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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

La rapidez del proceso emprendedor

Supongo que a todos nos ha pasado. Tras unos cuantos años, ocurre que retornamos a una ciudad o pueblo en el que pasamos un tiempo prolongado, quizá parte de la infancia, o simplemente unos meses de estudio, o de trabajo. Recorremos sus calles con un cierto punto de nostalgia, y siempre aflora el comentario: "anda, pues aquí había una cafetería, y fíjate, ahora hay una tienda de ropa", "aquí venía con los amigos a tomarme un helado; qué pena, ahora es una discoteca", "vaya, han cerrado el cine al que solíamos venir"…

Son los resultados del proceso de emprendimiento que caracteriza al ser humano y que se manifiesta con todo su esplendor en el libre mercado. Gracias a los emprendedores, enormes cantidades de recursos son movidas de unos usos a otros, buscando incesantemente su asignación a los mejores usos para los congéneres. Con la esperanza de que tal mejor uso revierta en mayores beneficios para el innovador.

Es por eso que la cafetería cede el paso a la tienda de ropa, y la heladería a la discoteca, o se cierra el cine. Pasa el tiempo, cambian los gustos de las personas o simplemente, los emprendedores son capaces de identificarlos mejor. Alguien se dio cuenta de que en el local que estaba la cafetería, por su situación o por otras razones, se podría obtener un mayor beneficio vendiendo ropa. Y procedió a arriesgar sus recursos, quizá el propio local, para ver si se cumplía su visión.

Otro emprendedor pensaba que la gente querría ver películas en gran formato, decidió montar un local de cine, y, con el tiempo, se dio cuenta de que se había equivocado en su planteamiento. No es que la gente no quisiera ver películas, pero no estaba dispuesta a pagar por ello una cantidad que compensara al empresario los desembolsos realizados. Dicho de otra forma, el empresario estaba usando mal los recursos escasos al dedicarlos a una actividad no valorada suficientemente por sus congéneres.

Y así avanza la sociedad.

Alguien puede pensar, tal y como se ha descrito, que estamos ante un proceso lento, pues lleva tiempo adecuarse a las necesidades de la sociedad. Recuérdese el punto de partida: "tras unos cuantos años…"

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El proceso emprendedor es rapidísimo, increíblemente rápido si tenemos en cuenta el volumen de recursos que se mueven. Si eliminamos de la descripción anterior el efecto nostalgia, y nos vamos de paseo por nuestra ciudad de residencia, podremos constatar que no han de pasar años para que los locales cambien de uso. Un buen día vemos que la tienda de abajo ha cerrado; a la semana, vemos unos cuantos albañiles dentro de ella, y en otra semana, se abre un bar de nuevo diseño. Hay veces que uno se lleva sorpresas dentro de su propia manzana.

Los emprendedores son rápidos y eficaces. Tan rápidos como pueden: están adelantando pagos para hacerse con los recursos que necesitan para llevar a cabo su idea, y quieren experimentarla cuanto antes. Va en su interés saber en el menor tiempo posible si tendrán éxito o no, si han acertado en sus previsiones respecto a las necesidades de sus conciudadanos.

De hecho, los mayores obstáculos a la velocidad de los emprendedores no tienen mucho que ver con el mercado, sino con su regulación y la intervención de las administraciones públicas. Probablemente, la mayor componente en el retraso del nuevo bar habrá sido la concesión del permiso de obras, o de la licencia para expedir bebidas alcohólicas, o darse de alta en el registro que corresponda. Pues ninguna de las personas de las que dependen estas concesiones están guiadas por el mismo principio; para estos funcionarios, los retrasos no significan ninguna pérdida.

Cuando uno observa la crisis económica en que estamos metidos, y lee los pronósticos sobre todos los años que nos quedan por sufrir antes de ver su final (toma mensaje esperanzador para los 4 millones de parados que ya pueblan nuestras calles), uno no puede evitar fijarse en estos rápidos cambios de uso para los locales.

De la crisis económica, solo hay salida por una vía, y no es la "social": es la vía del emprendimiento, que será capaz de llevar los recursos, ahora utilizados mal, a sus usos correctos. Y encima lo hará en mucho menos tiempo del que imaginamos, pues es un proceso muy rápido.

Gobiernos, liberen de sus cadenas al proceso emprendedor (o sea, dejen de intervenir en el mercado); libérennos de esta crisis.

Sindicalistas dinamiteros

Los problemas económicos que sufren las empresas, los más de cuatro millones de parados y los expedientes de regulación de empleo que brotan a diario en España como champiñones en un estercolero, son estricta responsabilidad de Doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma.

