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Etiqueta: minarquismo

‘Mercado hasta donde sea posible, Estado hasta donde se pueda reducir’ (II)

Siendo el caso que el mercado es el proceso a través del cual los individuos coordinan sus acciones unos con otros -satisfaciendo sus necesidades a través de la producción encaminada a la satisfacción de las necesidades de los demás, si nos preguntamos hasta dónde es él mismo posible, la respuesta necesariamente será: hasta donde alcance la mirada aguda, que mucho alcanza, de la función empresarial. En mis notas, entonces, el mercado no tiene límite.

Reviviendo a partir de este momento la afirmación de “mercado hasta donde sea posible, estado hasta donde se pueda reducir,” nos resta entonces dedicarnos a reflexionar acerca de la medida justa del estado. Y la pregunta que tenemos que críticamente hacernos es: ¿cuál es ese mínimo del estado que, en cierto afán libertario de reducirlo, se nos presenta como un muro que no podemos atravesar?

‘Mercado hasta donde sea posible, Estado hasta donde se pueda reducir’ (I)

Y, ¿qué pasa, por cierto, si lo atravesamos? Necesariamente, a partir de las conclusiones anteriores, la única forma de saber si aquello que estaba “produciendo” el estado, como bancas en los parques, o jueces en los juzgados, era realmente necesario, sería justamente que, en un libre mercado, se abriera la oportunidad a los empresarios a producirlo. O bien, la función empresarial se encarga de manera más eficiente de producir aquellas bancas o jueces, en mayor o menor medida según lo que le dicte el consumidor; o bien no lo produce, porque no habría hallado ganancia empresarial al haberlo hecho, lo que querría decir que, en últimas, aquello que producía el estado en determinada cantidad y calidad no era necesario. No hay serpientes y monstruos más allá del límite del estado.

Algo de anatomía estatal

El estado es un grupo de personas, cada una de ellas con aliento, caras y ojos. Podemos dar la mano a los individuos que compongan ese grupo. Y se trata de un grupo de personas cuyos ingresos son el resultado de la expropiación de la riqueza que previamente otros individuos han creado a través de su participación en el proceso de mercado. En otras palabras, es la única agencia dentro de la sociedad que, compuesta por la minoría, para poder crear riqueza, debe necesariamente crear pobreza en aquellos que involuntariamente pagan los impuestos.

El estado es el monopolio de la violencia. Por medio de ella, actuando como un grupo criminal de un grado relativamente alto de organización, pretende asegurar que hasta cierto punto no exista competencia en el “negocio” de la expropiación -que él mismo adelanta en un territorio determinado. Así, los principales medios de producción que asigna el estado son a la producción de la seguridad, pues le conviene mucho que sus víctimas, los pagadores netos de impuestos, no sean a su vez víctimas de otras agencias criminales.

Bandoleros

Si así lo fuera, y esto lo saben muy bien los agentes del estado, la fuente de los impuestos desaparecería, puesto que, o bien los individuos que producen la riqueza se retiran a los lugares donde nos los expropien -o los expropien en menor grado; o sencillamente encogen los hombres y dejan de producir.

¡A las cosas! ¡Qué contrato social ni qué ocho cuartos! El estado es el resultado de un proceso evolutivo en el que un grupo de brutos y burdos bandoleros se da cuenta de que hay agencia en sus víctimas y decide que le conviene organizarse en una mafia criminal un tanto más sofisticada para asegurar sus ingresos futuros. Es la única agencia en la sociedad que pretende proteger a los individuos agrediéndolos en sus vida y propiedad. Y así es que merece que lo escribamos con minúscula, apelando al reproche ético que le sigue a todas partes.

De la producción de seguridad a la de buses y trenes

Ha sido solo cuestión de tiempo para que entre los que componen el estado haya cogido vuelo la idea de que, además de seguridad, pueden encargarse de otras cosas. Ya, de entrada, han puesto a rodar el relato de que ellos, y no sus súbditos, conocen cuáles son los medios para producir seguridad; de qué calidad tienen que ser estos medios; en qué momento son necesarios; y hasta de qué color tienen que ser.

