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Etiqueta: Public choice

PSOE Next Generation UE

En los actos por los cuarenta años del primer gobierno del PSOE he echado en falta que se resaltará un hito en las campañas electorales españolas: el uso de la publicidad subliminal.

El 19 de junio de 1986, a tres días de las elecciones, en el informativo de televisión española aparecieron sobreimpresas las siglas PSOE mientras se visualizaba un gol de la selección española en el mundial de México. Tan efectivo fue, que durante años he escuchado a multitud de personas que aseguran que vieron el texto VOTA PSOE, en vez de simplemente las siglas. Lo que se ha convertido en motivo de debate en tertulias familiares durante décadas.

Han pasado 36 años y, por suerte, ya no importa mucho lo que salga sobreimpreso en los resúmenes de los partidos de la televisión. Pero sí sigue importando, y mucho, la publicidad a la que estamos expuestos de forma constante al consumir contenidos. Y aquí el PSOE vuelve a demostrar que está en la vanguardia de la innovación: han inventado campañas masivas de autobombo financiadas desde el exterior.

¿Vas a echar gasolina? Reposta en CEPSA barato gracias a la bonificación del gobierno. ¿Has cumplido 18 años? Compra en FNAC gracias al bono de 400 euros del gobierno. No hay que dejar a nadie atrás, renta mínima gracias al gobierno; campaña financiada por los fondos europeos Next Generation. ¿Discursos de odio (de derecha)? El gobierno vigila. Organismo financiado por… En fin, ya sabemos el resto.

Repartir dinero público entre segmentos de la población y presumir de ello es algo muy antiguo. Conseguir que sean las propias empresas privadas las que hablen de ello requiere de más maestría, pero tampoco es demasiado nuevo. Lo que verdaderamente es un logro de nuestra época es que sea una institución supranacional la que te esté financiando todo el embolado (las paguitas y su promoción).

Aquí podríamos decir que en realidad esto ya ha pasado en otras partes. El FMI es responsable de financiar a gobiernos que no conseguirían financiación de otro modo, y usan esa financiación para mantener las redes clientelares que deberían suprimir. Pero esto siempre ha sido un proceso complejo que tiene un coste social para los políticos que lo inician, y va asociado a la pérdida de independencia del país que recurre a él.

En cambio, el gobierno del PSOE ha conseguido ser financiado durante cuatro años por una institución que solo amenaza con intervenir (si es que al final lo hace) al gobierno que le suceda. Y se puede dar la circunstancia de que gracias a esa financiación esa sucesión no exista, y tengamos este mismo gobierno operando hasta 2027. ¿Qué van a intervenir entonces? ¿Las políticas cuya promoción están financiando ahora?

Existe un debate interesante estos días sobre si el PSOE es una organización criminal. Desde luego, es la organización cuyos gobiernos han propiciado situaciones económicas desastrosas durante las últimas décadas. Gracias a la democracia, esa responsabilidad, en última instancia, siempre ha recaído en sus votantes y, por extensión, en el conjunto de la sociedad española.

Podemos estar ante un punto de inflexión en la historia, ya que la próxima situación desastrosa que vivamos próximamente debería estar claramente vinculada a aquellos que han financiado desde el exterior las políticas que la han provocado. Votar cada cuatro años está muy debajo en nivel de complicidad que financiar directamente a los que están fraguando la crisis.

No va a ser necesario que ningún técnico de RTVE pulse un botón para que acompañando a las futuras imágenes de recesión, todos leamos claramente: PSOE Next Generation UE.

La oposición está en el GRECO

Hace un par de meses analizaba los decepcionantes logros del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cómo organismo supuestamente controlador del gobierno y las administraciones públicas en España, después de su introducción por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Solapado entre otros mecanismos administrativos1, se consolida como un difumino o, incluso, un entorpecedor de la exigencia de responsabilidades políticas y jurídicas de los gobernantes y otros gestores públicos. En efecto, ese Consejo no tiene potestades de coerción ni sancionadoras sobre las autoridades incumplidoras y su elección depende del gobierno de turno, por mucho que se proclame su independencia funcional. Como se repite en otras cuestiones cruciales en la política y economía españolas, la burocracia autóctona al servicio del gobierno muestra una asombrosa maña para incumplir los compromisos del Reino de España por su pertenencia a instituciones como la Unión Europea y el Consejo de Europa, introduciendo impedimentos en la legislación y la práctica internas que los desvirtúan. ¿Se tratará de un fracaso de una parte de la “agenda globalista” frente a la picardía “localista” española?

Para corroborar lo dicho hubo que esperar a finales de marzo. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa publicaba su informe dentro de la quinta ronda de evaluación con respecto a España sobre la “Prevención de la corrupción y promoción de la integridad en los gobiernos centrales (altos cargos ejecutivos) y las fuerzas y cuerpos de seguridad”, aprobado en su reunión plenaria de Estrasburgo de septiembre del año pasado.

No es la primera vez que los informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones de dicho grupo han dejado en evidencia la escasa disposición de los sucesivos gobiernos españoles para prevenir y combatir la corrupción. Generalmente nunca discrepan de los consejos que se les ofrecen, sino que reiteran pretextos para no ponerlos en práctica. Particularmente significativas – en consonancia con otras instancias, tanto del Consejo de o la Comisión de la Unión Europea – han sido las llamadas de atención e todos estos sobre las escasas o nulas garantías de actuación imparcial e independiente del Ministerio Fiscal frente a un gobierno que elige a la jefatura de una estructura jerarquizada, o su clamor para que el órgano de gobierno de los jueces (el CGPJ) se componga, al menos, de una mitad de vocales elegidos directamente por los jueces entre ellos mismos para garantizar la independencia judicial y evitar tanto la politización, como el corporativismo en la Administración de Justicia.

En esta ocasión los relatores encargados de evaluar el grado de cumplimiento de las autoridades españolas, Emma Rizzato (Italia) en lo que se refiere a los altos cargos ejecutivos del gobierno, y Michelle Morales (EE.UU) en lo relativo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, se despachan con una diáfana contundencia. Aun considerando las alegaciones formuladas por los representantes del gobierno español, las conclusiones finales apuntan a que “España no ha cumplido ni ha tratado de manera satisfactoria ninguna de las diecinueve recomendaciones contenidas en el informe de evaluación de la quinta ronda. De las recomendaciones, siete se han aplicado parcialmente y doce no se han aplicado”.

Sirvan como ejemplo algunas observaciones muy significativas sobre el alcance de la transparencia, a la vista de la insostenible situación de algunos miembros del gabinete de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, incluido él mismo2 y su cónyuge3.

En primer lugar, el GRECO recomendó (recomendación 5) proporcionar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la independencia, la autoridad y los recursos adecuados para desempeñar sus funciones de supervisión de manera eficaz. Sin embargo, en su informe destaca, que las autoridades españolas no han cumplido con la puesta en marcha de esa institución de nuevo cuño.