Zapatero no sólo no tiene nada que ver con esta crisis, sino que es precisamente el personaje providencial que está impidiendo el recorte de derechos sociales que la derecha busca haciendo honor a su tradición antiproletaria, de ahí que las algaradas, los apedreos y el lanzamiento de petardos sólo tengan como objeto a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En Andalucía, que ostenta la plusmarca mundial en porcentaje de desempleados, los sindicatos no han convocado manifestación alguna. En Madrid sí, y como en la lucha por el socialismo todo sacrifico es insuficiente, los profesionales del sindicalismo han "elevado el listón de la crítica", que diría Anson (sin tilde, al modo británico) y han decidido boicotear una sesión parlamentaria entre el aplauso, como no, de los diputados socialistas y comunistas, siempre dispuestos a defender la libertad de expresión de los oprimidos, incluido el lanzamiento de petardos y adoquines, que es una forma como cualquier otra de dialogar democráticamente.

En el diario del grupo PRISA, emporio ideológico-empresarial cuya extraordinaria salud financiera hace que sus trabajadores estén la mar de contentos, afirman que las algaradas en la Asamblea de Madrid son un estallido social. Habrá que ver cómo califican a sus trabajadores cuando la brillante gestión de Cebrián los ponga en la puta calle y se produzca otro "estallido social" a las puertas de la sede del grupo. Seguramente a eso se le llamará entonces un "ataque intolerable contra la libertad de expresión".

La "asimetría reivindicativa" de los sindicatos nace de una confusión primordial que considera el trabajo no el primero de los derechos sociales, sino un castigo divino que conviene eludir el mayor tiempo posible. En función de esa deformación de la realidad, los sindicatos denominados "de clase" no van a denunciar al que destruye esa maldición bíblica a velocidad de escape terrestre, sino a hacer política, que es en última instancia el objetivo para el que fueron creados. Si además el Gobierno duplica el importe que entrega anualmente a fondo perdido a los dos grandes emporios sindicales, la defensa de Zapatero y el acoso a sus rivales políticos es ya una cuestión empresarial. Como decía el protagonista de El Padrino, "son sólo negocios".

¿Quién nos sacará de la crisis?

Una de las películas que casi indefectiblemente suele exhibirse por televisión en la temporada navideña es “Qué bello es vivir”. En ésta se nos narra cómo George Bailey, interpretado por el inigualable James Stewart, a base de esfuerzo, sacrificio y tesón, va manteniendo y levantando la compañía de empréstitos, que heredó de su padre, frente a distintas adversidades que se van presentado.

La película, analizada desde una óptica económica, nos permite extraer algunas conclusiones. Una de ellas es, sin duda, que la compañía de empréstitos no hubiese podido sobrevivir sin todo el sacrificio que el protagonista realizó. Así, acepta dirigir la compañía, cosa que a principio no quería, accede a no ir a la universidad por tener que encargarse de la compañía, o, en el mismo día de su boda, sacrifica su luna de miel y sus ahorros familiares, para sostener la compañía frente a un pánico bancario. Fue el tiempo, esfuerzo y dinero de George Bailey lo que permitió que la compañía sobreviviese frente a numerosos avatares, incluida la crisis del 29.

Sin duda alguna, cualquier empresa que veamos hoy en día es el resultado del tiempo, dinero y esfuerzo de distintas personas. Indudablemente serán de una naturaleza distinta a los que podemos encontrar en la película, pero habrán realizado sacrificios de diversa índole. La historia de cada empresa suele tener tras de sí el esfuerzo de muchas personas, ya sean trabajadores, empresarios o amigos y familiares de los anteriores.

A la hora de desarrollar políticas económicas para afrontar la crisis, suelen emplearse términos como demanda agregada, gasto público, tipos de interés, déficit público, estimulación del consumo, etc. A menudo, sólo se suele emplear determinada jerga técnica, omitiéndose cualquier referencia a aquellas personas con cuyo esfuerzo y sacrificio se han levantado las distintas empresas que existen hoy en día. Incluso aunque, a veces, se hable de personas, se suele hacer referencia a ellas como meros peones que han de cumplir fielmente la misión de consumir, función que, como tal, buscan determinados planificadores estimular y conducir. Pero es muy raro que se recuerde el papel que tienen las personas a la hora de crear y mantener una empresa.

Si se pretende desarrollar una política económica que permita afrontar la crisis con mayor facilidad, ésta ha de tener en cuenta al núcleo de la economía, es decir a la persona. Es el esfuerzo de millones de personas lo que permite a todas las empresas que existen hoy en día sobrevivir y avanzar. Por tanto la política económica debe de dejar de considerar al Estado como el elemento sin el cual no se puede salir de la crisis, pasando dicho papel al individuo. Para ello debe permitirse que la persona pueda gozar de plena libertad para que pueda dedicar su tiempo, dinero y esfuerzo en aquellas labores que estime oportuno, y pueda así tomar el papel de protagonista que le corresponda, sin que dicha actuación venga dictada por el Estado.

La salvación de la crisis, por tanto, no vendrá ni del gasto público, ni de las políticas de estimulación de la demanda, sino del esfuerzo y sacrificio que innumerables personas, como George Bailey en la película, realizan día a día de manera anónima y encomiable.

