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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Montilla, Camps y Gallardón coinciden: ¡viva el consumismo!

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El Molt Honorable Josep Montilla exhortó hace unos días a los catalanes, con su proverbial pericia en el manejo del idioma, a que consuman con el siguiente argumento:

Esta gente que puede consumir o que se tiene que cambiar de coche lo tendría que hacer, o la gente que necesita una vivienda y tiene recursos para hacerlo la debería comprar. Seguramente haciendo estas cosas está contribuyendo a que su hijo o su vecino mantengan su trabajo.

Es de suponer entonces que su esposa, la de los 14 sueldos, no se arredrará a la hora de acudir a los grandes almacenes. Si se comporta de manera tan dispendiosa como aconseja su marido, ella solita será capaz de mantener todos los puestos de trabajo en la Ciudad Condal.

En las muy libertarias filas populares no han querido quedarse atrás en este asunto. El Consell valenciano ha pedido recientemente a la población local que consuma productos del terruño

por su calidad y cualidades nutricionales, pero también porque de este modo contribuimos a generar riqueza y empleo en las comarcas de nuestra Comunitat.

Lo que no entiendo, entonces, es cómo Milano pudo echar el cierre, con las cuantiosas adquisiciones que se realizaban en Valencia.
 

Como no sólo de súplicas políticas vive el hombre, los ayuntamientos de media España se han visto forzados por las inclemencias de la crisis económica –muy en contra de su voluntad, claro– a ser especialmente desprendidos a la hora de alumbrar las zonas comerciales de sus ciudades, a ver si así se anima el personal y deja limpias las tiendas.
 

Sólo nuestra ilusionante alternativa política al socialismo zapateril, el ex militante de Alianza Popular y actual alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, se ha gastado la friolera de 4,6 millones de euros en colocar lucecitas para lar lustre a los escaparates de los grandes centros comerciales de la Villa y Corte: todo sea por machacar un poco más las muy machacadas tarjetas de crédito de los madrileños.

Cuando las empresas privadas recurren al merchandising para incrementar sus ventas se les viene encima una avalancha de condenas por tratar de manipular al consumidor; pero cuando son nuestros políticos quienes lo hacen, por lo visto hay que aplaudir con las orejas, pues todo lo hacen en pro del bien común.
 

Sin duda, uno no sabe muy bien qué hacer ante estas luminarias. Ora denuncian que el consumo excesivo del ostentoso Occidente está destruyendo ese planeta, que no es de nadie salvo del viento, ora se lamentan de que no consumimos lo suficiente como para que todo hogar tenga una buena hogaza de pan en la mesa. Consideran necesario tanto el racionamiento del consumo y el alza de los impuestos como el fomento del consumo y el aumento del gasto público. Todo ello, guardando la muy preciada consistencia que requiere cualquier plan de actuación política para resultar eficaz.
 

Aún así, no estaría de más recordarles que Standard and Poor’s acaba de colocar en perspectiva negativa a España, entre otros motivos, por su elevado endeudamiento privado: familias y empresas acumulan unos pasivos equivalentes al 177% del PIB. Puestos a tratar de aclarar nuestras tenebrosas perspectivas, ¿no habría tenido más sentido, tal vez, recomendarles que aparten un poquito de dinero para reducir ese abultado endeudamiento? ¿Acaso alguien en su sano juicio –esto es, no incapacitado por prodigalidad– se dedica a fundirse todos sus ingresos en productos innecesarios cuando carga con una montaña de deudas y en el futuro pintan bastos?
 

El sentido común parece dictar que más nos valdría limitar el consumo tanto como sea posible, ahorrar el resultante, minorar parte de nuestra deuda (¿qué tal una cancelación anticipada de las hipotecas para acelerar la recapitalización de nuestro zozobrante sistema bancario?) e incrementar la presencia de activos en nuestro patrimonio que nos proporcionen rentas alternativas a las salariales (¿cómo le suena acudir a las ampliaciones de capital y a las refinanciaciones de deuda de nuestras empresas más solventes?) .
 

Pero, ¡ah!, nos dicen nuestros políticos, si nadie consume, ¿qué pasará con los puestos de trabajo de nuestra economía? A lo que John Stuart Mill habría respondido, hace 160 años: "La demanda de bienes de consumo no equivale a la demanda de trabajadores". O, dicho en román paladino: si nadie ahorra, ¿qué pasará con todos los puestos de trabajo que dependen de que los bancos vuelvan a ofrecer crédito, y familias y empresas a demandarlo?
 