En segundo lugar, el GRECO ha reiterado sus llamamientos para ampliar el alcance de la información financiera para incluir activos, intereses, empleos complementarios y pasivos, así como acortar los plazos para la presentación y publicación de esos informes, e incluir a los cónyuges y familiares a cargo las personas con altas funciones ejecutivas (Recomendación VIII) así como a los asesores (recomendación 1). Frente a esos requerimientos, el gobierno actual adujo, respecto a los asesores, que había abierto un periodo de consulta pública y que próximas reformas legislativas garantizarían el fortalecimiento de los valores éticos y los mecanismos de integridad de las instituciones públicas. En relación a la solicitud de información financiera sobre cónyuges y familiares a su cargo indicó que lo había descartado (en una de las pocas ocasiones que se plantea una oposición frontal) por restricciones derivadas de “la normativa de protección de datos”.

Nótese la añagaza. Tanto la Constitución española (Art. 18.4) como el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos4, se justifican por la indefensión que asuela al ciudadano frente al procesamiento de informaciones dispersas que le conciernen por parte del Estado o empresas especializadas. Obviamente el riesgo de vulneración de su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y de cercenamiento del ejercicio de sus derechos reviste una grado altísimo. Ahora bien, esa protección no puede entenderse como absoluta, por un lado, y menos aún esgrimir por personas que ostentan puestos de gobierno o representación política, por otro. No en vano, en un Estado de Derecho una de las obligaciones de esos cargos consiste, precisamente, en rendir cuentas e informar a la sociedad de aquéllos intereses personales que pudieran entrañar un conflicto con las funciones públicas que desempeñan.

Parecido juego se trae el gobierno con la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que le sirve como cajón de sastre leguleyo para negar información incluso a diputados y senadores. Los vuelos en un avión Falcon oficial se programan para trasladar al presidente del gobierno a actos privados. Como por arte de birlibirloque se hacen coincidir con visitas más que dudosamente oficiales. Cuando se le pregunta por el coste, sus esbirros omiten la respuesta obligada, invocando de forma torpe una legislación que no impide en absoluto informar sobre el uso de los bienes públicos y su coste. Más recientemente, preguntas formuladas en sede parlamentaria sobre el coste y detalles del viaje del presidente del gobierno y su esposa, acompañados por un séquito de 45 personas, a Dubai para participar en el Día de España de la Exposición Universal han tenido la misma burlona respuesta. No solamente la transparencia, sino el simple cumplimiento de la legalidad son un sarcasmo en este contexto. Sorprendentemente no se vislumbra ningún tipo de instrucción penal para esclarecer si tal comportamiento constituye un vulgar delito.

El choque de esta práctica gubernamental con la recomendación del GRECO de avanzar en la aplicación de la Ley 19/2013 es evidente. Esa recomendación a todos los estados miembros u observadores del Consejo de Europa implica ratificar el Convenio de Tromsø de acceso a documentos públicos, facilitando los procedimientos de solicitud de información contenida en documentos públicos, estableciendo un plazo razonable para responder a la solicitudes e introduciendo requisitos adecuados para el registro y tratamiento de la información pública proporcionada en formato electrónico, así como sensibilizar al público en general sobre su derecho a acceder a la información. En este punto la actuación del gobierno español ha resultado ser más taimada. Alegó que se iniciarían los trámites para ratificar el Convenio del Consejo de Europa de acceso a documentos públicos. Sin embargo, siete meses después de la elaboración del informe del GRECO, el proyecto de ley necesario todavía no se ha remitido al Congreso de los Diputados.

En conclusión, sirvan esos ejemplos para comprender que las auditorías externas sobre diversas instituciones y los poderes públicos, realizadas por organismos internacionales como el GRECO, constituyen un material muy valioso para diagnosticar la situación que aqueja a España. Frente a un gobierno con tendencias autoritarias tan acusadas como el actual, el GRECO se ha convertido ya en una oposición consistente frente a tanto atropello.

1 De hecho depende del Ministerio de Presidencia

2 https://www.elconfidencial.com/espana/2022-04-22/anticorrupcion-abre-una-investigacion-por-los-contratos-vinculados-a-sanchez-calvino-e-illa_3412811/

3 https://okdiario.com/madrid/complutense-defiende-que-begona-gomez-lidere-catedra-formacion-aunque-no-ni-licenciada-6700029

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Bitcoin y la crisis de autoridad del Estado (II): Las dos fracturas principales y el camino a las micrópolis

Si en el artículo anterior planteaba la cuestión y comentaba las tres primeras fracturas de la Autoridad del Estado, en este comentaré las otras dos fracturas y cómo se empieza a abrir el camino hacia las Micrópolis.

4/ La sangre del Leviatán. La capacidad de obtener recursos del Estado depende principalmente de dos vías, del cobro de impuestos y de la posibilidad de financiarse en el mercado colocando su deuda pública (cuyos intereses pagará mediante el cobro de impuestos precisamente). En un escenario como el actual, con una inflación elevada, y unos Estados hiperendeudados, podemos estar ante un escenario de crisis de la deuda pública:

«La conclusión no puede ser más clara. Los bancos centrales se han metido en un verdadero callejón sin salida. Si huyen hacia adelante e impulsan aún más su política de expansión monetaria y monetización de un déficit público que no deja de aumentar, corren el riesgo de generar una grave crisis de deuda pública e inflación. Pero si, ante el miedo de pasar del escenario de “japonización” previo a la pandemia a un escenario próximo a la “venezuelización” con posterioridad a ella, detienen su política monetaria ultralaxa, entonces de inmediato se hará evidente la sobrevalorización de los mercados de deuda pública y se generará una importante crisis financiera y recesión económica, tan dolorosa como saludable a medio y largo plazo. Y es en este contexto en el que la única recomendación sensata que se puede dar a los inversores es que vendan todas sus posiciones en renta fija cuanto antes, pues no se sabe por cuánto tiempo más los bancos centrales seguirán manteniendo de forma artificial un precio de la misma tan desorbitado como jamás se ha visto en la historia de la humanidad». (Los efectos económicos de la pandemia, Huerta de Soto)

El dinero fiat, en principio, es un pasivo del banco central, cuestión que suscita interesantes debates. Esto se ve mucho más claro si se tiene presente que hasta hace no tanto era convertible en oro, es decir, que se podían canjear los billetes por su equivalente en oro, de tal modo que el banco debía tener en su activo tanto oro como en su pasivo billetes convertibles en este, al menos en la proporción establecida legalmente. Desde que Nixon acabó con el Patrón oro en 1971 no hay esta convertibilidad, sin embargo el dinero fiat se ha seguido contabilizando como un pasivo de los bancos centrales, que tenía como contrapartida principalmente deuda pública.

A raíz de la pandemia los bancos centrales han incrementado sustancialmente la oferta monetaria, lo cual incide significativamente en la inflación tan elevada que estamos viviendo actualmente. La cuestión es que para volver a meter a la inflación en cintura los bancos centrales tendrán que subir los tipos de interés y/o retirar dinero de circulación vendiendo deuda pública al mercado mientras los Estados suben impuestos.

