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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

¿Protege la garantía a los consumidores?

Existe una norma por la cual se establece una garantía mínima para los bienes de consumo duradero. Un primer y apresurado análisis de los efectos para los consumidores de esta obligación para los fabricantes sería posiblemente positivo: como el fabricante se tendrá que hacer cargo de los posibles defectos del producto, tratará de no engañar al cliente.

Sin embargo, cualquier fabricante o vendedor que quiera sobrevivir en el mercado, está interesado en "no engañar" al cliente. Si su producto se muestra consistentemente como defectuoso, y no es capaz de proporcionar un servicio postventa razonable, aquellos fabricantes que sí lo ofrecen le desplazarán y obligarán a salir del mercado.

Por tanto, el incentivo normativo de la garantía no tiene efecto alguno apreciable sobre los competidores, al menos en un sentido beneficioso para el cliente. De hecho, en ausencia de la norma, es muy posible que muchos productores ofrecieran la garantía junto al producto, de la misma forma que, en la actualidad, hay fabricantes que ofrecen espontáneamente mayores plazos que los normativamente estipulados. El periodo de garantía se constituye así en un parámetro de diferenciación del producto.

Pero, desde otro punto de vista, la normativa que obliga a dar una garantía al producto no deja de constituir un empaquetamiento de servicios, que obliga a adquirir al consumidor un producto que desea (la TV o el coche) junto a otro que tal vez no (el servicio postventa de garantía).

Resulta evidente que ambos bienes tienen por separado un precio, y que el precio del producto sin la garantía normativa sería inferior al que tiene con garantía. Sería el consumidor quien decidiera si comprar más barato un producto sin garantía o más caro el que la incorpora. El prestigio y la fiabilidad del fabricante podrían ser suficientes para que determinados clientes prescindieran de la garantía. En general, se incrementaría la oferta para el cliente, al menos en gama de precios.

Con la normativa lo que ocurre es que se obliga a pagar más al cliente por algo que tal vez no quiera, lo que supone más ingresos para los fabricantes. Además, se excluye del mercado a los servicios técnicos independientes durante el periodo de la garantía normativa, cuya adquisición forzosa impedirá en la práctica que uses servicios de otros distribuidores. Finalmente, impide la competencia entre marcas en el servicio postventa.

Como se observa, la garantía, más que proteger al consumidor, parece beneficiar a los suministradores: les otorga más ingresos y disminuye la rivalidad entre ellos, y de terceros. Todo eso, por vía legal. Es fácil imaginar quiénes habrán estado detrás de estas exigencias al Gobierno… ¿o no?

La garantía viene a suponer un empaquetamiento forzoso de productos. Recordemos que una de las conductas por las que la CE sancionó a Microsoft en 2004 fue, precisamente, el empaquetamiento forzoso de Media Player con Windows. Los empaquetamientos forzosos de productos (que son constantes en todos los mercados) no tienen por qué ser malos para el consumidor, y en un mercado libre nunca lo serían.

Pero es precisamente esa la condición que no se cumple con las garantías de productos duraderos en España, y lo que despierta la duda sobre los beneficios de la medida para los consumidores.

El espectro libre de Guatemala

Con la ley de 1996, Guatemala reservó algunas bandas de frecuencias para uso propio del Estado (radio de la Policía, etc.), para radioaficionados y para la comunicación vía satélite, que está regulada a nivel internacional. El resto se liberó. Como la Constitución otorga al Estado la propiedad del espectro radioeléctrico lo que se hizo fue expedir Títulos de Usufructo de Frecuencia (TUF) que otorgaban a su poseedor un certificado que se renueva automáticamente cada quince años y que le concede el derecho exclusivo de emplear una frecuencia determinada en un ámbito geográfico concreto.

Aquellos que ya poseían licencias, como las emisoras de radio y televisión, recibieron un TUF por cada una de ellas, y a partir de entonces cualquiera podía solicitar el suyo. Cuando alguien pide un TUF se abre un periodo en el que se esa pretensión se comunica públicamente para que otros puedan optar al mismo; si nadie lo hace se le cede gratuitamente, y si hay más pretendientes se hace una subasta.

El resultado es el que cabía esperar. Los propietarios de emisoras invierten más porque ya no tienen miedo de que un burócrata que no ha recibido el sobre mensual les retire la licencia. La competencia entre las compañías de telefonía móvil es feroz, pues saben que no existe un número limitado de licencias y que cualquiera puede ofrecer ese servicio con sólo pedir o adquirir los TUF necesarios. Durante esta década, Guatemala, siendo un país pobre de casi 13 millones de habitantes, pasó de tener 400.000 líneas a más de 10 millones. El país se ha convertido en un banco de pruebas de empresas como Qualcomm para investigar nuevos usos de las distintas frecuencias.

