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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

El problema de Garoña no son los trabajadores

Los trabajadores pueden recolocarse con cierta facilidad, tal y como se ha apresurado en remarcar el Gobierno. Trabajos potenciales los hay infinitos, y no es la escasez de tareas a realizar lo que genera un desempleo estructural. No.

El problema del cierre de Garoña es que se destruye un negocio que estaba generando riqueza y, como consecuencia, se destruyen unos puestos de trabajo que estaban orientados en la dirección adecuada: producir energía barata.

La oposición a la absurda decisión socialista ha insistido en las familias que se quedarán sin un salario, pero eso es un error. Ahí está un "generoso" Zapatero (siempre con el dinero ajeno, el de los contribuyentes, claro) presto a recolocar en un Parador Nacional o en cualquier otra descabellada ocurrencia los empleos que ha destruido. ¿Entonces? Entonces la diferencia estriba en que Zapatero se ha cargado empleos que eran capaces de pagarse sus propios salarios y pasará a crear otros puestos de trabajo que, precisamente por estar ubicados en actividades insostenibles sin la subvención pública, tienen que obtener sus remuneraciones de la riqueza que otros han generado.

Es la perversa lógica del Plan E: creemos empleos donde sea porque lo relevante no es a qué se dedique ese empleo, sino mantener a la gente ocupada en "algo", gastando o malgastando su tiempo y sus energías.

A los políticos les cuesta entender que los beneficios de la división del trabajo emergen de que cada uno se especialice en producir bienes y servicios que otros desean a cambio de que esos otros produzcan los bienes que ese uno demanda. Si empezamos a producir bienes y servicios caros e inútiles, la división del trabajo se quiebra, porque nadie está dispuesto a ofrecer su mercancía de calidad a cambio de unos cacharros averidos. El mercado tiende a readaptarse hasta lograr coordinar a las distintas personas. Pero el Gobierno puede bloquear ese proceso espontáneo de ajuste. Y ahí es donde interviene el Ejecutivo con sus subvenciones: dado que a una parte de la sociedad le impide ganarse el pan en esa división del trabajo, tiene que rapiñar a los que sí siguen generando riqueza para mantener a quienes ha arruinado.

Puro ABC del intervencionismo económico.

La economía del espejismo

Todo depende de si queremos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si usted fuese el PSOE y se encontrara con las elecciones europeas encima, ¿qué dato de los siguientes cantaría a los cuatro vientos? 1) En mayo se ha reducido el paro en casi 25.000 personas, o bien, 2) en la actualidad hay más de 1,5 millones de personas sin subsidio de desempleo y más de 800.000 familias que tienen a todos sus miembros en el paro.

La función básica del gobierno y del político consiste en vender esperanzas, por más absurdas y artificiales que resulten. Estas continuas esperanzas se consiguen actuando como un dictador de la producción: manipulando la economía, creando dinero barato, aprobando las subvenciones, y conseguir electores y lobbies cautivos.

Remontémonos a los tiempos anteriores a la crisis. En aquel entonces, el mensaje del gobierno consistía en incentivar el endeudamiento, el dinero fácil que facilitaba el banco central y la economía dirigida hacia "sectores estratégicos". Todo el mundo estaba a favor del endeudamiento masivo, incluso los más técnicos. Uno de los pilares básicos de la economía, el ahorro, no tenía ninguna importancia. Contrariamente a la lógica económica, sólo los altos niveles de deuda generaban riqueza. Lo importante eran las expectativas económicas y un inflado efecto riqueza provocado por la sobrevaloración de todo: la vivienda, los negocios relacionados con la construcción, la bolsa, los instrumentos financieros fuertemente apalancados… pero un día todo esto estalló y no encontramos nada sólido debajo, esto es, ahorro real. No éramos ricos, sólo vivíamos en una ilusión de riqueza. Era un espejismo.

¿Cuál es la solución del Gobierno? La mismo, otra vez. Ignorando los fundamentos económicos, el Ejecutivo vuelve a planificar y dirigir la economía entrando en una espiral de gasto y deuda. De forma artificial, el Estado ha creado trabajos no productivos, de ahí "el repunte" del empleo. Trabajar sin producir algo útil –esto es, que no proceda de los actores económicos privados– sólo sirve para cansarse; implica detraer recursos del mercado, de la gente, para quemarlos con el objetivo de obtener votos. Como los camelos del Gobierno antes de la crisis, los actuales brotes verdes no son más que un espejismo. El propio Ben Bernanke hizo ayer una reflexión sobre la situación de su país y, según el presidente de la Fed, en algún momento se tendrá que empezar a reducir la deuda o, de lo contrario, va a ser más dura la post-crisis que la crisis en sí misma.

¿Quién se cree que todo este déficit y deuda que se están acumulando van a poder pagarse? El Gobierno también apuesta por la economía verde. La economía del ecologismo es tan improductiva como los empleos del "Plan E", por eso sólo funcionan con subvenciones, esto es, manu militari. Según un estudio del Instituto Juan de Mariana –que ha dado la vuelta al mundo–, cada empleo verde cuesta 2,2 puestos de trabajo.

