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Etiqueta: Recursos energía y medio ambiente

En rebajas… aumentan los precios

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

En plena cuesta de enero, los comercios compiten entre si por atraer a los consumidores con precios más bajos y productos muy rebajados, lo que confirma que los empresarios, buscando su beneficio, promueven el interés común. Aunque mucha gente lo desconoce, hasta los periodos de rebajas están regulados por el Estado. A pesar de ello, los precios disminuyen y no crecen como parece que va a suceder en muchos de los sectores donde el Gobierno decide lo que pagarán los ciudadanos por los servicios que reciben.

Y es que si algo debe de estar claro a estas alturas es que cuando el poder político trata de jugar a alumno aventajado al fijar los precios a que se ofertan bienes o servicios, tiene tan poco talento que yerra siempre.

Tomemos como ejemplo las empresas eléctricas. No sólo tienen que dedicar ingentes recursos a comprar derechos de emisión de CO2 para cumplir con el nefasto Protocolo de Kyoto sino que además, cuando sus clientes les pagan, deben poner a disposición de un pool, de la CNE, todo lo que han obtenido para que este organismo lo reparta entre las empresas que han intervenido con criterios ajenos al del mercado. Por si no fuera poca la intervención que padecen, los precios a tarifa también los establece el ministro del ramo.

¿Cómo es posible que estas empresas no puedan fijar los precios según la ley de la oferta y la demanda? ¿Por qué se necesita que el Estado intervenga en este sector? La razón es previsible para los que promueven la razón de establo, como llamó a la razón de Estado el gran Baltasar Gracián: por nuestro bien.

Como accionistas de esas empresas, perdemos. Como consumidores, padecemos más apagones y probablemente escasez de suministro o de potencia ya que las compañías se ven obligadas a diversificar para obtener beneficios al estar atadas de pies y manos en el mercado en el que participan. Desde el apagón de California de hace unos años al más reciente acaecido en Canarias, las pruebas de que algo falla con el intervencionismo estatal se hacen cada vez más evidentes.

Aun así, hay a quien le parece que el Estado hace demasiado poco. Este es el caso de Greenpeace que, como se imaginarán, odia todo lo que signifique libre mercado y, por eso pide que, en lugar de que el agua se privatice y se pague por ella como si de cualquier bien se tratara, se prohíban los campos de golf y el agua sea más cara. Es decir, que sea tan cara que mantener la casa limpia, la ropa impecable y asegurarse el aseo diario, nos obligue a tener que hacer más sacrificios para llegar a fin de mes.

Quizá el agua sea demasiado barata pero no lo podemos saber muy bien ya que donde no hay un mercado, no hay precios. Esta es la cruda realidad. No sabemos si algo es caro o barato cuando el Estado se ocupa de que no haya empresarios que compitan entre si. Por eso, no podemos alegrarnos de las rebajas al hablar del agua. Como tampoco, podemos quedarnos encantados de que en este nuevo año, vaya a reducirse la intromisión del Estado en nuestras vidas. Tendremos que dejar de fumar y hasta de beber por lo que anticipa la ministra con ínfulas de Führer y andarnos con ojito ante los nuevos aires policíacos con que va a operar Hacienda a partir de ahora.

Leyendo V de Vendetta, el cómic en que se basa la película homónima y que trata de la degradación que padece el género humano bajo un Estado fascista, me percato de que cada día se hace más cierto aquél lema francés: dejar hacer, dejar pasar, el mundo funciona sólo. De lo contrario, la evolución será, como los impuestos, regresivos porque matarán el espíritu creador del ser humano.

Caridad privada y cicatería estatal

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

La mayoría de la gente cree que el Estado es una especie de mando militar que dirige y controla su campamento castrense, esto es, la sociedad. Existe, en ese sentido, una disyuntiva entre libertad y orden: a mayor coacción estatal, menor libertad pero más orden; a menor coacción estatal, mayor libertad pero menos orden.

En circunstancias normales se asume que hay que buscar un equilibrio entre orden y libertad: los individuos deben disponer de su esfera de libertad dentro de las regulaciones estatales. Sin embargo, en momentos excepcionales, como una catástrofe natural, la necesidad por reestablecer el orden aconseja incrementar la coacción a costa de la libertad.

El problema es que, como ya descubrieran liberales tan insignes como Friedrich Augustus von Hayek, el orden no puede ser construido de manera racional y cartesiana: debe emerger, de manera natural y espontánea, de la interacción humana. Precisamente en los momentos catastróficos, donde los mecanismos de coordinación habituales se resquebrajan, el Estado se hace especialmente prescindible.

Los esfuerzos por crear mediante la fuerza un nuevo orden sólo traen el caos y retrasan la emergencia del orden deseado. Los mandatos estatales introducen un ruido que distorsiona el comportamiento de los individuos y los induce a cometer errores innecesarios. Al desastre natural se le suma el Estado desastroso, y la calamidad está asegurada.

Un ejemplo gráfico de esta sucesión de eventos lo encontramos en la tragedia del tsunami asiático, cuando todos los gobiernos del mundo coordinaron sus políticas para tratar de minimizar el daño sufrido por las víctimas. Un año después, conviene hacer un balance de las mentiras intervencionistas, que agravaron la situación desesperada de los afectados y que estos días se están poniendo de manifiesto.

La caridad privada no es suficiente

Una de las justificaciones más recurrentes del Estado es su función redistributiva. Sin un Estado que garantizara la "igualdad de oportunidades", los pobres serían cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Se trata de una monserga que, no por mucho repetirla, resulta menos falaz.

A diferencia de lo que creen los socialistas, no hay pobres porque existan ricos; la riqueza de José no es causa de la pobreza de Miguel. Lo cierto es que existen personas pobres porque el Estado les impide enriquecerse; su tremenda maquinaria burocrática bloquea la búsqueda y creación de nuevas oportunidades (pensemos simplemente en el salario mínimo, una regulación que, de facto, supone la expulsión del mercado laboral de los individuos más desfavorecidos).

