Etiqueta: Pensamiento liberal

¿Es posible para un anarco-capitalista sentir los colores de la selección?

Escrito por Fernando Herrera-González en julio 29, 2010. Publicado en Análisis diario.

El pasado 11 de julio ocurrió algo que nunca había pasado, y que muchos habíamos ya desistido de ver pasar: la selección española de fútbol ganó el Mundial de Sudáfrica. Con la histórica victoria, muchos españoles nos echamos a la calle a celebrarlo, y proliferaron como nunca los símbolos nacionales españoles, de repente signo de orgullo entre nuestros compatriotas. Todavía hoy, en muchas terrazas, tiendas, bares, coches y ventanas aparece ondeante la enseña nacional, recordándonos que España es campeona del mundo.

Sin embargo, desde un planteamiento liberal anarco-capitalista, esta celebración puede verse como algo contradictorio. El anarco-capitalista considera al estado como opresor de las libertades individuales, y a sus signos externos (la bandera, el himno) como intentos uniformadores de aceptar dicha opresión a cambio de la pertenencia a una cierta colectividad que nos hace más fuertes. Dentro de estos signos, cabría incluir las selecciones deportivas, como la de fútbol.

De hecho, no es desdeñable el planteamiento del problema, cuando todos los años, en fechas navideñas, se organizan partidos de fútbol en que aparecen selecciones vascas y catalanas, aunque también de algunas otras comunidades autónomas. Parece claro que, en esos casos, se utiliza la selección deportiva como método de cohesión en torno a unos supuestos valores colectivos. ¿Ocurre lo mismo con la selección española de fútbol o la de baloncesto? ¿Debe un anarco-capitalista arrepentirse del gozo que siente por estos triunfos?

No es fácil dar respuesta a la pregunta, pero trataré de compartir algunas reflexiones al respecto en las siguientes líneas, utilizando la praxeología.

El punto de partida nos lo da la evidencia empírica. Los individuos disfrutan con la competición. Estrictamente, los hay que disfrutan compitiendo, pero, sobre todo, hay muchísimos más que disfrutan viendo competir. La historia demuestra que, hasta el día de hoy, esto es así: las Olimpiadas en el mundo clásico, los gladiadores y carreras de cuadrigas con los romanos , los torneos del medioevo, o el juego de pelota de los mayas, no dejan de ser pálidos precedentes de lo que en la actualidad se mueve en torno a las competiciones.

Esta preferencia es indiscutible. De hecho, la constatación de la misma hace que muchos individuos en la actualidad se dediquen profesionalmente a la competición: una vez detectada la necesidad, los emprendedores tratan de resolverla de la mejor forma posible. La prueba definitiva de la importancia que la preferencia por ver competiciones tiene en la actualidad la constituyen los elevados salarios que los competidores profesionales son capaces de extraer por sus servicios. Además, lo hacen en un entorno relativamente poco intervenido, en el que no hay barreras de entrada para los individuos: puede triunfar igual un chavalín de Ghana que uno educado en Harvard.

Ahora bien, toda competición exige la existencia de, al menos, dos rivales. Cuando la competición es individual, la identificación de rivales carece de mayor problema, pues son los individuos distintos los que, en sí mismos, fijan los criterios de separación entre los rivales.

Pero no ocurre lo mismo cuando la competición se realiza por equipos. En este caso, se exige algún criterio de homogeneización, que identifique a un equipo respecto a otro. Estos criterios pueden ser de múltiples tipos: casados vs solteros, padres vs hijos, profesores vs alumnos, o simplemente los cinco primeros que metan una canasta. Lo cierto es que hace falta algún criterio para distinguir entre los equipos que han de competir: no pueden jugar todos contra todos.

Qué criterio se utilice para configurar los equipos queda al arbitrio del mercado, que lo resolverá mediante un proceso de descubrimiento espontáneo. De entre estos, un criterio bastante razonable y que parece haber resistido el paso del tiempo, es el de vecindad. Cuando los vecinos de un pueblo o de una ciudad decidían formar un equipo, tendían a llamarle con el nombre de la localidad en que habitaban, posiblemente porque es el aspecto que más fácilmente compartían de sus valores.

No se olvide la evidencia empírica de que a los individuos nos gusta ver competir, y que esta emoción parece enriquecerse si se toma partido por uno de los rivales. Así que, cuando este equipo de la localidad en cuestión (que no representante de la misma) compite contra el equipo de otra localidad, y a falta de más información, lo normal es que los demás habitantes de las respectivas localidades se identifiquen con el equipo de la suya, aunque solo sea por el rasgo común de vecindad. En cambio, si se dispone de más información, por ejemplo, por conocer personalmente o ser amigo de alguno o varios de los contendientes, es posible que no se utilice ese criterio para elegir rival de preferencia.

Obsérvese que para ninguno de estos procesos es necesaria la existencia de una agencia gubernamental que imponga las preferencias a los individuos. Es más, una mirada al libre mercado demuestra que los equipos de las distintas disciplinas tienden a identificarse con una ciudad, no solo en Europa, sino también en economías tradicionalmente más libres como la de EEUU. Parece por tanto que el criterio de vecindad para establecer equipos es eficiente y sostenible desde el punto de vista del libre mercado.

De hecho, otro tipo de criterios no parecen haber tenido tanto éxito. Por ejemplo, a los individuos les cuesta identificarse con equipos denominados con marcas comerciales. Esto ocurre, por ejemplo, con los equipos de ciclistas, que suelen estar patrocinados por la marca comercial que les da nombre. Normalmente, uno no desea que gane el Astaná o el Caisse d’Épargne o el Euskaltel; con quien se identifica es con los corredores españoles que corren en estos equipos. De la misma forma, tampoco se suele desear que gane un corredor extranjero, aunque corra en un equipo de marca española.

Así pues, parece que es el criterio de vecindad el que triunfa y ha triunfado históricamente a la hora de identificarse con uno de los rivales en una competición. Y no parece que dicho criterio haya venido impuesto desde fuera del individuo.

Cabría preguntarse hasta qué punto son los gobiernos los que nos imponen que hemos de entender por vecindad. ¿Por qué yo me siento más cercano a alguien nacido en el territorio llamado España, que a uno nacido en Portugal? Pero aún así, no sería una imposición sostenible si va contra nuestra preferencia natural.

En conclusión, parece haber buenas razones para que, incluso un anarco-capitalista, si ha nacido en territorio español, pueda sentirse feliz con el triunfo de la selección española de fútbol. Hay muchas posibilidades de que tal identificación con los colores sea una creación espontánea del mercado y no una imposición del estado. Así que: CAMPEONES, CAMPEONES, OÉ, OÉ, OÉ.

Suárez, de moda

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en julio 27, 2010. Publicado en Análisis diario.

Me refiero a Francisco Suárez, el filósofo y teólogo de la Escuela de Salamanca, del que ya he hablado alguna vez en estos Comentarios. Está de moda “no solo porque lo que Descartes aprendió de la modernidad en gran medida se lo debe al jesuita español, sino porque la explicación de que todo problema político es un problema teológico tiene que leerse y entenderse a la luz de lo escrito por Suárez”. Precisamente con estas palabras, el semanario Alfa y Omega presentaba un libro reciente del eximio doctor jesuita: Una aproximación al Tratado de las Leyes y Defensa de la fe (Unión Editorial, 2010), escrito por un grupo de profesores del CEU, algunos de los cuales han colaborado también en la publicación de otra obra similar: En la frontera de la modernidad. Francisco Suárez y la ley natural, resultado de un Curso de Verano de aquella Universidad.

El primer libro nos ofrece algunos extractos de esas dos grandes obras suarecianas: De legibus y la Defensio fidei, impresas hace ya tiempo en una excelente colección del CSIC, el Corpus Hispanorum de Pace (aquellos tomos verdes que nos recuerdan al gran maestro Luciano Pereña). Sin embargo, como resultan difíciles de encontrar (y constan de bastantes volúmenes), me parece oportuna esta versión más reducida para un público interesado en la materia aunque no erudito, y con unas presentaciones de los editores y del filósofo José J. Escandell.

En cuanto al segundo, coordinado también por los profesores Fernández de la Cigoña y López Atanes, ofrece primero una introducción al pensamiento suareciano y después se centra en el estudio de la ley natural con otras cuestiones jurídicas y filosóficas.

Pues bien, verán que vuelvo a escribirles sobre los doctores de Salamanca, porque al igual que en la Economía, de la que ya hemos señalado alguna vez sus avanzadísimas intuiciones, en lo referente al pensamiento político también podemos rastrear la propuesta de un moderno orden liberal que posteriormente desarrollarían los fundadores del liberalismo clásico. Aquí es preciso recordar la importancia de algunos tratados escolásticos bien conocidos en la Europa Moderna, como fueron la citada Defensio Fidei (especialmente sus libros III: Principatus Politicus, y VI: De Iuramento Fidelitatis) de Francisco Suárez, o el De Rege et Regis Institutione, de Juan de Mariana. El primero fue publicado en 1613 para refutar el famoso Juramento de Jacobo I de Inglaterra. Se propone defender la libertad cristiana frente al absolutismo político (el caso de los católicos perseguidos en Gran Bretaña), al tiempo que es una defensa de la autoridad legítima frente a rebeliones injustificadas (el caso de los protestantes sublevados en los Países Bajos): con la tradición medieval, Suárez entendía que la potestad política es otorgada por Dios directamente al pueblo, y por el pueblo a los gobernantes. Esta postura generó susceptibilidades y alguna incomprensión en España, además de ser condenada públicamente en Oxford (1613) y París (1614). Pero los vericuetos de la Historia permiten afirmar que (citando a Pereña): “dos siglos más tarde, en la revolución francesa y aún en el movimiento de la independencia de los virreinatos españoles en América, las ideas democráticas de Suárez son utilizadas como favorables para el pueblo y contrarias a la nobleza”. Seguramente no se pueda hablar con propiedad de “democracia representativa”, pero debo reconocer que me gusta mucho esa frase del profesor jesuita: “omnis potestas a Deo per populum libere consentientem”.

