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Etiqueta: Pandemia

Imposible salir de Matrix

Escrito por Jaime Juárez Rodríguez en . Publicado en Análisis diario.

A muchos de los que tienen dudas sobre la eficacia de las llamadas vacunas Covid les ha sorprendido la forma en la que la mayoría de sus conocidos ha acogido la intervención del profesor Laporte en el Congreso, básicamente por el desprecio que han manifestado -hacia él y su intervención-, aun cuando muchos de ellos ni siquiera se han dignado escucharla por entero (“otro loco antivacunas”, “menuda colección de bulos”, “no dice más que barbaridades”). Y todo ello a pesar de que, al menos sobre el papel, la formación del ponente es infinitamente superior, en el tema objeto de la intervención, a la de la mayoría de los médicos de este país (centrados en otras especialidades), y, no digamos, a la de los periodistas y resto de gentes del común. En contra de lo que unos y otros creen, ni los de enfrente son simples locos -vacunólatras o antivacunas, me da igual­­-, ni por muy “listos que sean para otras cosas” va a ser tan fácil convencerles con una exposición de media hora. Y ello porque, como hemos comentado en otras ocasiones, el cerebro tiene una forma muy particular de funcionar, siendo muchos los condicionantes que intervienen o determinan las conclusiones aparentemente racionales de nuestro diario discurrir.

En efecto, el funcionamiento de la mente no es tan lineal y “sencillo” como, hasta décadas recientes, la generalidad de los filósofos y pensadores habían creído. Tal y como explica, entre otros, Daniel Kahneman, la vida mental se puede explicar a través de una metáfora de dos agentes, apodados Sistema 1 y Sistema 2, que producen respectivamente pensamiento rápido-intuitivo y pensamiento lento-deliberado. Así, el intuitivo Sistema 1 es más influyente de lo que nuestra experiencia nos dice, y es el secreto autor de muchas elecciones y juicios que hacemos. Naturalmente, el sistema 2 tiene la oportunidad de rechazar esta respuesta intuitiva, o de modificarla incorporando otra información, pero tiene una pega, y es que es un sistema -el 2- muy perezoso, que renuncia a invertir más esfuerzo del estrictamente necesario y que prefiere seguir la senda del mínimo esfuerzo y tiende a aprobar respuestas heurísticas sin pararse a considerar si son o no en verdad apropiadas. En consecuencia, los pensamientos y las acciones que el Sistema 2 cree que ha elegido son a menudo guiados por la figura central de la historia, que es el Sistema 1. Así, aunque no seamos conscientes de ello, la mente es una complicadísima serie de procesos paralelos, siendo la mente una suerte de ecosistema, una “red asociativa fabulosamente compleja de activaciones, patrones, reacciones y sensaciones que se comunican con, y responden a, distintas partes del cerebro, a la vez que compiten por un poco de control sobre el organismo”, tal y como señala Brooks. De hecho, es cierto que hay tareas vitales que sólo el sistema 2 puede realizar, y que requieren esfuerzo y actos de autocontrol en los que las intuiciones y los impulsos del Sistema 1 sean dominados, pero también es verdad que cuando adquirimos habilidad para esas tareas inicialmente tan costosas -generalmente a través de la repetición- la demanda de energía disminuye.

Por eso es tan difícil convencer a la gente, estén en uno u otro bando: la realidad la percibimos a través de un conjunto más o menos estructurado de conceptos, es decir, de simplificaciones esquemáticas de la realidad que aceptamos como verdaderas y que ayudan en el proceso de pensar, simplificando la realidad y facilitando la toma de decisiones por ambos sistemas -sobre todo por el 1- con el menor consumo posible de energía. Y junto con esos conceptos, tenemos atrincherados en nuestra mente infinidad de prejuicios (en el sentido estricto de “juicios previos”) la mayor parte de las veces inconscientes, sobre la realidad a la que nos enfrentamos a diario. ¿Qué ocurre cuando a nuestro cerebro llega información radicalmente contradictoria con el esquema mental que tenemos? Que el cerebro tiende, naturalmente, a rechazarla, buscando la explicación más sencilla: lo que nos cuentan es mentira, el de enfrente es un loco, o lo que dice es una soberana estupidez. Y es que, si ya de por sí pensar utilizando el Sistema 2 es muy costoso y nada placentero (las tareas que requieren esfuerzo no suelen serlo), si esa utilización exige, además, demoler, en todo o en parte, la estructura mental ya instalada (y construir otra que la sustituya), el esfuerzo requerido es todavía mayor, además del vértigo que implica no sólo renunciar a las herramientas con las que, hasta la fecha, nos hemos enfrentado a la realidad sino también aceptar -ay, el orgullo- que hasta entonces habíamos estado equivocados o, peor, que nos habían engañado.

Tendemos a trabajar con sistemas mentales cerrados, que dan por hecho una realidad lineal e inalterable; en muchas ocasiones, y mientras las circunstancias no cambian de manera radical, es la forma más eficiente de operar. Pero la realidad a la que nos enfrentamos es infinitamente más compleja, abierta, dinámica y con miles de millones de variables que, además, se retroalimentan, condicionándose unas a otras. Por eso es tan difícil aprehenderla, y se requiere muchísimo tiempo (hoy queremos todo para ayer), colaboración a través del debate abierto y un brutal derroche de energía para tener el mayor tiempo posible activado el sistema 2 (energía de la que no disponemos: la poca que tenemos la dedicamos a otros menesteres)… Eso, y una apertura de miras y capacidad de admiración -humildad, al fin y al cabo- que también hemos perdido desde que nos empezamos a creer dioses.

El convoy de la libertad

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en El convoy de la libertad

“Si asustas a la gente lo suficiente, te demandarán que elimines las libertades. Éste es el camino a las tiranías” -Elon Musk

Las revoluciones y los cambios sociales se revelan muchas veces de modos imprevistos. El convoy de la libertad en Canadá no sólo ha hecho historia en el país americano por reunir más de 50.000 camiones a lo largo de más de 70 kilómetros, por ser aclamados y dados de comer por miles en su viaje a Ottawa, recibidos incluso por fuegos artificiales o acogidos por docenas de Iglesias y logrado bloquear la frontera con EEUU. Ha hecho historia en gran parte por ser una movilización de gente trabajadora, humilde, pero con arrojo y decisión que han dado de nuevo una lección a todos los que defienden sus filosofías de libertad de modo freudianamente ajeno por desgracia a la realidad en los últimos tiempos.

Un convoy del pueblo contra las élites dirigentes. Contra el relato oficial que, especialmente progresistas como el primer ministro Trudeau, machacan como verdad indiscutible. No en vano la prensa canadiense progresista ha intentado desacreditar a estos camioneros como fascistas. Ya puedes ser el trabajador más de clase obrera posible, si desafías los postulados de la élite progresista eres un fascista. Elon Musk, en apoyo a estos camioneros, lo expresó de modo semejante: ‘Todos los que no me agradan son Hitler’.