Porque el consumo tiene un arreglo sencillo: si nadie en España quiere consumir, las compañías podrán vender su mercancía al extranjero… si bajan lo suficiente sus precios (y sus costes, entre ellos los salariales, mis muy apreciados sindicatos). De paso, además, contribuiríamos a reducir nuestro muy considerable déficit exterior, otro de los motivos de preocupación para Standard and Poor’s.

Pero a diferencia del consumo, el crédito, cuando es desbordante, no tiene arreglo vía ajustes en el precio. Ningún banco concederá más préstamos, por muy elevados que sean los tipos de interés, si se encuentra al borde de la quiebra; y ninguna familia o empresa demandará más créditos, por muy bajos que sean los tipos, si se ha sobreendeudado para acometer inversores que han terminado siendo ruinosas.
 

Pues bien, los bancos españoles van a tener en los próximos años problemas de solvencia muy serios –de los que quizá no consigan salir vivos–, y nuestras familias y empresas han destinado tal cantidad de deuda a financiar inversiones fallidas (viviendas a precios infladísimos), que durante mucho tiempo no se plantearán endeudarse más para acometer los nuevos proyectos que resulten rentables en medio de la crisis.
 

O purgamos nuestra economía rápida y decididamente, como hace cualquier empresa sensata cuando se da cuenta de que se ha equivocado en su plan de inversiones, o seremos purgados lenta pero irrefrenablemente por una economía moribunda.
 

Si pretendemos viajar de Madrid a Valencia con nuestro automóvil y a mitad del trayecto nos explota el motor, de poco servirá que nos pongamos a empujar: o arreglamos el motor, o abandonamos el coche y seguimos caminando. En cualquiera de los dos casos, más nos valdrá no malgastar energías con empujoncitos estériles.
 

Sin embargo, parece que el empujón del consumismo navideño conseguirá este año reanimar el motor de nuestra economía. Comprando sartenes y juegos para la Playstation 3 conseguiremos recapitalizar nuestros bancos, dar salida a un stock de más de un millón de viviendas vacías, aligerar la enorme deuda de nuestras familias y empresas, corregir los 80.000 millones de estructural déficit público y equilibrar nuestro desajuste exterior. Eso es lo que proclaman los infalibles políticos del Reino de España, y en eso se gastan nuestro dinero. En estas fechas, en las que ningún corazón alberga maldad alguna y en nuestras acciones están iluminadas desde lo más alto, habrá que creerles, ¿no?

Por qué no confiar en la Wikipedia

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Los calentólogos han procurado, con bastante éxito, impedir la publicación de los escépticos en revistas científicas y no incluir sus estudios en el IPCC cuando éstos lograban saltar la censura.

Lawrence Solomon ha puesto de manifiesto cómo un sólo hombre, un informático que trabajó durante años en la elaboración de modelos climáticos, William Connolley, ha logrado hacer desaparecer toda traza de críticas a la teoría del calentamiento global de la edición en inglés de Wikipedia. Alcanzó el estado de administrador, desde el cual editó 5.428 artículos de la Wikipedia, en buena parte relacionados con el clima. En sus esfuerzos, empleó sus privilegios con frecuencia para evitar que esos artículos respondieran al estándar de "Punto de vista neutral", revocando ediciones de otros internautas e incluso bloqueándolos.

Connolley es responsable de haber eliminado las dudas de los escépticos de los artículos sobre calentamiento global, efecto invernadero, registros de temperaturas, efecto de isla de calor urbana, modelos climáticos, enfriamiento global, óptimo climático medieval, pequeña edad de hielo y un sinfín de científicos escépticos. Como administrador ha borrado alrededor de 500 artículos que no le gustaban. Finalmente sus privilegios fueron revocados por emplear sus tácticas de matón de enciclopedia con un artículo sobre fusión fría; se ve que lo que hacía sólo estuvo mal cuando se salió de "su campo".

Pese a ello, Connolley –militante del Partido Verde– continúa empleando una gran parte de su tiempo con la Wikipedia y logrando imponer sus puntos de vista con éxito. Lo que lleva a una conclusión importante, como es la poca confianza que ofrece la enciclopedia en asuntos "calientes", y no me refiero a la temperatura. La política, la economía e incluso la ciencia en aquellos campos tan tremendamente politizados como la climatología son asuntos sobre los que no se debe consultar en la "enciclopedia libre". Mi experiencia personal es que tiende más a la izquierda, quizá porque quienes más tiempo ocupan en la edición de la Wikipedia son jóvenes y éstos tienden a ser más de izquierdas que el público general. Pero aunque fuera al revés, eso no cambia lo esencial: pese a las reformas y sus intentos de cambiar, lo cierto es que la Wikipedia no puede ofrecer una defensa eficaz contra un punto de vista no neutral si hay activistas con interés y dedicación suficientes para imponerlo.

