Etiqueta: Recursos energía y medio ambiente

Una de las falacias más habituales con las que las asociaciones de agricultores intentan que los consumidores nos pongamos de su parte en tanto que contribuyentes, es el porcentaje exiguo que reciben del precio total por el que se venden sus productos. De hecho, en una manifestación reciente, ese fue el argumento que encontró más eco en los medios, especialmente porque se escogieron como ejemplo unos productos (los cítricos) no demasiado representativos, en los que a día de hoy la diferencia es mucho mayor de la media.

El problema es que, intuitivamente, consideramos que la fruta que recolecta un agricultor en el campo es el mismo producto que adquirimos en la tienda de la esquina o en el gran hipermercado que tenemos más o menos cerca de casa. Es, después de todo, el mismo objeto físico. Sin embargo, económicamente, no se le puede considerar el mismo bien. La naranja recién recogida en una huerta valenciana no tiene ni puede tener para mí, que vivo en Madrid, el mismo valor que esa misma naranja a la venta en el supermercado que hay al lado de mi casa.

No hay que ser un lince para darse cuenta de la razón. Para conseguir esa naranja recién recogida debería coger el coche, trasladarme a Valencia, conseguir que el agricultor no me mande a freír espárragos por molestarle (ya que él no se dedica a la venta) y volver a Madrid con mis naranjas. No cabe duda de que los costes, tanto en dinero como en tiempo y molestias, son indudablemente superiores a los de ir a la tienda a comprar. Y es que un bien de consumo no se define sólo por sus características físicas sino por otras muchas como situación, garantías de calidad, etc. Llevar el producto al consumidor tal y como éste lo quiere necesita de la intervención de muchas empresas, de mucho trabajo y capital, que necesita también de remuneración.

Sin embargo, ésta no es una realidad intuitiva, capaz de llegarle a la gente con facilidad, lo que propicia que surjan movimientos como el "comercio justo", cuyo producto estrella es el café. La teoría detrás de este movimiento no es más que marxismo puro: considera que los agricultores de los países pobres están explotados por los intermediarios y los minoristas, que se enriquecen así injustamente con el sudor de los parias de la tierra. De modo que ofrece a los consumidores café pagado a los productores a precio por encima del mercado y que tiene la "garantía" de que se recolecta pagando a los trabajadores un salario que sea igual o superior al mínimo impuesto por el Gobierno del país.

La puesta en práctica de esta teoría se ha encontrado con muchos obstáculos, el mayor de los cuales, sin duda alguna, es el hecho de que el mercado de "consumidores concienciados" es más bien pequeño; de hecho, las campañas sobre la crueldad del negocio del café hacen más probable que se deje de consumir que se pase a hacerlo con una marca de "comercio justo". Al poner un precio mínimo por el café se produce un exceso de oferta, como no podía ser de otra manera, que se traduce en colas en el proceso de certificación como "productor de comercio justo", lo que beneficia a los que ya están instalados frente a los nuevos competidores.

Pero en lo que nos atañe, lo cierto es que el precio puesto por las organizaciones de "comercio justo", dado que según su base ideológica el objetivo es eliminar intermediarios, obliga a las organizaciones de productores a realizar tareas que antes hacían éstos, como comprar el café a sus miembros, clasificarlo y procesarlo, y organizar la logística de la exportación. Muchas de esas tareas consumen buena parte de la diferencia entre el precio pagado por los comerciantes justos y los comerciantes no ideológicos, especialmente porque estas organizaciones no están especializadas en ellas y les resulta más caro llevarlas a cabo que si las hicieran los pérfidos intermediarios. En algunos casos, los costes han sido suficientes como para provocar que algunos productores vendieran en el mercado normal, porque no les salía a cuenta hacerlo "con justicia". Pero una consecuencia clara es que muchos de los trabajadores del café justo no cobran el salario mínimo, tal y como publicitan los promotores de la iniciativa, porque los patronos no pueden permitírselo.

Puede que exista un mercado, en todo caso previsiblemente pequeño, de consumidores que desean que se pague más a los agricultores aún a costa de pagar más ellos por el producto. Pero para que funcione, las organizaciones de "comercio justo" tendrían que olvidar la retórica de la "cadena de valor" y los intermediarios que "explotan a los agricultores". Claro que, en ese caso, no está muy claro si lograrían mantener a sus concienciados clientes.

