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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Sobre cómo las subvenciones destruyen el mercado

Que las subvenciones y en general las ayudas públicas distorsionan el mercado no es ningún secreto. Ni siquiera lo es para las propias autoridades, y, de hecho, la Comisión Europea tiene atribuidas competencias para vigilar las ayudas públicas que dan los estados miembros. Aunque, hay que decirlo, las distorsiones que trata de evitar son las de ámbito geográfico, tratando de preservar la homogeneidad del mercado único.

Lo cierto es que las ayudas del Estado tienen varios efectos negativos sobre la economía, algunos de ellos bastante directos. En primer lugar, está el efecto general de redistribución: se redirigen recursos a unas actividades que no son demandadas por el mercado. Los recursos se obtienen de forma coactiva mediante impuestos; dichos recursos no van a donde el legítimo dueño de los mismos los hubiera dirigido, y se dirigen a actividades no demandadas.

Además de este efecto general, se produce uno algo más sutil, consistente en la progresiva adaptación de las empresas a los requisitos para obtener dichas subvenciones, en lugar de a conseguir un producto final aceptable para el público. Así, poco a poco, la estructura productiva se va modificando, siguiendo lo que Kirzner llama el proceso de descubrimiento completamente superfluo, hacia aspectos innecesarios desde el punto de vista de la demanda, pero imprescindibles para conseguir la subvención.

Por ejemplo, pueden aparecer especialistas en realizar proyectos según los requerimientos públicos, o en preparar la documentación necesaria, o, por qué no, en proporcionar los contactos adecuados. Son actividades que, desde el punto de vista de la empresa, tienen valor únicamente por la existencia de las subvenciones.

Sin embargo, los efectos pueden ser quizá aún más destructivos. Además, pueden provenir no solo de ayudas públicas, sino de la contratación pública en general. En presencia de ambas, aquellas empresas que no se adapten a los requerimientos de las administraciones, tenderán a disminuir su rentabilidad respecto a aquellas que sí lo hacen. Por un lado, porque no acceden a esas subvenciones o contratos. Y por otro porque, consecuentemente, no pueden competir con precios similares. El público puede encontrar sustitutivo el producto subvencionado, aunque no se adapte bien a sus necesidades, simplemente por ser artificialmente más barato. La empresa que no se adapta está llamada a desaparecer del mercado, mientras que la otra garantiza su supervivencia siendo cada vez más eficiente en la obtención de subvenciones y contratos públicos. Esto es, apartándose progresivamente de las necesidades del mercado y acercándose a las preferencias del Estado.

Eventualmente, desaparecen las empresas que satisfacían mejor al mercado, y la oferta queda compuesta exclusivamente por empresas especializadas en satisfacer la demanda del Estado. Al consumidor no le queda más remedio que consumir el producto subvencionado, aunque ha dejado de satisfacer sus expectativas, o dejar de consumirlo completamente.

Cuando, en esta situación, cambia la política económica del Gobierno, esto es, decide que hay que fomentar otro sector económico, las empresas hasta ahora subvencionadas dejan de ser viables. El consumidor no está dispuesto a pagar el precio que se necesita para cubrir los costes sin la subvención por un producto que no satisface adecuadamente sus necesidades.

En esta situación dramática, el proceso de readaptación a las necesidades del cliente no es inmediato. Y puede llevar a la empresa a la desaparición, de forma que se destruya completamente el sector. Ya no quedan ni las empresas que originalmente satisfacían las necesidades del cliente, ni aquellas que adaptaron sus actividades para satisfacer los requerimientos públicos.

Así pues, las empresas deberían rehuir y evitar todo tipo de subvenciones públicas, e incluso contratos públicos (este planteamiento no es, evidentemente, realista para aquellos sectores en que el único demandante es el Estado). Es obvio que en el corto plazo nadie es capaz de rechazar un dinero aparentemente llovido del cielo. Pero también lo es que ajustarse a las necesidades del Estado en vez de a las de la demanda del mercado deja la sostenibilidad de la empresa en manos del arbitrio de los políticos, en lugar de de su desempeño.

Por desgracia, en España, nuestros principales empresarios parecen tener claro que es más cómodo el corto plazo y el arbitrio que satisfacer las exigencias del cliente.

Suicidios en France Télécom

Pasaron los días, y se calmó el asunto. Parece que la oleada no era tal, y que la tasa de suicidios se mantenía en niveles similares a otros ejercicios, aunque de todas formas el Gobierno francés tomó cartas en el asunto, llamando a capítulo a Didier Lombart, presidente de la empresa.