Finalmente, en cuanto al De legibus, me parece muy interesante aquella reflexión escolástica sobre la jerarquía de las leyes, que nos recuerda un argumento muy del gusto de la Escuela Austriaca: la existencia de un orden natural en las actividades humanas, que es el resultado de su acción, pero no de su designio. Estas normas configurarían tanto el ordenamiento político como el económico. En lo que se refiere al primero, la repercusión de todo ese iusnaturalismo escolástico deviene en la defensa de un orden político natural, en el que la autoridad descansa democráticamente en el pueblo. Y los frutos más conocidos de tales premisas serían la defensa del tiranicidio o la justificación de la Independencia americana (que ahora celebra su Bicentenario y sobre lo que me gustará escribirles en otra ocasión).

No quiero terminar estas líneas sin referirme a otro profesor, Francisco Baciero, por cierto de la Universidad de Salamanca, que lleva algunos años estudiando la figura de Suárez como gran precursor de la modernidad. Por ejemplo, analizando su influencia (como ya hemos señalado) sobre Locke; o sobre Leibniz y toda la filosofía alemana del XVII y XVIII.

Por qué los liberales clásicos no ganamos elecciones

Escrito por Pedro Schwartz en julio 26, 2010. Publicado en Análisis diario.

Texto de la ponencia que D. Pedro Schwartz presentó el pasado martes en la V Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana.

El gran economista e historiador George Stigler (1911 – 1991) publicó en 1981 un ingenioso artículo titulado “El economista como predicador”. En él sostenía que los grandes profesionales de la ciencia económica de vez en cuando ponían paño al púlpito y se dirigían a sus conciudadanos para exhortarles a un mejor comportamiento político. Pero las más de las veces preferían dedicarse a explicar la acción humana y el funcionamiento de las sociedades sin entretenerse demasiado en prédicas poco efectivas.

Me temo que esa visión tan sobria de nuestra profesión se debe, entre otras cosas, a que pasó poco tiempo en España. Los economistas españoles no hacemos otra cosa que exhortar a los poderes que corrijan los fallos de la política económica de España, los defectos de nuestro modelo económico, la flaqueza de nuestro I+D+i, la falta de productividad de nuestros trabajadores, las carencias de nuestro sistema de enseñanza, lo abultado de los déficits públicos, lo escandaloso del despilfarro de los ingresos del Estado, lo insostenible de nuestro sistema de pensiones y sanidad. No nos arredramos ante la evidencia de que nadie parece hacer caso de nuestras propuestas de reforma, y menos que nadie el Gobierno de la nación. Los que más pecamos de la vanidad de dar consejos a tirios y troyanos somos los columnistas de los medios de comunicación, como el que os habla. ¡Mea culpa!

Mejor será, pues, que comencemos por explicar en vez de exhortar. ¿Cómo explicamos que las verdades de la ciencia económica que consideramos tan probadas sufran tanto rechazo de políticos y votantes? ¿Cuál es la razón por la que la política económica ortodoxa, que tan buenos efectos ha producido incluso aquí en España, tenga tan poco seguimiento? ¿Hay que esperar a momentos de crisis gravísima como la de Grecia, España y demás países periféricos de la Unión Europea en los primeros meses de 2010 para que nos hagan caso, siquiera a regañadientes?

Mi ponencia de hoy pretende defender la siguiente tesis. El que gobernantes y opinión pública hagan oídos sordos a nuestros buenos consejos no se debe a mala voluntad o ceguera irracional. Más aún, el que no abunden los políticos liberales clásicos que hayan alcanzado el poder para reformar es un misterio, dados los repetidos fracasos de los políticos del montón. Una primera aproximación consiste en señalar los defectos de la democracia y diseñar posibles cedazos institucionales que separen el grano de la buena política de la paja populista. Hay que ir más ahondo en la explicación de nuestros repetidos fracasos. Incluso si fuera posible diseñar instituciones democráticas que garantizaran que las preferencias de una ciudadanía racional se transmitieran sin refracción a las decisiones de unos representantes fieles al ideal del bien común, sostengo que resultaría muy difícil llevar adelante una política económica centrada en la libertad y la prosperidad. La razón es bien sencilla: la mayor parte de nuestra ciudadanía, de nuestros políticos, de nuestros economistas, de nuestros académicos son unos social-demócratas redomados.

Explicación basada en los defectos de la democracia

A lo más que llega la mayoría de los economistas españoles, cuando los Gobiernos no hacen lo que deben, incluso cuando saben lo que deben hacer, es a señalar algunos defectos funcionales o constitucionales de nuestra democracia. No van más allá de decir que que los políticos por necesidad han de recabar votos para alcanzar o conservar el poder y que la frecuencia de elecciones les hace muy difícil o imposible evitar la demagogia o el populismo. También señalan que el sistema electoral de listas cerradas contribuye a acallar en el seno de los partidos cualquier voz crítica de posturas irresponsables o medrosas. Por fin lamentan que el claudicante sistema autonómico español fomente una cultura del gasto y la subvención sin sufrir la disciplina de tener que financiar esos dispendios con el impuesto. Eso es muy poco decir.

El idealismo democrático fue cuestionado desde finales del s. XIX. Así, Gaetano Mosca (1858-1941), en su famoso libro sobre la clase gobernante (1896) señaló, inspirándose en Wilfredo Pareto (1848-1932), lo inevitable de la persistencia de una clase dominante, incluso en democracia. El politólogo de origen alemán Robert Michels (1876-1936) formuló en 1911 su “ley de hierro de la oligarquía”, por la que los partidos democráticos inevitablemente se hacen cerradamente elitistas. En Inglaterra, Graham Wallas (1858-1932) subrayó los fallos de la idea de que, en política, los individuos actuaban sensatamente, guiados sólo por la razón. El mismo Ortega (1883-1955) se mostró muy crítico con el tipo de persona prevalecía en el capitalismo democrático de su tiempo. Pero este tipo de sociología política descriptiva nos dice poco sobre las razones por las que seguimos tan mal gobernados.

El que seamos lo suficientemente lúcidos para mirar de frente los defectos de un sistema en el que el pueblo manda, no quiere decir que lo rechacemos porque no es perfecto. La tradición de mirar a la democracia sin cristales tintados de rosa es bastante antigua. No me refiero a la postura platónica de condenar sin paliativos la democracia porque es un sistema incapaz de seleccionar los mejores para los cargos públicos. La democracia en política así como el mercado en economía son sistemas defectuosos pero indispensables para evitar la concentración del poder en manos de los poderosos o los ricos. El carácter a menudo indivisible del poder hace que la democracia funcione peor que el libre mercado. Ello no quita para que la necesitemos como salvaguardia de nuestras libertades individuales. No estaría yo del todo tranquilo si, en vez de políticos venales, ciudadanos distraídos, grupos conspiradores, sindicatos clientelistas fuese un filósofo-rey el que nos a gobernase al estilo de Esparta o Siracusa.

Digo, pues, que es posible analizar con más precisión los defectos de la democracia de lo que suele hacerse cuando nos contentamos con lamentar el estado de la cosa pública. Un antecedente remoto de un modo de análisis más profundo que el habitual se encuentra en las dificultades de la agregación de preferencias (típica cuestión de la Economía del Bienestar) en la obra del marqués de Condorcet (1743-1794). Este gran teórico de la teoría de la probabilidad aplicada a las decisiones políticas, hizo ver en 1785 que, en un sistema mayoritario, las decisiones colectivas pueden ser cíclicas (es decir, A preferido a B, que es preferido a C, que es preferido a A), pese a que los votantes hayan ordenado sus preferencias de forma transitiva.

Ya en el siglo XX, se ha ahondado el análisis de los defectos y condiciones de funcionamiento de la democracia. Por un lado están los resultados obtenidos por Black y Arrow en materia de “social choice”. En efecto, a mediados de siglo, Duncan Black (1908-1991), alumbró sobre la base de la paradoja de Condorcet, una teoría de los comités, según la que, en determinadas condiciones de distribución de las preferencias, la decisión queda siempre en manos del “votante mediano”, del votante que divide los miembros del cuerpo electoral en dos partes iguales. En la misma dirección opera otro teorema que extiende el efecto destructivo de la paradoja de Condorcet: se trata del teorema de Kenneth J. Arrow (1921 – ), que demuestra que, en una democracia, es imposible decidir por mayoría un orden completo de preferencias. Lo conseguido por Black y Arrow podría resumirse con la proposición de que “ningún sistema de votación es justo”.