Sombra aquí y sombra allá

Con independencia de los maquillajes estadísticos que aplique el Ministerio, la realidad es que no existe por el momento ni una sola señal esperanzadora sobre la futura evolución del paro en España.

Para empezar, la última Encuesta de Población Activa (EPA) arrojó un dato desolador: la tasa de desempleo alcanzó el 17,3% el pasado 15 de febrero, fecha en la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) cerró el muestreo que sirve de base para componer la EPA del primer trimestre de 2009. Es decir, en la actualidad, España ya ha superado con creces ese porcentaje. Además, la Comisión Europea, de cuyos cálculos uno no debe fiarse, prevé una tasa del 20,5% para 2010. El problema es que la propia Comisión reconoce que sus pronósticos están desfasados, ya que han sido superados por la realidad: estimaba un paro próximo al 17% para el presente año.

Más allá de los porcentajes, la clave de la cuestión radica en que el tiempo pasa, los trabajadores se van a la calle y ninguna fuerza política de este país parece estar dispuesta a afrontar la situación. Esto es, apostar por una profunda reforma que flexibilice al máximo un mercado laboral, cuya estructura y regulación fue impuesta por el franquismo. ¡Abajo los sindicatos verticales! Bye, bye diálogo social. O se impone la cordura y se hacen los deberes en esta materia o nos veremos abocados a picos de paro nunca vistos en este país, de entre el 25% y el 30% en 2010 ó 2011, junto a un desempleo estructural atenuado a base de subsidios públicos.

Por desgracia, nada hace pensar que esto vaya a ocurrir en el corto plazo. Por ello, el Gobierno tira ya con descaro de la ocultación de datos y el maquillaje de cifras para ofrecer a sus electores una imagen edulcorada del auténtico drama social que ya asoma. Primero fue el efecto Caldera, un cambio estadístico aprobado en febrero de 2008, justo antes de las elecciones, y que consiste en sacar de las listas del Inem a todos aquellos desempleados que acuden a cursillos de formación, y que se engloban bajo las siglas de demandantes de empleo no ocupados (DENOS).

Por si ello fuera poco, los parados "con disponibilidad limitada" o con "demanda de empleo específica" tampoco aparecen en las cifras oficiales del paro. Los prejubilados o afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) son, igualmente, tratados como desempleados de segunda categoría. Con tales trucos de magia no es de extrañar la divergencia existente entre los datos que ofrece Trabajo y los que refleja la EPA.

Además, en un alarde de creatividad estadística, el Ministerio que dirige Corbacho decidió no publicar las cifras de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al último día de mes. Un dato que, históricamente, es el que se venía empleando como referencia a la hora de medir el ritmo de destrucción o creación de empleo en España.

Más allá del mercado de trabajo, destaca la estadística que, periódicamente, ofrece el Ministerio de Vivienda sobre el precio de los pisos. ¿Alguien se cree de verdad que los inmuebles se hayan depreciado de media apenas un 6,5% interanual en el primer trimestre de 2009, tras sufrir la mayor burbuja a nivel mundial en este ámbito? Algo no cuadra, sobre todo, cuando los bancos y la mayoría de inmobiliarias ofrecen descuentos de entre el 30% y el 40% sobre su valor máximo.

¿Cómo es posible? El truco radica en que Corredor se basa en los datos de compraventa que revisan los notarios y que, como es lógico, cuentan con un retraso de meses, si no de años, con respecto al precio de las transacciones actuales. Una filfa más del Gobierno que, pese a constituir un dato oficial, nada tiene que ver con la realidad. Cualquier propietario que hoy pretenda vender su piso sabe que le resultará muy difícil si no está dispuesto a ofrecer una rebaja sustancial.

Por último, y sin ánimo de ser exhaustivo, el próximo paso será maquillar el PIB de cara a las elecciones previstas para 2012. El INE renovará poco antes la Contabilidad Nacional con la intención de hacer aflorar partes de la economía que hoy no aparecen. Es decir, engordará las cifras del Producto Interior Bruto. El dinero negro y la economía sumergida tienen un peso muy importante en España debido a las trabas administrativas y fiscales vigentes.

De este modo, el Gobierno apuesta por el apagón estadístico para suavizar los datos y por una agresiva política de subsidios para tapar los agujeros que sobren y, así, acallar bocas. Algo que, por otra parte, está en sintonía con el discurso propio de todo gobierno: cuando las cosas van bien, van "mejor", mientras que si la cosa pinta mal "no es para tanto", "no hay que exagerar". No se crean ni una palabra. Medios, empresas y particulares deberían empezar a tomarse en serio los datos y cifras que ofrecen organismos y analistas independientes. Que el Estado pruebe su propia medicina. Apagón informativo a las estadísticas de las instituciones oficiales o, como mínimo, dudar, que siempre es bueno.

