Etiqueta: Pensamiento liberal

Dentro del mundo del anarcocapitalismo existen corrientes de pensamiento fuertemente emparentadas que sin embargo reniegan de esta etiqueta. Una de ellas es el nuevo mutualismo, o como lo define su principal exponente, Kevin Carson, el anarquismo de libre-mercado. Si bien su propio nombre lo indica, este autor quiere apartarse de la etiqueta capitalista y prefiere centrarse en la defensa de una suerte de mercado libre sin el concurso de grandes corporaciones y por supuesto sin la interferencia estatal. Su obra deriva de los viejos anarquistas individualistas americanos como Josiah Tucker o Lysander Spponer, aunque pueden notarse los ecos del mutualismo de mercado del Proudhon de la idea de Revolución en el siglo XIX.  No voy a centrarme en esta ocasión en ellos, aunque bien merecen un estudio detallado, y sí en la obra del mejor de sus continuadores contemporáneos, Kevin Carson. Este es un autor de una gran originalidad y muy elevado nivel académico. Vive en una comunidad rural al margen de la academia, escribiendo y estudiando por su cuenta en el tiempo que tiene libre después de trabajar. Esta vida al margen de la academia es muy probablemente una de las razones por las que escribe con la rotundidad con que lo hace y fuera de las cauces de la habitual corrección política y la deferencia a  las vacas sagradas de la profesión.

Su postura, aunque pueda parecer extraña al lector común, no es extraña a todo un buen conocedor del anarcocapitalismo, en especial a las vertientes más de izquierdas, presentes incluso en algunas de las obras del propio Rothbard, especialmente en su época de colaborador en Left and Right, en las que colaboraba con la llamada “Nueva Izquierda” en su lucha contra la guerra del Vietnam. El anarcocapitalismo es defensor de la propiedad privada y el mercado libre, por ello pasa por ser una idología de derechas y sus argumentos son usados en muchas ocasiones en las guerras culturales contra marxistas y socialistas, aunque tiene también un componente de crítica a las grandes corporaciones por su connivencia con el poder estatal, un componente antiimperialista muy pronunciado y una defensa a veces muy polémica de determinadas libertades personales (como todo lo que serefiere a la cuestión del comercio de drogas). Una buena prueba sería el ensayo de Rothbard en el que se satiriza la idea de Ayn Rand de que los grandes empresarios son la minoría más perseguida. Pero, en efecto, la mayor parte de los teóricos libertarios han centrado sus críticas en las regulaciones de todo tipo que los gobiernos establecen para las grandes corporaciones: regulaciones laborales, fiscales o medioambientales han sido objeto de estudios detallados y mordaces críticas. Sin embargo, y tal como Carson nos recuerda, rara vez se analizan las regulaciones que favorecen a las grandes corporaciones y que pueden ser tan importantes o más que las que les pueden perjudicar.

Carson en sus obras, sobre todo en Theory of Organization y The Homebrew Industrial Revolution, detalla la forma en que los gobiernos protegen a muchas de estas grandes empresas. La propia organización corporativa y las leyes que regulan las sociedades anónimas pueden incluir clausulas que limitan su responsabilidad legal y pecuniaria (son hechas a imagen y semjeanza del Estado). Este es un tema muy debatido en el universo anarcocapitalista y no existe aún una postura determinante, pero nuestro autor considera que es un privilegio otorgado, pues en una sociedad de mercado libre este tipo de legislación no existiría y las empresas serían plenamente responsables.

Otro aspecto en el que Carson incide es el de los servicios que los estados prestan de forma gratuita a las empresas y que implican reducciones de costos que estas internalizan y cuyos costes son a su vez total o parcialmente externalizados al conjunto de la sociedad. Se refiere en concreto a la construcción de infraestructuras como vías de alta capacidad, puertos, aeropuertos o vías férreas. Incluso infraestructuras eléctricas o de telecomunicaciones pueden ser prestadas directa o indirectamente por el sector público atendiendo a las necesidades de algunas de estas grandes empresas. En otro ámbito, Carson también critica el desarrollo de currícula académicos orientados a las necesidades laborales de las empresas, de tal forma que buena parte de los costes de formación laboral que muchas empresas necesitan son financiados con cargo a impuestos sufragados por el conjunto de la población. Estas son cuestiones muy interesantes que merecerían alguna evaluación para comprobar si los subsidios que el estado presta a las empresas son o no un beneficio neto, pero bien pudiera ser que para alguno si lo fuera. También el rescate de algunas empresas y de sus accionistas, como en el caso bancario, podrían entrar dentro de su análisis, pero desde luego no cabe objetar que nos hace ver con otra luz el intervencionismo estatal y nos obliga a discutir el “estado de bienestar de las corporaciones”.