Así han concebido que la existencia de la sociedad no se rastrea a los individuos -desafiando cualquier asomo de individualismo metodológico; sino que se trata de algo que existe con independencia y autonomía de los individuos que, además, experimenta necesidades propias. Y, además de que son ellos los únicos capaces de identificar y satisfacer esas necesidades, de la misma manera no encuentran reparo alguno para ejecutar el mismo razonamiento con: la salud; la educación; las pensiones; el trabajo; los parques; el cuidado de las mascotas; la energía eléctrica; el dinero; los edificios donde vive la gente; el medio ambiente; los buses y los trenes; los taxis, etc.

El cálculo económico

A partir de lo que hemos entendido acerca del mercado, podemos decir que el estado mismo no tiene capacidad para conocer cuáles son aquellas necesidades experimentadas, ni cuáles son las cantidades y calidades de los medios de orden superior que, una vez integrados económicamente, resultarían en algo que las satisficiera.

La producción estatal de cualquier cosa niega la propiedad privada sobre factores de producción. El estado no puede calcular económicamente, puesto que, al no existir aquella propiedad sobre factores de producción, no cuenta con el sistema de precios para poder juzgar las necesidades más urgentes y, por ende, no puede asignar eficientemente recursos, lo que a su vez nos lleva necesariamente a concluir, que no puede conocer su justa medida más allá de: ninguna agencia estatal. Vamos más allá: cualquier decisión que tome, de producir no solo seguridad, sino el resto de las cosas que se le vengan a la mente en la mitad de un sueño intranquilo, solo podrá ser un desperdicio de recursos.

La imposibilidad -y la osadía- de justificar la existencia del estado

Llegar a concluir que el estado es económicamente defendible y que por ende se encarga, con su supuesto número necesario de agencias, de lo que el mercado no puede, es solo posible a partir de la negación de un pilar fundamental del libertarismo: el individuo y, por ende, de su propiedad. Más allá de todo, lo que resulta más irritante del intento de un libertario de argumentar acerca de la necesidad de un estado, es que se trata de una empresa fallida. El estado desafía cualquier intento de justificación, porque los presupuestos de toda argumentación lo impiden.

En efecto, cuando presenciamos cómo aquel libertario intenta convencernos de la necesidad de un estado pequeño, lo hacemos en el marco de un intercambio de proposiciones, de una argumentación. Estamos frente a él en un auditorio y estamos dialogando, intercambiando razones. El libertario que nos quiere hacer entender que sin estado la pasaríamos especialmente mal ofrece razones para ello. En esa argumentación, tenemos que reconocer unas condiciones a priori de la argumentación misma.

Así, tenemos que del apriori de la argumentación se deduce que todo aquello que tiene que ser presupuesto en el curso de una argumentación, como su precondición lógica y praxeológica, no puede ser a su vez disputado argumentativamente con respecto a su validez sin llegar a un enredo, a una contradicción interna (performativa). No podemos negar que argumentamos, puesto que, para hacerlo, tendríamos que presentar argumentos para convencer a nuestro interlocutor.

Reconocer el derecho del otro sobre sí mismo

Ahora, el intercambio de proposiciones en el que estamos con el libertario que afirma que el estado mínimo es necesario, no es un ejercicio de meras proposiciones flotantes. La argumentación misma en general, y de nuestro libertario confundido en particular, representa una acción concreta por parte de un individuo. La discusión entre nosotros y el libertario confundido -complaciente con el estado mínimo- implica que tanto él como nosotros reconozcamos la propiedad privada, sobre nuestros cuerpos. Esto incluye la propiedad sobre nuestros cerebros y nuestras cuerdas vocales; y del espacio que ocupamos en el transcurso de la argumentación.

Nadie, especialmente el libertario confundido, puede presentar una proposición esperando que nosotros, como su contra parte, la aceptemos como válida, o la rechacemos y propongamos una diferente, sin presuponer el derecho de propiedad tanto de él, como el de nosotros; de nuestros respectivos cuerpos y espacios ocupados. Pretendiendo validar su proposición ante nosotros, que la escuchamos con paciencia, debió el libertario que simpatiza con el estado haber asumido previamente el control exclusivo tanto de su propio cuerpo, como del de nosotros.