Dios me libre de presumir las razones que pueden llevar a una persona a una decisión tan desesperada, pese a que los sindicatos de la compañía tienen claro que es por los traslados de los empleados que está realizando la misma. Pero, aprovechando que el Sena pasa por Paris, sí quiero realizar un par de reflexiones. Ambas se relacionan con el papel que se podría atribuir al Estado en esta oleada.

En primer lugar, France Télécom, como buen operador histórico, está sujeto a múltiples regulaciones por su gobierno. Y muchas de ellas tienen como consecuencia directa la reducción de sus ingresos. Una de las más recientes, por ejemplo, es la imposición de un nuevo impuesto para financiar a las televisiones públicas. Medida que, por cierto, ha tenido aquí su remedo.

Ocurre que, por mucho que no les guste a políticos y reguladores, cada reducción de ingresos impuesta de esta forma, exige una correlativa reducción en gastos para mantener el rendimiento. Y no porque lo quieran los jefazos del operador, sino porque lo quieren los accionistas e inversores, que no están dispuestos a sacrificar rentabilidad para su dinero. Si los directivos no responden de forma efectiva, la gente preferirá meter sus ahorros en otras empresas y en otros sectores, y entonces estará en riesgo el futuro de la compañía en su totalidad.

Y, en telecomunicaciones, la reducción de gastos se consigue casi siempre mediante "reestructuraciones" de personal. Así pues, cabe la posibilidad de que dicha medida, y los suicidios consecuentes, tengan más relación con estos ajustes forzados por el Estado que con los exigidos por el mercado en competencia.

En segundo lugar, France Télécom, también como buen operador histórico, ha sido durante gran parte de su historia un verdadero ministerio. De hecho, aún en la actualidad, el Gobierno francés tiene el 27% de las acciones, lo que le convierte en el principal accionista de la entidad.

Todo el que ha trabajado en una entidad más o menos pública sabe que las condiciones de su trabajo tienen poco que ver con su rendimiento o capacidad. Al contrario que en las entidades privadas, donde el empresario sufre en sus beneficios por los errores que cometa al respecto, en las entidades públicas invita el contribuyente. Y esto permite un cierto grado de flexibilidad a la hora de elegir gente por sus rendimientos (nótese la ironía, por favor). Por tanto, la gente se encuentra con que su carrera o su posición tras las reestructuraciones no tiene relación con su desempeño en el trabajo, como tendería a ocurrir en una empresa privada, sino con factores políticos sobre los que no tiene control.

A los empleados de France Télécom se les hurta en gran medida la posibilidad de influir en su propio destino. Decisiones arbitrarias del gobierno, sea en la regulación de su actividad o en el plano organizativo, están condicionando sus vidas. ¿Hay algo más desesperante que creer que no puedes hacer nada para influir sobre tu propio destino?

Zapatero no quiere héroes

En contextos de bienestar económico y paz social la demagogia no funciona electoralmente, de ahí que el socialismo suela llegar al poder únicamente en situaciones de gran convulsión, como acredita la trayectoria del Partido Socialista Obrero Español, especialmente la más reciente.

Si empeñar el patrimonio personal en llevar a cabo una idea para satisfacer las necesidades de los futuros clientes exige siempre cierta dosis de arrojo, mantener a flote una empresa por pequeña que sea, en medio de una recesión económica y con el gobierno legislando en contra, es ya una cuestión de heroísmo. Los autónomos y pequeños empresarios son esos héroes, pero en lugar de agradecimiento sólo cosechan el resentimiento de los envidiosos e incapaces que viven del esfuerzo ajeno.

Los autónomos españoles se quejan, con toda razón, de que están soportando lo más duro de la crisis. Ni son tan grandes como para fagocitar el presupuesto público a base de subvenciones, ni tan pequeños como para recoger las migajas que el socialismo dispersa entre los últimos eslabones de la cadena productiva. Y sin embargo son la columna vertebral de nuestra economía, los que hacen funcionar el país y los que crean riqueza y empleo en un porcentaje mucho mayor que el resto de agentes económicos, circunstancia que si en tiempos normales pasa desapercibida para los políticos, con Zapatero en el poder les convierte en objetivo prioritario de su tarea destructiva.

Zapatero va a sospechar siempre de quienes demuestran con su trayectoria vital independencia de criterio para idear nuevas formas de beneficio y agallas para transformarlas en realidad. Con ellos no puede, porque conocen cómo funciona la vida real y, en consecuencia, no aceptan la demagogia de la izquierda. Tampoco de la derecha.

Lo más extraordinario es que no piden subvenciones ni gabelas al estilo sindical, sino impuestos bajos y líneas de crédito para mantener su negocio a flote. Tendrán, ya lo están experimentando, todo lo contrario.