De hecho es lógico, si la economía verde fuese rentable, daría suculentos beneficios en el libre mercado. Pero aquí el único beneficiario neto no es el hombre común que disfruta del servicio por un precio que él voluntariamente ha aceptado, ni tampoco el pequeño productor que explota las necesidades de la demanda, sino las grandes empresas energéticas –curiosamente petroleras– que han visto en las subvenciones verdes un filón que va directo a su margen de ganancias. Otra vez, ¿quién cree que está pagando los beneficios de estas compañías sin haberlo aceptado voluntariamente? Pues usted con sus impuestos. La economía del ecologismo está acaparando cada vez más papeletas para convertirse, en un futuro, en la próxima burbuja especulativa. Al igual que toda economía dirigida, no es más que una ilusión de eficiencia, rentabilidad, progreso y bienestar que algún día chocará con la dura realidad. El mercado siempre va buscando el dinero y si el gobierno lo regala con cualquier excusa, el mercado irá en trompa detrás suyo. Para los grandes lobbies esto supone dinero fácil, no tienen ni siquiera que satisfacer al cliente, sólo hacer promesas al gobierno.

Esta economía de datos maquillados, rendimientos cortoplacistas, de lobbies, engaños y ciclos, no beneficia al hombre de la calle. ¿Durante cuánto más tiempo se va a dejar tomar el pelo y robar por el Estado?

¿Es el bajo consumo culpable de demorar la salida de la crisis?

Con motivo de la actual crisis económica, la palabra consumo parece haberse puesto de moda, especialmente entre determinados políticos y periodistas. Muchos de ellos afirman que la crisis económica actualmente existente ha provocado un retraimiento del consumo, y hasta que éste no se incremente no se podrá salir de la crisis. Básicamente vienen a decir que, puesto que el consumidor dedica una menor parte de su renta a consumir, las ventas de las empresas bajan, éstas tienen que reducir costes, despidiendo a parte de sus empleados, por lo que la crisis empeora aún más, detrayéndose aún más el consumo, con lo que nos encontraríamos ante un círculo vicioso.

El razonamiento puede parecer bastante sencillo y lógico, por lo que podría parecer que la mejor política sería aquella que fomentase el consumo a cualquier coste. No obstante, este razonamiento olvida un elemento muy importante en el desarrollo económico, y es el ahorro.

El dinero que ingresa una persona puede destinarse a consumir distintos bienes o servicios o puede ahorrarse. Es decir, estos ingresos no se pierden en el caso de que su titular no decida dedicarlo al consumo. Ahora bien, dicho ahorro por sí mismo no se puede considerar simplemente como algo perjudicial al tener un fin distinto al consumo. El hecho de que no se destine a adquirir los distintos productos vendidos por distintas empresas, no significa que no las vaya a servir de nada, sino que, por el contrario, va a ser un elemento fundamental para su formación y expansión.

Si nos paramos a analizar prácticamente cualquier empresa existente, ésta suele ser titular de distintos bienes que se van a emplear en su actividad productiva durante periodos de tiempo muy diversos. Así, se pueden emplear, por ejemplo, bolígrafos, cuya duración puede ser de varios meses, ordenadores, cuya vida se puede estimar en años, o bienes inmuebles, que van a estar en funcionamiento durante varias décadas. Es evidente que cuanto mayor sea el tiempo en que estos bienes se vayan a emplear en la empresa, más tiempo necesitará ésta para recuperar la inversión, con el beneficio obtenido en las ventas. Y ahí es donde el ahorro juega un papel fundamental, ya que permite la realización de todas estas inversiones con plazos de recuperación extensos, puesto que la empresa puede pedir prestado el dinero que necesita para acometerlas durante este plazo de tiempo que transcurre hasta la recuperación.

La existencia de cualquier empresa hoy en día sería prácticamente imposible si previamente no hay alguien que deja de emplear parte de su dinero en el consumo de bienes y servicios y va ahorrándolo. Este dinero se materializó en la empresa bien como capital propio (al ceder su ahorro a la empresa a cambio de acciones de la misma) o como fondos ajenos (el ahorrador prestó su dinero a la empresa, directa o indirectamente, por ejemplo, por medio de los bancos).

El nivel de inversiones que han realizado determinadas empresas es muy elevado, y su plazo de recuperación, a veces, se mide en décadas. Sin la existencia de un ahorro elevado no se hubiesen podido crear gran parte de las empresas que hoy conocemos.

Por tanto la falta de consumo no se puede traducir como algo perjudicial, sin más, ya que permite el ahorro y la inversión. La proporción de ingresos que se destina al ahorro y al consumo suele variar en cada individuo, influyendo factores como sus preferencias temporales, el entorno económico o la retribución. Se puede afirmar que es el producto de la libre elección por parte de las distintas personas, y, como tal, resulta imposible cuantificar el nivel óptimo de renta que se debería destinar al consumo.

