas diciéndoles que son ciudadanos de segunda. No aclaran si también habría que abolir la pornografía, donde además de sexo y dinero el asunto se exhibe públicamente por más dinero. Insisten en que la prostitución no puede considerarse una profesión porque no es un oficio cualquiera; es la comercialización y compraventa de un cuerpo humano para algo íntimo y personal como el sexo. Ignoran que la prostitución no es la venta ni el alquiler de un bien sino la prestación de un servicio. Abominan del lucro, del beneficio y del empresario, les repugna que alguien pueda ganar dinero ejerciendo de intermediario o protector entre prostitutas y clientes. Repiten de forma monótona y machacona sus tópicos y son incapaces de aprender. Algunas han dedicado toda su vida a una causa y sería horrible descubrir que ha sido en vano, que no ha tenido sentido porque estaban fatalmente equivocadas.

Algunos conservadores quieren prohibir la prostitución porque según ellos es inmoral. No aclaran si defienden que la moral es obvia, objetiva y universal (y cuáles son todos sus contenidos o preceptos y cómo es posible conocerlos) o si es posible que existan distintas morales en diversos grupos humanos. Parecen asumir que si algo es inmoral es legítimo prohibirlo, es decir, utilizar la coacción sistemática del estado para castigar a quienes cometan actos inmorales. Inquieren a quienes quieren mantener legal (o mejor alegal, apartada de la regulación estatal) la prostitución si les gustaría que su mujer, su madre o sus hijas (o maridos, padres, o hijos) se dedicaran a ello, como si el hecho de que no te guste algo implique automáticamente que debas intentar conseguir su prohibición. No está claro cómo puede ser inmoral algo que hace tanta gente desde hace tanto tiempo sin agredir a nadie y produciendo beneficios (monetarios y psíquicos) para todas las partes directamente involucradas. Tal vez el moralista es incapaz de entender que lo que a él le parece repugnante en grado sumo a otro puede resultarle interesante o un mal menor que merece la pena a cambio de algo mejor. El hombre de bien quizás no tiene en cuenta que si no hubiera prostitutas el deseo sexual de muchos hombres podría dirigirse hacia su madre, su mujer, sus hijas u otras potenciales víctimas de seducción o violación.

La prostitución es frecuentemente una forma de esclavitud y explotación asociada al crimen organizado y a la inmigración ilegal, pero no siempre. Hay prostitutas (pobres o ricas) que ejercen su trabajo libre y voluntariamente. Las que son pobres y no tienen muchas alternativas son tan libres como las menos pobres si nadie las obliga por la fuerza a ejercer. Los prohibicionistas confunden y mezclan todas las situaciones (por interés o incapacidad intelectual), no analizan las diferencias relevantes, y en vez de luchar contra la violencia de las mafias pretenden agredir o acosar a los clientes porque, aparentemente, son quienes fomentan la prostitución: hay prostitución porque ellos pagan (admirable tautología para la cual sólo hay que conocer la definición del fenómeno analizado). Efectivamente, el que haya más clientes dispuestos (demanda) incentiva que haya más prostitutas (oferta). Si se quiere ayudar a las prostitutas libres conviene incrementar la demanda para que puedan subir el precio. Si se quiere eliminar la prostitución que se ejerce con violencia no parece muy acertado utilizar más violencia institucional para prohibir la prostitución voluntaria que se ejerce sin violencia. Si se quiere ayudar a las prostitutas forzadas conviene atrapar a sus agresores y obligarles a que las compensen por los daños causados.

En lugar de luchar contra la pobreza causada por el colectivismo (muchas prostitutas, libres o esclavas, proceden de países socialistas) parece que es mejor eliminar los síntomas y las vías de escape. Los colectivistas hablan en nombre de personas a quienes no representan y se refieren a clases, no a individuos. Les preocupa la dignidad de la mujer como colectivo, no el bienestar de cada mujer particular. Asumen que la prohibición ayudaría a la prostituta, no imaginan que podría dañarla marginándola aún más y quitándole una fuente de ingresos más necesarios cuanto más pobre sea y más cargas familiares tenga. Cuando quieren subvencionar a las mujeres para que abandonen la prostitución suele ser con el dinero de los demás.