Defender el Estado frente al otro es negarlo

Ante esto imaginemos, entonces, que nuestro amigo libertario suma a la presentación e intercambio de proposiciones al estado, al puñado de individuos al que no tiene reparo de entregarles el monopolio de la fuerza para cobrar impuestos y así poder financiar sus pocas funciones. Tanto unos como el otro nos ofrecen razones por las cuales el estado debe ser; tanto unos como el otro nos dan cuenta de la existencia del estado; tanto los unos como el otro tratan de justificar, con el objetivo de convencernos, de que sin estado no se puede avanzar más. Pues bien, todas y cada una de las razones ofrecidas para justificar al estado, para ser ofrecidas, tienen que partir de la aceptación tácita de aquella premisa que la sola existencia del estado necesariamente niega: la propiedad privada, el pilar fundamental del libertarismo.

Justificar, entonces, al estado es imposible. El estado es injustificable, sin importar las maromas argumentativas que se puedan hacer. Y esto es así, porque para argumentar a favor de su existencia, tenemos que partir del desconocimiento de aquello que hace toda argumentación posible; aquello que es tan, pero tan caro para el libertarismo, la condición de toda argumentación y, por ende, del mercado y la sociedad: la propiedad privada. Sentamos a uno de los individuos que componen el estado y le pedimos que justifique sus acciones dentro de la organización, que nos dé cuenta de ellas, lo cual le queda imposible, porque cualquier argumento que prepare, por complejo y sofisticado que este sea, es solo posible a partir del reconocimiento previo de la condición que el estado necesariamente tiene que desconocer para existir.

Libertarismo de tercera vía

Haciendo lo imposible, y dejando a un lado la contradicción que comete el libertario cuando argumenta a favor del estado, lo curioso de la cuestión es que, al enunciar aquel libertario simpatizante del estado que este no puede reducirse más allá de cierto número de funciones y agencias, no lo está haciendo por primera vez. No solo lo acompañan voces del pasado, sino que tal posición no tiene por qué encontrar la mayor de las resistencias actualmente.

Al momento que comienza a sostener esa posición, comienzan a posarse a su lado, con bastante complacencia, aquellos socialistas de mayor o menor grado que exhortan una supuesta “tercera vía” entre capitalismo de mercado y socialismo de estado. La falta de claridad conceptual, que tiene por efecto una desafortunada confusión, lo lleva a hacer alianzas con enemigos de la libertad; se vuelve, entonces, en sí mismo un enemigo de la libertad -y todo por no estar al tanto de su propia confusión y sin tener voluntad alguna de depurarla y salir así de ella.

Se encuentra, antes de darse cuenta, compartiendo grupos de discusión con otros políticos que, al igual que él, claman por estado y, por ende, por pago de impuestos. La única diferencia entre estos y aquel termina siendo de grado, estando perfectamente de acuerdo en lo esencial. Lo que comienza como una foto que nos da fe de lo que tuvo en algún momento vocación de alianza estratégica entre ciertos libertarios y algunos que claman por algún grado de estado, termina siendo una foto de una versión más de planificación central ¡desde el libertarismo! Vemos, entonces, a los libertarios no ofreciendo resistencia al cobro de impuestos, sino al cobro de tantos impuestos.

Una alianza desafortunada

No habría razón alguna, entonces, para identificar una clara línea entre un partido libertario y partidos más tradicionales. En el caso colombiano, el rasgo de un partido libertario dispuesto a emprender esfuerzos para justificar alguna medida del estado hace que termine teniendo muchísimo más en común con partidos tradicionales que se consideran socialdemócratas. ¡Termina en la foto con partidos miembros de la internacional socialista! La diferencia entre estos y aquel no será más categórica, sino tan solo de grado, convirtiéndose en tan solo dos vulgares caras de la misma hipocresía media-tintera.

Por lo menos a nosotros, esto nos parece una muy desafortunada alianza, que no puede considerarse libertaria en grado alguno; y que, lo que es peor, llevará a la formulación de propuestas que terminan por acrecentar el papel del estado y limiten aún más la libertad -como no puede ser otro el resultado cuando no se parte de la plena claridad de un axioma autoevidente como lo es la propiedad privada.