Pese a que la proporción de renta que se destina al ahorro no permanece constante, sí que la retribución de este ahorro sirve como desincentivo frente a las burbujas que se han ido produciendo en los últimos años. Si, siguiendo la pauta de la última década, cae el ahorro y se incrementa la inversión, la retribución de dicho ahorro debería ser superior, siguiendo los principios básicos de la oferta y la demanda, por lo que se abandonarían aquellas inversiones menos rentables. Al existir mayor coste para la financiación, la formación de burbujas se desincentivaría parcialmente.

Sin embargo no ha ocurrido así, y cabe preguntarse el motivo. La razón ha sido que el interés a que se retribuyen el ahorro y los préstamos no ha venido marcado por el libre juego de la oferta y la demanda, sino por los bancos centrales. Éstos prestan dinero al resto de bancos, a un tipo de interés fijado unilateralmente por los primeros al tener el monopolio de emisión de moneda. Adicionalmente las cantidades prestadas por estos bancos centrales se incrementaban en unos porcentajes superiores a los incrementos de ahorro privado, por lo que el ahorro privado apenas influía en los importes de las cantidades prestadas a su vez por la banca comercial ni en la retribución que se exigía. Al ser los tipos de interés más bajos que los que hubiesen resultado del juego de oferta y demanda, las distintas burbujas no sólo no han encontrado elementos que la desincentiven, sino que, por el contrario, han sido estimuladas por los bancos centrales.

Por tanto, no se puede culpar a la falta de consumo ni de causar la crisis, ni de ser la causa por la que no se sale de la misma. Tanto ahorro como consumo son dos elementos esenciales en la economía, sin que exista una proporción óptima a priori, y sin que su alteración vaya a servir para acelerar la salida de la misma.

Government Motors (GM)

Tras diversos rescates públicos, constantes inyecciones de liquidez y planes de reestructuración dictados por los políticos, GM y Chrysler se han declarado en bancarrota. De nada ha servido la intervención gubernamental para salvar a estos gigantes de la automoción estadounidense. El mercado manda y, tarde o temprano, impone su sabia ley: la oferta se tiene que ajustar a la demanda y la mala gestión empresarial acaba pasando factura.

General Motors se ha convertido en la mayor quiebra industrial de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, pese al rotundo fracaso del Gobierno, Obama ha decidido nacionalizar la compañía con el falaz pretexto de evitar una "catástrofe" económica. Así, el 70% de la nueva empresa pasará a manos de las autoridades públicas. Nace, pues, la Government Motors (GM).

Parece que los políticos no aprenden. De hecho, vamos de mal en peor. El auxilio estatal prestado hasta el momento a los Grandes de Detroit ya se ha cobrado una elevadísima factura para el bolsillo de los contribuyentes. En concreto, tras la intervención pública de GM, cuyo coste asciende a 30.000 millones de dólares, el Ejecutivo ha despilfarrado ni más ni menos que 110.000 millones de dólares en la industria de la automoción: 50.700 millones para GM, 15.500 para Chrysler y más de 14.000 millones de dólares para rescatar a sus respectivas financieras –dedicadas a conceder créditos–, entre otras ayudas.

Para que se hagan una idea, tal cifra equivale al 10% del PIB de España. Un valioso dinero que ha sido tirado a la basura. Ambas compañías han quebrado y su necesaria reestructuración será inevitable. La costosa intervención del Gobierno tan sólo ha prolongado la agonía a cargo de los contribuyentes.

Lo peor, sin embargo, es que ahora el Estado se ha convertido en el gran motor de la industria automovilística del país tras la nacionalización de GM y Chrysler. Washington también fabricará coches. Obama preside en estos momentos la mayor empresa de automoción del mundo (el Tesoro es accionista mayoritario). Así pues, los problemas aún no han terminado.

Y es que, coches y Gobierno constituyen una "mala mezcla", tal y como advierte Jeffrey Tucker. El sesgo político no sólo desvirtúa necesariamente toda gestión empresarial sino que, además, la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo se extiende por igual a todas las empresas que acaban bajo el control del Gobierno. La planificación política no opera con precios de mercado, señales básicas para el empresario.

Por ello no es de extrañar que este tipo de experimentos acabe en rotundos fracasos. ¿Es que acaso es necesario recordar la historia de la marca Dacia en la Rumanía comunista de Nicolae Ceaucescu? ¿O la maravilla del Trabant en la Alemania Oriental? ¿O el ahora prestigioso Jaguar bajo la dirección del Gobierno británico antes de su privatización? El zar de la automoción rumana bajo el yugo socialista refleja a la perfección sus experiencias.

Lo mismo sucede en otros sectores. ¿Se han preguntado por qué TVE siempre ha sido y será deficitaria? ¿O las pérdidas de Telefónica cuando era propiedad del Estado? ¿La inoperancia de la Seguridad Social? ¿El coste de las renovables? ¿El agujero negro de la agricultura subsidiada?

Y ahora me pregunto… ¿asistirá Estados Unidos al nacimiento de un nuevo coche del pueblo (Volkswagen) al estilo hitleriano? Visto lo visto, nada parece ya descartable.

