Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Lo que pudo ser una verdadera revolución liberal, elogiada por muchos, generadora de mitos como Reagan o Thatcher, tal vez, a pesar de los avances, formó parte del proceso de adaptación y resistencia del omnímodo poder estatal. No es objeto de este artículo comentar lo que sucedió en aquellos años sino, sencillamente, advertir la tendencia seguida desde entonces que, muy lejos de debilitar al Estado, ha logrado hacerlo más fuerte si cabe.

Podemos interpretar la égida estatista en términos intensivos o extensivos, respecto a las competencias atribuidas o la regulación servida. En realidad, el Estado debe estudiarse como una estructura de dominación compleja, no ya en competencia con el proceso social de individuos libres, sino como parásito del mismo, infiltrado y adaptado paulatinamente a sus características y expresiones contingentes.

El totalitarismo de entonces (caso chino), propio de una ideología constructivista que pretende la suplantación del orden social espontáneo por una organización a modo de estructura de dominación o Estado, ha comprendido que su empresa resulta no sólo inútil, sino que está condenada a la autodestrucción. Por ello, en concubinato con la socialdemocracia de todos los partidos, ha adoptado una serie de cambios orientados hacia el afianzamiento y perpetuación del Estado en un orden global basado en el comercio internacional.

El intervencionismo ha quedado en eufemismo si tenemos en cuenta los actos de agresión sistemática sobre la función empresarial y el orden social y de mercado perpetrados por las administraciones y los poderes del Estado. Como bien señaló Mises en su análisis del intervencionismo, no conviene matar a la gallina de los huevos de oro. Los ideólogos dispuestos a servicio de la causa estatista, en base a procesos de prueba, error, competencia y aprendizaje (duele decirlo), han concluido una serie de reformas para cambiarlo todo sin que nada en realidad se mueva de su sitio.

El neoliberalismo efectivo, el que caló entre la clase política y, pudo plasmarse como reformas concretas de la Gran Organización, no logró, y en muchos casos no quiso, ubicar al Estado en una posición residual, constreñido en funciones propias de un poder público consecuente. El minarquismo fracasó; fue su espíritu el que devolvió al estatismo la viabilidad perdida.

Las privatizaciones de sectores considerados estratégicos o bienes públicos incuestionables durante y después de la Segunda Guerra Mundial (cuando no antes), introdujeron un necesario dinamismo del que sólo el mercado libre es capaz. La competencia y los incentivos descubiertos en cada desajuste y situación de descoordinación, contribuyeron y contribuyen a generar resultados muy superiores a lo que se estaba acostumbrado mediante la utilización de entes públicos. Por otro lado, las que resistieron por una razón u otra, descentralizaron su actividad recurriendo a empresas privadas prestadoras de servicios secundarios, o incluso privatizaron su gestión.

El Estado logró así que los engranajes del proceso social, parasitado por él, favorecieran sus objetivos en otros muchos campos, los que más le interesan, fundamentalmente las relaciones interestatales. Para ello requiere fortaleza interna, imbuir a su población de un espíritu dependiente, asegurar de algún modo que pese a la obvia superioridad del mercado, cuando de generar resultados se trata, el Estado siguiera apareciendo como incuestionable instancia que asegure la paz social en sus diversas formas. El paternalismo no pereció.

El nuevo intervencionismo regula mercados que constriñe o relaja en función de sus necesidades. Fomenta la creación de empresas privadas sobre las que ejerce una influencia y dominio político idéntico al que pudiera extender sobre su propia burocracia empresarial. Podemos comparar la situación actual con algún otro caso histórico, pero carece de relevancia. Todo camina hacia fórmulas inusitadas siempre orientadas por la salvación del Estado.

Fue el profesor Carlos Rodríguez Braunquien, en su intervención en los cursos de verano de Aranjuez este año 2008, nos previno sobre los peligros de esas medidas en apariencia liberales adoptadas desde el poder. Si salen bien, el producto siempre quedará a favor de la perpetuación estatista, pero, si algo negativo sucediera en el sector "liberado", podemos tener por seguro que serán los propios liberadores los primeros en recular y atribuir el quebrando al exceso de libertad.

Vivimos un proceso de paulatina recomposición y adaptación del Estado en función de sus necesidades. La aparente libertad no es sino una ligera expresión de lo que podría ser, y en consecuencia, los resultados que disfrutamos un ápice de lo que la mera existencia del Estado hace que nos perdamos. Ese coste de oportunidad refleja los fines meramente estatistas indispensables para su sostenibilidad y perdurabilidad.

La tercera vía, entendida como alternativa intermedia entre el libre mercado y el dominio público puro, es una opción condenada al fracaso. Es más, el intento por dar viabilidad e introducir dinamismo en sectores de intervención pública mediante la "privatización" de determinadas facetas del servicio conduce a situaciones en las que la libertad y el liberalismo, como actitud ética y moral, son los destinatarios de todas las críticas, atribuyendo el fracaso de las medidas a la falta de regulación y a la actuación de agentes privados. Veamos dos ejemplos vivos y controvertidos: la banca, en sentido general, y la sanidad, como servicio público financiado a través de impuestos.