Public Choice o Elección pública

Sin embargo, no hay que contentarse con esto resultados meramente lógicos sino investigar las regularidades empíricas de la política. Me refiero al enfoque tipo de los cultivadores de lo que hoy llamamos Public Choice. Su método consiste en analizar la actuación de políticos, de votantes, de partidos, grupos de presión, sindicatos, funcionarios preguntándose qué quieren maximizar y bajo qué constricciones. De la misma manera que suponemos que los empresarios buscan maximizar el beneficio, en ciencia política hemos de partir del supuesto de que los políticos quieren maximizar el número de sus votos en la próxima elección. Igualmente revelador es suponer que los votantes están siempre en busca de subvenciones; los empleados de los partidos, de prebendas; los grupos de interés, de protección frente a la competencia; los sindicalistas, del derecho a cobrar sin trabajar. La restricción es para todos el conseguir suficientes fondos para financiar sus campañas de propaganda.

Este tipo de estudio lo iniciaron en 1962, James Buchanan (1919 – ) y Gordon Tullock (1922 – ) publicaron su libro seminal sobre El cálculo del consentimiento, con el que abrieron un inmenso panorama de investigación. Entre la mies recogida encontramos:

el teorema del “votante mediano”, ya mencionado;
el fenómeno de la inercia y la reputación en política;
la teoría de la burocracia, que explica el crecimiento de los departamentos por el intento de los funcionarios de maximizar su poder en vez de su salario, que en la práctica es fijo;
la teoría de la corrupción;
el fenómeno de los buscadores de renta;
la teoría de los grupos de presión; y también
la teoría de la ignorancia racional de los votantes

En efecto, para los votantes es mayor el coste de estar plenamente informados sobre los asuntos públicos que los beneficios que puedan obtener con su solo voto entre millones. La combinación de esa ignorancia racional del votante singular y los beneficios desproporcionados obtenidos por los grupos de presión, ya empresariales ya sindicales, con regulaciones y subvenciones, explica una gran parte de los defectos de las políticas económicas de los gobiernos. Las voces de los economistas bienintencionados se pierden en ese ambiente de inatención y ruido interesado.

Fue precisamente Stigler el que relanzó la teoría de la influencia de pequeños grupos interesados en las decisiones de política económica, que algún tiempo antes había presentado Mancur Olson (1965 y 1971). Partió de la idea de que toda regulación (sea una subvención o la creación de una barrera de entrada) tiene por objeto en lo esencial una redistribución de rentas, que normalmente consiguen los más poderosos o los más enfocados. En efecto, las empresas más grandes tienen recursos para organizar sus lobbies y ganan mucho más con una regulación a su favor de lo que pierde cada uno de los componentes de la gran masa de consumidores.

A este análisis de la demanda de regulación por parte de los poderosos interesados añadió Peltzman una teoría de la oferta de regulación o subvención por parte de las autoridades. Éstas no se dejan siempre capturar por los regulados, por dos razones: que casi siempre hay grupos con intereses encontrados a los que hay que contentar en parte; y que los políticos reguladores tiene que pensar en los votos de la siguiente elección – lo que algunas pocas veces opera a favor de una liberalización de la actividad económica.

No han de interpretarse los análisis de la teoría de la decisión pública como una invitación a aceptar cínicamente las cosas como son en Washington o la Moncloa. Esas teorías también indican qué tipo de reforma institucional podría encauzar hacia otros modos el comportamiento patológico de los actores de la escena política. Los profesores a quienes nos pagan para defenderle interés público no podemos contentarnos con recomendar cansinamente conductas virtuosas. Podemos estudiar las reformas institucionales que harían que políticos y votantes, “al buscar su propio beneficio sean conducido, como por una mano invisible, a promover un fin que no era parte de su intención” – el fin del bien común.

Cuáles sean esas posibles reformas institucionales no debe ocuparnos demasiado hoy. No son fáciles de diseñar ni sus resultados beneficiosos pueden darse por descontado. Los liberales clásicos solemos proponer:

• La vuelta a la clara división de poderes

Un interpretación literal de la Constitución Americana
Un modelo suizo de descentralización y referendos

• La reducción del Estado y un papel más amplio para el mercado

Una definición más restrictiva de los bienes públicos
Más competencia y comercio internacional irrestricto

• Una Carta de derechos individuales

Especial firmeza en la defensa de la propiedad privada

Quienes, por el contrario, tienen una visión más comunitaria de la sociedad defienden más participación democrática en nombre del “republicanismo”, creen que la solución es una mayor politización de la vida social y privada. Naturalmente, prefiero subir por la otra vertiente hasta cimas más escarpadas. ¿Proponemos una prohibición legal de los déficits públicos?; ¿una limitación del gasto público al equivalente del 20% de la producción nacional?; ¿la derogación del Estatuto del Trabajador?; ¿la exclusión del sufragio de quienes reciban algún emolumento del Estado? Puedo echar a volar la imaginación sin ningún resultado práctico.

El verdadero problema que nos ocupa es otro mucho más grave. Supongamos que hemos aprendido a aplicar las conclusiones las conclusiones de la teoría de la decisión pública para mejorar sensiblemente el funcionamiento de nuestras democracias. Supongamos que las decisiones públicas consigan reflejar de manera justa los deseos de los ciudadanos. Eso no garantiza una correcta gestión económica porque los ciudadanos no desean en el fondo una la correcta gestión económica.

Los votantes no son liberales clásicos

No nos engañemos. Los votantes en su gran mayoría no son liberales clásicos. Sus preferencias reveladas son a favor de políticas anti-mercado o al menos de políticas que limiten y palíen los efectos de la libre competencia. Todos los elementos para la puesta en práctica de una política económica intermedia entre la libre competencia y la intervención pública están presentes continuamente en la psique social.

Veamos. Es postura general el sostener que la remuneración debe tener alguna relación con el mérito: muchos se indignan cuando ven que un futbolista o un torero ganan diez veces más que un catedrático. A pesar de las ventajas de la libertad económica, tanto para la autonomía personal como para la prosperidad general, la mayor parte de los ciudadanos acepta e incluso defiende una continua interferencia pública en sus negocios y su vida, aunque ello suponga altos impuestos, dirigismo burocrático, limitación de la libertad de elegir.

La carga impositiva total, incluidos los impuestos nacionales o federales, los autonómicos o regionales, los municipales o locales, los impuestos sobre las transacciones comerciales, sobre el empleo, sobre los beneficios corporativos, pasa en todos los países civilizados del 50% de los ingresos personales.

Los arquitectos municipales deciden sobre la distribución de las actividades en los centros de población y sobre el tamaño y aspecto de las construcciones. Las familias tienen envían a sus hijos a centros de enseñanza pública o procuran inscribirlos en colegios concertados por el sistema planificado de zonas – aparte de que las materias de las enseñanzas las decide el funcionario pedagógico de turno. Los enfermos acuden a centros de salud y hospitales públicos por la gratuidad de los mismos o por la subvención que reciben cuando los usan. Los trabajadores se resignan a tener que contribuir a pensiones de reparto o, en el mejor de los casos, exigen de incentivos para constituir planes privados de jubilación. El mundo del trabajo se ve sometido a las regulaciones de Estatutos de los Trabajadores y soporta la explotación de sindicatos escasamente representativos.

Desaparecidas, por evidente ineficiencia, algunas intervenciones públicas como son el control de cambios, o las empresas industriales públicas; privatizadas parcialmente radios y televisiones; liberados algunos intercambios comerciales dentro de grandes uniones aduaneras: la intervención pública apoyada por la opinión toma otras formas, más sutiles y moralizantes. Así soportamos impuestos y regulaciones para contener el calentamiento global, el uso del tabaco y el alcohol, el consumo de drogas, lo obesidad. Pedimos a las Autoridades que impidan la competencia desleal en el mundo del trabajo, que fomenten el comercio internacional equitativo, que favorezcan la igualdad de oportunidades, que castiguen la discriminación de género, que defiendan la cultura local, el idioma local, la filmografía nacional o europea.

Ahora que hemos sufrido la enésima crisis financiera de la historia, aunque esta haya sido la segunda más importante del último siglo, arrecia el debate de cómo gobernar el dinero y el crédito, de tal manera que continúen sirviendo el crecimiento económico sin poner en peligro el sistema todo. En vez de reexaminar la garantía estatal de los depósitos y el funcionamiento acomodaticio de los bancos centrales, todo es proponer nuevos métodos de control público de los mercados financiero, cuando son precisamente los controladores y reguladores los que llevan la mayor parte de la culpa del tropiezo.

Quienes me están escuchando se reconocerán al menos en parte en el retrato robot del estatista que acabo de trazar. Mi objeto no es discutir si, para quien valora la libertad, tales o cuales intervenciones son del todo inaceptables o si son sólo pecadillos. Busco otra cosa. Busco hacerles ver que, cuanto más defiendan las intervenciones públicas que critico, mejor corroboran mi tesis – que es que las gentes no escuchan las jeremiadas de los economistas ortodoxos porque están en profundo desacuerdo con ellos. En el fondo, el ciudadano normal detesta el capitalismo clásico, con sus mercados libres, su competencia irrestricta, su moneda firme, sus ricos derrochadores y sus especuladores sin escrúpulos. Considera que, todo lo más, es un mal necesario. ¿Quién no ha oído alguna vez la siguiente proposición?: “El sistema capitalista, hay que reconocerlo, asigna óptimamente los recursos; sin embargo es injusto en la distribución de la riqueza y, al fomentar el egoísmo y la avaricia, lleva en sí la semilla de su propia destrucción.” Cuando miro alrededor de este aula, empiezo a pensar que incluso los que entre nosotros son catadores de los licores del capitalismo los prefieren con mucho sifón. Quod erat demostrandum.