Un convoy de realidad frente al metaverso paralelo que han decidido propagar los grandes medios de comunicación y en el que no existen movilizaciones, rebeliones ni aun rechazo social al estado sempiterno de excepcionalidad desde 2020. Una censura que sin duda pasará a los anales del “periodismo”.

Canadá es claramente un ejemplo de lo intrusivas y extenuantes que han llegado a ser estas normativas supuestamente de excepcionalidad (supuestamente porque van peligrosamente camino muchas de ser norma). Quebec por ejemplo sufre desde el pasado diciembre un toque de queda desde las 10 de la noche. Ontario reimpuso cierres masivos y en casi todo el país es difícil poder incluso comer o beber en interiores.

Medidas con un más que dudoso balance beneficio-perjuicio aun sólo teniendo en cuenta que simplemente entre agosto y diciembre de 2020 las restricciones y el inevitable retraso en la atención médica causaron más de 4000 muertos directos en el país según un análisis del Colegio de Médicos de Canadá. Por ejemplo, según dicho análisis (ver gráfico inferior) una intervención de cadera tuvo durante los confinamientos canadienses un tiempo de espera adicional de más de 100 días. En muchos casos un retraso de semanas en una intervención es la diferencia entre la vida y la muerte.

Y es que un tema recurrente puesto crudamente de manifiesto durante este tiempo son las consecuencias no deseadas de una medida incluso con intenciones favorables, un asunto central de las enseñanzas del mejor economista francés del XIX, el liberal Frederic Bastiat.

Julie Ponesse era profesora de Ética de la Universidad Huron College de Ontario durante 20 años, se le prohibió dar clase e incluso acceder al campus por decidir no recibir una vacuna covid. Actualmente ocupa una posición en The Democracy Fund, una organización por los derechos civiles en Canadá como asesor de ética en pandemias. En su alocución a los presentes en Ottawa habló sobre la coacción, las amenazas y la división social que las autoridades de medio mundo han hecho parte inherente a sus políticas ‘de salud’: “Han despojado a los médicos de sus licencias, a la policía de sus placas y a los maestros de sus clases.

Nos han llamado marginados, sin educación, analfabetos científicos y moralmente repudiables. Han dicho que no hay que tener empatía hacia nosotros, que no merecemos atención médica, no merecemos una voz en la sociedad, ni siquiera merecemos un lugar en nuestra democracia.

Habéis sembrado las semillas de la desconfianza y avivado las llamas del odio”

  • Las cierres de escuelas

En la competición por la peor posible decisión de los burócratas, los cierres de escuelas ocupan un vergonzoso lugar. Un análisis del Britain’s Institute for Fiscal Studies concluyó que el cierre de escuelas en 2020 supuso un impacto de 50.000 euros de media en pérdida de ingresos en el futuro laboral de esos niños. En 2020 ya se observaron claramente no sólo las consecuencias psicológicas sino la merma en las capacidades intelectuales. Precisamente en Canadá hubo una correlación entre mayores restricciones y confinamientos y mayor maltrato a bebés. Entre las muchas falsas ideas con las que se ha infligido tantos perjuicios a los niños está la de que eran “super contagiadores”. Es terrible que desde 2020 había evidencias de que los niños no eran contagiadores eficientes.

En cualquiera de los casos, es moralmente demoledora la postura que se ha tomado hacia los niños, incluso en el caso de que fueran altamente contagiadores (es no obstante recurrente la evidencia de que no lo son: 1, 2, 3, 4) En vez de protegerlos, se les ha hecho sufrir nefastas y algunas irreversibles consecuencias para protegernos antes los adultos. ¿Qué clase de sociedad es ésta?

Los niños, con unas tasas de enfermedad covid grave más que ínfimas (deberían sobrar las referencias, pero volveré en otra ocasión sobre esto), han aumentado trágicamente su mortalidad sin ir más lejos por causas como el suicidio, en todos los países analizados, por culpa de los gobiernos y sus restricciones masivas. En 2021, el British Medical Journal publicó un claro editorial titulado “Cerrar las escuelas no se basa en la evidencia y perjudica a los niños”

Por su recientísima actualidad y relevancia, y a propósito de las restricciones en general, merece citarse un estudio de la John Hopkins University de 62 páginas sobre los confinamientos (la restricción “estrella”) titulado “Una revisión de la literatura y meta-análisis sobre los efectos de los confinamientos sobre la mortalidad covid”. El ABC se hizo eco del mismo y su conclusión se resumiría en la frase “los confinamientos han tenido entre muy pequeño o ningún efecto [favorable] sobre la salud pública”. Ahora sólo cabe sacar el interminable listado de daños sociales, económicos y sobre la salud que han tenido y tienen los confinamientos para hacer el balance.

Si bien merecen otros artículos (aunque bien podrían ocupar enciclopedias de datos), las evidencias sobre la futilidad de casi todas (¿o todas?, habrá que verlo) las restricciones y mandatos cobran actualidad este mes cuando en países nórdicos como Dinamarca (uno de otros ejemplos) dejan atrás dichas restricciones. Desde el 12 de noviembre y hasta comienzo de febrero se reimpuso el pasaporte covid para casi toda actividad de ocio y hostelería en el país escandinavo. A juzgar por los datos de contagios, nadie sabría decir para qué ha servido.

Sunetra Guptra, epidemióloga de Oxford, publicaba estos días en The Telegraph acerca de la pérdida de tiempo y dinero de los tests masivos. Otra por cierto de las vacas sagradas de las restricciones por nuestro bien. Y no sólo eso, sobre sus efectos no deseados. Guptra estima que al menos un tercio de las PCR positivas son en personas sin capacidad efectiva para contagiar. Según sus análisis, aislar o confinar a todos los positivos no contribuye apenas a frenar la propagación, magnifica el problema y tiene importantes costes sociales y económicos. Para la epidemióloga, especialmente en los últimos meses cuando es ineludiblemente un virus endémico, seguir con los test masivos es ahondar en el problema y la miseria.

Dicen que nunca es tarde para aprender, despertar y corregir si uno estaba equivocado. Cuanto más tiempo pasa es más abrumadoramente palpable cuán desastrosa ha sido y aún es la respuesta de los gobiernos y autoridades públicas. En lugar de atajar un problema no sólo éste se ha sobredimensionado sino que con ello cual bomba atómica el decisor público ha asolado en muchos otros sentidos la salud y vida de los ciudadanos.

Ya sabíamos de la ineficiencia del sector público y las decisiones centralizadas. Y cuanto más complejo es el problema, más debemos escapar de éstas. Lejos de reconocer sus errores, las autoridades públicas han desarrollado una huida hacia delante de negacionismo con la anuencia de unos medios de comunicación incapaces de establecer un debate abierto.

