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Etiqueta: Pensamiento liberal

Integración, modularidad, diseño de producto y estructura de la industria

Si algo caracteriza a los sistemas productivos y a la economía en general es su complejidad. Una de las áreas a tener en cuenta a la hora de estudiar la estructura del capital de la economía y que se compagina muy bien con la teoría austriaca del capital es la llamada aplicación de la modularidad a la economía, que ha visto un importante desarrollo en la literatura del management y la organización empresarial o el diseño de producto por autores como Langlois, Christensen, Baldwin, Simon, Henderson, etc.

La teoría de la modularidad es un conjunto de principios que trata de gestionar la complejidad. Dividiendo un sistema complejo en partes que se comunican a través de conexiones estandarizadas formando una estructura, se puede gestionar un volumen de complejidad que de otro modo sería mucho más difícil. Los módulos no se comunican de cualquier manera, cada uno tiene su orientación, pues es más o menos complementario a otros módulos, y por ello forma una estructura, es decir, no es una mera lista de elementos sin relación coherente. Es algo parecido a la estructura de capital, compuesta por bienes de capital que también tienen características de complementariedad, especificidad, imperfecta divisibilidad, etc., y que también se conectan a través, por ejemplo, del sistema de precios o la empresarialidad formando una estructura coherente.

En el mercado habrá más o menos modularidad dependiendo de la estructura de capital existente. Puede verse el diseño de producto como un ejemplo en el que se observa esta mayor o menor composición modular según los recursos productivos sean organizados por los empresarios atendiendo a sus características.

Integración y modularidad en la arquitectura de producto (el caso de Apple)

Una empresa puede desarrollar un producto integrando toda la cadena de valor internamente; puede externalizar los servicios prestados por algún bien(es) de capital –o módulo(s)- subcontratando a especialistas, o bien puede directamente vender no sólo el producto terminado sino también algún componente del producto por separado.

En la mayor o menor integración en una empresa de la cadena de valor tiene un papel fundamental la capacidad de las empresas de mejorar sus productos en relación con la capacidad de los consumidores de absorber dichas mejoras. No en vano, no todos los consumidores tienen las mismas exigencias en cuanto al producto puesto que también la demanda es heterogénea. 

Durante el proceso competitivo, las empresas tratarán de mejorar sus productos para liderar el mercado. Podría decirse que aquellas que tengan estructuras que más integran el proceso de producción tendrán una ventaja competitiva frente a las que presentan una arquitectura de producto más modular. Esto podría explicarse porque las primeras podrán aprovechar las interdependencias entre las partes del proceso productivo y así alcanzar más eficientemente (prueba y error) las mejoras deseadas: ante intento de mejora es necesario conocer la respuesta de los consumidores para al mismo tiempo modificar alguna(s) pieza(s) y/o su ensamblaje (es decir, interdependencias entre el consumidor, el ensamblaje de las piezas, las propias piezas componentes del producto, etc.).

Llega un momento en que el producto en sí cubre más que de sobra la funcionalidad o prestaciones demandadas por el consumidor. Es decir, los consumidores estarán felices de adquirir esos productos continuamente mejorados pero no estarán tan dispuestos a pagar precios cada vez mayores que cubran esos avances (por ejemplo, los televisores de alta definición, HDTV). Esto no significa que los consumidores no pagarán por cualquier mejora. Una vez ya tienen la funcionalidad deseada, sólo estarán dispuestos a pagar un precio premium por aquellos productos que cumplan exactamente lo que quieren y cuando quieran.

Es en esta fase donde las estructuras más modulares tendrán su ventaja frente a las más integradas porque serán capaces de ofrecer los productos de manera más rápida, flexible y receptiva. Las empresas más modulares podrán introducir nuevos productos más rápidamente porque podrán actualizar los componentes o subsistemas (módulos) sin necesidad de rediseñar todo el proceso de diseño o productivo. Además, dada la estructura modular, estas empresas podrán combinar los componentes del producto para ofrecer al consumidor lo que quiera exactamente. Por otra parte, al ser modulares, estas empresas soportarán no sólo menos costes generales que las más integradas sino que podrán aprovecharse y ahorrarse gran parte de las inversiones en I+D. Un ejemplo de todo esto es el de Apple (como empresa que integra gran parte de la cadena de valor) frente a empresas más modulares, como Samsung, etc., pero hay más y no sólo en mercados de alta tecnología.

Por tanto, la modularidad, una teoría aplicada a diversos campos del conocimiento y que ha encontrado un interesante desarrollo en economía, en la literatura del management y la organización empresarial, y que desarrolla en cierto modo la teoría austriaca del capital, tiene un profundo impacto en la estructura de la industria, muy útil no sólo para los consumidores que se benefician de los productos, sino para inversores, managers, empresarios, académicos, etc.

Rescatemos a las personas, condenemos a las personas

Este fin de semana la representante de nuestra izquierda más caviar ha tomado un baño de multitudes y se ha puesto en contacto con lo más indignados del pueblo de acera y pancarta. Y ha acabado llorando, la pobre Beatriz Talegón. En muchas pancartas se leía: "Rescatemos a las personas, no a los bancos".

La economía y las personas

No resulta fácil hacer un análisis, ni siquiera una reflexión, medianamente clara de la situación económica que atravesamos. Los intereses políticos y los medios de comunicación tienen bastante culpa de ello.

Desde el informe FUNCAS que se agarra a los datos, a algunos datos, para desmitificar la mala situación, de manera que uno acaba pensando que somos competitivos, que no tenemos un problema de gasto público y que ya ha pasado lo peor, pasando por Luis de Guindos, que nos cuenta desde la Cumbre del G20 que España ya no es el problema, que ya "nadie" duda de la banca española y que el foco no está sobre nuestra coronilla. Pero lo cierto es que seguimos sin tener un sistema productivo diferente a la construcción, que no sea el turismo, tan frágil. Lo cierto siguen siendo los millones de parados, los ERES, el empobrecimiento, el roto de la deuda pública en el bolsillo de los españoles, y la lentitud en los resultados de las reformas del gobierno que, aunque presentadas como el rien ne va plus no tienen el calado que podrían tener.

Después del goteo de artículos alertando acerca del problema de la deuda pública en España, por periodistas económicos tan sensatos como John Müller, ahora y sólo ahora, sale en portada. "Me sorprende porque los periódicos se supone que dan noticias" comentaba el propio John Müller. Y así es. No es noticia esa cifra tan descomunal. Se veía venir de lejos. ¿Por qué ahora es portada de El País? Pues para mí es un misterio. Pero, cada vez más, una tiene la sensación de que estamos huérfanos de periodismo económico de verdad. El morbo que genera el tema de los desahucios es un buen ejemplo.

El suicidio no es responsabilidad más que del suicida

De acuerdo, salvemos a las personas, pero no podemos desmantelar la seguridad jurídica de un plumazo. Porque eso afecta a las personas presentes y futuras, al sistema en el que vivimos. Muchos pensarán que, precisamente, de lo que se trata es de desmontar el sistema. Y tal vez me lo plantee hasta yo. Pero viene a mi memoria la frase "Esto no era, esto no era…" que tantos revolucionarios cargados de buenas intenciones debieron pronunciar a lo largo de la Historia, empezando por los franceses, que fueron depurados por el Terror.

Y, sin embargo, ahí andamos jaleando y prestando voz a quienes aseguran que tras un suicidio por desahucio se esconde un asesinato. Ada Colau, la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, antigua okupa, que vive de alquiler y no ha tenido una hipoteca en su vida, va a los programas de mayor audiencia a ver si se sacan al mercado de alquiler las viviendas que son propiedad de los bancos a un precio social, si se consigue la dación en pago y si se aprueba la moratoria para los desahucios. Nada de ello soluciona el problema de los ya desahuciados, excepto si, saltándonos a la torera el orden jurídico, se implanta de forma retroactiva. Solamente la moratoria tendría cabida, porque la dación normal ya está contemplada.