La buena noticia para aquellos libertarios es que nunca es tarde para volver con calma a la raíz del razonamiento -lo que habla del verdadero sentido de ser radical. Nunca es tarde para volver a ella y comenzar a seguir rigurosamente y sin distracciones la argumentación que se desprende del axioma de la propiedad privada y del principio de no agresión y llevarlo hasta sus últimas conclusiones lógicas.

En defensa del Estado. Reflexiones heterodoxas

Vivimos en tiempos extraños, líquidos para decirla al estilo Bauman, en los que los alegatos a favor del realismo son denostados de izquierda a derecha del espectro ideológico. Para muchos, el título que vengo a proponer les va a provocar urticaria. Como el marxista, el libertario tiene que tener su chivo expiatorio, y este no es otro que: el estado. Si el marxista peca de extremismo ideológico para con la burguesía, lo mismo pasa con sus homólogos libertarios respecto al estado. Cuando uno ha transitado de un posicionamiento ideológico a otro (como es mi caso), se da cuenta de la vehemencia con la que es atacado el Leviatán de turno. 

Para un amplio sector de la izquierda, la demonización del empresario es el pal de paller en el cual desarrollan parte de su crítica al capitalismo. Por otro lado, para el libertario la culpa de todos los males proviene del estado. Si unos idealizan apriorísticamente a la clase obrera, otro tanto sucede con la figura del empresario (y del mercado). Como si ambos factores de producción no se necesitaran el uno al otro. Aún así, es importante mencionar que en el modelo de demanda previo a los años 80s, el factor trabajo era doblemente útil para producir y necesario para consumir (de ahí el objetivo del pleno empleo), sin embargo, con el paradigma de oferta, el trabajo “se fue convirtiendo paulatinamente en un elemento hasta cierto punto perturbador, del que no se podía prescindir pero que causaba un gran número de problemas. Entre ellos, y principalmente, inflación” (Niño-Becerra, 2020, pág. 86). Con esta perspectiva, el factor trabajo está condenado a la pauperización y al desempleo.

Muchos postulan que, en esta interacción entre los factores de producción es el empresario el que pone el capital, ergo es el que arriesga, puesto que es el que emprende. Como siempre, animo al que sostenga esa premisa que simplemente vaya a mirar los datos del Ministerio de Trabajo. En 2020 el total de accidentes laborales fue de 446.195, de los cuales, 3.643 fueron considerados graves, y en el cómputo global el total de víctimas mortales en accidentes de trabajo ascendió a las 634. Des del 2006 (año en elcual se computaron 947 muertos), hasta el 2020 las cifras han oscilado entre 900 a 450 fallecidos anuales. Me pregunto entonces quién arriesga qué.

Sea como fuere, mi planteamiento es simple: para mí, el enemigo no es el estado, ni tampoco los impuestos per se. Como postuló Friedman en los años 60s, “the existence of a free market does not of course eliminate the need for government. On the contrary, government is essential for both as a forum for determining the rules of the game and as an umpire to interpret and enforce the rules decided on (Friedman, 1962, pág. 15). Así pues, mi percepción iría en consonancia con la del economista neoyorquino. Lo que me resulta más llamativo es la obsesión de los libertarios: los impuestos. Sin percatarse, aplican una especie de subjetividad selectiva en la cual, resulta que todos los gastos del estado que consideran superfluos los han pagado ellos. Estoy seguro que con alguna partida estatal estarán de acuerdo, ya sea en materia militar, seguridad o sanitaria, sin embargo, subjetivamente no piensan que con sus impuestos hayan pagado un gasto que sí les favorece (si lo pensaran no tendría sentido que se quejaran). Imaginemos a un libertario yendo al médico público, recibiendo un trato excelente y finalmente, le llegaran a curar. Acto seguido, al salir de la clínica prorrumpiera: ¡esto es acosta del robo perpetrado por el estado hacia mi persona! Este sesgo cognitivo de observación selectiva es terreno abonado para los departamentos de psicología. 