La cantinela redistribucionista se acentúa después de un desastre natural. Toda la izquierda planetaria presiona a los distintos gobiernos para que atraquen a sus contribuyentes y donen sumas ingentes de dinero a los países afectados: sólo los Estados son capaces de acaparar semejantes cantidades de recursos en tan poco tiempo.

El argumento no tiene ningún sentido; de entrada, podemos hacer tres críticas. La primera es que el robo fiscal sigue sin quedar justificado, a pesar del pretendido destino del dinero. Las buenas intenciones no purifican un expolio viciado de origen; el fin no justifica los medios, por muy urgente y apremiante que pueda parecer ese fin.

La segunda es que la gestión estatal de la caridad provoca una serie de distorsiones notorias: al no depender la recaudación de las aportaciones voluntarias de los individuos, el Estado no tiene por qué ser diligente a la hora de gastar los fondos incautados.

Si los individuos, por el contrario, entregaran libremente el dinero a empresas u ONG, las distintas compañías tendrían que competir entre ellas para gestionar mejor los fondos, reduciendo los costes o las comisiones y eliminando los proyectos superfluos e innecesarios. Cada individuo sabría el dinero que ha donado, y querría conocer en qué se ha gastado. Las empresas que peor gestionaran la caridad irían desapareciendo, en un proceso competitivo destinado a mejorar tanto la eficiencia como la ayuda a los más necesitados.

Es obvio que esto no sucede en el caso del Estado, que sólo tiene que utilizar la fuerza y recaudar impuestos para conseguir los fondos. No importa si no son usados correctamente: el ciudadano no es propietario de su dinero, por lo que no puede controlarlo y entregárselo a otros gestores más eficientes.

La tercera y más demoledora crítica es que el argumento no es cierto. No existe ningún impedimento que impida a los ciudadanos ser más caritativos que sus estados. Es más, en todo caso, cabría decir que la redistribución pública tiende a desalentar la caridad privada.

Las razones son sencillas de entender. Si el Estado nos quita el 50% de nuestra renta, el margen para ser solidarios disminuye. Por otra parte, si nos creemos que el Estado realmente cumple el objetivo de ayudar a los pobres, si funciona tan correctamente como para erradicar las desigualdades y la miseria, ¿para qué vamos a entregar más dinero a unos pobres inexistentes? ¡Eso es tarea del Estado! Tarea que, además, realiza muy eficazmente. El problema, en todo caso, no estará en el Estado, sino en que ha recaudado demasiado poco.

La ilusión de un sector público eficiente que los socialistas nos venden sólo sirve para que la gente no se tome en serio la necesidad de ayudar a los demás cuando suceden desastres como el del tsunami. Sin embargo, en este caso, cuando los políticos reconocieron su incapacidad para atender a todas las víctimas con los recursos públicos, la caridad privada se disparó y llegó a doblar la cuantía que habían entregado los gobiernos de todo el mundo.

Tal fue el alud de caridad privada y voluntaria que, tan sólo un mes después de la catástrofe, la Cruz Roja tuvo que hacer un llamamiento público para que la gente dejara de enviar dinero con destino al sureste asiático. "Ya tenemos bastantes fondos para planificar nuestra respuesta y cumplir los programas de los próximos diez años", llegaron a decir. ¿Realmente podemos creernos el cuento de que sin Estado no habría caridad?

El colmo de las ineficiencias y de las mentiras fue destapado hace unos días: la gran mayoría de los gobiernos, empezando por EEUU y Europa, todavía no han entregado ni la mitad del dinero prometido. Estas cifras contrastan con las del sector privado, que ha desembolsado la práctica totalidad del dinero adeudado.

Obras son amores y no buenas razones; en este caso, el simple amor al prójimo debería dejar claro que cada vez quedan menos razones para justificar la existencia del sector público.

Impulsar el orden

Si los gobiernos occidentales actuaron de manera torpe y errática en el caso del tsunami, los estados de los países afectados no son menos responsables en la magnitud de la tragedia y de sus consecuencias.

De entrada, son los causantes más inmediatos del subdesarrollo de sus ciudadanos. Si bien es cierto que Asia está experimentado en los últimos años un crecimiento económico notable –paralelo al incremento de su libertad–, la pobreza que subsiste en esos países sigue teniendo como causa la falta de seguridad jurídica y la desprotección de la propiedad privada resultante de un intervencionismo feroz.

Una mayor riqueza permite construir edificios más sólidos y resistentes, así como la rápida provisión de vacunas y víveres después de la catástrofe. Es cierto que muchos socialistas niegan que la riqueza sirva para protegernos del azote de la naturaleza, pero, en ese caso, ¿por qué motivo instaban a los gobiernos occidentales a enviar grandes sumas de dinero? Si la riqueza es inútil, ¿qué sentido tiene redistribuirla?

En el fondo, todo el mundo se ve obligado a reconocer que a mayor riqueza, mayor capacidad para capear la adversidad. Los estados asiáticos, en tanto han reprimido históricamente la función empresarial, son responsables de la falta de desarrollo de los habitantes de esas regiones (falta de desarrollo que los desprotegió frente al tsunami).

Hace pocas semanas nos enteramos de que el 80% de los afectados por el tsunami siguen sin tener una vivienda; no por falta de dinero, sino por las obstrucciones políticas a su construcción. Los gobiernos de esos países no han asignado todavía las tierras donde pueden construirse los edificios, por lo que el dinero recaudado por las ONG de todo el mundo aún no ha podido ser empleado.

Las regulaciones burocráticas de esos estados han paralizado el proceso creador que caracteriza al capitalismo. No sólo se ha empobrecido a los habitantes de la zona, sino que se ha impedido la inversión de las ayudas recaudadas hace un año. ¿Alguien puede extrañarse de que esas sociedades continúen sumidas en la pobreza? ¿Qué empresario va a poder o querer invertir en unos países donde los gobiernos han bloqueado durante más de un año la reconstrucción de viviendas para los afectados por una tragedia de semejante intensidad?

