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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

¿Dónde va nuestro dinero?

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El mes que viene tendrá lugar en Túnez una cumbre mundial sobre la sociedad de la información organizada por la UIT, el organismo de telecomunicaciones de la ONU, cuya principal función será hacer de plataforma propagandística antinorteamericana por negarse a ceder a las benditas manos de los burócratas internacionales el control sobre Internet. Y eso, en el mejor de los casos; es decir, en el caso de que los useños no cedan.

Ya resulta significativo que sea en Túnez donde se celebre esta reunión repleta de burócratas inútiles de varios países, que deciden como entrometerse en nuestras vidas empleando para ello los hoteles y restaurantes más lujosos y pagando con nuestro dinero; es decir, esta cumbre mundial. Han elegido para pedir a Estados Unidos el control de Internet un país que encierra a la gente por criticar al gobierno en la red. Muy propio de la ONU, sin duda. Tampoco cabe duda que ese pequeño detalle será ocultado por la mayor parte de los medios, que consideran que toda lo que sale de dicho organismo está bendecido y, si está corrupto, es corrupción santa y justa; si produce resoluciones liberticidas es porque hay demasiada libertad; y si produce falsos consensos científicos es porque la realidad es errónea.

El gobierno de Internet, que es un organismo privado llamado ICANN situado en Estados Unidos, es un gobierno bien reducido. Se limita a decidir el reparto de números IP entre naciones (algo así como si repartiera los prefijos telefónicos) y la decisión de quien se encarga de gestionar los nombres de dominio genéricos como el .com, pues los de cada país lo decide el gobierno del mismo (por eso los dominios de Somalia carecen de dueño). Entre las quejas en su contra, la más repetida es el temor de los gobiernos de países enemigos a Estados Unidos a que éste les “desenchufe” de Internet, una protesta ridícula que ha sido formulada recientemente por Irán. Desenchufar de Internet a Irán significaría cortar la influencia occidental sobre ese país y facilitar un mayor control total sobre la información por parte del régimen. ¿Qué beneficio traería a la población y a la política exterior useña? Ninguno, y por eso no ha estado nunca sobre la mesa de ICANN tomar una acción semejante contra ningún país. Ese supuesto temor se emplea como excusa para aprovecharse del antiamericanismo ambiente como palanca en la que impulsar la propuesta de ceder a la ONU el control de Internet.

Ya hay ley en Internet sin necesidad de la ONU. Si usted vive en España comete en Internet un delito según nuestras leyes será detenido del mismo modo que lo sería si lo comete fuera de la red. Lo que pretende esta cumbre es que Robert Mugabe pueda participar en la decisión de si está usted cometiendo o no un delito. Pretende que Irán pueda tener más control para machacar a los opositores a los ayatolás. Pretende que la colaboración con el régimen chino deje de ser una obligación legal para las empresas situadas allí para serlo de todas.

Internet ha conseguido que incluso en los regímenes más opresivos, con la excepción de Corea del Norte, haya entrado un soplo de libertad. Meter a los gobiernos por la puerta de atrás en el control de la red sería un suicidio para Internet.

Democracia, impuestos y socialismo

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

En su obra The political order of a free people (1976), Hayek advirtió de que “la democracia actual es la causa fundamental de la progresiva y acelerada hipertrofia del sector público”. En el caso español, el paso de la dictadura de Franco a la democracia supuso que en sólo seis años el gasto público se cuadruplicara en términos nominales. La reforma del IRPF de Fernández Ordóñez y la creación de las autonomías, máximas conquistas democráticas en el orden económico y político, provocaron un incremento de fondos en manos del Estado sin parangón en la historia del país.

En la actualidad el gasto público total español ronda en torno al 40% del Producto Interior Bruto y eso después de que los gobiernos de Aznar redujeran su peso relativo, que durante el felipismo sobrepasó ampliamente el 50%. En otras palabras, el Estado se incauta actualmente de casi la mitad de la riqueza nacional para realizar sus funciones, que en un régimen de partidos giran necesariamente en torno a la satisfacción de los deseos de sus clientelas políticas pues, en democracia, no interesa tanto el bien común como el ganar las elecciones.

La situación se agrava cuando los gobiernos están sostenidos por una mayoría minoritaria, como ocurre actualmente en el caso de España, pues entonces la necesidad de compensar los apoyos parlamentarios de las minorías se traduce en un incremento de las transferencias de fondos con destino a sus respectivas clientelas. El caso del PSOE y ERC, por evidente, nos exime de insistir en este extremo.