Confinamientos, tests masivos, cierres generalizados de economías, fronteras, evitación del prójimo, máscaras universales, tratamientos novedosos con administración global… ha sido mucha la artillería de medidas. ¿Han conseguido sus objetivos sin discusión? ¿Han tenido costes, y en tal caso cuáles? ¿Se ha transmitido a la población una información equilibrada? Es un debate tan extenso como se nos hacen todos estos largos meses previos. Para poder abordarlo habrá que tener en cuenta la sabiduría del psiquiatra estadounidense Robert Spitzer cuando afirmó que “las verdades de hoy son las mentiras del mañana”.

Ya no hay pandemia, ¡déjennos vivir!

Escrito por Alfredo Reguera en . Publicado en Análisis diario. 7 comentarios en Ya no hay pandemia, ¡déjennos vivir!

“Consiente que el gobierno se salte la ley con la excusa de una crisis, y que se invente una nueva cada semana.” Esta frase popular, que parece un poco conspiranoica, responde a lo que llevamos viviendo desde hace muchos meses. Asistimos pasmados a una campaña de los gobiernos, los medios de comunicación y determinados sectores sociales y profesionales, por mantenernos en un estado de alarma constante como en el 2020. Y la situación ha cambiado totalmente.

¿Pero por qué? Se preguntarán, ¿A quién le puede venir bien esto? A los primeros de todos, los gobiernos, sin importar mucho la ideología, como se ha visto. La izquierda en España, la derecha en Austria…Y es que los distintos gobiernos se han acostumbrado durante la pandemia a poseer poderes extraordinarios, a no dar explicaciones a nadie, a saltarse los derechos fundamentales de los ciudadanos y hasta pasar de la norma más básica del país, la constitución, sin rendir cuentas. El gobierno de España, por ejemplo, ha sido condenado más de una vez por el tribunal constitucional, algo que en otro tiempo hubiese supuesto un escándalo sin igual, pero en esta situación no ha habido ni una sola dimisión. 

Por otra parte, la gran mayoría de medios de comunicación, convertidos en terroristas informativos, imponen una sensación social de alarma injustificada. Y es que son totalmente dependientes de las subvenciones gubernamentales y están encantados de haber visto incrementada su influencia, ya que, en momentos de crisis, la información es primordial. A todo esto, hay que sumarle distintas profesiones de orden público y asistencia sanitaria que han visto fuertemente aumentado su estatus e importancia en nuestra sociedad. Todos estos protagonistas, forman un bloque compacto que se niega a perder lo ganado, no quieren volver a la situación prepandemia.

Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión y hay que ser tajantes. Ya no hay pandemia. Con el porcentaje de vacunación que tenemos, la pandemia de COVID ha terminado. Negar esto es darles la razón a los negacionistas de las vacunas. Si nos hemos vacunado y seguimos estando en pandemia, ¿Para qué nos hemos vacunado? La vacuna funciona. No evita contagiarse; pero logra que el virus, potencialmente letal, sea un simple resfriado. Esa es la clave, ese es el éxito. De ahí que sea ridículo desde que tenemos vacunas, mirar la situación de la pandemia por la tasa de contagios. Lo que no paran de hacer los medios, para alarmarnos. Pero es terrorismo informativo. 

¿La tasa de contagios esta disparada? ¿Y qué? Si la de muertes y ocupación en UCIs (verdaderas referencias ahora mismo) están a la baja. De hecho, es lo esperado. Todas las variantes que han surgido, de todos los virus, a lo largo de la historia, siempre son mucho más contagiosas y mucho menos letales. La normalidad y más con las vacunas, será que nos infectemos casi todos, porque la vacuna no previene esto, pero la mortalidad será minúscula.

He aquí otra de las claves que hay que aceptar. Las muertes nunca van a ser 0, es ridículo pensar eso, otras enfermedades como la gripe común tienen mortalidad en determinados casos. Pretender que sea 0 es reconocer que jamás volveremos a la normalidad. Hay que aceptar que existe la muerte y que en todo lo que hacemos en esta vida, desde conducir a ducharnos, implica una pequeña tasa de muerte, pequeña sí, pero existente. Es lo bonito de la vida, es efímera y en cualquier momento se puede acabar.

Esto no pretende ser una oda a la muerte. En el año 2020 esa tasa, hoy aceptable, era enorme y no era aceptable, pero los datos actuales sí que lo son. Algo que nunca se menciona, es que, en un año normal, sin COVID, como el 2018, en España murieron cerca de 1400 personas al día, por múltiples causas, normales en la vida. En noviembre del 2021, han muerto por COVID 474 personas, es decir 16 muertes al día. El COVID ha pasado a ser simplemente una causa más. Los medios se empeñarán en que veamos que son 16 familias hundidas… Y es verdad, pero hay que aceptar que, en un país de 47 millones de personas, 16 muertes es un dato normal, la gente muere y no se puede parar el país por eso. 

Matar a la gente en vida, con restricciones, como se ha hecho hasta ahora, es insostenible. La tasa de suicidios está disparada, hasta casi los 11 suicidios diarios. Imagínense, casi está pillando a las muertes por COVID. Nuestra pandemia actual es de tristeza y aburrimiento. Toda restricción, todo lo que no sea la libertad del 2018, es un acto injustificado de quitarnos la libertad y con ello la vida.

¿Cuánta vida más nos va a costar vivir? ¿Durante cuánto tiempo más, nos van a tener muertos en vida para no morir?

El problema de la autoridad sanitaria

Escrito por Marcos Benjamín en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en El problema de la autoridad sanitaria

Año y medio después del inicio de la pandemia parece seguro decir que el resultado neto sobre las libertades civiles en Occidente ha sido negativo. Los gobiernos de gran parte de los países desarrollados han mostrado una deriva autoritaria que ha recibido, en algunos casos más que en otros, escasa contestación por parte de la sociedad civil, sobre todo durante los primeros meses de medidas extraordinarias. Tal pasividad es comprensible: el virus era un gran desconocido, la histeria campaba a sus anchas y los gobiernos contaban con el incuestionable Mandato de los Expertos. Tomar poderes de emergencia, obligar a cerrar negocios o confinar a la gente en sus casas; cualquier medida era aceptada siempre que estuviera avalada por una (en algunos casos supuesta) recomendación de los expertos. Por otro lado, los gobernantes podían pretender que sus decisiones de política sanitaria estaban libres de juicios de valor; a fin de cuentas, detrás de sus mandatos no se encontraban más que los fríos hechos proporcionados por los expertos en materia sanitaria y económica. Un año después, sin embargo, toca someter a revisión no sólo la actuación de los políticos, sino también las justificaciones de sus actos. ¿Hasta qué punto puede un gobernante justificar severas limitaciones a los derechos de los ciudadanos en base a la autoridad científica? ¿Están sus mandatos realmente libres de juicios de valor?