Las cuestiones aquí son varias:

a) Si se inunda el mercado de deuda pública, con una inflación significativa, ¿quién la comprará?

b) A largo plazo, con un activo inconfiscable como Bitcoin, ¿qué garantías hay de que los Estados puedan cobrar los impuestos necesarios para pagarla? Si los suben significativamente le harán una publicidad tan impagable como la que le ha hecho el Gobierno de Canadá con el embargo de cuentas. La única garantía es que incrementen su coerción sobre los ciudadanos —un parche que terminaría volviéndoseles en contra más pronto que tarde—, profundizando aún más en la pérdida de libertades. Si esto sucede, será más publicidad para Bitcoin y más incentivos para que otras jurisdicciones ofrezcan mejores condiciones a aquellos que busquen preservar su patrimonio y libertades.

c) Si además Bitcoin es un activo para preservar valor en periodos largos de tiempo y por ello un perfecto competidor de la deuda pública en el medio y largo plazo, tendrán que subir aún más los tipos de interés para que la deuda pública resulte atractiva para los inversores, especialmente de aquellos Estados en los que se dude de su solvencia.

d) De la deuda pública principalmente se pagan los intereses y se refinancia el principal al tipo de interés del vencimiento, pero si tienen que subir los tipos y se tiene que refinanciar ahí, los intereses que tendremos que pagar se disparan, y si no hay capacidad para el pago de los intereses las dudas sobre la solvencia provocarán que los acreedores, ante la incertidumbre de cobro en un posible momento de necesidad de liquidez, eviten la refinanciación y se exija el pago del principal, además de exigir mayores rentabilidades futuras por el riesgo esperado.

e) Si los Estados y los Bancos centrales se empeñan en no cambiar nada deteriorarán la solvencia de sus países y de sus empresas de forma muy significativa, probablemente ellos mismos tengan que llegar a atesorar Bitcoin para poder hacer frente a sus obligaciones, ¿tardaremos mucho en ver cómo los Bancos y los Estados empiezan a adoptarlo como reserva de valor? ¿Qué pasará con el euro ante un escenario de inflación significativa donde unos países tendrán problemas más que considerables con su deuda pública y otros no?

Por todo esto, y las consecuencias que se derivan de ello, a corto y medio plazo, en el escenario optimista, sólo habrá una subida significativa de impuestos —que ya rozan niveles de expolio— y una reducción significativa del gasto público, con su consecuente contracción de la economía. El pesimista prefiero no mentarlo.

Si la decisión a tomar por los bancos centrales se debate entre expoliar a los ciudadanos o dejar de financiar a los gobiernos, creo que tienen alineados los incentivos para lo primero. No está de más protegerse tanto de la inflación como del expolio fiscal con un activo inconfiscable que se puede comprar sin identificar.

5/ El fork del acceso a la información. Históricamente, el poder político ha estado sancionado por una Autoridad, lo cual ha influido significativamente en la forma política del momento. Asimismo, la forma que tenemos de acceder a la información ha determinado en gran medida a quién reconocemos como Autoridad, como saber socialmente reconocido. Desde el Oráculo de Delfos, a los juristas romanos, o la Iglesia católica, la Autoridad ha estado separada de la Potestad, y de esta manera había una separación clara. Como comentaba en la primera parte del artículo, la idea de soberanía fusiona ambas, por lo que es el Poder político el que detenta también el saber socialmente reconocido, especialmente sancionado a través de su cuarto poder: los medios de comunicación. Así, vemos la vinculación de cómo el acceso a la información influye en la forma política. Veamos un ejemplo de lo que sucede hoy: hay una serie de canales de televisión, que se corresponden aproximadamente con los partidos políticos, y allí donde hay un canal de televisión regional con una visión política concreta también está un partido regional con ella. Pero ahora lo que estamos viendo es cómo ese oligopolio de la sanción del poder político y de acceso a la información está sufriendo un fork: los creadores de contenido, youtubers, streamers, influencers, etc.

La mayoría de jóvenes no vemos la televisión —yo llevo 7 años sin hacerlo—, y bebemos de otras fuentes de información distintas a las de nuestros padres y abuelos, y con ello reconocemos otras autoridades, otras fuentes de saber socialmente reconocido, en este caso autoridades carismáticas. Esto supone el abandono de las autoridades establecidas y del interés por la actualidad, y con ello una de las crisis más importantes: la crisis de la legitimidad del poder político.

Ahora estos youtubers se tienen que ir del país, enseñan a los jóvenes lo confiscatoria y abusiva que es la Hacienda española, y señalan el camino a las generaciones venideras que, cuando crezcan y tengan intereses políticos y económicos, dispondrán de un activo inconfiscable e incensurable para llevar a cabo sus proyectos vitales. Con ello se incrementará significativamente su poder de negociación, y querrán un nuevo contrato social. Este es uno de los caminos que conduce hacia las Micrópolis:

“Por lo que a nosotros concierne, estamos totalmente convencidos de que un día se establecerán asociaciones para reclamar la libertad de gobierno como han sido establecidas para reclamar la libertad de comercio” (La producción de seguridad, Gustave de Molinari).

Ese día ya empieza a amanecer.

La derecha Santander y los conservadores sin mácula

La semana pasada se aprobó una nueva reforma laboral. Tranquilos, vamos a dejar a un lado la polémica sobre la votación, y la decisión de dos personas de ejercer de lo que en teoría son: diputados. En vez de eso vamos a centrarnos en algo menos llamativo, por reiterativo, pero que no por ello deja de ser importante: la venta de un partido político a una multinacional.

Y sí, todos los partidos, como conglomerados de poder que son, están influidos por las multinacionales. Pero, que yo sepa, es toda una novedad ver a uno que hace exactamente lo que le dictan sin el más mínimo disimulo. De hecho, si no fuera porque el rojo lleva asociado años al PSOE, Ciudadanos ya se habría visto obligado a abandonar el naranja (de la malvada competencia holandesa al Santander).

Para centrar el tiro, vamos a poner negro sobre blanco lo evidente. A nivel nacional, para ser alguien en política tienes que salir en los medios de comunicación. Especialmente en la televisión. Esto se puede conseguir de dos formas: o siendo amigo de los dueños de estos medios, o que tu popularización sea conveniente para dañar a sus enemigos.

Podemos y Vox llegaron a la televisión por lo segundo, y Ciudadanos por lo primero. Pero hay una diferencia cuantitativa, y, sobre todo, cualitativa, entre tener intereses comunes con los grandes directivos, y estar directamente a sus órdenes. Y la diferencia es tan grande que llama la atención que casi nadie esté alarmado por la falta de disimulo con la que se está actuando.

Esto se debe a varios factores, pero el principal es que la derecha clásica no tiene capacidad de atacar a ninguna gran empresa del país. De hecho, cada vez que Vox se atreve a hacerlo hay una especie de silencio incómodo en buena parte de sus apoyos mediáticos menos radicales. Es más, ni siquiera es fácil que empresarios menos importantes, y descaradamente sectarios, como el difunto Polanco, o Roures sean señalados por la derecha más allá de algún comunicador echado p’alante. Las causas son muchas, y casi todas están muy arraigadas en lo que ha sido la cultura en la que se desarrollan nuestras diferentes sensibilidades.