La experiencia, el sentido común y los economistas solventes nos dicen que el desarrollo económico de un país se produce a través de una elevada inversión privada, bajos impuestos y equilibrio presupuestario. La voracidad fiscal de PSOE, consecuente con su condición socialista, continúa reduciendo el peso del sector privado, amenaza con una subida de impuestos que ya empieza a tomar carta de naturaleza en los presupuestos del año próximo y no contribuye al sano equilibrio presupuestario que hasta los responsables comunitarios han dejado de exigir con carácter imperativo.

A comienzos del Siglo XIX el gasto público estaba en torno al 8%. Hoy en día, los países democráticos conviven con una incautación estatal de riqueza de casi la mitad del producto nacional. Sin embargo, el desempleo está en los niveles más altos de la Historia, la deuda pública se sitúa en niveles astronómicos y la seguridad social está de hecho en bancarrota. La solución a estos problemas que propugna el régimen de partidos es mayor intervención estatal, con lo que se entra en un círculo vicioso de final necesariamente desastroso. El doctor democracia ha agotado su farmacopea. Es hora de la cirugía.

Katrina: ¿Falta de estado?

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Si a la primera teoría se han apuntado los ecologistas, el ministro de medio ambiente alemán y las personas de buena fe que creen ciegamente en la existencia de un peligroso cambio climático originado por la actividad humana, a esta segunda explicación se ha sumado la mayoría de los intelectuales que idolatran al estado y la mayoría de quienes han pasado por los centros de adoctrinamiento estatal. A menudo una y otra teoría se juntan en una misma persona, después de todo no son incompatibles y las dos culpan al mercado libre. Era de esperar. Lo que sí sorprende en la idea de la falta de estado como causa de la catástrofe es su escasa consonancia con la realidad de los hechos. Veamos.

Tan pronto el agua había entrado por las roturas de los diques de la calle 17 y de London Avenue dejaron de funcionar la inmensa mayoría de las 149 bombas de achique con las que cuenta la ciudad. Las razones son diversas: Falta de combustible, falta de suministro eléctrico, colapso del mecanismo por culpa del agua que entró en las estaciones de bombeo (sic) y el mal estado de mantenimiento de muchas de ellas. En cualquier caso, el principal responsable es la empresa propietaria. Pero resulta que los propietarios no son las malvadas empresas capitalistas sino agencias públicas locales y federales.

Los equipos de emergencia estatales no pudieron llegar pronto para auxiliar a los habitantes de la ciudad por dos malditas razones que poco tienen que ver con el exceso de libertad de mercado y mucho con los “efectos colaterales” de todo lo “público”. El sistema de autopistas interestatales (especialmente la I-10) que une la costa de Florida, Alabama, Misisipí y Luisiana se desvaneció al paso del huracán. He conducido en numerosas ocasiones por esa autopista y siempre me pareció increíble que aún habiendo sido construida por el estado –una agencia que gasta el dinero que ha quitado a la gente a la fuerza y que, por lo tanto, no tiene incentivos para cuidar el valor de los activos que controla- se invirtiese tantísimo dinero en una obra tan vulnerable. Por otro lado, otra circunstancia ajena al mercado, la descoordinación debido a las disputas políticas de líderes locales y nacionales, puso su roquita de arena para retrasar la ayuda a los desesperados habitantes que tanto confiaban en los planes de salvamento del ayuntamiento, del estado y del gobierno federal. En fin, un desastre. Pero un desastre gubernamental y estatal.

Si hubo una causa directa de la catástrofe esa fue la rotura de los diques que protegían la ciudad. La propiedad de esos diques que se desquebrajaron sin que el agua les hubiese superado -o, al menos eso es lo que afirman los ingenieros civiles del Centro de Huracanes- era (¿lo adivinan?) estatal. En esta ocasión no hay empresas privadas de servicios que cobren “exagerados” precios a cambio de un “mal” servicio a las que poder culpabilizar. No las hay porque el responsable en condición de monopolio del sistema de protección de la ciudad es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra. Y puesto que, si bien la Constitución americana reconoce el importante y legítimo papel que las milicias privadas pueden desempeñar en la seguridad y defensa del país, hoy por hoy el ejército más grande del planeta es absolutamente estatal, poca responsabilidad puede tener el mercado libre en el defectuoso diseño del sistema y su estado de semiabandono que diversos expertos del Centro de Huracanes y de la Universidad de Luisiana señalan como causa principal del desastre.

