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Etiqueta: Política fiscal

Teoría fiscal del nivel de precios (V): formación del equilibrio

Escrito por César Taboas en . Publicado en Análisis diario.

En las pasadas cinco entregas de esta serie de artículos, hemos expuesto brevemente los elementos clave de la Teoría Fiscal del Nivel de Precios (FTPL, por sus siglas en inglés). Siguiendo a Cochrane (2023), comenzamos con un análisis general, fundamentado en un modelo con únicamente dos períodos. Tras pasar de este modelo a uno intertemporal, conseguimos un modelo más realista y, por ende, más capaz de explicar la influencia de la política fiscal en el nivel de precios. Finalmente, en el último artículo explicamos qué tipo de regímenes fiscales pueden ser explicados mediante la FTPL y si la evidencia empírica respalda las tesis de esta teoría.

Sin embargo, toda teoría monetaria que se precie debe exhibir una comprensión sistemática de los mecanismos de trasmisión entre las variables sobre las que se argumenta una relación de causalidad –en el caso de la FTPL, entre los superávits primarios esperados y descontados y el nivel de precios. Puesto que ya sabemos que la política fiscal afecta al equilibrio monetario en un patrón fiat, el presente artículo se dedicará a explicar los procesos económicos que respaldan esta afirmación. Como en los pasados artículos, comenzaremos con el modelo intertemporal:

Superávits presentes y nivel de precios

Lo que este modelo trata de explicar es que, si existe relativamente demasiada oferta de deuda pública sobre las expectativas de superávits –recordemos, los flujos de caja con los que el Estado termina repagando esa deuda–, esto tenderá a incrementar, ceteris paribus, el nivel de precios. La primera crítica que se le suele hacer a esta afirmación es que, si observamos las series temporales, no se observa una correlación significativa entre los superávits primarios y el nivel de precios. Obsérvese que, en Estados Unidos, entre los años 2000 y 2024, la tasa de inflación subyacente no respondió sistemáticamente a los déficits primarios, excepto con el estímulo fiscal del año 2020.

La realidad es que no es el déficit o el superávit presente, sino las expectativas de estos en el futuro, lo que afecta al nivel de precios. En el modelo intertemporal, el nivel de precios se incrementa si, a igual cantidad de deuda pública en la economía, caen las expectativas de superávits. Esto no implica, empero, que los estímulos fiscales no respaldados por una promesa futura de superávits no vayan a generar inflación. Más bien, el equívoco radica en la pretensión de hallar una relación directa entre los superávits presentes y la tasa de inflación. Por eso, intentar desacreditar a la FTPL poniendo en series temporales los superávits primarios y la tasa de inflación es una crítica errónea al no tener en cuenta el elemento clave al analizar todo activo financiero –las expectativas de flujos de caja.

El modelo intertemporal como condición de equilibrio

La segunda crítica apela al modelo intertemporal como una restricción presupuestaria y no como una condición de equilibrio. En la Ciencia Económica, definimos el primer término como todas las combinaciones de bienes y servicios que un agente económico puede adquirir en función de sus ingresos y precios actuales. Según esta crítica, toda la FTPL estaría basada en interpretar erróneamente una restricción presupuestaria intertemporal como una condición de equilibrio. Debido a esto, entender la determinación del nivel de precios en base a un modelo cuyas variables han de satisfacerse por definición constituiría un grave error. Buiter (1999) es el ejemplo más representativo de esta crítica.

Sin embargo, tal y como explica Cochrane (2005), el modelo intertemporal es una ecuación de valoración de un activo financiero. En el primer artículo ya comparamos la moneda fiat –un pasivo del Estado que da derecho a saldar deudas tributarias con este– con una acción, que es un pasivo de una empresa que da derecho a recibir dividendos en el futuro. Tal y como sucede con las expansiones de capital sin respaldo aparente en dividendos esperados, una empresa puede duplicar el número de acciones asumiendo que el precio de estas acciones se va a reducir a la mitad. Este mismo razonamiento se aplica a la emisión adicional de deuda estatal sin un aumento de los superávits esperados. En lugar de una reducción del precio de la moneda fiat, nos encontraremos ante un incremento del nivel de precios –en cuyo caso hablaríamos de una reducción del valor de la moneda fiat.

Este razonamiento nos ayuda a entender por qué el modelo intertemporal es, como hemos dicho, una ecuación de valoración de la deuda pública y, como veremos después, también de la moneda fiat. Si retomamos nuestra definición inicial de “restricción presupuestaria”, dábamos por hecho unos precios de mercado en función de los cuales cada agente podía ver las combinaciones de bienes que puede adquirir. Si en una economía solo existen manzanas m a precio de cinco onzasy plátanos p a precio de tres, y este agente tiene un ingreso de 100, su restricción presupuestaria sería 100=5m+3p. Así como esta ecuación es una restricción presupuestaria para las empresas y familias por asumir los precios de mercado –o de equilibrio– existentes, una restricción presupuestaria para el Estado debería asumir un nivel de precios dado exógeno.

¡Pero eso es lo que no queremos hacer si pretendemos construir un modelo de determinación del nivel de precios! Que las familias no puedan afectar a los precios de las mercancías que adquieren no significa que el Estado no pueda afectar al nivel de precios, ya que este emite el dinero que actúa como unidad de cuenta en la mayoría de las economías contemporáneas: la moneda fiat. La restricción presupuestaria para el Estado es más laxa que para las familias y empresas, al tener la capacidad de emitir un pasivo generalmente aceptado por la población. Así las cosas, un ejemplo de restricción presupuestaria para el Estado sería:

Tal y como muestra esta simple restricción presupuestaria, el gasto (G), las transferencias (Tr) y los intereses (i) de la deuda del Estado (B) ha de ser necesariamente pagado mediante impuestos (Tax por su expresión anglosajona), nueva emisión de deuda o emisión monetaria (M). Mientras que esta restricción presupuestaria debe regirse en cada momento para evitar el default, la virtud del modelo intertemporal es su capacidad de explicar episodios de desequilibrio monetario, esto es, episodios donde la oferta y demanda de dinero no se encuentran coordinadas. En definitiva, son dos ecuaciones que pretenden explicar condiciones radicalmente diferentes.

Habiendo hecho las debidas aclaraciones, veamos cómo las expectativas de superávits acaban afectando al nivel de precios. Primero, exploraremos qué variables pueden afectar al nivel de precios a través de la ecuación cuantitativa, para luego entender cómo las expectativas de superávits influyen en estas variables.

Recopilación: el valor de la moneda fiat

El valor de la moneda fiat –recordemos que este era la inversa del nivel de precios 1/P– puede cambiar por dos motivos: en primer lugar, por un cambio en el flujo de gasto nominal y, en segundo, por un cambio en el flujo de mercancías dentro de una economía. En la ecuación cuantitativa, la oferta monetaria M –definida por un agregado monetario amplio a pesar de que el Estado solo controla la base monetaria de forma directa–multiplicada por su velocidad de circulación V sería el gasto nominal. En segundo lugar, el Producto Interior Bruto (PIB) real Q será tomado como una variable exógena en esta explicación, ya que su evolución no es una decisión política directa ni del Tesoro ni del banco central:

En otras palabras, lo que procederé a explicar es cómo las superávits esperados y descontados afectan tanto a la cantidad de dinero como a la demanda para atesorar este dinero, que no sería más que la inversa de su velocidad de circulación –cuanto más circula el dinero, menor es el atesoramiento de moneda fiat por parte de los agentes económicos.

Menor demanda monetaria y mayor demanda agregada

Siempre que tratamos con activos financieros que actúan como dinero, como es el caso que nos ocupa, es necesario asumir que las expectativas van a jugar un papel esencial en la determinación de su valor. Mientras que la utilidad futura esperada es un factor fundamental en todo intercambio –mayor cuanto más durable es el bien intercambiado–, a un activo financiero se le añade la expectativa de repago del emisor, junto a la calidad esperada de este activo en el futuro. ¿Y qué factor fundamental determina la calidad de la moneda fiat? Los superávits esperados.  

Por esta razón, a menores superávits esperados, es de esperar que los agentes económicos se deshagan marginalmente de mayores unidades de pasivos estatales, tanto de deuda pública como de moneda fiat. Esto, en última instancia, incrementa la demanda agregada y empuja los precios al alza. De esta manera, podemos incluir a la moneda fiat dentro de los pasivos estatales del modelo intertemporal, ya que los agentes económicos la atesoran por motivos de transacción, precaución y especulación (Keynes, 1930). Es decir, que los agentes no consumen todos sus ingresos en el período en el que los reciben, sino que atesoran un remanente con posibles usos futuros que debemos incluir en la oferta de pasivos estatales en cualquier período:

Ahora bien, ¿qué tipo de eventos pueden conducir a estos “shocks” en la velocidad de circulación? En primer lugar, las reformas fiscales que perpetúan o incrementan los déficits tienden a sembrar un repudio generalizado hacia la moneda fiat. Al fin y al cabo, la cantidad de moneda fiat que un agente económico desea mantener a lo largo del tiempo depende de los ingresos reales, de las expectativas y de las tasas de retorno de otros activos de la economía y de los tipos de interés, tal y como muestra la siguiente función (Friedman, 1956). Los agentes económicos deciden la cantidad de moneda fiat en sus saldos de tesorería también con relación a diferentes activos reales y financieros de la economía. Por eso, tras un deterioro de la calidad de la moneda fiat por mayores déficits esperados, los agentes económicos tenderán a desatesorar moneda fiat adquiriendo otros activos financieros o reales.

Cabe otra posibilidad, empero, en la que los agentes económicos adquieren bienes de consumo. El mecanismo es análogo: cuanto más cuestionada está la solvencia estructural del Estado, mayor será la disposición de los agentes económicos a deshacerse de moneda fiat y atesorar otros activos en su lugar. No obstante, para que esto sucediera, necesariamente debería violarse la equivalencia ricardiana (Barro, 1974), en base a la cual el patrón fiscal del Estado no tiene efecto en el consumo, al asumir los agentes económicos que menores impuestos en el presente conllevarán mayores impuestos futuros, asumiendo un gasto público dado.

En otras palabras, lo que explica la equivalencia ricardiana es que 1) los agentes internalizan la restricción presupuestaria del gobierno a la hora de formar sus expectativas; y 2) los bonos del Tesoro no son riqueza neta, de manera que no tienen efecto alguno en la demanda agregada. De lo contrario, Barro señala que “the fiscal effects involving changes in the relative amounts of tax and debt finance for a given level of public expenditure would have no effect on aggregate demand, interest rates, and capital formation” (Ibidem).

Y esto es precisamente lo que propone la FTPL: los cambios en la política fiscal actúan sobre los patrones de consumo de los agentes y sobre la economía en su totalidad, siempre y cuando el valor real de la deuda pública no se mantenga constante (Cochrane, 2023). De suceder esto, la equivalencia ricardiana se mantiene: existen expectativas de que déficits presentes se compensarán con superávits futuros, y no hay efecto alguno sobre el consumo. En contraposición, cuando el valor real de la deuda cae en respuesta a unos mayores déficits, verbigracia, significa que descienden los superávits esperados y, ceteris paribus, obtenemos inflación. Aplicado a las finanzas públicas, esto se puede plasmar en que ese déficit se repaga, pero durante un mayor período de tiempo. Adicionalmente, la modificación del flujo de superávits esperados es una posible violación de la equivalencia ricardiana, entre otras, como la incertidumbre o la problemática de la distribución intergeneracional (Elmendorf y Mankiw, 1999).

En segundo lugar, si existe relativamente más deuda pública respecto a los superávits esperados, la calidad de esta tenderá a reducirse. Este fenómeno sería análogo al “share split” de una empresa (Cochrane, 2023): ampliar la oferta de acciones sin aumentar paralelamente los flujos de caja esperados. Hasta ahora, nada que no hayamos reconocido previamente. Sin embargo, tal y como muestra la siguiente figura procedente de la Reserva Federal, una gran parte de los activos de este banco central son deuda pública. Si la calidad de la deuda pública se deteriora por las razones ya mencionadas, también lo harán los pasivos que emplean a esta deuda como colateral, es decir, la moneda fiat. En definitiva, el valor fundamental de la moneda fiat deriva de su colateral, y si este pierde valor, la utilidad marginal de la unidad monetaria –y, por ende, su demanda– decrecerá.