Desgraciadamente, Guatemala y El Salvador (que ha adoptado una legislación similar) son mercados demasiado pequeños como para que allí funcionen las economías de escala y resulte rentable lanzar determinados productos sobre ciertas frecuencias. Si gobiernos como el español siguieran esta vía, o la UE impusiera este mecanismo de otorgamiento de títulos de propiedad sobre el espectro radioeléctrico, empezaríamos a vivir una auténtica explosión de innovación en el uso del mismo. Pero no, aquí seguimos como siempre, iniciando procesos burocráticos para que, al más puro estilo soviético, el Estado decida qué se hace con un rango de frecuencias, como si pudiera prever todos los usos posibles que pueden hacerse con un pedazo del espectro. Y decidiendo además quién emite y quién no, con el lógico resultado de que Prisa tenga casi todas las frecuencias de radio y la izquierda las de televisión, en lugar de dejar que la sociedad se las componga por sí sola.

Beneficio empresarial

Cuando una empresa da beneficios significa que los factores productivos han sido utilizados correctamente y que las correspondientes necesidades humanas han sido satisfechas debidamente.

Juan Pablo II

Es común, en muchos medios de comunicación, caricaturizar a los empresarios como personas sin escrúpulos, ávidas de poder y dinero, que no dudan en explotar y estafar a cuantas personas sea posible a fin de obtener un cuantioso beneficio con el que financiar un ostentoso nivel de vida personal. Estos críticos, no obstante, rara vez se plantean el papel que tiene el beneficio empresarial y la ética del mismo.

En un mercado donde los consumidores eligen libremente los bienes y servicios, la única manera que tienen los empresarios de venderlos es ofertando productos cuya adquisición sea provechosa. Para ello, el empresario debe buscar la satisfacción de las necesidades del consumidor de forma que su producto le complazca más que el de la competencia. Normalmente esto se consigue desarrollando productos que se adapten mejor al consumidor y a un menor precio. El consumidor retribuye al empresario que más se adapta a sus necesidades comprando dichos productos, lo que a su vez eleva su beneficio.

Por tanto, una forma de obtener beneficio tiene su origen en la satisfacción del consumidor. La segunda forma de incrementar el beneficio es mediante la optimización del empleo de los factores productivos en el proceso de obtención de un producto. Así, si se puede obtener la misma cantidad de producto empleando para ello menos recursos, el coste de obtención del mismo habrá sido menor, y por tanto, se incrementará la ganancia de la empresa.

Es por ello que los dos únicos caminos para la obtención de un beneficio, en un mercado libre, son completamente éticos, ya que tienen su origen en la satisfacción del consumidor y el empleo de los recursos productivos de la manera más provechosa posible.

Hay quien podría argüir que mediante el engaño se podría hacer creer al consumidor que un determinado producto tiene unas ventajas inexistentes, y así se obtendría un beneficio inmoral. Si bien es cierto que existen empresarios que pueden utilizar estos medios para enriquecerse, tales mecanismos tienen dos límites. En primer lugar, los contratos de compraventa son de obligado cumplimiento, por lo que si la parte vendedora no entrega el bien o servicio en las condiciones pactadas, el consumidor puede reclamar ante los tribunales la ejecución del contrato o en su defecto, la devolución de lo pagado y posibles indemnizaciones, lo que minoraría el beneficio. En segundo lugar, la búsqueda del beneficio por parte de otros empresarios les motivará a estos últimos a ofrecer productos que sí satisfagan al cliente, sin incurrir en engaños, por lo que la competencia se convierte en un limitador de este tipo de comportamientos no éticos.

Se puede concluir que, cuando el mercado es libre, el beneficio no es sino el resultado de la adaptación de la empresa a las necesidades del consumidor y al empleo óptimo de los recursos productivos.

La objetividad de los precios regulados

¿Cuál es el problema que ha suscitado este debate? Que lo que unos piensan que vale 5 los otros piensan que vale 2. Me explico. Cuando se hace una llamada a un teléfono móvil desde un teléfono de otra red, por ejemplo, desde el fijo de casa, el operador que nos suministra el servicio telefónico debe pagar al operador móvil una cierta cantidad de dinero por el llamado servicio de terminación en su red.

Ya hace mucho tiempo los reguladores decidieron que el operador podría subir este precio cuanto quisiera gracias a su poder, y que, por tanto, había que fijarlo externamente, no se podía dejar al arbitrio del mercado.

Lo que pasa es que cuando el precio no se deja al arbitrio del mercado, se deja al verdadero arbitrio, al de los gobiernos. Estos, en ausencia de las señales que da la competencia, carecen de criterio alguno para establecerlo, lo que disfrazan acudiendo a complejos sistemas basados en la contabilidad de costes y otros similares, que pretenden objetivos.

Como dichos sistemas son, en cualquier caso, arbitrarios, nos encontramos con que, si hay varios reguladores atendiendo al tema, cada uno opina una cosa distinta, con diferencias tan absurdas como la que se plantea al comienzo de este artículo.

La cosa es más divertida aún. Pues estos reguladores están discutiendo por el precio que deberá tener la terminación móvil… ¡en el año 2011! Bajen a la panadería más cercana y pregunten al dueño, buen conocedor de su negocio, cuánto valdrá el pan en 2011, a ver qué les contesta. Y eso que el pan es más o menos lo que ha sido durante mucho tiempo, mientras que el de las telecomunicaciones es de esos negocios en que la tecnología parece evolucionar continuamente.