Si llegamos hasta el final, con la lógica de Ada Colau, habría que pensar en quiénes son los responsables, y acabaríamos en los votantes, probablemente alguno de ellos miembros de la PAH. Si tiramos del hilo en busca de responsabilidades nos encontraremos a quienes legislaron, a quienes eligieron a los que legislaron, a los que firmaron sus contratos de hipoteca sin aceptar la dación en pago… Todos son responsables. Pero, en mi opinión, no de los suicidios, sino de la situación tan conflictiva. Detrás del suicidio hay un drama, y es una barbaridad y una falta de responsabilidad transformarlo en asesinato. Pero, claro, caldea el ambiente, da audiencia. Y porque el suicida no avisa, que hay periodistas capaces de ir a dar cuenta en directo de los últimos momentos del desesperado que no ve otra salida. 

La ley y las personas

Lo que de verdad está minando la paciencia y la cordura de los españoles y, al tiempo, está devastando la imagen y la credibilidad de España son los escándalos de corrupción. Y aquí, las personas implicadas, no solamente han cometido un acto inmoral, sino que han dado un hachazo mortal a la base de las instituciones democráticas de nuestro país. No inspira mucha confianza el mismo Ministro de Justicia. No hay partido político que se libre. No hay administración pública que no esté bajo sospecha. La Corona, instancia máxima, no solamente tiene barro en los zapatos, además tiene muy mala estrategia de comunicación.

Regeneración, dicen. Preciosa palabra, pero lo cierto, es que nadie sabe por dónde empezar, más allá de la sugerencia extemporánea de Rubalcaba de cambiar el nombre al partido para ceder soberanía a favor del partido socialista europeo. Cárcel, propongo yo. Dimisión ante cualquier duda. Sentido del pudor. Vergüenza torera, en una palabra.

¿Es el liberalismo una ideología al servicio de los empresarios?

Los enemigos de los mercados libres suelen caracterizar el liberalismo como una ideología sometida a los intereses del empresariado, sobre todo del gran empresariado. Al muy conspiranoico modo, tratan de describir el liberalismo como un conjunto de hipótesis ad hoc dirigidas todas ellas a beneficiar a la plutocracia gobernante: impuestos bajos o inexistentes, ausencia de regulaciones laborales, defensa de la propiedad de quienes ya tienen elevados patrimonios, oposición a la mal llamada legislación de defensa de la competencia, etc. Ciertamente, dando una visión muy parcial y sesgada del asunto, la hipótesis podría resultar verosímil, si bien cuando escudriñamos un poco en la realidad podemos comprobar su escaso fundamento.

Para empezar, hay que decir que el liberalismo busca descubrir aquellos principios normativos universales y simétricos que permiten que cada individuo o grupo de individuos pueda satisfacer sus fines vitales de manera voluntaria, cooperativa y mutuamente beneficiosa con otros individuos o grupos de individuos. La materialización práctica de esta saludable premisa es que las relaciones humanas han de venir coordinadas sobre la base del respeto a la propiedad privada y a los contratos voluntariamente firmados, sin que ninguna persona tenga derecho a iniciar la violencia contra la propiedad privada ajena y las cargas que convencionalmente ha asumido (incumplimiento contractual). Por consiguiente, ya desde un comienzo no puede decirse que el liberalismo esté al servicio de la clase empresarial, pues los derechos y deberes fundamentales son los mismos para todos los individuos, sean quienes sean y se hallen en la posición en la que se hallen.

Claro que, frente a lo anterior, la respuesta más común suele ser: si un liberal defiende simétricos derechos y deberes para todos es porque sabe que esa igualdad jurídica beneficia a los empresarios frente al resto de la sociedad (por el motivo que sea: por ser los más hábiles, los más listos, los más guapos o los más ricos); el marco aparentemente razonable no deja de ser un subterfugio para consolidar un régimen de explotación empresarial: no puede tratarse de igual modo a quienes son diferentes.

Demostrar que el imperio jurídico de la propiedad privada y de los contratos voluntarios es beneficioso para todos nos llevaría demasiado lejos; baste decir a este respecto que si el mercado no es un juego de suma cero –y no lo es–, todos pueden salir ganando de la cooperación social, por mucho que algunas personas (las más perspicaces) sean capaces de obtener más beneficio de esa cooperación que otras personas, pero el caso es que todas tienen el potencial de salir ganando (unas más, otras no tanto). Lo que sí me interesa en este artículo es refutar la hipótesis de que todas las propuestas liberales son, en el fondo, una mascarada dialéctica dirigida a que el empresario pueda lucrarse con impunidad.

Ya de entrada, semejante paranoia se enfrenta con un problema irresoluble: los intereses de los empresarios y de los capitalistas no son ni mucho menos homogéneos. Dentro de una misma empresa hay distintos intereses en liza (por ejemplo, el capitalista quiere que el empresario no se le desmadre y el empresario puede intentar lucrarse a costa del capitalista: es lo que se conoce como problema del agente-principal); dentro de una misma industria, dos compañías pueden competir y batallar hasta que una de ellas desaparezca (verbigracia, dos fabricantes de teléfonos móviles o de sistemas operativos); dentro de un mismo sistema económico, diferentes industrias pueden reproducir esa feroz competencia para quedarse con los consumidores de la otra (por ejemplo, empresarios que fabrican máquinas de escribir y ordenadores personales); incluso dentro de la economía global, los intereses generales de unos capitalistas pueden estar enfrentados a los de otros capitalistas (por ejemplo, cuando escuchamos que los especuladores se están cebando con las acciones o con la deuda de una empresa, es evidente que los intereses de los especuladores están absolutamente contrapuestos a los de la empresa contra la que especulan). Si los liberales tuviéramos que defender militantemente los intereses de empresarios y capitalistas, colapsaríamos víctimas de un cortocircuito esquizofrénico: exactamente, ¿los intereses de qué empresarios o capitalistas habría que defender en cada momento? Aunque fueran los del mejor postor, ese empresario no siempre tiene por qué salir ganando con el libre mercado, pero los liberales coherentes siempre defienden el libre mercado, ¿cómo conjugar eso con las variables posiciones de cada empresario dentro del mercado?

Y es que, como digo, no es ni mucho menos cierto que todos los empresarios o que todos los capitalistas salgan permanentemente beneficiados de un mercado libre y, por tanto, no todos ellos –ni siquiera una mayoría– defenderán los principios del liberalismo, o no lo harán en todo momento. En realidad, el mercado libre sólo beneficia a aquellos empresarios o capitalistas que sean capaces de invertir adecuadamente su capital para satisfacer, mejor que el resto, las cambiantes necesidades de los consumidores… y sólo mientras sigan siéndolo: se trata, pues, de un entorno bastante incierto, hostil y mutable en el que pocos empresarios se sienten permanentemente confortables. Lo que la gran mayoría de empresarios desearía es que el Estado les garantizara su acotada parcela de actividad, sus beneficios mínimos anuales y otro tipo de canonjías que les permitieran disfrutar de la vida sin quebraderos de cabeza. Si los liberales estuvieran al servicio del empresariado, sus principales reivindicaciones consistirían en exigir al Estado regulaciones y gastos que maximicen el lucro empresarial. Pero es justamente al contrario: reclaman derogar todas esas regulaciones y gastos públicos que tan lucrativos resultan para cierta casta corporativa.