La España de Zapatero no paga a héroes, sólo a traidores, así que la única solución que les queda a nuestros pequeños empresarios es resistir. Bien pensado, el felipismo también parecía eterno y "sólo" duró catorce años.

¿Cuándo comprar piso?

Desde principios de 2008, el Ministerio de Vivienda, mes sí y mes también, anima insistentemente a la población a que se embarque en la aventura de convertirse en propietario, ya que el descenso de precios facilita la adquisición de vivienda. Sin ir más lejos, la ministra Beatriz Corredor afirmó el pasado 16 de septiembre que "los indicadores económicos muestran la tendencia a la estabilización del mercado inmobiliario".

Además, "el esfuerzo requerido para adquirir una vivienda se ha desplomado más de nueve puntos en el último año, del 40,3% al 31% de la renta bruta disponible, llegando a niveles de 2006". Es decir, "hoy cuesta menos acceder a un hogar que hace un año".

Este tipo de mensajes no sólo son engañosos, sino que constituyen una gravísima irresponsabilidad institucional por el elevado riesgo que conllevan estas recomendaciones. El precio de la vivienda en España todavía no ha tocado suelo. Precisamente, éste es uno de los principales problemas que arrastra la economía nacional, ya que la recuperación económica se retrasará hasta que no se produzca el necesario ajuste de precios.

Así, tras sufrir una de las mayores burbujas a nivel mundial, España aún se sitúa a la cola del Top 10 de depreciaciones inmobiliarias, por detrás de EEUU, Reino Unido o Dinamarca. Desde mediados de 2008, el precio medio de los pisos apenas ha caído un 10%, por lo que la vivienda aún sigue sobrevalorada casi un 30% con respecto a sus fundamentales. Por ello, en caso de que se mantenga este lento ritmo de ajuste, el precio seguirá cayendo durante, al menos, otros tres años (entre finales de 2011 y principios de 2012).

Sin embargo, existen otras variables a tener en cuenta. España contaba a finales de 2008 con más de 1,6 millones de pisos sin vender (stock), mientras que la demanda apenas alcanzaba las 218.000 unidades. Es decir, a este ritmo de ventas, la oferta no se extinguirá hasta dentro de siete años. Y ello, sin necesidad de poner un solo ladrillo.

La clave, sin embargo, no radica tanto en el stock como en las dificultades financieras de familias y empresas del sector. El aumento del paro, la posible subida de tipos de interés en 2010 y el incremento de la morosidad amenazan con hundir el precio de los pisos por debajo, incluso, de sus fundamentales.

A 31 de diciembre de 2008, la banca acumulaba ya cerca de 32.000 viviendas procedentes de ejecuciones, mientras que otras 93.000 se encontraban en situación de mora por impago de hipoteca. El pasado junio, los bancos y cajas de ahorros acumulaban en sus balances activos inmobiliarios por valor de 20.256 millones de euros, según datos del Banco de España… Y creciendo.

En la actualidad, son las entidades financieras, no las inmobiliarias, quienes realmente están fijando el precio de los pisos, manteniéndolos artificialmente por encima de su valor de mercado con el fin de evitar la depreciación de sus balances y, por tanto, entrar en pérdidas. ¿Cómo? Por un lado, han endurecido las condiciones crediticias en el caso de la vivienda usada, al tiempo que refinancian los créditos morosos de propietarios y grandes inmobiliarias en quiebra.

De este modo, las entidades concentran la concesión de préstamos en condiciones favorables hacia las viviendas que mantienen en cartera (sobre todo, nuevas) con el fin de darles salida, al tiempo que tratan de retrasar, en la medida de lo posible, el impago de créditos mil millonarios por parte de las grandes empresas del ladrillo, en un proceso conocido como roll-over.

¿Problema? Varios. La falta de crédito presionará aún más a la baja el precio de la vivienda usada. Además, los promotores cuentan con un margen muy estrecho a la hora de hacer rebajas. Según los balances consolidados de las inmobiliarias a 2006/2007, el ratio de resultado de explotación se situaba entre el 15% y el 20%, con lo que la flexibilidad máxima de precios sería de ese orden, para no incurrir en pérdidas. Y es que, antes de vender el piso por debajo del precio de coste, las promotoras entregan sus activos a los acreedores para saldar la deuda.

Por otro lado, pese a la refinanciación masiva, el sector del ladrillo está en quiebra, por lo que la banca, finalmente, tendrá que asumir un gran volumen de activos inmobiliarios al vencimiento de los créditos concedidos a esas empresas (entre 2010 y 2012). De este modo, el desplome de precios y, por lo tanto, el necesario ajuste, se producirá cuando a la banca no le quede más remedio que desprenderse de los activos embargados a pérdidas.