Mayor descuento de los flujos de caja

Por último, el factor estocástico de descuento que se le aplica a la moneda fiat también tiene importantes implicaciones inflacionarias. A lo largo de este artículo hemos supuesto que la tasa de descuento que se le aplica al flujo de superávits esperados es constante, siendo el cambio en estos últimos lo que determinaría el nivel de precios junto con la política monetaria. Pero también se ha de tener en cuenta que la variación en flujo de superávits esperados y descontados puede venir, precisamente, por un cambio en el factor estocástico de descuento. Así las cosas, podemos dividirlo en dos componentes:

  1. La tasa subjetiva de descuento, designada por beta. Esta variable determina el descuento por el tiempo y riesgo percibido por el acreedor. En este sentido, cambios estructurales en los superávits primarios o en la cantidad de deuda pública, entre otros factores, pueden alterar esta tasa subjetiva de descuento. Cuanta más cercana esté beta a 0, mayor será el descuento aplicado a los superávits esperados
  2. La preferencia temporal, expresada mediante la ratio de utilidades marginales entre consumir en el futuro y consumir hoy. Cuanta mayor sea la propensión marginal al consumo en t, menor será el factor estocástico de descuento.

Cuanto menor es el factor estocástico de descuento, más probable es que se deprecie la moneda fiat, al necesitar de más flujos de caja para estabilizar su valor, a igualdad de condiciones. En ausencia de “shocks”, la propensión marginal al consumo no tiende a variar, mientras que la tasa subjetiva de descuento responde considerablemente a las expectativas de inflación, de crecimiento económico y de superávits futuros. El indicador que se suele utilizar desde la FTPL para analizar el factor estocástico de descuento es el retorno de los bonos del Tesoro a corto plazo, de manera que las expectativas de superávits influyen notablemente en la estabilidad del nivel de precios también a través del factor estocástico de descuento. Al fin y al cabo, si se están descontando los superávits esperados con los que se paga la deuda pública, resulta intuitivo que los agentes descuenten con el interés recibido de esta deuda.

Conclusiones

En este artículo se ha ofrecido un breve resumen de los que considero que son los principales mecanismos de trasmisión desde la política fiscal hasta el nivel de precios. Evidentemente, la mayoría de estos contienen una dimensión monetaria, al interaccionar el Tesoro con el banco central para determinar el valor de la moneda fiat, cada cual ejerciendo dominancia en función de si son pasivas o activas.

Con todo, todos estos mecanismos no pasan por el banco central: es una decisión autónoma del Tesoro. Esto implica que, si el banco central siguiera una política monetaria pasiva, la política fiscal ejercería dominancia mediante los procesos mencionados a lo largo del artículo. Aun así, el hecho de que los tipos de interés puedan variar, así como otros elementos de la política monetaria, altera y complica qué variaciones en el nivel de precios pueden ser atribuidas a instrumentos de la política monetaria, y qué otros a la política fiscal.

Dejando de lado estas interacciones, que dificultan el análisis monetario, la lección principal de este artículo es que la solvencia estructural del Estado no afecta al nivel de precios únicamente mediante la monetización de déficits. Esta es una vía concreta, pero no la única, mediante la cual la política fiscal afecta al nivel de precios. En todo caso, existen otras vías a través de las cuales las expectativas de superávits afectan a la estabilidad del sistema monetario actual, como la demanda monetaria, la violación de la equivalencia ricardiana o las tasas de descuento.

Bibliografía

Barro, R. J. (1974). Are government bonds net wealth? Journal of Political Economy, 82(6), 1095–1117. https://doi.org/10.1086/260266

Buiter, W. H. (1999). The fallacy of the fiscal theory of the price level (NBER Working Paper No. 7302). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w7302

Caramp, N., y Silva, D. (2023). Fiscal policy and the monetary transmission mechanism. Review of Economic Dynamics, 51, 716–746. https://doi.org/10.1016/j.red.2023.08.001

Cochrane, J. H. (2005). Money as stock. Journal of Monetary Economics, vol. 52(3), 501-528.

Cochrane, J. H. (2023). The Fiscal Theory of the Price Level. Princeton University Press.

Friedman, M. (1956). The Quantity Theory of Money – A Restatement. En Milton Friedman (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money, University of Chicago Press, 3-21.

Elmendorf, D. W., y Mankiw, N. G. (1999). Government debt. En J. B. Taylor y M. Woodford (Eds.), Handbook of macroeconomics (Vol. 1, pp. 1615–1669). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1574-0048(99)10038-7

Keynes, J. M. (1930). A treatise on money. London, England: Macmillan.

Serie ‘Teoría fiscal del nivel de precios’

La peligrosa dilución de la frontera entre la política fiscal y monetaria

Escrito por Álvaro Martín en . Publicado en Análisis diario.

Durante décadas hemos dado por hecho un reparto de papeles claro: los bancos centrales se ocupaban de la inflación y de suavizar el ciclo, y los ministerios de Hacienda supuestamente se encargaban de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Ese arreglo, consolidado desde mediados de los noventa con la independencia de las autoridades monetarias y el establecimiento de objetivos de inflación, funcionó razonablemente bien mientras la deuda era manejable y el crecimiento nominal ayudaba. Hoy ese mundo ya no existe del todo. El volumen de pasivos soberanos, la cicatriz de dos grandes crisis y la sensibilidad social al coste de la vida han vuelto a difuminar la frontera entre lo monetario y lo fiscal.

El régimen dominante de aquellos años (metas de inflación, tipos de cambio flexibles y bancos centrales concentrados en los niveles de precios) descansaba sobre una condición no declarada: que las decisiones sobre el precio del dinero no pusieran en aprietos la financiación del Estado. Con niveles de deuda más reducidos y vencimientos bien distribuidos, esa condición se cumplía. En el presente, cada movimiento de tipos repercute, con retraso, pero con fuerza, sobre la factura de intereses que el Tesoro va refinanciando. Ese bucle convierte una decisión “técnica” en una cuestión con consecuencias presupuestarias y políticas tangibles.

El péndulo histórico ayuda a interpretar el cambio. En los años cincuenta y sesenta, la gestión del ciclo descansaba con naturalidad en la política fiscal, y los bancos centrales raramente eran independientes. Los tipos se movían mirando al tipo de cambio o a las necesidades del gobierno. A partir de los noventa, el péndulo giró: se blindó la independencia de las autoridades monetarias y se dejó al gobierno el trabajo de medio plazo. Aquella “separación” redujo la inflación y estabilizó expectativas. Pero coincidió con un mundo de menor endeudamiento y menor complejidad financiera que el actual.

Después llegó la ruptura. La crisis financiera global llevó los tipos a cero y obligó a desplegar herramientas que pocos esperaban ver a esa escala: compras masivas de activos para estabilizar mercados, apuntalar el crédito y evitar una depresión. La pandemia redobló el esfuerzo. El resultado fue un cambio estructural: una parte significativa de la deuda pública quedó en manos de los propios bancos centrales. Deshacer ese movimiento, es decir, dejar vencer títulos sin reinversión o venderlos, no es una mera operación contable. Exige dosificar ritmos, calibrar impactos y gestionar episodios de tensión que pueden disparar primas de riesgo o destapar fragilidades en el sistema financiero.

En este contexto, es ilusorio sostener que las decisiones monetarias no tienen consecuencias fiscales. Un alza de tipos para contener la inflación eleva, con el paso de los trimestres, la carga de intereses y reduce el margen presupuestario. A la inversa, una rebaja abarata el coste de la deuda y aligera la presión sobre el gasto. La independencia del banco central no borra esa interdependencia; obliga a gestionarla con prudencia. De ahí que veamos combinaciones que hace unos años habrían sorprendido: aumentar el tipo de interés mientras se utilizan instrumentos de estabilidad financiera o reinversiones selectivas para evitar disfunciones en ciertos segmentos del mercado de bonos.

El espejo de la posguerra suele aparecer en este debate. Entonces, con deudas muy elevadas, muchos países practicaron lo que hoy llamamos represión financiera: tipos administrados, controles de capital, tratamiento regulatorio favorable para la deuda pública y, en la práctica, rendimientos reales negativos para el ahorrador. Como mecanismo de reducción de la ratio deuda/PIB funcionó, pero a costa de distorsionar la asignación del capital y de incubar tensiones inflacionistas. Aunque un regreso pleno a ese mundo es improbable en economías abiertas, con mercados de capital globales y marcos legales más robustos, sí conviven hoy rasgos “blandos” que facilitan la colocación del pasivo soberano sin llegar a controles duros.

También han cambiado las expectativas sociales. Tras años de encarecimiento de la vivienda y de la cesta de la compra, los costes de la política monetaria son visibles y se discuten a diario. Ese ruido no debería dictar decisiones, pero condiciona la comunicación. Si un banco central compra bonos para contener un episodio de volatilidad mientras mantiene un sesgo restrictivo en tipos, necesita explicar con nitidez que no está dando marcha atrás en su objetivo de precios, sino usando instrumentos distintos para riesgos distintos. En economías con alto endeudamiento, la comunicación pasa a ser una herramienta esencial para preservar la credibilidad.

Europa añade una dificultad extra. Un único banco central convive con múltiples estados y con primas de riesgo que tienden a incrementarse cuando el mercado percibe trayectorias fiscales divergentes. Evitar que esa fragmentación rompa la transmisión de la política monetaria ha exigido instrumentos específicos y una guía clara: no se trata de financiar déficits de forma permanente, sino de impedir que una volatilidad desproporcionada desactive el canal de tipos. Es un equilibrio delicado por diseño. Si se interviene poco, el mecanismo se atasca; si se interviene demasiado, se diluye la señal de disciplina que deben enviar los mercados.

¿Qué hacer, entonces? No hay recetas mágicas, pero sí una agenda razonable. Para los bancos centrales, la prioridad sigue siendo devolver la inflación al entorno objetivo de forma sostenible. El resto de variables (tamaño del balance, ritmos de reinversión, facilidades extraordinarias) deben subordinarse a ese fin y ejecutarse con previsibilidad. Conviene evitar compromisos que alivian hoy y atan de manos mañana. Para los ministerios de Hacienda, la receta es menos vistosa pero igual de importante: distinguir gasto corriente de inversión, blindar partidas que elevan la productividad, dejar trabajar a los estabilizadores automáticos en las recesiones y consolidar cuando la economía lo permite.

La gestión activa del pasivo público es otra palanca a veces infrautilizada. Alargar vencimientos cuando existe ventana de mercado, diversificar la base inversora, evitar concentraciones de refinanciación y reducir la exposición a tipos variables, amortiguan el impacto de futuras subidas del precio del dinero. A ello se suma la importancia de una senda fiscal creíble y bien comunicada: cuando el mercado confía en la trayectoria, la prima de riesgo se contiene y el coste de financiación baja. No todo depende del banco central; un Tesoro que planifica y explica bien su estrategia, hace más eficaz la política monetaria y, además, ahorra recursos al contribuyente.

Conviene no olvidar el lado de la oferta. La vía menos dolorosa para reducir la ratio deuda/PIB no es inflar la economía ni recortar a ciegas, sino crecer más y mejor durante un periodo prolongado. Eso exige reformas que eleven la productividad, refuercen la seguridad jurídica, impulsen la competencia y el capital humano, y simplifiquen un marco regulatorio que a veces desincentiva la inversión. La política monetaria puede ganar tiempo; no puede crear crecimiento sostenido. Si se la fuerza a compensar carencias estructurales, solo se desplaza el problema y se agrandan los costes futuros.

De ahí que convenga huir de dos espejismos simétricos. No volveremos a la separación aséptica de los noventa, porque el tamaño de la deuda y la complejidad del sistema financiero hacen que cada decisión tenga varias derivadas. Tampoco vamos camino de un dirigismo financiero a la antigua usanza. Nos movemos hacia un terreno intermedio en el que la coordinación técnica es imprescindible, pero la confusión de roles sería letal. Coordinar es compartir información, calendario y diagnóstico; subordinar es renunciar al mandato. Mantener esa diferencia clara es parte de la tarea de los bancos centrales.

El reto político es sostener esa frontera con instituciones. Las leyes que fijan mandatos y salvaguardas importan mucho. Cambiar las reglas cada pocos años, o dejar resquicios para interferencias de corto plazo, encarece la financiación y deteriora la confianza. En cambio, la estabilidad normativa reduce primas de riesgo y permite que la política monetaria funcione mejor. La ciudadanía acepta con más naturalidad sacrificios temporales cuando percibe que responden a objetivos claros y a marcos que no se tuercen según la conveniencia del momento.