Conclusión

Los gobiernos son incapaces de solucionar los problemas de los individuos. Su conocimiento fraccionario y su comportamiento despótico impiden la colaboración pacífica entre las personas.

El caso del tsunami de 2004 ha sido, desgraciadamente, paradigmático. La ayuda privada no sólo ha desbancado a la pública, además se ha abonado mucho antes. Por su parte, la deliberada acción política de los estados surasiáticos, lejos de favorecer la coordinación entre los individuos, ha impedido que el 80% de las víctimas disponga de un hogar.

Cuando el Gobierno interviene en la economía podemos ver el resultado de sus acciones, pero la mayoría de las veces somos incapaces de comprender todos los efectos invisibles de su devastadora política. Por lo pronto, sabemos que más Gobierno ha significado menor ayuda privada, más pobreza y menos viviendas para el sureste asiático. Pero eso es sólo la punta visible del iceberg: ¿cuántos propósitos habrán dejado de cumplirse por una coacción estatal que sólo ha traído caos y descoordinación?

Parafraseando al gran liberal Ludwig von Mises, podríamos decir que los estados no pueden crear el orden, pero sí destruirlo. El sureste asiático sigue siendo una vergonzante prueba de ello.

La Navidad, la Familia y el estado

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Estos días hemos recibido la noticia de un terrible caso de maltrato de padres a hijos en la ciudad de Sheffield. Cinco niños con edades comprendidas entre uno y siete años fueron abandonados por sus padres en una habitación. Mientras los niños se ayudaban para sobrevivir entre sus propios excrementos sus padres bebían alcohol y jugaban con la Play Station. Este estado de cosas se convirtió en un depravado ritual que empeoraba día tras día. Afortunadamente la hija mayor logró convencer a la madre para que llamase a una ambulancia cuando su hermano de poco más de un año dejó de moverse. Gracias a esa noble acción y a la rapidez de los servicios de emergencia el bebé salvó su vida.

Ya hay quienes han alertado acerca de la necesidad de incrementar las dotaciones de unos servicios sociales que, a pesar de visitar con frecuencia a la familia, no fueron capaces de percatarse del trágico maltrato. Se equivocan. Es precisamente la maraña de ayudas sociales la que destruye los lazos familiares capaces de poner freno a este tipo de sucesos y los sustituye por unos incentivos perversos que son el caldo de cultivo de desgraciados casos como este. Me explico. En el Reino Unido, como en otros países de la “Europa del Malestar”, cuando una adolescente se queda embarazada recibe una ayuda mensual del estado. Algo así como un premio a la conducta ejemplar y un incentivo a tener hijos lo antes posible. No importa si la familia trataba de convencerle de que esperase algún tiempo, papá estado corre con los gastos. ¡Sigan jugando! Hay premios seguros todavía más espectaculares. En efecto, quedarse embarazada siendo menor de edad también da derecho al gran premio de una vivienda de protección oficial. Al precio que están los pisos en Inglaterra no es de extrañar que más de una adolescente que tenga una bronca con sus padres o simplemente quiera independizarse, decida tener hijos.

En este marco, la madre de estos niños tuvo a los cinco críos entre los 16 y los 24 años. Vivió en una vivienda de protección oficial hasta que se trasladaron a una celda, también estatal. Más de cincuenta trabajadores sociales les visitaron en aquella casa de los horrores de Sheffield y ahora serán psicólogos a sueldo del estado quienes visiten a los niños en sus respectivas casas de adopción y a los padres en los centros penitenciarios. Aquellos no eran capaces de ver los problemas angustiosos de la familia porque el propio concepto de familia les es extraño. Sólo ven ciudadanos más o menos cercanos a estereotipo estatal de buena conducta. Y el resto de la familia no me inmiscuiría porque el intervencionismo estatal en materia social se ha encargado de diluir las relaciones y los compromisos entre miembros.

Son todas esas ayudas junto con las diversas trabas a formar una familia las que hay que eliminar. Hay que procurar que la familia vuelva a ser una institución que evolucione libremente lejos de la corrupción que suponen los favores y los impedimentos estatales. En ningún caso hay que potenciar los causantes del mal, que no es otro que el estatismo en el ámbito familiar. Resulta curioso examinar que si Jesús naciera en la Europa de principios del siglo XXI, tendría muchos puntos para ser apartado de María por un leal trabajador social del estado. Eso sí, María y José accedería a una vivienda de protección estatal y Jesús viviría en una familia de adopción con buenos contactos políticos como la de Herodes.

Desarrollo y efecto invernadero

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Y eso que el objetivo era encontrar un acuerdo que sustituyera a Kioto, cuyo mandato termina en 2012. En realidad nunca ha empezado y por dos razones. Los dos primeros emisores de CO2 no están dentro del acuerdo. Estados Unidos porque su senado decidió democráticamente no ratificarlo con 95 votos y 5 abstenciones y a China (como a India y otros grandes emisores) se le dejó al margen. Y el segundo motivo es que quienes sí lo han firmado se dedican a incumplirlo de forma sistemática.

Dentro de la conferencia sobre Cambio Climático hay dos visiones distintas de cómo contribuir a una reducción de las emisiones de efecto invernadero. Por un lado la vía política, que prevé la creación de un gobierno mundial que controle el desarrollo económico desde Naciones Unidas, ese depósito de virtudes. Planificación y regulación con los perniciosos efectos que cabe esperar. Ni los propios firmantes han podido llegar a un acuerdo, ya que Rusia se negó a firmar un primer texto con cierta concreción.