Así pues, aún queda tiempo para buscar con calma un precio atractivo para comprar casa, como mínimo un par de años. De todos modos, existen dos indicadores útiles para saber si ha realizado una buena compra: por un lado, un PER (número de años que precisaría alquilar un inmueble para recuperar el monto inicial de la inversión) igual o inferior a 19; y por otro, que el valor del piso no supere en más de tres veces su renta bruta anual (salario).

Las incógnitas de Gol TV

La creación y lanzamiento del Gol TV ha sido uno de los culebrones del verano, con los reales decretos del Gobierno y la airada reacción de los principales competidores/afectados por la intervención. Como es bien sabido, Gol TV se dedica de forma casi monográfica a la retransmisión de partidos de fútbol, incluyendo entre ellos los principales de los equipos españoles: Liga, Copa del Rey y competiciones europeas. El resto van, por así decirlo, de relleno.

Gol TV es, por tanto, el paquete comercial en el que se pretende vender uno de los contenidos más atractivos para la gente de nuestro país. Tradicionalmente, eran dos los contenidos considerados Premium por espectadores y, consecuentemente, cadenas de TV: el fútbol y las películas de estreno de los grandes estudios americanos. En la actualidad, las segundas han cedido su posición de prestigio, debido entre otras cosas a la inmediatez que proporciona internet para el acceso a estos contenidos, lo que hace innecesaria la espera a su emisión en TV para poder ver la peli.

Así pues, en España únicamente queda como contenido Premium el fútbol. Es el único contenido audiovisual por el que parece que el españolito medio esté dispuesto a rascarse el bolsillo y pagar. De ahí la gran importancia que los derechos sobre los equipos de fútbol tienen para las cadenas de TV, tal como se ha reflejado en las continuas desavenencias entre Mediapro y Sogecable a las que hemos asistido este año.

El problema para Mediapro era y es cómo dar salida a su producto: vale, tiene el contenido, pero no cómo llevarlo al cliente y, mucho menos, cómo ser capaz de cobrar por él. Aquí es donde entraba el gobierno con su autorización urgente para permitir el uso de un canal de TDT de pago. Desgraciadamente para Mediapro, esta autorización distaba de ser suficiente, pues es necesario que los posibles consumidores dispongan también de un aparatito, el infame descodificador. Para más inri, la mayoría de los aparatitos, de reciente adquisición en muchos casos, no valen para TV de pago, pues carecen de los interfaces adecuados. Así que al consumidor futbolístico hay que convencerlo primero de que cambie el cacharro recién comprado por otro ligeramente mejorado, pero más caro.

En estas condiciones, tenía pinta de que Gol TV iba a ser disfrutado por una escasa minoría, y posiblemente con negocio de restauración. Así que Mediapro ha optado por permitir a todos los operadores interesados que lo distribuyan a sus clientes. De hecho, Gol TV está accesible para los clientes de todos los cableros y operadores de telecom, incluidos Ono y Telefónica.

Y esto es lo nuevo: el gran valor de Canal + (y Digital + después) era el contacto directo con el cliente. Para obtener ese contacto, podía tener sentido el gran desembolso realizado en contenidos Premium. Sin embargo, Gol TV sacrifica el control del cliente, al que no va a facturar directamente, en aras de la mayor base potencial. Es un cambio radical de planteamiento para el contenido más cotizado en España.

Evidentemente, sería interesante ver los resultados de la apuesta del grupo mediático en el libre mercado. Sin embargo, tengo la ligera sospecha de que alguien juega con las cartas marcadas. Y eso significa que ellos ganarán su apuesta, y que los demás españoles, sin haber participado en el juego, la perderemos.

La dificultad de constituir nuevas empresas

Una de las peores consecuencias que ha tenido la actual crisis económica en España ha sido la subida de la tasa de desempleo. Hace apenas unos años la situación era de euforia generalizada, creyéndose que el pleno empleo se encontraba en un horizonte temporal no muy lejano. Hoy en día la situación es radicalmente distinta, preguntándose cada día más gente si podrá trabajar el día de mañana.

Al estudiar la crisis económica española y compararla con la que sufren otros países de nuestro entorno, nos podemos encontrar con que una de las características peculiares que tenemos en nuestro país se encuentra, precisamente, en la mayor repercusión del desempleo. Si tomamos, por ejemplo, las cifras de paro publicadas por Eurostat para la zona del euro, entre agosto de 2008 y junio de 2009 la tasa ha subido desde el 7,6% al 9,4%, pero, en España, para dicho mismo intervalo, la subida ha sido mucho más espectacular, desde el 11,8 al 18,1%.