La economía política de la próxima década se jugará en ese espacio de interdependencia. Los bancos centrales deberán resistir el ruido y terminar el trabajo de reconducir la inflación, aunque el camino sea gradual. Los gobiernos tendrán que ordenar prioridades, revisar programas que nacieron “temporales” y se hicieron permanentes, y apostar por reformas que sostengan el crecimiento potencial. Si ambos cumplen, las líneas dejarán de ser difusas no porque se separen, sino porque se vuelvan previsibles y coherentes. Y la previsibilidad es, en última instancia, lo que demandan familias, empresas e inversores.

No es una promesa de un camino fácil. Es la constatación de que, con niveles de deuda elevados, no hay atajos indoloros y que las políticas públicas deben madurar al ritmo de los desafíos. La alternativa (forzar a los bancos centrales a mirar hacia otro lado o fiarlo todo a la inflación como impuesto encubierto) ya la conocemos y no termina bien. Mejor asumir cuanto antes que lo monetario y lo fiscal seguirán cruzándose, y que de esa interacción dependerá buena parte del crecimiento y del bienestar de los próximos años.

La deuda estatal: impuestos, narrativa y servidumbre

Escrito por Adrián Ortiz en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en La deuda estatal: impuestos, narrativa y servidumbre

El pasado junio de este año Carlos Alcaraz se alzaba con el título de la última edición de Roland Garros. Un hito que, a su corta edad, lo reafirma como uno de los grandes tenistas de nuestro tiempo. La fiesta se prometía inolvidable para él y sus seguidores si no hubiera sido por la aparición estelar del Gobierno y la Hacienda española. Carlos Alcaraz se embolsará un premio de dos millones y medio de euros, de los cuales más de un millón irá a parar a las arcas públicas españolas.

Y hasta aquí, pues lo normal del expolio legalizado que el Estado justifica para que podamos disfrutar de las migajas que nos venden como servicio público. Pero lo más llamativo fue lo que ocurrió tras conocerse esto. Las redes se llenaron de mensajes que comentaban el hachazo fiscal; algunos lo defendían y otros lo condenaban. Fue entonces cuando nuestro flamante ministro de Transportes se animó de forma totalmente desacomplejada a escribir esto en la red social X:

«Ayer los “españoles de bien” estábamos doblemente contentos. Uno, por ver a ese prodigio del tenis hacer lo que parecía imposible. ¡Qué alegría!. Dos, por ver que 1,18 M € de dinero francés, vendrán a España para nuestra sanidad y nuestra educación y el resto a un español, que lo empleará como considere oportuno.»

De nuevo, no importa tamaña acción extractiva, pues toda se justifica con el ya famoso “hospitales y carreteras”. Y, como siempre, los vigilantes y garantes del camino del buen ciudadano salieron a defender a papá Estado. Figuras del malasañismo bohemio moderno y demás figuras del escaparate público se apuntaban un tanto moral con la verborrea sentimentalista barata. ‘Poco me parece’ se llegaba a afirmar. Ya no es sólo la desvergüenza con la que nuestros gobernantes hacen gala del robo al que nos someten, sino que gran parte de la población sufre tal síndrome de Estocolmo, que legitiman al Estado a calzón quitado.

Como ya dijera Bastiat: «Basta que la ley ordene y consagre la expoliación para que ésta parezca justa y sagrada a muchas conciencias.»

La construcción artificial de la deuda

Su vida, su talento y su riqueza no le pertenecen. Todo eso lo tiene usted gracias al Estado. Esta tramoya burocrática que, por su infinita benevolencia, le permite vivir cómodamente a cambio de un módico precio. Y es que, como si se tratase un secuestrador que recrimina la huída a su rehén, el Estado ha construido un relato alrededor de su falsa existencia que se sustenta en una idea tan engañosa como poderosa: que el Estado somos todos.

En palabras de Stanislav Andreski, conceptos como el universalismo han venido a sustituir la palabra impersonalidad. De modo que cuando la población se contenta con la idea de una sanidad universal, con lo que en realidad se conforma es con la impersonalidad del número, el registro que representa ante el Estado. Y lo más paradigmático es que la maquinaria extractiva enmascara esta realidad bajo el envoltorio amable y seductor de que “lo público” representa a toda la población.

Bajo esta premisa, no es de extrañar que cuando alguien cuestiona al Estado, el resto salga en estampida a defenderse. Porque si el Estado somos todos, atacar al Estado es atacarlos a ellos. Así, los que aplauden el robo fiscal a deportistas y demás figuras públicas, lo hacen convencidos de que todos hemos contraído una deuda con el sistema. Hemos firmado un contrato. Debemos saldar nuestra existencia con servidumbre incondicional. Y el que quiera salir o abandonar el sistema, es tachado inmediatamente como un insolidario que va en contra de TODOS.

Este relato no solo ha suplantado y absorbido la idea de Dios y el camino que todo buen creyente debe acometer. También pretende suplantar a la familia, a la comunidad y al proyecto vital del individuo. El individuo ya no contrae una deuda moral y ética con su proyecto de vida, los suyos, su comunidad, su cultura o su religión, sino con un ente abstracto que, a cada paso que gana, desmantela aún más el significado que estas redes de seguridad tienen para el individuo. El posmodernismo globalista y las políticas colectivistas no pretenden unirnos más. Al contrario, lo que se pretende es separarnos en categorías taxonómicas cada vez más específicas, cada vez más enfrentadas y, cada vez más fácilmente gestionables. Pero todas ellas, al final, sirven al mismo fin siniestro: convertir al individuo en una rémora del entramado burocrático. Una vuelta de tuerca a la tesis liberal que propone al individuo libre y autónomo como llave para una sociedad plena, pero que, en este caso, usa al sujeto como herramienta para apuntalar un sistema en el que el interés de todo individuo debe pasar por el interés del resto. La pormenorización de lo individual en categorías arbitrarias diseñadas para controlar de forma transversal los valores, la moral y la ética… la tan sonada interseccionalidad.

El ciudadano ejemplar ya no es el que cuida de los suyos, trabaja, se esfuerza y pretende aportar valor a la sociedad o comunidad en la que se desarrolla. El podio moral ahora se reserva a aquellos que celebran la nueva campaña de Hacienda; aquellos que rezan al Dios de la igualdad democrática en las nuevas iglesias ministeriales.

El chantaje como herramienta

Decía Cicerón que uno de los cimientos de la justicia es servir a la utilidad común. Y aunque el término utilidad común es algo, a mi juicio, vago y difuso –por no decir intercambiable e interpretable a voluntad–, si se acepta lo que proponen los hermeneutas de la democracia, el término se ha corrompido hasta la extenuación.

El relato del ciudadano que paga impuestos para el bien común, para saldar la deuda con la sociedad que, gracias a esos impuestos de todos, lo ha aupado, no es más que una excusa sofisticada para disfrazar la servidumbre hacia el “bien común” de unos pocos. La culpa por cuestionar a los burócratas y sus leyes. La culpa por querer marcharse buscando mejores condiciones… de hacer lo que va contra ese supuesto bien común. Todo es fabricado artificialmente para que los pelotilleros del régimen puedan esconder su mediocridad tras un muro de buenismo y de moral impoluta señalando a los disidentes.

Se crea así un escenario de perversión moral. La lucha contra la desigualdad y la injusticia se erigen como ideas muy potentes que sirven para enmascarar un halo de envidia y sospecha con el de al lado. Y que sea un ente superior el encargado de hacer desaparecer cualquier atisbo de desigualdad e injusticia apelando a la redistribución, elimina la responsabilidad propia, invitando a su vez, al señalamiento de quien quiera escapar de tal ‘contrato’. Si la retórica es que sea el Estado el encargado de la labor, todo aquel que no quiera contribuir, o cuestione la longitud de la factura, es sospechoso de poner en peligro la lucha contra la desigualdad y la injusticia.

De esta forma, el Estado asegura trabajos dignos, rentas dignas, viviendas dignas, etc. Y tras haberse casado con todas las desigualdades e injusticias que así se necesite, pasa que la realidad aflora: esa redistribución, al contar con tantos agentes y factores impredecibles que responden al orden espontáneo, se descubre imposible. Cada ley, cada decreto, provocan consecuencias inesperadas en sectores diferentes a los contemplados. Los más agraciados en rentas, al ser menos, a pesar de la mucha vocación igualitaria que tengan, no pueden igualar nada aún donando el total de su renta. El resto, la mayoría con menos renta, desarrollan una animadversión hacia los de arriba. ¡Esos ricos insolidarios no quieren contribuir! ¡Quieren destruir el Estado de bienestar! ¡El contrato social así lo dictamina! ¡Qué paguen los ricos!

Un chantaje emocional confeccionado por los más infames, y con la aquiescencia de los más mediocres, para crucificar al pobre diablo que tenga reticencias con el sistema. ¿Acaso usted no ha usado las carreteras, los hospitales y los colegios? ¿Qué clase de insolidario sería capaz de cuestionar que los pobres niños no tengan sanidad o educación? ¡Revísese! Expíe sus pecados y vuelva corriendo al ministerio más cercano a pedir perdón.

Con este clima, cualquier intento por desvincularse del sistema se convierte en una herejía. Y en paralelo, cualquier acto de virtuosismo figurado es aclamado. Por eso, las figuras públicas se visten de seres inmaculados ante el resto. Sumar puntos de buen ciudadano en una sociedad que se alimenta del aplauso fácil, y en la que las intenciones están por encima de los hechos, se vuelve obligación ante el escaparate. No importa cuánto pague o deje de pagar luego en impuestos tal o cual figura pública, lo que importa es apuntarse a la conga moralista. Afirmar lo mucho que se está a favor de pagar cuántos más impuestos mejor para luchar contra las desigualdades e injusticias. ¡Un ciudadano ejemplar!

Así es como se crea una lógica perversa. Los exitosos suplicando el perdón y la validación de los más desfavorecidos mediante el pago de tributos. Y los de abajo, esperando, agazapados, el momento de recriminar los retrasos en el pago. Mientras, el Estado, ya no necesita imponerse, pues los creyentes de la secta institucional ya se encargan de señalar a quien corresponda. Una jugada maestra.

La ruptura como obligación moral

No existe tal cosa como la deuda con el Estado. Usted no ha firmado ningún contrato vitalicio con un sistema diseñado para condenar a aquellos que dice proteger. Usted es un individuo libre y debería poder elegir el rumbo de su vida. Otra cosa muy diferente es que quienes controlan todos los aspectos de su existencia no se lo permitan. Sin embargo, debería poder alzar la voz ante los que le roban lo que es suyo. A rebelarse ante las cada vez más frecuentes injusticias que este grupo de burócratas sedientos de poder comete a diario. Y, en un contexto con moral y ética sanas, no debería ser señalado como desertor por los palmeros del Estado. Esos que, bajo el nombre de la solidaridad, justifican cualquier atropello al individuo.

En obras como Disquisición sobre el gobierno, de John C. Calhoun, la cosmovisión del Estado es, al menos, algo más honesta. Bajo la premisa de que el ser humano es un ser social, pero también más preocupado por lo que afecta a sí mismo que lo que afecta a los demás, Calhoun propone al Estado como ente regulador de las extralimitaciones de los individuos. Pero Calhoun, consciente de que ese mismo Estado está formado por individuos nada diferentes a los gobernados, también hace hincapié en la necesaria limitación a las actividades del gobierno. Una tesis que, aun tratándose de una obra con luces y sombras, no presenta al Estado como entidad solidaria de luz infinita. El problema que encuentro con las socialdemocracias actuales es la retórica buenista de la lucha contra la desigualdad. Esta ha acabado por desembocar en una falsa idea de solidaridad estatal basada en la coacción de unos para satisfacer a otros. Y una solidaridad basada en la coacción, no es solidaridad. Es servilismo.