¿Todavía quieren más estado? En el país del capitalismo, la agencia que cuida de la prevención, ayuda y mitigación de las pérdidas en casos de emergencias –con especial dedicación a las inundaciones- no es, curiosamente, una empresa privada. Estos servicios los gestiona otro monopolio público: La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA). Mucho se ha hablado de la reducción del presupuesto del gobierno federal para las partidas del cuerpo de ingenieros. Pero casi nada se ha dicho sobre el incremento del 34,2% en el presupuesto del presente ejercicio del FEMA que hace pequeña aquella reducción. Pues bien, los 7.374 millones de dólares que se asignaron para estas tareas en el año 2005 no sirvieron para que los 4.776 empleados de esta agencia pública estuvieran en Nueva Orleáns cuando miles de personas tenían literalmente el agua al cuello. ¿Alguien puede imaginar una empresa privada de esas dimensiones que esté en la luna de Valencia cuando en Nueva Orleáns tiene lugar el evento dramático para cuya prevención y atenuación ha sido diseñada? Difícilmente. El motivo es obvio: el futuro de esa empresa dependería de ayudar de la manera más efectiva y rápida posible a los damnificados mientras que la agencia estatal seguirá existiendo haga lo que haga.

Eso sí, a los amantes del estado siempre les queda decir que no había suficiente estado, que si bien es cierto que el presupuesto del FEMA se había aumentado en 1.881 millones de dólares, el del proyecto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército recibió 13 millones menos de lo que pidió, o que los tanques y soldados de Irak tenían que haber estado en el lago Pontchartrain. Y podrían tener parte de razón. ¿Por qué no? Al fin y al cabo el mejor uso de los recursos no es algo objetivo. Los recursos son escasos y su mejor asignación de acuerdo con las necesidades subjetivas más urgentes de los individuos sólo se consigue mediante el mercado libre. Cualquier otra alternativa consiste en dar la espalda a lo que los individuos consideran lo más adecuado. Haga lo que haga una entidad coactiva siempre será tan arbitrario como ineficiente. Y siempre podremos objetar que lo que hacía falta era gastar más. Es decir, quitarle a la gente más recursos con los que podrían intentar solucionar –a su manera- sus necesidades particulares. Pero el trasfondo insustituible es que el típico despilfarro y la clásica ineficiencia estatal no desaparecen con los desastres. Se elevan hasta puntos mortalmente insoportables. Pero todo esto, de nuevo, no es un problema de exceso de mercado sino de estatismo.

¿Falta de estado? ¿Dónde? ¿En la propiedad de los diques? ¿En el mantenimiento del sistema de protección frente a las inundaciones? ¿En la gestión de la catástrofe? ¿En los elevados impuestos? ¿En la cuantía del gasto público? La falta de estado solo existió en la mente del estatista recalcitrante. Lo que vimos fue precisamente al estado más grande del planeta en acción. El traumático resultado es bien conocido: Más de mil muertos, más de 100.000 millones de dólares en daños materiales, cientos de miles de damnificados y miles de familias destrozadas. Irremplazables vidas y bienes anegados. Pero no a causa de las aguas sino de la marea de estatismo que todo lo inunda.

A río revuelto, ganancia de ecologistas

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Una calamidad como han sufrido los habitantes de Nueva Orleáns atrae a todo tipo de moscones intelectuales. En especial a aquellos que han perdido sus argumentos en el debate de las ideas. Cuando ven una tragedia como esta se apresuran a sacar partido y tratan de apuntalar sus ruinosas teorías con las trágicas imágenes que difunden los medios combinadas con medias verdades o completas falacias. Uno de los grupos cuyos partidarios se han dado prisa en aprovechar la coyuntura ha sido el movimiento radical ecologista. Su mensaje ha sido claro. La catástrofe se debe a nuestro voraz sistema económico de libre mercado, es decir, al capitalismo.

El argumento más sofisticado diría poco más o menos lo siguiente: “Los gases efecto invernadero están calentando el planeta. Ese calentamiento produce un incremento en la temperatura media del océano y éste, a su vez, sirve de caldo de cultivo de más y mayores huracanes”. Puesto así, en abstracto, la mayoría de los científicos admitirían que no es una teoría descabellada. El problema viene cuando se intenta poner a prueba.

El primer problema, en el caso del Katrina, lo encontramos nada más echarle un vistazo a la serie histórica de huracanes que han tocado tierra en los EEUU. Entre comienzos y mediados del siglo XX, una época en la que se supone que se produjeron relativamente pocos gases efectos invernadero, tuvo lugar un fuerte incremento de los huracanes de mayor fuerza destructiva (los de las categorías 3, 4 y 5 en la escala Saffir-Simpson). Entre la primera y la quinta década del pasado siglo estos huracanes se duplicaron pasando de 4 a 10. Sin embargo, en las décadas que siguieron al fin de la segunda guerra mundial, cuando la emisión de gases efecto invernadero se multiplicaron significativamente, hasta el final de la década de los 70, los huracanes más destructivos y el conjunto de todos los huracanes que tocaron tierra disminuyó de manera continuada y significativa pasando de 24 a 12 el total y de 10 a 4 los de mayor virulencia. Desde entonces y hasta ahora ha habido un escaso aumento de la incidencia de huracanes. En la pasada década aún se mantenían por debajo de la media del siglo XX sumando los de gran fuerza 5 ocasiones y 14 el cómputo total de los que tocaron el suelo de los EEUU. La cuestión que se plantearía cualquier persona culta es dónde está la correlación entre emisión de gases y variación del número o la intensidad de huracanes. La respuesta es bien sencilla: Desde una perspectiva empírica no existe tal correlación.