Algunas prostitutas y quienes las defienden pretenden que puedan pagar impuestos, sindicarse e inscribirse en la seguridad social: ingenuamente desconocen la auténtica naturaleza del estado o piensan que van a obtener más que lo que tengan que aportar. Algunas prostitutas querrían poder organizarse de forma cooperativa sin intermediarios, pero parece que en este negocio es imprescindible alguien con habilidad y contactos para pagar los sobornos adecuados a policías, jueces y políticos corruptos (y eso que la prostitución no es ilegal).

El sexo es esencial en los seres humanos, organismos vivos preocupados por reproducirse y transmitir sus genes de forma eficiente para ser competitivos en la historia evolutiva. El hombre y la mujer son biológicamente y sexualmente diferentes, no sólo en su anatomía y fisiología sino también en su psicología. Sus estrategias de apareamiento son diferentes: el hombre produce fácilmente gran cantidad de espermatozoides y no se queda embarazado, por lo cual es más proactivo y menos selectivo. La mujer sólo produce un óvulo en cada ciclo menstrual y si es fecundado se queda embarazada nueve meses y luego suele querer cuidar de sus hijos, lo que supone un alto coste que explica que sea mucho más selectiva y exigente para el sexo (aunque obviamente los anticonceptivos hayan cambiado la situación, las emociones básicas permanecen porque evolucionaron en un entorno muy distinto del actual). El hombre suele tener el poder físico y económico. El hombre es, en general, físicamente más fuerte que la mujer (resultado de largos periodos evolutivos de lucha entre los machos por las hembras), y a menudo es quien trabaja para otros y quien tiene el dinero (resultado de la división del trabajo según roles sexuales). Pero respecto al sexo es la mujer quien tiene el poder, ya que conoce el deseo del hombre y puede ocultar el suyo (los seres humanos no tienen periodos anuales de celo como otros animales, y las hembras humanas no muestran abiertamente su periodo fértil). La mujer suele pedir algo a cambio de sexo (regalos, compromiso afectivo o legal, dinero), y el hombre tiende a estar dispuesto a ofrecer algo por el sexo. Después del sexo es la prostituta la que se queda con el dinero, mientras que el hombre tuvo un placer psíquico efímero.

Pero los razonamientos biológicos de la psicología evolucionista acerca de la naturaleza humana y los económicos de la praxeología les parecen espantosos e inválidos a los progresistas que creen que todo es cultura y todo puede cambiarse con el adoctrinamiento adecuado; y los ignorantes no pueden o no quieren entenderlos.

La prostituta novata le cuenta a la veterana:

– Ese hombre era tan guapo que me habría acostado con él gratis.

– Cariño, no te ha dado dinero para que te acostaras con él, sino para que luego te marcharas.

Jun, reflejo de España

Escrito por Juan Ramón Rallo en noviembre 8, 2005. Publicado en Artículos en prensa.

De hecho, la diferencia fundamental entre países pobres y ricos es el grado de respeto a la propiedad privada. Eliminarla supone abolir el sistema capitalista y la libertad. En su ausencia, la economía se desmoronaría y el ser humano caería presa de la violencia del más fuerte: estaríamos ante una degradante eutanasia colectiva.

En España, gracias a la poco liberal Constitución del 78, la propiedad privada queda subordinada a la discrecionalidad política. El artículo 33.3 sanciona la legitimación política para expoliar al ciudadano "por causa justificada de utilidad pública o interés social". No tenemos ninguna garantía de que "lo nuestro" continúe siendo nuestro al cabo de unos meses, salvo una cada vez más tímida confianza en las instituciones.

España no se colapsa en una orgía de autodestrucción no porque sepamos que el poder político no emprenderá una masiva nacionalización de nuestra riqueza, sino porque confiamos en que no lo hará. Varias décadas avalan que los políticos españoles no son mucho más carroñeros que el resto de políticos occidentales, y que, por tanto, la inversión en nuestro país no es especialmente arriesgada.

No obstante, no deberíamos dormirnos en los laureles. Cuesta mucho ganar la confianza, pero muy poco perderla. Las famosas fugas de capitales, el "dinero caliente" contra el que tanto braman los socialistas, supone sólo la materialización del miedo de los inversores al Estado.