Así que es curioso que haya un sector dentro del conservadurismo, encabezado por lo que yo denomino conservadurismo sin mácula, que se está emperrando en culpar al liberalismo de esta incapacidad de la derecha de señalar a estas empresas.

No es mi intención negar el sesgo liberal de ver la paja en el ojo del Estado, y no la viga en el sector privado, pero utilizar este sesgo para responsabilizarnos de la colonización de la derecha política y mediática por parte de una tropa de burócratas amorales aspirantes a heredar gobiernos de izquierdas es ir un poco lejos.

Sobre todo, si se hace en nombre del conservadurismo. Puedo entender que gente muy joven, u otros menos jóvenes pero que ha pasado algunos años en partidos como UPyD o Ciudadanos, sienta cierta aversión al centro y se acerque a postulados conservadores como manera de coger aire fresco. Pero eso no significa que el conservadurismo se acabe de inventar ahora, y sea inocente de la deriva que ha seguido la derecha en España.

Conservadores en consejos de administración de grandes empresas ha habido durante las décadas de democracia que ha disfrutado España. Yo he conocido a alguno, y desde luego ni eran liberales ni centristas. También conservadores se han sentado en el Congreso de los Diputados durante todos estos años. Mucho antes de que Vox consiguiera representación. ¿Esta gente, sus ideas, no han sido responsables de nada?

Está muy bien intentar reducir todo a lo más simple. Es una táctica como otra cualquiera de convencer a la gente. Pero lo que te vale para convencer, no te va a valer para resolver problemas reales.

El liberalismo no es responsable de la derecha Santander, como no es responsable del dominio cultural de la izquierda. No existe nada parecido a la pinza izquierda/liberalismo, que mantiene maniatado al pobre conservadurismo.

Hay muchas cosas del liberalismo que nunca les van a gustar a los conservadores, y viceversa. Es lo normal, y se debería aceptar con naturalidad, en vez de generar teorías absurdas. Que no solo no aportan nada, sino que sustituyen al debate honesto entre dos corrientes morales del que siempre se ha podido aprender mucho. Empezando por tener claro que aquí nadie está libre de pecado.

Los secretos que nos convengan

En un país cuyas administraciones públicas han hecho históricamente alarde de opacidad en la toma de sus decisiones, lo que crea un caldo de cultivo muy propicio para la corrupción institucional, la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno concitó algunas esperanzas de que el control externo de la actividad política y administrativa por parte de una amplia base de legitimados ( Art. 12 )1 arrojaría rayos de transparencia sobre prácticas que no soportan un examen legal de ser conocidas. Como colofón de esa innovación institucional el nivel ético y la rendición de cuentas de políticos y empleados públicos alcanzarían escalas desconocidas hasta el momento y, en definitiva, se harían más factibles los desiderata enunciados en el artículo 103 de la Constitución2.

Más curiosa fue la exultación mostrada por el gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy Brey, que promovió esa legislación. No en balde aquel año había arreciado el escándalo por la financiación ilegal del partido. Las declaraciones de su principal dirigente cuando fue interrogado sobre el famoso intercambio de mensajes con Luis Bárcenas Gutiérrez, tesorero y contable durante 20 años, en el sentido de que los sms solo ratificaban que el Estado de derecho no se sometía a chantaje marcaron un hito en la bellaquería de los políticos españoles, solo muy recientemente superado por el actual inquilino de la Moncloa.

La coincidencia con la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de transparencia resultaba un trasunto de la estrategia exhibida por bravos luchadores contra la corrupción anteriores, como Felipe González Márquez, consistente en negarla si afectaba a su banda, en primer lugar, y luego anunciar grandes reformas legislativas para que las conductas corruptas no quedaran impunes.

La aparición de internet años después de la aprobación de la Constitución de 1978 multiplicaría de forma insospechada la capacidad de almacenamiento, publicación y acceso a la archivos públicos, pero la verdad es que ya el artículo 105 b)3 remitía a un desarrollo legislativo que se había demorado más de 35 años. Además, el portal de transparencia del gobierno tardaría un año en ponerse en marcha por las dificultades comprensibles de semejante despliegue de información y archivos potencialmente volcables en la red.

Pues bien, transcurridos más de ocho años desde la promulgación de todas las previsiones legales en materia de transparencia, el balance no resulta demasiado halagüeño. La creación de unidades administrativas específicas para encargarse del cumplimiento de las previsiones de la Ley en cada una de las administraciones públicas parece algo loable, pero la incrustación de un nuevo órgano administrativo mixto, el Consejo de la transparencia, puede prolongar sine die los procedimientos de reclamación de información a las mismas. Si bien puede requerir al gobierno la publicación de informaciones y datos sobre su actividad, a instancia de quiénes no lo hayan obtenido directamente, el incumplimiento por parte de la administración requerida deriva en un punto muerto que demora aún más la intervención de los tribunales contencioso administrativos. En última instancia, ni siquiera tiene consecuencias sancionatorias para los gobernantes o empleados públicos que infrinjan la obligación de dar cuenta sobre informaciones accesibles para los ciudadanos.

Es más. Si ya la ley establece una discrecionalidad excesiva para limitar el acceso a la información por suponer un perjuicio para una larga lista de intereses (Art 14) en la práctica el gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha esgrimido pretextos tramposos y leguleyos para desatender los requerimientos de ese llamado Consejo de la Transparencia. Como muestra dos ejemplos:

  1. El gobierno ha eludido las peticiones de información sobre el compulsivo uso y coste del avión Falcon, que tiene asignado para uso oficial el jefe del gabinete y sobre el que pesan justificadas sospechas de uso indebido. Sorprende que esta información no llegue por vía parlamentaria a cualquier diputado o senador, pero parece una burla que el gobierno esgrima que se trata de una materia clasificada, invocando para negarse a informar la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
  2. Más recientemente, invocando otra vez su supuesto carácter “clasificado”, obstaculiza el conocimiento de sendos informes administrativos, emitidos por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para avalar la subvención de 53 millones de euros – canalizados a través de un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones – a la compañía aérea hispano venezolana Plus Ultra, dentro del fondo de 10.000 millones de euros “de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas”, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda. El propio Consejo de Ministros ratificó esa subvención mediante acuerdo de 9 de marzo de 2021.

Como denunció en su día el eurodiputado Luís Garicano Gabilondo para que la comisaria europea de la competencia investigara esa subvención, se incumplieron descaradamente las condiciones establecidas, tanto por el propio gobierno en el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, como la Comisión europea

Una vez que este asunto ha llegado a un Juzgado de instrucción penal, que investiga la comisión por parte de los gestores de la S.E.P.I de los presuntos delitos de prevaricación en concurso ideal con otro de malversación de caudales públicos en la concesión de esas subvenciones, resulta obvio el interés del gobierno por impedir el análisis de esos informes por parte de cualquier ciudadano.

En definitiva, casos muy significativos que han llegado al Consejo de la Transparencia, muestran hasta qué punto la proliferación de organismos que supuestamente sirven para controlar o fiscalizar al gobierno y a la administración, solapados sobre otros ya existentes, pueden difuminar o incluso entorpecer la exigencia de responsabilidades políticas, administrativas o penales de los gobernantes y gestores públicos.

1Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley.

Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.

2 1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones

3 La ley regulará:

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

¿Por qué no puede ser el Congreso de los Diputados como la Real Academia Española de la Lengua?

Hace unos pocos días, la Real Academia Española de la Lengua aprobó la incorporación al diccionario de unas 4.000 nuevas palabras. Quien, por curiosidad, eche un vistazo a las nuevas adquisiciones1, se encontrará con muchas palabras que no le parecerán especialmente nuevas. Así, sanjacobocachopotinto de veranogentrificación o enoturismo aparecen entre las nuevas adquisiciones, pese a que prácticamente nadie diría que son palabras que acaban de ser creadas. 

Y esto es así porque la Real Academia Española (en adelante, RAE), no se ha inventado ninguno de esos términos. Son palabras que se llevan usando para su finalidad ya muchos años, y lo único que ha hecho la RAE es percatarse de su existencia, constatar que su uso es generalizado, e incorporarlas a su diccionario con la acepción más común. Nada es revolucionario, nada es radical y todo es coherente con el lema de la institución: “Limpia, fija y da esplendor”. 

La RAE acepta y tiene asumido, como no puede ser de otra forma, que ella no puede imponer un vocablo o un uso del lenguaje. El lenguaje es una institución de creación espontánea, que evoluciona con el uso de sus hablantes, en este caso los millones de hispanohablantes que circulan por el mundo. Gracias a dicha naturaleza, se adapta con tremenda facilidad a las cambiantes necesidades de la sociedad, y no es constantemente útil y eficiente. 

El valor añadido de la RAE no está en anticipar las necesidades de los usuarios del lenguaje y darles satisfacción de forma centralizada. Eso sería imposible, pues dichas necesidades son imposibles de conocer. No, su valor añadido está en recopilar los usos observados del lenguaje para que cualquiera de los usuarios pueda, fácilmente, conocer las reglas que le aplican en cada momento. Así, la persona que oiga por primera vez la expresión “poliamor” podrá conocer su significado sin más que acudir al diccionario de la RAE. Pero, insisto, ese significado no se lo ha dado la RAE; lo único que ha hecho es recoger la acepción que los usuarios dan a la citada palabra. 

¿Alguien se puede imaginar a la RAE inventándose palabras y reglas del lenguaje? Difícil, ¿verdad? A quien tenga dudas sobre el éxito que podría tener este tipo de iniciativa, solo hay que recomendarle que investigue sobre el esperanto. 

El caso es que el lenguaje no es la única institución espontánea que se dan las sociedades para funcionar. Hay otras muchas, como el dinero o como las normas de convivencia. Sí, las normas de convivencia también son una creación espontánea de la sociedad, aunque a muchos les pueda parecer extraño, máxime si tienen algún BOE entre las manos. La prueba definitiva es que convivíamos, y, por tanto, había normas de convivencia, mucho antes de que se inventaran los poderes legislativos, entre ellos nuestro Congreso de los Diputados. 

En efecto, las normas son como el lenguaje. Aparecen para resolver necesidades de la sociedad, en este caso, problemas de convivencia, y evolucionan con las mismas. Si no hay intervenciones externas, las normas se adaptan con la misma facilidad que lo hace el lenguaje a las nuevas demandas de la sociedad, sin necesidad de cambios revolucionarios o radicales. 

Cuando hay conflicto sobre interpretación o aplicación de las normas, las partes pueden acudir a un tercero o “juez” (alguien a quien las partes reconozcan prestigio o sabiduría) para resolver el conflicto sin acudir a la violencia. En estos casos, el juez no se inventará la solución, si no que tratará de analizar cómo se están resolviendo problemas similares y aplicará la solución así encontrada en la medida en que sea posible. Lógicamente, de la misma forma que un diccionario facilita enormemente la labor de quién se tropieza con un nuevo vocablo, si alguien se toma la molestia de llevar un registro de los conflictos resueltos y sus soluciones, se simplificará considerablemente la tarea del juez. Y no solo la del juez, quizá las propias partes, a la vista del citado registro, sean capaces de anticipar cómo va a resolver el juez, y se pongan de acuerdo en esa línea sin necesidad de acudir a él. 

Como se observa, una codificación de las normas de convivencia es tanto o más útil para la sociedad que un diccionario. ¿Existen estas codificaciones? Por supuesto, ahí tenemos el código civil o el código mercantil. Lo que no existe es una RAE que “limpie, fije y de esplendor” a estos códigos. No, en su lugar tenemos a ese poder legislativo elegido democráticamente, típicamente en forma de cámaras. 

Sin embargo, estos poderes legislativos se han arrogado competencias que van mucho más allá de las que ha asumido humildemente la RAE para el lenguaje. En efecto, el Congreso de los Diputados emite normas, crea normas, no se limita a recopilarlas. Y apoyado en el monopolio de la violencia que tienen los Gobiernos, tiene resortes para hacerlas cumplir. Ese es el principal problema al que se enfrentan las sociedades. 

Imaginemos que la RAE tuviera una policía para imponernos el uso de sus ocurrencias. ¿Cuánto tardaría el lenguaje en dejar de ser útil para la sociedad? ¿Y cuánto en empezar a actuar como elemento destructor de la misma? Imaginemos que a los académicos no les gustara la palabra cachopo y nos forzaran a usar chirimbiqui para el mismo filetón. O que tuviéramos que esperar a que ellos decidieran cómo llamarle antes de poder utilizar ningún nombre. 

Suena absurdo. Pero es lo que aceptamos que día tras día hagan nuestro Congreso de los Diputados y sus réplicas autonómicas y locales. Además, que lo hagan sobre un instrumento aún más decisivo que el lenguaje para el funcionamiento de la sociedad. 

Una última sugerencia, de la que no se habrán dado cuenta aún los representantes del pueblo. Dado que carecen de un lema sugerente, como sí tiene la RAE, ¿qué les parece este? “Inventa, impón y fastidia la nación”.  

Que pasen unas felices Navidades y tengan un buen 2022. 

Del uso de las masas para objetivos políticos

A mediados de noviembre de 2021, en territorio bielorruso, junto a la frontera con Polonia, se hacinaban miles de emigrantes de Oriente Medio y África, que esperaban la oportunidad para entrar en territorio de la UE a través de Polonia. El flujo de personas se había incrementado hasta límites preocupantes para las autoridades polacas, que no tenían ni la capacidad ni la voluntad de asistir a tal masa humana, pese a que los emigrantes, en su gran mayoría, tampoco tenían la intención de quedarse en territorio polaco, sino buscar otros países más prósperos dentro de la UE, principalmente Alemania, Francia, Austria y los Países Bajos.