La banca pública, donde un monopolista dispensa el dinero de curso forzoso, de tipo fiduciario, pero también es único operador con la potestad de prestar servicios bancarios de todo tipo, se opone al sistema de banca libre. Cuando ésta opera con dinero fiduciario y reserva fraccionaria, de acuerdo con lo defendido por autores como Huerta de Soto, queda indefectiblemente condenada a la implantación de un prestamista de última instancia que proporcione soporte al sistema, de por sí insostenible y generador de ciclos que necesariamente acaban en quiebras generalizadas.

Vemos como la vulneración de los principios generales del Derecho, cuando los bancos disponen sobre los depósitos a la vista en su poder, hace inevitable la aparición de un banco central, a modo de vía intermedia, o tercera vía, distinta de un orden de banca privada en la que sí se respetase la reserva del 100% y el patrón oro.

El sistema de banca pública conviviendo con banca privada aparentemente dota de una falsa viabilidad al presunto mercado financiero, dando la apariencia de dinamismo, favoreciendo expansiones crediticias que siempre terminan en la irremediable intervención. Esta puede adoptar muchas formas, dependiendo de la naturaleza de la crisis, bien sea de liquidez o de solvencia (como la actual). La irrupción pública en bancos privados, adquiriendo activos o recapitalizando la entidad, es una consecuencia del sistema mixto.

En realidad la actuación privada nunca queda libre de regulación y siempre depende de ésta. La nacionalización de la banca o la socialización de las pérdidas, son resultados inherentes al modelo. La indisciplina de los operadores o los intentos de burlar la regulación, no asumiendo costes, caminando hacia el abismo, no son fruto del ligero reducto de libertad entre tanta intervención. Las crisis son endógenas y endémicas al intervencionismo.

Aunque pueda sonar extraño, algo similar sucede con la sanidad. Las consecuencias de terceras vías degradan el mercado y el servicio, siendo injustamente imputadas a la presunta libertad introducida. Dos modelos: sanidad privada, libremente sufragada por los individuos, contratando con empresas que ofertan servicios concretos, a través de seguros o prestaciones contingentes; y sanidad pública, universal, sufragada gracias a la redistribución de la renta previamente incautada a través del sistema fiscal.

La pública está condenada a la ineficiencia y el coste creciente. Lo vemos en la práctica, pero lo comprendemos gracias a la teoría de la tragedia de los bienes comunales, las enseñanzas de la Escuela de Elección Pública y el teorema de la imposibilidad del cálculo económico socialista. Para salvarla, la clase política, consciente de la inviable situación de un servicio totalmente público, en gasto y prestaciones, recurre a la externalización de distintas facetas del mismo, creando un mercado de la salud. Éste queda intervenido y regulado. Se permiten centros privados, no sustitutivos, es decir, sin que el individuo que los prefiera deje de soportar la carga fiscal necesaria para sostener el sistema público de salud. Pagan dos veces. Gracias a ellos se descongestionan en parte los hospitales del Estado.

Se externalizan servicios logísticos, laboratorios, pero también profesionales, que dejan de ser funcionarios. Surgen empresas privadas al cobijo del gasto público ofertando por menor coste lo que venía prestando la administración directamente. Pero el sistema no logra salir a flote. Comienza la privatización de centros y su gestión completa. La tendencia de todo sistema público que pretenda seguir sosteniendo un servicio aceptable (sin disparar el coste del mismo hasta niveles inaceptables e insoportables para una carga fiscal que no asfixie hasta matar al proceso social) es a la privatización íntegra, o casi, de la prestación del servicio de salud.

El resultado hace depender del gasto público a multitud de empresas privadas en relativa competencia por lograr el contrato con la administración. De igual forma se regulan al máximo las condiciones y posibilidades de la actividad. Lo que en un primer momento parece introducir dinamismo y sostenibilidad, termina en un nuevo colapso.

Las empresas viven del presupuesto, se saben necesarias al tiempo que actúan bajo la imposición de la universalidad. Los operadores terminan por corromper sus decisiones y forman grupos de presión para forzar decisiones públicas, bien de aumento del gasto o cambio en la regulación. El servicio prestado mediante esta tercera vía dispara el coste por ciudadano y termina por quebrar la universalidad, expulsando a colectivos en función de unas u otras características.

La privatización que quiso dar viabilidad al sistema acaba en un esperpento insostenible que despilfarra recursos e impide el ejercicio libre de la función empresarial para resolver desajustes evidentes. Las rentas altas escapan del sistema, aun pagando dos veces, mientras que las bajas acaban o sin servicio o con un servicio profundamente deficiente.

Llegados a este punto las voces son casi unánimes en contra de la libertad introducida en el sector, sin apreciar en absoluto las causas endógenas de la propia concepción pública del mismo. Del monopolio se pasa a la liberalización de la prestación, nunca de la financiación y elección del mismo.

Tanto la banca como la sanidad son ejemplo de cómo el dominio soberano ejercido por el Estado en el diseño del mercado o la prestación del servicio, así como la presencia de un órgano de dirección central o del Gobierno mismo, distorsiona señales, contribuye a la indisciplina de los agentes y lo que es peor, genera una red de empresas privadas que viven del expolio o el privilegio. El resultado es evidente.