Como se puede ver las cifras no son nada alentadoras y no invitan al optimismo. Son muchas las empresas que cierran o las que despiden a parte de su personal. No obstante, a la par que se destruyen empresas deberían surgir otras nuevas más adaptadas a las nuevas necesidades, lo que parece que no está ocurriendo con la celeridad necesaria si atendemos al incremento de la tasa de paro. Puede parecer extraño que alguien quiera crear una empresa hoy en día, sin embargo, muchas de las multinacionales existentes hoy en día nacieron en época de crisis, y en sus inicios fueron pequeñas empresas.

El proceso por el que una persona decide convertirse en emprendedor y crear una nueva empresa no resulta fácil. Su misión será la de proporcionar un producto o servicio que satisfaga a sus clientes, a un precio competitivo y, que a su vez, le permita cubrir los costes en los que incurre. Así deberá de dedicar su tiempo al desarrollo del producto, o a la prestación del servicio, a dar a conocer lo que ofrece, a la búsqueda de clientes, a su trato, a entender sus preferencias (incluso a conocer gustos que éstos últimos desconocen tener), a controlar los costes, a buscar personal, a satisfacerlo a fin de que no abandone la empresa, a estudiar la competencia, a buscar un lugar donde realizar la actividad de la empresa, a obtener recursos para la producción, etc. Como se ve, estos objetivos no sólo no son fáciles de cumplir, sino que, en algunos casos, llegan a ser contrapuestos.

Por tanto, los comienzos de una nueva empresa no resultan en absoluto fáciles. Así la falta de experiencia y de recursos es reemplazada por el esfuerzo y sacrificio del emprendedor y sus colaboradores.

No obstante, el emprendedor no ha de dedicar su tiempo únicamente a satisfacer los objetivos anteriores, ya que tiene diversas obligaciones de índole legal específicas de nuestro país, y que pueden estar motivando esa resistencia existente para la creación de nuevas empresas. Atendiendo a la clasificación de países por facilidades para hacer negocios que elabora cada año el Banco Mundial, España ocupa la posición número 49 en el año 2009, habiendo descendido 3 posiciones con respecto al año anterior. Y si se examina la clasificación en cuanto a la facilidad de abrir un negocio, España retrocede a la posición 140, frente a la 123 que ocupaba el año anterior.

Si un emprendedor decidiese constituir una Sociedad Limitada (forma societaria más común en España) para iniciar un negocio, estaría obligado a realizar, al menos, los siguientes trámites burocráticos:

  1. Solicitud al registro mercantil de una Certificación Negativa para que éste verifique que la denominación que se quiere dar a la sociedad es única.
  2. Apertura de la cuenta corriente bancaria, depósito del capital social, y obtención del certificado de la entidad financiera detallando el importe aportado por cada socio.
  3. Elaboración de una carta de intenciones por parte de todos los socios que se presentará a Hacienda junto al modelo censal 036 y la Certificación Negativa para la obtención del Código de Identificación Fiscal (CIF) provisional.
  4. Elevación a público de la Escritura de Constitución de la sociedad, que se formalizará en una notaría aportando la documentación anterior.
  5. Pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
  6. Inscripción en el Registro Mercantil.
  7. Legalización de libros (actas y socios) en el Registro Mercantil.
  8. Solicitud del Código de Cuenta de Cotización Seguridad Social, comunicación de la apertura del centro de trabajo, solicitud del libro de visitas, y solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos de los socios trabajadores de la empresa si no lo estuvieran.
  9. Solicitud de la licencia de apertura ante el ayuntamiento (o de cambio de actividad o titularidad si anteriormente hubiese existido otra actividad similar en el local).

Como se puede observar el proceso es bastante largo (especialmente la licencia de apertura, que según el ayuntamiento en que se solicite puede demorarse meses) y puede suponer un coste importante para el pequeño emprendedor.

Puesto que existen países donde todo este proceso es mucho más sencillo deberíamos preguntarnos si la actual carga burocrática no está desincentivando a gente para constituir nuevas empresas, debiendo estudiar la legislación de otros países, como Nueva Zelanda, donde la constitución de una sociedad no lleva más allá de 1 día y su coste supone los 200 dólares.

Xenofobia sindical

Formaciones como la neofascista Democracia Nacional y los grupúsculos neonazis y ultraderechistas de todo tipo han encontrado un interesante aliado en el sector andaluz del sindicato del partido que actualmente gobierna España. La Unión General de los Trabajadores de Andalucía ha hecho suyo uno de los lemas favoritos de los herederos hispánicos de José Antonio Primo de Rivera, Benito Mussolini o Adolf Hitler. Sin utilizar esas mismas palabras, el secretario del Sector Agroalimentario de la UGT de Sevilla, Emilio Terrón, ha venido a decir eso de "los españoles primero".

