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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

¿Está dando el gobierno español actual un golpe de Estado?

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Según el Diccionario panhispánico del español jurídico de la RAE la expresión “golpe de estado” tiene dos acepciones: Una primera equivale a la destitución repentina y sustitución, por la fuerza u otros medios inconstitucionales, de quien ostenta el poder político.  Este concepto vendría a ser sinónimo de alzamiento, asonada, levantamiento, pronunciamiento, rebelión o sedición. Otra segunda conlleva el desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido.

Pues bien, aunque no puede aislarse este último episodio del proceso que se remonta al triunfo de la moción de censura que catapultó a la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez Pérez-Castejón, a la vista de esas definiciones habría que descartar la mera posibilidad de que el Tribunal Constitucional, o más concretamente los seis magistrados que no le gustan al ejecutivo, pudiera protagonizar un golpe de estado. Su simple enunciación debería mover a la risa.

Antes al contrario, los dos autos dictados hasta la fecha para confirmar unas medidas cautelarísimas son resoluciones posibles en el marco de un procedimiento de amparo, en este caso instado por diputados del Partido Popular que invocaron la vulneración de su derecho a acceder en condiciones de igualdad a sus cargos y funciones (art 23.3 CE). Se hallan previstos expresamente en el apartado 6 del artículo 56 de la LOTC[1] y, dentro de otras posibles, consisten en la suspensión de la tramitación parlamentaria de las enmiendas 61[2] y 62[3] presentadas por los grupos socialista y Podemos[4] con motivo del expediente legislativo iniciado – de forma muy probablemente irregular – con la proposición de Ley Orgánica para reformar diversos aspectos del Código Penal, incluida la dilución del delito de sedición en otro de desórdenes públicos con penas mucho más tenues. De esta forma se engrasa la gran coalición con los condenados por la intentona de septiembre y octubre de 2017.

Práctica inconstitucional

Por lo demás, desde que la STC 119/ 2011 de 5 de julio, declaró inconstitucional la práctica de presentar enmiendas sobre leyes que no tienen nada que ver materialmente con expedientes legislativos en marcha, otorgando el amparo a Juan José Laborda Martín y otros 61 senadores del grupo socialista de la Cámara Baja, no puede descalificarse la suspensión cautelar o incluso la ulterior anulación de una práctica que se burla del parlamentarismo y del derecho a participar en condiciones de igualdad en las deliberaciones de todos los asuntos que se someten a consideración de los diputados y senadores.

Más bien, quiénes ofrecen indicios más que vehementes de desplegar una tormenta de confusión y coacciones para copar el Poder Judicial o, en este caso, el Tribunal Constitucional[5] son los grupos parlamentarios que sostienen al ejecutivo actual. La velocidad supersónica con la que pretenden conseguir esos objetivos confirma los peores temores. El empleo de trucos que infringen abiertamente el proceso prelegislativo, momento en el que se precisa recabar informes a los sectores afectados o interesados, confirman que se pretende reducir las mayorías necesarias para realizar reformas constitucionales con invocaciones a la democracia, con la regla de la mitad más uno de los actuales legisladores como fuente legitimadora de cualquier decisión.

Una conducta continuada

Las reacciones frente a las resoluciones del Tribunal Constitucional del propio jefe del ejecutivo, vilipendiando a los magistrados que le contradicen y arrogándose el papel de máximo intérprete de la Ley fundamental, permiten presagiar una durísima batalla política. Ante ella no cabe ser indiferente, desde luego. En este contexto, imputar al gobierno actual una conducta continuada de desmantelar las instituciones saltándose los cauces establecidos en la Constitución es ya una perogrullada.

Por último, es obvio que este afán autoritario le coloca en una posición equiparable a sus homólogos polaco y húngaro dentro de la Unión Europea y, por supuesto, a los gobiernos populista, caudillistas y neocomunistas iberoamericanos. En el ámbito europeo, con independencia de las iniciativas que se emprendan en el orden interno, los comisarios para Valores y Transparencia, Věra Jourová, y de Justicia, Didier Reynders deberán actuar sin dilaciones para evitar que la deriva autoritaria española junto a la de otros países comprometa el futuro de la misma Unión Europea.