Por hacer un listado no exhaustivo, la inmensa mayoría de liberales se opone a este tipo de prebendas tan del gusto de muchos empresarios acomodados:

  1. Precios garantizados, subvenciones o rescates. En un mercado libre, todas las empresas deben estar sujetas a los deseos de los consumidores. Eso implica que ningún capitalista tiene garantizadas sus rentas futuras, sino que éstas aflorarán en tanto en cuanto sigan siendo capaces de satisfacer mejor que el resto a los consumidores. Este principio, claro, no es sólo de aplicación a capitalistas y empresarios, sino a todos los agentes económicos (de ahí la muy extendida percepción de que somos esclavos del mercado); pero lo importante es que también les es aplicable a ellos. En consecuencia, los liberales se oponen a todo tipo de tretas estatistas dirigidas a burlar esta servidumbre al consumidor, como pueden serlo los precios garantizados (el Estado compra la mercancía estropeada de un empresario a precios más altos que los que están dispuestos a abonar los consumidores), las subvenciones (se obliga a los contribuyentes a sufragar un proyecto empresarial que no concuerda con sus gustos como consumidores y, por tanto, se somete a estos últimos a los caprichos del empresario) o los rescates (compañías fallidas que han destruido más riqueza de la que han sido capaces de crear y que deberían desaparecer pero a las que se les reflota en contra de los deseos últimos de los consumidores). Los empresarios gustan de precios garantizados, de subvenciones y de rescates; los liberales, no.
  2. Barreras de entrada al mercado. Si el empresario debe servir al consumidor en todo momento mejor que los demás, es evidente que su puesto dentro de la organización económica peligra cada segundo. Puede que ahora mismo no conozca de ninguna amenaza, pero eso no significa que no se esté preparando en algún garaje o en algún despacho un plan de negocios que a corto, medio o largo plazo termine destronándolo. Los empresarios que se hallan dentro del mercado adoran, por consiguiente, todo tipo de trabas y de barreras de entrada que impidan que empresarios con nuevas ideas los desbanquen. Los liberales, en cambio, se oponen a toda regulación que bloquee esa sana competencia, precisamente porque la competencia permite enterrar a los empresarios menos eficientes: ni licencias, ni reglamentaciones que impongan gravosos costes iniciales, ni concesiones exclusivas, ni siquiera patentes. De nuevo, los empresarios ya asentados adoran las restricciones a la competencia; los liberales las detestan.
  3. Aranceles y otras barreras proteccionistas. Una forma de protección contra la competencia que, por su importancia, ha adquirido entidad propia son los aranceles, las cuotas y demás barreras proteccionistas. Este armazón mercantilista blinda a las empresas nacionales de la competencia exterior, asegurando a los empresarios que se han especializado en atender al mercado interno que van a mantener su cortijo. Dado el tamaño de la economía mundial en relación con el de la economía nacional, sólo hay que pensar en la enorme desazón que siente un empresario nacional cuando, de repente, caen las barreras comerciales y se encuentra con toda una marabunta de potenciales competidores extranjeros. De ahí que muchísimos empresarios adoren el proteccionismo comercial, mientras que los liberales siempre han sido marcadamente librecambistas. Nuevamente, los empresarios van por un lado, los liberales por otro.
  4. Crédito artificialmente barato. Capitalistas y empresarios suelen tener, al menos en un comienzo, una relación pasional con el crédito barato. Muchos empresarios venden la mayor parte de sus mercancías a crédito (viviendas, grandes electrodomésticos, automóviles, etc.), de modo que, a más crédito, más ventas. Asimismo, para montar una empresa, o para multiplicar sus rendimientos, es necesario capital, y una forma de obtener ese capital de manera asequible es con un volumen de crédito artificialmente abaratado. A su vez, los empresarios proveedores de ese crédito artificialmente barato y abundante –los banqueros– también obtienen plusvalías extraordinarias por su mayor volumen de negocio. Por tanto, casi todos los empresarios están encantados con las expansiones crediticias derivadas de la privilegiada situación de los bancos. Por el contrario, los liberales rechazan las manipulaciones inflacionistas del crédito e incluso llegan a proponer para evitarlas el abandono de la moneda fiduciaria y el cierre de esos monopolios estatales llamados bancos centrales que tanto convienen y benefician a los bancos privados. Otro punto donde empresarios y liberales chocan de frente.
  5. Planes de estímulo y obra pública. Una posible derivada de las expansiones crediticias es el endeudamiento estatal dirigido a acometer todo tipo de proyectos disparatados, como puede ser la obra pública megalómana. Muchas empresas están encantadas con tales planes de estímulo por cuanto incrementan sus ingresos (sobre todo, las que son directamente beneficiarias de los contratos estatales, pero también aquellas que salen ganando por el estímulo temporal del gasto agregado). De hecho, tales estímulos no son más que una forma de subvención y, como todas las subvenciones, son rechazados frontalmente por los liberales. Otro ejemplo de no coincidencia de pareceres entre unos y otros.

En suma, que los liberales defiendan un marco jurídico donde los mejores empresarios puedan prosperar y enriquecerse no significa que estén a su servicio, pues también es un marco donde los malos empresarios –sin las redes y los privilegios estatales– están condenados a fracasar y arruinarse; y sucede que los empresarios exitosos de hoy pueden ser los fracasados de mañana. Si los liberales defienden ese marco es porque es el marco óptimo para que todos satisfagan sus necesidades: pues los mejores empresarios se enriquecen sólo después de haber generado mucho valor para los consumidores. La realidad, pues, es más bien la opuesta: son los antiliberales intervencionistas quienes recurren a todo tipo de argucias estatistas para socavar la soberanía del consumidor y, consciente o inconscientemente, llenar los bolsillos de los cuatro empresarios afines al régimen.

Los peculiares compañeros de viaje del nacionalismo escocés

Que Reino Unido ha sido siempre un socio incómodo en la Unión Europea es un fenómeno que no admite discusión. Desde la negativa inicial a tomar parte en la CECA a las históricas dialécticas con motivo del Tratado de Maastricht, pasando por el famoso give my money back de Thatcher en los años 80. Simplemente son algunos ejemplos que ilustran la tesis.

El liderazgo de David Camerón no ha variado ni un ápice esta línea euro-escéptica. Por el contrario, paso a paso la ha incrementado. Consecuentemente, la convocatoria de un referendo de permanencia frente a abandono, siempre y cuando gane las elecciones de 2015, supone una muestra más.

Mayor importancia va a tener la consulta doméstica a celebrar en 2014, donde se decidirá la nada baladí cuestión de si Escocia se separa o no del Reino Unido. A día de hoy, es poco probable que triunfen los postulados del Scottish National Party (SNP), aunque su líder (y First Minister de Escocia), Alex Salmond, lleva haciendo campaña casi desde el momento en que ganó las elecciones (escocesas) por mayoría absoluta (mayo de 2010).

¿Está sólo Alex Salmond en la empresa independentista? Bien podría decirse que sí a tenor de sus recurrentes apariciones en los medios. Sin embargo, aunque es cierto que el SNP es el abanderado de la creación de un Estado escocés independiente, no es el único. En efecto, cuenta con algunos aliados que, aunque minoritarios, tienen un discurso tan peligroso como beligerante. El principal de ellos el Scottish Socialist Party (SSP), formación que se ha sumado a la cruzada pro independencia, con un mensaje que en las formas y en el fondo provoca incertidumbre, como sinónimo de miedo.

Así, el SSP es un partido que bebe en las fuentes de la ultraizquierda más rancia y reaccionaria, al que la plataforma creada por el SNP, YES SCOTLAND le otorga un buen altavoz para hacer llegar sus soflamas incendiarias, algo que de otro modo no podría hacer, puesto que carece de representación en el Parlamento de Edimburgo. En su día, tras las elecciones de 2003, la tuvo, pero el comportamiento antisistema de sus miembros, unido a la renovación del programa del SNP, hizo que la perdieran en 2007.