La otra visión es la que representa el Acuerdo Asiático-Pacífico de Desarrollo Limpio y el Clima (AP6), que han firmado Estados Unidos y Australia (que se han negado a ratificar Kioto) junto con Japón (que sí lo ha hecho), China, India y Corea del Norte. No buscan la imposición desde órganos burocráticos, sino que confían en que el desarrollo económico resultará, como subproducto, en un uso más eficiente de los recursos y en una menor emisión de gases de efecto invernadero. No es un ataque al crecimiento y el desarrollo económico, como Kioto. Todo lo contrario. Es más, en la firma del acuerdo de estas seis naciones aparece como uno de sus objetivos la reducción de la pobreza. Se centra en la creación y utilización de tecnologías que desprenden menos gases con efecto invernadero.

Como ejemplo claro del fracaso de la planificación y del éxito del desarrollo económico y tecnológico en sociedades libres, no hay más que mirar qué ha ocurrido en los países de Europa del Este que han logrado zafarse del comunismo. Las emisiones de CO2 del antiguo bloque soviético se han reducido desde 1990 en un 39,6 por ciento. Les ha bastado con sustituir el ineficiente sistema industrial comunista.

¿Han oído ustedes hablar del AP6? Porque juntos concentran el 45 por ciento de la población mundial, producen el 49 por ciento de la economía global, consumen el 48 por ciento de la energía y emiten también el 48 por ciento de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Pero sí habrán oído hablar de Kioto, un acuerdo que compromete (poco, porque lo incumplen) al 32 por ciento de las emisiones de dichos gases y el 36 por ciento del consumo de energía. En Montreal, el intento de combinar menores emisiones con el desarrollo económico de AP6 y no luchando contra el desarrollo económico, como hace Kioto, ha comenzado a despertar el interés de diversos países, por lo que parece que el futuro se encamina más hacia ese camino.

El ecologismo como religión

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

Decía Chesterton que, desgraciadamente, cuando la gente deja de creer en Dios cree en cualquier cosa. Andaba cargado de razón. Y el siglo XX se ha encargado de demostrárnoslo. Se escapa del alcance y la extensión de este comentario las razones por las cuales los seres humanos somos, amén de racionales, seres religiosos. El hecho es que las creencias religiosas forman parte de naturaleza humana y, por tanto, labor del humanista es hacerlo constar y procurar comprenderlo.

No es ningún secreto que el socialismo, en sus dos variedades comunista y fascista, constituyó la gran fe laica del siglo XX. Los socialistas trocaron la creencia en un mas allá paradisíaco por la de un más acá de justicia y abundancia. Hasta en el amor por los iconos –la hoz y el martillo, la esvástica, las banderas rojas, las masa enardecidas– era calcado al que los fieles tienen por los símbolos propios de la religión tales como los crucifijos, la imaginería o los ritos. El problema es que el socialismo, que traficaba con una mercancía que tenía que devengarse en este mundo, no respondió a las expectativas creadas. Su paraíso en la tierra resultó ser un tanto criminal, miserable y calamitoso por lo que, con los años, los devotos de Marx y sus epígonos fueron perdiendo la fe y engrosando las filas de los izquierdistas escépticos, que son, a día de hoy, los más numerosos.

La dialéctica marxista, sin embargo, ha servido para reelaborar discursos paralelos no menos efectivos que el original. El que más éxito ha cosechado ha sido el ecologismo. Posee todo lo que una buena religión precisa tener para cautivar a las almas cándidas necesitadas de respuestas. Parte de un paraíso original en el que el hombre vivía en armonía con la naturaleza, un verdadero jardín del Edén del que fuimos expulsados cuando empezamos a dominarla, es decir, cuando inventamos la agricultura. Fue nuestra manzana. Desde entonces no hemos hecho más que reincidir en el pecado, extendiendo el dominio humano por todo el globo, industrializando nuestra producción, contaminando el aire y el agua.

Siguiendo el guión del evangelio ecologista, en estos momentos nos encontramos a las puertas del Apocalipsis, que se reviste de calentamiento global, de glaciación o de lo que venga al caso. Como en toda religión que se precie, la posibilidad de salvación existe. Está al alcance de la mano si abrazamos el credo único y nos aplicamos a él con la fe del carbonero, sin cuestionar el dogma. El que lo pone en duda es declarado hereje y puesto en la pira de los “enemigos de la naturaleza”, divinidad, por otro lado, de esta religión de nuestros días. Lo que esperan sus sumos sacerdotes es que, sin desviarnos demasiado del dogma único, sigamos pecando para que su presencia esté más que justificada. Pecadillos veniales como no reciclar el papel, o como coger el coche en lugar de la bicicleta, son suficientes para hacernos sentir la culpabilidad del día a día.

La realidad, los hechos contantes y sonantes, no importan. En ninguna religión lo hacen. Da igual que el dogma sea puesto en tela de juicio, es artículo de fe en el que, o se cree ciegamente o no se cree. En cuanto a las previsiones apocalípticas, no es inconveniente alguno que no se cumplan. Se actualizan y asunto zanjado. Hay que creer en ellas, eso es lo único importante.

Visto de esta manera, tomando al ecologismo como lo que es, y no como lo que asegura ser, es lógico que, de un tiempo a esta parte, el común de la gente crea sin sombra de duda que la Tierra está enferma por culpa nuestra, y que el fin de los tiempos está a la vuelta de la esquina. Pregunte, pregunte a su alrededor y verá.

¿Es necesaria la biodiversidad?

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

La biodiversidad es para los ecologistas una realidad casi santa que bajo ninguna circunstancia debemos sacrificar. Cualquier situación que pueda dañarla o alterarla debería cesar sin tener en cuenta los efectos que tendría sobre nosotros, individual o colectivamente. Sin embargo, la biodiversidad es una consecuencia de la Evolución y como muchos otros aspectos de la historia de nuestro planeta, ha variado a lo largo del tiempo, soportando cataclismos externos e internos y recuperándose, tomando nuevos caminos por los que transcurrir. Sin la caída de un meteorito hace unos 66 millones de años, unos pequeños animalillos insectívoros, que vivían a la sombra de los gigantescos dinosaurios, no hubieran tomado el relevo hasta imponerse al resto, evolucionando hacia el Homo sapiens, uno de cuyos especimenes esta escribiendo esto ahora.