El error de las ayudas al sector del automóvil

El sector del automóvil está sufriendo un fuerte frenazo. Considerado por muchos analistas como la columna vertebral de la industria española, este sector significa el 8,5 % del PIB, el 25% de las exportaciones y alrededor del 8% del empleo a nivel industrial. Ante este gris panorama, el Gobierno español ha decidido acudir al rescate del sector, como era de esperar.

Cuando un Gobierno decide proteger o fomentar un determinado sector de la economía, lo puede hacer de distintas formas: estableciendo precios máximos o mínimos, imponiendo aranceles o mediante subvenciones, entre otras. En el caso español, Zapatero ha apostado por solucionar la situación del sector automovilístico mediante ayudas y subvenciones directas, argumentando que la caída de este sector arrastraría a otros muchos sectores y, por tanto, a toda la economía del país. Mediante el plan2000E se promete una subvención de hasta 2000 euros para la adquisición de un automóvil: 500 euros los aportaría el gobierno central, 1000 euros los fabricantes y 500 euros las comunidades autónomas que lo deseen.

Es cierto que la crisis de un sector como el automovilístico es perjudicial para la economía española. Pero lo que no está tan claro es que las medidas que ha propuesto el Gobierno socialista sean convenientes. Bajo mi punto de vista, no sólo no van a constituir ninguna ayuda para los ciudadanos, sino que estas medidas de intervención van a producir unos efectos contrarios de aquellos que se pretendía lograr, como expondré a continuación.

Veamos. ¿Por qué se ha visto especialmente afectado el sector del automóvil por la crisis económica? La razón es que durante una crisis económica, los individuos suelen reducir su consumo, ya sea ahorrando o atesorando. Esto sucede principalmente por dos motivos. El primer motivo es que se encuentran en una situación de incertidumbre respecto a sus futuros ingresos económicos. No saben si perderán su trabajo (si es que no lo han perdido ya), por lo que reducen su consumo para prevenir y anticipar momentos difíciles. Los primeros bienes y servicios que se resienten son los que los individuos consideran "un lujo", como es el caso de los automóviles, el turismo o el ladrillo. Estos gastos, como es lógico, se aparcan hasta que la situación económica sea más favorable y certera. Un segundo motivo por el que los individuos reducen su consumo es que observan como los precios de algunos bienes y servicios han disminuido y perciben que continuarán descendiendo en el futuro, por lo que deciden retrasar su consumo para hacerse con ellos a un menor precio en el futuro. Finalmente, a todo esto hay que unirle la dificultad de acceder al crédito (debido a la insolvencia de los bancos), cosa fundamental para la adquisición de un coche.

Ya solamente por esto que acabamos de exponer las ayudas al automóvil no funcionarán, porque como es obvio, alguien que está en paro (o cree que puede estarlo) no va a poder realizar una inversión en un coche simplemente porque rebajen su precio dos mil euros (en el mejor de los casos).

Pero es que además, las subvenciones al automóvil significan la transferencia de renta de los contribuyentes hacia ese sector. Todo lo que pierdan los ciudadanos será lo que gane el sector del automóvil. Es sencillamente un sistema de suma cero: todo lo que se les extrae a unos lo reciben los otros. Y esto significa que se transfiere riqueza coactivamente de unos sectores a otros de la economía, porque los ciudadanos no podrán gastarse el dinero que se les extrae vía impuestos en otras industrias, y éstas no obtendrán los ingresos que hubiesen tenido. El resto de industrias deberán disminuir sus ventas y restringir su producción para que se ayude y rescate al sector automovilístico. Los recursos, por tanto, no se asignarán eficientemente, ya que capital y mano de obra se trasladan a unas líneas de producción que en realidad no están siendo demandadas por la sociedad.

Se suele argumentar que hay que subvencionar directamente a la industria del automóvil porque si no dejará a muchos trabajadores en el paro en tiempos de crisis. Pero desgraciadamente para todos, es inevitable que haya desempleo en el sector. En su momento las empresas automovilísticas decidieron emprender nuevos proyectos de inversión animados por un aumento en la demanda provocada por las políticas de dinero barato orquestadas por los bancos centrales. Actualmente se han puesto de manifiesto estas malas inversiones, por lo que hay un exceso de recursos y mano de obra en ese sector debido a que los costes en que incurrieron las empresas no están realmente respaldados por ninguna demanda. La única forma de tratar esta situación de crisis es facilitar que los recursos y la mano de obra se trasladen a otros sectores más eficientes, rentables y competitivos.

Por tanto, la forma de luchar contra el desempleo en la industria del automóvil no es mediante subvenciones destinadas a intentar que las empresas conserven sus plantillas a toda costa (si no se quiere que las empresas quiebren o se vayan del país). Esto sólo significaría malgastar el ahorro de los ciudadanos, cuando lo que habría que hacer es favorecerlo, para que lo que se ahorra en bienes de consumo se invierta en bienes de producción.