La razón de esta masificación había que buscarla en la estrategia política del gobierno del dictador bielorruso Lukashenko en su enfrentamiento con la UE, en particular, y con Occidente, en general; todo ello, a la sombra del gobierno ruso de Vladimir Putin. Esta crisis, el conflicto entre el centro (Bruselas) y la periferia (Polonia), es una más de las que amenazan a la propia integridad de la UE que, desde el ‘brexit’, está seriamente dañada. No era casualidad que esta crisis migratoria se hubiera trasladado a las fronteras polacas. Al ser uno de los miembros más revoltosos de la Unión, presionar sobre él era desestabilizar aún más la UE. Ante esta situación, Polonia exigió cambios en la política migratoria de la Unión y pidió la actuación de la OTAN, en tanto su territorio estaba siendo invadido, mientras que Minsk daba una de cal y otra de arena a la hora de solucionar la situación, en la parte que le tocaba. 

Mientras, otros lugares fronterizos de la UE también soportan esta presión migratoria. Otro país en el que la democracia es un disfraz, la Turquía de Erdogan, usó a los refugiados sirios para ajustar cuentas con los europeos. El año pasado, en los primeros meses de la pandemia del covid-19, tuvo lugar el enésimo enfrentamiento entre Grecia y Turquía, pero en este caso, el arma usada iban a ser las masas humanas que huían de la guerra civil siria, buscando el ansiado vergel, el paraíso perdido que es el Estado de bienestar europeo y que tantos recursos absorbe de sus ciudadanos.

Aunque, desde la perspectiva de España, toda esta problemática está mucho más cerca y no hay que irse hasta los campos griegos o las planicies polacas y bielorrusas. Con una frecuencia pasmosa, ligada generalmente a problemas internos marroquíes o enfrentamientos políticos y diplomáticos con el régimen español, las fronteras de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ven asaltadas por centenares de inmigrantes que intentan, usando la táctica del grupo numeroso, llegar a territorio español, donde son atendidos y, según la situación política y social, pueden tener la suerte de terminar quedándose y no ser devueltos. Las autoridades marroquíes, las ONG que les ayudan y, desde luego, los grupos mafiosos que se benefician de tal tránsito de carne humana saben que los gobiernos progresistas (y no tan progresistas) españoles limitan la represión de estos asaltos por razones políticas, lo que les hace más fácil quedarse. Este sistema es complementario de uno más peligroso, pero más habitual: las pateras, que con centenares de inmigrantes cruzan el Mediterráneo o el Atlántico hasta territorio comunitario, incluyendo las Islas Canarias.

Generalmente, este tipo de situaciones de miseria, muerte y caos se muestran en los medios de comunicación audiovisuales y escritos desde la perspectiva del inmigrante, al que se suele presentar como una víctima, alguien que busca un lugar donde prosperar, siendo atendidas sus principales necesidades por un Estado benefactor y, en menor medida, por algunas organizaciones de caridad que, con el tiempo, pierden protagonismo a favor de entidades estatales u organizaciones que trabajan mano con mano con el Estado y los gobiernos, usando recursos públicos y no donaciones privadas. En esta parodia victimista, en este reduccionismo maniqueo, ellos son las víctimas y los culpables de su situación, los occidentales, los capitalistas, que se adueñan de sus recursos, viven por encima de sus posibilidades, avivan guerras, les imponen sus productos o servicios y destruyen sus paraísos tribales, sus ideales de compromiso, convivencia y solidaridad, una visión no muy alejada de la del “buen salvaje” de Rousseau.

Esta situación, como muchas otras, no es nueva y las masas de personas que huyen de una situación de precariedad o que se desplazan porque es su tipo de vida o porque, simplemente, buscan una situación mejor de la que están viviendo, han sido usadas por Estados, gobiernos y monarquías a lo largo de la historia para eludir problemas de convivencia o para provocar o agredir a los Estados, gobiernos o monarcas vecinos con los que tienen conflictos abiertos. Este tipo de agresión se ha ido adecuando a las circunstancias de cada época. Así, en el declive del Imperio Romano, ante la debilidad de las fronteras frente a los germanos y otros pueblos de origen euroasiático, los emperadores bizantinos se las arreglaron, militar y diplomáticamente, para que muchas de estas confederaciones de tribus fueran a situarse en territorio del imperio occidental, lo que ayudó a terminar con él, favoreciendo su fragmentación y la aparición de reinos, feudos y, con el tiempo, otro Imperio. La ausencia de fronteras, tal como las conocemos ahora, y una menor densidad de población que la actual favorecieron este trasiego de personas, que duró varios siglos hasta que los Estados fueron conformándose, y el territorio vacío llenándose.

Durante los periodos imperiales, en todo el mundo, estas autoridades impusieron el traslado de poblaciones enteras, incluso grupos étnicos, para situarlos allá donde les eran más cómodos, bien porque fueran grupos problemáticos, bien porque quisieran que una masa crítica problemática no llegara a tal. Así, los procesos de rusificación en el imperio zarista, primero, y, sobre todo, en el soviético después, o la chinificación en la actual República Popular China, son dos ejemplos de este tipo de manipulación de masas. El antisemitismo, por ejemplo, a lo largo de los siglos, ha provocado el nacimiento y muerte de guetos de judíos, tanto en Oriente como en Occidente, y la práctica desaparición de las poblaciones judías, no sólo de Europa, sino también de todo el Norte de África y Oriente Medio. A finales de la Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de personas fueron reasentadas en Europa, principalmente en Europa del Este y bajo auspicio o aquiescencia soviética, con la intención de hacer países étnica, cultural y nacionalmente homogéneos, intentando evitar problemas entre grupos distintos. Las guerras yugoslavas de los años 90 del siglo XX son ejemplos de cómo este tipo de conflictos es posible.

Las huelgas generales, las manifestaciones por causas ideológicas, por privilegios disfrazados de derechos, e incluso los comportamientos de grupos ligados a clubes deportivos son algunos ejemplos de movilizaciones más domésticas y habituales que pueden ser manejadas. En este caso, para atacar o molestar al vecino, Bielorrusia, Turquía o Marruecos se permiten manipular y usar a miles de personas que, por diferentes razones (desde guerras a situaciones de pobreza o hambre, o la simple y subjetiva necesidad de buscar una situación mejor que la que se vive), necesitan un lugar donde vivir. Estados y gobiernos no tienen ningún escrúpulo a la hora de usar a las masas que, por alguna razón, buscan algún tipo de mejora. 

De la misma manera que, ante las necesidades bélicas o financieras de los Estados, han ido surgiendo instituciones de carácter privado o semiprivado que han buscado o buscan los recursos públicos que manejan, y de la misma manera que otras instituciones han surgido para dar respuesta a las necesidades del Estado de bienestar, las migraciones han favorecido la creación de una infinidad de organizaciones mal llamadas “no gubernamentales”, que han ido suplantando a las organizaciones de caridad que antes hacían su labor. El problema más grave, sin embargo, ha sido que, a la sombra de estas necesidades, las mafias y organizaciones delincuenciales han visto una oportunidad de explotar la desesperación de muchos y se han unido a esta labor, sin respetar los derechos más fundamentales de estas personas.