Si los votantes en el fondo no son liberales clásicos es poco realista exigir de los políticos que lo sean. Políticos y votantes, votantes y políticos hacen oídos sordos a las recomendaciones de los economistas ortodoxos mientras luce el sol en un cielo azul, aunque se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena.

Fallos políticos de común acuerdo

Éste es el título del reciente libro de un economista de la Universidad de Ehrfurt: Political Failure by Agreement (2008). Estarán de acuerdo en que el retruécano es llamativo. ¿Es cierto que los votantes se ponen de acuerdo para fallar? ¿Se conciertan los políticos de todos los partidos para poner en marcha lo que no funciona? Wegener contesta a estas preguntas sobre la base de un concepto evolucionista del mercado.

a) Incertidumbre epistémica

Es mi opinión que la presente crisis ha ocurrido en el fondo porque el Estado de Bienestar es imposible, aparte de inmoral. Sin embargo, los votantes y sus representantes no aceptan de buena gana la evidencia del fracaso del Estado de Bienestar. La razón fundamental de ello es que en Occidente concebimos la economía política como un instrumento para conseguir resultados definidos y determinados. Nos resistimos a aceptar la incertidumbre epistémica de todo mercado libre. Por epistémico quiero significar que es del todo imposible predecir las actividades futuras en una economía libre. Por su propia naturaleza, un mercado libre no tiene meta ni se puede pretender que llegue a una determinada meta productiva. Por eso es tan morrocotudo el error de hablar de un “cambio de modelo económico” como solución de nuestro males actuales. Si la economía es libre, no se la puede verter en el molde de un modelo.

Todo lo más es posible mejorar el marco institucional de partida, con atinados refuerzos de la propiedad privada; con un buen funcionamiento de la justicia; con cotizaciones sociales reducidas; con impuestos ligeros y sin exenciones; con gasto público reducido a lo esencial. Pero nadie tiene el conocimiento suficiente para decir que las empresas tienen que gastar más en I+D+i; o que los jóvenes deben estudiar esto o aquello durante un número definido de años; o que debemos ser una nación turística, constructora o industrial. Una economía libre siempre nos llevará a un “modelo” inesperado, que será el modelo que individuos y empresarios habremos tenido a bien elegir, si nos dejan.

La incertidumbre epistémica, el “no-finalismo”, del mercado libre dificulta grandemente la labor de quienes buscamos convencer a los socialistas de todos los partidos de las bondades de la libre competencia. Nos preguntan: “¿Qué pasará si liberamos los horarios y días de apertura de los comercios?” También nos dicen: “¿Cómo crearemos puestos de trabajo para los mineros a la Cuenca leonesa del carbón si cerramos las minas?” Más comprometido aún: “¿Qué ocurrirá con la agricultura española si desaparece la PAC?” La única respuesta es: “No sé.” Ni siquiera podemos calcular con precisión los costes de las interferencias administrativas, porque no es posible percibir lo que se pierde por una intervención como la de los horarios o licencias comerciales. Sólo podemos decir que cuando en 1959 o en 1986 España abrió su economía, todo fue a mejor. Pero es imposible saber qué y cómo.

Así parece difícil que convenzamos a nadie de lanzarse al mar abierto y proceloso de la libertad económica.

b) Distinción entre preferencias y elecciones

Aceptemos que las preferencias de los votantes sean por un liberalismo de bienestar, del estilo del que llevó a Obama a la Casa Blanca. Como bien dice Wegner,

todo ciudadano racional toma sus preferencias políticas como algo provisional, hasta que el impacto de las políticas públicas en la esfera de acción del mercado revela el verdadero coste de los programas. (p. 115)

En suma, que, pese a la preferir un liberalismo de bienestar, los ciudadanos en países con tradición de debate racional se inclinan por elegir políticas y programas crecientemente sensatos. Cuando descubren que los sistemas de pensiones de reparto no son confiables; que el coste de la sanidad gratuita subvencionada es insostenible; que la educación obligatoria lanza al mundo adulto jóvenes ignorantes e indolentes; que el salario mínimo interprofesional agrava el paro; que la proliferación de derechos resulta en una ciudadanía irresponsable; entonces quizá empiecen a votar de manera más sensata, como lo hacen los suizos en sus referendos legislativos.

La economía de mercado se aprende

Creo haber defendido la verosimilitud de mi tesis. Son dos las razones por las que el público y los políticos no nos escuchan cuando defendemos el liberalismo clásico y una política económica ortodoxa. La primera es que la democracia, como método de agregación de preferencias individuales, es muy defectuosa, lo que se agrava porque los grupos de presión campan por sus respetos y los votantes actúan sobre la base de una indiferencia racional. La segunda es más profunda. Se trata del constructivismo de los ciudadanos y sus representantes: en el fondo, los votantes son partidarios de un Estado de Bienestar liberal y creen posible construirlo, una preferencia que los políticos no tiene otro remedio que obedecer. La lenta domesticación de los intervencionistas es sin embargo posible porque los ciudadanos son capaces de aprender que sus preferencias no son siempre realizables y que les conviene más elegir la libertad.

Ocurre, sin embargo, que, en virtud de la incertidumbre epistémica de todo mercado libre, a nosotros también nos es imposible saber el futuro de una economía capitalista ni intentar forzar la adopción de nuestra utopía favorita. Sería irónico que, en vez de colaborar en el descubrimiento de las consecuencias de elecciones políticas en principio equivocadas, cayéramos en el paternalismo liberal o incluso sintiéramos la tentación de imponer nuestras certezas a una ciudadanía temerosa del mercado.

REFERENCIAS

Arrow, Kenneth J. (1951): Social Choice and Individual Values. Wiley, New York.

Buchanan, James y Tullock, Gordon (1962): The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. En The Collected works of James Buchanan, vol 3. Liberty Fund, Indianapolis.

Condorcet, marquis de – (1785): Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix. Imprimerie Royale, Paris.

Michels, Robert (1911): Political Parties. A Sociological study of Oligarchical Tendencies in Modern Democracy. Traducción al inglés editada por Seymour Martin Lipset en 1962.

Mosca, Gaetano (1896): Elementi di scienza politica.

Olson, Mancur (1965 y 1971): The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press, Cambridge, Masschusetts.

Ortega y Gasset, José (1930): La rebelión de las masas. En Obras completas, Juan Pablo Fusi, editor. Tomo IV, Instituto Ortega y Gasset y Taurus, Madrid, 2005.

Peltzman, Samuel (1976): “Toward a More General Theory of Regulation”, Journal of Law and Economics 19: 211-240.

Smith, Adam (1776): An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Reeditado en The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, 1976. Vol. 1, IV.ii.9. Clarendon Press, Oxford.

Stigler, George (1971): “The Theory of Economic Regulation” The Theory of Economic Regulation”, The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 2, No. 1. (Spring), pp. 3-21.

Stigler, George (1982): The Economist as Preacher. Basil Blackwell, Oxford.

Wallas, Graham (1908): Human Nature in Politics. Londres. Gratis en Google Books.

Wegner, Gerhard (2008): Political Failure by Agreement. Edward Elgar, Cheltenham.

La destrucción de la igualdad ante la ley

Escrito por Alexander Fernández en julio 21, 2010. Publicado en Análisis diario.

Una democracia queda prisionera del cientismo (o racionalismo constructivista) cuando las instituciones son incapaces de frenar a los grupos de dirigentes radicales que intentan imponer la refundación de la sociedad por medio del derecho positivo.

Sentencia STC 31/2010

En apenas tres décadas de democracia, la Constitución Española de 1978 ha sufrido reiterados ataques legislativos por parte de la clase dirigente. Las graves fisuras normativas que contiene la ley base del ordenamiento jurídico están permitiendo que los grupos nacionalistas estén deteriorando el presupuesto público y el rumbo legislativo y judicial de España.

Las discutibles interpretaciones de la sentencia STC 31/2010 del tribunal político que denominamos Tribunal Constitucional tratan de poner puntos de sutura sobre la herida abierta que supone el intento de configurar una nueva realidad política nacional que constituye el Estatuto de Cataluña del año 2006.

Poco importa que fuese aprobado por una minoría del 36% de ciudadanos con derecho a voto en Cataluña. El tribunal político, con miembros que no tienen que haber trabajado previamente como jueces y que son elegidos por los propios políticos cuyas tropelías legislativas deben enjuiciar, ha tardado casi cuatro largos años en dilucidar cómo encajar el Estatuto en la Constitución.

Señalábamos en un comentario anterior como existía una variada jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña en relación con: la unidad nacional y la soberanía (STC 4/1981), el castellano como lengua común oficial (STC 82/1986) y su conocimiento obligatorio (STC 84/1986), el alcance y el contenido de las competencias autonómicas (STC 227/1988 y STC 76/1983), la imposibilidad de un Tribunal de Justicia de Cataluña (STC 38/1982), la nulidad de pleno derecho de un referéndum autonómico (STC 108/2008) y el principio de bilateralidad en las relaciones entre una Comunidad Autónoma y el Estado Español (STC 108/2008).

También analizábamos que no pasaría nada en el caso de que una sentencia del Tribunal Constitucional dictaminase la manifiesta inconstitucionalidad del Estatuto, dado que así se hizo con el referéndum de autodeterminación convocado por el anterior lendakari (STC 108/2008) y, siempre existe la posibilidad de frenar el secesionismo totalitario con la aplicación del artículo 155 CE por primera vez en la democracia.