Así que el sentido del título de este comentario no es por tanto la necesidad del concepto de biodiversidad, ya que esta pluralidad de organismos está más que asegurada por el devenir natural de la Tierra, sino del concepto que los conservacionistas manejan, un concepto estático y sujeto a dogmatismo.

Una de las cosas que más llama la atención es que la humana no es precisamente una de las especies que los ecologistas manejen a la hora de hablar la biodiversidad o, si lo hacen, se mantiene subordinada a otras, vegetales o animales. Si, por ejemplo, la madrileña carretera M-501 tiene un elevado número de accidentes mortales y su ampliación es la solución más demandada por vecinos y conductores, los grupos ecologistas aseguran que dicha obra afectaría a biodiversidad de la zona, por lo que paralizan los planes y proyectos con alegaciones, denuncias y todo tipo de argucias legales e ilegales, mientras que los cadáveres van acumulándose y el desarrollo de la zona deteriorándose.

El interés de los ecologistas, paradójicamente, se centra en el mantenimiento de especies sensibles a la opinión pública y hasta cierto punto lejanas. Los esfuerzos para salvar el lince ibérico, el lobo o el tigre no tienen su contrapartida para las cucarachas, las moscas o el virus de la viruela. Sin embargo, todas ellas han configurado el entorno del que disfrutamos y tan necesarias han sido unas como las otras. Sin ese u otros virus, el humano no hubiera desarrollado ese arsenal interno que es el sistema inmunológico y no seríamos lo que somos. Sin embargo, y con toda la lógica del mundo, el ecologista no aboga por la “suelta” de las cepas que aún se conservan. Esa incoherencia es otro de los rasgos fundamentales de este concepto.

En su particular concepto de la biodiversidad, los ecologistas nos presentan a las especies conviviendo en un delicado equilibrio ecológico que, sin la acción del hombre, perduraría por los siglos de los siglos, con cambios progresivos, lentos y seguros que permitirían la adaptación de las especies; de nuevo, esto es una falacia. Además del comentado meteorito cretácico, los mamíferos placentarios terminaron por destruir a los marsupiales hasta el punto de que hoy sólo sobreviven en una isla-continente como Australia y sus archipiélagos o en las zonas boscosas de América. Unas especies terminan con otras de forma natural; forma parte del proceso. De la misma manera, la humana es la primera que ha desarrollado inteligencia capaz de manipular el entorno a niveles no vistos hasta ahora y eso alterará al conjunto como lo hicieron otras, porque somos una más. Algunas se adaptarán, desde los gorriones a las cucarachas han prosperado en torno a nuestras actividades configurando otros ecosistemas, otras han huido buscando mejores lugares. Las circunstancias dirán cuáles se adaptarán y cuáles no pero una cosa parece clara, la misma inteligencia que lo cambia todo es capaz de parar cuando su propia existencia se pone en peligro.

El concepto de biodiversidad ecologista permanece, por tanto, ajeno al ser humano, a todas sus virtudes, defectos y capacidades, es incoherente y está sujeto a dogmatismo porque no tiene ninguna base científica. Con todo ello, ¿es necesaria esta biodiversidad? Yo creo que no.

Ecologismo y muerte

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Dicho así puede resultar chocante o exagerado. Pero el ejemplo de la malaria y el DDT deja claro que no lo es. Rachel Carlson publicó hace ya 43 años un libro llamado Primavera silenciosa, en el que hacía una pavorosa exposición de los males que se derivan el uso del DDT. Esto sencillamente no es cierto. No es dañino para la salud humana ni siquiera en dosis altas. Ese estudio científico que demuestre la incidencia del DDT en la salud del hombre está por escribirse. Cuando se han encontrado efectos nocivos del DDT, ha sido con cantidades muy grandes, sin relación alguna con las que se necesitan para luchar contra la malaria, y son todo síntomas reversibles sin incidencia duradera en la salud.

Pero esta sustancia mantiene a raya la malaria, una enfermedad que se había llevado por delante a millones de vidas en África. En la misma época en que Rachel Carlson publicaba su libro. Zanzíbar logró reducir la incidencia de la enfermedad de un pavoroso 70 por ciento en 1958 a menos de un 5 por ciento en 1964. La enfermedad, sin haber desaparecido, había dejado de ser una amenaza para la población. Por algún motivo, la lucha entre el ecologismo y los ciudadanos del continente africano que recurrían al DDT contra la cruel enfermedad resultó ser claramente desigual a favor de los primeros. Es decir, en contra de los últimos. El éxito ecologista en la política llevó a la prohibición prácticamente total del DDT.

Primero en los Estados Unidos, en 1972 y bajo el liderazgo estadounidense a gran número de países en África y otras partes del mundo. Y eso que un informe del mismo año de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) había concluido que “el DDT no es cancerígeno, mutagénico o teratogénico para el hombre”, así como que los usos de este pesticida para luchar contra la malaria “no tienen efectos perniciosos sobre peces, pájaros, la vida salvaje o para los organismos fluviales”. Pero como la política y la ciencia son realidades inconexas, se prohibió el pesticida y reapareció la enfermedad. Cada 30 segundos muere alguien en África (generalmente un niño) que muere de esta enfermedad, que hace medio siglo estaba prácticamente erradicada.