Los enemigos de los trabajadores

La realidad es muy distinta. La finalidad de los sindicatos es matar la economía, esto es, la destrucción de la prosperidad que favorece el sistema de libre mercado y de división del trabajo. Y es que, como atinadamente resume el economista George Reisman, los sindicatos son "básicamente organizaciones parasitarias que medran únicamente saqueando y en última instancia destruyendo las empresas que controlan. Su objetivo básico es forzar que se paguen mayores salarios por trabajos cada vez más reducidos y menos productivos". La antieconomía: producir cada vez menos y consumir más. Extraña ecuación que sólo encaja porque la diferencia entre una producción menguante y un consumo creciente se salda socavando la riqueza acumulada en un país hasta que se agota; aquello de comerse incluso las patas de la gallina de los huevos de oro.

Así pues, la implantación de las prescripciones de los parasitarios sindicatos sólo terminan en un punto: con la muerte del huésped, esto es, con la descapitalización de la empresa que los sufría. Y sin empresa no hay trabajadores ni derechos del trabajador que valgan; que se lo digan a General Motors y a sus empleados.

Merece la pena tener esto presente cuando en días tan mediáticos como hoy se escuchan sus propuestas para salir de la crisis: huir del capitalismo, no abaratar el despido, aumentar los salarios, subir los impuestos, incrementar el gasto y la deuda pública y obligar a los bancos a que expandan el crédito. Recetario que nos arrojaría, más aún si cabe, al abismo. Algunos parecen entusiasmados con las proclamas ideológicas de Zapatero del estilo "la salida de la crisis será social o no será", trasunto de aquellos apolillados "comunismo o muerte" que siempre concluían con muerte; también ahora, porque "no será". Hágase injusticia aunque perezca el mundo.

Sería inútil explicarles a esto retrógrados que precisamente porque se está incrementando la deuda pública los bancos están dejando de prestar dinero a las empresas o que negarse a abaratar el despido y aumentar los salarios equivalen a condenar a determinados trabajadores al ostracismo laboral. Incluso economistas tan antiliberales como Paul Krugman saben que el tejido empresarial español no sobrevivirá sin reformas que abaraten sus costes.

Y sería inútil porque los sindicatos españoles ni viven de mejorar la vida de los españoles, ni de los trabajadores, ni siquiera de sus afiliados. Explotan algo tan capitalista como es una marca: la marca del sindicalismo, del miedo y la amenaza contra las compañías que se nieguen a plegarse a su chantaje. Hablan de "paz social" o de "diálogo social" sólo para advertir que ellos están legitimados para iniciar la "guerra social". Su influencia y sus subvenciones son un peaje que los políticos españoles les pagan puntualmente para garantizar su comportamiento cívico; es decir, para evitar que salgan a la calle a violar los derechos de los demás ciudadanos. Extraño Estado de derecho aquel en el que unos se arrogan el derecho a chupar del bote a cambio de respetar el Código Penal.

Puede que con Zapatero sea imposible la reforma laboral. Pero sin duda con la presencia institucional y los privilegios que ostentan los sindicados españoles, ningún político se atreverá más que a parchear uno de los mercados de trabajo más rígidos y anquilosados del mundo. Con semejantes moscardones ejerciendo de lobby para hundir la economía, complicado panorama tenemos por delante.

No estaría de más que antes de seguir escupiendo prejuicios los sindicatos recordaran cuál ha sido hasta la fecha el saldo para los obreros de las políticas que propugnan y que tan diligentemente ha aplicado el PSOE: cuatro millones de parados. Que luego se atrevan a repetir sin que les tiemble la cartera que son los defensores de los trabajadores.

Para empezar, que dimita Zapatero

Pese a lo absurdo que nos parezca en perspectiva ese cartel, apenas hace un año estaba colgado por todas las calles de España y sirvió al PSOE para ganar las elecciones. Quizá los españoles deberíamos plantearnos quién ha hecho más el ridículo aquí: si ellos por prometer el pleno empleo en la antesala de la mayor destrucción de puestos de trabajo de nuestra historia o nosotros por creerlos.

En todo caso, el mal ya está hecho y bien que lo están sufriendo cada día miles de españoles; en concreto, y con los deprimentes datos de la EPA en la mano, casi 9000 personas pierden diariamente su empleo. Ya hemos llegado a los cuatro millones de parados, esa cifra que hace escasos meses Corbacho y Solbes juraban que nunca alcanzaríamos; del mismo modo que, dicho sea de paso, Corbacho promete ahora no llegar a los cinco millones y que el sistema de pensiones no corre ningún peligro.

¿Existe algún Ejecutivo en toda Europa con más mentiras económicas en su haber? Esto no tiene nada que ver con errores de diagnóstico, sino con una deliberada voluntad por engañar día sí y día también a todo el mundo; como ya hicieron durante la campaña electoral –y como parecen estar haciendo en esta otra campaña electoral extendida en la que han convertido la IX legislatura– han negado la realidad cuando estaba justo delante de sus narices. ¿Y por qué? Simplemente para justificar su inacción reformista: Zapatero sabe que no sobrevivirá con un rechazo explícito de su electorado más radical y con una sublevación sindical. El presidente del Gobierno se ha convertido en preso de su propia ideología, no puede dar un paso atrás so pena de perder el poder. Así que prefiere arrastrarnos a todos con él e ir maquillando un poco la situación.