Esto nos conduce al problema de la causalidad. Los expertos en huracanes afirman que estos fenómenos naturales responden a ciclos pero dicen saber todavía poco de los fenómenos que desencadenan esos ciclos. La hipótesis ecologista consiste en afirmar que el factor principal que domina esos ciclos es el calentamiento de las aguas. Como veremos, su teoría tiene serios problemas. Antes que nada porque las aguas de la región de formación de huracanes del Atlántico (entre los paralelos 5 y 20 norte, desde África hasta América) vienen sufriendo un ligero enfriamiento en las últimas décadas. El equipo del programa medioambiental de las Naciones Unidas (UNEP) reconoce este dato cuando dice que “áreas como el Océano Atlántico norte se ha enfriado en las últimas décadas.” Pero aún hay más. En el resto de zonas en las que se forman los huracanes no ha habido ningún crecimiento en la cantidad ni la intensidad de estos fenómenos a pesar del ligero calentamiento de muchas de sus aguas. Por lo tanto no sólo no hay evidencia empírica de una relación entre la emisión de gases y la frecuencia o intensidad de los huracanes sino que la supuesta base teórica de los ecologistas hace aguas por los cuatro costados del razonamiento teórico más elemental.

Por eso no es de extrañar que los más reputados estudiosos de los huracanes nieguen la autoría de este fenómeno al calentamiento global. Entre estos famosos científicos destacan James J. O´Brien, Roy Spencer y William Gray. Gray, considerado por muchos colegas e instituciones como el mayor experto mundial en huracanes, no sólo ha explicado recientemente en The New York Times que en su opinión no existe relación entre huracanes como el Katrina y la influencia que el hombre pueda estar teniendo sobre la temperatura global de la tierra sino que ha asegurado que los pocos que afirman ahora lo contrario saben muy poco de huracanes y mucho de cómo hay que conseguir subvenciones públicas. Y es que ahora todos se apuntan a la lluvia de millones que trata de correr un tupido velo sobre la cadena de despropósitos gubernamentales. Sería una verdadera tragedia que la desgracia humana de los habitantes de Nueva Orleáns sirva para engendrar otra desgracia intelectual: el rescate del movimiento radical ecologista a manos del sufrido contribuyente americano.

Medios económicos vs. políticos

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Medios económicos vs. políticos

Existen dos formas de enriquecerse y de vivir en sociedad. Podemos resumirlas en la terminología que usó el filósofo alemán (no era liberal) Franz Oppenheimer: medios económicos y medios políticos. Oppenheimer definió los medios económicos como “el intercambio del trabajo de una persona por el trabajo de otra”. Los medios económicos son voluntarios, pacíficos y nos enriquecen a todos. Permite intercambiar todo tipo de capital (físico y humano), fomenta la creatividad, y nos da opciones. Los medios políticos, por contra, son, siguiendo a Oppenheimer, “la indebida apropiación del trabajo de los demás”. Los medios políticos son el uso de la fuerza, el robo y el saqueo. Uno se enriquece a expensas de la libertad y propiedad del otro. Si robamos la legítima propiedad de alguien, le estamos haciendo trabajar gratuitamente para nosotros contra su voluntad, lo estamos esclavizando.

Los medios económicos son la forma en la que trabaja el libre mercado y el capitalismo. Los medios políticos son la forma en la que obra el estado, sindicatos, grupos de presión, etc. Es decir, los de esas organizaciones criminales que nunca podrían sobrevivir, por su propia naturaleza, en un entorno de libertad pura. Recurramos a dos ejemplos históricos para ver las consecuencias de cada uno.

Costa Mediterránea de Cataluña, hace 2.500 años. Ampurias (Emporion, que en griego significa comercio), era un territorio donde vivían pueblos indígenas con una cultura y una economía muy poco desarrolladas. En el S. VI a.C. entraron comerciantes, principalmente griegos, donde de forma descentralizada y sin un plan previo empezaron a negociar entre ellos y los nativos. Ampurias se volvió en poco tiempo la capital del comercio desplazando a Masalia (actual Marsella). Ampurias se convierte en el principal centro de distribución de cerámica ática, surge la acuñación de moneda, se tratan las materias primas como el oro, plata, cobre, estaño, se desarrolla el comercio de joyas, tejidos… El auge económico hizo expandir por toda la costa levantina y sureste peninsular su cultura. La globalización, en su forma más rudimentaria y gracias al libre mercado, empezó a dar sus frutos. Más riquezas, mayor bienestar, expansión de la cultura, de la medicina… Todo sin subvenciones, sin seguridad social, sin estado del bienestar, sin lobbies ni prácticas proteccionistas. ¿Y qué terminó con la prosperidad? El estado, o mejor dicho, su hijo natural: la guerra. Empieza la II Guerra Púnica.