Empecemos explicando las dificultades de la toma de decisiones de política sanitaria. La labor del legislador a la hora de implementar una política es –o al menos debería ser–más complicada que simplemente escuchar a los expertos de una o dos disciplinas del saber. Él debe conocer los efectos de los mandatos que pretende imponer sobre los distintos aspectos de la vida individual y en sociedad. Por ejemplo, determinadas políticas como los confinamientos han tenido importantes efectos sobre la salud mental de la población (Fiorillo et al., 2020; Lu et al., 2020; Brooks et al., 2020; Killgore et al., 2020) así como biomédicos (Miles et al., 2020). Robinson (2021) detalla cómo estas consecuencias epidemiológicas, económicas y psicológicas no son independientes entre sí. El reto del aquél responsable de formular políticas sanitarias tan drásticas es, entonces, el de calibrar los efectos de dicha política desde el punto de vista de, al menos, aquellas disciplinas científicas más relevantes para el análisis. No obstante, desde el Congreso y las tertulias en medios de comunicación se ha presentado la cuestión de las estrategias de mitigación de los contagios desde el punto de vista estrictamente epidemiológico y económico: se han subestimado los costes y se han magnificado los objetivos de las mismas, presentando al público un mero trade-off entre dos variables sin mayor importancia.

Pero los inconvenientes no terminan aquí. Las políticas sanitarias no van a afectar de forma homogénea a la sociedad; a fin de cuentas, cualquier política siempre genera ganadores y perdedores. En primer lugar, el gobierno siempre saldrá (ex ante) ganando, pues de no ser así no se implementaría la política (Rothbard 1962). Aun ignorando este hecho, también encontramos ganadores y perdedores dentro de la sociedad civil: siguiendo con el ejemplo del confinamiento, aquellos que prefieran realizar actividades fuera de sus hogares saldrán perdiendo, pues son obligados a realizar acciones que de otra manera no realizarían de forma voluntaria (Rothbard, 1962 pp. 395-398): los que quieran salir a trabajar, los que quieran mantener su negocio abierto o los que quieran realizar actividades de ocio en compañía; todos ellos verán vetados sus cursos de acción preferidos. También aquellos que prefieran consumir los productos que ahora, durante el confinamiento, no tendrán disponibles se verán perjudicados. A todos los mencionados les es impuesto un coste. Lo que en Economía entendemos por «coste» puede entenderse, esencialmente, como un contrafactual. Por las limitaciones físicas del individuo y del entorno, este no puede realizar de forma simultánea todos sus fines: siempre que actúa escoge un curso de acción y rechaza otro. El valor del curso de acción más valorado que el individuo rechaza realizar es lo que denominamos como coste (Mises, 1949 p. 117).

¿Y quiénes podrían ser los ganadores? Podemos pensar en aquellos que prefieran mantener su negocio cerrado o no ir a trabajar para evitar contagiarse del virus. Ellos experimentarán pérdidas de ingresos, pero si ya valoraban más la seguridad que una pérdida (que probablemente esperen que sea momentánea) de ingresos, cuando se implemente el confinamiento no sufrirán costes adicionales a los que hubieran percibido de otra manera. Podemos pensar también en aquellos negocios que puedan seguir produciendo y que produzcan aquello que los consumidores demandan debido a que sus productos preferidos ya no están disponibles. Por ejemplo, si hay una masa de consumidores que prefiere ir al cine a ver la misma película en un servicio de streaming desde casa, el confinamiento les afectará negativamente (se les ha vetado su opción preferida), mientras que para las plataformas de streaming se verán beneficiadas, pues recibirán ingresos que no hubieran recibido de otra manera.

Entonces, el legislador no sólo debería ponderar los distintos efectos de la política sanitaria que pretende implementar, sino que también debería tener en cuenta aquellos grupos dentro de la sociedad que habrán de considerarse como «ganadores» y «perdedores». Implícitamente, esto conlleva comparar los distintos fines y preferencias, otorgando más importancia a unas que a otras. Ahora bien, ¿puede establecerse de forma objetiva que los efectos sobre la salud mental son más importantes que los efectos económicos o sobre la mitigación de contagios? ¿O que el resultado neto es positivo si, por ejemplo, las plataformas de streaming ganan más de lo que pierden las salas de cine? Hay quienes piensan que sí, pero nótese que estamos comparando fines, preferencias individuales o experiencias únicas. En otras palabras, se intenta argumentar que hay fines o procederes intrínsecamente superiores al resto, es decir, se entra en el dominio de la moral y la Ética. Concretamente, cuando entramos a valorar si el resultado neto de una política determinada es o no netamente positiva sobre la utilidad de la sociedad, entramos en un marco ético utilitarista.

Desde la Ciencia Económica y, en concreto, desde la Economía del Bienestar, se ha estado intentando dar cabida a la posibilidad de introducir el utilitarismo en la evaluación de políticas económicas buscando métodos de comparación de las pérdidas y ganancias de utilidad de los afectados por una determinada intervención. Lamentablemente para sus proponentes, desde Robbins (1932) tales intentos han caído en saco roto. Esto es así porque la utilidad –y el valor–hacen referencia a una experiencia única para un actor determinado en un momento determinado. Pese a que en los libros de texto la utilidad se presente de forma cardinal, en funciones de utilidad, en realidad no existe unidad de medida que permita comparar la utilidad que un individuo gana con un bien con respecto a la que ganaría otro. Tanto la utilidad como el valor, en un sentido económico, son de naturaleza ordinal, es decir, no puede mostrar más que una opción es preferida con respecto a otra. La importante implicación para la Economía del Bienestar es que se necesita una escala adicional que nos informe de que las preferencias de un individuo son, de alguna forma, superiores a las del otro, pero ni el utilitarismo ni la Ciencia Económica puede ofrecer solución a este problema. Entonces, es el evaluador de política económica o el legislador al implementarla el que introduce sus propios juicios de valor cuando desea hallar un «resultado neto» sobre la utilidad de la sociedad.

Lo mismo sucede con los costes. Desde la Economía Sanitaria, siguiendo los principales manuales de evaluación de política sanitaria (Salazar et al., 2007; Moreland et al., 2019), se han intentado establecer criterios de evaluación basados en la agregación de costes. En algunos se presenta un trade-off entre las pérdidas de ingresos en términos monetarios y los objetivos alcanzados por la política en cuestión (para nuestro caso, por ejemplo, contagios evitados o muertes evitadas), mientras que en otros se intenta medir la utilidad de los objetivos alcanzados mediante encuestas de valoración de los ciudadanos. Sin embargo, hemos visto que los costes son fenómenos estrictamente individuales, es el valor de sus mejores opciones rechazadas. Esto quiere decir que los costes son de naturaleza ordinal (puesto que son valor) y que no son comparables, es decir, no pueden agregarse (Rothbard, 1979). Evidentemente, pueden hacerse agregados sobre las pérdidas de ingresos monetarios así como también de las ganancias monetarias de otros, pero eso no nos da ninguna información sobre las preferencias de aquellos afectados por la política en cuestión. Ni aun las encuestas a los ciudadanos nos pueden dar información sobre sus preferencias, pues estas no muestran más que la preferencia declarada de los individuos. La preferencia declarada no nos da información económicamente relevante sobre las preferencias del actor, pues en Economía la preferencia se demuestra mediante la acción, donde el fin elegido es ex ante, más valorado que la alternativa rechazada: a no ser que el actor pueda realmente elegir una u otra, no podemos saber si realmente prefiere lo que dice preferir.

