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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Barreras legales al trabajo

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los activos más importantes que tiene el ser humano es su capacidad de trabajar. Aunque una persona no tenga ningún capital previo, esto no supone un inconveniente que le impida obtener recursos, ya que puede vender su trabajo a alguien que lo quiera.

Además de constituir un factor esencial para la supervivencia del ser humano, el trabajo tiene otras vertientes, como elemento de enriquecimiento, socialización o incluso de autorrealización.

Por tanto el trabajo se puede considerar como una herramienta que nos permite defender y asegurar nuestros derechos fundamentales, es decir, vida, propiedad y libertad. Para vivir o bien compramos a otras personas los elementos necesarios para el sustento y cobijo, para lo cual necesitaremos entregar una cierta cantidad de dinero que obtendremos mediante el trabajo, o bien trabajamos para nosotros mismos para proveernos de lo anterior. Otro factor a tener en cuenta del trabajo es que nos permite crear un derecho de propiedad nuevo, ya que somos dueño del trabajo creado, ya sea para emplearlo para nosotros mismos o para intercambiarlo por otras propiedades. Finalmente el trabajo es una expresión más de nuestra libertad, ya que podemos aplicarlo a aquello que consideremos conveniente, y otras personas son libres de aceptar intercambiar el fruto de nuestro trabajo por otros bienes.

Es por todo ello que el trabajo se vuelve algo imprescindible para el hombre, ya que es una parte esencial de su humanidad. Es éste el motivo por el que una situación de desempleo se puede convertir en todo un drama a nivel personal, ya que si ésta se ha impuesto, se estaría cometiendo una violación de los derechos fundamentales de la persona.

La idea de impedir a alguien trabajar puede resultar extraña, ya que con la excepción de los penados en determinadas legislaciones, nadie debería ser privado de trabajar. No obstante, esta prohibición puede establecerse por medios indirectos y como consecuencia de medidas que no van buscando ese efecto. Así, por ejemplo, una prohibición de explotación de un monte concreto tendría como efecto que no se puedan realizar labores en el mismo, tales como la recolección de leña o el pastoreo. Si las personas que realizaban dicho trabajo carecían de otro tipo de experiencia y no existen terrenos similares en los que realizarlo, pueden quedar condenadas a perder su empleo.

La única barrera que puede impedir a las personas ejercitar su trabajo es de origen legal, ya sea prohibiéndola directamente, elevando los requisitos necesarios para ella, o subiendo los costes de ejecución de manera que haga imposible su ejecución de manera rentable. Además pueden imponerse requisitos adicionales que si bien no impidan la ejecución de dicho trabajo, lo compliquen sobremanera, haciendo que mucha gente desista.

En tiempos de crisis económica generalizada como los que estamos atravesando, en los que la tasa de desempleo se eleva a un ritmo vertiginoso, debido a que determinados sectores que habían demandado gran cantidad de mano de obra han dejado de hacerlo, debería buscarse todas estas barreras legales de manera que se eliminen todas aquellas que no sean estrictamente necesarias, para facilitar el derecho que tiene cada persona a trabajar. La cifra de desempleados no es simplemente una estadística; tras este dato se encuentran personas, muchas de las cuales desean trabajar pero no pueden hacerlo por barreras artificiales de origen legal. Cuando éste es el origen de su situación no se puede hablar de una mera situación desafortunada, sino de un atropello a sus derechos fundamentales.

El Gobierno nos vuelve a camelar

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Cómo retrasa la quiebra? Bueno, primero hay que entender qué significa que una empresa quiebre. Toda compañía (desde las de los autónomos a las grandes multinacionales) puede organizar su situación patrimonial en dos partidas contables: activo y pasivo. El activo no es más que el uso que hemos dado a nuestro dinero (¿en qué hemos invertido? Inmuebles, máquinas, software, inventario…), y el pasivo nos indica de dónde procede este dinero. Grosso modo, el dinero puede proceder de dos fuentes: de nosotros (y de nuestros socios) o del resto del mundo.

Si los fondos con los que constituimos una empresa son nuestros, ésta puede seguir funcionando hasta que se nos acabe el dinero o hasta que nos cansemos de trabajar. Pero si proceden del resto del mundo (es decir, si hemos pedido prestado), entonces tenemos un problema, porque tenemos que devolver lo que nos han prestado.