Sudamérica, S. XVI. Los españoles conquistan parte del continente a base de matanzas, acatamiento obligatorio y robos. No hay comercio ni desarrollo, sólo reina el saqueo la desolación y las enfermedades. Pueblos enteros mueren. Los “conquistadores”, en nombre de Dios, de la corona (estado), del “bien común”, convierten lo que podía haber sido un paraíso de prosperidad, comercio y riqueza en un infierno. Una minoría vive a expensas de una mayoría (sólo en Tenochtitlan calculan que había más de cien mil indígenas).

Éstos, son dos casos extremos de lo que significa la prosperidad de la libertad económica contra la desolación del poder hegemónico hoy representada por el estado y sus amigos. El estado, no sólo no nos puede garantizar nuestra seguridad, defensa de nuestra propiedad privada ni bienestar, sino que es la mayor amenaza para las tres. No necesitamos un país, ni un estado, ni un líder para vivir mejor.

 

Quien nos intenta sacar nuestra propiedad, por cualquier motivo que apele a los sentimientos o falsos tecnicismos, no es más que un ladrón; quien crea guerras en nombre del bien común es un asesino; y quien nos intenta arrebatar nuestra libertad, es un tirano que pretende esclavizarnos. ¿El laissez-faire radical, la ausencia de medios políticos, es un sistema perfecto? Tal vez no, pues sólo un loco cree en los “sistemas perfectos” pero una cosa es segura: no será peor que el estado.

Rousseau, prescriptor del socialismo

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Rousseau, prescriptor del socialismo

La obra del moralmente degenerado y psicológicamente tarado ginebrino ha pasado a la posteridad como la inspiración más sublime de la democracia inorgánica, asumida en los países occidentales prácticamente como la única forma de gobierno que permite la existencia de la libertad y el progreso. En efecto, en los escritos de Rousseau se encuentra el germen de las formas políticas que sustituyeron al Ancien Règime aunque, en realidad, el sistema rousseauniano, tal y como fue formulado en su día, esté muy alejado de la partitocracia en la que ha degenerado la democracia contemporánea.

Pero la radical concepción de las relaciones humanas de Rousseau van mucho más allá del sufragio universal o la representatividad inorgánica. De hecho, el sistema de Rousseau es, en opinión del que suscribe, la inspiración primigenia del socialismo.

La base del pensamiento rousseauniano es el contractualismo social, explicado en su tan conocida como poco analizada obra «El contrato social» (sigo en este artículo la edición de 2000 de Ediciones Folio S.A.), en virtud del cual, la sociedad es una institución artificial a la que el individuo se adhiere voluntariamente, aceptando las cláusulas de un contrato de sometimiento a la colectividad. En su visión contractualista llega a incluir a la familia, pues según él, «los hijos no dependen del padre más que durante el tiempo que lo necesitan para subsistir. En cuanto cesa esta necesidad, el vínculo natural se disuelve (pág 158)», que no deja de ser una forma patética de justificar el abandono de sus cinco hijos en el orfanato nada más nacer.

A esta visión positivista es necesario contraponer el naturalismo social, que reconoce a las instituciones sociales como elementos naturales, pues la sociedad no es algo que construyen unos robinsones atomizados, sino que el hombre se encuentra incorporado a ella desde su nacimiento. El carácter primario de estas instituciones intermedias, ha permitido defender a los doctrinarios liberales la dimensión subsidiaria del Estado, que debe respetar absolutamente a aquéllas y asumir tan sólo las funciones que no sean efectivamente realizadas por las mismas.

El razonamiento del contrato social rousseauniano, por otra parte, lleva inexorablemente a la aceptación de afirmaciones precursoras del totalitarismo estatal. Así sucede con la premisa de que “la voluntad general es siempre recta y tiende siempre a la utilidad pública”(pág. 233), o la de que “cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general; y recibimos en cuerpo a cada miembro como parte indivisible del todo”(pág 166), o la idea que subyace tras la densa palabrería rousseauniana, del vínculo inexorable entre la inferioridad social y la superioridad moral.

No es de extrañar que Marx declarara su admiración hacia el psicópata ginebrino. Hoy en día, su obra sólo puede interesar a los ideólogos socialdemócratas y al resto de banderías políticas que recelan de la libertad individuo y el gobierno limitado.