Además de provocar la descapitalización, el intervencionismo gubernamental tiene un efecto incluso más dañino para la economía y la libertad. El siglo XX ha encumbrado al Estado como rector del bien y del mal; sus leyes, cualquiera que sea su contenido, no pueden ser injustas por ser fruto de la mayoría.

Por desgracia, el Estado es un modelo de referencia para miles de personas. Sus abusos, tropelías e inmoralidades se traducen a su vez en abusos, tropelías e inmoralidades de los ciudadanos. Imaginen que el Parlamento aprobara una ley por la que se instara a los cuerpos de seguridad a apalear a todos los que llevan gafas. ¿Acaso no tendrían una coartada los violentos, terroristas y maleantes para dar rienda suelta a su sadismo actuando como el Estado?

A este respecto, decía Kelvin Throop que "si la gente se comportara como el Estado, llamarías a la policía". En el caso de los lamentables sucesos del pueblo granadino de Jun, la frase no podría ser más certera. Los delincuentes que ocuparon las viviendas se comportaron como la ministra Trujillo había anunciado que se comportaría el Gobierno.

La anécdota de que los criminales blandían un recorte de prensa con el anteproyecto de la Ley del Suelo no debería ser considerada anécdota, sino más bien categoría. No fue casualidad que la ocupación masiva de Jun tuviera lugar después de que se conociera la voluntad política de expropiar las viviendas vacías; de hecho, el expolio tomó como soporte intelectual la ideología socialista y antiliberal del Gobierno.

Los sucesos de Jun ilustran perfectamente la situación de la libertad en España; son la viva imagen del despotismo talentoso que padecemos todos los ciudadanos. Zapatero parece dispuesto a derrumbar todas las barreras morales de la sociedad: ni siquiera la vivienda está a salvo de su rapiña colectivista.

En nuestras sociedades positivistas, el contenido de la justicia está monopolizado por las habladurías de los políticos. Su voracidad represiva se convierte en prebenda ajena. Con el Estado, todo el mundo quiere vivir a costa de los demás. Pero cuando esta maquinaria redistributiva y malévola llamada "Estado" resulta incapaz de responder con celeridad a sus demagógicas promesas, una parte de la población decide "tomarse la justicia por su mano". Ya decía el pensador decimonónico Lysander Spooner que las diferencias entre el Estado y un asaltador de caminos eran mínimas: ambos coaccionan, reprimen y expolian al ciudadano.

El problema es que en Europa, a diferencia de EEUU, no tenemos ningún mecanismo real para defendernos de los abusos del Gobierno, de esos salteadores de caminos. Estamos totalmente inermes ante la ofensiva de unos criminales –tanto los políticos como los de baja estofa– que no dudan en atacarnos cada vez con mayor ahínco; es más, su agresión se produce precisamente porque son conscientes de que los propietarios están indefensos y desarmados.

La Segunda Enmienda a la Constitución de EEUU, que consagra el derecho a las armas, se añadió para evitar que el Gobierno se totalizara. Ningún ejército, por copioso que fuera, llegaría a superar en número a una población totalmente armada. En Europa, todos los tiranos, desde Lenin a Hitler, tuvieron como prioridad desarmar a sus poblaciones para poderlas exterminar. Conferir el monopolio de la defensa al Estado tiene un problema evidente: quis custodiet ipsos custodes? (¿quién nos guarda de los guardianes?).

Ahora bien, Europa no sólo se diferencia de EEUU por estar desarmada físicamente, también éticamente; nuestra decadencia cultural es mucho más acentuada que al otro lado del Atlántico. Padecemos una peligrosa degradación moral, inducida por los distintos totalitarismos, incluido el paternalismo asfixiante del Estado de Bienestar, que se plasma no sólo por el lado de unos delincuentes que obtienen respaldo y argumentos para sus acciones, sino, y lo que es más lamentable, por el de las víctimas.