La independencia es percibida por los socialistas escoceses no como un fin, sino como un medio de cara a una meta mayor: la transformación de la sociedad capitalista en una socialista. A partir de ahí no es difícil imaginar los mantras que elaboran, en función de los cuales culpabilizan al gobierno británico de todos los males no sólo domésticos, sino internacionales también, obviamente junto con Estados Unidos.

Pancarterismo en su máxima esencia es lo que mejor de define el comportamiento del SSP. Apelaciones a la guerra de Irak, a la destrucción medioambiental, a (supuestas) violaciones de derechos de las minorías, colonización de Escocia por Inglaterra o ejercicio de la opresión por parte de Londres… son, bajo su punto de vista, realidades de las que es responsable el statu quo del cual el gobierno de coalición Cameron-Clegg sería simplemente un exponente más.

Esta visión radical es probable que choque con los planteamientos más moderados del SNP, lo que en última instancia minará las posibilidades de éxito Salmond y los suyos. De hecho, en unas declaraciones no excesivamente antiguas (agosto de 2011), el socialista Campbell Martin (otrora miembro destacado del SNP) afirmaba que el actual escenario político escocés era controlado por partidos de derechas, añadiendo que un gobierno del SNP en una Escocia independiente no sería diferente al de tories y laboristas.

Quizás, la mayor coincidencia entre ambos partidos radica en el significado utópico que conceden a la independencia. Ambos la conciben como el fin de los recortes y de los especuladores. Sin embargo, esta edulcorada visión carece de realismo, pues convierte a Escocia en una suerte de arcadia feliz, alejada de la realidad.

En definitiva, el SSP es un compañero de viaje problemático para los nacionalistas del SNP cuyo proyecto político, particularmente en lo que a las repercusiones jurídicas se refiere, presenta actualmente más interrogantes que realidades.

Libertad económica vs. corrupción en Canarias

Canarias, al igual que todo el territorio nacional, es un lugar con innumerables casos de corrupción. Faycán, Las Teresitas, Unión, Eólico, Brisam, Góndola o Arona, entro otros, son los nombres con los que son conocidos los procedimientos judiciales abiertos en las islas, y todos ellos se han producido por el mismo denominador común: la ausencia de libertad económica y el exceso de poder político.

La corrupción es un claro indicador de ausencia de libertad, profusión de leyes inútiles que impiden el desarrollo económico o existencia de importantes cantidades de dinero público cuyo pago ha sido abusivamente exigido a los ciudadanos.

Por ello, si observamos los casos de corrupción de Canarias, veremos que no se han dado en mercados poco regulados, como el de los juguetes o el textil, sino en los más intervenidos, como podrían ser el de urbanismo o el energético.

El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente, como explicó Lord Acton. Por esta razón, esta práctica consistente en la utilización de las funciones y medios públicos en provecho económico de sus gestores no se arregla con más leyes o regulaciones, pues eso la estimula, sino con más libertad y, por lo tanto, con menos poder político.

Pero esto es algo que los gobernantes canarios lamentablemente ni se plantean, si no lean la última entrada del ocurrente blog de Paulino Rivero, donde nos dice que necesitamos una «reforma constitucional que implique una profundización del autogobierno de las comunidades autónomas», es decir, que lo que necesitamos es más poder para él y su tropa y no más libertad o autogobierno de los canarios.

Los límites de los que ansían gobernarnos son cruciales, no sólo para la libertad de sus súbditos, sino también para extremar su honradez, como siempre dice mi amigo y maestro Carlos Rodríguez Braun. Pero esto es algo que no parecen entender el presidente del Gobierno de Canarias ni la gran mayoría de los políticos.

Si los trámites para la concesión de una licencia para abrir un local al público, empezar una reforma en nuestra casa o empezar cualquier otro negocio fuesen sencillos y breves, ningún político o burócrata podría pedir a los ciudadanos dinero para agilizar o conceder dicha licencia. De igual forma, se reducirían los escandalosos casos de apropiación o de reparto entre amigos de caudales públicos si estos fueran más reducidos.

Si realmente queremos acabar con la corrupción de nuestra sociedad se deben eliminar las innecesarias y excesivas regulaciones que los políticos han creado para controlarlo todo y reducir las ingentes cantidades de dinero exigidas a los ciudadanos, para que así haya un poder público limitado y una mayor libertad de los canarios.

Google y la extorsión francesa

A los liberales nos miran raro cuando recordamos que los impuestos son dinero que nos quitan a punta de pistola. ¿Que no llama la Policía a tu puerta si olvidas accidentalmente rellenar el formulario H-3134-A correspondiente? Ya, bueno. Pero acabarás recibiendo requerimientos y terminarán llegándote papeles de un juzgado; y si sigues ignorándolos entonces quizá sí que te encuentres con unos señores uniformados en la puerta. No te apuntarán ni les hará falta hacerlo, pero tendrán las armas en el cinto. Y como lo sabes, no olvidas accidentalmente apoquinar.

Pero como a muchos nos han enseñado de pequeñitos lo bueno y solidario que es pagar los impuestos, que no tienen ese nombre por casualidad, a veces es conveniente ver esa extorsión mafiosa en otro contexto para contemplarla como lo que es. Un buen ejemplo es el culebrón de Google en Francia. Resulta que los diarios galos dijeron sentirse descontentos con los miles de millones de páginas vistas –con sus anuncios incluidos– que disfrutan gracias al tráfico que les envía Google a través de sus buscadores, el normal y el específico para noticias. Seamos claros: en realidad, la situación no les parecía mal. Si así fuera habrían seguido el ejemplo de sus homólogos brasileños e impedido a Google indexar sus páginas; es lo que los economistas llaman preferencias reveladas, y que traducido de la jerga significa que no son tus palabras las que dicen lo que quieres sino tus actos.

La prensa gala decidió que, además de los ingresos que traían bajo el brazo los visitantes provenientes de Google, querían que la multinacional norteamericana –y por tanto malvada por definición– les pagara una mordida por publicar titulares y extractos de sus diarios en los resultados de las búsquedas. Naturalmente, los periódicos franceses no son exactamente una fuerza a tener demasiado en cuenta por una empresa global, por más que, siendo periodistas y franceses, seguramente ellos sí lo crean así. Así que llamaron a Papá Estado para que obligara a Google a pagarles por su propio bien. Hollande, socialista y encima francés –que ya se sabe lo picados que están con eso de que internet sea un invento principalmente yanqui–, no se hizo de rogar. Clamó contra la empresa de Page y Brin y la amenazó con imponerles un impuesto que no dudó en calificar públicamente de "tasa Google", lo que deja a las claras su carácter de robo a mano armada a una víctima específica.

Estando el Gobierno francés dispuesto a hacer daño… y un volumen de negocio de 1.000 millones de euros anuales en juego, Google ha decidido ceder y pagar voluntariamente –usted ya me entiende– unos 60 millones de euros a la prensa gala. Lo ha hecho a su manera, eso sí. En primer lugar, dejando claro que no es una compensación por enlazar a los periódicos, pero también combinando el pago con la obligación de que estos diarios coloquen en sus ediciones online anuncios de Google, para recuperar al menos parte de ese dinero. No sé ustedes, pero yo no acabo de ver muchas diferencias entre este serial que acabo de resumirles y pagar a una mafia para no sufrir un accidente relacionado con pequeños objetos puntiagudos de metal extrañamente empeñados en introducirse en el cuerpo de uno.