El dinero hemos aportado nosotros es lo que se denomina fondos propios o capital, y los fondos ajenos son lo que nos han prestado. Obviamente, en el momento de constituir una empresa el activo siempre es igual a la suma de los fondos propios y los ajenos (el dinero que hemos invertido siempre tiene una procedencia). ¿Y qué sucede más adelante, conforme la empresa entra en funcionamiento? ¿Se mantiene la igualdad?

Pues sí. Cuando una empresa gana dinero con sus actividades, primero comienza pagando parte de sus deudas (si las tiene) y luego decide si quiere reinvertir (comprando más activos) o repartir dinero entre sus propietarios (por ejemplo, vía dividendos). En los dos primeros casos el capital se incrementa (se tiene derecho a una mayor cantidad del activo), y en el tercero todo queda igual, ya que el dinero no se usa dentro de la compañía (no hay variaciones de activo ni de pasivo).

¿Y qué pasa con las pérdidas? Cuando una empresa pierde dinero significa que alguna de las partidas de su activo se ha reducido (por ejemplo, hemos vendido las mercancías por un valor inferior al que nos costó fabricarlas), por tanto también debe reducir alguna de las de su pasivo. ¿Cuál? Las deudas, los fondos ajenos, no pueden minorarse, así que sólo quedan los fondos propios. Las pérdidas, por tanto, repercuten sobre el capital, que es algo así como el colchón que tienen los acreedores para cobrar. Si el capital desaparece y la empresa sigue perdiendo dinero, le tocará ponerse a reducir fondos ajenos; es decir, que algún acreedor se quedará sin cobrar. Entonces (cuando el activo se reduce tanto que hace desaparecer los fondos propios) decimos que una empresa está quebrada y que se inicia un concurso de acreedores, que no es más que un procedimiento para ordenar y redistribuir el pago de los créditos.

Una modalidad de pérdida muy en boga en estos tiempos consiste en la caída del valor de los activos. Imaginemos que me prestan 1.000 euros a un año y compro 10 acciones de Terra a 100 euros la unidad. Unos meses después, sin embargo, el precio de las mismas cae a 2 euros. Obviamente, aunque yo no venda, tengo unas pérdidas latentes muy grandes, que debería reconocer para no engañar a mis acreedores. ¿Qué sentido tiene que diga que las acciones de Terra valen 100 euros cuando se han depreciado un 98%?

En contabilidad, esto se conoce como principio de prudencia: reconocer las pérdidas cuando se producen y las ganancias sólo cuando se han realizado. De esta manera se evita que las burbujas relacionadas con el precio de los activos distorsionen la situación patrimonial de una compañía.

En España, una modalidad de inversión muy frecuente durante los últimos años ha sido la inmobiliaria. Los constructores y promotores adquirieron grandes cantidades de suelo para edificar viviendas que esperaban vender con plusvalías al cabo de los años. Ahora, sin embargo, tienen un problema: no sólo no pueden vender (lo que podría suponer un problema de liquidez), sino que la vivienda y el suelo están perdiendo valor a marchas forzadas. Aplicando el principio de prudencia, deberían reconocer que su activo (las viviendas y el suelo) se ha depreciado y, entonces, reducir en correspondencia los fondos propios. Pero si hicieran esto la mayoría de constructores y promotores quebraría.

Y es aquí donde entra la reforma del Gobierno. Cuando la reducción del valor del activo tiene que provocar la quiebra de una empresa, se concede esa exención de reconocer la depreciación en los dos años siguientes. Dicho de otra manera, la empresa seguirá funcionando aun cuando sus activos no le permitan pagar todas sus obligaciones. El argumento empleado es que cuando la crisis económica termine los activos se revalorizarán, así que no puede permitirse que empresas rentables quiebren porque sean incapaces de recapitalizarse con la restricción crediticia actual.

Pero, como en tantos otros asuntos, el Gobierno está camelando a la población: ni los activos inmobiliarios van a revalorizarse, ni las dificultades para la recapitalización son tan insalvables como las pintan. Primero, los inmuebles siguen sobrevalorados un 33% en España. Por tanto, todo parece indicar que estos activos seguirán depreciándose en el futuro, lo que prjudicará más aún a los acreedores, que verán que el pastel que tienen para repartirse se ha reducido. Y segundo, estas empresas podrían recapitalizarse en sede de concurso si los acreedores estuvieran dispuestos a convertir su deuda en acciones; y estarían dispuestos a hacerlo si esperaran que los activos inmobiliarios subirán de valor en el futuro. Pero no parece que sea el caso.