Sin embargo, por muchos polvos que le ponga, la situación resulta ya demasiado sangrante como para que este Ejecutivo siga enrocado en la típica costumbre política de aferrarse al sillón. En un año, el número de parados se ha duplicado de dos a cuatro millones y las recetas socialdemócratas que se consideraban efectivas entonces –no liberalizar el mercado de trabajo, no recortar las cotizaciones a la Seguridad Social e incrementar el subsidio de desempleo– se siguen juzgando pertinentes ahora, ¿acaso quieren que pasemos de cuatro a ocho millones en 2010?

No, es imprescindible un cambio de rumbo a menos que queramos que las tensiones económicas, políticas y sociales terminen descomponiendo –argentinizando o libanizando– el país. Obviamente España atraviesa una crisis económica de mucha gravedad y nadie debería esperar que la reestructuración fuese sencilla. Precisamente por eso, es el momento de olvidarse de la cantinela zapateril y de aplicar grandes reformas en todos los ámbitos: hemos vivido una década en una falsa prosperidad y ahora la cruda realidad llama a la puerta.

Tres son las recetas esenciales que hacen falta no sólo para solucionar la lacra del paro, sino para empezar a salir de la crisis. Primero, liberalización profunda de todos los mercados (laboral, energético, minorista y de transportes). Segundo, poner fin a todas las iniciativas de rescates de promotores y demás empresas en dificultades. Tercero, recorte muy drástico del gasto público para eliminar el déficit público y poder bajar impuestos.

Este Gobierno ni tiene voluntad ni está en absoluto legitimado para liderarlas, ya que lleva meses sosteniendo que tales medidas son justo las contrarias a las que hay que adoptar. Así les va y así nos va. Por tanto, parece que la primera decisión importante de política económica a aprobar debería ser el cese de Zapatero y la convocatoria de nuevas elecciones. Claro que esto no es más que política ficción: ni Zapatero va a disolver las Cortes en sus horas más bajas ni probablemente Rajoy tenga el valor necesario para sacar ese programa adelante.

Por eso, dentro de unos meses seguiremos lamentándonos de cuánto empleo se destruye en España y el Ejecutivo continuará prometiéndonos que dentro de un trimestre veremos la ansiada recuperación. Supongo que en algún momento acertarán si es que antes la sociedad no revienta.

Los viajes de Gulliver

Probablemente una de las fábulas más interesantes que ha producido la literatura universal es el libro de Jonathan Swift Los Viajes de Gulliver. Las experiencias de ese viajero por países remotos han hecho las delicias tanto de niños con una imaginación despierta, como de adultos que captan la sátira que encierra la novela. No fue Swift el primero en recurrir a la mirada atenta del "extranjero" para denunciar los vicios y las miserias de una determinada sociedad. Un siglo antes, el padre de la novela moderna, Miguel de Cervantes, había utilizado este sutil recurso en distintos pasajes de El Quijote. Este recurso narrativo tiene un efecto brillante. No en vano, el autor puede desdoblarse en la ambigua posición del foráneo y, en tiempos que parecían pasados, distanciarse de sus auténticas opiniones tras el disfraz de un personaje ficticio.

Como si los líderes "liliputienses" se hubieran reencarnado en la casta política española, el recuerdo de la gran novela de Swift me asaltó cuando leí la noticia sobre los denodados esfuerzos de los eurodiputados españoles del PSOE y el PP para evitar que el Parlamento de Estrasburgo aprobara una resolución que no sólo condenaba la legislación urbanística española y el lamentable funcionamiento de los tribunales que no han tutelado el derecho de propiedad de las decenas de miles de peticionarios, sino que, además, recomendaba la interrupción de las ayudas comunitarias que recibe el país si no se subsanan los problemas detectados en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

Pese a tan magno despliegue, el informe redactado por la eurodiputada ecologista danesa Margrete Auken se aprobó por la resolución adoptada en la sesión celebrada el pasado 26 de marzo por una amplia mayoría de votos. Si bien adolece de ciertas deficiencias, sobre todo cuando aborda la incidencia que la gestión urbanística tiene sobre el medio ambiente, se observa que una parte fundamental trata del pisoteo del derecho de propiedad que se viene perpetrando en España en materia urbanística, debido a la introducción de la figura del "agente urbanizador" en las legislaciones urbanísticas autonómicas.