Pero ahí es nada: los reguladores, que no han prestado en su vida servicios a nadie, que no han desplegado ninguna red ni han tomado ningún tipo de decisión invirtiendo su dinero, discuten sobre lo que va a pasar de aquí a 2011, y sobre lo que tendrán que pagar unos operadores a otros por estos servicios.

En el fondo, este debate lo que demuestra es que no existen precios objetivos fuera del mercado, y que lo suyo es que estos sean fijados por la interacción de la oferta y la demanda, vamos, por la gente que se está jugando los cuartos en el asunto. Y no por iluminados a los que el tema no les va a costar un duro. A ningún panadero se le ocurriría fijar ahora los precios de su pan para 2011; a un regulador, sí.

Sobre la gestión de nuestra incertidumbre (y nuestras vidas)

Una implicación fundamental de la existencia de la acción humana es la incertidumbre inerradicable del futuro. El ser humano actúa para modificar el presente y conseguir sus objetivos en el futuro. Por tanto, la acción presupone la incertidumbre, porque si los actores conociesen los eventos del futuro no actuarían, ya que no podrían aspirar a cambiar situaciones futuras. El futuro está por hacer, pero es incierto, y su desconocimiento nos causa inquietud y desamparo.

Pues bien, la pregunta clave que debemos contestar es: ¿quién gestiona nuestra incertidumbre? Dicho de otra manera, ¿quién nos proporciona los mecanismos para afrontar este futuro desconocido inquietante? Sólo hay dos respuestas posibles a esta pregunta: el Estado o el mercado.

El Estado del Bienestar supone un continuo y progresivo avanceen cuanto a la intervención y control de todos los aspectos de nuestra vida. Representa la más espectacular expansión del poder político sobre las vidas y los intereses de los ciudadanos. Instintivamente tiende a expandirse, acaparar más funciones, concentrar más poder y expoliar más dinero a los ciudadanos. Este énfasis regulador y expansionista se traduce en que es el hipertrofiado Leviatán pilotado por los políticos de turno el que se ocupa de nuestro futuro. En su afán de cuidarnos desde la cuna hasta la tumba, el Estado se ha adueñado ilegítimamente del papel de eliminar nuestras incertidumbres.

Así, solemos creer que es función y tarea del Estado el garantizarnos la cobertura de un amplio conjunto de necesidades como las pensiones, la asistencia sanitaria, la permanencia del puesto de trabajo, el pleno empleo perpetuo, la vivienda o el subsidio de paro. Además, creemos que lo consigue, que lo hace sin perjudicarnos, que los únicos efectos que tiene su intervención son la seguridad y la estabilidad y que, por tanto, nos tiene que gustar y debemos dar gracias por ello.

¿Cuál es el argumento que utiliza el Estado Nodriza para legitimar su acción abastecedora de servicios? Que el Estado interviene porque la sociedad no es capaz de solucionar y cubrir unas determinadas necesidades. Cualquiera que cuestione este hecho será considerado como un ignorante y un radical. Y sin embargo, el mercado puede ofrecer una solución a todos estos problemas.

Hay quien afirma que lo que ofrece el Estado no está sujeto al análisis económico. Pero la aplicación de la teoría económica sólo requiere medios escasos y fines alternativos. Además, la teoría económica explica la conducta humana teniendo en cuenta cómo reaccionan las personas a los incentivos y a las restricciones. Veamos un ejemplo. ¿Cómo afronta un trabajador la incertidumbre de que pueda ser despedido en un futuro por su empresa (ya sea porque ésta quiebre o decida deslocalizar)? Tres de las medidas que toma el Estado para “proteger” nuestro futuro son:

Primero, pagándonos el paro. Esto provoca que la gente prefiera quedarse en casa y posponer la búsqueda de trabajo todo lo que puedan. Al actuar sobre los incentivos naturales de las personas se cambia su comportamiento, y si los beneficios derivados de una opción se incrementan, la gente escogerá esa opción. Se incentiva la no producción. Y todo esto obligándonos a los demás a pagar estos gastos, ya que un bien puede proveerse “gratis” a un individuo (o grupo) sólo si otros lo pagan. Se concede el subsidio a unos con cargo al ahorro de otros. El paro es provocado y estimulado por el Estado mediante las intervenciones, las regulaciones laborales y las subvenciones. Un ejemplo son las leyes de salario mínimo, que hacen que el salario de un trabajador pase a ser superior a su productividad marginal, enviándolo directamente al paro.

Segundo, forzando a su empresa a no despedirlo. Se tiende a pensar que el empresario no tiene otra cosa que hacer que echar a la gente a la calle, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones, si se despide es por absoluta necesidad. El empresario no puede hacer frente a las pérdidas y no le queda más remedio que despedir o cerrar la empresa. Si las empresas tuviesen la confianza de firmar unos contratos que no se volviesen un problema insuperable en tiempos difíciles, se incrementarían las oportunidades de encontrar trabajo (en especial se fomentaría el trabajo indefinido y la estabilidad del puesto de trabajo). Además los costes sobre los despidos reducen el salario del trabajador, porque el empresario introduce esa incertidumbre en el cálculo empresarial. Libertad para contratar debería significar también libertad para despedir, porque si el miedo a contratar es alto, se desalienta en muchas ocasiones la creación de empresas y la existencia de empresarios, que son imprescindibles para crear empleos y riqueza.