En estos momentos varios países están volviendo al uso del DDT, sin rival en su bajo coste y gran eficacia. Zambia ha privatizado sus minas de cobre hace pocos años. Esto ha permitido que los empresarios retomen el control sobre la seguridad en sus empresas, por lo que han recurrido al pesticida, cuyo uso estaba prohibido. El primer año en que se volvió a utilizar dicho pesticida, el número de casos de malaria en la zona cayó en un 50 por ciento y al año siguiente en otro 50 por ciento. 2004 era el tercer año consecutivo sin muertes por la enfermedad. El ejemplo de la iniciativa privada ha llevado al gobierno a financiar el uso (por otro lado muy barato) del DDT. Millones de africanos tendrán la oportunidad de agradecer que este ejemplo cunda y se desoiga el mensaje ecologista.

Nueva Orleáns: Cómo provocar una catástrofe

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

La reciente tragedia de Nueva Orleáns es un magnífico ejemplo de cómo el estado puede transformar un evento climático dañino pero manejable en una catástrofe a gran escala. La mayoría de la prensa, siempre fiel al estatus quo y a todo lo que suene políticamente correcto, ha echado al capitalismo la culpa de los daños humanos y materiales producidos, bien sea porque se le responsabiliza de un supuesto cambio climático peligroso –en esta vertiente ABC ha destacado en nuestro país por su propaganda demagógica y su constante tergiversación de los hechos-, bien porque limita el intervencionismo estatal y el propio tamaño del estado –de ésta El País ha sido, quizá, el principal abanderado. He tratado de mostrar lo equivocado de estos dos argumentos en otro lugar. Ahora me interesa analizar cómo se logró que un huracán que pasó causando menos daños de los esperados se convirtiera en una catástrofe de grandes proporciones.

La primera explicación de lo ocurrido la encontramos en el monopolio de la gestión de los diques que protegen la ciudad de Nueva Orleáns, el río Misisipi y el lago Ponchartrain. El origen de este monopolio público hay que buscarlo, como ocurre con tantos aspectos negativos de la sociedad estadounidense, en la guerra civil de aquel país. Como cuenta Mark Thornton en su artículo de 1999, The Government´s Great Flood, el cuerpo de ingenieros del ejército de Lincoln logró el control permanente de la gestión de los ríos a partir de la creación de la Comisión del Río Misisipi. Otro tanto pasaría más adelante con los diques del Golfo de México. Se trata de un ejemplo más de cómo las guerras han marcado la conversión del estado mínimo diseñado por los padres fundadores de la constitución americana en el leviatán que es hoy en día. Desde entonces y hasta hoy en día la responsabilidad del mantenimiento y mejora de los diques y otros dispositivos que pretenden proteger a los habitantes de la zona contra las inundaciones ha recaído en el ejército estadounidense.

El problema de que sea el ejército el responsable de los diques no es que sus miembros sean lerdos. Ni mucho menos. El problema es que no existe un propietario que se juegue sus cuartos con el buen funcionamiento de los diques y que, para colmo, no tiene competencia. El estado estadounidense no está sujeto a las pérdidas y las ganancias como lo estaría una sociedad mercantil. El contribuyente paga la factura tanto si los recursos son utilizados eficaz y eficientemente como si no. Como suele ocurrir en todos los casos de monopolio (público o privado) decretado por el estado, el servicio es pobre y el precio elevado. Los sistemas de protección contra las crecidas del Río han estado envueltos en la polémica (entre ingenieros civiles y militares) desde que se tomaran las primeras decisiones allá por el siglo XIX. El cuerpo de Ingenieros del Ejército decidió optar por una protección basada únicamente en la construcción de un gran dique y muchos ingenieros civiles contestaron que esta solución de corto plazo traería graves consecuencias futuras debido a la elevación que provocaría en el nivel del río. Nosotros no vamos a entrar en ese debate. Tan sólo recordar que no es posible saber cuál es el mejor sistema de defensa de la población frente a las crecidas del Mississippi ni frente a los tornados o los huracanes provenientes del Caribe mientras estos sistemas no sean poseídos por agentes privados sujetos al sistema de pérdidas y ganancias y abiertos a la potencial competencia de otras empresas. ¿Cuál es entonces el mejor sistema de defensa frente a estos eventos climáticos? La respuesta es sencilla y, para muchos, puede que decepcionante: no lo sabemos porque en este sector no hay un mercado libre. Sucede lo que le ocurría a Internet cuando era gestionado por el estado norteamericano. Lo que sí podemos aventurar es que si existiera mercado sería plausible que operasen distintas empresas en distintas zonas tratando de innovar y simultáneamente emular los logros técnicos de la competencia (si el estado no se lo impide con la concesión de patentes). En algunas zonas es posible que no compensara poner en marcha una infraestructura de protección y que las personas que decidieran vivir en esa zona lo hicieran por su cuenta y riesgo. Son especulaciones. Lo cierto es que, como era de esperar, el monopolio público no prestó un servicio ni tan siquiera mediocre para un evento que se esperaba desde hacía décadas y para cuya prevención y preparación se dedicaron miles de millones de dólares.

El movimiento ecologista también parece haber tenido parte de responsabilidad en la catástrofe. Y no sólo por llevar años diciendo que venía el lobo cuando lo que venían eran corderitos. Mucho más decisiva fue su oposición sistemática a blindar la costa del golfo y la ciudad de Nueva Orleáns frente a catástrofes de categoría 4 y 5. Los ingenieros del ejército sabían perfectamente lo que podía ocurrirle a esta ciudad fundada por canarios y a otras poblaciones costeras de la zona y, aún con los pocos incentivos que cuentan para mejorar la calidad del servicio que prestan, proyectaron construir una barrera móvil a lo largo de la I-10. Este proyecto fue paralizado por medio de una denuncia presentada por un nutrido grupo de organizaciones ecologistas alegando que el estudio de impacto ambiental no era lo suficientemente profundo y que el proyecto podía tener graves efectos sobre algunas especies. En diciembre de 1977 el juez encargado del caso dio la razón a los ecologistas y paralizó la construcción de las barreras aduciendo que los ecologistas habían demostrado las personas que viven en esta área se verían dañados irreparablemente en el supuesto de que el proyecto se llevase a cabo. El cuerpo de ingenieros olvidó la idea y se concentró en mejorar los diques de la ciudad de Nueva Orleáns de modo que pudieran aguantar huracanes más potentes. Pero de nuevo en 1996 un grupo de organizaciones ecologistas radicales, encabezadas por el Sierra Club, presentaron una denuncia alegando que el proyecto suponía un peligro para el oso negro y para diversas especies de aves. En 1997 el proyecto fue paralizado durante dos años a la espera de un nuevo estudio de impacto ambiental. La continua oposición ecologista a la construcción de barreras artificiales a la crecida de las aguas es lo que ha motivado que el representante por Luisiana Bob Livingston haya afirmado que uno de los principales responsables de la catástrofe son los ecologistas.