Sin embargo, es evidente que las presiones (o las instrucciones) de los partidos políticos han logrado que la sentencia STC 31/2010 haya intentado “encajar” el Estatuto dentro de la Constitución Española de 1978. Para lo cual, el Tribunal Constitucional ha eliminado la eficacia jurídica del preámbulo, ha dictaminado 14 artículos inconstitucionales y, ha interpretado otros 27 artículos haciendo decir al Estatuto lo que estimaban preciso para el “maquillaje” constitucional del Estatuto de Cataluña de 2006.

Una aberración jurídica ya que, según el voto particular de Jorge Rodríguez-Zapata, el Tribunal Constitucional “se subroga en el papel del legislador constituyente y modifica la Constitución sin seguir los procedimientos arbitrados para su reforma”. De hecho, se trata de una reforma encubierta de la Constitución, con un Estatuto que se ha aplicado durante 4 años a pesar de sus incompatibilidades con la Constitución y que, se seguirá aplicando en toda su magnitud mientras un Gobierno del España no se atreva a aplicar el artículo 155 CE para proteger los derechos civiles de todos los ciudadanos.

La destrucción de la igualdad ante la ley

El artículo 14 CE establece que: “Todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Sin embargo, la sentencia STC 31/2010 legitima el actual “status quo” en el cual los políticos secesionistas atacan “de facto” la igualdad ante la ley, estableciendo ciudadanos de primera, segunda y tercera clase en función de su adhesión, silencio u oposición al derecho positivo y los actos administrativos nacionalistas.

Las leyes intervencionistas como el Estatuto, con su normativa restrictiva de la libertad, atentan contra el respeto por los ciudadanos, sus sentimientos y decisiones particulares respecto de su familia, idioma, cultura o educación, y establecen barreras normativas que coaccionan el orden extenso y complejo de cooperación que establecen la libre interacción, el comercio y la empresarialidad.

¿Cómo identificar un racionalismo constructivista?

Dado que hemos llegado a un punto de no retorno en la aplicación del positivismo jurídico en España, merece la pena recordar como F.A. Hayek definía el cientismo (también denominado racionalismo constructivista), como “la indiscriminada e indebida aplicación del método de las ciencias naturales al campo de las ciencias sociales, la economía y la acción humana”.

En su fatal arrogancia, el cientismo comete el error grave de no tener en cuenta que es imposible conocer la infinita información de un orden espontáneo, extenso y complejo de cooperación humana que es lo que caracteriza a la sociedad civilizada.

Por ello, el cientismo considera que las instituciones sólo son racionales en la medida en que responden a un diseño intelectual previo, desvinculado de la historia, la tradición, el idioma común, la diversidad cultural y la evolución socio cultural.

Las ideologías que caen en la definición de racionalismo constructivista consideran erróneamente que se puede “hacer tabla rasa con el pasado" y se puede prescindir del respeto estricto por las instituciones morales que constituyen los pilares de la civilización, como los derechos a la vida, a la libertad de elegir, a la propiedad y a la igualdad ante la ley.

En este sentido, tanto el comunismo como el nacionalismo son cientismos dado que buscan imponer sobre los individuos una nueva realidad política, para lo cual se desarrolla un nuevo lenguaje, una nueva historia y un nuevo derecho que permitan avanzar en el camino hacia un hombre nuevo o una patria nueva.

Tal y como decía F.A.Hayek en su obra Camino de Servidumbre, se guían “todas las actividades del individuo, desde la cuna hasta la tumba"de acuerdo con una planificación científica de la sociedad, mediante la imposición de legislación positiva que invade el ámbito privado de decisión y, poco a poco, destruye las garantías jurídicas sobre los derechos individuales que establece una Constitución .

En su búsqueda de la utopía, el cientismo impone una nueva escala de valores, detrás de los cuales están los instintos más bajos del ser humano, utilizados para lograr satisfacer las ilimitadas ansias de poder y dinero de la clase política y de los empresarios y grupos sociales que se lucran del presupuesto y leyes intervencionistas.

Asistimos impotentes a un cambio de régimen político en España, con leyes y estatutos de autonomía de orientación claramente cientista, que quedan validados con sentencias de un Tribunal Constitucional, más que dudosas por su carencia del principio de independencia y por atropellar reiteradamente la igualdad ante la ley del artículo 14 CE y la tutela judicial de los derechos civiles del artículo 53 CE.

En definitiva, cada vez es más urgente la necesidad de impulsar nuevamente los valores constitucionales de cooperación y convivencia pacífica que impulsaron la Transición, bien con un nuevo texto constituyente bien una reforma constitucional que garantice, como mínimo, la separación “real” de poderes, la independencia judicial y la limitación definitiva de las competencias autonómicas.

Keynes contra Hayek otra vez

Escrito por José Carlos en julio 16, 2010. Publicado en Análisis diario.

Estaban en la mente de quienes les conocían bien, pero han emergido del olvido dos cartas enviadas al diario londinense The Times en octubre de 1932 y firmadas por John M. Keynes y por Friedrich Hayek, respectivamente. En ninguno de los casos sus firmas estaban solas. El primero se rodeó de la firma de D. H. MacGregor, A. C. Pigou, Walter Layton, Arthur Salter y J. C. Stamp, mientras que Hayek firma junto con T. Gregory, Arnold Plant y Lionel Robbins. Las cartas, enviadas al editor del diario británico, están escritas en plena crisis económica, con desempleo del trabajo y de bienes de capital.

La segunda, escrita desde la London School of Economics (LSE) de Lionel Robbins, está motivada por la publicación, dos días antes, de la carta de Pigou y Keynes. Expresan, de forma concisa y clara, dos visiones muy distintas de la producción y de la crisis económica. Son un pequeño debate que todavía sigue dándose, 68 años más tarde.

Keynes y demás, en su carta del 17 de octubre, parten de la idea de que cualquier contracción en la demanda profundiza la crisis. Ponen el siguiente ejemplo: “Un terrateniente que gasta 500 libras menos de lo habitual en amenidades y destina esas 500 libras a la construcción de un granero o una casa de campo o el hombre de negocios que renuncia a ciertos lujos de modo que pueda adquirir nueva maquinaria para su molino, simplemente está transfiriendo recursos productivos de un uso a otro”. Como les señalan los autores de la LSE, “parecen mantener que es indiferente, por lo que se refiere a las perspectivas de una recuperación, si el dinero se invierte en consumo o en inversión real”. Lo importante es que se produzca ese gasto. Pues como explican Keynes et al, si una persona restringe su consumo y “permite que los frutos de su ahorro se acumulen en los balances de su banco o en la compra de una acción ya emitida, los recursos nuevamente liberados no encontrarán un hogar que les acoja”.

Se dirá que el ahorro se dirige a la inversión, pero ellos responden de antemano que, “en las presentes condiciones, su entrada en la inversión está bloqueada por una falta de confianza. Es más, la constricción del consumo privado intensifica este bloqueo, pues desincentiva todas aquellas formas de inversión (factorías, maquinaria y demás) cuyo último objetivo es hacer bienes de consumo”. El resultado, con estas bases, no puede ser otro: “En lugar de permitir que la fuerza de trabajo, la maquinaria y los transportes se redirijan a usos diferentes y más importantes, los condena al desempleo”.

Hayek acaba de publicar Precios y producción, que todavía en 1932 supone un éxito resonante en la LSE, muchos de cuyos profesores se suman a las tesis de Hayek. Ronald Coase, que luego iría a los Estados Unidos, enseñaba macroeconomía en aquél país nada más llegar sobre la base de ese libro. En Precios y producción, Hayek parte de la teoría del capital de Menger y, sobre todo, de Böhm-Bawerk, que describe la producción como una sucesión de etapas, unas más cercanas al consumo que otras, todas encaminadas a llegar al consumo en un futuro más o menos cercano. Mientras, en Cambdridge y Oxford, desde donde está escrita la otra carta, prácticamente se piensa que la inversión depende directamente del consumo. No piensan en una estructura temporal alargada. Por ello, cualquier restricción en el consumo supone también un condicionante para la inversión. En la visión de Hayek, ese ahorro libera recursos de las etapas más cercanas al consumo, pero provee de los medios necesarios para que éstos se destinen a las etapas más alejadas. Por eso, dicen en su carta que “nosotros, por el contrario, creemos que una de las principales dificultades del mundo estos días es una deficiencia en la inversión; una depresión de las industrias que fabrican una extensión del capital, más que de las industrias que fabrican directamente al consumo. Por consiguiente, consideramos que una revitalización de la inversión es particularmente deseable”. Mientras que Pigou y Keynes y demás creen que esa inversión es ilusoria si se restringe el consumo.

Los de Cambdridge y Oxford llevan el argumento desde el consumo individual al consumo público, aunque ellos mencionan sólo el gasto municipal. “Si los ciudadanos de una localidad desean construir una piscina o una biblioteca o un museo, ellos no promoverán un mayor interés nacional si renuncian a hacerlo. Serán “mártires por error” y, en su martirio, estarán perjudicando a otros, tanto como a si mismos. Por medio de su buena voluntad mal dirigida, la creciente ola de desempleo se elevará aún más”. Puede parecer una opinión ingenua, pero es la que ha llevado a España a dos sucesivos Plan E que han consumido una ingente cantidad de dinero público sin apenas provecho. Los autores de la LSE sugieren que el gasto público es más bien improductivo y que la deuda pública impone mayores restricciones a la recuperación que la privada, aunque no precisan si el motivo es el previsible aumento de impuestos, u otro. Y señalan al levantamiento de las restricciones al comercio y al movimiento del capital como el camino más certero para iniciar una recuperación.