El principal problema para Google no es tanto este acuerdo como el incentivo que supone para otros periodistas y otros políticos en otras latitudes. La pequeña pérdida que puede sufrir por este acuerdo se convertiría en una gran suma si empiezan a sumarse otros países a la extorsión al estilo francés. Es lo malo del chantaje: cuando empiezas a pagarlo, ya tienes que hacerlo siempre.

Del justiciero al héroe y otros animales cinematográficos (I)

Posiblemente, el sentido de la justicia es uno de los valores más profundos del ser humano. Sin embargo, y aunque cada uno podemos tener más o menos claro lo que es justo o injusto, es posible que dos personas cualesquiera no coincidan en determinar si una situación lo es. Y todo ello sin entrar necesariamente en su legalidad o ilegalidad, su legitimidad o ilegitimidad, o si responde a lo que se ha llamado justicia social.

La justicia es tan importante que la filosofía, la religión y hasta las artes le han dedicado tiempo y trabajo: los parias de la tierra encontrarán paraísos futuros donde verán saciadas sus materiales reivindicaciones, las víctimas de las injusticias verán cómo el karma les venga, los cristianos, cómo en el Juicio Final, cada uno obtendrá lo que ha sembrado durante su vida física. La víctima busca el consuelo que los acontecimientos inmediatos no le dan, y algunas veces lo hace creando, observando o zambulléndose en la vida de personajes imaginarios que satisfacen tal necesidad, aunque no sea el suyo el entuerto a desfacer.

En el cine, el justiciero es casi un subgénero: es el detective que investiga cierto asesinato para consolar a las víctimas, es el policía que busca la verdad sobre el delito, es el forastero que, llegando al pueblo, termina con el clima de injusticia en el que viven sus habitantes, es el que aplasta al poderoso para salvar al humilde, o cualquier personaje que, sin comerlo ni beberlo, se vea envuelto en una historia que los guionistas pergeñan.

El séptimo arte es diferente, en cierto sentido, a casi todos los demás: no es individual. En él, no sólo ponen su creatividad actores y directores, sino que los guionistas, productores, técnicos de luz y fotografía, los de efectos especiales, los de vestuario, maquillaje y, por supuesto, el montador final del film aportan su granito de arena, y cada uno de ellos intenta, en la medida de lo posible, dejar su huella. Hace unos años, incluso se puso de moda montar las películas de manera diferente a la original, añadiendo o quitando escenas que terminaban dando un sentido distinto al de la copia inicialmente comercializada. Y el cine, como el resto de las artes, es hijo de su tiempo, y la visión de estas obras colectivas se adapta al entorno, al marco social en el que se gesta.

El justiciero del cine del que voy a partir es un personaje con una fuerte personalidad que, ante una situación de injusticia, en la que puede o no ser víctima, se implica hasta su resolución. Puede o no trabajar para alguna organización privada o gubernamental, o hacerlo a título privado. Y lo voy a hacer analizando cómo evoluciona en dos épocas consecutivas, donde el marco social y político cambió de manera espectacular.

La década de los 70 fue una época gris en la que todo lo establecido parecía tambalearse, sobre todo a partir de la Crisis del Petróleo, que siguió a la Guerra del Yom Kipur. En Occidente, muchos analistas y algunos gobiernos daban por fenecida la democracia tal como se había conocido y apuntaban al casi inevitable triunfo de la Unión Soviética y su comunismo. El acuerdo era inevitable para sobrevivir. El Club de Roma había vaticinado el fin de las materias primas, una desaceleración económica y una recesión mundial incluso más profunda. El bloque soviético estaba peor en lo esencial, pero esa información no estaba en poder de gobiernos y analistas, o si estaba, no se creía verosímil. Socialmente, se estaba viviendo una serie de fenómenos que daban señales en esta línea: el incremento de la corrupción política, la inestabilidad social y la extensión de la delincuencia parecían dar la razón a aquéllos que pensaban que el capitalismo que había resurgido tras la Segunda Guerra Mundial estaba en las últimas.

El cine social de los años 70 es moralmente pesimista. Los argumentos en los que se desenvolvían nuestros justicieros se podían resumir en unas pocas líneas: los poderosos hacían y deshacían a su propio beneficio, los que habían trabajado para el sistema ahora no eran reconocidos, y los que vivían del mismo habían perdido esos servicios, esos derechos que se merecían y se habían ganado.

No es pues extraño que el justiciero de esta época fuera igual de gris, un personaje desesperanzado, que actuaba por despecho en ocasiones, por un sentido de la moral quizá un poco retorcido y que, en ocasiones, ni siquiera él mismo tenía un final agradable. La violencia en las películas de los años 70 fue más cruda que la de décadas posteriores y la manera de resolver las situaciones, mucho más contundente.

Harry Callahan, teniente del departamento de homicidios de la policía de San Francisco, fue el personaje que terminó de aupar al estrellato a Clint Eastwood en "Harry, el sucio" (1971) y que interpretaría hasta en cinco ocasiones durante las décadas de los 70 y los 80. Duro con los delincuentes, su frase "alégrame el día" es una de las más famosas de la historia del cine, pero también con sus superiores, con los que no se lleva nada bien, ya que sus métodos, rudos con unos y otros, perjudican la imagen del departamento policial, más preocupado en la política que en resolver los problemas de los ciudadanos. Para terminar con sus excesos, lo terminan reasignando a otros departamentos, pero eso no impedirá a Harry descubrir a una banda de policías corruptos que han perdido el norte y, pese a usar algunos de los métodos del propio Callahan, ya no saben distinguir entre buenos y malos: "Harry, El Fuerte" (1973).

Harry "el sucio" es el paradigma del que, trabajando para el sistema, sabe que todo lo que hay alrededor, incluso sus compañeros, forman parte de la misma sociedad corrupta, pero también que no puede rendirse y caer en el mismo infierno que ellos. Es significativo, que en la primera película termine lanzando su placa al río, como rechazando todo aquello por lo que ha estado luchado.

En una línea parecida, Charles Bronson interpretaría en cinco ocasiones a Paul Kersey, personaje que nace en la película de 1974 "El justiciero de la ciudad". Este justiciero se enfrenta a los mafiosos después de que su mujer y su hija murieran a manos de los delincuentes y observara con desesperación cómo la policía de Nueva York se desentendía del caso. Kersey sale a cazar, a realizar el papel que se suponía que debía haber realizado la policía y la justicia civil. Kersey denuncia de esta manera la quiebra del sistema, quiebra que de alguna manera el sistema reconoce cuando en la segunda película en la que interpreta a este personaje, "Yo soy la justicia" (1982), un comisario de Los Ángeles le ofrece que siga haciendo lo mismo que hizo en Nueva York.

Pero quizá el justiciero más extraño y reivindicativo de todos es el que interpretaría Robert De Niro en "Taxi Driver" en 1976. Travis Bickle es un veterano de Vietnam, sociópata, enamorado del personaje que interpreta la actriz Cybill Shepherd, que debido a su insomnio se hace taxista nocturno, asiste las salas X y observa cómo la delincuencia se ha apropiado de Nueva York. Como un solitario Don Quijote, decide enfrentarse él solo a toda esa sordidez que le rodea. Bickle es un veterano militar, pero también un excluido social, y eso nos lleva a otro de los pilares del cine "social" de los años 70. Dentro de esa sensación de derrota que plaga esta época, se enmarca un nuevo personaje que tendría continuidad hasta los años 80, el soldado de Vietnam.