Pretende el señor Terrón que no se contraten extranjeros para la recogida de la aceituna. Acusa a los empresarios agrícolas de querer "importar" trabajadores rumanos para pagar sueldos menores mientras las oficinas de empleo "están llenas de parados" españoles. Se trata de mostrar de manera dulcificada –algo muy apropiado para su apellido– el clásico y falso argumento ultraderechista de que los inmigrantes "roban" el trabajo a los nacionales al cobrar menos que los de aquí. Lo que propugna el sindicalista sevillano es ni más ni menos que un mezquino proteccionismo laboral cargado de populismo, en un momento en el que millones de desempleados buscan una explicación a su situación y soluciones aparentemente simples a la misma.

Lo que no plantea el líder sindical, ni ningún otro xenófobo que recurre al argumento económico, es que "proteger" al trabajador nacional frente al extranjero no es una solución real. De hecho, si se aprueban leyes en ese sentido lo único que se logra es fomentar el trabajo irregular de inmigrantes y poner a estos en un lugar de mayor indefensión. Incluso en el caso de que funcionaran y se consiguiera frenar la inmigración, tampoco eso beneficiaría a los autóctonos que buscan empleo. Al reducir de forma artificial la oferta de trabajadores, los sindicatos presionarían para regular y encarecer aún más la contratación de forma que se mantendrían las tasas de paro.

Además, ningún supuesto interés nacional justifica que se viole el derecho básico de cada persona de tratar de conseguir una vida mejor allá donde lo considere adecuado. De hecho, lo necesario es abrir las fronteras a las mercancías, lo que llevaría el desarrollo económico a muchos lugares del mundo y a los seres humanos.

Una consecuencia nociva adicional de lo expresado por el sindicalistas sevillano es que fomenta el rechazo al extranjero. Con sus declaraciones transmite a los ciudadanos que la solución a sus problemas está en impedir que trabajen los procedentes de otros países. Dado el inmerecido prestigio de los sindicatos en ciertos sectores de la sociedad, Terrón ha dado carta de legitimidad a la peligrosa idea nacionalista de "los españoles primero". Cuando desde UGT denuncien el racismo y la xenofobia, o alerten sobre un crecimiento real o ficticio de la ultraderecha, alguien deberá recordarles que ellos tienen buena parte de responsabilidad.

Guay de las comparaciones

Así, los gobiernos pueden chulear de ser primeros, segundos o terceros, o, al menos, de estar por encima de la media de la OCDE, de la UE, de la UE-15 o del sursuncorda. Claro, también pueden quedar abochornados si ocupan los últimos lugares, o si no alcanzan la media susodicha.

En el fondo, lo que subyace en estas comparativas es una visión socialista del mundo, en que todas las personas son iguales y tienen las mismas preferencias. Por eso, cuando un país no alcanza la media, automáticamente se asume que el gobierno está haciendo algo mal, pues es la única explicación posible para tal separación, insisto, en ese mundo inexistente de individuos clónicos.

El ejercicio comparativo puede ser interesante y hasta informativo en determinados casos. Por ejemplo, puede ser interesante conocer el precio de la gasolina en los distintos países. Después de todo, se trata de un bien relativamente homogéneo del que todos sabemos cuanto consumimos y cuyo precio es sencillo de conocer. Además, en casi todos los sitios se vende de la misma forma, esto es, por capacidad adquirida, aunque en algunos países el precio se especifique en litros y en otros en galones (y al europeo no habituado le dé un sofocón al ver el precio en la gasolinera).

Ahora bien, el ejercicio alcanza cierto grado de delirio cuando estamos hablando de bienes o servicios más complejos. Por ejemplo, los servicios de telefonía móvil. ¿Cómo se pueden comparar los precios de servicios móviles, que son un conjunto de servicios muy heterogéneos, y que además se venden de muchas formas distintas? Quizá se pueda comparar el precio de un servicio determinado, no sé, el de SMS, con el de otros países, si se olvidan todas las ofertas de bonos, empaquetamientos y planes comerciales que hacen los operadores. Pero tratar de comparar los precios de la telefonía móvil, así, en general, parece tarea imposible.

Pues ni corta ni perezosa, la OCDE aborda periódicamente el ejercicio. Coge y se define unas cestas de llamadas, hace los números y clasifica a los países. El problema, es, por supuesto, lo de las cestas de llamadas. Porque lo que significan esas cestas es que existe una especie de ciudadano "medio" virtual, que hace un determinado número de llamadas de cierta duración y manda unos cuantos SMSs al mes. Así que lo que se mira es qué país es el más barato para ese ciudadano universal que, obviamente, no tiene nada que ver con ninguno de nosotros, ni españoles, ni americanos ni turcos. Pero sí con esa visión distorsionada de que todos los individuos tienen las mismas preferencias.