El manejo de las masas es distinto que el de los individuos, ya que no es necesario convencer a cada uno de ellos, sino que una masa crítica asuma un objetivo o una idea y, luego, dejar que el comportamiento grupal que posee el ser humano siga su curso. Suelen ser manipuladas emociones (miedo, desesperación, ira, frustración) o necesidades primarias (hambre, supervivencia). Estas manipulaciones responden a una lógica más simple, menos elaborada, no pocas veces incorrecta, pero no por ello menos poderosa. Afortunadamente, no siempre va a ser una estrategia exitosa, pues de la misma manera que se activa, otro estímulo puede desactivarla. Además, también existen resistencias individuales que pueden servir como catalizadores para sabotear un comportamiento grupal y darle la vuelta. Aunque sí que es cierto que, una vez tomada cierta inercia, su desactivación requiere tiempo y recursos.

La deriva de la colaboración público-privada

Estamos viviendo meses muy confusos. La información, verdadera y falsa, sobre cómo los gobiernos están colaborando con grandes empresas privadas para limitar nuestra libertad fluye veinticuatro horas al día, con su correspondiente contrapropaganda.

Siempre he creído que para entender algo hay que descomponerlo hasta sus manifestaciones más sencillas e ir subiendo. Es menos emocionante, y seguramente tengas menos lectores, pero a la larga te ayuda a tener una idea más clara de cómo funciona el mundo.

Para realizar este ejercicio vamos a bajar mucho, concretamente hasta un evento menor como es la Vial Week. La crónica que los medios de comunicación hicieron describe perfectamente cómo funcionan este tipo de cosas en España (que no se diferencia demasiado de cualquier otro país occidental): una asociación privada monta un evento, a él acuden otras asociaciones privadas con intereses similares y el organismo estatal del que viven. El resultado del mismo es que los ciudadanos salimos algo más pobres.

En este caso hablamos de las autoescuelas, los centros Médicos Psicotécnicos y la DGT.  La excusa para exprimir al ciudadano es el aumento de conductores de más de 65 años, que pese a ser perfectamente previsible desde hace décadas (los conductores, con diez años menos, ya estaban aquí en 2011 y no se iban a morir de golpe) supone una sorpresa para todos los actores implicados en la regulación y se debaten medidas para paliar el problema.

Por supuesto, paliar el problema significa que las autoescuelas y los centros médicos deben aumentar su negocio dando cursos absurdos y certificando la visión de los conductores más a menudo. Y les debemos estar agradecidos por ello ya que la alternativa que sacan a pasear para asustar al personal es fijar una edad máxima para poder conducir. Y eso no es razonable, no, sobre todo cuando por un módico precio y unas molestias se puede seguir conduciendo sin problema.

Y aunque lo digo con bastante ironía, no deja de ser verdad. El Estado es tan ineficiente que al delegar ciertos controles en empresas privadas nos mejoran bastante la vida. Sin salirnos de la DGT, cualquiera que pase una ITV en una Comunidad Autónoma con las estaciones liberalizadas sabe que pagas algo menos y, sobre todo, te atienden infinitamente mejor que en el resto.

El problema es que las empresas privadas no solo son eficientes en proporcionar el servicio, sino que también mejoran al Estado en la capacidad de inventar excusas absurdas para incrementar los controles, y, por tanto, su negocio. Un (alto) funcionario de un ministerio tiene, por su naturaleza, una tendencia a la sobrerregulación y, digámoslo claramente, a tratar al ciudadano como ganado. Pero le faltan incentivos económicos. Al final cobra igual un funcionario hiperactivo que nos amargue la vida a todos que uno vago que al menos solo nos cuesta su nómina. En cambio, las empresas privadas y los lobbies que generan sí tienen unos incentivos económicos muy claros, y estos pueden influir mucho más fácilmente en los políticos y medios de comunicación.

Y lo peor es que ante este fenómeno no existe contrapeso. En los saraos donde se deciden las nuevas cadenas que nos van a poner solo van cuatro actores: lobbies, políticos, funcionarios y periodistas. Y los cuatro están del mismo lado, ya sea por convicción o por interés.

Y alguien podría preguntar: ¿no existen asociaciones de conductores que defiendan los derechos del ciudadano común?  No, existen asociaciones de conductores cuyos intereses dependen directa o indirectamente de los lobbies de autoescuelas. Solo hay que darse una vuelta por sus redes sociales para conocerlos, porque, como suele pasar en estas cosas, son un mundillo muy pequeño.

Así que sí, a lo mejor no vivimos en un mundo donde Bill Gates y la ONU conspiran para ponernos a todos un microchip, pero tampoco parece razonable negarse a ver la deriva de un sector privado cada vez más enfocado en pastorear al ciudadano. ¿Lo hacen a través del Estado? Sí, claro, pero no dejan de ser empresas privadas, para lo bueno y para lo malo, y se las tiene que analizar como tal. 

La democracia como garantía de las libertades civiles

Siempre es un honor ser invitado a hablar sobre la democracia y la herramienta jurídica que determina su esencia, es decir, la ley electoral. O lo que es lo mismo, sobre la libertad política. Más aún si el anfitrión es un reconocido defensor de la libertad, como el Instituto Juan de Mariana. Y qué mejor que en este templo de la libertad, por tanto, para recordar que la democracia, tantas veces evocada incluso por sus enemigos, no constituye un fin en sí mismo, sino que es la garantía del resto de las libertades.

Benjamin Constant nos advirtió de ello hace ya muchos años. Sin la institución jurídico-política que permite a los ciudadanos poner y deponer libremente a sus gobernantes, el resto de las libertades quedan subordinadas a la voluntad arbitraria del poder establecido. Pues bastaría una ley, del rango pertinente, para subvertir parcial o totalmente todo un régimen de libertades. Por eso llama tanto la atención que entre los liberales no exista la firme determinación, incluso la obsesión, por instituir regímenes políticos en los que la democracia pueda desarrollarse en plenitud de condiciones.

Desde Locke y Montesquieu, por un lado, y desde Marsilio de Padua, que no puede considerarse un liberal, pero sí un exponente del republicanismo cívico sobre el que posteriormente se basó el liberalismo político, existen dos pilares sobre los que se asienta la arquitectura democrática: la separación de poderes y la representación. Me centraré en la última por ser esta la afectada por la ley electoral

El sistema electoral reviste tal importancia en un sistema político que puede decirse que este no es solo materia constitucional sino constituyente, porque determina la naturaleza íntima de un régimen de poder. ¿Cuál es la diferencia esencial entre una dictadura, una oligarquía y una democracia si no es el modo de acceder al poder de los gobernantes?

Pero esta gran cuestión tiene también una traducción práctica que creo que los liberales deben comprender a la perfección. Si atendemos a la máxima de Mandeville, descrita en “La fábula de las abejas” y que sirvió de base a Adam Smith para escribir su “Teoría de los sentimientos morales”, podremos inferir que el interés privado, individual, constituye el motor, junto al altruismo reciproco, de la acción humana. 

Si los gobernantes de una sociedad no dependieran de sus ciudadanos ¿cómo podrían estos caer en la ingenuidad de creer que los primeros trabajarían para la sociedad? Si en el mercado uno trabaja para quien le paga, porque quien paga es aquel de quien depende el que trabaja, ya sea por cuenta propia o ajena, ¿por qué la política habría de regirse por una ley distinta?