Pero aún podrían encontrarse dos proxies a las preferencias de los ciudadanos. Uno de ellos es el sistema de precios. Para este caso, los precios de los productos sanitarios (en los países en los que no estén estatalizados) podrían aproximarnos a conocer la voluntad para pagar (WTP) por mantener una buena salud. Empero, caben dos objeciones a este punto: (1) si bien el sistema de precios es el proxy por excelencia a la WTP de los individuos, estos nos ofrecen información histórica sobre eventos únicos. Los precios presentes (o del pasado más inmediato) sirven a los empresarios como puntos de apoyo para hacer predicciones sobre los precios futuros, pero nada de esto implica una cierta constancia en las valoraciones de los consumidores: es muy probable que los precios de ayer no se repitan mañana. (2) La WTP de los agentes podría ser modificada por los efectos de la propia política sanitaria. Tal y como Stringham (2001) explica:

Policies shape the world by determining who is in possession of resources, and since individuals differ, we would expect to see alternate demands depending on how property rights are assigned. If policy is altered, the willingness to pay for all goods is altered, so it would be a mistake to only look at the immediate effects of a policy.

El segundo proxy a las preferencias de los individuos podría ser la elección democrática. El gobierno elegido es el representante de la «voluntad general» de los ciudadanos y la papeleta con la que son elegidos es una forma de preferencia demostrada de las preocupaciones del votante. Volviendo a la cuestión multidisciplinar del análisis de políticas sanitarias, si los distintos partidos propusieran en sus programas electorales un orden de preferencias claro entre aquellas propiedades de la sociedad que priorizan preservar (economía, mitigación de contagios, salud mental, etc.), los votos de los ciudadanos podrían considerarse como un acuerdo explícito con las preferencias del gobierno elegido. Teniendo todo lo mencionado en consideración, esta solución tampoco está exenta de problemas. En primer lugar, no será aplicable en el contexto de la crisis del COVID para aquellos países cuyo gobierno haya sido elegido antes de que hubiera conocimiento público sobre la epidemia. ¿Por qué incluirían estos partidos formas de mitigación de contagios de un virus cuya existencia ni conocen? Sería del todo imposible para esos gobiernos actuar de acuerdo con la «voluntad general» de los ciudadanos si estos no han tenido forma de demostrar su preferencia mediante la votación.

Pero aún hay otros dos problemas más graves para la solución democrática. El primero es que parte del supuesto de que la sociedad es un agente dotado de autonomía, capaz de valorar, escoger y actuar. Pero esta no es sino una proposición metafísica indemostrable (Mises, 1949 pp. 176-184). Aun si ignoráramos este hecho e intentáramos agregar las preferencias de los ciudadanos mediante un sistema de votación (podríamos incluso pensar en una votación directa sobre si se prefiere que se dé más importancia a la economía, la salud mental o la mitigación de contagios), nos encontraríamos con el problema que Kenneth Arrow descubrió hace ya más de cinco décadas: no es posible que el sistema de elección mayoritaria cumpla simultáneamente los principios de óptimo de Pareto, independencia de alternativas irrelevantes y no-dictadura. El lector puede acudir a Sen (2014) si está interesado en una explicación clara y concisa del problema. De todas formas, la conclusión del «Teorema de la Imposibilidad» de Arrow es que siempre existirá un grupo (¡o un individuo!) que en un sistema de votación mayoritaria ostente un poder de decisión que resulte determinante para el resultado de la votación. Este individuo es el «dictador», aquél que puede «imponer» sus preferencias al resto de la población.

¿Qué cabe decir, pues, de la actuación de nuestros gobiernos durante la pandemia? ¿Qué cabe decir de las limitaciones que han tenido nuestras libertades justificadas bajo las –en algunos casos supuestas–recomendaciones de expertos? Los políticos han impuesto sus propios juicios de valor de forma arbitraria sobre las preferencias de los ciudadanos. Se han erguido como estándares morales de la sociedad y se han arrogado la potestad de decidir qué fines son aquellos más importantes. Si están en lo cierto o no es una cuestión que entra en el dominio de la Ética, pero ninguna disciplina científica puede servir como justificación a los arbitrios del gobernante.

Referencias

Fiorillo, A., Sampogna, G., Giallonardo, V., Del Vecchio, V., Luciano, M., Albert, U., . . . Volpe, U. (2020). Effects of the lockdown on the mental health of the general population during the COVID-19 pandemic in Italy: Results from the COMET collaborative network. European Psychiatry, 63(1), e87.

Killgore, W., Cloonan, S., Taylor, E., Lucas, D., & Dailey, N. (2020). Letter to the Editor. Loneliness during the first half-year of COVID-19 Lockdowns. Psychiatry Research, 294.

Lu, P., Li, X., Lu, L., & Zhang, Y. (2020). The psychological states of people after Wuhan eased the lockdown. PLoS ONE, 15(11).

Miles, D. K., Stedman, M., & Heald, A. H. (2020). Stay at Home, Protect the National Health Service, Save Lives”: A cost benefit analysis of the lockdown in the United Kingdom. International Journal of Clinical Practice, e13674.

Mises, L. v. (1949). La Acción Humana: Tratado de Economía (12a ed.). Madrid: Unión Editorial.

Moreland, S., Foley, S., & Morris, L. (2019). A Guide to the Fundamentals of Economic Evaluation in Public Health. Chapel Hill: MEASURE Evaluation.

Robbins, L. (1932). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. London: Macmillan & Co.

Robinson, O. (2021). COVID-19 Lockdown Policies: An Interdisciplinary Review. Disponible en SSRN. Obtenido de  https://ssrn.com/abstract=3782395 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3782395

Rothbard, M. N. (1962). El Hombre, la Economía y el Estado (Vol. II). Madrid: Unión Editorial.

Rothbard, M. N. (1979). The Myth of Efficency. En M. Sennholz (Ed.), Economic Controversies (págs. 253-260). Auburn: Ludwig von Mises Institute.

Salazar, L., Jackson, S., Shiell, A., & Rice, M. (2007). Guide to Economic Evaluation in Health Promotion. Washington D.C.: Pan American Health Organization.