Vietnam fue una guerra maldita para los estadounidenses. Después de las victorias de la Segunda Guerra Mundial y de Corea, la vietnamita fue la primera gran derrota del gigante militar y una muestra más para muchos de que la democracia occidental se estaba viniendo abajo. La idea que seguramente tenemos de la guerra es la que nos ha creado el cine: la de un conflicto bélico donde el joven americano iba a batallar por sus políticos, pero no por su forma de vida, una guerra en la que el soldado volvía marcado emocionalmente, triste, deprimido, afectado por el síndrome postraumático, en muchos casos con adicción a alguna droga, o con alguna enfermedad venérea, propia del ambiente disoluto y corrupto en el que había vivido, incluso con algún hijo de alguna de las prostitutas con las que se había acostado. La visión de las matanzas y barbaridades que ha visto, raramente las que ha realizado el enemigo, está en la base de su estado, situación que se agravaba cuando a la vuelta veía cómo su familia, sus vecinos y, en general, la sociedad, le rechazaban. Películas como "Apocalypse Now" (1979), "El Cazador" (1978) o "El Regreso" (1978), e incluso el musical "Hair" (1979), nos muestran todos estos aspectos, aunque de alguna manera, las críticas más fuertes vinieran unos años después de la mano de otros directores como Oliver Stone, aunque creo que por diferentes motivos.

John Rambo es un personaje de transición. Interpretado por Silvester Stallone por primera vez en 1982, este ex boina verde se dirige a visitar a un amigo suyo, también veterano de Vietnam, para descubrir que ha muerto por las secuelas de la guerra. Acusado de vagabundo, es detenido por las autoridades locales y encerrado en la cárcel, de la que no tarda en escapar. Perseguido por los policías y rechazado por la población, usa las artes aprendidas durante la guerra para librarse de todos los que le buscan, en una especie de remake de "La Jauría Humana" (1966). Sin embargo, algo varía con respecto a otras películas. El coronel Samuel Trautman, su coronel, consigue salvarlo en el último momento y aprovechar su potencial para hacer lo que mejor sabe hacer, liberar a otros soldados americanos de las garras del Vietcong, labor a la que se dedicaría en otras películas. De alguna manera, Rambo se da cuenta de que el sistema puede ayudar a remediar los problemas, y pasa de ser un justiciero solitario y opuesto a él a colaborar con él, aunque no siempre sea fácil. No sería el único.

En la película de 1983, "Los Jueces de la Ley", el personaje interpretado por Michael Douglas, Steven R. Hardin, se aliaba con un grupo de jueces que habían creado una organización para que los delincuentes no se escaparan por los agujeros que dejaba una ley demasiado indulgente con ellos e insensible con las víctimas. Sin embargo, pronto descubre que en el fondo es una organización criminal, que mata a quien sea necesario cuando se ve amenazada. Tras comprender lo que realmente estaba pasando, Steven lucha contra este grupo hasta derrotarlo, porque, en el fondo, eran ellos los equivocados. Y es que en los 80, el sistema empieza a funcionar y se da cuenta de que tiene un deber para con los ciudadanos, al menos desde el punto de vista de la industria de Hollywood.

De “Messi o Cristiano” y otros debates

Es uno de los grandes debates presentes en la sociedad española. Se habla de ello en los cafés, en las tertulias televisivas, en el lugar de trabajo… ¿Quién es el auténtico "Número Uno"? ¿Quién es el mejor futbolista del momento? Sin duda, estamos hablando de dos auténticas superestrellas, dos superdotados para el deporte rey, dos jugadores que están haciendo historia. 

Tanto los récords de Leo Messi como los de Cristiano Ronaldo marean. 300 goles uno, tres balones de oro otro, ligas, copas. Dos estilos diferentes pero imparables y superefectivos.

Y el debate está totalmente abierto. Unos dicen que, sin Iniesta y Xavi, la Pulga no sería lo mismo, otros dicen que sin el modelo "Mou" basado en CR7, el portugués tampoco sería lo que es…

Pero lo que es indudable es que es muy difícil ser imparcial en este debate. Los culés siempre valorarán más al genio argentino, los merengues al "crack" de las Azores. Y viendo las portadas del Marca y de El Sport veremos que la prensa deportiva, dependiendo de su mercado mayoritario, tiene clara la postura editorial…

Los colores tiran, y mucho. El alma forofa, tribal que todo español lleva dentro hace que tanto en Barcelona como en Madrid, así como en el resto de España, dividida en "antimadridistas" y "antibarcelonistas", el debate razonado, fundamentado y con un mínimo de objetividad se hace imposible. Pero en fin, "fúrbol es fúrbol", como lo definió perfectamente Vujadin Voskov.

Pero, curiosamente, hay otra gran cuestión en la sociedad española que es abordada desde esa misma mentalidad futbolera, tribal, en plan "los nuestros contra los otros", otra pregunta que se plantea en bares, en reuniones familiares, en cenas de amigos…

Me refiero al gran debate sobre de la corrupción política: el ¿quién "trinca" más? ¿El PP o el PSOE? Sin duda, y al igual que en el caso de lo que las superestrellas antes mencionadas hacen sobre el terreno de juego, estamos hablando de dos organizaciones que, cada una con su estilo, han llevado el arte del mangoneo de lo público a elevadísimas cotas, a niveles de auténticos "megacracks" del asalto al bolsillo del contribuyente, que hasta hace unos años considerábamos exclusivos de repúblicas bananeras, o centroasiáticas.

(Y permita el lector que en este debate de aquí no incluya a grandísimos jugadores como Falcao o el Kun, pero, al igual que CIU y sus cuentas suizas o lU y sus mariscadas, palidecen ante los dos grandes de sus campos respectivos…).

Así, el PP tiene a su Bárcenas repartiendo sobres, el PSOE a Pepiño pululando por las "gasolineiras", el PP "la Trama Gurtel", el PSOE a Amy Martín…

Está el amigo Camps en Valencia, el "clan" Chávez en Andalucía, el aeropuerto de Castellón (PP), el de Ciudad Real (PSOE), ERES fraudulentos, alcaldes imputados, velódromos en Palma de Mallorca… Las cifras también son mareantes y, debido a que prefiero evitarle arcadas al lector incluyendo una lista exhaustiva, recomiendo a aquellos con estómago que consulten, por ejemplo, WIKIPEDIA, Corrupción en España.

Sin duda, un observador imparcial podría hablar de un empate técnico, de un número 1 ex aequo. Pero, ¡ay, amigo!, estamos en España… y aquí, repito, los "colores" tiran.

Nota del Autor: Hablando de fútbol, soy de los San Francisco 49ers y si hablamos de política y democracia, también mi modelo está al otro lado del charco…

El No-Do que desangra a los canarios

El pasado domingo le preguntaban en un diario local al consejero de Economía y Hacienda, Javier González, si en algún momento el gobierno regional había puesto sobre la mesa suprimir Radiotelevisión Canaria. La respuesta fue “No. Lo que hemos hecho es recortar”. Además, justificó dicha decisión en que “es el medio que tienen los canarios para estar informados”.

El señor González, como todos aquellos que ostentan el poder, no ha dudado en usar el argumento por el cual se nos asusta y nos dice que sin televisión pública no estaríamos informados. Curiosa afirmación, como poco, dado que Radiotelevisión Canaria sólo cuenta con un 9,1% de la audiencia.

Pero vamos a suponer que la audiencia fuera mayor ¿esto justificaría que fuera un ente público? Sabemos que si a la sociedad le interesa algo siempre hay un empresario dispuesto a jugarse su capital para proporcionárselo a través del mercado.

Es decir, si los canarios estuvieran interesados en los contenidos de RTVC, ésta existiría sin necesidad de que fuera pública y que todos los canarios, la vieran o no, tuvieran que pagar por ella.

Entonces se preguntarán ustedes, por qué no la privatizan. Desgraciadamente, las privatizaciones en nuestro país, al igual que las escasas bajadas de impuestos, no se han hecho para reducir el gasto o por creer en la libertad de los distintos individuos que conforman nuestra sociedad, sino para aumentar los ingresos.