Y tercero, no dejando que la empresa cierre. La finalidad y sentido único de la existencia de una empresa es la satisfacción de los consumidores. Si una empresa no tiene beneficios, su existencia no tiene sentido. Impedir su cierre sería mantener una estructura productiva que está malgastando medios y recursos escasos. Esos trabajadores y recursos se deben dirigir a producir otros bienes y servicios que sigan satisfaciendo a los consumidores. Mantenerla sería subvencionarla a costa de otras empresas.

Como vemos, las medidas que toma el Estado no sólo no nos ayudan, sino que crean un mercado laboral poco dinámico, ineficiente y rígido, y la sociedad en su conjunto sale perjudicada. Pero ¿qué podría hacer un trabajador ante la posibilidad de ser despedido en un futuro si el Estado no interviniese? ¿Sería capaz de hacerle frente sin la intervención gubernamental?

Lo primero que notaría el ciudadano sería que aumentaría su renta porque tendría que pagar menos impuestos debido a que el Estado tendría menos funciones, o tentáculos. Con ese dinero podría, por ejemplo, contratar un seguro de paro, que le proporcionase seguridad ante la posibilidad de perder su trabajo en el futuro. Evidentemente, este tipo de seguros existirían si desapareciese el monopolio del Estado. De hecho, ya existen. Estas empresas buscarían fines lucrativos y se moverían en un entorno de competencia. Sería posible contratar un seguro de paro de la misma manera que se puede tener un seguro de coche, accidentes, sobre bienes, hogar, vida, salud, empresas, viajes, deportes, navegación, ahorro, comerciales, vida, pensiones, comercios, oficinas, caza y pesca, animales domésticos, etc.

Los trabajadores podrían contratar un fondo de inversión como instrumento de previsión. De hecho, al eliminar el incentivo del subsidio de paro, se fomentaría el ahorro. La gente ahorraría de cara a hacer frente a cualquier eventualidad del futuro. Además, al llegar a la etapa más avanzada de su vida, habrían acumulado un capital para sus futuros años. Actualmente, con el Estado del Bienestar, llegamos con lo mínimo y nuestro futuro depende totalmente del Estado. Se fomenta, por tanto, que haya más ahorradores y menos derrochadores.

Esto, unido a la abolición de regulaciones, leyes, multas, prohibiciones, impuestos y negociaciones colectivas, eliminaría los altos costes de entrada y salida, y haría que el mercado laboral fuese dinámico y flexible, reduciéndose enormemente el número de parados.

El Gobierno no es apto para dirigir nuestros asuntos ni nuestro futuro. En el mercado están más claros los incentivos y las responsabilidades mientras que el intervencionismo las disuelve. Se debe dejar al individuo administrar su riqueza totalmente, y no hurtarle ámbitos de gestión de su vida y propiedades.

¿Cuáles son los principales efectos de que el Estado se encargue de nuestros asuntos personales? La usurpación desemboca lógicamente en la infantilización y la irresponsabilidad de los ciudadanos, porque los derechos positivos reemplazan a la responsabilidad; y se elimina la autonomía para dar paso a la dependencia. El Estado, al arrebatar la responsabilidad, siembra la semilla de la destrucción de la esencia del ser humano. El inducir a la dependencia significa contribuir al parasitismo, es decir, fomentar lo peor del ser humano. Todo ello desemboca, finalmente, en una sociedad más injusta.

El Gobierno fomenta la delincuencia y la xenofobia

En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro anunció "un endurecimiento de las sanciones a empresarios y empleadores que contraten a extranjeros que no se hallen en situación legal en España". Este país tiene más de un millón de inmigrantes ilegales. Estas personas no copan precisamente el segmento de rentas más alto de la sociedad. Sus oficios son ocasionales, rápidos y precarios. Algunos de ellos no conocen nuestro idioma, por lo que han de hacer trabajos muy básicos alejados del sector servicios.

Las labores de los inmigrantes ilegales se agrupan principalmente en el primer motor económico de nuestro país, la construcción. Según el INE, la venta de viviendas ha descendido un 38,6 % en marzo. A estas alturas, todo el mundo sabe cómo está la crisis del ladrillo y lo desfavorablemente que está evolucionando la economía. La inflación se desmadra y está afectando a las empresas, concretamente a las pequeñas, esto es, a la más susceptibles de contratar inmigrantes ilegales debido a sus bajos costes.

Como si esto no fuera suficiente, el ministro Corbacho ha decidido hacer las cosas más difíciles a los más precarios de la sociedad: no sólo prohibirles trabajar por ley, sino también de hecho. ¿Hará la medida de los socialistas que el millón de inmigrantes ilegales vuelvan a sus países de origen? No es nada probable. ¿Tal vez piense el ministro que la "bondad" de la ley hará que se evaporen estas personas? Tampoco es razonable. Póngale imaginación a la situación y piense qué opciones les quedan a estos estigmatizados del Gobierno: la indigencia y el crimen.