Sen, A. (2014). Arrow and the Impossibility Theorem. En E. Maskin, & A. Sen, The Arrow Impossibility Theorem (págs. 29-42). New York: Columbia University Press.

Stringham, E. (2001). Kaldor-Hicks Efficiency and the Problem of Central Planning. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 4(2), 41-50.

Las cinco grandes aberraciones de PSOE y Podemos en los Presupuestos para 2022

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

Suben impuestos a las empresas para pagar subsidios electoralistas y subidas salariales para los funcionarios. Las pensiones, contra las cuerdas.

Nada más conocerse el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el gobierno para 2022, Libre Mercado alertó de los numerosos peligros que esconden los planes del Ejecutivo para la economía española. Se trata, sin duda, de unas cuentas caras y fantasiosas, repletas de castigos al sector productivo y dádivas electoralistas.

Ya hemos hablado de cómo la propuesta de Sánchez incluye un descarado maltrato a Madrid, que recibe la mitad de la inversión que Cataluña. Pero hay muchas más sombras en los PGE 2022, que repasamos a continuación.

1. Más gasto que en plena pandemia

El Presupuesto consolidad de gasto sigue creciendo y, pese a haber crecido con fuerza en 2020 y 2021, se incrementa otro 0,6% en 2022. De modo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera necesario seguir aumentando el gasto a pesar de que la pandemia ha remitido y la mayoría de las restricciones económicas se han levantado.

2. El agujero de las pensiones ya alcanza los 43.000 millones

El gobierno se ha comprometido a revalorizar las pensiones con la inflación media. El problema es que la caja de la Seguridad Social no se alimenta del IPC, sino de las cotizaciones sociales. Por tanto, lo único que está haciendo el Ejecutivo es ensanchar el agujero del sistema de pensiones. Solo en 2022, la subida será del gasto será del 4,8%. No sorprende, pues, que el agujero del sistema siga sin cerrarse y ya ascienda a 43.000 millones de euros.

3. Fondos europeos con políticas anti-europeas

El Ejecutivo plantea un nivel nunca antes visto de inversión pública, hasta llegar a la cifra de 40.000 millones, incluyendo 28.000 millones que se financiarían a través del fondo activado por los socios europeos para el “rescate” de la economía tras la pandemia. Pero dicho programa está vinculado a ciertas condiciones, entre las cuales está la reforma del sistema de pensiones o la reforma del mercado laboral. Y, en ambos casos, los planes del gobierno son diametralmente opuestos a las recomendaciones de Bruselas, hasta el punto de que estamos hablando de auténticas contrarreformas. Por tanto, no está tan claro que la Unión Europea vaya a desembolsar estas ayudas y permitir que, al mismo tiempo, el gobierno se salga con la suya en cuestión de pensiones y trabajo.

4. Ingresos tributarios inflados

El crecimiento económico que plantea el gobierno en los Presupuestos Generales del Estado es claramente superior a las estimaciones que barajan la mayoría de los organismos públicos y privados. Esto también significa que los cálculos referidos a la mejora de los ingresos están “inflados”, puesto que el aumento de la producción al que está ligada tal subida recaudatoria va a ser mucho más tímida de lo que plantea el gabinete de coalición entre PSOE y Podemos. Si a esto le sumamos el hecho de que, lejos de hacer una estimación conservadora, el gobierno planteaba una subida de los ingresos tributarios del 10,8%, parece evidente que las cuentas están alejadas de la realidad, con el agravante de que los gastos sí se realizan, de modo que el agujero resultante es la deuda de mañana. Para ilustrar la dudosa fiabilidad de las estimaciones del gobierno, es importante recalcar que la recaudación planteada, de 233.352 millones, supera holgadamente los ingresos de 2019, antes de la pandemia, cuando los recursos tributarios ascendían a 212.808 millones.

5. Más impuestos para subsidios y sueldos públicos

La deducción que se aplicaban las empresas dedicadas al alquiler de vivienda en el Impuesto de Sociedades bajará del 80% al 45%, una reducción de casi un 50%. En dicho gravamen, se planteará igualmente un “suelo” del 15% que afectará a las empresas que facturen más de 400 millones de euros. También sube el Impuesto de Matriculación, con un repunte del 20% que encarecerá en 1.000 euros la compra de un automóvil promedio. Además, suben las cotizaciones que abonan las empresas (un 1,7% extra en los salarios más altos), empeora el tratamiento de los autónomos y se reduce más aún la deducción del IRPF por aportaciones a planes de pensiones. Y, no lo olvidemos, se anuncia un “catastrazo” que elevará los ingresos obtenidos en tributos de todo tipo: Sucesiones, Donaciones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, Plusvalía Municipal… En cambio, los gastos de personal aumentan un 3,4% e incluyen una subida salarial del 2% para los empleados públicos. No solo eso, sino que se anuncian subsidios de corte electoralista para los jóvenes, incluyendo el “bono de alquiler” o el “bono cultural”.

Justicia a medias

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Tras una dilación que no se compadecía con la trascendencia del asunto planteado, finalmente el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia de 14 de julio de 2021, que, estimando parcialmente un recurso de VOX, declaró inconstitucionales, y por lo tanto nulos, los apartados 1, 3, 5 y 6 del artículo 7 del primer decreto de estado de alarma, de 14 de marzo de 2020 y de otros tres sucesivos que lo prorrogaron.

En resumen, el fundamento jurídico cinco de la sentencia ha entendido que las medidas adoptadas en esas disposiciones vulneraron los derechos fundamentales a la libre circulación y fijación de residencia (art. 19 CE), por un lado, y de reunión en relación con los derechos a la intimidad personal y familiar e inviolabilidad del domicilio (art. 21 y 18 CE) por otro. La suspensión de esos derechos está vedada durante un estado de alarma, según el artículo 55.1 CE, que reserva ese poder excepcional para los estados de excepción o sitio. Además, en relación con el apartado 6 del mencionado artículo 7 del Decreto, el fundamento nueve ha considerado que la autorización al Ministro de Sanidad para modificar y ampliar las medidas, lugares, establecimientos o actividades que se suspenderían después de decretar el estado de alarma, infringe las propias previsiones del artículo 116.2 CE, en relación con el 38, que reconoce la libertad de empresa.

Según se ha hecho evidente a la postre, el gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón desplegó todos sus resortes para presionar a los magistrados que tenían que resolver el juicio de constitucionalidad sobre las normas citadas para evitar que el fallo corrigiera un ápice de sus postulados. Sin embargo, pese a la lealtad sectaria de viejos conocidos como el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón[1] sabemos ya que las cosas se empezaron a torcer para sus intereses desde que el primer ponente designado, el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré[2], tuvo que dimitir por la denuncia de malos tratos formulada por su esposa en agosto de 2020. Desde ese momento quedarían solo once magistrados, por lo que el presidente del Tribunal no decidiría con su voto de calidad en caso de empate.