Este debate tiene vigencia, y no sólo por lo que hemos visto en Plan E, sino por que las llamadas a aumentar el consumo para coadyuvar a la recuperación son constantes. Hoy no se hacen llamadas al patriotismo de los consumidores, como Keynes y demás, pero el sentido de muchos mensajes es exactamente el mismo. Ninguna de las dos cartas le hace justicia a la función económica del atesoramiento, pero ese debate parece haber perdido importancia. En cualquier caso, es Keynes contra Hayek otra vez, y sigue siendo de actualidad.

Una defensa rothbardiana de las instituciones

Escrito por Manuel Llamas en julio 14, 2010. Publicado en Análisis diario.

La aplicación de la metodología propia de las Ciencias Naturales al ámbito de la acción humana es, sin duda, el mayor de los errores cometidos en este campo, por ser ésta la semilla de la ingeniería social que tanto daño ha causado, no sólo al estudio de las Ciencias Sociales sino, sobre todo, al progreso de la humanidad en todas sus vertientes, tanto económica, como social, jurídica o cultural.

El denominado constructivismo social es el mayor de los males, ya que rechaza la naturaleza misma de las instituciones. Esto es, su innato carácter evolutivo y espontáneo. De este modo, dicha corriente, predominante por desgracia en la actualidad, niega la esencia misma de la naturaleza humana, cayendo así en la fatal arrogancia denunciada por Hayek. Al considerar toda institución como un producto deliberado de la razón, el científico, en su papel de ingeniero social, se arroga potestad absoluta para reorganizar la sociedad a su antojo y desde cero. Y ello, en base a arbitrarios conceptos de “eficiencia” y “justicia” que derivan de su particular óptica subjetiva.

El campo de las Ciencias Sociales se compone de tres niveles de análisis: acción humana, relaciones de intercambio e instituciones sociales, siendo este último el más complejo de todos, ya que contiene y abarca los dos estadios previos.

La Escuela Austríaca ha demostrado fehacientemente el gran error de aplicar el método de las Ciencias Naturales en este campo. Es el denominado “Cientismo”, definido por Hayek como la indebida e indiscriminada aplicación de la Ciencia Natural al ámbito de la acción humana. El Positivismo establece que tan sólo existe un método científico -el de la Ciencias Naturales- aplicable para plantas, animales y hombres (monismo metodológico). Idea que contrasta con el dualismo metodológico, que establece la necesidad de aplicar un método diferenciado al estudio de la acción humana, ya que la innata capacidad creativa diferencia al hombre del resto de animales.

El “Cientismo” no se puede aplicar por cuatro motivos básicos:

1) Las ideas no se pueden observar directamente en el mundo exterior, sólo se pueden interpretar, y para ello se precisa de una teoría previa.

2) Los fenómenos de la acción humana son complejos, no se pueden aislar, no son susceptibles de experimentos de laboratorio. Las leyes en Economía se enuncian siempre bajo la premisa de ceteris paribus (a igualdad de circunstancias), pero la realidad siempre es cambiante, por lo que no se puede aislar el fenómeno. Por ello, primero es necesario enunciar la ley, y sólo después interpretar la realidad.

3) No existen constantes: todo son variables, no existen relaciones funcionales y los fenómenos no se pueden medir cuantitativamente (el poder adquisitivo del euro, por ejemplo, varía constantemente).

4) No se pueden aplicar modelos estáticos de equilibrio a una realidad que siempre cambia y está, además, en constante desequilibrio.

Las instituciones jurídicas y, en general, todas las instituciones sociales (lenguaje, dinero, mercado, etc.) surgen así de procesos evolutivos en los que un número muy grande de personas aporta cada una a lo largo de la historia su pequeño granito de arena de información práctica y creatividad empresarial, dando lugar de forma espontánea, y de acuerdo con la conocida teoría de Menger, a unas instituciones que son producto, sin duda alguna, de la interacción de muchos hombres, pero que no han sido diseñadas ni organizadas conscientemente por ninguno de ellos.

Y esto es así porque ninguna mente humana ni grupo organizado de mentes humanas posee la capacidad intelectual necesaria para asumir ni comprender el enorme volumen de información práctica que ha intervenido en la paulatina generación, consolidación y ulterior desarrollo de esas instituciones. Por el contrario, dichas instituciones han ido surgiendo como resultado del proceso empresarial de interacciones humanas, extendiéndose a grupos cada vez más amplios mediante el mecanismo de aprendizaje e imitación inconsciente -prueba y error-.

Así pues, dada la complejidad y naturaleza de la acción humana, su estudio y análisis precisa de un método radicalmente distinto al de las ciencias empíricas. La Praxeología tiene por objeto investigar la categoría de la acción humana, y ello mediante un método propio cuyas características básicas son:

1) Apriorístico y deductivo: siempre parte de un axioma, un presupuesto irreductible. La acción humana es el punto de partida.

2) Axiomas — supuestos — razonamiento lógico deductivos — leyes económicas.

3) Las leyes de la economía tienen validez universal.

4) Individualismo metodológico (Menger): todo debe ser retrotraíble a la acción humana individual, ya que toda la Ciencia Económica pivota en torno al individuo.

Así, lo único que se precisa para deducir todos los teoremas praxeológicos es conocer la esencia misma de la acción humana, un conocimiento que ya poseemos por el simple hecho de ser hombres. De este modo, no se requiere acudir a experimentación alguna, tan sólo es necesario aplicar el análisis lógico de aquellos conocimientos que llevamos dentro, referidos a la categoría de acción, para poder asimilar mentalmente los teoremas en cuestión. Partiendo de este fundamento inconmovible que es la categoría de acción humana, la Praxeología y la Economía progresan, paso a paso, en sus estudios mediante el razonamiento reflexivo.

La Praxeología -y, por tanto, también la Economía- es una disciplina de índole deductiva. Así pues, el método apriorístico-deductivo de la Escuela Austríaca es aplicable a las Ciencias Sociales en su conjunto. En este sentido, hay que tener en cuenta que el propio Menger, partiendo del estudio de la acción humana y de las relaciones de intercambio, logró articular una teoría acerca de la aparición y desarrollo evolutivo de las instituciones sociales. Lo mismo sucede con Murray Rothbard en su obra La Ética de la Libertad.

Rothbard defiende que, existiendo una Ley Natural cierta y objetiva sobre la que construir un esquema de normas éticas (Derecho Natural), es posible determinar, en última instancia, una serie de leyes o normas materiales capaces de regir realidades concretas

La ética de la ley natural establece que puede determinarse lo que es bueno o malo para el hombre según le permita o le impida realizar lo que es mejor para la naturaleza humana

La Escuela Austríaca se fundamenta, precisamente, en la existencia de una serie de derechos individuales que son inalienables y forman la esencia misma del Derecho Natural, tales como el respeto a la vida, la propiedad privada, la libertad y el cumplimiento de los contratos. De hecho, la evolución natural de las instituciones sociales responde, precisamente, al cumplimiento de dichos principios fundamentales para el desarrollo pacífico de la vida en sociedad.

Rothbard, partiendo de las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y conforme a lo señalado por el jurista inglés sir William Blackstone, demuestra que si una acción tiende a la felicidad humana ésta forma parte de la Ley Natural, mientras que si destruye la felicidad humana entonces está prohibida por esa misma Ley Natural. Dicho fundamento ético es esencial para poder comprender la naturaleza misma del ser humano y enjuiciar así, correctamente, los actos que tienden a favorecer o destruir el progreso económico y el desarrollo de una vida pacífica en sociedad.

Es éste, y no otro, el sustrato ético que conforma el surgimiento y desarrollo de los órdenes espontáneos, es decir, de las mismas instituciones sociales, tales como el mercado, el dinero o el derecho. De hecho, los padres fundadores de EEUU enunciaron explícitamente tales derechos, al establecer en la Declaración de Independencia lo siguiente:

Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad

En este sentido, resulta evidente que el intervencionismo estatal y la coacción son actos inmorales y éticamente condenables por obstaculizar la función empresarial y, por tanto, la cooperación social, esencia misma del mercado (equivalente a la sociedad). De este modo, las leyes deben limitarse a declarar los derechos naturales de los seres humanos y a prohibir toda conducta que viole dichos derechos, ya que de lo contrario surgiría una tiranía legal.

Un sistema jurídico libertario, tal y como establece Rothbard, debe permitir que la sociedad se organice libremente (de forma espontánea) siguiendo las decisiones individuales de los miembros que la integran (cooperación social mediante relaciones libres de intercambio). El orden jurídico espontáneo se sustenta sobre el respeto a estos principios básicos que conforman el Derecho Natural.

Al hablar de ley o derecho, se trata de la ley como salvaguarda de la libertad, por tanto, no es otra cosa que no sea el conjunto de normas de conducta que constituyen el derecho privado y el derecho penal, lo que implica que no es derecho cualquier prescripción emanada por una autoridad legislativa que sobrepase lo señalado.

Partiendo de esta base, Rothbard fundamenta racionalmente en su obra una ética positiva de la libertad. Según el autor, la economía puede ciertamente contribuir en gran medida a la defensa de la libertad individual, pero no es capaz de implantar por sí sola una auténtica filosofía política. Para emitir juicios políticos se requieren juicios de valor, por lo que la filosofía política es necesariamente ética y, por tanto, es preciso implantar un sistema ético positivo para poder defender con sólidos argumentos la causa de la libertad.