No es cuestión tampoco que el Gobierno empiece a regalar nuestro dinero a los inmigrantes; eso sería robar a unos para dar una pequeña parte a otros estimulando la ociosidad y parasitismo. La experiencia nos enseña que este tipo de medidas nunca han funcionado. Lo único que debería hacer el Gobierno es dejar en paz a los inmigrantes y permitir que se ganen la vida honradamente; de ese modo, con el tiempo, aprenderán el idioma, ahorrarán, prosperarán y medrarán. Al Gobierno no tendría que importarle que estos inmigrantes no le paguen nada en concepto de impuestos. Si el Gobierno deja de criminalizar al inmigrante, éste podrá hacer valer su propia capacidad productiva, ayudará al tejido económico del país y sumará progreso para toda la sociedad.

Esta medida también es una muestra de la doble moral de nuestra sociedad. Cuando un empresario veta el trabajo a un negro, a un hispano o alguien proveniente del norte de África le llamamos racista; pero cuando el ministro de Trabajo prohíbe trabajar de iure y de facto a un millón de inmigrantes, al establishment político y mediático sólo se le ocurre decir que es una medida sabia y de progreso. Si Corbacho no deja más salida al inmigrante ilegal que la delincuencia, ¿qué pasará en estos años de crisis? ¿Qué imagen tendrán el ciudadano medio de los inmigrantes cuando aumente aún más la proporción de delincuentes extranjeros respecto a los nacionales? Hace tres años vimos con estupor las revueltas que se produjeron en los barrios inmigrantes de Francia. El Gobierno español, con esta intransigente postura, está importando ese odio racial a nuestro país.

La desesperanza urbanística de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, nos dio a conocer en la pasada campaña electoral madrileña su propuesta en materia de urbanismo durante un encuentro en el Foro ABC; posteriormente, la reafirmó tras su reelección en la entrevista concedida a Libertad Digital Televisión, realizada por Federico Jiménez Losantos. La propuesta fue la siguiente: limitar, por ley la densidad de edificación en zonas residenciales de nueva construcción poniendo como tope en los futuros desarrollos la construcción de tres plantas más ático. La presidenta de la CAM afirmó que, de esta manera, se eliminará además la especulación.

En esta propuesta existen dos errores intrínsecos. El primero es que la Comunidad de Madrid ya tiene limitada por ley la densidad máxima posible en un suelo por desarrollar, puesto que, como la desastrosa Ley 9/2001 de Suelo de Alberto Ruiz-Gallardón no hizo alusión alguna a dicha densidad, pasa a ser de aplicación el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976. Ésta dicta como densidad máxima la arbitraria cantidad de 75 viviendas por hectárea. El segundo error es producto de la falta de conocimientos de la señora Aguirre, ya sea porque no ha leído la Ley 9/2001 o no la ha entendido (o, como es lógico, no la ha puesto en práctica nunca en el ejercicio profesional). Esta ley establece unas arbitrarias y exageradas reservas de suelo en cada sector de desarrollo en función de la edificabilidad para infraestructuras, equipamientos y zonas verdes, por tanto resulta casi imposible introducir una edificabilidad superior a 0,6 m2 edificables por m2 de suelo. De esta manera queda delimitada por ley una edificabilidad máxima que, si se distribuye de manera homogénea en el suelo a desarrollar, daría como resultado edificios de planta baja más tres plantas más ático, o planta baja más cuatro plantas más ático (tales tamaños de edificación son curiosamente similares a los propuestos por Aguirre, y a los desastrosos desarrollos urbanísticos construidos durante la década de 1980 en el sur de Madrid, criticados en la Asamblea de Madrid por la señora Aguirre).

Por otro lado, anunciar que con la delimitación de las alturas se va a eliminar la especulación demuestra no entender nada. En primer lugar, porque lo importante no son las alturas sino la cantidad de edificabilidad a realizar en un sector de desarrollo (o lo que es lo mismo, los metros cuadrados de edificación que se pueden construir y que, hoy en día, se encuentran limitados por ley, lo cual tampoco ha servido para nada). Por tanto a un empresario le da exactamente igual hacer 1, 2 ó 300 alturas en su suelo, puesto que lo que le preocupa es cuántos metros cuadrados puede construir. En segundo lugar, la especulación con base en la actividad política, fuente de toda corrupción y de una mayor tendencia inflacionista de los precios, es producto precisamente del sistema actual que, como hemos tratado de explicar, coincide con el propuesto por doña Esperanza.

A esta errónea propuesta la autora le sumó explicaciones como las siguientes: lo que se pretende realizar con esta propuesta es "un urbanismo renovador y más humano", en donde los habitantes "no tengan que residir en moles de hormigón de 12 ó 14 plantas"; "limitar la densidad de población, porque los madrileños quieren ciudades menos densas y más amplias, con más espacios abiertos y con más zonas verdes, quieren que el sol entre todas las mañanas por sus ventanas". Por último, eso sí, se permitirán "rascacielos o edificios emblemáticos" que "enriquezcan el patrimonio arquitectónico y cultural".