Dicho de otra manera, la medida del Gobierno ataca los intereses de los acreedores y beneficia a los accionistas de las inmobiliarias, precisamente los primeros que deberían pagar por sus errores.

Pero es que además esta decisión tiene otro damnificado: la sociedad española en su conjunto. La crisis no se superará hasta que, entre otras cosas, el precio de los inmuebles se ajuste. Pero si se frenan las quiebras y liquidaciones de empresas, los precios no se ajustarán y el estancamiento se prolongará innecesariamente.

Al final, por tanto, se trata de una concesión estatal de privilegios a los accionistas de promotoras y constructoras, en claro perjuicio del resto de la sociedad. Una práctica que no sólo se está repitiendo hasta la saciedad en los últimos meses (los rescates de los banqueros o los planes de estímulo no son más que redistribuciones forzosas de la renta desde los agentes económicos eficientes pero desorganizados a los agentes económicos ineficientes y organizaos), sino que es la causa última de la crisis actual.

Las crisis económicas y el desempleo

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Las inyecciones de nuevo dinero en la economía resultado de políticas monetarias expansivas conducidas por los bancos centrales son las verdaderas causantes del aumento masivo del desempleo en tiempos de crisis, y no un error de los animal spirits de los empresarios como pensaba Keynes.

Como ya señalamos, el nuevo dinero introducido por los mercados crediticios lleva a los tipos de interés por debajo de su nivel natural. Por un lado, esto desincentiva a los consumidores a ahorrar y, por otro, hace que las empresas emprendan nuevos proyectos de capital que parecen atractivos y rentables. En el momento en que el banco central reduce las inyecciones para no caer en inflaciones descontroladas, los tipos de interés se ajustan hacia arriba. En este momento los empresarios se dan cuenta que sus proyectos no son rentables, es decir, que han invertido mal los recursos. Deben liquidar sus proyectos, lo cual implica despedir a trabajadores. Por tanto, son los gobiernos y los bancos centrales los que han provocado este nivel de desempleo masivo al hacer que los empresarios reciban señales falsas debido a la expansión crediticia iniciada por el sistema bancario sin respaldo de ahorro voluntario.

Llegados a este punto, los trabajadores que se dedicaban a producir en las empresas más alejadas del consumo tendrán que ser recolocados en las empresas más próximas al mismo. Mientras esta recolocación de trabajadores y recursos no se produzca, la crisis no cesará. Cualquier otro intento de los gobiernos, los sindicatos y muchas empresas para evitar un descenso de los salarios y los precios nominales sólo llevará a incrementar todavía más el desempleo y a paralizar más la economía.

Los gobiernos deberían dejar de emprender proyectos de gasto público, ya que impiden que los trabajadores recolocarse en proyectos verdaderamente demandados por la sociedad. En este sentido, hay que eliminar la idea económica keynesiana de que "el Estado debe estimular el trabajo en tiempos de crisis aunque sea cavando zanjas para luego volverlas a tapar", ya que no se trata de producir por producir, sino de que la producción sea de utilidad para la demanda.

Si lo que se desea realmente es disminuir el número de desempleados, la solución pasa por reducir el gasto público, reducir los impuestos, reducir la deuda pública, y flexibilizar los mercados laborales (es decir, que estén libres de coacciones estatales y sindicales) para que no sean tan rígidos como actualmente. Sólo de esta manera se puede favorecer la imprescindible movilidad laboral que llevará a descender el número de desempleados y a superar esta dolorosa crisis.

Ser mileurista, objetivo vital

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Es cierto que Zapatero ha contado con los servicios del mismo responsable económico que consiguió la hazaña anterior, Pedro Solbes, pero aún así hay que reconocer al leonés su capacidad para enfrentarse al reto de derrotar a su antecesor en cifras negativas y conseguirlo casi sin mover una ceja. Es lo que los freudianos denominan "matar al padre", un paso necesario para alcanzar la madurez que Zapatero ha ejecutado con coraje y decisión.