Por otro lado, incluso antes de este incidente aciago (para los intereses del gobierno), el jurista Manuel Aragón Reyes[3] había publicado un primer artículo germinal en abril del pasado año en el que expresaba en términos muy claros que “ordenar una especie de arresto domiciliario de la inmensa mayoría de los españoles, (…) no es limitar el derecho, sino suspenderlo, y esa conclusión resulta difícilmente rebatible desde un entendimiento jurídico correcto, y en tal sentido la medida adoptada creo que es bien distinta de la normativamente estipulada para el estado de alarma“.

Sea como fuere, los fundamentos jurídicos de la sentencia subrayan la distinción capital entre la restricción y suspensión de derechos y que el gobierno, en realidad, al dictar su primer decreto de estado de alarma y su inmediata reforma tres días después, suspendió los mencionados derechos fundamentales, en abierta contradicción con lo establecido en el artículo 55.1 de la Carta Magna[4], que solo permite hacerlo en el supuesto de declaración del estado de excepción o de sitio.

La sentencia entiende, por el contrario, que las detenciones de personas implícitas en las medidas de suspensión de la libertad de deambulación no infringieron el derecho a la libertad frente a detenciones arbitrarias (art 17 CE) o el resto de derechos fundamentales que los demandantes reputaron vulnerados por el resto de medidas, esto es, de reunión en lugares públicos (art. 21.2 CE), de participación política (art. 23 CE), a la educación (art. 27 CE) libertad de empresa (art. 38 CE) y libertad religiosa y de culto (art 16 CE) quedaron afectados, pero no fueron suspendidos. Apreciaciones sumamente criticables, que no puedo abordar en este análisis de urgencia.

Me interesa aclarar, no obstante, ante la campaña de intoxicación orquestada por el gobierno y los medios de comunicación a su servicio, cuáles son los efectos derivados de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Están expuestos en los apartados a) b) y c) del fundamento jurídico once.

Así, aunque se declaran irrevisables los procesos conclusos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o las situaciones decididas mediante actuaciones administrativas firmes y las demás situaciones jurídicas generadas por la aplicación de los preceptos anulados, se prevé la posibilidad de revisar los procesos penales o contencioso-administrativos derivados que impusieron penas o sanciones durante el estado de alarma. Esto es, sin duda, una buena noticia para todas las personas incursas en procedimientos sancionadores por incumplir el confinamiento domiciliario, caminaran o circularan en vehículo, puesto que podrán pedir la nulidad de las actuaciones o que se les devuelvan las multas impuestas. En procedimientos penales terminados con sentencias por hechos directamente relacionados con la desobediencia a las órdenes recibidas en virtud de los preceptos anulados, quedará abierta la vía de la del recurso de revisión o la nulidad de actuaciones.

Y, por último, determinados medios “informaron” que la declaración de inconstitucionalidad de algunos preceptos del decreto no generaría responsabilidad patrimonial del Estado por la paralización de la actividad de empresas y comercios, lo cual es una verdad a medias. Como señala el apartado c) del fundamento once de la sentencia, aunque la anulación no constituye por sí misma un título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas,  esto no limita las indemnizaciones previstas expresamente en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, para aquellos que sufrieron de forma directa en su persona, o en sus bienes y derechos, daños o perjuicios por los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas.

[1] La larga trayectoria de este juez de carrera, uno de los fundadores de la asociación Jueces para la democracia – rebautizada con el hilarante y consabido desdoblamiento – merece un estudio aparte. Cuatro hitos resumen su aquilatado tesón hacia un lado:  1) Ponente del auto del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1996, dictado en el caso del secuestro de Segundo Marey, que exculpó sin juicio, por estrecho margen de magistrados y con argumentos peregrinos, al ex presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Felipe González Márquez, 2) Fiscal General del Estado, a propuesta del gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, que destacó por su adhesión a los planes políticos de quién le nombró, 3) Magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta del Senado, desde marzo de 2017, gracias a los buenos oficios del PSOE, y 4) Autor de una nota reciente en la que confiesa su poco celo por evitar la filtración, antes de su publicación, de un “borrador” de su voto particular contrario a la Sentencia que venimos comentando, en la que se vertían improperios contra sus compañeros de la mayoría coincidentes con los expresados por el gobierno y sus terminales.

[2] Para quienes sostienen que todos los políticos son cortoplacistas, apunten otro dato: este inicial inspector de Trabajo fue Director General del Servicio Jurídico del Estado entre 1986 y 1990, bajo la presidencia del gobierno de Felipe González Márquez.

[3] Catedrático de Derecho Constitucional emérito y magistrado del Tribunal Constitucional en el periodo 2004-2013, a propuesta del gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. Tiene la distinción de magistrado emérito.

[4] Artículo 55.1 Los derechos reconocidos en los artículos 17 (libertad y seguridad frente a detenciones arbitrarias), 18, apartados 2 y 3 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones), artículos 19 (derecho a elegir la residencia y a circular por el territorio nacional), 20, apartados 1, a) y d) (libertad de expresión y de prensa), y 5 (prohibición del secuestro de publicaciones), artículos 21 (reunión y manifestación), 28, apartado 2 (huelga), y artículo 37, apartado 2 (medidas de conflicto colectivo en el ámbito laboral), podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

La libertad en tiempos de pandemia

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Hace un año la crisis del coronavirus llegó a la puerta de nuestros hogares y trastocó nuestras vidas en niveles y formas que no imaginábamos. Viendo hacia atrás, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones acerca del momento histórico que, para bien o para mal, nos ha tocado vivir. 

Esta crisis ha puesto a prueba nuestra inventiva, nuestra resiliencia, nuestra coherencia y, sobre todo, nuestros valores. Las lecciones de esta experiencia disruptiva son múltiples y profundas, y cada una de las lecciones individuales aprendidas marcará indirectamente el rumbo de nuestra sociedad en las próximas décadas. Este tiempo pasará a la historia como la época de la prevención distanciadora, de contactos sociales virtualizados, de crisis económica y de incertidumbre extrema. Para muchas familias el impacto habrá sido profundo e irreparable. Todos, sin excepción, hemos  tenido  que  improvisar nuevas formas de hacer las cosas, desde la conducción de las relaciones sociales hasta la forma de continuar aprendiendo y educando.

Algunos gobernantes usaron la pandemia para imponer sus sueños intervencionistas más salvajes, desde la prohibición a la sanidad privada de tratar pacientes contagiados o realizar pruebas de la COVID-19, hasta los controles de precios o los cierres empresariales forzosos. La mentalidad intervencionista y autoritaria encontró en el virus la excusa perfecta para dirigir la vida de millones de ciudadanos.