En primer lugar, dicha propuesta no tiene nada de urbanismo renovador por lo expuesto anteriormente, y supone una inyección más de intervención pública con la intención de solucionar el problema del urbanismo español, que es corrupto y desastroso precisamente por tratarse de un sistema intervenido de tipo soviético. En cuanto a lo de más humano, no merece comentario por tratarse de populismo barato, impropio de una persona de su talla política. También quiero decirle, señora presidenta, que vivir en edificios de 12 ó 14 plantas no es sinónimo de mala calidad de vida, como demuestran los magníficos nuevos crecimientos urbanos de Dubai, con edificios de más de 40 plantas.

Por otro lado, esperemos que limitar la densidad de población se refiera a crear modelos de ciudad con crecimientos urbanos de baja densidad únicamente (¿o es que pretende empezar a echar gente de la Comunidad de Madrid?). En cualquier caso se presenta el siguiente problema: con un territorio como el de Madrid, en el que una gran parte del suelo se encuentra protegido, y un crecimiento en población como el que está experimentando esta región, ¿qué sucederá cuando se haya urbanizado todo el suelo no protegido con edificios de planta baja más 3? ¿Se añadirán una o dos plantas más a cada edificio o se prohibirá la entrada de más habitantes en Madrid? Ah, claro, se me olvidaba que se permitirán rascacielos o edificios emblemáticos,los cuales, indudablemente, decidirán los especuladores políticos de turno dónde deben ir y qué forma deben tener según sus gustos particulares. Eso sí: nos mostrarán a todos los ciudadanos en una exposición pública el diseño de la nueva intervención urbana que supuestamente enriquece el patrimonio arquitectónico y cultural y, de paso, nos engañarán con esa falacia propia de los urbanistas comunistas (que llevan haciendo lo que les place en España desde el año 1956) del urbanismo participativo y democrático.

Señora presidenta, le informo que la Comunidad Autónoma de Madrid (al igual que el resto de España) posee un sistema urbanístico soviético, en el cual los derechos de desarrollo del suelo se encuentran nacionalizados y la asignación de los usos del suelo se encuentra monopolizada por la administración pública. Así que si quiere verdaderamente hacer algo para solucionar el problema de la corrupción urbanística y la continua corriente inflacionista de los precios de la vivienda, devuelva los derechos de desarrollo del suelo a los propietarios para que pueda existir mercado y éste sirva para coordinar el territorio y las ciudades, y además desmonopolice la asignación de los usos del suelo por parte de la administración pública para eliminar la especulación política. No me cansaré de repetir que es este tipo de especulación inducida por las diferentes formas de intervención pública en el libre uso del suelo el que causa la corrupción y su fomento. Por último, ¿conoce a mucha gente que no quisiera vivir en Nueva York en algún momento de su vida?

Lo que nos enseña Walt Disney sobre Economía

Una de las teorías más populares en los libros de texto de economía que justifican las amplísimas intervenciones estatales es la de los fallos del mercado. Éstos, aunque tradicionalmente se han dividido en tres, se pueden identificar siempre que la realidad económica no coincida con el equívocamente llamado modelo de competencia perfecta; es decir, en la gran mayoría de los casos. ¿Incertidumbre, información imperfecta, monopolios, perturbaciones económicas…? Todo puede caber dentro del gran saco de los fallos del mercado, para justificar mayores intervenciones y llenar el estómago insaciable del estado.

Dentro de este gran saco, la teoría de los bienes públicos sostiene que el sector privado será incapaz de proveernos de aquellos bienes cuyo consumo sea conjunto, es decir, que el hecho de que una persona consuma una unidad adicional de un bien o servicio, no hace disminuir el consumo de otra. Por ejemplo, en el caso del alumbrado de las calles, el que aumente el número de transeúntes que se benefician de la luz, no implica que otros se vean perjudicados. Además, estos bienes también suelen presentar la cualidad de que su consumo no se puede excluir. En el ejemplo, no se puede evitar que un transeúnte concreto, que no haya pagado por el alumbrado, disfrute de él. Por estas razones, se dice que estos bienes deben ser provistos de manera coactiva por las administraciones públicas, ya que los agentes privados no lo harían, debido especialmente al problema del gorrón o free-rider.

Obviando las críticas teóricas que se pueden hacer esta teoría, un caso real bastaría para refutar la afirmación de que resulta imposible que instituciones privadas provean adecuadamente de bienes colectivos. El caso que he escogido, dentro de la infinidad de ejemplos que existen, es el de Walt Disney World (WDW). Es un complejo de ocio del tamaño de San Francisco, situado en Florida, que cuenta con parques temáticos, acuáticos, campos de golf, complejos deportivos, numerosos hoteles y tiendas, así como centros de entretenimiento y restaurantes. Lo más destacable, en relación con los párrafos anteriores, es que el sector público ha participado muy poco en este gran proyecto y ha concedido gran autonomía y libertad (como ciertas exenciones legales y regulatorias) a la compañía de Disney para llevar a cabo sus ideas. ¿Y qué hizo la compañía con esta libertad? ¿Contaminar salvajemente, destruir la fauna y la flora a su antojo, establecer la ley de la selva? Pues no, todo lo contrario, y es que destaca la actitud de respeto al medioambiente y de preservación de los espacios naturales en todo el parque. ¿Y qué hay de los bienes públicos? Los provee la misma compañía: bienes públicos de toda variedad desde las calles y el alumbrado hasta sistemas de recogida de basuras, con una tecnología muy innovadora. Han leído bien, se trata de una gran ciudad o comunidad que demuestra que la provisión privada de bienes colectivos es perfectamente viable.