En los años 80 se privatizaron empresas públicas de telefonía, electricidad o aeronavegación entre otras, pero no se hizo ni por amor a la libertad ni por reducir el gasto, sino para todo lo contrario.

Se hizo para aumentar el bienestar del Estado y lograr mayores ingresos vía tributaria para así poder incrementar el gasto público. Ése, y no otro, fue el principal incentivo de los gobiernos para privatizar empresas.

Sin embargo, nuestros gobernantes no tienen ningún incentivo con las televisiones públicas, pues saben que su privatización no va a producir más ingresos y que perderían el principal órgano de propaganda que tienen y que les pagamos todos los canarios de nuestros bolsillos.

Esa y no otra es la razón por la que no oímos a nuestros políticos decir que quieren cerrar Radiotelevisión Canaria. Por ello, estimo que a la pregunta del periodista don Javier González tenía que haber respondido: “No, vamos a seguir gastando en 2013 más de 33 millones de euros, aproximadamente lo mismo que en 2012 y 2011, pues el Gobierno no se puede permitir perder su principal órgano de propaganda, aunque para ello tengamos que seguir desangrando a impuestos a los canarios”.

La defensa de lo indefendible y sus agujeros (I)

Es habitual defender el liberalismo solamente desde el punto de vista de la economía, como una ideología acertada según algún criterio utilitarista como el crecimiento de la actividad económica, los ingresos y la riqueza. Es menos frecuente promover la libertad en ámbitos que tienen un fuerte contenido moral o ético, especialmente si la exquisita sensibilidad de las personas, pobrecillos, puede verse afectada al tratar temas delicados y problemáticos de forma rigurosa, radical y consecuente, sin pelos en la lengua, sin eufemismos y llamando a las cosas por su nombre.

Hay aspectos de la realidad, cargados de tabús y prejuicios aparentemente inmutables, sobre los que resulta difícil pensar y argumentar sin dejarse llevar por intuiciones morales que a menudo están injustificadas, son arbitrarias o falaces, o se utilizan de forma deshonesta e hipócrita. A la gente le preocupa su imagen, su popularidad, su reputación como persona de bien, su estatus social: no quiere meterse en líos defendiendo cosas que los demás critican; vamos a llevarnos bien, repitamos de forma acrítica los tópicos propios de nuestro grupo o cultura, rechacemos el mal y apoyemos el bien según los entienda la mayoría.

Los individuos actúan según sus preferencias e intereses. Una posible acción es la promoción o imposición de normas imperativas sobre la conducta de los agentes para conseguir, mediante la coacción estatal institucionalizada, que se produzca lo que a uno le gusta, y que desaparezca, al menos en teoría, lo que le disgusta. Es un uso intolerante de la legislación como herramienta de ingeniería social para promover los valores de unos a costa de los valores de otros. Naturalmente, la intervención no se justifica así: se pretende que es por el bien de los afectados, o al menos de la mayoría de la población; o todo el mundo sabe que eso está mal (las drogas, la prostitución, los beneficios excesivos, las condiciones de trabajo indignas, etc.).

La auténtica promoción de la libertad consiste en defender que todo el mundo tiene derecho a hacer cosas que pueden no gustarme, pero que yo no puedo legítimamente prohibirlas porque son actividades que no suponen una agresión contra nadie: no hay víctimas, no hay violencia, no hay fraude ni estafa, no hay perjuicios claros y directos. No se trata de robos, secuestros, violaciones, asesinatos o daños en general contra las personas y sus posesiones. Tampoco son incumplimientos de contratos ni abusos de bienes comunes.

Puede haber personas que declaren verse negativamente afectadas por ciertos actos, interacciones o relaciones de otros. Pero esa sensibilidad no les da derecho a entrometerse en las vidas ajenas. Si así fuera, todo el mundo podría interferir permanentemente en todos los asuntos de todos los demás simplemente mostrando su oposición, lo cual haría la vida imposible. Por eso existe el derecho de propiedad como único derecho humano fundamental, como única norma universal, simétrica y funcional que permite evitar, minimizar o resolver conflictos: el propietario es quien legítimamente controla y decide sobre el uso de sus bienes; sólo las preferencias del dueño legítimo son éticamente relevantes; los demás pueden opinar y valorar lo que quieran, pero no tienen derecho a interferir mientras se respete su libertad y su propiedad.

Walter Block escribió en 1976 Defendiendo lo indefendible, libro recientemente traducido y publicado en español. Se trata de una obra que no profundiza en una justificación teórica de la ética de la libertad sino que se concentra en sus aplicaciones prácticas y aplicadas más difíciles, defendiendo como héroes a aquellos que no actúan violentamente contra nadie y sin embargo son víctimas de la opresión legal y el estigma social: algunas actividades, que pueden incluso ser profesiones, son despreciadas, consideradas inmorales, juzgadas como cosas objetivamente malas; no sólo son rechazables, o sea que se pueden rechazar; muchos insisten en que se deben rechazar, que son inaceptables.

El estigma social contra ciertos cabezas de turco o chivos expiatorios es algo que un liberal puede criticar pero difícilmente puede pretender prohibir: si los miembros de una sociedad quieren rechazar algo, allá ellos, se trata de sus vidas, sus creencias, sus opiniones, sus preferencias. Sin embargo la coacción legal es algo diferente, porque se trata del uso de la violencia organizada en contra de la propiedad privada y de la libertad de contratación voluntaria entre las partes.

Defendiendo lo indefendible es un libro valiente que explora ideas radicales y extremas que pueden resultar incómodas para muchos. Se trata de una obra muy recomendable que pondrá a prueba la consistencia intelectual y los principios liberales del lector. Tiene ciertas limitaciones, como el hecho de que se concentra en figuras típicas de la sociedad y la economía norteamericanas de hace varias décadas que quizás no son tan relevantes o comprensibles en otros lugares y en el momento presente.

Es una obra que también tiene carencias o errores, y en algún caso son relativamente importantes. Y si uno quiere defender posturas polémicas y que muchos van a considerar extremas e inadecuadas, conviene hacerlo con sumo cuidado y argumentando con consistencia.

Walter Block asegura que en la práctica estos héroes políticamente incorrectos benefician a la sociedad. Pero el hecho de que los participantes en un intercambio libre se beneficien subjetivamente a título individual, al menos a priori, no implica que el resto de la sociedad también valore positivamente su interacción. Y de hecho la oposición generalizada puede ser una muestra de que no es así. La acción demuestra las preferencias de los agentes directamente involucrados, pero los observadores pueden preferir que esas acciones o intercambios no se produzcan. La prohibición daña con seguridad a quienes libremente llevarían a cabo esas actividades, pero no necesariamente a todos los demás. Prohibir ciertos actos puede resultar perjudicial para muchos, o no, según las circunstancias, dependiendo de si se prohíben suficientemente bien o si surgen mercados negros y víctimas colaterales (como en la guerra contra las drogas).

Según Block el liberalismo condena solamente la iniciación de la violencia, y aquí conviene matizar: también condena actos no físicamente violentos contra la propiedad como los hurtos, y muy especialmente el incumplimiento de los contratos voluntariamente pactados. Y tal vez haya actos para los cuales la noción de violencia sea excesiva, pero pueden producir daños difusos a terceros (contaminación, externalidades negativas difusas).

Para el autor el mercado produce algunos bienes que son inmorales, o el mercado debe ser visto como amoral (ni moral ni inmoral): pero no define qué es la moralidad, o la virtud, qué normas o valoraciones implica, si es algo universal y objetivo y por qué algo concreto es inmoral. Block llega incluso a referirse a fines buenos y malos, como si olvidara que los bienes no tienen valores intrínsecos sino que las preferencias son siempre subjetivas y relativas.