Los corifeos del libertarianismo han conseguido que calara hondo en el imaginario colectivo la idea falaz de que el estado te quita la mitad de lo que ganas. Es interesante mencionar que los que estamos en los primeros quintiles de los tramos del IRPF, de alguna forma ya somos liberales puesto que el tipo marginal aplicado es del 19%. Sin embargo, el libertario tiene razón, el estado te quita un 47% de lo que ganas, siempre y cuando sea a partir de 300.000€ anuales para arriba. Puedo afirmar que no conozco a nadie de mi entorno que cobre ni siquiera una tercera parte de lo que aquí se está postulando. Sólo alguien de alta alcurnia podría decir semejante dislate. Ciertamente, hay que añadirle a todo lo anterior los impuestos indirectos como el IVA. 

Lo que más me llama la atención de esta especie de pulsión libertaria son las fuentes directas de las cuales provienen. Prima facie podría pensarse que el discurso libertario va en consonancia con los emprendedores, empero, hay un selecto grupo de intelectuales que son profesores titulares (mediante oposición) o que ostentan cátedras en universidades públicas y se dedican a pontificar las bondades del libertarianismo y los peligros del estado (podrían reducir el erario público bajándose el sueldo, por ejemplo), me pregunto ¿cuánto estarían dispuestos a pagarles a ellos los entes privados para ejercer de profesores?, teniendo en cuenta el pésimo interés que se tiene por la educación y la cultura en general en este país. De igual manera, incluso hay algún máster que predica a ciertos autores libertarios en una universidad pública. Ver para creer. 

Alguien podría objetarme que mi postura no es liberal, de hecho, por defender unos mínimos y reconocerle al César lo que es del César, me han tildado de socialista. El gran análisis económico es el siguiente: estado e intervención = socialismo. Puesto que el debate muchas veces se desplaza hacia ese infantilismo económico, mi idea es clara: dada mi formación, si no es el estado quien me proporciona un trabajo difícilmente va a ser el mercado. Los historiadores, y en especial, los económicos, no somos un gremio al cual le lluevan las ofertas laborales (bueno, sí, en cadenas de comida rápida, en tiendas de ropa, o en la hostelería). Por ende, no me escondo. Para investigar en nuestro país la precariedad es altísima e incluso con fondos estatales sigue siendo paupérrima. Como dijo Ortega: yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella no me salvo yo (Gasset, 1914, pág. 18).

Entonces, la pregunta es clara: ¿soy liberal? (esto mismo se preguntó Keynes hace justo casi 100 años). Si por liberalismo entendemos libertad de pensamiento, asociación, reunión, expresión, división de poderes, descentralización, etc. Entonces sí. Es importante mencionar que no soy favorable a los controles de precios, ni a los salarios mínimos (aunque ciertamente depende del contexto), ni a la regulación de alquileres, defiendo que por donde pasa el comercio no pasan los tanques (aunque suene idealista), la legalización de las drogas (para comercializarlas y cobrar el IVA – ¿eso te hace liberal? -), entre otras cuestiones. Si por liberalismo se entiende la reducción del estado a su mínima expresión (o desaparición), la eliminación de buena parte de los impuestos (o su totalidad), la privatización absoluta de la sanidad, educación y servicios sociales, entonces no, no soy liberal. 

Lo que acabo de decir no es excluyente de la imperiosa necesidad de la introducción de medidas que puedan favorecer la res publica, lo que Sustein y Thaler han llamado nudges. Una de las cosas que más me gusta de sus postulados es el término libertarian paternalism y choice architect el cual, debe influenciar en el comportamiento de los individuos con el fin de hacer que vivan más sanos, mejor y acaben tomando decisiones óptimas (Thaler & Sustein, 2021, pág. 6).  Así pues, respecto a la sanidad se muestran escépticos no solo de la privatización sino incluso del simple hecho de hacer pagar a los pacientes una cantidad mínima por acudir a los profesionales del sector. Especialmente, hacen referencia al llamado “copago” y es que, se ha demostrado que la gente tiende a no acudir al médico si tiene que pagar, incluso por muy ínfima que sea la cantidad (Thaler & Sustein, 2021, pág. 297).