La alteración de los incentivos o desincentivos que valoran los individuos a la hora de actuar frente a las eventuales situaciones de riesgo también son determinantes en los daños de todo desastre. Por desgracia la historia del intervencionismo en el sector de los seguros de inundaciones, que forman parte del coste de oportunidad de vivir en zonas de riesgo, es extensa. La mayor parte de la asfixiante legislación puede retrotraerse al año 1927. En ese año tuvo lugar otra gran catástrofe debido a la inundación de las mismas zonas que este año se han encontrado bajo las aguas; según diversos ingenieros causado por el mencionado sistema de protección elegido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. Fuese por lo que fuese, la gran inundación de 1927 llevó a un tal Hoover a dirigir la Agencia Federal de Emergencias (FEMA). Ese puesto no sólo serviría a Hoover como trampolín a la fama primero y a la Casa Blanca después, sino como laboratorio en el que ensayar la mayoría de las políticas intervencionistas estilo “Estado del Bienestar” con las que estrangularía la economía americana en los siguientes años. Ayudas públicas, préstamos estatales, intervención en los seguros, regulación de precios y hasta desplazamiento de la población o la creación de verdaderos campos de concentración ya fueron puestas en práctica por Hoover.

Como en casi todas las ocasiones en las que el estado se entromete en el negocio asegurador, el motivo es que las empresas privadas no ofrecen un tipo determinado de seguro. En efecto, siguiendo los pasos marcados por Hoover, el estado se metió de lleno a regular y ofrecer seguros contra inundaciones en 1968 porque las aseguradoras no los ofrecían en determinadas áreas de altísimo riesgo. La inexistencia de seguros de este tipo sirve como desincentivo o advertencia a quienes quieren vivir en una zona cuya probabilidad de verse cubierta de agua es extrema. Sin embargo, los políticos, siempre prestos a mostrar a la población que ellos son capaces de llevar a cabo lo que el mercado libre no puede, decidieron establecer un sistema de seguros públicos. Así, quienes deseaban vivir en la preciosa y peligrosa costa de Luisiana no encontraban inconveniente alguno. “¿Quiere vivir en una zona de alto riesgo? ¿No encuentra asegurador? No pasa nada, papá estado le hace un seguro a su medida.” Si, como afirma un estudio de una agencia gubernamental anterior al desastre de Nueva Orleáns, la espectacular urbanización de las zonas costeras de alto riesgo en las últimas décadas constituye el principal factor de riesgo en los casos de huracanes de categorías elevadas, no cabe duda de que el intervencionismo estatal en materia de seguros fue un componente esencial para fraguar la catástrofe de Nueva Orleáns.

Para colmo, el sistema de ayudas para daños por inundaciones establece que éstas quedan reservadas para quienes no tengan seguro privados contra inundaciones. El resultado es obvio: se desincentiva la contratación de seguros privados en zonas en las que las empresas que operan en el mercado libre sí ofrecen estos seguros.

Por último, conviene no olvidar la desastrosa gestión de una catástrofe. Mucho dinero se ha enterrado en este aspecto de la seguridad. Pero aunque el FEMA tenga un presupuesto por habitante para catástrofes unas 50 veces superior al español, la calidad de un servicio no se mide por el dinero que se gasta en él sino por la correcta asignación de los recursos con los que se cuenta de cara a lograr un elevado nivel de satisfacción de la necesidad de la que se trate. Y, qué duda cabe, que las agencias estatales no están preparadas para responder a emergencias en las que hay que la logística tiene una gran importancia. Eso sólo lo puede hacer una empresa privada y hasta que la protección civil no sea un servicio contratado libremente y financiado voluntariamente difícilmente veremos grandes y exitosas operaciones en este campo.

Todos estos ingredientes fueron aderezados con la construcción de autopistas inseguras, disputas políticas que bloqueaban los recursos movilizados, campañas de “información” para casos de emergencias que no se correspondían con lo que la gente tenía que saber para ponerse a salvo en caso de necesidad y, sobre todo, con una fe tan ciega como falaz en las posibilidades del estado para proteger a los ciudadanos en caso de desastre. Así fue como el estatismo forjó la catástrofe de Nueva Orleáns. Esperemos que la negra experiencia sirva para que el estado se retire y permita el ejercicio de la libre empresarialidad en todos los sectores involucrados en la prevención y gestión de catástrofes y emergencias.

¿Cómo preservamos la biodiversidad? (II): el modelo privado

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

La propiedad se ha configurado como el sistema más eficiente de protección aunque sólo sea por el hecho de que conlleva cierta responsabilidad sobre lo poseído y generalmente no tendemos dañar nuestros bienes. El mero interés personal puede ser una manera de preservación más que suficiente y nada dañina para el contribuyente. Como todas, tendrá sus fallos y sus virtudes pero se alejará de los dogmas utopistas y se acercará más a los intereses de los afectados.