España destruye más empleo que cualquier otro país en el mundo, con unas estadísticas del paro que acojonan al socialista europeo más pintado por su robustez. Y eso que el maquillaje de Caldera para dejar fuera de las cifras oficiales de desempleados a varios cientos de miles de demandantes de empleo están cumpliendo una importante misión correctora, porque si atendiéramos a los datos reales, la trayectoria de Zapatero como destructor de puestos de trabajo no tendría parangón en ningún otro tiempo o lugar.

Zapatero está consiguiendo, por tanto, que la sociedad esté protagonizando un cambio en su composición y estructura. Es lo que los cursis de la Nueva Era denominan "un salto cuántico", que nos está haciendo evolucionar a toda prisa, aunque el universo final en el que vamos a desembocar tras salir de este agujero de gusano se antoje bastante ominoso.

En la etapa de Aznar, el problema principal que los sindicatos denunciaban era el gran porcentaje de asalariados que ganaban mil euros de sueldo. Con Zapatero, el mileurismo vuelve a ser la principal preocupación de los trabajadores españoles, pero por el motivo exactamente contrario, porque los votantes del PSOE que han perdido el puesto de trabajo como consecuencia de la brillante gestión de su líder ante la crisis matarían ahora mismo por una nómina fija, aunque fuera de sólo mil euros.

Hace unos años, ganar mil euros mensuales era motivo de depresión. Actualmente es estar en la aristocracia laboral. Esa es la verdadera revolución social del socialismo de Zapatero, que continúa ampliando derechos para los españoles: el derecho a ser mileurista.

¿Mejor que en noviembre?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En diciembre el paro se incrementó al ritmo más elevado desde 1977 y el INEM registró el mayor número de desempleados de toda su historia, pero el presidente del Gobierno nos lo ha querido edulcorar con dos mensajes de esperanza. La primera es que este mes de diciembre el paro ha subido menos que en noviembre; la segunda, que a partir de marzo comenzaremos a notar los efectos positivos de los planes de estímulo económico.

Pero de nuevo Zapatero se equivoca (o miente). Puede parecer cierto que el dato de paro de diciembre sea menos malo que el de noviembre. Al fin y al cabo, hace dos meses el desempleo aumentó en 170.000 y en diciembre "sólo" lo hizo en 140.000 personas. Sin embargo, hablar en estos términos resulta confuso y no nos desvela si, en realidad, estamos mejorando o empeorando.

Imagine que en noviembre de 2007 el desempleo hubiese aumentado en 500.000 personas. ¿Consideraría un mal dato que en 2008 creciera en 170.000? Al contrario, podría ser indicativo de que estamos empezando a recuperarnos o de que, incluso, estamos inmersos en una bonanza económica. De la misma manera, si "lo normal" fuera que en noviembre el paro cayera en 100.000 personas, que un año lo haga "sólo" en 25.000 podría sugerir una desaceleración de la actividad.

Pues bien, entre 1996 y 2007 el desempleo en noviembre creció, como media, en 36.000 personas, mientras que en diciembre se redujo en 57.000. Por tanto, en noviembre de este año sólo destruimos 134.000 empleos más de lo que resultaba habitual, mientras que en diciembre el paro creció en casi 200.000 personas con respecto a su media histórica: no sólo no creamos 57.000 empleos, sino que destruimos 140.000. De hecho, en este sentido, diciembre ha sido el peor mes de todo el año y con una notable diferencia con respecto a los anteriores. Por tanto, al contrario de lo que sugiere Zapatero, no estamos mejorando, sino empeorando y a un ritmo acelerado.

Por ese motivo, tampoco cabe esperar que esta tendencia se revierta a partir de marzo, tal y como ha pronosticado el líder socialista. Nada en la economía y en el mercado laboral español permite vislumbrar una mejora. Puede que, en efecto, los planes de estímulo de Zapatero logren "colocar" a algún parado, pero lo harán a costa de destruir muchos otros trabajos y de hipotecar el futuro de nuestro país: más gasto, más deuda y más impuestos.

En realidad, si el presidente del Gobierno quería dar una lectura positiva de las cifras de diciembre lo tenía fácil: serán mejor que las de enero. En la economía española, va volviéndose cierta la frase de que cualquier tiempo pasado fue mejor, especialmente mientras no se adopten las medidas básicas para favorecer la recuperación, a saber, liberalización del mercado laboral y reducción del gasto público.