Para concluir, mi idea es que difícilmente se puede disociar el augmento del bienestar general sin tener en cuenta el rol jugado por el Estado, por mucho que Huerta diga que es a pesar de este. También el hecho del fetiche que tiene el libertario respecto a la Edad Media. Si tus premisas para con el bienestar general se inspiran en esta, algo macabro está sucediendo en tu imaginario: esperanza de vida de 30 años, un salario medio que podía adquirir una escasísima cantidad de bienes, pobreza pavorosa de los agricultores habiendo hasta tres grados de la misma: menos pobres, pobres y poverissimi (Cipolla, 2002, pág. 22). Lo que le gusta al libertario (supuestamente) es la caridad privada, la cual existía (tengan in mente la esperanza de vida con dicha caridad), especialmente de la Iglesia. Otro dato de este período es que el 2% de las familias ostentaba el 45% de los recursos, mientras que el 60% de la población no tenía absolutamente nada. Lo que arguye el libertario es que la justicia era privada (se le olvida decir que estaba en manos de las clases más pudientes, especialmente del señor feudal) y que el rey sólo cobraba un 10% de los tributos. Pueden quedarse con sus entelequias y sus sociedades estamentales, otros defenderemos que ser liberal implica mucho más que la reducción de tarifas, impuestos y la eliminación del estado. Como reza la frase latina: pedes in terra, ad sidera visus.

Bibliografía

Cipolla, C. M. (2002). Storia economica dell’Europa pre-industriale. Bologna : Il Mulino.

Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom. Chicago: The University of Chicago Press.

Gasset, J. O. (1914). Meditaciones del Quijote. Madrid: Revista de Occidente.

Niño-Becerra, S. (2020). Capitalismo 1679-2065. Barcelona: Ariel.

Thaler, R., & Sustein, C. (2021). Nudge. United Kingdom: Penguin books.

Externalidades, bienes públicos y minarquismo

El minarquismo es una filosofía política que defiende la existencia de un Estado mínimo para la resolución de conflictos interpersonales. El Estado —metonimia para referirse a los individuos que actúan a través del aparato gubernamental, especialmente miembros de altos cargos dentro de los tres poderes— se mantiene mediante la agresión a sus súbditos. Por lo tanto, los minarquistas y cualquiera que defienda al Estado debe contestar dos preguntas.

Primero, si el Estado agrede. Es imposible negarlo. Es innecesario mirar el pasado en busca de un comportamiento ilegítimo para determinar si lo es ahora o no. Actualmente ya vulnera la propiedad de los individuos por lo que independientemente de si era ilegítimo hace un siglo o no, que por su naturaleza necesariamente también lo era, ahora lo sigue siendo. Las reglas de apropiación original y transferencia de títulos de propiedad del libertarismo son suficientes para demostrarlo.

El Estado tiene bienes en su propiedad que tenían dueño anteriormente. Salvo en casos excepcionales donde ejércitos encontraban tierra desierta y podían reclamarla para su Estado, la apropiación original nunca se ha dado. Por tanto, ha tenido que haber una transferencia de títulos de propiedad. Para que esta sea legítima, los individuos han tenido que realizarla voluntariamente o como consecuencia de un castigo. Puede haber casos en los que alguien entregase su propiedad voluntariamente a otro para poder darle los medios necesarios para posteriormente gobernarlo a lo largo de la historia.

Puede que en algún momento unos individuos se reuniesen y decidiesen establecer un fondo común para formar un Estado a través de un contrato que, de alguna manera, tuviera validez universal en un territorio durante generaciones y no pudiese ser roto. No obstante, por mucha arqueología realizada, aún no se ha encontrado ningún contrato social. Tampoco podría haber habido transferencia como consecuencia de un castigo, porque los Estados siempre han cobrado impuestos independientemente del comportamiento de uno. Por tanto, sólo cabe concluir que el Estado obtiene sus bienes ilegítimamente.

La segunda pregunta que los minarquistas deberían contestar es si la agresión está justificada. El hecho de que estén vivos demuestra que al menos cuidan de la propiedad privada de su cuerpo porque tiene cierto valor para ellos. Si no lo tuviera, se morirían por inercia. Esta demostración de valor sobre el cuerpo significa que valoran negativamente un ataque sobre el mismo, es decir, la agresión a su propiedad privada original. Así que cualquier respuesta salvo un no a la segunda pregunta sería una contradicción.