La clave de esta teoría ética es la clara delimitación de los derechos de propiedad, que el autor realiza siguiendo la línea marcada por el respeto al Derecho Natural ya enunciado y, concretamente, el derecho que todo individuo tiene a poseerse a sí mismo y disponer de su ser y todo aquello en que imprime el sello de su acción (propiedad privada).

Además, la Ley Natural, tal y como señala Rothbard, es el conjunto de normas que el hombre es capaz de descubrir por medio de la razón. Al igual que acontece en el análisis del primer (acción humana) y segundo nivel (relaciones de intercambio), el estudio de las instituciones ha de ser abordado desde el método apriorístico-deductivo. Y es que todo parte de la acción humana, incluido el nacimiento y desarrollo espontáneo de las instituciones sociales, aunque éste tenga lugar de un modo inconsciente y no deliberado.

No obstante, la acción humana es el axioma básico de partida y, por lo tanto, todo ámbito de las Ciencias Sociales (inclusive las instituciones o tercer nivel) debe ser retrotraíble a éste, tal y como enunciaron Menger y Mises. No es posible comprender o estudiar el mercado como institución sin recurrir a la acción humana, por lo que, en todo caso, el método adecuado debe ceñirse al apriorístico-histórico-deductivo. No obstante, el propio Menger logra explicar el surgimiento evolutivo del dinero partiendo de la necesidad natural de intercambio que tienen los hombres para satisfacer sus fines subjetivos concretos, situando así el dinero como un “medio” para el cumplimiento de un determinado fin (intercambio).

En su obra, Rothbard aborda este campo enumerando una serie de principios éticos universalmente válidos que, partiendo del respeto y cumplimiento del Derecho Natural, son enunciados mediante la aplicación del método apriorístico-deductivo. De ahí que se centre, sobre todo, en desmontar el Estado, al ser concebido como un ente ilegítimo e inmoral desde la óptica austríaca del respeto a los derechos inalienables de todo individuo. Una idea que enlaza, sin duda, con la Teoría de la Eficiencia Dinámica elaborada por Huerta de Soto.

Por ello, el anarcocapitalismo que defiende Rothbard es la representación más pura del orden espontáneo del mercado en todos sus ámbitos, incluyendo, el derecho, la justicia, la seguridad o el sistema político. En el seno de la Ciencia Económica, el anarcocapitalismo se ocupa de la teoría general del orden espontáneo extendido a todas las áreas sociales incorporando, además, por contraste y oposición, el análisis de los efectos de descoordinación social generados por el estatismo en cualquier parcela en que incida.

El objetivo de Rothbard consiste, única y exclusivamente, en articular una serie de leyes y principios básicos a nivel institucional partiendo del axioma de la acción humana a través del método apriorístico-histórico-deductivo, al igual que hicieron Menger y Mises, entre otros autores, en el primer y segundo nivel.

Su obra se centra en desmontar punto por punto la supuesta legitimidad del estado con lo que, una vez eliminado, el resultado natural conduce a una suerte de anarcocapitalismo cuyos efectos y consecuencias son del todo imprevisibles, ya que dicho sistema tan sólo existe a nivel teórico. En este sentido, mas que la elaboración de una utopía irrealizable, Rothbard efectúa un original ejercicio consistente en proponer alternativas teóricas a la provisión de servicios que, en la actualidad, son públicos, pero que bien podrían ser privados. Sin embargo, ello no quiere decir que, de llegarse a tal situación (ausencia de estado), se alcancen los mismos resultados. En tal caso, todo dependerá del incierto e imprevisible devenir del orden espontáneo.

Lo único que plantea Rothbard es la necesidad de eliminar el estado (anarcocapitalismo) con el único fin de propiciar la existencia de un contexto libre de toda coacción pública para que dicho orden se extienda y crezca en toda su intensidad.

El Estado y la prosperidad

Escrito por Joaquin Santiago en julio 8, 2010. Publicado en Análisis diario.

Teoriza Anxo Bastos que el Estado, como instrumento de coerción depredadora, comenzó cuando grupos de pastores nómadas asaltaron los fértiles valles de las poblaciones agricultoras y sometieron a sus habitantes, viviendo de ellas con la amenaza y la violencia. El nomadismo pastoril ofreció en el pasado incentivos al asalto que resultaron determinantes en numerosos casos históricos. Los pastos no son siempre abundantes y de calidad y eso lleva a desear el de la tribu vecina, de ahí que la guerra haya sido un modo productivo de obtenerlos. Hay casos históricos que parecen corroborar esta tesis del nomadismo como constructor de estados.

En épocas protohistóricas, los llamados, por algunos historiadores, pueblos indoeuropeos, muy probablemente esteparios, cayeron sobre las cuencas agrícolas del Mediterráneo, Mesopotamia y la India originando diversos periodos oscuros seguidos de renacimientos. Parece que la impronta de estas acciones fue la de la depredación, seguida de una caída del bienestar debido a que los más fuertes eran poco conscientes de los daños que infligían a la productividad de los pueblos sometidos. Es de suponer que esas épocas oscuras desarrollaban en sí el germen de la prosperidad posterior si las nuevas poblaciones mixtas recuperaban algo del pasado y daban soluciones nuevas a las incitaciones posteriores.

Los casos de Esparta y Atenas son paradigmas de una solución fracasada y una de éxito debido al tipo de respuesta dada a los retos. La élite doria espartana no asimiló la cultura productiva nativa y solamente se sostuvo por la extrema violencia, lo que supuso su fin y, para la posteridad, un legado inexistente. Mientras, la ateniense fue, por el contrario, un éxito al lograr los invasores identificarse con los invadidos y responder al desarrollo con soluciones que hoy son, mutatis mutandi, imitadas.

Ya en la Edad Media, la invasión asiática de los pastores mongoles supuso su integración en China, especialmente la septentrional y en la India. Por su parte, algunas tribus de turcomanos, aplicaron en el Imperio Otomano una peculiar solución propia de pastores para sostener el Estado que se erigió sobre las ruinas de Bizancio. Dada su incapacidad cultural para gobernar sociedades estables, la administración y las armas no se entregaron a la nobleza turca sino a esclavos eficientemente educados para ello.

Puede decirse que los casos citados no demuestran la tesis de que el estado se asienta sobre la depredación puesto que los nómadas de los ejemplos se asentaron sobre estados que les precedían, pero indicios de la protohistoria llevan a considerar que las principales maquinarias estatales surgieron de la unión de poblaciones violentas sobre poblaciones agrícolas. Sin duda, no es posible asegurarlo para todos los casos, puesto que faltan datos extraídos de restos materiales y, en el caso del antiguo Egipto, faltan incluso indicios de que pastores nómadas se impusieran sobre los esforzados transformadores de las riberas del Nilo. Lo cierto es que la tesis de Anxo Bastos es realmente asegurable en un alto número de ellos.

Lo que traigo a colación aquí es que cada mixtura de violentos y de productivos trajo una época de caída del bienestar cuando los violentos no tenían nada que aportar a la productividad de las poblaciones sometidas. Solamente el modo de integrarse traía un resurgir o no. Pero esto no sirve ya para explicar lo ocurrido en los últimos trescientos años.

La sociedad más depredadora de la historia, la Occidental, es, a la vez, la más civilizadora (en términos económicos) y la que posibilitó un aumento mayor de las poblaciones nativas y de la prosperidad global. Al menos respecto de los casos anteriores. Que hayamos hecho una síntesis de desarrollo económico y potencia militar no resulta un hecho del que sentirse orgullosos, pero sí es un dato a tener en cuenta a la hora de proponer políticas públicas liberalizadoras que ensalcen lo útiles que resultan la cooperación social, la libre empresa y la propiedad privada frente a las injerencias del Estado y la administración; porque puede ocurrir que, al hacerlo, justifiquemos la libre empresa con el objetivo de engrandecer el poder del Estado.

Camino de servidumbre

Escrito por José Carlos en junio 27, 2010. Publicado en Artículos en prensa.

Se trata de Camino de servidumbre, el primer libro escrito por Friedrich A. Hayek más allá de la economía. La obra, ya desde el título, era una advertencia a Gran Bretaña y a todo Occidente, que estaba luchando contra el socialismo nacionalista en Alemania, pero abrazaba sus mismas ideas en casa.

Fue un completo éxito. Vendió medio millón de ejemplares en Estados Unidos y también desaparecía con rapidez de las librerías británicas. Pero era un libro pensado para aquellos días, desde los cuales han pasado ya 66 años. ¿Cómo es posible que ahora se convierta en un superventas, sin necesidad de hacer mención de vampiros adolescentes o periodistas suecos? La respuesta más inmediata se llama Glenn Beck. Este hombre ha pasado de estar en lo más bajo personal y profesionalmente a convertirse en el periodista con más impacto en Estados Unidos y, según parece, también en un líder social. Recientemente habló con dramatismo del futuro de socialismo y opresión que se cernía sobre su país, y dijo que un libro ya había advertido de todo ello, lo había visto de forma preclara. En Alemania, los aliados lo censuraron porque resultaba crítico con el New Deal. En Rusia se pasaba secretamente entre los disidentes en versiones manuscritas. Muchos de los millones de estadounidenses que seguían a Beck se lanzaron a la librería on-line para reservar su copia.