La propiedad no es tan fácil de compaginar con la preservación de las especies. Se ha dicho que los búfalos americanos casi desaparecen por no ser propiedad de alguien mientras que los rebaños de vacas no han tenido ese problema pero este modelo únicamente solucionaría la preservación de determinados seres con ciertas características y de presumible explotación económica, tal sería el caso de los elefantes africanos, un verdadero problema de superpoblación en algunas reservas naturales. No imagino quién puede querer en propiedad los escorpiones negros o la cochinilla común, sin olvidar las dificultades que encontraríamos al intentar solucionar el choque de intereses entre los dueños de las gacelas y los de los leones. El comportamiento animal supondría un serio problema, así que la pregunta sería qué debemos poseer.

La cuestión podría tener su respuesta en el mismo concepto de ecosistema que es un todo en el que lo vivo y lo muerto interacciona a través de flujos de materia y energía. Si queremos preservar una parte, en este caso la biodiversidad, deberemos preservar o proteger el todo o en su caso un trozo de ese todo. De hecho, los modelos públicos de protección de especies amenazadas no dejan de ser un intento de recuperar el que se sabe o se cree que es su entorno ideal. La propiedad debe estar dirigida por tanto a la parcela.

Pero esa preservación supone un costo de la misma manera que nuestra casa o nuestras posesiones nos suponen un desembolso mensual. No se pude proteger algo sin recursos, es decir sin dinero y aquí radica la diferencia esencial con el modelo público, mientras que la defensa pública la hacen personas que no son los dueños de lo administrado y los recursos provienen del erario público, el modelo privado está dirigido por el propietario o aquellas personas que contrata para ello y el dinero sale de las propias actividades económicas del terreno que se protege o de otras que el propietario desarrolle. La prosperidad económica se convierte así en el verdadero sistema de preservación del ecosistema y por tanto de la biodiversidad.

Es evidente que este sistema conlleva cierto recelo de los conservacionista, ¿qué puede evitar que el dueño de un bosque no lo tale, venda la madera y construya cientos de miles de casas?. Pues en principio, nada. Todo propietario es muy libre de hacer lo que quiera con lo que posee. La cuestión es, ¿por qué va a talar el bosque y va a construir una ciudad?. El libre mercado tiene la solución a esa situación. Si bien la madera y las construcciones pueden ser un recurso perfectamente explotable, existen otros que desaparecerían si lo hace el ecosistema, desde el paisaje que desean ver los que allí compran una casa o los esporádicos visitantes, pasando por los caminos que surcarían los turistas de paso hasta los productos silvícolas, agropecuarios o geológicos que los arrendados o los dueños de la finca podrían explotar. La demanda y la oferta de estos servicios y productos, en definitiva, los deseos de los dueños y de los posibles beneficiados generarían suficiente riqueza para que la preservación fuera efectiva sin necesidad de cortar todos los árboles y saturar un mercado de una madera que generaría una deflación de precios, más perniciosa que positiva para el sector maderero, salvo que la Administración obligue a un precio mínimo.

Porque lo que buscamos en este caso no es la preservación perfecta, algo totalmente imposible, sino la más efectiva, la que a la larga favorecería que el ecosistema pudiera recuperara aquellas partes que por nuestra actividad hayan sido degradadas. Sin embargo, todo esto puede plantear una pregunta un tanto radical pero que deberíamos hacernos, ¿es necesaria la biodiversidad?. Esto es lo que pretendo proponer en el cuarto y último comentario que he dedicado a este tema.

Química letal

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

En esta ocasión la idea consiste en regular un sistema de registros, evaluación y aprobación de las 30.000 sustancias químicas que se producen, se utilizan o comercian en el viejo continente. Un costosísimo sistema que las empresas estarán obligadas a costear y que, por lo tanto, el consumidor tendrá que pagar.

Ya me he referido con anterioridad a varios problemas fundamentales que el “principio de precaución” trae consigo. En general supone la prohibición o el encarecimiento injustificado de una actividad para eliminar un supuesto riesgo asociado. Sin embargo, toda acción humana conlleva incertidumbres y riesgos. De modo que si llevarla a cabo tiene un riesgo asociado, su prohibición también lo tiene. Así, nuestros gobernantes nos impiden asumir ciertos riesgos bajo responsabilidad de quien desarrolla la actividad y nos impone otros que con frecuencia son mucho mayores. El DDT, su prohibición para uso agrícola y los millones de muertos a causa de la malaria a los que esa prohibición contribuye es un caso clásico.

Los engendros políticos que surgen del “principio de precaución” también debilitan las formas naturales de combatir el riesgo a través de métodos que surgen de la cooperación social como la innovación, el ahorro y la fortaleza de instituciones como los seguros. Existen miles de productos químicos que diariamente nos facilitan o nos salvan la vida y hay muchísimos más que están por descubrir. El REACH conlleva el mayor coste o la prohibición de utilizar de manera responsable algunos de los productos que conocemos y dificultar, retrasar o incluso llegar a impedir el descubrimiento de los que aún no tenemos debido al lastre que este sistema regulador supone para la innovación y el verdadero progreso social.

Pero el REACH no sólo tiene todos los efectos nefastos de la expropiación de la gestión individualizada del riesgo y su sustitución por una estatal y centralizada. Implica además un elevadísimo coste que tendrá un fuerte impacto sobre las industrias pequeñas y medianas en las que el volumen de producción no justifica los nuevos gastos que representa el REACH. Este hecho podría explicar por qué muchas grandes empresas químicas apoyan la nueva regulación.

Por último, esta idea nos devuelve a las políticas económicas que durante la segunda guerra mundial aplicó el Tercer Reich de Adolf Hitler. Y es que la propuesta de la Comisión establece que a la hora de autorizar un producto químico se tenga en cuenta si existe alguna alternativa que ya haya sido analizada en el mercado. Es la vuelta de la nefasta Ersatzproduktion. Pero esta vez no llega de la mano del prejuicio contra el libre comercio o de la imposibilidad para acceder a un mercado por parte del totalitarismo nacional-socialista, sino de la química letal que resulta de la unión del intervencionismo Bruselita con el ecologismo radical.