La conclusión de las ayudas gubernamentales al automóvil es que, no sólo están beneficiando a un grupo a expensas de los demás, sino que están perjudicando a toda la economía del país porque se crea menos riqueza de la que se hubiera creado. No se puede querer solucionar un problema olvidando las reglas básicas de la economía. Sencillamente, perdemos y nos empobrecemos todos.

Menos ladrillo y más ordenadores

Socialista como él es, considera que semejante cambio sólo puede producirse a base de más Estado, más subvenciones, más intervencionismo. Y como si no hubieran tenido ya bastante, va a empezar a imponerlo por decreto en Andalucía, la de las cifras astronómicas de paro y corrupción, la región en que la mayor empresa y agencia de colocación es "la PSOE".

Es fácil averiguar en qué se traducen en el mundo real estas pretensiones zapateriles. Porque no es que no se haya intentado antes. Contaba Alberto Illán en el Instituto Juan de Mariana la penosa e ilustrativa historia del fabricante de móviles Vitelcom. Nacido en 2001, instalado en el Parque Tecnológico de Andalucía, forrado con subvenciones, parece un prototipo ideal de ese nuevo "modelo productivo" por el que aboga Zapatero. A ustedes, seguramente, no les sonará de nada la empresa. Eso es porque se dedicó casi en exclusiva a diseñar móviles para la marca blanca de Movistar y, claro, no hay quien consiga que la gente recuerde tu nombre cuando nunca se lo has dicho. Curiosamente, mi primer móvil fue uno de ellos: el fabuloso TSM30, y sólo supe de la existencia de Vitelcom cuando me dio problemas y busqué una solución en los foros de internet, donde todo se sabe.

Finalmente, Telefónica cambió de estrategia y, como mala empresa que vive de la subvención y no del mercado, Vitelcom se hundió porque no se había preocupado de encontrar más clientes. El dinero del contribuyente acabó en la papelera y los trabajadores se dedicaron a exigir que los recolocaran en otra parte. La PSOE, parece ser, cumplió. Una gran agencia de recolocación, la PSOE.

Esta es la historia de lo que sucede cuando se pretende crear empresas de alta tecnología por decreto. La anciana IBM, Microsoft, Google, HP, Nokia, Acer, Asus… son todas ellas empresas que conocemos y que han llegado a ser grandes, referentes dentro del mundo tecnológico en el que nos movemos. También tienen en común que no fueron creadas por decreto. Ni siquiera llegaron a funcionar jamás los planes quinquenales, que al fin y al cabo eran más modestos y sólo pretendían producir bienes y servicios básicos y conocidos de antemano. Imaginen si encima se pretende que políticos, burócratas y liberados sindicales decidan qué proyectos son innovadores y cuáles no. No sólo no lo lograrán, sino que es más que probable que haya quien decida en función de súbitos aumentos de su cuenta bancaria.

Zapatero no puede cambiar el modelo productivo. Lo pueden hacer emprendedores como los que fundaron Blusens. El Gobierno tan sólo puede dar facilidades para que surjan y tengan éxito este tipo de iniciativas, bajando impuestos, reduciendo regulaciones y eliminando trámites. Y, sí, reformando el mercado de trabajo, que es uno de los mayores obstáculos con los que se tiene que enfrentar un empresario, especialmente cuando es pequeño y no sabe si arriesgarse a crecer o no, porque los costes de equivocarse son inmensos. Pero eso es justo lo que no hará el presidente del Gobierno. Así que nos tendremos que conformar con menos ladrillo y menos ordenadores.

Empresarialidad a la española

En el año 2001 se creó Vitelcom, empresa tecnológica española que se dedicó a la fabricación de móviles con tecnología UMTS, EDGE, GSM/GPRS y CDMA y que suministró terminales a Telefónica Móviles aprovechándose de una nueva estrategia en el negocio de la operadora, la creación de una marca blanca que, a precios más asequibles, pretendía competir con los principales fabricantes.

La fabricación de estos móviles empezó a realizarse en una planta situada en el Parque Tecnológico de Andalucía, un centro empresarial situado en Málaga y promovido por la Junta de esta Comunidad que pretendía atraer a líderes tecnológicos mundiales a través de acuerdos y ayudas públicas para revitalizar la economía de una de las provincias andaluzas paradójicamente más prosperas. Vitelcom pidió y recibió ayudas públicas para desarrollar allí su actividad. La Junta andaluza fue generosa y mientras se mantuvieron los acuerdos con Telefónica las ventas estuvieron aseguradas, así como la viabilidad de la empresa y los puestos de trabajo. Fue una época gloriosa, con acuerdos con otros fabricantes como Grundig, pero también problemas como los que tuvo con Nokia, que la acusó de copia de patentes. Pero nada es para siempre y menos cuando se cometen errores de bulto, errores que se ven con mucha frecuencia en las empresas españolas.