El informe Stern ha sido el primero de cierta importancia, digamos, institucional sobre el calentamiento global encargado a un economista. El Gobierno británico quería saber cuánto costaría el fenómeno y cuánto costaría evitarlo. Hasta entonces, los análisis venían a decir que no venía a cuenta estabilizar las emisiones de CO2, aún en el supuesto de que fuera posible, porque los costes eran superiores. Pero llegó Stern y, con él, un nuevo mantra convenientemente agitado por los ecologistas sandía: por un 1% del PIB mundial todos los años, nos ahorramos unos gastos del 20% del PIB mundial dentro de unas décadas. Lo asombroso no es ya que las conclusiones fueran contrarias a las de otros economistas, sino que lo fueran en un grado tan enorme. ¿Cómo se consiguió semejante milagro?

La respuesta es sencilla: exagerando los costes de no hacer nada y disminuyendo los de actuar hoy. La principal crítica que se le ha hecho es optar por una tasa de descuento irreal y extremadamente baja. El problema es que las personas normales y corrientes, cuando escuchamos esto, nos quedamos con cara de idiota. La tasa de descuento no es más que el tipo de interés cuando lo empleamos para calcular al revés. Es decir, si el interés está al 4% anual y se tienen 100 euros en el banco, el año que viene tendremos 104, es decir 100*(1+0,04). Pero si lo que queremos es tener 100 euros en el banco el año que viene, ¿cuánto debemos ingresar hoy? La respuesta es que ha de ser 100/(1+0,04), es decir, 96,15€. Bueno, pues cuando se usa el interés para hacer este tipo de cálculos, los economistas, supongo que por fastidiar a los legos, lo llaman tasa de descuento.

Stern considera que, moralmente, sería injusto para las generaciones venideras emplear una tasa de descuento alta, léase realista, porque colocaríamos nuestras necesidades por encima de las suyas. ¿Por qué? Volvamos al ejemplo, pero más a lo bruto. Si damos exactamente la misma importancia a las generaciones futuras que a las actuales, un ahorro de 100 euros dentro de cien años merecería la pena aunque nos costara 99 hoy (de hecho, empleando el 0,1% de Stern eso es justo lo que nos daría). En los términos del informe, significa que los costes que tendrán las catástrofes predichas por los creyentes en el apocalipsis climático para dentro de varias décadas tienen el mismo valor que si sucedieran hoy mismo.

Tratar la tasa de descuento como un problema moral es un error; los seres humanos, los de hoy y los del futuro, preferimos tener algo ahora que tenerlo más tarde. Así ha sido desde que el mundo es mundo. Sólo ahorramos cuando se nos ofrece algo suculento a cambio. Por ejemplo, un interés del 4%, que es la media histórica y la que se utiliza habitualmente. Cuando se emplean cifras absurdamente alejadas se obtienen resultados absurdos. Pero aún si se tratara de un asunto moral, la cosa no es tan sencilla. En el futuro, la humanidad será más rica, y los costes brutales que esos desastres provocarían hoy serían para ellos algo mucho menos importante. El gasto que propone Stern es un impuesto que redistribuye de los relativamente pobres que somos nosotros ahora a los relativamente ricos que serán dentro de cien años. Y luego dicen que los liberales somos insensibles con los pobres.

Además del lioso asunto de la tasa de descuento, Stern hace otras cosas, que se resumen en que siempre escoge la peor opción. Demográficamente, elige un modelo del IPCC tremendamente irreal, con muy poco crecimiento per cápita pero mucho aumento de la población, especialmente en latitudes bajas donde sería más perjudicial el calentamiento global. No tiene en cuenta la capacidad de adaptación del hombre hasta unos extremos ridículos: no piensa en la posibilidad de que se construyan presas contras las inundaciones, o que los granjeros cambien los granos que siembran al no ser los actuales adecuados para el nuevo clima o que la gente no se morirá de calor porque se adaptará progresivamente a la temperatura; al fin y al cabo, los españoles estamos mejor adaptados que los suecos. El caso es que, con estos trucos y otros parecidos, amplía el coste del 3% para el 2100 calculado por Nordhaus, y que ya está entre las estimaciones más altas, hasta llegar a un 20%.

En fin, Stern fue uno de los economistas que en los 80 predijeron que sucederían grandes desastres si se adoptaba la política propuesta por Thatcher. Habría que hacerle ahora el mismo caso que se le hizo entonces.