El autor abre también una discusión muy interesante en referencia al apoyo que prestan los estados a determinadas empresas transnacionales. Todos podemos observar como en los llamados “viajes de estado” hay una agenda comercial, según la cual los gobernantes negocian acuerdos a favor de algunas empresas, normalmente presentes en la delegación que viaja. O también como la diplomacia económica de los estados también favorece los intereses de algunos sectores económicos, denominados a veces como “estratégicos” para justificar su trato de favor. Aquí se produce una doble discriminación, la primera a favor de las empresas y la segunda de unas empresas sobre otras. Una sociedad de libremercado, tal como la entiende Carson, no perjudicaría a las empresas pero tampoco tendría porque favorecerlas en nada. Lo cierto es que esta es una intervención pocas veces analizada en nuestros círculos, que es mucho más grave si se usa la violencia estatal para respaldarla, a través de amenzas bélicas o incluso del derrocamiento de regímenes políticos pecibidos como hostiles o incluso no lo suficiente amigables para las empresas que capturan la política exterior. Este último elemento es de mucha relevancia teórica pues nos ilustra sobre el debate sobre el imperialismo capitalista que abrieron en su momento los marxistas. Para ellos el Estado es una especie de marioneta en manos del gran capital, cuando en realidad esos elementos del gran capital son parte integrante del estado no ajenos a él y lo usan en su propio beneficio. Esto es muy fácilmente constatable en el caso del denominado complejo militar-industrial que existe en prácticamente todos los estados modernos de ciertas dimensiones. En efecto, existe un determinado tipo de industria, los economistas la denominarían monopsonio, de titularidad formalmente privada, pero cuyo principal cliente es el propio Estado o bien estados con los que el propio mantiene buenas relaciones y a los que le esta permitido vender sus productos o servicios. Los dirigentes de estas industrias, como bien señala Seymour Melman (véase su magnífico libro traducido como El capitalismo del Pentágono), son en muchas ocasiones antiguos miembros del estamento militar o político y no se puede establecer una línea clara de demarcación entre ambos, pues también en ocasiones se da el salto a la inversa. Este bloque de poder cuenta con lealtades también en el aparato de la hegemonía del Estado, contribuyendo entre todos a dirigir la política exterior y la militar de muchos de los estados modernos. Pero para nada se puede entender esta industria como parte del mercado libre. Ni siquiera forma parte de un régimen de propiedad privada, pues los fondos con los que se sostiene derivan en la práctica de los impuestos y exacciones decretados por los estados.

Siguiendo esta línea de argumentación, Carson pone su foco en otro aspecto muy discutido dentro del anarcocapitalismo, como es el tema de la propiedad industrial. Considera a este tipo de propiedad como un ingenio estatal (tal propiedad es definida por la regulación estatal y es cambiante en muchas ocasiones de acuerdo con las necesidades de determinados grupos de presión empresarial) para expropiar la propiedad física en nombre de unos supuestos derechos de autoría intelectual. El la ve como un privilegio con el que se garantizan beneficios a las empresas próximas al Estado a costa de perjudicar al resto de la comunidad. Aquí Carson se transforma en un hábil teórico de la propiedad y se asemeja a las posturas de anarcocapitalistas de “derecha” como Stephan Kinsella. La conclusión de Carson es que cuando los estados definen qué es propiedad, no lo hacen de forma neutra sino en su favor o en favor de su allegados, y que el mundo de relaciones sociales que aquellos construyen, se hace imitando la propia forma corporativa del Estado. El autor es un antiestatista radical y desconfía por tanto de la bondad de tales diseños.