Una sociedad más o menos libre –ya no digo sin Estado, ¡qué más quisiera!– no se construye con agradecidos que celebran las migajas que otro requisa a un tercero. Esos agradecidos no entienden que lo que el Estado ha robado a Carlos Alcaraz no supone un cambio sustancial en sus vidas. De donde proceden realmente esas migajas es del fruto del esfuerzo del grueso de secuestrados por el sistema. Esos que no levantan el mes cuando pasa el día diez. Agradecidos o no, toda esta retórica se sustenta en extraer una cantidad sustancial a cada ciudadano. Luego, una vez filtrada por las manos necesarias, una pequeña parte irá de vuelta en forma de servicios públicos y promesas vacías. Y cuando esos servicios públicos y promesas no den la talla, el dedo acusador se orientará hacia el chivo expiatorio: ese rico que quiere derruir el Estado de bienestar y el outsider que se cuestiona la calidad recibida por la cantidad extraída.

Y esto es lo que temen quienes se benefician de la riqueza ajena y luego reparten los restos. Que quienes la generan sean conscientes de la estafa, se levanten y alcen la voz. Por eso necesitan corromper la semántica de lo solidario y, aunque desprecien a quienes son capaces de generar riqueza y bienestar, los necesitan. Porque para convertir su envidia en cualquier política colectivista de turno, y que el resto la legitime bajo el prisma del bien común, necesitan culpables.

No se deje embaucar por los guardianes estatales de la moral colectiva.

Usted no le debe nada al Estado.

Impuestos, Argentina, y otro paso más en la dirección correcta

Escrito por Bruno J. Di Grigoli en . Publicado en Análisis diario.

“La tributación constituye la matriz común que une a las sociedades democráticas con los sistemas totalitarios” bien afirmaba Imre Kertész, sobreviviente de Auschwitz y Premio Nobel de Literatura año 2002. El pasado mes de mayo, el Gobierno argentino de Javier Milei, ha dado otro paso más en la dirección correcta: adoptar medidas que sean acordes al modelo de la libertad y que respeten el carácter absoluto de la propiedad privada y privacidad de las personas.

Cuestión que debemos defender y que muchos autodenominados tributaristas (sobre todo aquellos que dependen del sector público) no logran, o quieren, comprender. Porque no logran entender la Ley Natural y sus consecuencias lógicas derivadas. (Llegando a decir así que la propiedad privada no es absoluta, sino relativa porque -justamente- los impuestos existen. Alterando la secuencia lógica causa-efecto e incurriendo así en una triste suerte de razonamiento circular del que no saben salir)

No existe el impuesto neutro, ni mucho menos el impuesto justo. Lo único justo sería la inexistencia del impuesto. Pero en las coordenadas de lugar y tiempo de la civilización humana actual aún debemos soportar las cargas tributarias como sedimento de nuestras épocas más oscuras de guerra y esclavitud.

Dicho esto, en el marco de las medidas gobierno nacional, la Agencia de Control y Recaudación Aduanero (ARCA), anunció una serie de modificaciones que tienen como objetivo proteger la privacidad de las personas, cuestión sumamente importante y que constituye una fuerte señal indicadora del brillante y nuevo camino político argentino.

Se derogan así varios regímenes de información y se amplía el umbral de otros con el fin de enfocar los recursos del estado en grandes contribuyentes y estructuras de evasión sofisticadas. Se espera que, a la brevedad, y cuando se tengan las mayorías parlamentarias correspondientes, la Argentina realice una reforma tributaria integral que sea más respetuosa con la propiedad privada de sus habitantes. Fomente el ahorro y constituya suelo fértil para el emprendimiento y las inversiones. Una reforma que le permita alejarse de ser el infierno tributario que ha sido, producto de gobiernos socialistas, (de buenos y malos modales) y acercarse a ser una jurisdicción de baja o mínima tributación. Cualquier persona en su sano juicio prefiere el paraíso al infierno.

Entre las medidas que se detallan más abajo, se encuentra también la simplificación del régimen de declaración del Impuesto a las Ganancias (renta), con la idea de reducir la presión fiscal indirecta. Es decir, el inestimable y valiosísimo tiempo que dedican las personas a cargar y rellenar un sinfín de formularios para determinar la materia tributaria. Esto incluye que se prescindirá de cargar información relativa sobre consumos y patrimonio de los ciudadanos, defendiendo así la privacidad de estos.

  • Compras con tarjeta y billeteras virtuales: ya no se informarán a ARCA, protegiendo la privacidad de los consumos personales.
  • CITI Escribanos: los escribanos ya no reportarán operaciones notariales de $10M o más a ARCA.
  • Compraventa de autos usados: los concesionarios ya no deben informar estas operaciones a ARCA.
  • Pago de expensas: las administradoras de consorcios dejan de reportar estos pagos a ARCA.
  • COTI (venta de inmuebles): los vendedores o agentes inmobiliarios ya no deberán reportar las propiedades a la venta a ARCA.
  • Consumos relevantes de servicios: las empresas de luz, agua, gas y telefonía ya no reportarán consumos a ARCA.
  • Además, se establece la prohibición a los bancos de solicitar DDJJ de impuestos nacionales, pudiendo las personas negarse y acudir a Defensa del Consumidor

Como si estas medidas fueran poco, además, se han actualizado (y elevado sustancialmente) los umbrales de información para los regímenes que aún quedan en vigencia. Por citar dos ejemplos, de informar todos y cada uno de los montos de extracciones en efectivo a solo extracciones que superen los diez millones de pesos (8.333 dólares al tipo de cambio actual). Y para el caso de constitución de plazos fijos de 1 millón a 100 millones de pesos (833 dólares a 83.000 dólares en el caso de personas físicas).

A quienes desesperan, pero con especial dedicación a quienes, estando callados en gobiernos anteriores, vociferan ahora, solo cabe decir que no se puede arreglar el desastre generado por años del virus estatista de manera tan sencilla. Sobre todo, cuando aún existen adictos al Leviatán. Cada paso dado en la dirección correcta es motivo de celebración. No se pueden deshacer los desastres del socialismo en un día, de la misma manera que no se puede tener un físico atlético de la noche a la mañana. Es un camino que debe transitar, y si es en la dirección correcta, cada paso vale, y mucho.

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La locura de la insostenible balanza fiscal norteamericana

Escrito por Álvaro Martín en . Publicado en Análisis diario.

En 2024 EEUU registró un déficit público del 6.4% del PIB, y las estimaciones para los ejercicios venideros de la Administración Trump no bajan del 7% del PIB de media anual. Estos escenarios, además, no contemplan la posibilidad de una nueva recesión a lo largo de los próximos años lo cual, como es de esperar, solo contribuiría a empeorar dichas estimaciones. Sin embargo, e incluso si ninguna nueva recesión se cruza en el camino de EEUU a lo largo de los próximos ejercicios, es difícil pensar como con tales niveles de déficit y una deuda pública que ya supera el 120% del PIB, el gigante norteamericano puede evitar tener algún serio problema presupuestario a lo largo de dicho periodo.

Aunque, si bien es cierto, es muy normal que los gobiernos eviten el impago de deuda a través de impagos parciales por la presión inflacionaria, una recesión severa con dichos niveles de deuda y déficit podrían convertir el impago de deuda pública en un escenario más que posible.

El nuevo One Big Beautiful Bill Act de la Administración de Trump no solo mantiene los recortes de impuestos de su primera legislatura – a la par que amplia muchos de ellos-, sino que además previene la disminución de gasto público relevante, contribuyendo a incrementar el ya mencionado déficit público. Si hay algo que la Administración Trump ha demostrado es que la Curva de Laffer no funciona para ellos, llevando a su política fiscal a ser una auténtica bomba de deuda pública. Muestra de ello es que la Congressional Budget Office (CBO) haya estimado un incremento de la deuda pública de $2.4 trillion a lo largo de los próximos 10 años.

Sin embargo, si hay algo realmente increíble con respecto a todo esto es el poco peso que tiene este tema en el discurso público y, sobre todo, la poca importancia que le dan los ciudadanos norteamericanos a la hora de votar. Desde la Administración Clinton, ningún presidente del gobierno de EEUU ha logrado equilibrar la balanza fiscal, y tanto Republicanos como Demócratas han confiado en la fortaleza de la economía americana y la posición del dólar como divisa de reserva global para disparar por las nubes los niveles de déficit y deuda públicos. Por lo tanto, ante cualquier recesión, la respuesta siempre ha sido una política fiscal contracíclica fuertemente expansiva, que luego nunca ha sido compensada fiscalmente en tiempos de bonanza. En un entorno de tipos cero a nadie le preocupaba el peso de la deuda sobre el PIB.

Si hay algo que ha cambiado desde entonces son los tipos de interés, es decir, el coste de la deuda, siendo los tipos de interés reales del bono a 10 años significativamente mayores a lo que han sido durante los últimos 15 años. La comparación es muy sencilla, ya que entre 2012 y 2021/22 el tipo del bono a 10 años en EEUU rondó cerca del 0%. Hoy, con unos tipos reales mucho más altos y un peso de la deuda de más del 120% del PIB, el coste de cumplir con esa deuda será mucho más doloroso que antes.

Las razones del incremento de los tipos reales -y la posibilidad de que sigan subiendo a futuro- son de sobra conocidas, entre ellas la creciente tensión geopolítica, el incremento del gasto militar a nivel global, una política económica cada vez más populista y la visión de los bancos centrales sobre las dinámicas económicas en el medio plazo. Además, dicho incremento de tipos puede verse exacerbado por la política comercial de Trump, conllevando además una posible pérdida de protagonismo del dólar a nivel mundial (relativa) en favor de China.

Si hay algo que no va a promover un entorno de tipos bajos son las múltiples políticas económicas de Trump (por mucho que a él le gustara poder controlarlos personalmente desde la Fed). La guerra arancelaria, las amenazas de mayores impuestos a la inversión extranjera y la progresiva destrucción del Estado de Derecho americano solo llevarán a una mayor inseguridad económica y unos mayores tipos reales, debido principalmente a una menor entrada de capital extranjero en el país. EEUU depende, por lo tanto, del crecimiento económico.

Mientras este exista podemos confiar en que se mantendrá la independencia de la Fed mientras que, en un escenario de elevada inflación y/o reducido crecimiento económico, podemos estar seguros de que la Administración Trump hará todo lo posible por influir en la política monetaria controlando la Fed por la puerta trasera. La continuidad de estos niveles de déficit y deuda explosivos solo garantizan una amplificación de la próxima crisis económica y un incremento de la tensión sociopolítica en EEUU, si es que cabe.

Competencia Fiscal (III): Oportunidad histórica para Argentina

Escrito por Bruno J. Di Grigoli en . Publicado en Análisis diario.

La República Argentina cuenta con una oportunidad única. En el discurso presidencial que dio inicio a las sesiones legislativas pronunciado este marzo de 2025, el señor presidente Javier Milei deslizó sus intenciones de promover la competencia fiscal entre provincias.

Concretamente expresó: “El estado nacional establecerá un piso mínimo para cada impuesto, sustancialmente inferior al total actual, y luego las provincias podrán elevarlo a su criterio, lo que indudablemente generará una competencia fiscal entre las provincias que dinamizará así sus economías”

La Argentina es un país interesante por donde se lo mire. La desigualdad inherente entre sus provincias propicia una oportunidad que debe ser aprovechada. Incluso, los diferentes niveles de desarrollo en infraestructura y servicios constituyen al mismo tiempo una ventaja en lo que respecta al estímulo competitivo.

En mayor o en menor medida las personas conocen alguna historia de cómo en algún tiempo pasado un determinado pueblo se volvió fantasma cuando la última empresa cerró sus puertas. Los impuestos desalientan la producción y en no pocos casos terminan por asfixiar a las empresas hasta llevarlas a la muerte. Las personas a la hora de invertir y establecer una empresa observan con atención la presión tributaria a la que deberán someterse, cuestión muchas veces definitoria.

Muchos tributaristas dedican años e investigaciones enteras en buscar la justicia, su punto o su grado, en los impuestos. Todos ellos cometen el error de olvidar -o desconocer- que no hay nada neutro en los impuestos ni mucho menos justo. Lo único justo sería la inexistencia de los impuestos. Existe un frenesí por diseñar el modelo fiscal ideal u óptimo. Sin embargo, en el esquema actual y en el punto de la historia de la humanidad en la que nos encontramos, los impuestos aún existen. Dicho esto, lo mejor que puede hacerse es reducirlos al mínimo posible y fomentar la competencia fiscal entre jurisdicciones.