Estado contra ciudadanos

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Se dice, en un ejercicio de ingenuidad muy habitual, que el Estado vela por los derechos de los ciudadanos, incluso por aquellos cuya naturaleza es bastante dudosa. Y sin embargo, ese compromiso que en todos los procesos electorales oímos con profusión es incumplido de forma sistemática sin que a la mayoría le parezca escandaloso. Resulta curioso que la inobservancia por parte de las empresas de las cláusulas de sus contratos y acuerdos genere incontables asociaciones de consumidores y que esos mismos ciudadanos no se asocien con tanto ahínco para denunciar los abusos de los poderes públicos.

Pero no sólo se incumplen promesas y derechos que afectan a una pequeña parte de la población sino también a los que afectan a todos los cuidadanos, sin excepción, y ello sólo es detectable cuando el desastre se hace manifiesto. Los intervencionistas creen lógico que en un ‘derecho’ como el de la vivienda se discrimine a los que por ejemplo sean solteros o tengan un nivel de renta elevado, aunque el límite sea arbitrario y por tanto discutible pero en un derecho como es la Defensa que el propio Estado ejerce de manera monopolística, no creo que nadie esté dispuesto a aceptar que el Gobierno y sus ministros no tengan el mejor material disponible dentro del presupuesto asignado. Y sin embargo, esto se ha hecho patente en Afganistán.

El pasado 16 de agosto se estrelló en el país asiático un helicóptero militar ‘Cougar HT-21 UL’ de fabricación francesa con 17 soldados españoles que resultaron muertos. A fecha de hoy todavía no está muy claro qué es lo que ha pasado pero ya han surgido dudas de si el aparato mandado era el más adecuado para la misión que estaban realizando e incluso si el adiestramiento de los militares allí destinados era y es el adecuado.

La elección del helicóptero francés Cougar frente a la otra alternativa, el Blackhawk estadounidense, fue en su momento polémica puesto que la calidad del americano es muy superior a la del francés en equipamiento, blindaje, capacidad y características técnicas. Mientras que los militares y los técnicos pedían el aparato americano, los políticos se decidían por el modelo galo, en una clara decisión que respondía a criterios más políticos que técnicos. Es decir el Estado incumplía uno de sus deberes fundamentales que no es otro que tener la mejor defensa posible. Si a un consumidor se le da un servicio deficiente, en un mercado libre puede cambiarse a otra empresa, desgraciadamente un ciudadano español no puede elegir otro ejército que le proteja.

Pero es que además, la falta de formación adecuada del soldado supondría otro nuevo incumplimiento flagrante, porque más allá de los riesgos asumibles que conlleva toda acción militar, el soldado debe tener la mejor formación y capacidad posible ya que en una situación de combate no hay margen entre lo bueno y los menos bueno, ya que esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

 

De esta manera el Estado bordea la delgada línea que separa la ineficacia y el fraude, se arroga en propiedad una serie de deberes que se vuelven ineficaces debido a corruptelas y decisiones que nada tienen que ver con la naturaleza del servicio y su mejor prestación. Y de esta manera, el Estado trabaja por su supervivencia como entidad de control aumentando sus prerrogativas aunque su cumplimiento sea dudoso, en el mejor de los casos.

Siempre hay demasiado estado

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

¿Cuál es la diferencia entre la ambición del alto burócrata y la del empresario? Los dos aspiran a lo mismo: llevar su bienestar tan lejos como sea posible. Su desarrollo natural es crecer siempre. Unos más y otros menos, pero nadie entra en el gobierno de un país para hacerse menos popular, más pobre o vivir peor que antes. Lo mismo es aplicable al empresario. Quien monta una empresa es para ganar cuanto más dinero mejor. Creer lo contrario sería una gran contradicción con la lógica.

Mientras que el fin es similar en los dos casos, los medios son tremendamente diferentes. El político sólo tiene un camino para conseguir su fin: restringir la libertad y propiedad de los demás; sólo así se puede financiar y proteger. Los resultados de los políticos para la comunidad son imposibles de medir, y eso es una ventaja para ellos. Gracias a este difícil cálculo coste–beneficio pueden usar los medios más despóticos con el consentimiento de una parte de la población como el voto cautivo (pensionistas, desempleados crónicos, vagos, funcionarios…), y factores holísticos: “para el beneficio de todos” (nacionalismo de cualquier tinte, ayudar a la pobreza mundial, acabar con las injusticias del mundo…).

El empresario, por el contrario, no puede recurrir al uso de la fuerza, ni a promesas que es incapaz de cumplir. El empresario se enfrenta día a día al consumidor y accionista para satisfacerlos en ese mismo momento, de lo contrario, se queda fuera del mercado.

No hay razones para pensar, pues, que cualquier empresario y gobierno no tienden al crecimiento ilimitado. Pero mientras que el empresario se ha de mover en un entorno de contractualidad y paz (capitalista), el estado vive en un estado de anarquía donde puede hacer ilimitado su poder.