[1] 6. “En supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite. Dicha adopción podrá ser impugnada en el plazo de cinco días desde su notificación, por el Ministerio Fiscal y demás partes personadas. La Sala o la Sección resolverá el incidente mediante auto no susceptible de recurso alguno”

[2] Para reformar la LOPJ, Ley Orgánica del Poder Judicial.

[3] Para reformar la LOTC, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[4] https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-295-4.PDF

[5] De una desafiante osadía resulta la propuesta como magistrados del TC de dos personajes que han sido hasta hace dos días subordinados del presidente del gobierno.

¿Está en crisis nuestra democracia?

Escrito por José Manuel González Pérez en . Publicado en Análisis diario.

En fechas donde hacemos memoria de nuestra Constitución siempre reflexiono sobre este marco y sobre ello escribo. En noviembre de 2017 escribí esto que comparto. Nuestra misión, al menos la mía y seguro la de mucha gente sensata, no es sólo acatar la democracia, es apreciarla, cuidarla y mejorarla. Yo he votado la Constitución del 78 con 18 años. La valoro; es inmensa, generosa, firme y, claro, mejorable. No puedo calificar de dudosa nuestra democracia. Algunos sí lo hacen.

Tampoco puedo identificar a la democracia con nuestros gobernantes. ¡No!, es tan mía y suya, que lee esto, como de los que gobiernan, legislan o enjuician, es del sector público y del privado. Es el soporte para la confianza mutua. Es el campo de encuentro cívico, es lo que nos hemos dado como marco, el marco de la Ley de leyes. Necesito y necesitamos este campo, para pisar suelo firme, para poder tener cierto grado de seguridad jurídica para apoyar y defender la Libertad. Y esto lo necesita tanto yo, como usted, nosotros, vosotros y ellos, todos y cada uno. Es un principio básico, la igualdad de todos bajo la ley para la defensa de la Libertad, es un sostén fundamental. La Justicia cuida de la Libertad como la Economía cuida de la Política. Lo sabemos, sin ingenuidad, pero no por definición, sino por su praxis y, bueno, las praxis siempre están condicionada o depende de quienes la practican. 

¿Democracia dudosa? ¡No, en absoluto! mejorable sí, pero indiscutible para marcar las rayas del ‘fuera de juego’ al que incumple la ley, sea quien sea, gobernante o no. Las rayas bien definidas por la Constitución Española y el Estatut de Catalunya se han traspasado nítidamente. Lo sabe Europa y el mundo, aunque sutilmente lo oculte el independentismo bajo la falsa apariencia pacífica.

Aquel Govern, 72 o 70 diputados no avalan la legitimidad de las leyes de transitoriedad, “las de desconexión“, ni la DUI. La verdad de una injusticia la han envuelto y tapado, violenta y sutilmente, en una mentira; “con 72 diputados decidieron unilateralmente era suficiente”, no 90. Para seguidamente pretender legitimarlo en el Parlament el 6 y 7 de septiembre y con un muy discutible e irreputado referendum ilegal el 1-O, con signos de pucherazo y múltiples irregularidades, los porcentajes de votos a favor, en contra, en blanco y nulos o defectuosos sumaban más del 100%.

Así, con todo, el Govern y los 72 o los 70 pretendieron dar “carta de ciudadanía” a la imposición independentista. Pretendieron darle halo democrático a un totalitarismo. Esto que han hecho los independentistas es una gran mentira, una tremenda impostura totalitaria. Nada legal, nada democrática y nada que ver con la Libertad. Así, el art. 155 de la Constitución de España, no aplicado hasta aquella fecha, se ha mostrado como una gran herramienta, una obra maestra, es el artículo garante de la restauración de la seguridad jurídica para todos y cada uno, lo alaban los agentes económicos y lo avala la distensión de las variables económicas, micro y macro, ¡hasta Freixenet y toda las gentes de San Sadurní y tantos más!, artículo garante del orden legítimo, garante ante los reales abusos de “responsables”  de administraciones públicas, ante los “rebeldes”, sediciosos, malversadores y mentirosos. Artículo el 155 del que se vale el estado social democrático de derecho para restaurar las heridas y encauzar los caminos para la concordia rota.