Hemos dicho que los vecinos de Jun fueron incapaces de defenderse ante el ataque a su propiedad; lo que no queda tan claro es si estaban dispuestos a hacerlo. El Mundo recogía las declaraciones, la sumisión y el síndrome de Estocolmo, de uno de ellos: "Cuando intentas echarlos, te enseñan el recorte del periódico y te dicen que tienen derecho y que el Gobierno les da la razón. Pero esa ley todavía no ha entrado en vigor; era sólo un borrador ¿no?".

Lo preocupante no es tanto que exista el mal –siempre habrá personas dispuestas a delinquir, a dirigir la vida de los demás, a utilizar la violencia para imponer sus fines–, sino que las víctimas se resignen ante el mal.

A la persona que emitió esa declaración le acababan de ocupar su casa, y la única respuesta y esperanza que le quedaba era que el Gobierno no hubiera aprobado todavía la ley que legitimaba la conducta criminal. Esta actitud pasiva, desinteresada y conformista, fruto de décadas de estatolatría, es el auténtico cáncer de las sociedades liberales; el Estado, su intervencionismo, su coacción y su represión se asientan sobre el tácito consentimiento de la mayoría de la población.

Una población que es diariamente apaleada a través de restrictivas regulaciones, sangrantes impuestos e incluso desahucios y expropiaciones, pero que, inexplicablemente, sigue fiel a sus verdugos. Un yugo servil que para algunos puede resultar llevadero, pero que otros lo consideramos excesivamente pesado. No hay ningún problema en que la gente renuncie a su libertad mientras no nos obligue a renunciar a la nuestra.

El problema de Occidente es que un rebaño silencioso legitima las intromisiones del trasquilador estatal sobre todos los ciudadanos. Ese mismo rebaño silencioso que no protesta por estar indefensos, que no protesta por su dependencia del Estado de Bienestar, que no protesta por que el Gobierno expropie las casas, ni siquiera cuando se trata de las suyas.

Se trata, en definitiva, de una estampa deplorable que no augura buenos tiempos para la libertad en España. No sólo debemos preocuparnos por la imagen que estamos mostrando en el extranjero, sino, sobre todo, por el camino de servidumbre que estamos recorriendo. El socialismo no dudará en avanzar y domeñar a la sociedad en tanto ésta se lo permita.

Los ocupas de Jun han sido la avanzadilla de Trujillo, los primeros ejecutores del tipo de sociedad que el PSOE y el resto de partidos políticos quieren implantar en España. En cierto modo, pues, Jun ha sido un reflejo de España: los criminales ladronzuelos por un lado y las decadentes víctimas resignadas por el otro.

Las armas y tretas represivas del Estado no se detendrán, ya que su única finalidad es crecer y multiplicarse. Sólo una cosa interesa a nuestros gobernantes: el poder. Un poder absoluto que, en buena medida, es incompatible con nuestra libertad. No duden en cuál será la elección de los liberticidas ante semejante disyuntiva. La pregunta es cuál será la nuestra.

Más control político de Internet

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en noviembre 6, 2005. Publicado en Artículos en prensa.

Desde la aprobación de la ley, el concepto de anuncio se ha expandido por la vía judicial eliminando la necesidad de que haya pago de por medio, mientras Internet ha sido incluido dentro de los medios regulados por la ley, pese a no aparecer listado en ésta. El resultado es que esta ley puede meter en problemas legales a cualquier blogger que exprese su opinión sobre cualquier asunto que pueda afectar a unas elecciones si quedan menos de uno o dos meses de la celebración de las mismas.

Un grupo de congresistas propuso una nueva ley para evitarlo, excluyendo explícitamente Internet del alcance de la regulación estatal. El partido demócrata, que pasa por nuestros lares por ser un gran defensor de las libertades civiles frente a los pérfidos republicanos, dispuestos a aplastarlas a favor de las grandes multinacionales, ha impedido que dicha ley se aprobara. Los republicanos votaron a favor de la misma por 179 a 38, mientras que los demócratas la rechazaron 143 a 46. Dado que se necesitaba una mayoría de dos tercios, la moción fue rechazada. No obstante, cabe esperar y desear que termine aprobándose por otros medios, más lentos pero que no requieren una mayoría de dos tercios, aunque parece difícil que sea antes de que la comisión electoral estadounidense regule los límites de la libre expresión en Internet. Aún así, esto sólo sería un primer paso: tampoco parece una restricción aceptable de la libertad de expresión que se limite la opinión, pagada o no, de terceros acerca de los temas más candentes en unas elecciones. La transparencia es adecuada; la prohibición, no.