A mayor abundamiento sobre estos aspectos se encuentran publicados en este Instituto otras dos publicaciones de mi autoría sobre el tema. (Competencia fiscal: el terror de los socialistas; y Competencia Fiscal: la terquedad perversa y primitiva de la OCDE)

Política Fiscal, caso Argentina

En Argentina existe un régimen de coparticipación fiscal que no es nada más ni menos que un mecanismo de distribución de recursos entre Nación y Provincias. Su esencia es el denominado federalismo fiscal, que se apoya en las siguientes ideas:

La ya mencionada desigualdad entre provincias. La coparticipación se defiende bajo la idea de que no todas las provincias tienen la misma capacidad para generar ingresos. Y que sin coparticipación algunas serían más ricas que otras. En primer lugar, esto es falso, y la curva de Laffer lo explica perfectamente. Un esquema competitivo y atractivo para las inversiones (que no castigue a quien quiera producir) es un imán para inversores y empresarios, elevando así los ingresos tributarios de las provincias. En segundo lugar, no hay nada nocivo ni injusto en la desigualdad. Incluso en la desigualdad de riqueza.

Otro argumento sobre el que se apoya la coparticipación es que permite unificar el sistema tributario aplicable y por lo tanto redunda en una recaudación fiscal más eficiente. Este argumento es endeble. La eficiencia no viene dada de la unificación de tener un sistema o muchos, sino de la simplicidad de los mismos, la transparencia y la seguridad jurídica. Pueden existir muchos sistemas y muy sencillos o un único sistema complejo, ineficiente y descoordinado.

Un último argumento que suele esgrimirse es el de la solidaridad y la equidad fiscal, que busca garantizar servicios públicos esenciales en todo el territorio nacional. En cuanto a la solidaridad, este concepto también está mal aplicado al ámbito fiscal. La solidaridad es voluntaria o no lo es. No existe solidaridad a punta de pistola. Dado que los impuestos son violencia en esencia, no puede calificarse de solidario el acto de pagar impuestos. Respecto de la equidad y la justicia caben los mismos contra argumentos antes comentados.

El fracaso de la coparticipación y los frutos de la competencia

En conclusión, suele decirse que la coparticipación ayuda a la unidad de Argentina y a su cohesión. La realidad es muy diferente. La coparticipación es el eterno debate entre gobernadores provinciales y gobierno nacional. La coparticipación, además de ser un problema irresoluble, es tierra fértil para el clientelismo político. Para la desidia y para la ineficiencia de los recursos escasos.

La realidad es que la mejor posibilidad que tiene una provincia con menor desarrollo económico y menor riqueza es, justamente, ser atractiva, cuidadosa y respetuosa del dinero de sus actuales ciudadanos y potenciales inversores. Y, además, ser eficiente en la utilización de ese dinero que no es propio (no es del estado). Deberá también brindar los mejores servicios posibles y garantizar el respeto a la propiedad privada. Siendo este el caso, una provincia A (podría ser el caso de Chaco) cuya riqueza y desarrollo económico es menor al de la provincia B (ejemplo, Buenos Aires), tiene posibilidades de atraer capitales foráneos y que nuevas y más empresas se instalen en su territorio. De esta manera, podría así obtener más recursos, empleos y en definitiva comenzar a dar pasos hacia adelante en cuestiones de desarrollo. El desarrollo económico es un camino que debe transitarse, no puede considerarse dado, y las supuestas ayudas en la práctica poco resuelven.

Al mismo tiempo, la acaudalada provincia B, se va a ver obligada a brindar mejores servicios con el esquema de ingresos actuales, con el objeto de que valga realmente la pena ese nivel de presión fiscal. O, disminuir su presión tributaria y evitar la deslocalización de empresas o que nuevas elijan A por sobre B. Impedir la competencia fiscal es privar a las provincias más pobres de una herramienta genuina, poderosa y justa para incentivar su desarrollo.

Como siempre, es muy sencillo ser solidario con dinero ajeno. La excusa del federalismo y la unión nacional son solo bonitas palabras que en la práctica no resuelven nada. La competencia fiscal es la única herramienta poderosa y justa -en un marco de Libertad- que permitiría a las provincias prosperar según el tiempo, energía y esfuerzo de sus habitantes. Al mismo tiempo presiona fuertemente a la casta política para ser cada vez más eficientes en el uso de los recursos que no les son propios. No solo se trata de la presión tributaria directa, sino también la indirecta, que es la inestimable cantidad de tiempo que los ciudadanos dedican a pagar sus tributos, llenando decenas de aplicativos y formularios, muchas veces repetitivos y complejos.

Por último, y como si esto fuera poco, además permite a los habitantes votar con los pies. Esto es sencillamente un verdadero acto de justicia y Libertad que todo ciudadano debe poder realizar. Sistemas fiscales o barreras físicas que impidan esto, y que eviten la competencia para comodidad de una casta política gobernante no es en absoluto deseable y nada bueno puede aportar. La construcción del Muro de Berlín en 1961 ya nos enseñó qué sucede cuando se intenta evitar que la gente vote con sus pies, es decir, decida huir hacia mejores condiciones.

Serie competencia fiscal
Ver también

Competencia Fiscal: La terquedad perversa y primitiva de la OCDE

Escrito por Bruno J. Di Grigoli en . Publicado en Análisis diario.

Señor presidente, “Desconecte el enchufe de esta insensata propuesta” le pedían en una carta firmada por los premios Nobel de Economía Milton Friedman y James Buchanan, entre muchos otros prestigiosos economistas los cuales se encontraba el argentino Meir Zylberberg, al entonces presidente de los Estados Unidos George W. Bush.

¿Cuál era aquella insensata propuesta? Básicamente, aquello que la OCDE aún hoy persigue con sus políticas en materia fiscal. En el foco de esas políticas se encuentra la eliminación de la competencia fiscal entre estados. Aquella carta de mayo de 2001 prosigue:

Esta es una iniciativa completamente errónea. La competencia impositiva es una fuerza liberadora en la economía mundial, algo que debe ser celebrado más que perseguido. Fuerza a los gobiernos a ser fiscalmente más responsables para evitar desviar la actividad económica a lugares con impuestos más bajos.

La OCDE busca crear un cartel de impuestos. El beneficio de los consumidores y la economía son más eficientes cuando las estaciones de servicio, los bancos, tiendas de mascotas y las compañías automotrices compiten. Lo mismo es cierto para el gobierno. La competencia promueve la eficiencia y fomenta a los legisladores a que moderen las finanzas públicas.

Cartelización que tanto critican y persiguen cuando la realiza el sector privado. Luego entre otros asuntos, la carta concluye:

La OCDE amenaza el comercio global. El esfuerzo de la OCDE es similar al de un estado de alto nivel impositivo como California tratando de impedir que inversiones en dólares vayan hacia un estado con bajos impuestos como Nevada

Viejo paradigma. El problema de la OCDE

El ideario sobre el cual se sostiene la postura fiscal de la OCDE y que a través de su softlaw intenta expandir al mundo, se basa en una visión estática y errada de la economía anclada en los modelos de León Walras y Vilfredo Pareto.

A mayor abundamiento, y según ese paradigma equivocado que gira en torno a la teoría del equilibrio, el proceso social de mercado posee fallas endógenas y, por lo tanto, genera una serie de diversos problemas que justifican la existencia e intervención del estado. En resumidas cuentas, así se justifica todo tipo de locuras e intromisiones en la vida de las personas. La tributación, aunque data de antaño, es una de ellas.

Cuando se dice que la evasión fiscal daña la economía en 1, 2, 3 o los billones de dólares que sean, es totalmente incorrecto. ¿Cómo va a dañar a la economía? Sí, la economía, ¡es la misma gente! Lo que intentan decir, y lo que sucede, es que ese dinero ahora no va a pasar por las manos porosas del estado. Estado que no es más que otro conjunto de personas, pero que sus ingresos no surgen ni derivan de un proceso social de mercado (voluntario), sino que de un accionamiento coactivo. Es decir, de similar violencia que la relación amo y esclavo en el campo de algodón.

En cuanto a la evasión y a la ciudadanía, vale decir que el dinero debe quedar en su propietario y productor originario y no en quien desea tomarlo a la fuerza. Pero además de la cuestión ética, cada unidad monetaria gastada por los propietarios originarios es mucho mejor aprovechada y eficientemente gastada que si el mismo dinero fuese gastado por el gobierno; así sea que vayan dirigidas a solventar el mismo bien o servicio.

Pilares y acciones de la “prestigiosa” OCDE

Veinticuatro años después de aquella carta, la OCDE sigue con su mismo ideario bajo su altruista lema “better policies for better lives”.

Siempre la máscara debe ser buena, estéticamente agradable y bien intencionada. Pero cabe recordar lo que William Shakespeare dice en su obra El mercader de Venecia, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Aquí sucede lo exactamente lo mismo. En materia tributaria, la OCDE viene desarrollando hace años documentos, estudios, foros, lobbys, congresos, etc. que concluyen en pilares, acciones, criterios, etc. que en definitiva constituyen soft y no tan soft laws para los países.

Una de sus acciones versa sobre los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. Pero, ¿cuál sería el desafío? El desafío es mantener el statu quo opresor. Estado versus personas libres.

Lo que no se dan cuenta es que estar en la era de la digitalización de la economía supone implícita y necesariamente la desaparición del estado. Porque en este irrefrenable proceso evolutivo de la civilización humana, la digitalización es, un avance que no concibe formas ineficientes de hacer las cosas (por supuesto que habrá resistencia del poder y quienes quieren mantener el statu quo).

El ejemplo estrella a todo esto es la filosofía detrás del Bitcoin: dejar al estado fuera del juego o del proceso social voluntario (mercado). Y como los políticos saben esto último, entonces surge la respuesta: la imposición de las macabras CBDC.

Otra de sus acciones tiene que ver con el denominado Impuesto Mínimo Global. Que no es más ni menos que el muro de Berlín del Siglo XXI. Dicho por la misma OCDE, busca limitar la competencia. Sin entender verdaderamente lo que erróneo y pernicioso que esto significa. A este asunto me limito y remito a mi artículo anterior sobre el tema, pero añadiendo el interrogante: ¿quién no quiere competir? no compite el que sabe que no tiene posibilidades de ganar, no puede hacerlo igual de bien, o bien se sabe peor, o directamente perdedor.

Este es el caso de Europa. El 70% de los países miembros de la OCDE son europeos. Social y económicamente Europa llegó a un nivel crítico y preocupante. Cayó en su propia trampa del estado de bienestar. Su mentira llegó a un callejón sin salida y ahora sea a la fuerza o sea con soft-policies, intenta que el resto del mundo siga sus pasos. No desea competir contra un mundo que acelera a pasos agigantados. A través de políticas que ningún ciudadano europeo vota directamente, ningún gobernante o burócrata desea perder sus privilegios de vivir de lo ajeno (recordemos que el estado es violencia. Su esencia es violencia organizada y teóricamente legitimada),

Nuevo paradigma. Nueva era y el ejemplo de Liberland

Ahora se debate en el seno de la Unión Europea el control de las redes sociales. La libertad de expresión y la falta de identificación de los usuarios suponen un “peligro para la democracia”.

Pero nuevamente, ¿peligro para quién? Para todo burócrata y estatólatra que vive de lo ajeno, claro está. Las redes sociales no solo han tenido un efecto masificador del conocimiento, sino que también han multiplicado los debates y confrontación de ideas a un nivel nunca antes visto en la historia.

Sucede que, la mentira necesita ayuda del gobierno, la verdad sale a la luz por sí sola. En los debates de las ideas, lo ilógico o irracional, cae por su propio peso al quedar reducido al absurdo. La lógica y la coherencia ganan. Pero es necesario que exista plena libertad de expresión para que se dé correctamente este proceso fructífero.

Entonces, volviendo a los paradigmas, la economía trata sobre la acción humana. No hay nada estático ni de equilibrio en ella, y justamente la creatividad empresarial es el factor dinamizante que inclina el mundo hacia el progreso. Los impuestos no son más que cepos o palos en la rueda que dificultan el avanzar humano, no importa el pretexto. No existe el impuesto neutro, ni mucho menos el impuesto justo. Lo único justo es la inexistencia del impuesto. Y, además, en este sentido, el ciudadano de a pie comienza a darse cuenta que el estado no provee ningún servicio o bien público que no pueda ser provisto de mejor forma y a menor precio que el mercado (incluso la seguridad o defensa exterior). Siendo así, la tributación y todo su edificio se desmoronan.