Como ya denunció este Instituto, cuando en 2007 se debatió la primera reforma promovida por el Gobierno socialista de la Ley del Suelo estatal –que luego daría paso al enésimo texto refundido del año siguiente– la generalización de la figura del agente urbanizador, que hasta entonces solo recogían doce legislaciones autonómicas, suponía un nuevo ataque al derecho de propiedad, que se añadía al ya de por sí intervencionista modelo urbanístico español. En la línea asumida por el Parlamento europeo, también se advertía que la corrupción y los abusos que campan en las administraciones públicas se intensificarían con un instrumento legislativo que también reducía arbitrariamente el justiprecio del suelo urbanizable a efectos expropiatorios.

Es evidente que los criterios de acumulación de las distintas peticiones contra España –o, más concretamente, contra sus ayuntamientos y comunidades autónomas– por parte de la comisión del Parlamento Europeo han convertido los asuntos que trata la resolución en una amalgama heterogénea. Hasta tal punto, que, aunque parezca sorprendente dada las encendidas críticas contra la vulneración del derecho de propiedad privada frente a confiscaciones de viviendas privadas diseminadas dentro del ámbito de la urbanización forzosa concedido a los agentes urbanizadores, el eurodiputado de IU, Willy Meyer, quiso capitalizar como éxito propio la resolución.

Sin embargo, para comprender la magnitud del escándalo, que tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación de distintos países europeos, debido a que muchos de los afectados, agrupados en la organización Abusos Urbanísticos No (AUN), procedían de ellos, debe de leerse el documento de trabajo que redactaron otros dos eurodiputados, después de trasladarse a distintas regiones españolas a principios de 2007.

En ese informe se puede leer lo siguiente:

En ningún otro país de la UE se han violado de tal modo y en tal magnitud los derechos de propiedad de los ciudadanos, ni se han recibido peticiones sobre este tema de ningún otro Estado miembro de la UE. El motivo de preocupación más parecido se localiza en los Estados miembros del antiguo bloque oriental y se refiere a la restitución de los inmuebles confiscados durante los regímenes políticos previos a su adhesión a la UE.

Es un hecho que el respeto del derecho de propiedad en los países europeos no alcanza tampoco unas cotas muy boyantes y, por lo demás, las resoluciones del parlamento no tienen un efecto vinculante claro sobre las actuaciones del Consejo y la Comisión Europea. No obstante, esta última ha incoado procedimientos contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE debido al incumplimiento de la directiva europea sobre contratos públicos por parte de las leyes urbanísticas de la Comunidad Valenciana (LRAU y LUV).

Ahora bien, aunque los eurodiputados que han intervenido no puedan compararse con el sin par Gulliver, ni todos los argumentos que vierten en sus prolijos informes merezcan igual consideración, un par de cuestiones quedan claras:

  • La casta política española ha conseguido montar un tinglado donde se conculca hasta tal punto el derecho de propiedad privada que ha conseguido que el consenso socialdemócrata europeo equipare su régimen jurídico al que caracterizaba a las antiguas dictaduras comunistas de Europa del Este.
  • Para salir de este atolladero, dentro de un plan de flexibilización de todos los factores productivos de la economía, deben reformarse radicalmente las leyes del suelo vigentes y, sobre la base de una delimitación clara y sencilla del derecho de propiedad privada de la tierra, permitir que las fuerzas del mercado determinen los usos y los precios.

Ni saben lo que dicen ni les interesa

Por eso se ha refugiado en la vieja guardia, como Manuel Chaves, que ya son ganas. Chaves será el encargado de engañarlos a todos para dar con una solución al sudoku autonómico, otro juego imposible, porque sólo se podría resolver si el total fuese un 150 por ciento, y no sólo el cien de rigor. La suma de expectativas de las partes multiplica el dinero por repartir, y no puede haber solución sin decepciones, también multiplicadas.

A la vista de todos está de forma descarnada, en este enjuague, la verdad de en qué consiste la política. La política no es el espacio en que los probos representantes del pueblo luchan por recoger los anhelos del pueblo para hacerlos realidad según su particular parecer, sino un proceso por el que los grupos organizados consiguen dinero a costa de los grupos no organizados (el ciudadano de a pie), y en que los políticos aparecen como jueces… y parte.

Resuélvase este reparto como fuere. Lo cierto es que España necesita dar una solución a la financiación de las autonomías, y que el descrédito de la actual es generalizado. Estamos a medio camino entre un sistema centralizado, ya que gran parte de la caja pertenece al Estado, y un sistema descentralizado. La combinación sólo coge los vicios de los dos casos. Favorece la reivindicación de lo propio frente al Estado, que encarna la unidad nacional. Favorece, pues, los nacionalismos y la insolidaridad.

Sería mucho mejor que cada autonomía viviese sólo de los impuestos que puede recaudar de sus ciudadanos, y punto. De este modo, cada camarilla política regional no podría excusarse en que no les quieren desde "Madrid", ni pueden venderle a sus ciudadanos que están explotados por los demás. Y se verían ante la necesidad de responder sola y exclusivamente ante sus propios electores, a los que tienen que convencer de su gestión, ya que es a ellos a quienes les van a sacar la pasta. Ya no vale el discurso victimista frente al Estado, que hoy han hecho suyo, excepción hecha de Madrid, especialmente las comunidades más ricas, como Cataluña y País Vasco.