Viejos males, viejos y equivocados remedios

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

No hay crisis que no saque a Keynes a pasear. No hay crisis que no ponga la obra pública en el primer lugar de las soluciones mágicas que los políticos muestran con arrogancia. Tiene lógica, los gobernantes piensan en términos electorales y un voto es un ciudadano contento, pero sobre todo ignorante. Si la crisis, la misma que han generado los que ahora pretenden solucionarla, produce paro, entonces se crean puestos de trabajo por decreto, ya sea en forma de funcionarios, o ayudando a empresas "estratégicas" y amigas, o diseñando estupendos y megalómanos proyectos que seguramente serán la envidia de otros fervorosos intervencionistas. Y todo con el dinero arrebatado al ciudadano, al ignorante contribuyente que podría, con más efectivo en el bolsillo, capear mejor el temporal.

Las obras públicas nacen ajenas al mercado, su utilidad a largo plazo es dudosa y su capacidad para generar beneficios, escasa. Por poner un ejemplo, durante 2007 las empresas públicas de la Generalitat valenciana tuvieron unos ingresos que ascendieron a 936,30 millones de euros, mientras que sus gastos supusieron 1.760,19 millones, por lo que las pérdidas fueron de 823,89 millones. Si hacemos el esfuerzo de obviar que muchos de esos ingresos provienen directamente de partidas presupuestarias que el Gobierno valenciano adjudica, está claro que ninguna sociedad privada puede sobrevivir más de un minuto con semejante contabilidad. Un macroproyecto de ocio como la Ciudad de las Artes y las Ciencias tuvo durante ese año unos ingresos de 47,72 millones mientras que sus gastos fueron de 110,48 millones y uno de sus principales edificios, el Palau de les Arts, acumula un sobrecoste de 336% sobre el inicialmente calculado. Los Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, citando ahora un caso más práctico, acumularon unas pérdidas de 89,90 millones y el Gobierno regional se plantea apostar por la gestión privada en algunas de sus líneas con la esperanza de recuperar parte de estas inversiones.

Pero no confundamos gestión privada con privatización. Estas líneas de metro y tranvía nacen de una decisión política y aunque la gestión sea más eficaz, no desaparecerán si las pérdidas se acumulan. De hecho, la ausencia de competencia y la imposibilidad de obtener un precio de mercado hace que la utilidad y la eficacia de estas iniciativas públicas sea imposible de determinar. Resulta indignante que mientras muchos comercios y pymes se ven abocados a bajar los precios de sus mercancías y servicios y reducir sus márgenes para sobrevivir, los precios que dependen de decisiones públicas suben en todos los casos.

Pero a pesar de todo, pocos dudan hoy de la utilidad de estas obras y construcciones. Para muchos, alguien tiene que construir carreteras, aeropuertos, grandes complejos urbanísticos, puertos, centros de producción de energía, líneas de comunicación, grandes proyectos hídricos o centros de ocio y cultura; y qué mejor que el Estado que (aparentemente) todo lo sabe. A la sociedad, al menos a la española, le cuesta mucho creer, porque no pasa de una cuestión de fe, que el mercado es capaz de crear todo eso y más, y que tiene suficientes mecanismos para aprovechar esas oportunidades que nacen de las necesidades de todos y cada uno de nosotros y no de la brillante idea de un político iluminado y que también tiene los mecanismos necesarios para que las malas ideas y las malas empresas desaparezcan y no se perpetúen como les pasa a las "empresas" públicas.

EasyJet no existe

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Para ellos, nada puede sustituir el tener a alguien delante con el que hablar y a quien preguntar, la confianza de saber que hay una persona de carne y hueso que se está ocupando de ti.

Creo que ese sentimiento se irá desvaneciendo poco a poco y todos iremos confiando más y más en internet para hacer cada vez más cosas. Sin embargo, sí es cierto que en momentos determinados se echa en falta poder hablar con una persona cara a cara; en concreto cuando hay un problema.

Se lo explico con un ejemplo, sucedido hace unos meses. El vuelo de regreso de un viaje a Londres con EasyJet, compañía aérea pionera en el uso de internet para la venta de billetes, fue cancelado, y los empleados del aeropuerto nos aseguraron que, de acuerdo con la normativa europea, la compañía nos pagaría 250 euros. Teníamos la opción de comprar otro billete de otra compañía para volver ese día o regresar al día siguiente con ellos.