Pero esa es sólo parte de la respuesta. En noviembre de 2008, exactamente cuando ganó las elecciones Barack Obama, las ventas de Camino de servidumbre se multiplicaron por cuatro. La Rebelión de Atlas, una distopía que relataba cómo se desvanecía la sociedad por el triunfo del colectivismo, volvía a venderse como nunca. Una parte de la sociedad teme la deriva socializante que iba a imprimir Obama a un pueblo que nació con una idea sobre todas las demás y era la del orgullo de vivir en libertad. Y quería recordar qué habían dicho los que mejor han sabido exponer los errores, intelectuales y morales, del socialismo. Glenn Beck ha sido un potente detonante, pero la necesidad de saber a qué nos enfrentamos estaba ahí, latente.

El libro de Hayek es una llamada valiente a reconocer las virtudes del "camino abandonado", que es el de una sociedad libre, y un alegato contra una sociedad sometida, subyugada e infantilizada en manos del poder. Explicó las viejas ideas detrás de las propuestas sólo aparentemente nuevas. Señaló a los totalitarios dentro de una sociedad todavía libre. Mostró el peligro que suponía la planificación para la democracia y para la libertad. ¿Necesita más elementos para interesarle al lector de hoy? Camino de servidumbre será siempre un libro de actualidad. No podría ser de otro modo, ya que está dedicado "a los socialistas de todos los partidos".

Carta abierta de Gabriel Calzada

Escrito por Gabriel Calzada en junio 25, 2010. Publicado en Artículos en prensa.

Un depósito de gasóleo, unas piezas de repuestos industriales, una constestación telefónica desafortunada y un error de una empresa de paquetería hicieron que un intento de debate por parte de una empresa del sector renovable pareciera a todas luces una amenaza.

Como en las mejores películas, todas las piezas encajaban a la perfección y todas señalaban a un culpable, la empresa solar que quiso rebatir mis argumentos. Y como en las mejores películas al final nada es lo que parecía ser. Todo empezó cuando la semana pasada recibí un paquete procedente de Thermotechnic, una empresa de Navarra. La inesperada llegada de una caja de un remitente desconocido me indujo a contactar con ellos para preguntarles de qué se trataba pues no sería la primera vez que recibimos desagradables mensajes del sector renovable. La secretaria de la empresa dijo sin vacilar que el paquete contenía su contestación (la de la empresa) a mis artículos de opinión sobre energía en Expansión.

Para ella la contestación tenía su lógica pues la chica había obedecido a su presidente que le había pedido enviarme un informe. Si hubiese aludido al informe o a un documento, hubiésemos sabido inmediatamente que hablábamos de cosas distintas, pero la fortuna, o más bien la mala fortuna, quiso que la respuesta admitiera un paquete con cualquier tipo de contenido.

En vista de que la “contestación a mis artículos de energía en Expansión” que yo había recibido con el nombre de Thermotecnich como remitente no parecía un documento, decidí seguir los consejos de varias personas prudentes que sugirieron escanearlo. Así hice el martes 22 y el contenido resultó ser un envase de gasóleo y unas piezas industriales. El guarda de seguridad que lo pasó por el escáner solicitó inmediatamente asesoramiento por parte de una persona con más experiencia, que fue quien finalmente abrió el paquete delante de las otras tres personas presentes. En una nueva casualidad el azar quiso que las piezas fueran del tipo que se usan en bombas caseras, de tal forma que la persona que lo abrió, con una larga experiencia en servicios de protección concluyera lo que ya cualquiera podía deducir, “aquello era un aviso. Hoy te mandan las piezas sueltas y la próxima ocasión en la que te contesten podrían hacerlo con las piezas ensambladas”. Los presentes nos quedamos atónitos y yo no hacía más que pensar en cómo contárselo a mi mujer.

Comenté lo sucedido con varios periodistas tanto en Expansión como en Libertad Digital, uno de los cuales había asistido a la apertura del paquete. Me consta que llamaron a Thermotecnich con tan mala suerte, de nuevo, que nadie les contestó. La publicación de la noticia el jueves por la tarde provocó, como es lógico un gran revuelo, pero a nadie debió impactar tanto como a Pedro Gil, presidente de Thermotechnic cuando un periodista de Unidad Editorial por fin logró contactar con él esa noche.

El señor Gil se comportó en todo momento como un caballero a pesar de que debió pensar que se encontraba en medio de una pesadilla o de una película de Fritz Lang. Me llamó dos veces esa noche y me pidió disculpas por el mal momento que pudiera haber pasado. Yo las acepté inmediatamente. Sus únicas preocupaciones eran mi tranquilidad personal por un lado y por el otro la situación en la que quedaban sus empleados y el nombre de su empresa hasta que no se supiera exactamente qué había pasado y la verdad trascendiera a los medios.

¿Qué había sucedido? A primera hora de la mañana del jueves quedaban dos posibilidades, o bien alguien había cambiado el contenido del paquete o bien un nuevo error que añadir a la lista había hecho que a mí me llegaran esas piezas industriales a nombre de Thermotechnic y que alguna industria recibiera unos documentos que debían haberme llegado a mí. Pasado el mediodía del viernes el caso quedó resuelto cuando recibo la llamada de la empresa de paquetería que se habían dado cuenta del error que habían cometido tras recibir la llamada de Thermotechnic. En efecto, la empresa cruzó los dos envíos.

Personalmente siento mucho lo sucedido por la imagen de Thermotechnic y de su presidente, Pedro Gil, que como dije, mostró en todo momento ser todo un caballero. Espero que la historia quede en los anales de las noticias que son producto de un cúmulo de casualidades que parecen imposibles. Pedro Gil me ha invitado a hablar sobre lo sucedido y discutir sobre política energética en Navarra. No podría imaginar un mejor final a esta historia tan rocambolesca que sólo podía suceder en la realidad.

Bastiat, el mejor divulgador del liberalismo

Escrito por Domingo Soriano en mayo 28, 2010. Publicado en Artículos en prensa.

Tal y como expresa Carlos Rodríguez Braun en el excelente prólogo que acompaña a esta edición, "pasmo suscita la obra de Bastiat",

un autodidacta cuya carrera duró apenas seis años, pero que alcanzó a convertirlo no sólo en el mejor divulgador del liberalismo de todos los tiempos, sino también en un pensador interesante.

Estas Armonías son quizás la mejor muestra de la afirmación del profesor Rodríguez Braun. En primer lugar, porque son la obra incompleta de un autor al que su temprana muerte (en Roma y en 1850, cuando apenas tenía 49 años) no le permitió desarrollar por completo su pensamiento. Pero también porque este libro, que no pudo terminar, podría haber marcado una nueva etapa en su producción. Al extraordinario propagandista que había demostrado ser en escritos anteriores como "La ley" o "Lo que se ve y lo que no se ve" se une aquí el pensador que disecciona de forma sistemática la mayor parte de los temas de la ciencia económica.

La mezcla no puede resultar más explosiva, puesto que su agilidad estilística, su perspicacia a la hora de denunciar las trampas del intervencionismo estatal y su clara contundencia al exhibir las virtudes de la libertad se complementan con su análisis detallado de las teorías entonces vigentes sobre cuestiones como el valor, el comercio, la riqueza, el capital, el ahorro o la guerra.

Por eso, este libro puede leerse, tal y como explica Rodríguez Braun, como un complemento perfecto a los Sofismas económicos, también de Bastiat: mientras que este último título era una devastadora crítica del socialismo, las Armonías procuran "construir un sistema de pensamiento" que, desgraciadamente, no pudo completar. Eso sí, los veinticinco capítulos que han llegado hasta nosotros son suficientes para colocar a nuestro autor entre los más interesantes pensadores liberales de su época.

Bastiat comienza defendiendo las virtudes del libre mercado con la imagen de un carpintero de pueblo que cada mañana se levanta y tiene a su disposición una plétora de bienes (desde la madera con la que trabaja hasta la comida que se lleva a la boca, pasando por el lino con el que se hace la ropa) que no podría fabricar por sí mismo ni aunque emplease toda su vida en ello. Nuestro hombre defiende la libertad frente a aquellos que "se dan ínfulas de sabio y están fascinados con la supuesta belleza de su proyecto político ideal". He aquí el enemigo principal. Como Hayek más de un siglo después, Bastiat ataca con decisión esa fatal arrogancia que lleva a los intervencionistas a creer que las sociedades generadas en sus mentes serán superiores, económica o moralmente, a las realmente existentes.

Bastiat se rebela contra esta pretensión y aboga por los órdenes espontáneos propios de las sociedades libres. Tal y como expone el pensador francés, cuando las relaciones son libres, sus frutos son armónicos, mientras que cuando interviene la coacción se producen innumerables efectos no deseados que perjudican a quienes se trata, supuestamente, de defender.

Es éste un mensaje que sigue tan vigente ahora como en vida de Bastiat. No sólo el fondo, también la forma resulta extraordinariamente cercana. La escritura del francés es ágil, y su forma de abordar los temas, de una modernidad sorprendente. Por eso, ésta es una obra de muy fácil lectura para el público actual, y un magnífico libro de iniciación al liberalismo clásico.

FRÉDÉRIC BASTIAT: ARMONÍAS ECONÓMICAS. Instituto Juan de Mariana (Madrid), 2010, 438 páginas. Prólogo de CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN.

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Pinche aquí para escuchar la entrevista que MARIO NOYA hizo en LD LIBROS a GABRIEL CALZADA, presidente del IJM, a cuenta de la publicación de ARMONÍAS ECONÓMICAS.