En su obra se discuten también muchos otros puntos de interés para nosotros: la cuestión de la escala de producción o el llamado “subsidio de la historia” (referido al debate sobre la legitimidad o no de la apropiación originaria de la tierra). La escala de producción de aplicado a empresas, organizaciones o estados es un tema poco abordado por la Economía Austríaca y la teoría económica en general. A menudo parece que sólo existe la teoría monetaria o los problemas de la desigualdad y que no hay nada más allá de estos. No obstante, la determinación de la escala de producción de bienes y servicios es un aspecto crucial de la vida económica, política y social. Usualmente nos quedamos con el proverbio de los rendimientos crecientes de escala y no vamos más allá. Criticamos al minifundio o a la pequeña empresa por poco productiva y alabamos las empresas, o países grandes, por ser supuestamente más eficientes a la hora de producir. Carson, discute y desmitifica muchos de estos puntos e intenta abrir un debate que por desgracia sigue sin darse, en nuestra escuela y otras, sobre si es cierto o no ese principio y en que circunstancias. Por su parte, el tema de la propiedad originaria de la tierra y de las injusticias que se derivan de propiedades adquiridas injustamente, tiene un interés más ético y moral que práctico, pues a día de hoy se haría muy difícil determinar a quien debería corresponde la propiedad original. Pero lo razona bien y tiene mucha razón al explicar que no todo fue limpio en los orígenes de nuestro actual sistema de mercado.

La obra de Carson tiene, a mi entender, errores graves, como su teoría del valor trabajo, que por mucho que intente adaptarla al marginalismo sigue siendo inválida, o su crítica del trabajo asalariado y la explotación que saca de la economía clásica o de libertarios de izquierda como Thomas Hodgskin. Estos errores, empero, sólo invalidan muy parcialmente su obra, construida principalmente sobre la de Rothbard y otros anarcocapitalistas, a los que lee parcialmente pero que sin duda inspiran su trabajo. Pocos autores contemporáneos he leido que abran tantos debates y de una forma tan original en nuestro campo, como él. Quizás sea que su lejanía del mundo académico le ha otorgado una libertad de pensamiento y actuación de la que el académico común carece. La Universidad otorga buenos medios para trabajar, pero está sujeta a una suerte de restricciones ambientales y burocráticas como la especialización o la departamentalización que minan en buena medida la originalidad. ¡Bienvenida sea la obra de Carson a nuestro mundo y ojalá se traduzcan al completo sus obras principales!

Nota final: existen traducidos en su web ensayos de menor extensión, pero no por ello de menor interés.

Si en algún ámbito las ideas libertarias han tenido éxito y han sido capaces de desarrollar propuestas para solventar problemas, tanto los asociadas a la intromisión de los Estados en la vida cotidiana como en los que se refieren a la búsqueda de soluciones para vivir en paz usando mecanismos de interacción voluntarios, ha sido sin duda en el mundo de la informática e internet. Mi querido colega en estas páginas, el señor Polavieja, ha tenido la deferencia de indicármelo y recordar la pertinencia de un breve análisis de sus contribuciones al desarrollo del corpus teórico de los libertarios, que han sido muchas tanto en el ámbito de la teoría como en el de la praxis.

El primero de ellos ha sido el de haber garantizado un mínimo de privacidad en el uso de internet. Como bien nos cuenta Steven Levy en su libro Crypto, en los años 90 se produjo una fiera disputa entre los partidarios del anonimato en la red y los partidarios de la apertura de la misma al escrutinio del Gobierno. En el primer lado estaban varios de los primeros cypherpunks y en el segundo prominentes políticos del partido demócrata, entonces en el Gobierno, entre los que destacaron por su interés el entonces vicepresidente Al Gore y el presidente de la comisión reguladora de estas actividades en el Senado, la  entonces joven promesa de la política Joseph Biden, quien ya apuntaba maneras de defensor de las prerrogativas estatales, maneras que todo parece indicar que no ha perdido con los años. Frente a las pretensiones de regular y supervisar el entonces incipiente internet varios libertarios, vinculados a la industria de la programación informática  y residentes en  la costa oeste de los Estados Unidos, decidieron plantar cara a la intromisión del Gobierno usando el arma que mejor sabían usar, su capacidad de programar y escribir códigos informáticos. De aquellos tiempos datan manifiestos a favor de la criptoanarquía, como el celebre escrito de uno de ellos, Tim May, reivindicándola.