En este contexto existen proyectos concretos como el de Libertad donde se plantea un país sin estado. Un nuevo mundo libre. La civilización humana empieza a dar pasos serios en lo que a imaginar y crear un mundo sin estados respecta. Aún son los primeros pasos, pero sin duda en la dirección correcta.

El enchufe ha sido desconectado; gracias señor presidente

Respondiendo al pedido que hicieron aquellos gigantes de la economía allá en 2001, hoy en 2025 el número 45 y actual número 47 presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sin perder el tiempo quita su apoyo a la auto-desprestigiada OCDE y reivindica la soberanía y la competencia fiscal entre países. Veremos qué hará la OCDE, si recapacita y actúa por el buen sendero o si continúa promoviendo políticas en detrimento de las personas.

Por último, y para seguir refutando a Wendell Holmes Jr. y su tan conocida, pero perjudicial frase, vale mejor citar a Mark Skousen, economista estadounidense, cuando dice:

Los impuestos son el precio que pagamos por fallar en construir una sociedad civilizada. Cuanto mayor sea el nivel de impuestos, mayor es el fracaso. Un estado totalitario de planificación centralizada representa una derrota completa para el mundo civilizado, mientras que una sociedad totalmente voluntaria representa su éxito final.

Dicho de otra forma, los impuestos son un claro indicio de incivilización y serán estudiados en un futuro como una mancha en la historia de la humanidad. Las sociedades alcanzarán su éxito total cuando el último impuesto sea recaudado.

Teoría fiscal del nivel de precios (III): interacciones entre la política fiscal y la monetaria

Escrito por César Taboas en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Teoría fiscal del nivel de precios (III): interacciones entre la política fiscal y la monetaria

En los dos artículos previos de esta serie, explicamos los elementos esenciales de la TFNP: cómo la política fiscal puede generar inflación, el papel de las expectativas en dicho proceso, así como el rol de los tipos de interés del banco central en ella, entre otros. Concretamente, en el artículo anterior concluimos que no solo que la política fiscal ha de ser tomada en cuenta en los modelos macroeconómicos, sino que la interacción de esta con la política monetaria arroja implicaciones muy relevantes sobre el nivel de precios. Dado que ya hemos podido desarrollar una comprensión de los modelos esenciales de la teoría, nos encontramos en condiciones de reflexionar de forma introductoria sobre las implicaciones de este modelo del nivel de precios sobre las políticas fiscal y monetaria.

Activos financieros, activos reales y patrones monetarios

En un patrón monetario constituido meramente por activos reales, el valor del dinero dependería del valor descontado de los servicios que se espera que dichos activos puedan proporcionar. Si se espera que el oro, verbigracia, vaya a devenir más líquido en el futuro –gracias a la mayor utilización derivada de los efectos red, verbigracia (Blasco, 2024)–, entonces su utilidad marginal de la unidad monetaria se incrementará. Este crecimiento del valor del activo real que actúa como dinero se verá reflejado en un nivel de precios inferior, y viceversa, puesto que el valor del dinero es la inversa del nivel de precios. 

Por el contrario, si un patrón monetario está entera o parcialmente constituido por activos financieros, el valor de estos activos monetarios no solo vendrá determinado por el de los activos a los que da derecho, sino también por las expectativas de repago del agente emisor de dicho pasivo. Dicho de otro modo, cuando los activos financieros devienen activos monetarios, la confianza que los agentes económicos tienen sobre el agente o agentes emisores jugará un papel fundamental (Rallo, 2019).

El papel de la moneda fiat

El patrón fiat se caracteriza, precisamente, por una moneda emitida por el Estado –la moneda fiat– que constituye la base del sistema monetario, a partir de la cual se emiten sustitutos monetarios pagaderos en última instancia por la moneda fiat. Como ya explicamos en el artículo introductorio a la TFNP, la moneda fiat es una deuda más del Estado: un activo financiero que da derecho a compensar deudas tributarias con esta entidad.

¿Por qué es tan necesaria esta distinción entre activos reales y financieros en el caso de la moneda fiat? Porque en un sistema constituido por las deudas de uno o más agentes –como en este caso–, la solvencia de los emisores es esencial para entender el valor del dinero y, por ende, el nivel de precios. En suma, el dinero se manifiesta a través de diferentes tipos de activos, cuya naturaleza afecta indefectiblemente a la determinación de su valor como activo monetario. En palabras de Carlos Bondone (2012):

Precisamente, no advertir esa diferencia crucial que existe entre moneda bien presente y moneda bien futuro es lo que llevó a todo el pensamiento económico previo a la TTE [Teoría del Tiempo Económico] a asignar al dinero-moneda (tratado como entidad única: en tanto es moneda todo lo que cumple la función de moneda) características especiales. Actitud que llevó también a generar teorías especiales (ad hoc), lo que constituyó todo un camino plagado de violaciones a los principios científicos de la economía (pg. 30).

La política fiscal y el valor de la moneda fiat

Si el oro o cualquier otro activo real ejerciera como la base del sistema y los sustitutos monetarios fueran emitidos de forma descentralizada –como sugiere el patrón monetario propuesto por los partidarios de la banca libre–, entonces no cabría abordar la solvencia esperada del Estado a la hora de explicar el valor del dinero, pues su credibilidad no afectaría ni a la circulación ni al valor de estos activos monetarios emitidos por entidades no estatales. 

Si volvemos al modelo intertemporal con el que concluimos el artículo anterior, observaremos que sus implicaciones son precisamente las mismas: el valor de la moneda fiat se ajusta al valor presente de los superávits futuros esperados. En este sentido, unas expectativas optimistas sobre la solvencia esperada del Estado generan una reacción inversa en el nivel de precios: si el flujo de superávits esperados aumenta, el nivel de precios tenderá a reducirse, y viceversa.

Diagrama, Esquemático Descripción generada automáticamente

Dado que la TFNP es una teoría del valor de la moneda fiat, habremos de proveer un análisis completo de la política monetaria –puesto que sabemos que esta moneda se emite centralizadamente y, en consecuencia, esta emisión se convierte en una política pública– y de la política fiscal, pues ya hemos explicado que la capacidad esperada de repago del emisor, y las expectativas en su totalidad, son relevantes para construir una teoría completa sobre el valor de la moneda fiat.

La política monetaria no es omnipotente

Prescindir de la política fiscal es un error con graves consecuencias en el ámbito académico. En la actualidad, son numerosos los teóricos que relegan a la política fiscal a un plano subsidiario. Scott Sumner (2021), defensor del monetarismo de mercado y del NGDP targeting, explica en su libro:

Bajo un patrón monetario fiat, la tasa de inflación a largo plazo es la que el gobierno desea que sea […] Esto es, porque el gobierno tiene una habilidad esencialmente ilimitada de variar la tasa de crecimiento del papel moneda [traducción propia].

Lejos de querer hacer una caricatura de la visión de Sumner, lo cierto es que este tipo de aseveraciones se encuentran enraizadas en una concepción de la política monetaria que, a juicio de la TFNP, es absolutamente errónea. Como muchos otros economistas, Sumner se sirve de las tasas de variación de las diferentes variables de la ecuación cuantitativa del dinero:

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Mediante una serie de regresiones, Sumner concluye que las tasas de crecimiento de la base monetaria y de inflación a largo plazo guardan una relación de causa y efecto, afirmando que la política monetaria determina la inflación a largo plazo (Sumner, 2021). Sin embargo, que la inflación a largo plazo esté influenciada por las tasas de crecimiento de la base monetaria no implica que la política monetaria por sí sola afecte a esa variación del nivel de precios.

Esto es, porque un flujo de superávits inferior en el tiempo se traduce en una mayor demanda agregada (mayor M) o en una menor demanda monetaria (menor V), ya que los agentes económicos prefieren atesorar en el margen un pasivo de un Estado cuya solvencia no se encuentre en entredicho, tal y como explicamos en el artículo anterior de esta serie. No todo crecimiento en la base o en la demanda monetaria guarda causas exclusivamente monetarias.

La TFNP y la política monetaria

La política monetaria no es omnipotente, pero tampoco es estéril: objetivos de tipos de interés, reservas bancarias contra el banco central, operaciones de mercado abierto… Todos estos son ejemplos de políticas que ejecutan los bancos centrales en la actualidad, y que determinan parcialmente el nivel de precios. Tener la política fiscal en cuenta, empero, sugiere ciertas conclusiones que, de lo contrario, no podríamos alcanzar. Por ejemplo, cualquier macroeconomista afirmaría que unos mayores tipos de interés del banco central reducen la inflación mediante la contracción del crédito y del gasto agregado.

Con todo, estos tipos de interés superiores implican unos gastos en intereses superiores y, a igualdad de condiciones, un menor flujo de superávits en el futuro, que ya hemos visto que pueden afectar al nivel de precios a largo plazo. Esta es una de las formas –aunque no la única– de interpretar la ecuación de Fisher, donde i es el tipo de interés nominal, r el tipo de interés real y π es la inflación esperada:

El efecto que hemos explicado sugiere que unos mayores tipos de interés, en vez de traducirse en unos mayores tipos de interés reales, incrementan la inflación esperada en el futuro, por la política y las condiciones fiscales del Estado. El nivel de deuda, en la medida en que ha de pagar unos intereses a vencimiento, influye en la distribución de los cambios en el tipo de interés nominal sobre el real y la inflación esperada. En definitiva, la TFNP atribuye funciones económicas sustanciales a la política monetaria, lo que en futuros artículos desarrollaremos como la “Teoría Fiscal de la Política Monetaria”.

Política fiscal y nivel de precios

Que el nivel de precios puede ser estable con un objetivo de inflación –siguiendo la clásica regla de Taylor, por ejemplo– es una creencia muy extendida entre los macroeconomistas (Mishkin & Schmidt-Hebbel, 2007). En gran parte, tras esta creencia subyace la tendencia a asumir una política fiscal pasiva, es decir, aquella en la que se ajustan los superávits en proporción 1:1 con la inflación (Cochrane, 2023), de manera que toda desviación de la tendencia general del nivel de precios se les atribuye a las modificaciones de la política monetaria.

De encontrarnos en un régimen ricardiano, a saber, aquel en el que el gobierno respalda con mayores superávits cualquier crecimiento en los niveles nominales de deuda, no se produce, ceteris paribus, un incremento de la demanda agregada como consecuencia de la emisión de estos bonos. Si concibiéramos a la deuda estatal como una acción de cualquier empresa, este tipo de régimen sería equivalente a realizar una venta de acciones, pero prometiendo de forma creíble mayores dividendos en el futuro (Cochrane, 2005).

Contra las grandes inflaciones

Por contrapartida, cuando se llevan a cabo políticas no ricardianas –mayor volumen en la venta de deuda pública sin ninguna alteración en el flujo de superávits–, el nivel de precios se ajusta: el “efecto riqueza” derivado de obtener un bien normalmente líquido como es la deuda pública a corto plazo no se ve contrarrestado por un incremento de los superávits que contrarresten esta mayor demanda agregada. 

Además, cuando la política fiscal es activa, el nivel de precios puede verse fuertemente afectado tanto en el corto como en el largo plazo. En el primero, mediante un shock de política fiscal, y, en el segundo, cuando hay un cambio a largo plazo de esta, tal y como demuestra Thomas Sargent en su artículo The End of Four Big Inflations (1983), Christopher A. Sims (2011) en su análisis sobre el fin de la inflación de los setenta en John H. Cochrane en Fiscal Histories (2022), entre otros. Todos estos artículos hacen referencia a cómo inflaciones históricamente altas finalizaron gracias a una combinación óptima de las políticas fiscal y monetaria. Sin ánimo de querer transmitir una imagen no representativa al respecto, lo cierto es que existe evidencia empírica que respalda la tesis que estamos exponiendo en este artículo, por mucho que no sea mayoritaria.

Conclusiones

En el presente artículo hemos esbozado, aunque de manera sucinta, la concepción que guarda la TFNP de las interacciones entre las políticas monetaria y fiscal, así como las razones detrás de incluir a esta última en los modelos sobre el nivel de precios, al ser esta un pasivo del gobierno o, análogamente, un derecho de los tenedores de moneda fiat a afrontar obligaciones tributarias por el valor nominal de la moneda fiat que atesoran (Rallo, 2017).