Desgraciadamente, al día siguiente nos enteramos por otro pasajero de que no nos iban a pagar nada. Resulta que en la letra pequeña de la normativa se indica que cuando la cancelación es por cierto tipo de causas la compañía no tiene obligación de indemnizar; los mismos empleados que el día anterior nos aseguraban que EasyJet nos pagaría, ahora nos decían no saber nada: eran de una subcontrata y repetían lo que les comunicaban "desde arriba". Ningún poder de decisión, ninguna responsabilidad; EasyJey no existía ni daba la cara, la reclamación que pudiéramos hacer debía realizarse "a través de la web".

No sé si el problema es porque los españoles somos así o es algo más general, pero creo que por aquí a nadie le satisface eso de protestar a una compañía vía web. Es probable que el resultado de una queja, cualquiera que sea el canal, fuera exactamente el mismo –en nuestro caso, no nos dieron casi ni la hora–, pero la cara de tonto que se te queda cuando ni siquiera puedes protestarle a alguien real es mucho más, digamos, expresiva.

Habrá mucha gente que nunca tenga un problema contratando servicios y comprando bienes por internet a empresas con sede en la Conchinchina, pero creo que lo más habitual es que según empleemos más esta vía, más probable resulte que nos pase alguna vez a todos. Y si llega ese momento y no podemos hablar con nadie cara a cara, nos sentiremos frustrados y nos lo pensaremos dos veces la próxima ocasión. Sin duda, lo más frecuente será simplemente escoger otra empresa, a ver si tenemos más suerte, como corresponde a un sistema de competencia y libre mercado. Pero si un buen número de compañías hace lo mismo, los usuarios se sentirán desengañados con todo lo que tenga que ver con internet. Y no creo que queramos eso.

Desempleo políticamente correcto

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Afortunadamente, en aquella época, el Gobierno no era esclavo de lo políticamente correcto y enmendó su error derogando la ley para ese estado. Según un estudio sobre el impacto de la medida, los Estados Unidos perdieron entre 30.000 y 50.000 puestos de trabajo, aun cuando la ley se dejó de aplicar en 1940. Dicho de otra manera, la FLSA contribuyó activamente a que se prolongara la crisis.

José Luis Rodríguez Zapatero dijo el otro día que el Gobierno se centraría este año en la lucha contra el desempleo. Pero cuando el Estado intenta mejorar algo, termina haciendo el problema mayor. Dicho y hecho, la semana pasada los políticos aumentaron el salario mínimo (SMI) un 4% y todavía siguen pensando en cumplir la promesa electoral del PSOE de acabar la legislatura con un SMI de 800 euros (frente a los 624 actuales).

Se ha de ser muy socialista para no ver que España padece un gran problema con la creación de empleo. La situación empieza a ser desesperante. Tenemos aproximadamente el mismo número de desempleados que Alemania con la mitad de su población. Nuestro país encabeza el ranking de desempleo juvenil, con una tasa de paro de casi el 30% (el segundo es Suecia, con un 22%). Y, cómo no, somos el Estado de la UE donde más ha aumentado el desempleo.

Además, los socialistas han convertido los puestos de trabajos en auténticas trincheras. A finales de 2007, cuando España tenía dos millones de parados y las cosas iban relativamente bien, sólo el 50% de los desempleados tenían alguna opción de volver a encontrar trabajo. Ya se podrá imaginar el lector cómo debe de estar ahora el panorama, cuando acabamos de entrar en recesión.

Todas las leyes contra el empleo van siempre en detrimento del más débil. Si usted es un alto directivo de una multinacional que cobra 7.000 euros al mes, no tiene que preocuparse por el salario mínimo. Siempre podrá encontrar otro empleo. Si, en cambio, usted es un joven con poca experiencia y con escasa cualificación, leyes como el SMI son un importante obstáculo a su bienestar material.

Uno puede comenzar cobrando poco, porque su productividad sea baja. Pero con el tiempo, el aprendizaje y el trabajo duro, mejorará sus habilidades y conocimientos, accediendo a salarios más elevados o incluso a crear su propia compañía.