El encriptamiento es una vieja arma usada para esconder información de observadores no deseados. Desde escribir de forma cifrada con claves que pueden ser de gran sofisticación (como el famoso código Enigma usado por los nazis y roto por Allan Turing) al uso de tintas simpáticas y otras formas de ocultación de la información usadas desde siempre tanto por los poderes políticos en sus guerras como por sus opositores. Las formas modernas de encriptación han evolucionad y ahora hacen uso de algoritmos o de códigos informáticos, de tal forma que es imposible, o cuando menos muy difícil, acceder a los contenidos protegidos. Los primeros cypherpunks (denominados así por su uso de herramientas criptográficas y que no deben ser confundidos con sus parientes los fans de la ciencia ficción conocidos como cyberpunks) hicieron uso de sofisticadas técnicas de encriptación para evitar, por la vía de los hechos, que los Gobiernos pudiesen adueñarse de la información almacenada en las redes. Desde entonces se ha producido una lucha contante entre los agentes del Estado y los informáticos libertarios por el control de la privacidad en la red. De esta lucha se han derivado numerosas aplicaciones prácticas demostrando que estas ideas más allá de su relevancia política si pueden tener trascendencia en el ámbito social.

La primera de ellas es la posibilidad de establecer espacios privados en internet, no sujetos a la supervisión del Estado o de personas no deseadas. Digo la posibilidad porque también es posible que este aspecto pueda ser subvertido. El encriptamiento permitió el uso de correos electrónicos o transferencias monetarias libres de control. También facilitó la aparición de comunidades privadas en las que poder dialogar y cambiar opiniones más allá de la censura. El problema potencial es que para conseguir eso se ha descansado en muchas ocasiones en plataformas o redes que sí pueden acceder a nuestros registros y facilitárselo a su vez a los poderes estatales. La profesora Zuboff en su último libro La era del capitalismo de la vigilancia ha incidido mucho en este aspecto. Nuestros supuestos aliados en la lucha por la libertad pueden fácilmente transformarse en sus peores enemigos, no sólo porque almacenen nuestros datos (accedimos a la hora de suscribir el programa a facilitárselos) sino porque puedan dárselos a quien queríamos evitar. Sabemos que Cortana lee y escanea nuestros mails pero también sabemos que en caso de necesidad podría censurarlos o delatarnos incluso a un Gobierno que no necesariamente tiene por qué ser garante de la privacidad. De hecho se podría afirmar que desde la aparición de internet se ha dado un proceso continuado de confrontación y consiguiente coevolución en el que el Estado y los desarrolladores de internet han competido y compiten por adelantar al otro en sus pretensiones, bien de controlar la privacidad bien de sustraerse a tal control.