No obstante, WDW es más que una comunidad privada donde hay numerosos bienes colectivos. Fue una excelente visión empresarial del creador Walt Disney (paradigma del self-made man y muestra de la existencia del American Dream), que como buen empresario, se adelantó al resto y ofreció la posibilidad de satisfacer necesidades que él mismo descubrió, siendo un gran ejemplo del ejercicio de la función empresarial austriaca. Su visión consistió en crear una comunidad utópica, un espacio recreativo en el que imperase la armonía, la felicidad y la diversión.

En resumen, podemos llegar a varias conclusiones. En primer lugar, el caso de Walt Disney World y otros parques de la misma compañía, demuestra lo errado de la conclusión principal de la teoría de los bienes públicos, a saber, que la provisión privada de estos bienes es inviable. Por el contrario, es un caso claro de cómo pueden funcionar comunidades privadas, especialmente en relación a los bienes colectivos. En segundo lugar, también se puede ver cómo en un ambiente de mayor libertad y menores regulaciones, en el que el Estado tiene poco que decir, se fomenta la innovación tecnológica y se protege el medioambiente y las zonas salvajes. Por último, la vida de Walt Disney nos ilustra a un gran empresario, que empezando desde muy abajo, y gracias a su constante esfuerzo, dedicación y perspicacia empresarial, consiguió liderar la empresa de entretenimiento más exitosa del siglo XX.

El gordo y el flaco

Durante los procesos de creación legislativa, los órganos productores de normas atraen hacia sí una miríada de grupos de presión de todo tipo procedentes en su mayoría de la sociedad civil (empresas, sindicatos, patronales, organizaciones ecologistas, asociaciones de productores, de profesionales o consumidores, agricultores, grupos sociales, ONGs…).

Todo poder legislativo es generalmente ignorante de lo que pretende regular. Necesitan, obviamente, asesoramiento. Es ahí donde los lobbies juegan sus bazas. Se calcula que alrededor de los dos centros de producción legislativa más importantes del mundo, el Congreso americano (Cámara de Representantes y Senado) y la Unión Europea (Comisión, Parlamento y Consejo de Ministros) pululan respectivamente unos 30.000 y 20.000 lobbies de toda laya, cual abejas en un panel de rica miel. Otros legisladores nacionales cuentan con su inseparable recua de lobbies locales.

Detengámonos en los lobbies empresariales. Las empresas y sus asociaciones defienden legítimamente sus particulares intereses y derechos tal y como nos muestra un sano asociacionismo voluntario. Entre otras muchas estrategias, se organizan lobbies para dirigirse a los poderes públicos con el objetivo de que éstos no cometan más tonterías de las necesarias a la hora de legislar. El mal fario sobreviene cuando dichas empresas o agrupaciones de intereses creen que dentro del elenco de sus derechos está también el de recibir un trato legislativo especial o el de protegerse de la competencia sirviéndose del poder coactivo para conseguir rentas al margen del proceso productivo.

Es entonces cuando las empresas, en vez de buscar el favor de sus clientes, poseen otros incentivos muy poderosos para dirigirse a los políticos y sus criaturas legislativas. Ejemplos de lobbies empresariales potentes en Europa son la ERT, EUROPABIO, UNICE, ECIS o AMCHAM. Se sabe, además, que el retiro dorado de cualquier político, si tiene los contactos adecuados, es ser contratado en este tipo de lobbies o asociaciones de peso.

Cuando recordamos lo que Mancur Olson decía de la prevalencia en las acciones colectivas de las minorías organizadas sobre las mayorías desorganizadas o lo que la Escuela de Elección Pública (EEP) enseña acerca del fenómeno de los beneficios concentrados y los costes dispersos, lo sensato sería abogar por una reducción de la injerencia de los poderes públicos sobre la vida de las personas con el fin de evitar ser utilizados por el poder organizado (los menos) para su ventaja a expensas de la mayoría desorganizada (los más).

Sin embargo, los creyentes en la siempre beneficiosa acción estatal opinan de otra forma. Creen que este problema se puede atajar mediante dos tipos de medidas: una sería la de imponer códigos de conducta (privados) y de buen gobierno (público) ignorando, de nuevo, las conclusiones de la mencionada EEP en torno a los incentivos de la clase dirigente y a lo problemático de la romántica consideración de sus acciones carentes de interés personal.