La blogosfera norteamericana se ha levantado como un solo hombre, a izquierda y derecha, para denunciar este intento de silenciarla por la vía legal y judicial. Los efectos de cualquier ley no son sólo los visibles –por ejemplo, las bitácoras que desaparecen debido a las demandas judiciales– sino también las que no se ven, como las bitácoras que pueden no nacer debido al miedo a ser demandadas. Esta regulación, como sucede con tantas otras, eleva las barreras de entrada a la blogosfera, hoy nulas, obligando a tener un cierto apoyo financiero que permita pagar a un abogado que te susurre a la oreja lo que puedes o no escribir. No es por tanto de extrañar que periódicos progres como New York Times o Washington Post apoyen estas medidas. Poner barreras legales a la competencia siempre ha sido el deporte preferido de los actores ya establecidos en cualquier mercado, y el sector de la información y opinión política no tendría por qué ser distinto.

El Estatuto del Periodista es un intento más directo de lograr el mismo resultado: limitar la libertad de expresión. También en nuestro país ha provocado reacciones contrarias desde ambos bandos del espectro político. Pero tengo bastante menos confianza en que, finalmente, los intentos de censura política sobre la libertad de expresión no prosperen en España. No hay más que ver cómo se está desarrollando el caso del Zapatuto, ahora transformado repentinamente en caso COPE.

No sólo contra la COPE

Escrito por Juan Ramón Rallo en noviembre 1, 2005. Publicado en Artículos en prensa.

Para entender el calado de la ofensiva es preciso realizar unas consideraciones previas. Existe un consciente proyecto totalizador entre buena parte de la clase política occidental para expandir el alcance e intervencionismo del Estado. La revolución ha dado paso a la lenta evolución, a la transformación social: la propaganda diaria, el control de los medios de comunicación, el sibilino crecimiento del Gobierno y el desgaste de la propiedad privada.

Los políticos se han transformado en los mesías del proyecto colectivo, del bien común, del paraíso. Nuestra felicidad justifica la opresión política en forma de regulaciones o incremento de impuestos: han instituido un poder político mastodóntico y lo han denominado "Estado de Bienestar".

De esta manera, haciendo creer que existe un conflicto irresoluble entre la libertad individual y el bienestar de la sociedad, el Estado consigue medrar a costa de nuestros derechos. La obsesión del socialismo es enterrar los derechos individuales frente al Estado y sustituirlos por derechos del Estado. Se trata de no reconocer ninguna libertad contraria al proyecto colectivo; de limitar la titularidad de los derechos al ejecutor de ese proyecto colectivo: el Estado.

El preámbulo del proyecto de Estatuto de Cataluña, por ejemplo, recoge perfectamente esta idea totalitaria de subordinar los derechos individuales al arbitrio político:

"Estos derechos se ejercen conjuntamente con la responsabilidad individual y el deber cívico de implicarse en el proyecto colectivo, en la construcción compartida de la sociedad que se quiere alcanzar".

Así pues, quien no subyugue su existencia al "proyecto colectivo" no podrá ejercer los derechos frente al Estado. Pero, dado que ese proyecto colectivo se encarna en el Estado, lo que realmente se está pidiendo es una total entrega a la planificación pública; quien se oponga al Tripartit es un enemigo de los catalanes.

Otro claro ejemplo de la cheka hacia la que nuestros políticos quieren arrastrarnos lo encontramos en la actitud de Llamazares frente al Consejero Delegado del SCH, Alfredo Sáenz. Hace poco más de un año Sáenz, muy cabalmente, se mostró partidario de desmantelar el Estado del Bienestar. La respuesta de Llamazares ilustra perfectamente el esquema que acabamos de trazar: a) el ataque al Estado implica un ataque al proyecto colectivo; b) quien ataca el proyecto colectivo pierde sus derechos individuales.