Fruto de esta dialéctica es la aparición de fenómenos como el bitcoin o el desarrollo de la arquitectura que lo sustenta, el blockchain. Sobre este tema ya se ha escrito bastante y no soy yo el más indicado para exponer la compleja estructura que subyace bajo estos desarrollos, pero si cabría indicar que forman parte de una mentalidad antiestatista. Sus creadores y desarrolladores, Satoshi Nakamoto (sea quien sea) o Vitalik Buterin entre otros no sólo profesan ideas libertarias sino que las llevan a la práctica y, es más, intuyen perfectamente que atacar el monopolio estatal de la moneda y el crédito y su capacidad de recaudación fiscal es una de las formas más efectivas que existen de debilitar el poder gubernamental. No sólo se le quita de gravar con inflación a la sociedad sino que se le elimina de un plumazo el aura de omnipotencia que tienen. Medidas usadas para exhibir poder y apoyar a los grupos de interés amigos, como la inyección de 750.000 millones de la Comisión Europea para aliviar la crisis, ya no serían posibles. Si Lenin decía que para acabar con el capitalismo había que atacar la moneda (y tenía razón), los cypherpunks llevan a cabo una estrategia semejante. La paralela, y en este ámbito también se están dando desarrollos, sería acabar con la capacidad estatal de conformar los sistemas ideológicos y de creencias a través de la erosión de su monopolio de la educación primaria y secundaria y de su capacidad, parcial pero en aumento, de control y regulación de los medios de comunicación de masas. Otro aspecto a destacar del bitcoin es la teoría monetaria que subyace a su arquitectura. Toda moneda digital debe contar con algún tipo de teoría económica detrás que dirija su forma de operar. Podrían perfectamente diseñarse monedas digitales con base keynesiana o monetarista, con algún tipo de órgano centralizado que emitiese nueva moneda bien de forma discrecional o bien que siguiese algún tipo de regla expansiva del tipo del 3% friedmanita. Pero es de destacar que la teoría subyacente al bitcoin, inspirada en el patrón oro clásico, si no es austríaca se le parece mucho. La oferta monetaria está limitada a una cantidad concreta, veintiun millones, y minarlos, al igual que el oro, cuesta cada vez más trabajo. Esto es, no es una moneda que pueda ser expandida a voluntad por algún tipo de voluntad central.

El bitcoin y la arquitectura blockchain pueden ser armas eficaces para reducir el tamaño del Estado, al sustituir algunas de sus funciones, pero el programa político de los cypherpunks no termina aquí, pues entre sus proyectos está el de revivir adaptado a los tiempos de la vieja y protolibertaria doctrina medieval del tiranicidio En sus inicios diseñaron un ficticio “mercado de asesinatos” en el que jugaban a poner precio a la eliminación de los tiranos de la época, con la esperanza de que alguien aceptase la recompensa y se decidiese a acabar con alguno de ellos. Pero el éxito mayor en este ámbito de los cypherpunks no fue este mercado sino la gigantesca filtración de información confidencial vertida en el portal WikiLeaks por Julian Assange (véase la discusión en el libro Los cypherpunks de este último). Consistió en desvelar y publicar miles de cables confidenciales de servicios de inteligencia, gobernantes y diplomáticos en los que se probaba la poca santidad de las medidas que llevan a cabo muchos de los respetables Gobiernos democráticos de nuestra era.  Explican cómo se espían los unos a los otros y cómo construyen argumentarios  para  justificar guerras  e intervenciones militares en todas las partes del mundo. También  relatan cómo derrocan  a los Gobiernos que no les gustan, sean estos o no democráticos, y cómo realizan operaciones de falsa bandera o atentan de forma encubierta contra sus rivales. Pocos fueron los Estados que se libraron de la exhibición  de sus miserias más íntimas, pero no dicen nada que no fuese sabido de antes, y su problema es que no lo saben conectar con una teoría general del Estado, que explique que estas desviaciones éticas forman parte de un sistema que las hace poco menos que inevitables. Si no se explica así poco se puede avanzar en a comprensión del fenómeno, que será siempre zanjado con el argumento de la manzana podrida o de las necesidades de defenderse de amenazas potenciales que pudiesen afectar a la seguridad o integridad de nuestros respectivos países, pero con métodos que no pueden ser confesados al gran público. Aquí los cypherpunks aciertan sólo en parte, pues las poblaciones intuyen que no toda la acción de un Gobierno es inmaculada e incluso pueden llegar a justificarlas. Poco pueden deslegitimar esas filtraciones si no se asocian con una conducta general de los Estados, más que con casos particulares.