No olvidemos que el sueldo de un empleado es un coste para la empresa que está justificado por su productividad. El problema es que la mitad del salario que le corresponde a un trabajador se la queda el Estado. Haga la prueba con esta calculadora de impuestos. Si usted percibe unos 18.000 euros al año brutos –sueldo aproximado de un mileurista– la empresa ha de desembolsar al Estado el 46% de lo que usted cobraría. Es decir, si aboliesen toda tributación sobre los salarios, podría ganar lo mismo reduciendo a la mitad su jornada o percibir ese 46% de más.

Las leyes contra el empleo que aprueba el Gobierno, y muy especialmente el salario mínimo, no sólo dinamitan el bienestar del más desfavorecido, sino que crean discriminación y más delincuencia. En la época del Apartheid, los lobbies y sindicatos favorables a los blancos abogaban por altos salarios mínimos para dejar sin trabajo a los negros, generalmente más pobres y peor cualificados que los blancos de Sudáfrica. La llamada "basura blanca" (blancos de bajo nivel cultural y bajas rentas) tenían unas habilidades y niveles de renta superiores a sus equivalentes negros, por lo tanto, en determinados trabajos eran más productivos. Los sindicatos supremacistas sabían que si aumentaban el coste para las empresas que suponía el salario de sus trabajadores, los negros quedarían fuera del mercado laboral.

Lo mismo ocurrió en Estados Unidos y el salario mínimo consiguió el propósito de los supremacistas. En 1954 (primer año que se empezó a medir oficialmente el paro por razas) el nivel de desempleo entre blancos y negros iba casi a la par. En 1955, la FLSA de la que antes hemos hablado fue revisada y el salario mínimo se incrementó más de un 30%. Esto provocó que el paro entre los negros se disparase. Entre 1954 y 1980, el ratio de desempleo entre los jóvenes negros aumentó un 40%. Si comparamos entre blancos y negros, la diferencia entre los primeros y los segundos creció más de un 200%.

Y si los menos favorecidos no trabajan, ¿qué pueden hacer? Algunos de ellos, delinquir. En España nos vamos a enfrentar a este problema en un futuro cercano. Cada vez tenemos más inmigrantes poco cualificados. Algunos ni siquiera hablan bien el idioma y no conocen nada del país, lo que les sitúa en el nivel más bajo del mercado laboral. Si su precio de mercado es de 400 euros al mes, por ejemplo, y el Gobierno cumple con su promesa de elevar el salario mínimo hasta los 800, ¿qué empresas los van contratar? ¿Y qué otra opción van a tener esos inmigrantes para seguir sobreviviendo? ¿De verdad queremos que la delincuencia en España alcance los niveles de Estados Unidos? Zapatero con su visión surrealista del mundo está contribuyendo a que esto ocurra. La doctrina de lo políticamente correcto es muy cómoda para el gobernante; le hace ganar votos y alabanzas de los medios de comunicación, pero nos sume en una situación de inestabilidad y miseria. La única política laboral aceptable es que el Gobierno desaparezca del mercado de trabajo para siempre. Sólo así se creará riqueza para todos.

Los del Gordo la montan gorda

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Están estos señores enfadados por el hecho de que vayan a perder el monopolio de la venta de la Lotería Nacional y otras apuestas del Estado. Seguramente tengan razón en quejarse de la opacidad con la que el Gobierno está preparando la reforma legislativa, pero nada más. El resto de sus argumentos son propios de los que quieren seguir beneficiándose de una ya antigua situación que perjudica al resto de la sociedad.

Como todo aquel que pretende mantener una situación de privilegio, estos señores quieren convencernos de que tienen la razón diciéndonos que defienden nuestros intereses. Nada mejor que tratar de aparentar generosidad con el resto de la sociedad para proteger el propio lucro. Las organizaciones del sector se muestran especialmente preocupadas e indignadas por el hecho de que se vaya a poder vender lotería por internet, cuando en realidad se están quejando de que esta transacción pueda hacerse en sitios web que no sean los suyos. Es comprensible, se han disparado las compras de décimos a través de la red y ellos quieren cerrar este canal a la competencia o, directamente, impedir que se siga desarrollando por no estar, en muchos casos, dispuestos a adaptarse.