El líder comunista afirmó: "[Sáenz] acaba de declarar públicamente su beligerancia con el Estado del Bienestar [y por lo tanto] se sitúa no sólo en confrontación con buena parte de los ciudadanos que lo han construido, sino también con la Constitución Española” (punto a). En consecuencia, "al que te quiere destruir hay que responderle en legítima defensa; el SCH ha declarado la guerra, y, por tanto, los servicios públicos no pueden tener relación con quien quiere terminar con ellos" (punto b).

Toda propuesta de eliminar o reducir el peso del Estado supone una ofensa al bienestar de la sociedad, a la pacífica convivencia, al proyecto común. Quien se enfrenta al Estado es un enemigo del pueblo; puesto que, en definitiva, quien tiene derechos no son los individuos, sino el Estado (la legítima defensa de la que habla Llamazares).

El Estatuto del Periodista, por otra parte, también nos ofrece una adecuada ilustración de nuestro argumento. Así, en el preámbulo puede leerse lo siguiente:

"Cuando el derecho a informar que a todos se reconoce se ejerce de modo habitual y profesional queda cualificado con una función social: el derecho se convierte en deber de informar al servicio del derecho del público a ser informado".

Como vemos, la libertad de expresión está al servicio de la función social; el derecho individual se convierte en deber frente al "proyecto colectivo", frente al Estado. Es éste quien retiene el derecho a exigir a los periodistas una información "veraz", una información que no atente contra la verdad que encarna el Estado.

No en vano, el Estatuto del Periodista –inspirado en esta mentalidad totalitaria– supone un vaciamiento de los derechos individuales y un amordazamiento de las voces autónomas. Allí donde el Estado suplanta la justicia, la libertad se extingue.

Después de esta reflexión será mucho más fácil entender el calado de la ofensiva contra la COPE, en su doble implicación: ataque a la libertad de expresión y, sobre todo, a la propiedad privada.

Libertad de expresión

Ignacio Ramonet, uno de los referentes intelectuales de la izquierda, propuso hace dos años "purificar" los medios de comunicación a través de la creación de un Observatorio Internacional de Medios –algo muy similar al Consejo de Información que esboza el Estatuto del Periodista–. Para Ramonet, este observatorio tendría la misión de convertirse en "un arma" para combatir el capitalismo y conseguir el poder eterno de la izquierda:

"En los tiempos de Internet, nosotros decimos que éste será el siglo en que la comunicación pertenecerá a los pueblos y nos apoderaremos de la verdad. Con la verdad triunfaremos".

En ausencia de los instrumentos totalitarios del Estatuto del Periodista, el Tripartit decidió emplear el Consejo Audiovisual de Cataluña para expedientar y censurar a la COPE. El argumento empleado, a primera vista, no podía ser más contradictorio: se estudiaba si la COPE incumplía el artículo 20 de la Constitución, esto es, el derecho a la libertad de expresión.

Sin embargo, retengamos la mutación jurídica que, según hemos descrito, la clase política quiere conseguir. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho de los individuos, sino del Estado, destinado y subordinado a la consecución del proyecto común. Es evidente que la COPE no favorece el proyecto común del nacional-socialismo catalán y, por tanto, podría vulnerar la "libertad de expresión del Estado".

De hecho, es significativo cómo un medio de comunicación especialmente servil, El Periódico de Catalunya, sostuvo que la COPE "no ejerce la libertad de expresión: escupe". Fijémonos en la disyuntiva: arrodillarte ante el poder político es libertad de expresión, criticarlo supone escupir. Al fin y al cabo, el editorial de El Periódico llevaba por título ‘La COPE, esa inquisición’. Lo que molesta es que se critique y denigre al poder político, al socialismo y al totalitarismo. No preocupa la inquisición intelectual (no olvidemos que, en el propio artículo, Franco instaba a un inquisitorial desprecio activo hacia la Iglesia Católica), sino la inquisición disidente y libremente ejercida; la inquisición crítica contra los liberticidas y represores políticos.

Por ello, la campaña contra la COPE persigue eliminar la disidencia al catecismo público de sumisión al Estado. Sólo aquellos medios de comunicación, como El Periódico de Catalunya, que se integren en la estructura propagandística del régimen tendrán "derecho a expresarse" y quedarán amparados por el artículo 20 de la Constitución.