Pero mirando la historia democrática, sí es verdad que efectivamente, a la luz del hoy convulso, demasiadas concesiones se les ha otorgado en negociaciones a los “nacionalistas” en nuestra democracia. Pero las diacronías en los juicios suelen ser difícilmente objetivas. Las democracias están llenas de vitalidad, estamos vivos, llenos de gente que en su acción humana deciden, eligen, renuncian y acuerdan sujetos a las restricciones exógensa y endógenas que operen, agentes que también aciertan y se equivocan. Esa es su esencia. Los apoyos para gobernar son los que son y están las personas que están, en cada momento.

Efectivamente, la historia y la realidad futura es siempre consecuencia de las decisiones, elecciones, renuncias y acuerdos previos y presentes, pero del futuro, más allá de una legislatura, poco se suele vislumbrar, de eso poco o nada se trata, es sólo perspectiva del gran estadista, de la alta política y del discernimiento ‘profético’. Ello sí creo ha faltado, en mayor o menor grado, en las sucesivas legislaturas. ¿Aprenderemos con todo esto? Yo sí quiero aprenderlo y no olvidarlo, pero a la luz de los acontecimientos vistos en el convulso transcurrir político durante todo este periodo y ya en 2022, con el papel ejercen los reales apoyos que sostienen el gobierno del PSOE y de Podemos, poco aprendizaje y mucho olvido ha habido y, sin duda, el exceso de intervencionismo público regulador y la sobredimensión del Estado ha generado la falta de confianza mutua, la merma de la actividad económica y una patente pérdida de libertad al resentirse la confianza.

La democracia como garantía de las libertades civiles

Escrito por Lorenzo Abadía en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en La democracia como garantía de las libertades civiles

Siempre es un honor ser invitado a hablar sobre la democracia y la herramienta jurídica que determina su esencia, es decir, la ley electoral. O lo que es lo mismo, sobre la libertad política. Más aún si el anfitrión es un reconocido defensor de la libertad, como el Instituto Juan de Mariana. Y qué mejor que en este templo de la libertad, por tanto, para recordar que la democracia, tantas veces evocada incluso por sus enemigos, no constituye un fin en sí mismo, sino que es la garantía del resto de las libertades.

Benjamin Constant nos advirtió de ello hace ya muchos años. Sin la institución jurídico-política que permite a los ciudadanos poner y deponer libremente a sus gobernantes, el resto de las libertades quedan subordinadas a la voluntad arbitraria del poder establecido. Pues bastaría una ley, del rango pertinente, para subvertir parcial o totalmente todo un régimen de libertades. Por eso llama tanto la atención que entre los liberales no exista la firme determinación, incluso la obsesión, por instituir regímenes políticos en los que la democracia pueda desarrollarse en plenitud de condiciones.

Desde Locke y Montesquieu, por un lado, y desde Marsilio de Padua, que no puede considerarse un liberal, pero sí un exponente del republicanismo cívico sobre el que posteriormente se basó el liberalismo político, existen dos pilares sobre los que se asienta la arquitectura democrática: la separación de poderes y la representación. Me centraré en la última por ser esta la afectada por la ley electoral

El sistema electoral reviste tal importancia en un sistema político que puede decirse que este no es solo materia constitucional sino constituyente, porque determina la naturaleza íntima de un régimen de poder. ¿Cuál es la diferencia esencial entre una dictadura, una oligarquía y una democracia si no es el modo de acceder al poder de los gobernantes?

Pero esta gran cuestión tiene también una traducción práctica que creo que los liberales deben comprender a la perfección. Si atendemos a la máxima de Mandeville, descrita en “La fábula de las abejas” y que sirvió de base a Adam Smith para escribir su “Teoría de los sentimientos morales”, podremos inferir que el interés privado, individual, constituye el motor, junto al altruismo reciproco, de la acción humana. 