Por último, otra de las grandes invenciones de nuestro grupo es la de crear nuevas formas de derecho. La pretensión de escribir códigos informáticos que suplanten a las leyes está desde el principio en la obra de Nick Szabo y otros desarrolladores, como antes apuntamos. Su concreción es la formulación de contratos autoejecutables de cumplirse las condiciones pactadas. Si bien algunos juristas han enfatizado su excesiva rigidez a la hora de la ejecución, que no parece admitir matices, son sin duda una idea con un potencial enorme. Muchos contratos, comerciales o civiles, precisan de un aparato organizativo muy sofisticado para hacerlos cumplir en caso de incumplimiento. Abogados, jueces, procuradores, agentes judiciales y, sobre todo, la propia autoridad monopolística del Estado pasarían a un segundo plano de poder desarrollarse de forma fiable con esta tecnología. Bastaría con dar una definición clara de lo que significa un incumplimiento y este se ejecutaría automáticamente a través de arquitecturas como blockchain, que servirían de validadores del incumplimiento. Es el caso del mítico ejemplo del coche inmediatamente bloqueado por mecanismos digitales en caso de impago. En efecto, el código sería implacable en este caso pero lo que no tienen por qué ser rígidas son las condiciones de impago. La máquina podría bloquear, por ejemplo, al cabo de dos o tres impagos o de cualquier otra condición que se establezca. Y desde luego para situaciones en las que no exista un único orden jurídico involucrado, como es el caso del comercio internacional, será sin  duda una herramienta de excepcional importancia. Y no se puede descartar incluso su uso futuro en el ámbito del derecho penal en la ejecución de determinadas penas como las de alejamiento.

Lo que nos muestran los cypherpunks es que se pueden llevar a cabo acciones prácticas para reducir de forma efectiva el poder de los Estados modernos sin necesidad de hacer uso de la lucha política y sin la necesidad de violar los derechos de nadie para hacerlos efectivos.

La propuesta del Gobierno de España de reformar el sistema de elección de los órganos de gobierno de los jueces ha abierto un debate, más superficial que profundo, sobre el respeto a la división de poderes y sobre el grado de independencia que deberían tener los jueces en un Estado democrático. Ambas partes comparten una misma visión, la de que la justicia debe estar de una forma u otra influida por la parte política del Estado, esto es, partidos, parlamento y Ejecutivo. En lo que difieren es en el grado de control que debe tener y si este debe corresponder casi en exclusiva al partido o partidos mayoritarios o si debe estar compartido con las principales fuerzas de la oposición. De hecho, es más una lucha de poder dentro de la facción política del Estado que una lucha entre estos y los jueces, aunque estos tengan aún algo que decir al respecto. Los jueces en los Estados democráticos modernos hace ya tiempo que están sometidos al control político, y sólo de conseguir la total autonomía en la elección de sus órganos podríamos decir que han conseguido una mejora en su posición relativa.

Por pura lógica política es normal que partidos y políticos quieran controlar a la judicatura. Como ya vimos, los distintos grupos que componen la estructura del Estado luchan y compiten políticamente entre sí, de forma permanente, por el control de lo que Oppenheimer denomina medios políticos. Operan en un medio anárquico y, por lo tanto, necesitan de pactos entre sí para que el Estado pueda funcionar, pero al operar en un entorno en el que la capacidad de obtener recursos está limitada a la capacidad de extracción de los mismos del resto de la sociedad, en muchas ocasiones sus relaciones son de suma cero, esto es, el poder que uno obtiene es a costa del poder de otros. Cualquier cesión de uno de los grupos es para incrementar el poder de otros, con el límite crítico de que la coalición se deshaga y pierdan todos.