Al ser un ciudadano inexistente, sería absurdo que los operadores se dedicaran a hacerle buenas ofertas. Pero parece que eso es lo que espera la OCDE de los móviles: que en vez de tratar de dar servicio a los ciudadanos reales de cada uno de sus países, se lo den a ese tipo. Por cierto, a lo mejor coincide con el patrón de consumo del funcionario que ha definido la cesta. Así se garantiza el mejor precio en todos los países.

Como los operadores españoles sirven a ciudadanos reales españoles y compiten duramente al hacerlo, dicho sea de paso, suelen salir mal en las clasificaciones para ciudadanos virtuales. Las buenas noticias son que cada vez menos gente se toma en serio estos absurdos ejercicios. Ni siquiera, según parece, el Gobierno español.

Los descuentos de los hermanos Albrecht

Los hermanos Albrecht están hechos de una pasta especial. Han trabajado denodadamente a lo largo de sus vidas y han sido siempre cuidadosos en sus inversiones y gastos. Su ciudad natal de Essen, situada en el corazón de la región industrial de la cuenca del río Ruhr, quedó devastada por los diversos bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Los Albrecht vieron, aún jóvenes, demasiado sufrimiento humano. Allí empezaría su trayectoria empresarial al constatar la acuciante necesidad de sus conciudadanos por alimentarse en un mundo en ruinas al tiempo que padecían racionamientos y el envilecimiento de su moneda nacional.

Al abrigo de la revolución liberal de Ludwig Erhard abrieron su propia tienda de comestibles hace doce lustros. Se limitaron a vender pocos alimentos básicos a precios muy módicos. Con paciencia y fieles a su lema de permanente control y rebaja en todos y cada uno de los costes de su negocio, pudieron transferir sus crecientes ahorros al consumidor final en forma de precios más bajos en un entorno libre ya del control oficial de precios.

No les gustaba endeudarse demasiado; sólo aceptaban pagos en efectivo. A diferencia de otras tiendas optaron por un escaso margen de beneficios a cambio de un gran volumen de ventas. Acertaron y comenzaron a prosperar. Registraron la enseña Aldi, contracción de las dos primeras letras de su apellido y de discounts. Hicieron popular el modelo de tienda de descuento en su país a la par que sus competidores más directos, Lidl y Metro AG.

Tras años de duro trabajo, una discrepancia menor (suministrar o no cigarrillos en sus locales) junto con el deseo de administrar cada hermano su propia empresa les condujo a un acuerdo amistoso para repartirse el mercado. A Theo Albrecht, partidario de vender cajetillas de tabaco, le tocaron las tiendas del norte del país (Aldi Nord) y Karl Albrecht, que pensaba que la venta de cigarrillos dispararía los hurtos, se hizo cargo de las del sur (Aldi Süd). Pese a su gestión independiente, ambos usarían su marca común (con logos algo diferenciados), negociarían conjuntamente con los proveedores y acordarían los mismos precios de venta al público. Se expandieron por toda Alemania, según el ecuador-Aldi.

Los supermercados de los Albrecht han mostrado siempre una espartana presentación de sus mercancías, a veces apiladas en palés para que el cliente se surta allí mismo como si fuese un mayorista. Mantienen una escasa variedad de artículos; su gama no suele pasar de los mil y rehúsan emplear cualquier tipo de adorno o accesorio superfluo (estilo no-frills). Decidieron pronto vender casi únicamente con sus propias marcas aunque sus proveedores solían ser los mismos que los de las marcas reconocidas. Luego muchos les imitarían.

Sus establecimientos no son excesivamente grandes por lo que la compra de sus productos suele hacerse en menor tiempo que en las extensas superficies de otros hipermercados. Con los años han introducido unos pocos productos electrónicos, cosméticos y vestimenta básica y han acabado aceptando el pago con tarjetas (generalmente de débito).

Fueron de los primeros en el sector en devolver el dinero al cliente insatisfecho y en no ofrecer en caja bolsas de plástico (el cliente debía aportarlas o comprarlas). Se daba por hecho que Aldi era un modelo de negocio enfocado a los menos pudientes. Pues bien, uno de los descubrimientos más sorprendentes de dicha cadena fue constatar que sus establecimientos triunfaban también en los barrios acomodados de las ciudades alemanas. Los ricos, además de llorar, ahorraban y consumían productos básicos. Las pautas de consumo entre clases sociales no eran tan estancas como se pensaba.