Si los gobernantes de una sociedad no dependieran de sus ciudadanos ¿cómo podrían estos caer en la ingenuidad de creer que los primeros trabajarían para la sociedad? Si en el mercado uno trabaja para quien le paga, porque quien paga es aquel de quien depende el que trabaja, ya sea por cuenta propia o ajena, ¿por qué la política habría de regirse por una ley distinta?

La gran cuestión que debemos hacernos no es, por lo tanto, si la máxima descrita opera en todas o casi todas las circunstancias, porque es obvio que sí. La pregunta que debemos hacernos es si en España se dan los factores necesarios para que la libertad política esté garantizada institucionalmente por medio de un sistema electoral apropiado. La respuesta es un no rotundo.

En España no elegimos directamente a nuestros representantes, sino que refrendamos la elección que previamente ha tenido lugar en otra parte. Más concretamente, en la planta magna de las sedes de los partidos políticos. Un sistema de listas cerradas y bloqueadas, con financiación pública limitada a los partidos que ya tienen representación no es una dictadura, pero se compadece mejor con una oligarquía de partidos o con una partidocracia, cuyas cúpulas son las que verdaderamente disponen de todo el poder de decisión.

Por lo tanto, si los jefes de los representantes del pueblo no son los ciudadanos sino las cúpulas de los partidos políticos, también resulta obvio que los diputados, los hombres de partido, trabajarán para sus jefes. Mientras no desparezca este vínculo diabólico entre el representante de los ciudadanos y el jefe de su partido, no obtendremos una verdadera representación política. Y sin ella, acabamos de demostrarlo, no será posible que las instituciones sean eficientes.

Algo tan sencillo de comprender, lleva cuarenta años sin ser modificado. No debemos apelar a la clase política para cambiar una ley que tanto le beneficia. La única apelación posible es a los ciudadanos. Por la democracia, pero, sobre todo, por las libertades individuales que esta garantiza.

Normas y leyes, tiranía y democracia

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Normas y leyes, tiranía y democracia

La convivencia entre seres humanos se ha sujetado siempre a normas, algo inevitable a la luz de la naturaleza hipersocial de nuestra especie. Los individuos estamos llamados a convivir si queremos sobrevivir, y esa vida en común exige normas sencillas o complejas, en relación con la propia complejidad de la comunidad que convive.

El origen de estas normas de convivencia es evidente que no puede estar en los modernos parlamentos, como pudiera ser nuestro Congreso de los Diputados o los distintos parlamentos autonómicos. Digo que es evidente porque las reglas de convivencia se han necesitado siempre, desde mucho antes que tales instituciones existieran. Hayek y Bruno Leoni explican de forma persuasiva y contundente como dichas normas se crean de forma espontánea con las interacciones sociales, y aparecen según se requieren para ir resolviendo situaciones con frecuencia de aparición creciente. No aparecen normas para situaciones excepcionales, sino para aquellas que son comunes y en las que el coste de redescubrir cada vez la solución sería prohibitivo para la sociedad.

Estas normas de convivencia funcionan aunque no se expliciten formalmente. De hecho, cuenta Bruno Leoni, la misión de los jueces romanos no era aplicar la norma, sino descubrir la norma que era de aplicación en una situación. Para ello, se valían de jurisconsultos, cuya misión consistía en investigar y documentar situaciones similares a la planteada para ver cómo las resolvía típicamente la comunidad.

Evidentemente, la complejidad de la tarea del jurisconsulto (o sus similares en otros momentos y lugares) se reduciría enormemente si alguien se encargara de llevar un registro de estas normas o costumbres. En esto consistía la codificación de las normas, esfuerzos ingentes abordados de vez en cuando por soberanos u otras instituciones, para dar lugar a los códigos. 