Los políticos necesitan jueces independientes en buena medida como forma de legitimación del sistema político democrático, de tal forma que pueda existir la imagen de una división de poderes y de un ente que controle las desviaciones de poder de los gobernantes. Además, sirve como garantía para los integrantes de la clase política que estén en ese momento en labores de oposición para que sus derechos no sean vulnerados. Pero tampoco les interesa que la autonomía de los jueces sea total, pues de serlo estos podrán neutralizar sus políticas (como bien aprendió Roosevelt en el New Deal) o bien incluso destituirlos o inhabilitarlos para su función, como ocurre con frecuencia en muchos países del mundo. Incluso en algunos casos se ha llegado a hablar de golpes de Estado judiciales, algo perfectamente posible pues, como sabemos, el golpe de Estado se produce cuando una facción del Estado se enfrenta a otra. Algunos acontecimientos recientes sucedidos en Brasil no habrían sido posibles sin la participación, entre otros, del juez Moro, luego ministro de Bolsonaro, que contribuyó al apartamiento del poder de Dilma Rouseff y a la inhabilitación de Lula da Silva. Además, una justicia plenamente independiente podría crear un grupo de jueces casi irresponsable, pues no habría poder externo capaz de controlar sus funciones y podríamos caer en una suerte de despotismo judicial. Recordemos que los jueces, por lo menos en nuestro país, cuentan con una enorme autonomía. En primer lugar, porque controlan el acceso a la carrera judicial, esto es, deciden quién puede ser juez y qué requisitos debe tener. En principio está restringido a titulados en Derecho, algo que habría que explicar con calma, porque no se de dónde se deduce que un titulado en Derecho tenga necesariamente  que ser capaz de juzgar mejor que un psicólogo, por ejemplo, sobre determinadas conductas antisociales, o incluso que un economista o un administrador de empresas sobre determinados “delitos” económicos como los derivados de las políticas antitrust.  De la misma forma que un juez jurista recibe apoyo técnico de especialistas jueces de otras áreas de conocimiento, podrían tener apoyo de juristas en casos complicados. Circunscribir la profesión a unos determinados estudios tiene bastante de corporativismo, con el problema de que prima la racionalidad jurídica sobre otras racionalidades, que bien podrían enriquecer la profesión. Pero además de restringir el acceso, los órganos corporativos de gobierno de los jueces son los que establecen los criterios de acceso a la función judicial, esto es, establecen cuáles son las formas en que se puede acceder (examen, práctica profesional, etc.) y en cualquier caso determinan cuáles deben ser los contenidos prácticos o teóricos de dichos requisitos. La carrera habitual de juez prima la capacidad de realización de exámenes sobre cualquier otro considerando, sin tener en cuenta que habilidades no demostrables delante de un tribunal pueden ser tan importantes como la capacidad memorística o de redacción. Muchas profesiones de prestigio y de alta responsabilidad no son seleccionadas por examen o sólo por examen, sino por el desempeño del puesto. Y, por supuesto, así debería ser también en la judicatura. El examen, con su origen en el mandarinato chino, es una forma supuestamente objetiva de selección, siempre y cuando se tuviesen en cuenta otros valores imposibles de medir con una prueba de selección. Por otra parte, la mayoría de los contenidos de las pruebas son de carácter jurídico-legal, y se podría echar en falta destreza en otras áreas de conocimiento relevantes para su función, entre ellas la de evaluar las consecuencias que para la economía, la salud o cualquier otro área relevante de la vida social puedan tener sus decisiones. Algunas sentencias, con razonamiento jurídico impecable, han arruinado sectores enteros (pensemos en las sentencias sobre hipotecas o cláusulas suelo), sin que parezca en ocasiones importarles mucho.

Es pues probable que jueces formados de forma semejante y fuertemente corporativizados no sean los mejores jueces (valga la redundancia) de sí mismos, y que tiendan a elegir entre ellos a los que mejor se adecuen a sus propios valores. Otras profesiones también relevantes no escogen a sus representantes ni a sus órganos de gobierno, y no tiene por qué pasar nada grave, salvo que se proponga que todas las profesiones lo hagan. En última instancia es un problema de responsabilidad, pues en caso de una mala praxis y de llegar el caso de un conflicto, unos jueces absolutamente independientes sería juzgados por compañeros con los que no es raro que tengan alguna relación (buena o mala) y, por tanto, su neutralidad puede verse alterada. Sería necesario algún tipo de control externo también en esta profesión. La justicia no estatal allí donde existió no tenía este tipo de problemas, pues era externa al poder político y operaba habitualmente en un marco de libre elección. En la llamada justicia de cadí, como la describe Weber, el juez usualmente era una persona altamente respetada por sus conocimientos, recto juicio, nobleza o santidad, y operaba de forma independiente al poder político, y sus veredictos eran acatados por las partes debido precisamente a su reputación de ecuanimidad. Los criterios de justicia no venían pautados por normas o procedimientos escritos, sino que se confiaba en el buen criterio del juez, que responde con el prestigio de sus sentencias De ser sus sentencias venales o parciales perdería su reputación, y con ello la propia capacidad de ejercer de juez. No dudamos que este modelo no haya estado sujeto a corruptelas o fraudes, como cualquier otra actividad comercial, pero los incentivos funcionan y mucho en contra de tales prácticas. De hecho, la propia posibilidad de escoger al juez (o bien como en el oeste americano preestatal, que cada parte escoja a uno y haya un tercer juez escogido por consenso) y que este no opere obligatoriamente de forma monopolista contribuye a mejorar la calidad de las sentencias. Es más, que el juez sea ajeno al poder estatal contribuye mucho a la limitación del poder del mismo, puesto que los agentes estatales podrían pasar por actores que estos no pueden controlar fácilmente, y de hacerlo supondría una gran pérdida de reputación para ambos. A su vez, los jueces verían limitada su discreción o su venalidad por el propio sistema de competencia que faculta a las partes a hacer uso de otros de ser menester. En el caso de crear algún tipo de órgano de control de los jueces dentro del propio aparato del Estado, sea en el Ejecutivo, sea en el legislativo, se corre el riesgo de que ese órgano se acabe subordinando a la propia legislatura y elimine lo que se pretendía establecer, el principio de una justicia independiente.