Una carencia importante de esta obra es explorar por qué ciertos actos libres son mayoritariamente rechazados y generan repulsa. La psicología evolucionista puede explicar estos fenómenos como resultado de un conocimiento económico intuitivo defectuoso, por tendencias o instintos típicos de individuos en grupos pequeños que no son funcionales o adaptativos en sociedades extensas, y como señales de conformidad, pertenencia, lealtad o estatus en relación con un grupo.

Según Block el uso de la fuerza sólo está justificado para la defensa, como represalia, o para establecer la justicia como respuesta a una agresión previa. Olvida dos casos fundamentales: para exigir el cumplimiento de lo pactado en un contrato (que no son meras transferencias de derechos de propiedad sino generadores de normas prácticas concretas cuyo cumplimiento es exigible mediante la fuerza), y para garantizar el cumplimiento de las normas de uso de ciertos bienes comunes (como los espacios públicos) y evitar su abuso por parte de algunos.

Sobre la prostituta Block afirma que es un tipo de interacción en la cual todos los seres humanos participan, porque en realidad nadie da nada gratis, siempre se espera algo a cambio. Pero la moderna economía conductual muestra que los agentes interpretan de modos muy diferentes las relaciones amistosas personales, en las cuales se intercambian informalmente favores, y las relaciones comerciales impersonales en las que los afectos no son relevantes. A la prostituta se le paga no sólo para practicar el sexo, sino para que se marche después y no pretenda establecer una relación amorosa. La prostitución es una profesión, pero no es como cualquier profesión.

Respecto al machista o cerdo chauvinista, el libro está escrito en un momento y sobre un país muy diferentes de lo actual: hoy día los tribunales suelen tomarse muy en serio las acusaciones de violación; en algunos países el cliente masculino de una prostituta puede ser arrestado; ya no hay por lo general las restricciones a mujeres casadas respecto de sus maridos. Hoy es frecuente la discriminación positiva a favor de la mujer y la lucha generalizada contra el sexismo y contra el acoso sexual.

Block trata de un plumazo el tema del aborto (la mujer es dueña de su útero), que es un asunto enormemente complejo. También trata muy por encima el tema de ciertos bienes comunes como las calles, plazas y parques. Menciona que lo controlado por el gobierno es propiedad robada, y esto no es necesariamente el caso.

Los liberales critican, casi siempre de forma acertada, a los gobiernos y a los Estados, reclamando que se respeten los derechos de propiedad privada de los individuos. Pero la propiedad individual no siempre es posible porque hay ciertos bienes que se adquieren y gestionan de forma conjunta, como una tribu que se apropia colectivamente de una cueva o un grupo de colonos que se establece y funda una ciudad en la cual ciertos espacios, como las calles, son comunes y se gestionan mediante algún tipo de gobierno local: puede ser muy difícil separar ámbitos de control, o simplemente los individuos no desean hacerlo y consideran conveniente recurrir a normas de uso, respaldadas al menos en parte por el uso de la fuerza, para evitar las típicas tragedias de los bienes comunes.

La propiedad siempre es privada en el sentido de que hay propietarios y no propietarios de un determinado bien, y los no propietarios pueden ser excluidos de su uso; pero la propiedad privada no siempre es individual, y cuando hay varios usuarios es necesario establecer reglas de uso que sirvan de referencia para permitir la coordinación y minimizar los conflictos. Estas reglas pueden parecer liberticidas en el sentido de que pueden prohibir muchas cosas que una persona libre puede hacer en su propiedad, pero es que precisamente se trata de que los bienes comunes se limiten al mínimo posible y se dediquen a su función esencial: por ejemplo las calles para desplazarse, no para apropiarse de ellas a título individual, establecerse y bloquear el paso.

Un problema típico de estos espacios públicos es su limpieza. En el capítulo dedicado a quienes los ensucian, Block usa un juego de palabras con diferentes términos que se refieren a la basura, y según él la suciedad y los desperdicios que se tiran y limpian en el dominio público son algo esencialmente diferente de los del ámbito privado: los restaurantes permiten, al menos hasta cierto punto, que sus clientes dejen caer objetos al suelo, como trozos de pan, servilletas, o cubiertos, porque si no lo hicieran perderían clientes; los dueños exigen que se respeten normas relativas a la basura en función de los deseos de los clientes, según el local sea más o menos exquisito; pero en el ámbito público el gobierno no tiene en cuenta los deseos de los ciudadanos, y aunque quieran tirar basura se lo prohíbe.

¿Cómo sabe Block cuál es la norma que los ciudadanos consideran óptima respecto a la basura en los espacios públicos? La respuesta es que no lo sabe. Simplemente asume que los ciudadanos quieren tirar basura y el gobierno malvado no se lo permite. Tal vez no entiende que la basura es una externalidad negativa y que igual que un individuo no puede tirársela al vecino tampoco puede deshacerse de ella en el espacio público, que está para transitar por él y no es un vertedero. No todos los bienes públicos son ilegítimos ni son equivalentes a bienes no poseídos de los que cualquiera puede apropiarse. Los poderes públicos hacen bien en vigilar que algunos individuos poco respetuosos de lo común abusen de los espacios compartidos y provoquen costes que deben asumir otros.

Los ciudadanos suelen preferir calles limpias (igual que prefieren entornos privados limpios); la limpieza absoluta es imposible, y el grado de limpieza debe determinarse en función de sus costes, tanto de no ensuciar (no producir desperdicios o deshacerse de ellos en la propiedad privada o en espacios públicos dedicados) como de limpiar lo ensuciado.

El civismo típico de las sociedades civilizadas avanzadas, compatible con la libertad individual, consiste en que los individuos respetan los espacios públicos, no abusan de ellos, internalizan costes en la medida de lo posible y no producen externalidades negativas. Las calles están limpias en buena medida porque está prohibido ensuciarlas y se sanciona a quienes lo hacen para que dejen de hacerlo y asuman su parte del coste de limpiar. Las calles sucias, las pintadas, el vandalismo callejero, son típicas de países o zonas pobres y socialmente conflictivas.

Block cree haber demostrado que no hay nada malo en que la gente ensucie los espacios públicos (no viola los derechos de nadie) porque ya lo hace en algunos espacios privados. Ignora que en los peculiares recintos privados que él pone como ejemplos (cines, estadios) la basura se genera como residuos de productos que los dueños están interesados en vender (envases de refrescos y comida que suele estar prohibido traer de fuera), la basura que cada uno produce se queda a su lado sin molestar a otros para el disfrute del espectáculo, y el coste de recogerla al final es mucho menor que las molestias que supondría para cada persona moverse a un cubo de basura (especialmente durante el espectáculo).

También estudia Block la problemática de las heces de perro, básicamente para sugerir que si las calles fueran privadas se encontraría empresarialmente una solución satisfactoria para todo el mundo. Pero resulta que en los lugares donde las calles son privadas (centros comerciales, parques de atracciones, urbanizaciones privadas), tirar basura en el ámbito compartido suele estar estrictamente prohibido, y el caso de las heces animales es especialmente grave (a menudo ni siquiera se permite el acceso de animales). Mantener zonas dedicadas para que los animales hagan sus necesidades puede ser caro e inconveniente: estos lugares quizás no estén suficientemente cerca cuando el animal decida orinar o defecar, y vigilar su buen uso puede ser muy costoso.

Que los ciudadanos paguen sus impuestos y que estos sirvan para mantener y limpiar las calles no implica que tengan derecho a ensuciarlas. Es realmente absurdo pretender que el individuo que tira basura en la calle es un héroe cuando en realidad es un guarro incívico y mal educado.