El socialismo se ha dado cuenta de que no es necesario nacionalizar la prensa para instituir una dictadura de facto. Leonard Peikoff resumió perfectamente las diferencias entre el control comunista y el control fascista:

"Contrarios al marxismo, los nazis no postulan el poder estatal de los medios de producción. Ellos exigen que el Gobierno supervise y controle la economía nacional. (…) Los individuos, por lo tanto, continúan siendo propietarios, siempre y cuando el Estado se reserve el absoluto derecho de regular la propiedad".

Propiedad privada

La frase de Peikoff sirve para enlazar las dos dimensiones del ataque contra la COPE. Como hemos visto, por un lado estamos ante un intento deliberado de eliminar las voces discrepantes, pero por otro se pretende abrir el camino hacia el completo dirigismo de la sociedad. Primero, porque la campaña política extermina las voces contrarias al estatalismo: sin diques de contención intelectuales, la propaganda estatalista extenderá el mensaje liberticida sin límites. Segundo, porque la agresión a la COPE no sólo supone un ataque a la libertad de expresión, también a la propiedad privada.

Esta última semana, Enric Sopena, el que fuera director de Informativos de TVE (y, por tanto, un sujeto que estuvo viviendo a costa del expolio de la propiedad privada de millones de españoles), reprochó a la Iglesia su "intromisión sectaria" en la "vida pública española". En su opinión, la política comunicativa de la Iglesia Católica debe reducirse al ejemplo de Radio María: encerrar el culto, la fe y los valores católicos en la esfera privada. Los mismos que pretenden censurar a la disidencia incómoda marcan las condiciones para permitir su ficticia subsistencia, a modo de escenificación y farsa pluralista (tal y como el Gran Hermano crea a su alter-ego Emmanuel Goldstein).

Sopena es uno de tantos ejemplos de una izquierda que sólo consiente la existencia de una Iglesia alejada de su labor evangélica; una Iglesia relativista, timorata, encerrada en sí misma; una Iglesia, finalmente, anticatólica. Precisamente, Benedicto XVI denunció hace pocas semanas la "falsa tolerancia" que, "por decirlo así, admite a Dios como opinión privada, pero le niega el ámbito público, la realidad del mundo y de nuestra vida". Eso, dijo el Papa, "no es tolerancia sino hipocresía". Se trata, pues, de matar a Dios fingiendo un respeto hipócrita, una falsa tolerancia hacia la fe.

Sopena marca las condiciones bajo las cuales la Iglesia puede existir: su propiedad privada y su libertad no pueden rebasar ciertos límites. Volviendo a la explicación peikoffiana del régimen nazi, el socialismo español no pretende quemar los templos o ahorcar a los católicos, como hizo décadas atrás; se conforma con regular la Iglesia, engullirla y estatalizarla.

Como ya he indicado en otras ocasiones, este indisimulado ataque contra los lazos voluntarios y la organización interna de la Iglesia Católica –este intento de subordinación del poder espiritual y de la ética objetiva a los dictados positivistas del emperador– supone, en última instancia, la defenestración del Estado de Derecho, de la justicia y de la libertad. La completa reglamentación de los usos de nuestra propiedad, de los fines de nuestra libertad; la imposición del fascismo socialdemócrata.

El ataque a la COPE es un misil directo a la autonomía de la Iglesia, a su derecho a la organización interna; a expresar sus opiniones, a difundir su mensaje y a hacer uso de su propiedad como mejor crea conveniente.

Pero es también un misil directo a los derechos individuales. La propiedad privada queda subordinada a las finalidades de los dirigentes políticos. Son ellos quienes tienen derechos, no nosotros. El socialismo reclama para el Estado el fin de las cadenas éticas, de su sumisión al Derecho; reclama la libertad de expoliar y reprimir a los ciudadanos.

La COPE, junto con Libertad Digital, es uno de los pocos bastiones donde todavía se combate esta avalancha totalitaria, donde todavía se condena la coacción política y la limitación de las libertades. El ataque que está padeciendo es sólo un preludio de la degeneración liberticida más amplia que el estatalismo está preparando para el resto de los individuos. Sería un error considerarlo un berrinche anecdótico de la izquierda. No es eso, no es eso.