El primer gran error de Vitelcom fue no diversificarse. No se puede vivir de un único cliente. A Telefónica le fue rentable mantener esta línea de negocio durante una temporada, pero el cambiante y novedoso mercado de la telefonía móvil tiene sus propios caminos y Vitelcom no pudo o no supo verlos. La principal obligación de un empresario es analizar la situación y prever los cambios de tendencias, observar las oportunidades y saber sacar partido, la viabilidad de una empresa se basa en eso. De no haber sido así, Nokia no hubiera pasado de ser una empresa dedicada a la pulpa de madera en sus comienzos en 1865 a una puntera empresa de tecnología. Los principales directivos de Vitelcom no tomaron las decisiones adecuadas y cuando Telefónica rompió el acuerdo no tenían ni una tecnología puntera ni un cliente lo suficientemente importante ni una razón para seguir existiendo.

El segundo gran error de la Vitelcom fue confiar en que se puede sobrevivir hasta el fin de los tiempos a base de ayudas públicas. Muchos empresarios españoles, sobre todo en sectores con excesivo peso de lo público (obras, proyectos, regulación, etc.), mantienen una actitud más cercana a la servidumbre feudal que a la que se debería tener en una economía basada en el libre mercado. No es de extrañar, pues la necesidad de capital en los negocios hace que los mismos empresarios los busquen en lugares donde disminuye el riesgo, sin darse cuenta de que el riesgo es necesario en el proceso empresarial. El Estado, especialista en expoliar al ciudadano para cumplir sus propios fines, mantiene en sus manos un capital que puede repartir entre aquellos que le rinden pleitesía. La corrupción es favorecida por el propio sistema.

Y Vitelcom se desmoronó, los despidos se fueron sucediendo en pocos meses. Los intentos de vender la empresa a Hyundai fracasaron. La Junta de Andalucía se quejó de que todas las ayudas que había dado a la empresa se habían perdido en una especie de agujero negro y los trabajadores, dentro de esta línea intervencionista que domina el pensamiento de la mayoría de los españoles, exigieron a la Junta que les volviera a recolocar en empresas del sector, labor a la que se ha dedicado con aparente éxito. Y así, el coste de esta gestión se debe unir a las ayudas que se han destinado a mantener un negocio que fue un fiasco casi desde el principio y que ha costado mucho al contribuyente. Es el modelo empresarial español, que da bastante pena.

¡Qué bien! Parados de por vida

¿Cómo? Ampliando el subsidio de paro seis meses más. ¿Por qué seis meses en lugar de uno u ocho? ¿Dónde está el límite?

Ampliar el período del subsidio significa muchas cosas y ninguna de ellas beneficiosa:

  • Más tiempo de subsidio es igual a más tiempo en el paro, por lo tanto, menos tiempo ocupado. Parece obvio, pero los socialistas no lo entienden. Está directamente relacionado con los incentivos humanos. Cuando en el colegio el profesor, ante la masiva petición de los alumnos de posponer un examen, lo dejaba para la semana siguiente, todos nosotros lo primero que hacíamos era ir al cine. Al final, siempre acabábamos igual, estudiando la última noche hasta las tantas. Si se alarga el subsidio de desempleo, el parado, involuntariamente, se relaja. Especialmente los que acaban de entrar en la lista. No hay vuelta de hoja: a más subsidio, más prolongado el desempleo.
  • El hombre común tiende a considerar que las crisis son como un temporal. Puede llover y tronar durante días, pero al final siempre sale el sol sin que nadie haga nada arreglándose todo rápidamente. El problema es que la meteorología y la economía son ciencias totalmente diferentes que no tienen nada que ver. Las crisis no duran un tiempo determinado y luego, como por arte de magia, viene la bonanza. De la crisis sólo se puede salir de dos formas. Una, buscado la alta productividad, bajando precios (salarios incluidos) e innovando en aquellos sectores que más demanda la gente. La otra, esperando a que el resto de países superen la crisis y gracias a la inercia del comercio internacional, salgamos de ella a rastras. Ésta es la solución del Gobierno: ser los últimos en salir de la crisis. Es el camino más doloroso y largo; pero políticamente el más fácil, el que más votos da por ser el populista. No es buena garantía ni para el presente ni para el futuro.
  • Un país que penaliza el trabajo con todo tipo de barreras "sociales" y favorece con contra-incentivos estatales el parasitismo, inevitablemente ha de tener una baja productividad. Efectivamente, España está a la cola de Europa en productividad. Una medida como prolongar más el subsidio de paro es un lastre para mejorar este punto.
  • Pensar que el Estado es la solución a la crisis muestra una sociedad poco madura e irresponsable que aún cree en una especie de "rentismo social". No pretende vivir de las rentas de una inversión particular, sino del capital de otras personas que voluntariamente trabajan para sí mismas pero que obligatoriamente lo hacen para otras a las que ni siquiera conocen. El rentismo social es parasitismo y constituye un asalto al trabajo de los demás.
  • El subsidio de desempleo no genera riqueza, más bien al revés. Destruye capital. Mala receta en tiempos de crisis.