Argumentan las organizaciones de loteros que la liberalización en general –y en internet en particular– "abre un vacío legal tremendo" debido a que los operadores on line tienen sus sedes en paraísos fiscales y no pagan impuestos, lo que daña a la Hacienda Pública. Si eso fuera cierto, no me parecería mal. Nunca me he creído eso de "Hacienda somos todos", más bien pienso que "Hacienda nos roba a todos". Pero es que, además, da igual que el vendedor tenga su sede en Malta. Cuando adquiere el décimo para después venderlo a un tercero, a quien se lo compra es al Estado.

También nos dicen que la liberalización dañará a la Lotería, tanto en su imagen como en ventas. Este argumento no se sostiene. La imagen de estos sorteos no tiene nada que ver con el lugar donde se compran los décimos. Y aunque fuera cierto, ¿acaso hay que renunciar a mayores cuotas de libertad para mantener el modo en el que los ciudadanos perciben lo que no es otra cosa que un mecanismo del Estado para sacarles todavía más dinero? Y sobre las ventas, nos dicen que la existencia de más puntos de distribución no implica que haya más personas que compren. Pero ésa es la clave: la competencia.

La lotería es algo muy jugoso para quienes gozan del privilegio, otorgado por el poder, de venderla. Son ellos los que reparten los beneficios sin, hasta ahora, tener que hacer frente a nuevos competidores que tal vez sepan promocionarse mejor y que les puedan quitar una parte del pastel. No saben en propias carnes qué es competir, y casi seguro no sabrán afrontarlo. Por eso pretenden que los compradores de lotería sólo puedan acudir a ellos, ya sea en internet o fuera de ella.

Simplificación normativa

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

A la hora de emprender un negocio muchas son las preocupaciones que inquietan a los responsables del mismo. Toda labor emprendedora parte de una apuesta que realiza una o varias personas basándose en una idea. De alguna manera creen que es posible producir un bien o prestar un servicio que hasta dicho momento nadie lo había hecho, o de una manera superior a la de sus posibles competidores.

La mayor parte de estos emprendedores no tienen una formación extensa en leyes, ya que su conocimiento suele estar más centrado en la actividad sobre la que desea emprender el negocio, y no sobre los distintos aspectos legales que puedan afectar a la misma. Por tanto, la mayor parte de su esfuerzo va a ir enfocado a su actividad productiva, y a la búsqueda de posibles clientes que estén interesados en la misma.

Junto con este desarrollo de la actividad productiva y el contacto con el cliente, el emprendedor tiene otra serie de ocupaciones, como la búsqueda de personal, o de financiación para el proyecto.

Sin embargo, uno de los aspectos que más suele preocupar a los emprendedores son los requisitos legales que suelen existir a la hora de desarrollar la actividad, ya que muchas veces no existe relación aparente entre la actividad en cuestión y los requisitos legales a los que está sometida.

Antes de que un emprendedor inicie una actividad en España, sea cual sea ésta, ha de realizar diversos trámites ante la administración tributaria, notarías, el registro mercantil, la Seguridad Social y la concejalía de urbanismo del ayuntamiento donde se desarrolle la misma. Si se tratase de una actividad sometida a una legislación específica los trámites se complican aún más.

No obstante los trámites legales no acaban con el inicio de la actividad, sino que a lo largo de todo su desarrollo estarán presentes e incluso se incrementará el número de administraciones con las que el empresario deberá tener contacto.

Todos estos trámites tienen un coste para el empresario, ya que le suponen un gasto en asesores y en dedicación de tiempo. Además, el desconocimiento de las mismas puede llevarle a cometer errores con sus correspondientes sanciones.

Puesto que la actividad principal del emprendedor no debe ser la cumplimentación de trámites sino el desarrollo de la actividad de su negocio y la satisfacción del cliente, lo ideal sería que éstos fuesen lo más simples posibles, de tal manera que éste pueda dedicar todo su esfuerzo en el negocio. No obstante, no siempre sucede así, llegándose a duplicar muchas veces los trámites que hay que realizar, al tener que proporcionar la misma información ante administraciones distintas y de manera no siempre sencilla.

Una legislación simple, de fácil comprensión y tramitación evitaría al emprendedor cometer distintos errores ante las administraciones públicas, facilitaría su cumplimentación y aumentaría la seguridad jurídica al ser más comprensible. Además, podría dedicar una proporción mayor de su tiempo a los aspectos esenciales de su actividad, como la satisfacción del cliente, que es quien le proporciona los ingresos.