El otro tipo de medida sería la de regular (qué raro) el fenómeno de los lobbies. En esto los EE UU nos llevan ventaja por la influencia que tienen allá en la financiación de las campañas políticas. Durante el mandato del irrefrenable Clinton se aprobó la Lobbying Disclosure Act de 1995, luego modificada por la Legislative Transparency and Accountability Act aprobada por el Senado en 2006 y la Honest Leadership and Open Government Act de 2007. Con dichas regulaciones crecientes se han impuesto a los lobbies, entre muchas otras medidas, un registro obligatorio, unas declaraciones semestrales de los gastos dedicados a esta actividad (lobbying) y por cuenta de quién o quiénes actúan. Los burócratas de la Unión Europea pretenden seguir este mismo camino mediante regulaciones similares a instancias de la Comisión y del Parlamento europeos.

No obstante, pensar que a los lobbies se les puede meter en cintura con este tipo de regulaciones es errar el tiro completamente. Los grupos de presión acudirán allí donde haya poder político concentrado y lograrán colar siempre sus "razonables" propuestas. Además, atrapados como estamos todos en la maraña del sistema actual de permanente legislación, no pueden obrar de forma distinta a como lo hacen (aunque sólo sea para que competidores presentes o futuros no se les adelanten). Con ello se socava la productividad general.

No tenemos solución: el problema nos parece ser únicamente del poder económico, nunca del poder político. Seguimos pensado que lo saludable es poner control a los indeseables "michelines" empresariales al tiempo que nos mostramos a favor del constante engorde de los "famélicos" poderes públicos mediante intrusiones de éstos en nuestras vidas con medidas legislativas y reglamentarias cada vez más numerosas.

Los lobbies, tal y como los conocemos hoy día, desaparecerán en buena medida mediante la drástica reducción del Estado. Pretender menguar el poder de influencia de aquéllos al tiempo que éste se expande (sus facultades legislativas no conocen límites) es como querer soplar y sorber a la vez.

La doble moral del intervencionismo

Uno de los pilares en el que descansa el intervencionismo es que los gobiernos han de recaudar el máximo dinero posible en épocas de bonanza para después lanzarlo a las empresas y particulares en situaciones de crisis. ¿Por qué el Gobierno habría de hacer algo así? Porque según la doctrina socialista somos todos idiotas por definición y, por tanto, incapaces de calibrar el riesgo de nuestras acciones, de ahí que no ahorremos y nos revolquemos en el consumismo. En este escenario, el Estado asume la responsabilidad de un falso asegurador forzoso y ahorra por nosotros.

¿Pero qué ocurre cuando viene la crisis y necesitamos nuestro dinero? Que el ministro de Economía nos insulta diciéndonos que tenemos lo que nos merecemos y que se ha gastado el dinero que nos expropió en otros grupos tan "responsables" como los actores o los agricultores que viven de subvenciones permanentes, por no mencionar todo el dinero que van regalando a todo país que se lo pida o al primer lobby políticamente correcto que se les presenta.

Las palabras de Solbes nos muestran de forma meridiana qué es el Estado. Si esta organización omite sus responsabilidades cuando ha de pagar sus deudas, ¿en qué se convierte? Ningún empresario paga impuestos por propia iniciativa; es obligado a hacerlo contra su voluntad igual que los particulares. A cambio de este sacrificio obligado, el Gobierno nos promete seguridad. Cuando no se hace responsable de la supuesta seguridad material que nos prometió, actúa igual que un vulgar ratero o delincuente. La única diferencia es que el delincuente al robarnos no nos dice que lo hace por nuestro bien ni por el de la sociedad.

Esto nos lleva a la reflexión del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. "Qué los jóvenes se hagan empresarios." ¿Qué incentivo tiene una persona joven para convertirse en empresario? Ante el panorama actual, ninguno. Un empresario no sólo ha de enfrentarse a la competencia y las exigencias del consumidor para satisfacerlo, que son las únicas demandas del mercado, sino que ha de luchar día a día contra las numerosas regulaciones de la UE, el Estado, la Comunidad, el Ayuntamiento y los políticos como Ruiz-Gallardón. ¿Qué favor les hace el alcalde a los empresarios prohibiéndoles anunciarse con carteles convencionales o de neón? ¿Y obligando a los trabajadores a ejercer su profesión cuando no quieren? Ante tantas trabas estatales y problemas, mejor recibir un sueldo fijo de Telefónica o hacerse funcionario. Las leyes que intervienen en el mercado sólo premian el hedonismo, la baja productividad y el parasitismo a costa del resto de la sociedad. No es una situación muy sostenible en un mundo globalizado.

¿Quieren los políticos más empresarios? No hace falta inventar la sopa de ajo. Que eliminen barreras estatales, leyes que sólo favorecen a los grupos de presión, burocracia y, sobre todo, impuestos. En definitiva, que reduzcan de forma acusada el peso coactivo del Estado sobre la sociedad civil y el mercado. Entonces no sólo los empresarios crecerán de forma exponencial y los consumidores tendremos más opciones y diversidad comercial, sino que además ya no tendrá ningún sentido que las empresas exijan socializar las pérdidas a nuestra costa porque el Estado no tendrá ninguna capacidad para hacer efectiva una demanda semejante.