Si alguien ha salido realmente fortalecido de esta crisis son los gobiernos de todo el mundo. La dependencia del ciudadano hacia el Estado se expande día a día de forma incontenible. El remedio del Gobierno siempre es el mismo: populismo y crear un clima de inestabilidad económica para fortalecer el lobby más básico de cualquier democracia, el votante cautivo. Cuanto más pobre y desesperada esté la población, más socialista se vuelve y, por tanto, más dependiente del Gobierno.

La única cura a las crisis y a la dependencia del Estado sólo es el liberalismo, el laissez faire, lo que nos permitirá recobrar el espíritu de superación y una sociedad próspera, rica y libre.

El desescamador que lo desescamare

Esta práctica consiste, más o menos, en crear una página web que se supone de un comerciante honesto, de forma que la gente trata de adquirir cosas a través ella. Por supuesto, tal adquisición exige un pago previo y el problema es que, como aquello es más falso que un decorado del Oeste, una vez sueltas el dinero te has quedado sin él. Y olvídate de recibir el bien presuntamente adquirido.

Hace unas semanas tropecé con uno de estos sitios. Si uno trataba de hacerse con la nueva Nintendo DSi, la búsqueda en Google, la pantalla en Pixmania y en otras del estilo, mostraba el anuncio de una tienda con la DSi a precios imbatibles. La navegación por la tienda, de cuyo nombre no puedo acordarme, era perfectamente normal, y el único punto extraño era que, en el momento de pagar, te exigían una transferencia en vez de aceptar pago con tarjeta.

Decidí entonces investigar un poco más, y, efectivamente, resultó que la tienda era un scam. Hay señores para los que diseñar una página web vacía es un verdadero negocio, aunque les dure el "negocio" unas semanas. Porque eso es lo que les ha durado. Según parece, la página se había puesto en marcha el 19 de abril. Unas cuatro semanas después, me resulta imposible dar con el nombre de la página usando Google, razón por la que no lo doy en estas líneas.

En un tiempo record, la estafa ha sido localizada y los agentes de la Sociedad de la Información han conseguido desmontar el tinglado: algunos internautas demostrando que se trataba de scam y otros eliminando la referencia de sus anuncios. Por supuesto, habrá unos cuantos compradores que se hayan visto estafados y para ellos esto no es consuelo. En todo caso, son sujetos de un crimen que se supone será perseguido por las autoridades competentes.

Lo más importante de la historia es reparar en que, hasta ahora, no ha aparecido el Estado en la misma. La sociedad, en este caso la de la información, se organiza espontáneamente de forma que en poco tiempo se ha localizado al estafador y se le ha desalojado de su posición. Google se juega mucha credibilidad y mucho futuro en que los estafadores no se cuelen en sus anuncios, y seguirá innovando e investigando para acelerar al máximo la localización y eliminación de scammers.

El Estado, por su parte, quiere erigirse en nuestro protector, quiere diseñar medidas que prevengan el scam, regulando más y más internet, para nuestra supuesta protección. No se da cuenta de que el scam ya es delito, que no se necesita nada más para prevenirlo, de la misma forma que no hace falta regular nada específico para saber que el robo es un delito. Todas las pretendidas regulaciones preventivas sólo consiguen reducir nuestra libertad, a cambio de pocos resultados.

Ninguna de las normas que diseñe el Estado va a ser mejor que lo que pueda hacer un agente tan interesado en sobrevivir como Google, o en no dejarse estafar como un servidor. A la historia descrita me remito. Y es una pena que no sea Google (u otro agente privado) el capacitado para perseguir los delitos; si fuera así, tengo la sensación de que los recién estafados volverían a ver su dinero, y el scam quedaría erradicado en poco tiempo.

Desgraciadamente, esa función sí que queda en el ámbito del Estado. Y no creo que este desescamador les desescame.

Demasiado grandes para caer

Una de las ideas principales que utilizan los intervencionistas para justificar las subvenciones públicas a grandes empresas en crisis es que son demasiado grandes como para dejarlas caer: los daños que provocarían serían muy cuantiosos, así que aunque suponga un coste elevado merece la pena ayudarlas de algún modo, para al menos reducir daños. Casi todo en esta argumentación es erróneo.

El argumento es holístico y colectivista, no se detalla ni se distingue a nivel individual. Los presuntos daños y los costes de minimizarlos se agregan, aparentando que los sufre la sociedad en su conjunto, casi insinuando que el problema atañe a todos por igual: se oculta así la realidad de que no todo el mundo está igualmente afectado y que no todo el mundo contribuye igual al rescate. Son en realidad los grupos de interés más afectados por la crisis quienes reclaman la ayuda, pero pretenden hacerlo en nombre de todos, cuando la realidad es que los grupos de presión reciben beneficios concentrados cuyo coste es diluido entre toda la población.

La colectivización sufre el problema de la dificultad (o imposibilidad) de asignación de responsabilidades al no estar separados los ámbitos de decisión (propiedad privada): es difícil conocer, y premiar o castigar, a quienes hayan producido valor o lo hayan destruido y en qué medida. La colectivización puede ser una propuesta ingenua de algunos moralistas incautos y honestos, pero también es una gran oportunidad para parásitos, depredadores, cazadores de rentas, vagos, irresponsables e incompetentes varios que no quieren que se note qué es lo que realmente están haciendo.