Aunque desde el punto de vista lógico y empírico el gobierno siempre tiende a crecer, algunos economistas creen que al estado se le puede limitar de alguna forma mágica. Muchos de ellos ni siquiera se ponen de acuerdo en qué tipo de limitación ha de tener el gobierno. Una de las principales preocupaciones de los padres fundadores de América fue mantener un gobierno limitado. Defendieron el derecho a las armas para limitar el estado, la permanencia del laissez-faire, crearon una constitución de derechos básicos… Nada de esto les sirvió para nada. Incluso la constitución americana se usó como instrumento para defender, y a la vez atacar la esclavitud durante muchos años.

Ninguna constitución, ninguna ley, ni ninguna buena intención política nos puede proteger del mayor enemigo de la libertad y la propiedad privada: el estado. Éste siempre actúa de forma masiva y generalizada contra sus ciudadanos y los de otros países.

¿Cuál es el camino para tener una comunidad próspera, pacífica, contractual y libre? La inexistencia de estado, o lo que es lo mismo, la desaparición de los medios políticos. No es cierto que no existiría justicia ni seguridad en una sociedad libre (no tiene sentido hablar aquí de “estado” ni “país”, porque en libertad, éstos desaparecen ya que son el resultado de los medios políticos, unificados mediante guerras básicamente).

Si en un área determinada no existiese la justicia ni un mínimo de seguridad, esa área se despoblaría inmediatamente refugiándose sus ciudadanos en lugares más seguros. Pero teniendo en cuanta las preferencias subjetivas del individuo por la seguridad y justicia es lógico deducir que el propio mercado crearía una gran diversidad de calidad y precios para proteger la propiedad y libertad de cada individuo. Este proceso ya se formó en el pasado (Irlanda, Estados Unidos, Oceanía…), y en el presente con el alto desarrollo de empresas privadas de seguridad (I, II, III, IV, V…) y justicia (I, II, III, IV, V…).

Nada ni nadie puede asegurar un gobierno limitado. Incluso sin gobierno no podemos asegurar que no vaya a crearse otro. Pero si queremos libertad una cosa es segura, primero de todo tendremos que prescindir completamente del gran tirano, el estado.

El despilfarro eurokeynesiano

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se configuró como uno de los principales puntos de apoyo de la unión económica y monetaria. Junto con el Euro, los gobiernos europeos aceptaron autolimitar su capacidad expoliadora de las generaciones futuras. Así, en época de prosperidad se veían constreñidos a mantener el equilibrio presupuestario -o incluso conseguir un superávit- y en época de depresión se les permitía recurrir a un déficit de hasta el 3%.

Hace pocos meses, los países que, en un principio, fueron sus principales proponentes, Francia y Alemania, provocaron su entierro; del Pacto inicial no queda más que una grotesca y vergonzante imagen para mofa y befa de los que alguna vez creyeron en él. Sin entrar en demasiados detalles, baste mencionar la ampliación de plazos para comenzar el Procedimiento por Déficit Excesivo, la exclusión de algunas partidas en el cómputo del déficit (como I+D o los gastos comunitarios) o la posibilidad de sustraerse del cumplimiento del Pacto en caso de crecimiento cero (antes se pedía una caída del PIB del 2%).

De todas formas, siendo sinceros, el pacto no dejó de ser nunca una pantomima inaplicada. Francia y Alemania incurrieron e incurren en prolongados y profundos déficits sin que se les haya aplicado nunca las sanciones previstas. Otros países como Italia, Portugal o Grecia manipularon sus finanzas públicas para “aparentar” una austeridad que jamás existió.

Más de un estatalista convencido debería reflexionar acerca del por qué de semejante fracaso. En realidad hay dos razones que, por desgracia, nadie está teniendo en cuenta. La primera es que el Pacto es una cristalización del keynesianismo más rancio en estado puro: conseguir superávit en épocas de prosperidad e incurrir en déficit durante las épocas de crisis. La filosofía que subyace detrás de esta prescripción es la bondad de un gasto público que, milagrosamente, es capaz incluso de solventar una crisis económica. Siendo así, ¿qué sentido tenía limitar el déficit a épocas de depresión? ¿Por qué esperar? ¿No será conveniente recurrir a él también en épocas de auge o estancamiento?

Con este marco teórico, con semejante incapacidad para comprender el ciclo económico, no resulta de extrañar el exabrupto en que finalmente ha degenerado el pacto. Para buscar un ejemplo visual; sugerir que el gobierno debe hacer uso del déficit presupuestario durante una recesión resulta equivalente a pedir que se le estiren los pies a alguien que está siendo ahorcado. Si algo necesitan los empresarios para abandonar la crisis es ahorro con el que completar sus proyectos empresariales; el déficit público sustrae ese ahorro privado y lo dilapida en absurdos proyectos públicos con la vana esperanza de estimular la economía.