Otra cuestión que puede plantearse es como se garantizaría la ejecución de una sentencia en una supuesta sociedad de propiedad privada. Antes de analizarlo debemos tener en cuenta que incluso en una sociedad con justicia estatal no hay ninguna garantía de que las sentencias sean cumplidas, y más si afectan a alguna de las otras ramas del Gobierno. Creo recordar que el presidente Jackson de los Estados Unidos se negó a cumplir una sentencia judicial, y los jueces no pudieron hacer nada al no tener un aparato coactivo a sus servicio. Y sin llegar a este extremo es bien sabido que existen decenas de sentencias judiciales durmiendo el sueño de los justos, haciendo honor al viejo lema de los virreyes españoles de Indias, aquello de “acátese pero no se cumpla”. Si eso ya es así en una sociedad estatalizada, cabría pensar que en una sin esta cualidad la ejecución de las sentencias sería mucho más difícil. Es cierto que se podrían dar problemas, sobre todo al no estar acostumbrados a este modelo, pero en cualquier acción judicial ya partiríamos con el a priori de que no existen instituciones monopolistas que se encarguen de tal función y, por tanto, se haría necesario idearlas. De hecho, haciendo arqueología intelectual, podemos ver cómo se resolvían los conflictos judiciales en estas situaciones. Por ejemplo, en caso de que una de las partes no tenga los medios para hacer cumplir las resoluciones, algunos pueblos antiguos recurrían a la venta del derecho a alguien que sí contase con los medios de hacerlas cumplir. Algo semejante hacemos a día de hoy cuando vendemos una deuda a una agencia encargada de cobro de morosos o alquilamos sus servicios.  También pueden ser usados mecanismos diversos de exclusión social al incumplidor. Las viejas técnicas de marcado, propias de la justicia antigua, podrían ser usados en casos así usando los modernos medios informáticos. Es de prever que en una sociedad sin justicia penal estatalizada no todos los delitos se castigarían como ahora con penas de prisión, pues no todos los delitos implican igual riesgo de daño físico para el resto de la sociedad. No es lo mismo un asesino que un estafador por internet, por ejemplo, y mientras que el último podría resolver su caso con restitución o castigo pecuniario, del primero si que podría discutirse la privación de libertad. No soy penalista ni experto en ética, por lo que no me atrevo a ponderar cuáles deberían ser las penas apropiadas a cada delito. No sé si sería admisible algún tipo de trabajo forzoso para financiar la restitución del daño. No es imposible técnicamente y resolvería muchos problemas de financiación del sistema penal, por lo que el debate vendría de si es admisible éticamente o no.

Lo que sí sé es que existen muchas formas factibles de hacer justicia sin hacer uso del Estado, y más con la tecnología actual. Muchas de ellas se han usado y se usan para estos menesteres, por lo que el debate no es de factibilidad sino de legitimidad en su uso. Y por aquí debería discurrir el debate.