Los costes que se asumen en la intervención son seguros y presentes, mientras que los beneficios son presuntos y futuros. Los defensores de la intervención son profetas de las peores calamidades ante los ignorantes, o aparentan más sensatez y utilizan análisis de costes y beneficios ante los mejor informados. Pero normalmente los costes reales de la intervención suelen exceder con mucho lo previsto, y nunca llega a conocerse la magnitud del desastre anunciado ya que no se permite que se produzca. Los seres humanos tienden a cometer errores de exceso de precaución (más vale actuar ante falsas amenazas que no detectar peligros reales), y los gobernantes prefieren pecar de prudentes (no son ellos quienes pagan los costes) antes que asumir la posibilidad de ser responsabilizados de algún problema.

El riesgo moral es el cambio en la conducta humana ante ciertas protecciones o garantías institucionales: el estar asegurado contra algo incentiva la toma de riesgos en ese ámbito. Si una empresa sabe (formal o informalmente) que el Gobierno no deja que las empresas grandes quiebren, tendrá incentivos para primero crecer (para así acceder a esas posibles ayudas) y segundo comportarse de forma irresponsable (asumir mayores riesgos ya que los beneficios se privatizan pero las pérdidas se socializan). Ayudar a las organizaciones que son demasiado grandes para caer tiende a incrementar la cantidad y la mala conducta de dichas organizaciones.

Los problemas sociales suelen ser causados por intervenciones estatales coactivas, pero el Gobierno busca chivos expiatorios para distraer la atención y se ofrece como la única solución: los políticos pretenden que en realidad no quieren interferir, pero que cumplen responsablemente con su deber como clase dirigente sabia y bondadosa; en realidad aprovechan las crisis para incrementar su poder (pretendiendo que es algo temporal que luego en realidad difícilmente desaparece), y no permiten que las personas resuelvan de forma espontánea y libre los problemas por sí mismos aprendiendo de sus errores. Si la intervención estatal no arregla el problema, se alega que habría sido aún peor no intervenir. Nunca se establecen a priori criterios objetivos que permitan establecer el éxito o el fracaso de la intervención. Y la intervención actual siembra las semillas de la crisis futura, con lo cual el ciclo se realimenta y mantiene.

Un argumento especialmente perverso para evitar que algunas empresas quiebren es que en algunas circunstancias las quiebras pueden resultar desordenadas. Parte de la culpa de estas dificultades puede deberse a un entorno de crisis económica, pero la razón esencial de la falta de calidad de los procesos de quiebra es que la justicia encargada de las mismas es estatal: no existe competencia empresarial en la provisión de servicios de disolución y liquidación de organizaciones económicas. La legislación es la misma para todos y los encargados de ejecutarla son funcionarios.

Además de demasiado grandes, algunas organizaciones se presentan como demasiado interconectadas como para dejarlas caer. Si fracasan arrastrarán consigo a otras con las que tienen estrechas relaciones y pagarán justos por pecadores. Además hay un riesgo sistémico de derrumbe de todo el sistema si las caídas van causándose unas a otras en cadena. Este argumento también es holístico, colectivista: no todas las organizaciones están igualmente conectadas unas a otras, las relaciones de interdependencia son muy variadas. Existe igualmente el riesgo moral de que al asegurar la protección de las organizaciones interconectadas estas tenderán a interconectarse más y comportarse peor.

Toda relación tiene un riesgo de contraparte: la otra parte puede incumplir lo pactado, lo estipulado en el contrato, lo que se espera de ella, o incluso podría quebrar y dejar de existir. Los agentes económicos responsables y competentes tienen esto en cuenta y establecen las restricciones y garantías que consideran adecuadas (protecciones, cortafuegos): de este modo no solo controlan sus propias acciones sino que también intentan influir sobre las conductas de otros agentes de los cuales dependen y cuyo fracaso puede dañarlos.

No existe ningún nivel de interconexión óptimo a priori. Dentro de la propia empresa las interconexiones son más intensas y duraderas (y la empresa y sus componentes triunfan o fracasan en conjunto, como una unidad); entre empresas y entre empresas y clientes y proveedores las relaciones pueden ser menos intensas y duraderas. Las empresas se fusionan o segregan y se asocian unas con otras según decisiones de sus directivos y accionistas que buscan mediante prueba y error formas óptimas de organización y creación de valor. No existen garantías absolutas del éxito de ninguna decisión empresarial; es posible aprender de los aciertos y de los errores, pero este proceso se imposibilita si no se asumen los beneficios producidos por los aciertos y los perjuicios causados por las equivocaciones. Cada persona (capitalistas, empresarios, directivos, trabajadores) tiene una responsabilidad local al decidir dónde trabaja y con quién se relaciona y cómo, y debe aceptar las consecuencias de sus elecciones.