Pero la segunda razón que ha dado al traste con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es, si cabe, de mayor calado. Pocas piruetas intelectuales son tan ingenuas y peligrosas como las de suponer que la política sirve para limitar el poder represivo del Estado. Lo único que podemos esperar de la política es, como en este caso, una refinada propaganda acerca de su exquisito respeto a la libertad, que oculte, en realidad, sus más ignominiosos atropellos.

El fiasco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es sólo una ilustración más de por qué no debemos colocar al zorro a cuidar de las gallinas. No sólo eso, es un ejemplo de por qué las gallinas no deberían estar dispuestas a que las cuidara el zorro.

Dictador de la producción

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Si algo da cuenta de la enorme distancia entre la izquierda y la ética social, es su insistencia en la desigualdad. A falta de otros baremos éticos, el de la igualdad de resultados es el centro, el vértice de su discurso ético, la fundamentación para sus propuestas y políticas, y la base de su crítica social. Quizás sea por la fuerza de la repetición sin cuento, ya que no por el poder de sus razones; pero lo cierto es que el señuelo de la igualdad de resultados ha atraído no solo a toda la izquierda, sino también a gran parte de la derecha, que debería hacérselo mirar.

Uno de los valores tradicionales del liberalismo es la igualdad; pero no de los resultados, sino ante la ley. La plena e igual libertad de todos, máxima expresión del ideal liberal, no puede acabar en la terrorífica igualdad que pretende la izquierda; nuestras diferencias personales, nuestra caprichosa y cambiante voluntad de aprovechar las oportunidades con que nos tropezamos, o que creamos nosotros mismos, la misma suerte, son incompatibles en una sociedad libre con unos resultados parejos. La única igualdad posible es aquella con que nos tratan las leyes.

Los liberales no somos envidiosos, así que el que unos tengan más y otros menos no nos importa. Lo único que debe preocuparnos es la pobreza, la carencia de medios para salir adelante. Como con tanta palabrería sobre la pobreza nunca está de más recordar lo obvio, citaré al economista Thomas Sowell, quien recordó que “la riqueza es lo único que puede curar la pobreza”. Pero la riqueza hay que crearla, y el único camino para ello es la libertad. Como ésta no se deja controlar ni dirigir, sus resultados siempre serán dispares y llevarán a una sociedad diversa y desigual; cambiante e impredecible. Todo lo que un socialista teme con toda su alma.

Estos días se habla mucho de hacer de la pobreza historia. En Estados Unidos prácticamente lo han conseguido. Pero eso no satisface a nuestros socialistas, que ponen a dicho país como ejemplo de todos los males porque la desigualdad económica es allí mucho mayor que en Europa. Y las estadísticas le dan aparentemente la razón. Solo que generalmente se les interpreta muy mal, porque lo que señalan los indicadores de desigualdad no es tanto esta última como el grado en que una persona puede progresar.

Esto es así porque los quintiles en que se divide la sociedad, de menor a mayor renta, dividen también la sociedad de menor a mayor edad. De modo que el quintil con menor renta es también el más joven y el de mayor renta el de mayor edad. Esto lo demostró un informe que siguió las rentas en los Estados Unidos de un grupo de personas en 1975 y en 1991. En sólo 16 años, el 62,5% de quienes estaban en 1975 en el primer quintil, el de menor renta, pasaron a los dos últimos. Y eso que la carrera profesional no es de 16 años, sino habitualmente de más del doble. Un estudio que hubiera cubierto 30 años mostraría que el recorrido por los cinco quintiles es lo más habitual. Y puesto que la diferencia entre el primer y último quintil mide la diferencia entre los sueldos de la juventud y los de la madurez, una mayor diferencia en los Estados Unidos lo que prueba es que allí se progresa más que en Europa. La lucha contra la desigualdad es en realidad una lucha contra el progreso personal y social.

Aún hay algo que se suele escapar. Y es que para luchar “contra la desigualdad” no vale la institución que las permite, el libre mercado. Tiene que realizarse desde el Estado, y para ello necesita aumentar sus poderes. Y como la desigualdad nunca remite, “necesita” más y más poderes. Esta concentración del poder no ayuda a aumentar la igualdad, sino todo lo contrario, a aumentarla, ya que el poder político se encarga de distribuir no de ricos a pobres sino de grupos desorganizados, el ciudadano común, a grupos organizados. Que no tienen por qué ser, necesariamente, los menos afortunados.

De modo que la lucha contra la desigualdad acaba aumentándola, crea injusticias y lo único contra lo que lucha es contra la libertad y el progreso. Luchemos contra la pobreza, que sí es un problema real.