Aldi se ha internacionalizado igualmente al alimón. Entre la enseña sureña y norteña suman unos 8.100 puntos de venta por el mundo (la mitad están en Alemania). En EE UU, están arrebatando poco a poco cuota de mercado a Wal-Mart, Target o Save-A-Lot. Lo mismo sucede en Europa y Australia con las cadenas consolidadas. Pudiera pensarse que los bajos precios se consiguen a costa de la merma de la calidad de lo ofrecido. Nada más lejos de la realidad: las calificaciones de los exigentes análisis de calidad realizados por el Stiftung Warentest son generalmente buenas. Ocho productos Aldi han sido ya premiados en el Reino Unido con los Quality Food Awards (los Óscars de la industria alimentaria de allá).

La estructura accionarial de sus respectivas empresas está formada por una compleja red de holdings y de trusts. No es posible comprar sus acciones pues no cotizan en bolsa alguna. La mesura de los Albrecht ha recelado siempre de la financiación bursátil que tanto puede dar o quitar en cada momento. Lo que seguro no les quita hoy el sueño son las operaciones de venta masiva de títulos a crédito. Si se entra en bolsa se ha de estar a las duras y a las maduras, debieron pensar. Decidieron, consecuentemente, permanecer al margen.

El buen hacer de los Albrecht, hoy casi nonagenarios, les ha permitido amasar la 6ª y 9ª mayores fortunas del mundo a base de permitir a muchos importantes ahorros en su cesta de la compra. En la actual recesión que padecemos crecerán todavía más.

Los Albrecht siguen aquilatando obsesivamente sus costes en sus empresas. Llevan vidas relativamente austeras que guardan con celosa intimidad. Compárese sus indiscutibles aportaciones a la sociedad con las "gratuidades" de los políticos de todos los partidos, con los diseños sociales de los intelectuales anti-mercado o con los diestros empresarios caza -subvenciones. No albergo dudas, me quedo con los descuentos de los hermanos Albrecht.

Cuernos imperiales

El diario El País, que tradicionalmente opina sobre los asuntos importantes con dos días de retraso (los progres son venenosos pero algo lentos), ha reaccionado en este caso con asombrosa celeridad para recetarle a ZP un par de páginas en todo el morrillo y un editorial hasta la bola, adornado con un hueco preferente en la misma portada para que no se diga. La sospecha de que los "brujos visitadores" estaban operando por debajo de la mesa durante las negociaciones para unir las dos plataformas de referencia de la izquierda mediática se convirtió en certeza tras este último consejo de ministros con la concesión de un canal de TDT de pago a Mediapro, y eso es algo que Prisa no puede tolerar bajo ningún concepto aunque sólo sea para honrar la memoria de su fundador.

Tras la concesión de Zapatero de un canal de TDT de pago a Roures y Milikito, el diario de Prisa habla de una decisión "escandalosa y abusiva" para "satisfacer los intereses de un grupo de amigos", que, curiosamente, es lo mismo que pensamos muchos millones de españoles cuando Felipe González concedió a Prisa un canal analógico de pago, suceso inédito en toda Europa hasta ese momento. En aquél momento, El País no consideró la decisión del Gobierno felipista ni "abusiva" ni "atropellada" como hace ahora con Zapatero, sino por el contrario todo un acierto que ampliaba el derecho a la información de los ciudadanos. La coherencia está bien hasta que a uno le tocan el bolsillo, y no hay nadie más celoso de sus intereses económicos que un empresario de izquierdas.

Con todo, lo más divertido de todo este asunto es el motivo aducido por la vicepresidenta para haber concedido a Roures un canalito de pago justo antes del comienzo de la liga, de forma que pueda explotar el fútbol a la carta ya desde el primer partido. Según "la represaliá", es una medida más entre las muchas puestas en marcha por el Gobierno para luchar contra la crisis económica que nos azota a causa de Bush, Aznar y el neoliberalismo salvaje.

Desde luego, los amigos de Zapatero van a poder capear las actuales "dificultades transitorias" (Solbes dixit) de una forma ligeramente más confortable que los prisaicos, a los que han arrebatado el monopolio del fútbol de pago. Esto nos sitúa ante un panorama muy divertido en el que veremos al buque insignia de la izquierda mediática atizar a Zapatero una y otra vez hasta que rectifique o proporcione a Prisa una compensación suficiente. Con un poco de suerte es posible que incluso El País comience a editorializar la actualidad sin dejar pasar las preceptivas cuarenta y ocho horas marca de la casa. Si es que el grupo no quiebra antes, claro, terrible pérdida de la que los españoles de bien no nos recuperaríamos en muchos años.