Las posibles interacciones entre las políticas monetaria y fiscal son muy numerosas, y dependerá del régimen y del marco institucional en el que cada economía se encuentre, pero hay razones suficientes –tanto desde el lado de la evidencia empírica como de la teórica– como para pensar que la política fiscal ha de ser tomada en cuenta, a pesar de que el grado de su importancia dependerá de la correlación de fuerzas entre el Tesoro y la institución encargada de la política monetaria (Cochrane, 2023). 

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Serie ‘Teoría fiscal del nivel de precios’

(II) El modelo intertemporal

(I) Introducción

Por qué nos tiene que importar la posición fiscal de nuestro gobierno

Escrito por Eduardo Blasco en . Publicado en Análisis diario.

Esta no es una lista exhaustiva de motivos por los que la política fiscal nos debería de importar y seguramente tampoco una lista de los principales, pero sí algunos de los que creo que merece la pena hablar. En un mundo ideal, no se habría política fiscal (ni política). Mientras no vivamos en ese mundo, puede tener sentido hablar de cómo funciona este.

Políticas contracíclicas

En primer lugar, tenemos las políticas contracíclicas, las cuales son políticas fiscales o monetarias contrarias al ciclo económico: cuando la economía está en recesión, el gobierno debe gastar más, y cuando la economía está en auge, el gobierno debe gastar menos. Su objetivo es suavizar las fluctuaciones del ciclo económico: especialmente, minimizar la caída del PIB y el aumento del desempleo, así como acelerar la recuperación. Podemos dividirlas en monetarias (si usan la oferta monetaria para actuar sobre la demanda agregada) y fiscales (si utilizan el déficit público) y en expansivas (intentando aumentar la demanda agregada) y contractivas. La política fiscal, sobre la que doy motivos para interesarse en este artículo, puede adoptar dos formas: aumentos en el gasto público o reducción de impuestos. Un aumento del gasto público pone más gasto en manos del gobierno y una reducción de impuestos pone más gasto en manos del sector privado.

Las políticas fiscales expansivas tienen un coste: el efecto desplazamiento. El aumento del gasto público se financia mediante un aumento de los impuestos. Este aumento incrementa la demanda agregada en el corto plazo, pero genera efecto desplazamiento por la reducción de la renta disponible de las empresas- También se pueden financiar con un aumento del déficit, que también aumenta la demanda agregada en el corto plazo, pero genera efecto desplazamiento por la reducción de las inversiones privadas.

Efecto desplazamiento y equivalencia ricardiana

Los gobiernos financian los recortes impositivos endeudándose más, lo que podría causar dos alternativas: que, como cuando aumenta el gasto público, aumente la DA y se genere efecto desplazamiento o que se dé la equivalencia ricardiana, según la cual los ciudadanos entienden que, para un nivel dado de gasto público, unos impuestos más bajos hoy significan unos impuestos más altos en el futuro y, por tanto, ahorran el dinero de una rebaja fiscal para pagar impuestos futuros. Cuando se cumple la equivalencia ricardiana, una bajada de impuestos no aumenta la demanda agregada, ni siquiera a corto plazo. Así que la equivalencia ricardiana probablemente describe a algunas personas, pero no a la mayoría. En cualquier caso, en la medida en que la equivalencia ricardiana refleja cómo planifica la gente, los recortes fiscales financiados con bonos son menos eficaces a corto plazo que en caso contrario.

La política fiscal expansiva también puede generar una deuda financiera insostenible que llegue a reducir el crecimiento real, pues al pasar un umbral de deuda, esta genera rendimientos negativos. Este umbral es la productividad marginal de la deuda o ∆PIB/∆deuda (riqueza adicional creada por 1 euro de deuda adicional). En algún momento, la productividad marginal de la deuda puede ser negativa y destruir riqueza y causar crisis. Algunos países están tan endeudados que cualquier nuevo endeudamiento público corre el riesgo de provocar un colapso económico total.

Políticas contracíclicas

Además, la deuda pública puede usarse para rescatar empresas que deberían quebrar, que al mantenerlas operativas se genera un desperdicio de recursos en la economía. Las políticas fiscales contracíclicas suelen ser muy recomendadas entre economistas, pero no muy seguidas por los gobiernos. Incluso cuando los gobiernos gastan más en las recesiones, como recomiendan los economistas, a los políticos no les gusta seguir la segunda parte de la receta: gastar menos durante los auges.

El mejor uso para las políticas fiscales contracíclicas expansivas es en el caso de que merezca la pena incurrir en costes a largo plazo para obtener un impulso económico a corto plazo, como los causados por una emergencia inmediata como una guerra o una catástrofe natural. O si existe alguna inversión pública con un retorno claramente positivo, las depresiones son el mejor momento para ejecutarlo. Idóneamente, el mercado se haría cargo de ella, pero es posible pensar que el sector esté intervenido y a corto plazo solo tenga sentido que sea el Estado el que ahí invierta.

El efecto desplazamiento en los mercados de capitales

Un motivo por el que nos debería importar la política fiscal del país es por el efecto desplazamiento. Supongamos que, como en la mayoría de los años de la historia reciente, hay un déficit público y el gobierno debe pedir prestado para financiar la diferencia entre sus ingresos y sus gastos. La principal preocupación sobre los déficits públicos es que el endeudamiento del gobierno nacional podría competir con el endeudamiento de las empresas privadas. Es decir, si se utiliza una oferta fija de ahorro para financiar tanto el capital de las empresas privadas como el endeudamiento del gobierno, entonces el endeudamiento del gobierno puede desplazar el endeudamiento del sector privado y conducir a un menor nivel de acumulación de capital.

La incorporación del endeudamiento público al mercado de capitales reduce la oferta de fondos ahorrados disponibles para el mercado privado de capitales, ya que el Estado utiliza parte de esa oferta de ahorro para financiar su déficit. Por lo tanto, el endeudamiento público para financiar un déficit hace que disminuya la oferta de ahorro al mercado de capital privado, por lo que la curva de oferta se desplaza a la izquierda.

Política fiscal, integración económica y ahorro

Esta reducción de la oferta genera un tipo de interés mayor y, consecuentemente, una menor cantidad de capital demandado por los inversores. Por lo tanto, este menor nivel de capital puede reducir el crecimiento económico, al hacer que cada unidad de trabajo sea menos productiva. Así, cuando el gobierno compite con el sector privado por el ahorro privado limitado, el sector privado termina con menos recursos para financiar las inversiones de capital que impulsan el crecimiento.

Es cierto que este efecto queda mitigado por el papel de los mercados de capitales internacionales. Si un país estuviera perfectamente integrado en los mercados internacionales y su stock de ahorro no estuviese limitado por los tipos de interés, sino que es esencialmente ilimitado (es decir, que la reserva de ahorro disponible para financiar tanto la inversión privada como el endeudamiento público fuera casi perfectamente elástica, de modo que incluso pequeñas subidas de los tipos de interés exigieran un ahorro adicional) los déficits públicos solo causarían pequeñas subidas de los tipos de interés, y habría poco desplazamiento de la acumulación de capital privado por el endeudamiento público. Pero esto no es el caso ni de Estados Unidos, por lo que seguramente sí que tengas que preocuparte por las consecuencias del efecto desplazamiento.

El valor de la moneda

La política fiscal del gobierno también debería importarnos, pues es el principal determinante del nivel general de precios, como explica la Teoría Fiscal del Nivel de Precios. La TFNP entiende el dinero como acciones del gobierno. Por lo tanto, la forma de evaluar el dinero es similar a la de las acciones: calculando el descuento a presente de sus flujos de caja futuros esperados. Por la misma razón en que si crees que una acción no va a pagar dividendos dentro de 20 años, la vendes y el precio baja, si crees que el gobierno no pagará sus deudas, el valor del dinero cae. El valor del dinero fiat lo podemos obtener por el descuento de sus flujos de caja futuros esperados. Es decir, el valor del dinero fiat viene del peso de la deuda de la que nos libre.

Un gobierno que quiera mantener un nivel de precios estable deberá seguir un principio de disciplina fiscal manteniendo un presupuesto equilibrado, pues los déficits generarán inflación y con esto una caída del valor del dinero fiat. Además, la expectativa de que esta inflación no pueda ser controlada, aun sin una necesaria mayor emisión de dinero fiat, provocará una mayor caída del valor del dinero fiat, pues caerá la demanda.

Por tanto, el superávit debería ser el objetivo de los gobiernos que se preocupen por no destrozar riqueza. Los cambios en el nivel general de precios causador por el acortamiento de nuestra herramienta para medir utilidades marginales—el dinero—, suponen que tenemos que cambiar los precios relativos de todos los bienes de la economía, lo cual es costoso, pues los agentes económicos tienen que dedicarle tiempo a pensar cómo cambiar los precios, se enfrentan a información contable errónea, existen costes asociados a la renegociación de contratos y no todos los precios son igual de rígidos. 

Equidad intergeneracional

Una última razón por la que podrían preocuparnos las deudas y los déficits es la equidad intergeneracional, o el trato que reciben las generaciones futuras en relación con las actuales. Al igual que la sociedad puede preocuparse más por sus miembros más desfavorecidos que por los más acomodados, también puede preocuparse más por sus generaciones más desfavorecidas que por las más acomodadas. Al igual que los gastos comunes de una sociedad los sufragamos, como mínimo, de forma proporcional, haciendo que los más ricos sean los que más paguen, también debemos tener en cuenta la financiación de estos gastos durante varias generaciones.

Por un lado, no es justo transportar todo el peso del coste a generaciones futuras, no solo porque no hayan tenido un dicho sobre este gasto (la gran mayoría de la generación actual tampoco), sino porque nosotros lo estamos disfrutando ahora y, por tanto, algo deberíamos pagar por ello. La política gubernamental actual se caracteriza por gravar a las generaciones futuras en beneficio de las actuales, empeorando así la situación de las generaciones futuras.

Thomas Macaulay

Por otro lado, tampoco sería justo que las generaciones actuales cargáramos con todo el peso de la financiación de ciertos bienes y servicios que provea el estado. Algunas infraestructuras como las carreteras van a ser disfrutadas durante generaciones, por lo que el coste de ellas debería repartirse entre el número de generaciones que se espere que vaya a disfrutar de estas. Además, hay que tener en cuenta que el continuo aumento de la productividad en todo el mundo hace que cada generación disponga de más recursos que la anterior.

Así, aunque las generaciones futuras tendrán que hacer frente a deudas mayores, también se beneficiarán de un mejor nivel de vida (como correctamente predijo Thomas Macaulay). Al considerar la equidad intergeneracional, es posible que queramos tener en cuenta no solo la carga absoluta de la deuda, sino esa carga en relación con el nivel de vida. Sin embargo, lo que dificulta esta comparación es que el tamaño de la deuda puede determinar el nivel de vida futuro a través del crecimiento económico (motivado por el ahorro y posteriormente la inversión), y por la alteración del valor del dinero. Así, un gran déficit, puede reducir el nivel de vida de la futura generación a la que se transmite la deuda al desplazar el ahorro privado y al generar inflación.

Por lo tanto, debido a que tenemos un estado que financia su actuación mediante el cobro de impuestos y la emisión de deuda, puede considerarse que socialmente merece la pena igualar estas cargas, sin excedernos transportando parte del coste al futuro, pero sin olvidarnos que las próximas generaciones algo deberían pagar y que, al aumentar el nivel de vida, el coste relativo será menor.

Ver también

Teoría Fiscal del Nivel de Precios: una introducción. (César Táboas).

Teoría fiscal del nivel de precios (I): una introducción

Escrito por César Taboas en . Publicado en Análisis diario.

¿Qué es lo que determina el poder adquisitivo del dinero con respecto a las demás mercancías? Desde los anales del pensamiento económico, muchos han sido los economistas que han tratado de averiguar por qué los precios crecían o bajaban conjunta y súbitamente en determinadas circunstancias. Actualmente, comenzando por Thomas Sargent (1985) y Neil Wallace (1981), se inició una tradición que observó que la inflación también podría tener raíces en la política fiscal del gobierno, dando comienzo al desarrollo de la Teoría fiscal del nivel de precios (TFNP).