Además, un sistema fiscal completamente descentralizado, un federalismo fiscal, favorecería la competencia entre las comunidades, algo que sólo puede beneficiar a los sufridos contribuyentes. Muchos echarán en falta la solidaridad, pero esta sólo tiene valor moral si es voluntaria, y de hecho sólo resulta efectiva cuando es privada. Y en esa competencia fiscal, son las comunidades más pobres las que más pueden salir ganando.

Sería tan sencillo como que el Estado fije un tramo común del IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades y, con ciertas normas comunes, cada autonomía sumase a éstos sus impuestos. Pero ¿ven a algún partido político proponiéndolo? Será que no les interesa.

Malditos mínimos de calidad

Uno de los aspectos que más le gusta regular a los gobiernos es el de los requerimientos mínimos que ha de cumplir un producto o servicio para poder ser comercializado. Es un aspecto bastante atractivo, con el que nuestros políticos consiguen ponerse medallas a un bajo coste político. Evidentemente, las medallas se las ponen únicamente aquellos consumidores poco familiarizados con la teoría económica. Y el bajo coste es solo político, pues supone altos costes directos para las empresas que los sufren, e indirectos para los ciudadanos, sí, los mismos que alegremente ponen al político regulador la medallita.

Porque la imposición de requerimientos mínimos de calidad tiene dos efectos directos, ambos negativos para el consumidor: la erección de barreras de entrada a posibles competidores y la elevación de los costes de producción, lo que a su vez conllevará el incremento del precio del producto. En definitiva, gracias a la fijación de mínimos de calidad se excluye a muchos potenciales oferentes del producto y a muchos segmentos de demandantes.

Veámoslo con un ejemplo. Quién más y quien menos habrá ido a la típica verbena de un pueblo pequeño, o a las actuaciones de verano de un hotel. Los artistas profesionales, las orquestas, cantantes o magos que aquí actúan realizan un excelente trabajo, muchas veces en condiciones bastante adversas, pero no suelen tener de un gran nivel de calidad.

Imaginemos que pasaría si algún iluminado de la administración decidiera regular unos mínimos de calidad para la actuación de artistas al público. Como no soy experto en estos parámetros, permitidme que no dé detalles de cual podría ser esa regulación, pero aceptemos que se requieren ciertas dotes determinadas, o una formación de varios años, o pasar un determinado examen.

Muchos de los artistas que en la actualidad ofrecen sus servicios, ya no podrían hacerlo, al menos de forma legal. No es que dichas actuaciones no sean valoradas por los clientes, simplemente que no cumplen los mínimos requeridos por el funcionario. Por supuesto, la audiencia seguiría disfrutando con la actuación, aunque, como antes, preferiría a Madonna o a Martes y 13.

Sin embargo, esos artistas de mayor calidad exigen una mayor retribución que la exigida por los artistas normales. Por tanto, los hoteles, ayuntamientos o simplemente clubes que antes podían permitirse pagar algunas de esas actuaciones, ya no pueden hacerlo. Automáticamente, estos segmentos quedan excluidos del producto. Los niños de los pueblos antes tenían su función de magia anual, lo mismo que los abueletes su ración de pasodoble. Gracias a la nueva regulación, los ayuntamientos ya no podrán pagar ni mago ni orquesta para que amenice las fiestas. Niños y abueletes quedan igualmente perjudicados por esta medida que aparentemente les beneficiaba.

No acaban aquí los efectos dañinos, por desgracia. Aquellos artistas que cumplan con los mínimos de calidad están ahora más protegidos frente a los competidores "de bajo coste", por lo que pueden exigir un precio mayor por sus servicios. En efecto, pensemos en un grupo de aficionados al flamenco. No son muy buenos, pero ensayan en sus ratos de ocio y, eventualmente, consiguen unos contratillos para ofrecer bailes en hoteles o discotecas. Gracias a este contrato inicial, quizá se puedan plantear dedicarse a tiempo completo al arte, y poco a poco mejorar en calidad hasta suponer una amenaza (se entiende competitiva) a los artistas consolidados.

Pues bien, gracias a la regulación de mínimos, esto no podría pasar. Los artistas del párrafo anterior deberán conseguir su nivel de excelencia ensayando mientras compatibilizan su afición con un trabajo que les dé de comer, lo que es bastante más difícil. Así las cosas, pocos artistas podrán avanzar por esta vía hacia el estrellato, dejando más confortable la posición de los artistas "de calidad".

En este ejemplo hemos hablado de artistas, actividad no sujeta a regulación de mínimos. Alguien puede pensar que esta regulación es lo excepcional, pero no es así. Una simple mirada a nuestro alrededor basta para confirmar que son numerosísimas las actividades y productos de los que la regulación exige un mínimo de calidad, sea de una forma u otra: médicos, arquitectos, manipuladores de alimentos, abogados… incluso porteros de discoteca (desde hace poco en Madrid).