Y las consecuencias, en forma de desabastecimiento, caos y crisis económica, no se hicieron esperar. La globalización se detuvo y todos conocimos de primera mano que impedir la libertad de intercambios a nivel mundial trae consigo empobrecimiento y miseria. Al mismo tiempo, millones de personas decidieron superarse ante la adversidad y dar lo mejor de sí mismos. Son episodios como este los que han marcado los grandes cambios en el devenir de la historia.

¿Qué vamos a hacer? ¿Aceptaremos que nos impongan una única solución desde arriba o exploraremos múltiples opciones entre todos? ¿Delegaremos la búsqueda de la verdad en los supuestos expertos o nos responsabilizaremos personalmente de hacerlo? ¿Permitiremos que nos pastoréen como un rebaño de ovejas o asumiremos cada uno los retos que cada nueva crisis nos presente? 

El progreso de la humanidad ha sido posible gracias a personas que desde toda posición se han atrevido a retar el statu quo, las convenciones y lo que era políticamente correcto, para, así, hacer avanzar la libertad y la prosperidad de todos. El futuro de nuestra sociedad está en manos de quienes se atreven a defender la libertad en los momentos en los que es más cuestionada. Aún quedan por superar muchos de los retos que nos ha dejado esta crisis, y necesitaremos nuestra creatividad y empresarialidad para hacerlo. Los meses que vienen por delante nos dan la oportunidad de volver a una normalidad en la que la libertad, y no la coerción, sea la que rija nuestras vidas. 

Desde la Universidad Francisco Marroquín seguiremos cultivando el estudio y la discusión de la importancia que la libertad y la responsabilidad individual tienen en el acontecer de la civilización. Esa es nuestra misión. Además, este año lo haremos con mucho entusiasmo y renovada energía en el marco de nuestro cincuenta aniversario. Les invito a celebrar medio siglo de trabajo por la libertad de todos, convencidos de que, como dijo Manuel F. Ayau en su discurso inaugural, “solo  las  personas  responsables pueden crear civilizaciones prósperas y pacíficas, y donde no hay libertad,  no florece la responsabilidad”.

Un abrazo, desde la Casa de la Libertad. 

Publicado en El Periódico

La pandemia como un nuevo fundamento para la expansión del Estado moderno

Escrito por Adrián Ravier en . Publicado en Análisis diario.

Diversos autores han estudiado los fundamentos históricos, políticos, ideológicos y económicos por las cuales se expande el tamaño del Estado a lo largo del siglo XX. Junto a Stefany Bolaños resumimos en un ensayo los hallazgos encontrados. Entre los argumentos más expuestos encontramos estos: 1) la riqueza de las naciones; 2) el estado de bienestar; 3) la democracia; 4) el abandono del patrón oro; 5) el keynesianismo; 6) el efecto trinquete, con las dos guerras mundiales y las grandes crisis económicas. (Bolaños y Ravier, 2013)

En este artículo pretendemos mostrar que una pandemia ofrece un nuevo fundamento para la expansión del estado moderno, aspecto que si bien no había sido caracterizado en el artículo comentado, sí puede tener relación con otros fundamentos señalados.

La riqueza de las naciones

Un prerrequisito para tener estados modernos que representen de un 30 a un 60 % del PIB es que las naciones hayan ampliado sus capacidades productivas. Sin economías de mercado que potencien la producción -como ocurrió en los últimos 200 años-, sería estéril cualquier discusión para aumentar el tamaño del estado. Ningún sindicalismo hubiera logrado “conquistas sociales” antes de la primera revolución industrial.

Aplicado a nuestro contexto, países más ricos como Alemania pudieron expandir más los paquetes de ayuda y los subsidios que los países más pobres.

El estado de bienestar y el paternalismo

Cierta cultura paternalista que observamos en diverso grado pero que está presente en todo el mundo, permitió identificar un estado de bienestar que extendió su mano visible sobre el mercado para intentar ofrecer alivio en un año complejo. Constituye un desafío para quienes trabajamos en las ideas la carga ideológica presente en elevados niveles en la sociedad pues no permite observar que se sobreestima la ayuda estatal y se subestima la reacción del mercado, presente en millones de acciones emprendedoras, con su características creatividad e innovación. Mayores grados de libertad y responsabilidad podrían haberse utilizado para enfrentar la pandemia con muchos menores costos que la cuarentena universal. Por el contrario, se ha permitido, y en muchos casos se ha pedido que el Estado se haga presente en formas no convencionales avanzando sobre libertades individuales y derechos constitucionales.

La democracia y la imagen de los mandatarios

Si bien las medidas sanitarias de cuarentena universal impactaron negativamente en la actividad económica y el empleo, sorprende que la imagen de los gobiernos en los primeros meses tras la covid haya incrementado los niveles de confianza sobre los mandatarios. Las mayorías piden a los gobiernos aplicar medidas duras frente al escenario de pandemia, obligando a la gente a permanecer guardada en su casa, para evitar contagios y muerte. Piden por más gasto, más subsidio, más paquetes de ayuda para empresas y personas. Los gobiernos responden en base a encuestas, pero claro que la economía pone un límite al que las mayorías jamás han prestado atención.

El abandono del patrón oro y el sistema monetario moderno

El sistema monetario moderno, basado en bancos centrales con capacidad “ilimitada” para monetizar desequilibrios fiscales han inundado el globo de crédito, dejando una situación de potenciales burbujas bursátiles, inmobiliarias y de commodities para el escenario poscovid.

El keynesianismo y la política fiscal y monetaria

Las ideas de John Maynard Keynes tan polémicas en los años 1970 por los procesos de estanflación que generó, vuelven ante la gran recesión de 2008 y en los años siguientes, pero más aun se potencian en un escenario de recursos ociosos como el que se visualiza en 2020. Todos los gobiernos sin excepción enfrentan este contexto de recesión global con políticas de demanda, combinando medidas fiscales y monetarias, que nos dejarán con mayor nivel de gasto y déficit, que claramente dejará un contexto de desequilibrios fiscales y monetarios complejos para el desafío de recuperación posterior.

El efecto trinquete y la pandemia

Robert Higgs precisamente mostró en su libro sobre la crisis del Leviatán que ante las dos guerras mundiales y la gran depresión de los años 1930 los gobiernos expandieron el tamaño del Estado, pero tras los acontecimientos no retornaron a los niveles previos. Esto es precisamente lo que temo ocurrirá ante la pandemia global. Una vez que la gente se prende a la teta del estado, cuesta mucho que dejen de mamar. Los derechos adquiridos se extienden y ya no es posible retornar el nivel de gasto anterior.

Reflexión final

Me temo que la cuarentena universal aplicada ante la covid-19 potenciará todos los fundamentos que explican la expansión del estado moderno. Desde el punto de vista académico, pienso que estamos ante una variante del “efecto trinquete” reseñado por Robert Higgs. Su aplicación incluía conflictos bélicos y depresiones. Hoy debemos sumar epidemias y pandemias.