Es importante destacar que estos códigos no los escribía ningún soberano de acuerdo a su voluntad; por el contrario, se limitaban a recopilar los usos y costumbres con que se regía la comunidad. Lo que sí se dejaba al soberano eran las labores de justicia y ejecución que dimanaban de dichos códigos. Así por ejemplo, los reyes castellanos que querían serlo en el País Vasco, tenían que jurar los fueros de estos territorios, bajo el mítico árbol de Guernica. Los reyes juraban hacer cumplir dichos fueros, pero no se planteaban alterarlos. Eran las normas que se habían dado esas comunidades, y lo único que les tocaba hacer era asegurar su cumplimiento, no cambiarlas.

El monarca que hubiera tratado de cambiar dichas normas hubiera recibido, sin duda, el calificativo de tirano. Dejo para la opinión de cada uno si existe alguna forma de tiranía más extrema que cambiar unilateralmente las normas de convivencia que una comunidad se ha dado a sí misma.

Y, sin embargo, eso es lo que diariamente hacen todas las cámaras legislativas de los países democráticos. Cada vez que un Parlamento, una House o una Assamblée emite una ley, altera unilateralmente y desde fuera las normas de convivencia que una comunidad se ha dado o se está dando. Puede ser que lo hagan con la mejor intención, o puede ser que estén llevando a cabo algún tipo de ingeniería social, pero los efectos son los mismos: alterar la forma en que convive la gente contra la voluntad espontánea que se expresa con cada acción. Es por eso que en el título distingo normas, las que aparecen espontáneamente como resultado de la convivencia de los individuos, y leyes, las normas que son emitidas por un agente externo, y cuya validez no viene de su utilidad probada para resolver problemas de convivencia, si no de la voluntad de ciertos individuos legitimados de una u otra forma para emitirlas.

La legitimación en los países democráticos procede de los votos recogidos en la “fiesta de la democracia”, las elecciones. Se supone que los legisladores son representantes de sus electores y de alguna forma son capaces de expresar su voluntad. Pero no por ello su acción es menos tiránica, en el sentido de alterar unilateralmente las formas de convivencia que la comunidad se ha dado.

En la actualidad, la labor de los Parlamentos parece incuestionable pese a los evidentes ribetes tiránicos que describo más arriba. Sin embargo, el lector se preguntará, cuando aparecieron estas instituciones, ¿nadie era consciente de que en el fondo se estaba sustituyendo una tiranía, la del rey o monarca no electo, por otra, la de los representantes del pueblo elegidos periódicamente?1

Lo cierto es que, en origen, la función  de los Parlamentos, si no me equivoco, no era emitir normas que regularan las relaciones sociales. No: el objetivo de estas instituciones era exclusivamente el de regular al Gobierno, al que había otorgado el monopolio de la violencia para una mejor convivencia.

En otras palabras, los Parlamentos únicamente podían emitir normas de lo que llamamos en la actualidad derecho administrativo. O sea, en vez de dejarse a una persona legitimada por criterios míticos (como su sangre) la gestión del monopolio de  la violencia, lo que se decidió es que tal monopolio sería gestionado por todos los ciudadanos mediante mecanismos democráticos. Los revolucionarios franceses no hacen la Revolución para cambiar el código civil o el mercantil, lo que querían era evitar que el monarca se valiera de su monopolio de la violencia para imponerles cargas e impuestos, y la solución que encuentran es su sustitución por un órgano de decisión elegido por la sociedad.

El problema es que es muy fácil saltar de emitir normas administrativas a Leyes que regulen la convivencia social, y así convertir una democracia en una tiranía. Y en eso estamos, y nos parece tan normal. Algún día cambiarán por decreto las tablas de multiplicar para hacerlas sostenibles, igualitarias y ecológicas, y nos quedaremos tan panchos. 

(1) No se olvide además que la tiranía del rey no electo tiene una visión de largo plazo, al contrario que la de los representantes de elección periódica, con importantes consecuencias para la eficiencia de las decisiones en cada caso, como demuestra Hans-Hermann Hoppe.