En todos estos casos, puede que, sí, se consiga un producto de mejor calidad (no me atrevería a decir garantizada). Pero se trata de un producto al que solo pueden acceder determinadas capas de la población, y a un precio más alto del que correspondería.

Para el que dude de la calidad que se conseguiría en ausencia de la regulación, no olvidemos que los "productores" de los servicios, regulados o no, pretenden vivir bien de dicho comercio, por lo que la calidad del producto está asegurada por el propio interés de supervivencia del productor. En un libre mercado, el artista o el médico malo tiene los días contados, aunque haya aprobado todos los exámenes del mundo; en el libre mercado, solo sobreviven los que ofrecen el mejor servicio posible a cada precio.

La Hora de los Logros Humanos

Así, autoridades poco dedicadas al bien común y demasiado a la propaganda se pusieron a apagar los focos que iluminan diversos monumentos, mientras un número indeterminado de personas –pero que por supuesto los ecologistas cifraron en 1.000 millones en todo el mundo– decidieron apagar la luz. El efecto real fue, claro, insignificante: la hora prevista fue la de mayor consumo eléctrico del día y el consumo fue poco más de un 1% menor que el sábado anterior.

Hay dos cosas sobre esa hora de apagar las luces que me irritan profundamente. La primera ya la identificó el propio Lomborg: estas mamarrachadas son un modo de que la gente se piense que hay soluciones sencillas a los problemas y que todo depende de tomarse la molestia de apagar la luz una hora. Pero por supuesto, como diría Ramón Calderón, eso no es así, eso no es verdad. El proyecto ecologista contra el calentamiento global exige sacrificios reales y mucho mayores, como el de enviar al paro a millones de personas en todo el mundo y rebajar significativamente nuestra calidad de vida. Desgraciadamente, a nuestro alrededor hay demasiados adolescentes en términos morales para los que lo único que cuentan son las emociones, no la realidad, y especialmente el sentimiento más importante en términos políticos: la autosatisfacción.

Pero aún más indignante y, si me permiten, más adecuado a esta sección de internet y tecnología a la que debería dedicar mis artículos (sí, señor director, a los pies de su señora, señor director), es la ceguera voluntaria que impide a los ecologistas ver ninguna solución que no pase por una restricción al uso de la tecnología, en lugar de abogar por lo que siempre ha hecho la humanidad para solucionar los problemas causados por su progreso: progresar aún más. No, los apocalípticos del calentamiento global quieren que produzcamos menos y optemos por tecnologías ineficientes y ruinosas, que reducen nuestro nivel de vida al obligarnos a enterrar nuestros recursos en ellas en lugar de utilizar una parte en alternativas realmente eficientes y la otra parte en cubrir otras necesidades.

Escondidos bajo la excusa científica, el ecologismo no es más que ideología pura. Son los herederos intelectuales de esos reaccionarios del XIX llamados luditas, que querían frenar el desarrollo industrial y tecnológico bajo la falacia, mil veces refutada, de que destruía empleos. Dentro de esa pila de años en la que nos auguran que la Tierra será más cálida, habremos desarrollado tecnologías energéticas que ahora somos incapaces de concebir siquiera. Pero para ellos ese progreso no es más que otro paso atrás en el camino que quieren recorrer, pasito a pasito hacia ese Edén virginal en el que convivíamos en armonía con la naturaleza, la esperanza de vida era de 30 años y nuestro desarrollo económico y tecnológica impedía que sobrevivieran más que unos pocos millones de personas en todo el mundo.

"Enviaré una señal desde el portátil hasta nuestro servidor local, desde donde viajará por cable de fibra óptica a la velocidad de la luz hasta San Francisco, rebotará en un satélite de órbita geosíncrona a Lisboa, Portugal, desde donde los datos se desviarán a un cable transatlántico sumergido que termina en Halifax, Nueva Escocia, y atravesarán todo el continente vía repetidores de microondas hasta nuestro servidor y de él al receptor adherido a esta… lámpara", decía un personaje de la serie The Big Bang Theory describiendo el proceso seguido para encender una bombilla que tenía a un metro de distancia tras haberla conectado a internet. En esta ocasión, claro, el objetivo era bastante ridículo, como corresponde a una comedia. ¿Pero alguien podía imaginarse a comienzos del siglo XX algo como internet? No, claro que no. Pero al contrario que ahora los políticos no hacían planes a cien años vista que requirieran unos brutales sacrificios ahora. Bueno, quizá en la URSS.

Así, mientras unos (pocos) celebran su "Hora de la Tierra", yo prefiero unirme al CEI y celebrar la Hora de los Logros Humanos, entre los que se incluye internet en un lugar destacado. Y seguiré luchando contra cualquier intento de destruirlos como los que encabezan, de forma destacada hoy en día, ecologistas e islamistas.