Esta teoría propugna que “el nivel de precios se ajusta de manera que el valor real de la deuda se equipara al valor presente de los superávits primarios” (Cochrane, 2023). Aunque esto podría parecer una perspectiva antagónica a la teoría cuantitativa de Friedman (1956), focalizada únicamente en la naturaleza monetaria de todo proceso inflacionario, es metodológicamente muy similar a la Escuela de Chicago. En palabras de John H. Cochrane:

Yet fiscal theory is, at least as I present it, much in the Chicago tradition. It allows a less-is-more approach, in which with a little bit of hard supply and demand work takes you further than you might have thought (Cochrane, 2023, p. xii).

Las raíces de la Teoría fiscal del nivel de precios

La premisa de la que parte la teoría es análoga a la versión convencional, a saber, que un exceso de gasto sobre la producción causa inflación, y un exceso de producción sobre gasto, deflación. Estas serían, en suma, las conclusiones que extraemos al observar la ecuación cuantitativa del dinero (M*V=P*Q): cuando la oferta monetaria existente excede al valor nominal de la producción de bienes y servicios o a la demanda monetaria de los agentes económicos, el nivel de precios aumenta.

La TFNP no niega esta premisa, sino que enfatiza el papel de la deuda pública en el incremento de la demanda agregada. Por tanto, abordando la TFNP con mayor rigor, diríamos que el nivel de precios se incrementa cuando existe demasiada deuda estatal –incluyendo la moneda fiat– con respecto al pago esperado de dicha deuda. Posteriormente veremos que esta visión no entra en conflicto, sino que complementa y expande la concepción ortodoxa de la inflación que hemos expuesto.

La Teoría fiscal del nivel de precios y sus rasgos característicos

Así mismo, podríamos categorizar los rasgos diferenciales de la TFNP en dos: en primer lugar, esta es la única teoría que vincula el valor presente de los superávits primarios con el nivel de precios a través de la formación del precio de la deuda pública. En segundo lugar, la TFNP presta atención a la calidad de los activos contra los que se emite la moneda fiat. Por ejemplo, emitir oferta de esta con deuda a largo plazo como colateral no tendrá los mismos efectos que si esta deuda es a corto.

A fin de cuentas, un mayor plazo de vencimiento implica un mayor riesgo de duración, y una menor credibilidad del emisor conlleva un menor riesgo de impago, verbigracia. Este perfil de riesgo y de tiempo afecta a la capacidad del activo de ser vendido a un precio constante en el tiempo, propiedad a la que denominaremos liquidez. Por ende, cuanto mayor sea la credibilidad atribuida al Estado emisor de la moneda, y más profundo sea el mercado para esta deuda, mayor será la liquidez de esta, pudiendo retirar una cantidad lo más constante posible de oferta monetaria para estabilizar el nivel de precios.

La Teoría fiscal del nivel de precios en un patrón fiat

En este sentido, es esencial entender que esta es una teoría fiscal sobre el nivel de precios y, en consecuencia, está centrada en las finanzas públicas del gobierno. Por consiguiente, la teoría solo es capaz de explicar el nivel de precios en un patrón fiat, es decir, donde la base del sistema monetario está constituida por dinero emitido por el Estado. No son descartables, empero, las posibles aplicaciones que la TFNP puede tener sobre la teoría del valor de sustitutos monetarios –estos son, activos financieros que ejercen determinadas funciones monetarias.

Ahora bien, si ya hemos explicado que esta es una teoría sobre el nivel de precios en un patrón fiat, queda explicar qué tipo de activo es la moneda fiat, pues su valor, como explicamos en un artículo anterior, se determina de forma diferente dependiendo de si se trata de un activo financiero o real y si, en el caso de que sea el primero, de si es un activo o un pasivo estatal. La visión de la TFNP a este respecto es correcta, pues caracteriza a la moneda fiat como una deuda más del Estado, dependiendo su valor de aquel que poseen los flujos de caja esperados descontados.

La moneda fiat como activo financiero

Este tratamiento lo resume John H. Cochrane en su artículo Money as stock (2005), en el que equipara la moneda fiat a una acción de cualquier empresa. Con esta analogía, el economista estadounidense pretende construir la concepción de la moneda fiat como un activo financiero, es decir, un derecho a recibir determinadas mercancías o a saldar deudas en el futuro. En este sentido, de la misma manera que una acción es un derecho contingente a recibir dividendos en el futuro, una deuda del Estado es un derecho a los superávits primarios futuros, con los cuales retira moneda fiat de circulación y hace frente al pago de la deuda. Tanto los dividendos en el primer caso como los superávits primarios en el segundo constituyen los flujos de caja esperados que, al descontarse, determinan el valor de ese activo financiero.

Precisamente porque la moneda fiat es un pasivo más del Estado, las expectativas sobre la solvencia de este afectarán al precio de todos sus pasivos, incluyendo la propia moneda. Dicho de otra manera, la estructura de activos del Estado, tanto tributarios como no tributarios, así como la valoración subjetiva de los agentes económicos sobre las finanzas públicas a largo plazo de dicho Estado, son fundamentales para determinar el valor de la moneda fiat (Rallo, 2017). En última instancia, el valor fundamental de un activo financiero deriva de los activos a los que da derecho (Rallo, 2019), por lo que una degradación de la calidad de los activos que mantiene un Estado en su balance afecta negativamente a su valor.

El equilibrio básico

Para entender las raíces fiscales de las variaciones en el nivel de precios, primero habremos de observar una de las condiciones de equilibrio de la teoría, previo a introducir cualquier otra fricción, y asumiendo precios totalmente flexibles y tipos de interés constantes, donde P1 es el nivel de precios en t=1, Bº la venta de bonos en t=0 y S1 los superávits primarios en t=1 (Cochrane, 2023):

Si el gobierno emite bonos para recibir financiación en t=0, monetiza esa deuda, pero posteriormente retira toda esa oferta monetaria creada mediante el cobro de impuestos, entonces la oferta monetaria de moneda se mantiene en los niveles en los que estaba previa a la emisión de Bº. Veámoslo en forma de balance:

El papel de los superávit

Como ya hemos explicado, el Estado puede absorber la moneda fiat con la que ha financiado su moneda bien con sus activos tributarios o con una emisión de deuda pública. Fijémonos que la Teoría fiscal del nivel de precios no hace referencia, por el momento, a activos no estatales que forman parte del balance de los bancos centrales y que pueden ser utilizados para generar un reflujo de moneda fiat que contraiga la oferta monetaria. Simplificaciones a un lado, en el período t=-1, estos son los dos métodos que emplea el Estado para realizar esta operación, donde la nueva variable Qº denomina el valor nominal de los bonos en t=0:

Siguiendo esta relación, si el valor de los bonos (Qº) decrece, será necesario que el Estado emita más deuda o que incremente su recaudación. De lo contrario, el nivel de precios experimentará una variación al alza debido a un incremento de la oferta adicional de moneda fiat que el Estado es incapaz de absorber con sus activos, tal y como hemos explicado en el epígrafe anterior. Así las cosas, si el valor de los bonos que los agentes económicos están dispuestos a atesorar puede influir sobre el nivel de precios, quedará ver de dónde procede este valor, mediante la ecuación de valoración de la deuda gubernamental:

En suma, el tipo de interés nominal (1º) de los bonos se iguala al tipo de interés real (R) –que tiende a converger con la tasa de descuento subjetiva (B)–más la inflación esperada. O, dicho de otra manera, el valor de los bonos estatales depende del valor descontado de los flujos de caja esperados por dólar prestado, sumado a la inflación esperada.

Si sustituimos Qº en la primera ecuación del epígrafe, el resultado es el siguiente:

Y sustituyendo la condición básica del equilibrio inicial:

De acuerdo con esta ecuación, podemos extraer dos conclusiones, una en relación con la confianza de los acreedores y con las posibilidades de estabilizar el nivel de precios mediante mayores superávits presentes (Sº):

La confianza de los acreedores y el nivel de precios

En primer lugar, si los agentes económicos no tienen confianza en la solvencia futura del gobierno, entonces el nivel de precios tenderá a subir por la huida generalizada de los pasivos gubernamentales. Recordemos que los superávits, derivados de los activos tributarios del Estado, son los activos con los cuales este puede estabilizar el valor de la moneda fiat y de las demás deudas estatales. Y si, como hemos apuntado, el valor fundamental de un pasivo financiero deriva del activo que tiene como colateral, y este se deteriora (menores superávits esperados), su valor decrece. En el caso del dinero, este descenso de su valor se puede trasladar al tipo de cambio, al tipo de interés y, evidentemente, al nivel de precios.

Pero ¿por qué esta pérdida de confianza y la subsecuente pérdida de valor de la deuda estatal incrementa el nivel de precios? Esto puede suceder por dos vías primordiales: 1) los tenedores de deuda la liquidan y la gastan, generando un crecimiento de la demanda agregada (Cochrane, 2023); y 2) estos tenedores intercambian deuda por pasivos de otros agentes económicos, provocando un aumento del tipo de interés de la deuda pública por una menor demanda en relación con la oferta de pasivos estatales.

El riesgo de una espiral inflacionaria con unas pesimistas expectativas sobre la solvencia futura del Estado es, por tanto, muy elevado, ya que condena a unos superávits públicos menores por mayor gasto en intereses y a una mayor monetización de deuda –que a su vez no podría ser reabsorbida por mayores superávits públicos– por una caída de la demanda externa sobre esta. Aunque existen diversas soluciones para frenar esta espiral inflacionaria, estos mecanismos ponen de manifiesto por qué unos menores superávits primarios esperados pueden, ceteris paribus, incrementar el nivel de precios.

Ajuste fiscal presente y estabilización del nivel de precios

En segundo lugar, el Estado puede hacer frente a un incremento en el nivel de precios si, incluso a pesar de una pérdida de confianza de los acreedores, incrementa sus superávits primarios lo suficiente en el presente. De este modo, estaría  generando un flujo de activos –en este caso tributarios– con los cuales puede reabsorber el valor nominal de  en la ecuación anterior.

Por ello, resulta de una extraordinaria importancia que el Estado o estructuras supraestatales tengan un compromiso con la estabilidad presupuestaria a largo plazo si es que quieren preservar el valor de su moneda. Si, por el contrario, el Estado emite más deuda con vencimiento en t=0 pero no incrementa los superávits primarios, entonces esto se traducirá, según la TFNP, en inflación en t=1 por el proceso explicado con la ecuación básica de la teoría. Bastaría con volver a la ecuación inicial, cuando añadimos la que indicaba el valor de los bonos gubernamentales (Cochrane, 2023):

En definitiva, en función de este modelo simplificado, emitir más deuda sin alterar los superávits primarios incrementa sus tipos de interés nominales, reduce su precio y aumenta el nivel de precios en t=1, como ya hemos señalado. Siguiendo la lógica de la TFNP, esta nueva emisión de bonos provoca una mayor recaudación en términos nominales, pero genera un crecimiento en el nivel de precios en el período posterior –en este caso t=1. Esto sucede tanto por la creación futura de base monetaria para hacer frente al pago de la deuda –recordemos que los superávits se mantienen estables– como por el descrédito que sufren los pasivos del Estado en esa coyuntura, dando lugar a los dos procesos inflacionarios explicados.

Conclusiones

Hagamos referencia al enunciado principal de la Teoría fiscal del nivel de precios al que nos dirigíamos al principio: “el nivel de precios se ajusta de manera que el valor real de la deuda se equipara al valor presente de los superávits primarios”. Ya hemos visto cómo un menor valor presente de estos superávits puede transformarse en una menor demanda por los pasivos estatales o en un mayor gasto agregado. Ambas vías acaban afectando directamente al nivel de precios. Por ello, no sería correcto afirmar que las variables monetarias no juegan ningún papel en la determinación del nivel de precios ya que, como hemos señalado, en un patrón fiat el flujo de deuda estatal tiene una estrecha relación con la cantidad de moneda fiat en circulación.

Por esta razón, desprenderse de las variables fiscales al analizar la inflación constituye un error teórico notable cuya manifestación ya se vio plasmada en la teoría cuantitativa y en su incapacidad de describir y predecir las fluctuaciones en el nivel de precios en una economía moderna. En todo caso, la TFNP, sin olvidarse de sus raíces en la Escuela de Chicago y de las posibles causas monetarias de la inflación, trata de avanzar y aplicar las teorías sobre la teoría del valor de la moneda fiat, y halla en las finanzas públicas una fuente esencial de las variaciones en el nivel de precios.

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