Pero para que puedan elaborar un argumento, la pregunta entonces sería si la agresión estatal está justificada. Los sistemas políticos son distintas formas de distribución de los recursos en una sociedad. El único consistente con el rechazo a la agresión es el libertarismo. Los minarquistas tendrán que justificar su sistema político distinto al libertarismo —el bien entendido, el anarcocapitalista—.

Las dos principales teorías éticas para justificar un sistema político u otro son la deontología y el consecuencialismo. La ética deontológica evalúa las acciones según si pueden ser consideradas correctas, justas o legítimas; se basa en el deber. Consideramos que una acción intrapersonal es correcta, justa o legítima si esta se ha realizado sin agresión externa. Un intercambio interpersonal lo es cuando ambas partes lo realizan voluntariamente. Para la ética deontológica una acción puede ser correcta aunque genere consecuencias negativas. Pero esto no puede ser el caso de los intercambios interpersonales, al menos no ex ante, ya que si se realiza es porque todas las partes aceptan voluntariamente. Puede que ex post revisen el intercambio y piensen que no han salido beneficiadas, pero esto es debido a la subjetividad del valor y, por tanto, intrínseco en la naturaleza humana.

Por otro lado, para la ética consecuencialista lo importante es el resultado de las acciones, no ninguna cualidad atribuida a estas. El análisis del resultado puede realizarse desde diversos puntos. Puede ser considerarse la maximización de la felicidad general, como hace el utilitarismo, o la mejora del Estado o de uno mismo, como buscan el consecuencialismo estatal y egoísta.

Desde la deontología es imposible defender consistentemente el minarquismo. Si aceptas que la agresión a la propiedad privada es ilegitima, es contradictorio con la posición deontológica entonces aceptarla en algunos casos porque crees que la alternativa, el libre mercado, generaría un resultado peor. No se puede hacer justicia agrediendo. Una defensa utilitarista también carece de sentido porque no se pueden agregar las preferencias individuales debido a su subjetivismo. No obstante, vamos a profundizar más en este argumento, especialmente en sus dos justificaciones más repetidas: las externalidades y los bienes públicos.

Ambos conceptos no tienen sentido si aceptas que el valor es subjetivo. No hay ninguna propiedad fisioquímica de un objeto nos dirá si este es un bien o no. Un objeto es un bien si alguien lo percibe como tal. Los bienes públicos son bienes teóricamente no rivales y no excluibles que los minarquistas defienden que el Estado debe proveer. La defensa nacional es un caso de esto. Pero, de nuevo, lo que para ti es un bien no tiene por qué serlo para mi.

Quizás cierta seguridad sí que lo sea, pero no al nivel de provisión estatal, que pasa a ser un mal porque pago demasiado por ella, porque no me protege lo suficiente o porque me protege demasiado. Lo mismo con las externalidades. Que una casa tenga una fachada que tú estimes bonita no significa que yo también lo vaya a hacer. Quizás yo sea un envidioso que prefiere que tengas una fachada fea. Este ejemplo lo entenderán muy bien los minarquistas, quienes valoran el servilismo al Estado como un bien mientras que para los libertarios es un mal.

Los minarquistas, con tal de defender al Estado suelen citar casos de supuestas externalidades negativas que no serían resueltas en un orden espontáneo como la contaminación global. Que sea un problema global no significa que requiera una gestión global. También lo es la provisión de lápices a niños de todo el mundo para poder estudiar y ahí no hace falta Estado. De hecho, esta distribución y satisfacción de necesidades se da a pesar del Estado y políticas como los aranceles o el control socialista de las carreteras. Los individuos pueden coordinarse libremente y generar beneficios mutuos con los incentivos correctos cuando los derechos de propiedad privada se respetan.

El capitalismo son las condiciones catalíticas que surgirían en una sociedad en la que se respetase la propiedad privada, una sociedad de derecho privado. El capitalismo no significa más o menos producción, sino el nivel de producción emergente, independientemente del valor cuantitativo de este. Que todas las comunidades fuesen capitalistas no significa que se vaya a contaminar más o descontroladamente.