La gran cuestión que debemos hacernos no es, por lo tanto, si la máxima descrita opera en todas o casi todas las circunstancias, porque es obvio que sí. La pregunta que debemos hacernos es si en España se dan los factores necesarios para que la libertad política esté garantizada institucionalmente por medio de un sistema electoral apropiado. La respuesta es un no rotundo.

En España no elegimos directamente a nuestros representantes, sino que refrendamos la elección que previamente ha tenido lugar en otra parte. Más concretamente, en la planta magna de las sedes de los partidos políticos. Un sistema de listas cerradas y bloqueadas, con financiación pública limitada a los partidos que ya tienen representación no es una dictadura, pero se compadece mejor con una oligarquía de partidos o con una partidocracia, cuyas cúpulas son las que verdaderamente disponen de todo el poder de decisión.

Por lo tanto, si los jefes de los representantes del pueblo no son los ciudadanos sino las cúpulas de los partidos políticos, también resulta obvio que los diputados, los hombres de partido, trabajarán para sus jefes. Mientras no desparezca este vínculo diabólico entre el representante de los ciudadanos y el jefe de su partido, no obtendremos una verdadera representación política. Y sin ella, acabamos de demostrarlo, no será posible que las instituciones sean eficientes.

Algo tan sencillo de comprender, lleva cuarenta años sin ser modificado. No debemos apelar a la clase política para cambiar una ley que tanto le beneficia. La única apelación posible es a los ciudadanos. Por la democracia, pero, sobre todo, por las libertades individuales que esta garantiza.

Mantener las reglas del juego, sí… salvo que sean incorrectas

Se ha señalado insistentemente que cada gobierno que llega lo hace con su propio libreto, cambiando las reglas de juego e impidiendo que las cosas resulten bien. Se reclama que las reglas de juego deben ser estables. ¿Quién puede oponerse a este principio? Yo personalmente lo acepto, pero con una variante. No debemos sostener siempre las mismas reglas de juego, cualesquiera sean esas reglas. Debemos mantener el marco de reglas estable, siempre que las reglas sean las correctas.

Piense el lector por ejemplo en Cuba, una economía socialista que por más de medio siglo mantuvo las mismas reglas de juego, sin propiedad privada, sin elecciones, aislados del mundo. Esas reglas sólo llevan a la miseria. Cuba debe cambiar.Analizaré en esta nota el ejemplo de Argentina, país que inició un camino en 2003 que terminó con la abundante inversión extranjera directa de los años 1990, también con la estabilidad monetaria, retomó el sistema de reparto, volvieron los controles sobre los precios y sobre el tipo de cambio, se expandieron los planes y programas sociales, así como los subsidios a quienes lo necesitan y también a quienes no lo necesitan. Todo esto claramente debe cambiar.

Argentina necesita un marco de reglas con equilibrios macroeconómicos, partiendo por el equilibrio fiscal, lo que requiere de tres reformas fundamentales:

1.       Por el lado de los ingresos, una reforma tributaria, para que se simplifique la estructura tributaria, pero también para que se reduzca la presión tributaria. Más de 170 impuestos en los tres niveles de gobierno evitan que las empresas puedan generar actividad y empleo. Me parece que aplica aquí el concepto de la Curva de Laffer, donde desmantelando más de un centenar de impuestos, la Argentina podría incluso mejorar su recaduación.

2.       Reforma integral del estado, lo que implica revisar los presupuestos y reducir la órbita del estado, en línea con el principio de subsidiariedad. El estado sólo debe hacer aquello que el sector privado no puede hacer. Hay mucho de lo que el estado hoy hace que podría ser administrado parcial o totalmente por el mercado, y con ello tendríamos mejores resultados y a menor costo. El sector privado ha probado ser mucho más eficiente que el sector público. Sólo cuando podamos recuperar el funcionamiento del mercado, podremos visualizar qué rol cabe para el estado en su objetivo de inclusión. El presupuesto base cero ha sido una buena herramienta para reestructurar empresas cuya solvencia estaba comprometida y también para algunos estados fallidos.

3.       Reforma previsional, partiendo de un sistema de reparto quebrado, con la intención de recuperar ingresos dignos para la población pasiva, y al mismo tiempo con la intención de reducir la principal partida de gasto. El principal desafío aquí es definir una transición para un problema estructural que no puede seguir siendo ignorado.

Con estas tres reformas podrá alcanzarse el equilibrio fiscal y sólo mediante ellas la autoridad monetaria podrá abandonar la monetización del déficit público. Eso podrá evitar seguir inflando la economía con nuevas emisiones de dinero, pero aun queda pendiente resolver el enorme desequilibrio monetario hoy existente en las llamadas Leliqs. Aquí viene la cuarta reforma.

4.       Reforma monetaria y bancaria. Argentina necesita plantear una reforma que permita recuperar una moneda sólida, sea a través de la dolarización, o bien a través de reglas monetarias que pueda aplicar el BCRA. Un ejemplo de esto es prohibir a la autoridad monetaria acceder a comprar bonos del gobierno. Numerosos países han alcanzado el equilibrio fiscal bajo esa regla. Algunos economistas pensamos que esas reglas sólo se cumplirían transitoriamente, y por ello sugerimos que la dolarización es una solución más definitiva, en la medida que termina con el BCRA. Con Nicolás Cachanosky hemos propuesto una reforma de dolarización flexible que resuelve el problema del desequilibrio monetario, atendiendo también la dificultad de los pasivos monetarios. La propuesta permitiría alcanzar rápidamente estabilidad monetaria, reducir las tasas de interés nominales y reales, y con ello generando una rápida mejora en la actividad económica y el empleo.

Finalmente, es necesario atender el desequilibrio cambiario, con un cepo muy duro para adquirir divisas, eliminando la discrecionalidad en su manejo, terminando con el atraso cambiario y también con el cuello de botella que hoy enfrentan las empresas que necesitan divisas.

5.       Una reforma cambiaria, debe encarar todos estos frentes, empezando por levantar el cepo y permitir que el mercado descubra cual es el valor del dólar, de acuerdo demanda por un lado, y su escasez por el otro. Una vez definida ese valor, reconociendo el lugar en el que estamos, Argentina podrá encarar la dolarización a una definida tasa de conversión, o bien una nueva convertibilidad (que no lo considero deseable), o bien una política monetaria con metas estrictas. Esa reforma debería resolver el atraso cambiario, a partir de lo cual Argentina podría emprender un nuevo camino de crecimiento.

Por supuesto hay otros frentes, otras reformas urgentes como la reforma laboral para alcanzar una mayor flexibilidad que beneficie a los trabajadores para obtener oportunidades de empleo, además del frente institucional, donde la inseguridad jurídica, la burocracia, la corrupción sean modificadas en favor de la independencia judicial y más transparencia. Pero me parece que sólo entonces, una vez que estas reformas se haya practicado y que hayan resultado en equilibrios simultáneos en el frente fiscal, monetario y cambiario, que entonces sí podemos sugerir que las reglas de juego sean estables.