La política de las turbas

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

El pasado 6 de enero, durante la sesión conjunta del Congreso y el Senado de los Estados Unidos en el Capitolio, que certificaría oficialmente a Joe Biden como presidente electo, una turba de partidarios de Donald Trump se dirigió hacia el edificio y lo asaltó sin, al principio, apenas oposición de las fuerzas de seguridad que lo custodiaban. Lo que siguió lo hemos visto anteriormente en otros momentos históricos, cuando la muchedumbre tomó al asalto un edificio, aunque con matices propios de la actualidad. Los representantes del pueblo estadounidense, incluido el vicepresidente Mike Pence, fueron evacuados, a la vez que los asaltantes se dedicaban a saquear y a hacerse fotos en diversos lugares emblemáticos del edificio, antes de que fueran reprimidos. Fue en ese momento en el que se produjeron cuatro muertes entre los asaltantes (la agonía de una de ellas fue grabada en directo por un móvil) y varios heridos graves, otro de los cuales, un policía, moriría más tarde (1).

No es este tema, las elecciones americanas, el que quiero tratar, sino la tranquilidad y la aceptación por parte de mucha gente del hecho de que una muchedumbre, una turba descontrolada y descontenta, con o sin razón, use la violencia para intentar conseguir un fin político. Es evidente que la manifestación, desde la pacífica a la violenta, no es un fenómeno nuevo. Desde la antigüedad clásica hasta la actualidad, las masas se han enfrentado con aquellos que han considerado culpables de sus males, y estos, si han tenido los medios, han reaccionado con fuerza para reprimirlas. Es a partir del siglo XIX cuando este modo de protesta se convierte en una herramienta política más habitual, termine o no de manera pacífica.

En la actualidad, la manifestación es un derecho en democracia, aunque esto podría ser discutible, ya que suele entrar en conflicto con otros derechos de personas que, ajenas a las razones de la convocatoria, se ven afectadas por los efectos colaterales. Muchas fuerzas políticas y sociales la usan dentro de sus estrategias de acción. Los objetivos que plantean o el grado de contundencia con el que se ejecutan son distintos para cada uno y, repito, puede hacerse de manera pacífica o, por el contrario, optar por el uso de la fuerza en algún momento, incluso combinar ambas estrategias. En regímenes totalitarios, las manifestaciones son, no pocas veces, la única manera de expresar el descontento, ya que las instituciones políticas están vetadas a los opositores e individualmente se puede correr peligro si se expresa con demasiada vehemencia el rechazo a las políticas gubernamentales, quedando un grupo suficientemente compacto y coordinado como un elemento más eficaz a la hora de reivindicar un cambio, a la vez que se pretende asustar al régimen. Desgraciadamente, estos regímenes no tienen reparos en usar una violencia excesiva para reprimir, a diferencia de las democracias, donde una violencia desmedida, real o ficticia, puede hacer caer gobiernos.

Los movimientos revolucionarios suelen optar por el uso violento de las masas, porque es coherente con su manera de hacer política. La naturaleza utópica de su movimiento impone la destrucción de todo lo que hay en busca de una sociedad nueva, de un hombre nuevo, así que no tienen reparos en destrozar lo que encuentran por delante (mobiliario, personas, edificios…), incluso a costa de muertes dentro de su movimiento, mártires que se muestran como el precio que hay que pagar. Algunos movimientos anarquistas también optan por esta variedad violenta . Por otra parte, las manifestaciones reivindicativas no tienen por qué tener una naturaleza violenta, pero durante décadas, se ha visto que los objetivos se consiguen mejor si se muestra un cierto nivel de intimidación, que si sólo se expone la reivindicación. No es habitual ver esas manifestaciones de personas con pancartas que daban vueltas a una manzana, dejando paso a los peatones, o que se concentraban en superficie mínima sin molestar. Por el contrario, las grandes marchas terminan colapsando ciudades, algunas veces durante días.