Si comparásemos la misma población, una regida bajo leyes libertarias y otro bajo leyes que o bien aceptasen solo propiedad estatal o bien fiduciaria, el nivel de producción sería necesariamente inferior en el primero que en los otros dos, bajo las mismas condiciones. La sociedad donde la propiedad de los medios de producción fuese estatal la llamaremos socialismo puro o ruso. Y socialismo socialdemócrata en aquella donde se permitiese cierto o total control privado de los medios de producción, pero con impuestos, regulación, controles de precios, controles de comportamiento, etc, en los que toda propiedad fuese fiduciaria. Bien, la misma sociedad bajo las mismas condiciones contaminaría más bajo un sistema socialista puro ya que sería imposible realizar el cálculo económico necesario para saber si están produciendo de más en qué empresas y bajo qué costes.

El segundo tipo de sociedad que más contaminaría sería la socialdemócrata, en la que no existe una privatización de todos los recursos por lo que los recursos naturales serían estatales y nadie pagaría por contaminarlos por lo que nadie acarrea estos costes. Por último, en una sociedad capitalista, es decir, en las que se dan las condiciones catalíticas resultantes de la correcta asignación de recursos (sea esta la que sea siempre que la asignación sea voluntaria y legítima) será donde menos se contamine porque al hacerlo la propiedad de alguien será dañada y este podrá legítimamente demandar una compensación por los daños. Un sistema no es más capitalista que otro porque produzca más, sino porque se proteja la legítima asignación voluntaria de la propiedad privada.

El ejemplo de bien público por excelencia es la seguridad pública. Pero no hay razón para que este servicio no pueda proveerse de manera privada mediante el trabajo de aseguradoras, agencias de seguridad privada, despachos de arbitraje y penitenciarías privadas. En ese sistema, la seguridad sí que sería un bien porque cada uno podría recibir la que estimase oportuna, y no estar forzado a financiar un sistema ilegítimo que además incurre en problemas de cálculo económico.

Para más sobre seguridad y defensa privadas recomiendo Molinari (1849), Hoppe (2020) y Murphy (2002, 2017). La ley sería el principio de no agresión. Para más sobre la ética en una sociedad de derecho privado recomiendo Rothbard (2009, 2013) y Hoppe (1998). La justificación típica es decir que entonces una agencia de seguridad privada se podría hacer con tanta fuerza que podría conquistar al resto y volveríamos a tener un Estado de nuevo. Pero nadie explica cómo iba a conseguir llegar a ese punto.

La violencia es cara y especialmente las armas. La agencia debería subir las mensualidades más y más para recaudar dinero, pero lo clientes entonces se irían a la competencia. Además, si sabes que algo tan importante—o al menos para mí—como tu seguridad está en manos de esta agencia, te informarías de cuanto armamento está recaudando para dejar de financiarla si crees que es demasiado.

Esta práctica no tiene sentido actualmente porque el Estado hará lo que quiera. También los bancos se negarán a trabajar con estas agencias amasando poder balístico por miedo de ser atacados, por lo que sería muy difícil para una agencia hacerse con ese poder. No obstante, de ser así y conseguirlo, aunque se volviese a formar un Estado, habremos vivido unas bonitas vacaciones en libertad como Rothbard solía decir.

Referencias

Hoppe, Hans-Hermann. 1998. “On the Ultimate Justification of the Ethics of Private Property.” Liberty 2 (1): 20–22.

———. 2009. El Gobierno y la producción privada de la defensa en Monarquía Democracia y Orden Natural.Madrid, España: Unión Editorial.

Molinari, Gustave de. 1849. “The Production of Security.” Journal Des Economistes, 277–90.

Murphy, Robert P. 2002. Chaos Theory. 2ª ed. Auburn, Estados Unidos: Ludwig von Mises Institute.

———. 2017. “Libertarian Law and Military Defense.” Libertarian Papers 9 (2): 213–32.

Rothbard, Murray N. 2009. La Ética de la Libertad. Madrid, España: Unión Editorial.

———. 2013. Hacia Una Nueva Libertad. Madrid, España: Unión Editorial.