En las actuales democracias, la permanencia en el poder depende, cada vez más, de ciertas reivindicaciones ligadas al Estado de bienestar, en especial sobre educación, sanidad, pensiones, vivienda pública, transporte público, urbanismo, etc. Satisfacer estas y otras reivindicaciones supone votos y, desde hace unas décadas, prestigio e imagen pública. Las manifestaciones de determinados colectivos pueden ser favorables o adversas, así que se genera una serie de estrategias desde las partes en conflicto para controlarlas, liderando las que son favorables e intentando acallar las que no lo son. El uso y, en su caso, el control de los medios y las redes sociales es esencial, pues lo hace todo más efectivo (ya hemos visto que la “alianza” entre el Estado y las grandes empresas -media, tecnológicas, etc.- es esencial en estas estrategias desde el poder).

Las grandes manifestaciones en defensa de una idea, un fin solidario, social o medioambiental, son cada vez más frecuentes, hasta el punto de que se han convertido en razones para el turismo social. La crisis climática, la lucha contra la discriminación por raza o condición sexual, la búsqueda de la igualdad o la lucha contra la pobreza arrastra a miles de individuos de todo el mundo a una ciudad durante días, sólo para asistir a las reuniones públicas y a las manifestaciones. Todos los grupos, incluso los que forman parte del problema más que de la solución, quieren liderar y mostrarse al frente de los movimientos ciudadanos. Pensemos en la omnipresente crisis climática y los movimientos y reacciones que genera; las empresas que contaminan quieren ser las más verdes, las políticas públicas que los ignoraban hasta hace unos años son las más progresistas y las personas que antes se inhibían, ahora se unen a grupos (subvencionados la mayoría) o incluso acuden a título personal, preocupados por algo que, no pocas veces, tampoco es que lleguen a entender. Liderar o formar parte de estas manifestaciones es una imagen impagable para los propósitos de algunos.

A algunos grupos políticos y sociales más extremos, más radicales, puede interesarles tener ‘turbas profesionales’ a las que dar objetivos, todo de una manera oficiosa, nada escrito ni demostrable. Algunas veces no es necesario decir nada a nadie. Ya saben qué hacer y qué grado de violencia hay que aplicar. De estos salen los “rodea el Congreso”, los que asaltan edificios e incluso los ‘okupan’, los que buscan a personas para acosarlas, los que ‘escrachean’ por la mañana y se lanzan a una pacífica reivindicación por la tarde que termina en destrozos en coches, comercios, mobiliario público, etc. Esta es otra manera que tienen de decir que la sociedad ha hablado y está enfadada. Todo está bien si se avanza en la línea que consideran adecuada. Todo apesta a utilitarismo.

Se han generalizado las manifestaciones y se han obviado los daños colaterales que suponen, desde los muertos a los desperfectos en las propiedades, en el mobiliario público o las simples molestias que crean a los ciudadanos, como si las necesidades de estos fueran intrascendentes ante sus grandes reivindicaciones, a la vez que ignoramos que algunas de estas grandes causas están acabando con -estos sí- derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, siendo esto horrible, no es lo peor.

Caminando a la vera de políticos y políticas populistas, estamos enseñando a las generaciones actuales y a las futuras que, cuando quieran algo, ya sea en materia social o política, incluso a nivel personal, lo adecuado es la manifestación, la protesta pública, incluso la turba descontrolada, porque si la acción es lo suficientemente violenta, el que lo tenga que proporcionar se doblegará, o al menos parecerá que lo hace. Mostramos, de esta manera, que todo es una cuestión de voluntad política, es el famoso triunfo de la voluntad que se hizo famoso en la década de los 30, que no hay límites, sino seres malvados que impiden que nos realicemos. El populismo político va acompañado de populismo social, que reduce el poder de las instituciones y eleva el de las muchedumbres. Estamos creando una sociedad donde los más radicales tienen en todo las de ganar, porque son los que más ruido pueden hacer. Este es un fenómeno que les ocurre a partidos de izquierda, de derecha o de centro, a sindicatos o a organismos de la sociedad civil, pues tiene que ver con la radicalidad de los que se expresan, no de las ideas en sí mismas. El declive de ciertas instituciones políticas y sociales no está dando lugar a otras más eficientes, sino al poder del grupo. No sé si hay causalidad o casualidad entre el auge del populismo y el incremento de las manifestaciones, las algaradas y los disturbios, pero me inclino por lo primero.