Si estamos hablando de un artículo sobre matemáticas o la biografía de, no sé, Faraday, es improbable que existan razones personales tan fuertes que lleven a arruinar el artículo. Por eso Wikipedia es tan gran invento y la gente tiende a confiar en ella de forma más o menos ciega. Pero del mismo modo que con los medicamentos hay que "leer las instrucciones y consultar con el farmacéutico", hay sitios web que se debe aprender a usar. Incluso, si tenemos tiempo, registrarnos en la versión española y aportar nuestros conocimientos, intentando no imponer nuestro punto de vista, sino luchando por alcanzar ese imposible equilibrio llamado "neutralidad".

El procejariado se va de manifa

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

La escena es tan surrealista que sólo se puede dar en la España de Zapatero, no porque en otros lugares el sindicalismo de clase (alta) no insulte a la inteligencia y el bolsillo del resto de trabajadores, sino porque fuera de nuestras fronteras lo hacen con más discreción.

Aquí se despelotan sin ningún pudor y convocan una manifestación contra los enemigos seculares del proletariado, sin tener en cuenta que la famosa lucha de clases pasó a la historia y lo que queremos los trabajadores no es hacer la revolución sino un puesto de trabajo y un pisito en la costa como cualquier sindicalista liberado, vaya.

Con sus acciones, los sindicatos confirman que la batalla en el mundo actual ya no discurre entre empresarios y empleados, sino entre los que viven del dinero público y los que debemos financiar sus francachelas.

Y como adecuado colofón a un acto tan sublime estará de maestro de ceremonias el periodista preferido de Gallardón, que incluso es posible que haya rebajado su caché para aceptar ir a amenizar la fiestuki. Que no falte de nada. El alcalde de Madrid debería asistir también a la manifestación, junto a los comicastros del Partido, para protestar contra Esperanza Aguirre, culpable junto a los empresarios de que Zapatero haya destruido nuestra economía a una velocidad nunca vista en un país civilizado. Total, salvo el PSOE, los sindicatos, el procejariado y Gallardón, que están libres de culpa por su condición de progresistas, los demás no sólo tenemos que financiarlos a todos sino escuchar también sus reprimendas.

Dicen que se van a manifestar contra los que se aprovechan de la crisis. Hombre, yo creía que se referían a ellos mismos, porque no hay nadie en España que esté aprovechándose con más intensidad de la actual catástrofe económica que los sindicalistas y el resto de subvencionados. Oiga pues no. Para estos detentadores de la moral pública, el pequeño empresario que cierra su negocio, pierde su patrimonio y se va al paro o a la economía sumergida es un enemigo al que hay que combatir del brazo del Gobierno socialista, que es el que maneja el BOE.

Y todos los demás, que financiamos su alegría reivindicadora, no sólo tenemos que seguir pagando sino aceptando con resignación la bronca de estos ungidos. Y sin rechistar, oiga, no sea que una patada perdida de kárate acabe impactando en nuestras costillas, que cosas más raras se han visto.

La aventura del vendedor de cerillas

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

En los años cuarenta un adolescente disléxico se ganaba la vida en el sur de Suecia vendiendo cerillas al por menor abasteciéndose en almacenes mayoristas de Estocolmo. Luego amplió su gama de productos con adornos navideños, semillas, lápices, relojes y calcetines. Aumentó el número de clientes con pedidos por correo y realizaba los repartos a domicilio alquilando la camioneta del lechero de su pueblo cuando éste no la utilizaba.

En 1947 decidió incluir muebles en su catálogo de mercancías. Sus acuerdos con fabricantes locales le permitían obtener buenos precios y empezó a venderlos como rosquillas. Con 25 años, viendo que el negocio del mueble se le daba bien, decidió especializarse en ello. En 1953 organizó su primera sala de exhibición de muebles baratos y con estilo en la ciudad de Älmhult. Fue todo un éxito.

Esta exposición no pasó desapercibida a la Asociación Nacional Sueca del Mueble que, temiendo por sus márgenes, decidió hacerle un boicot: convenció a todos los fabricantes del país para que no vendieran nada a ese intruso jovenzuelo. Así se las gastaban.

Esto no amilanó en absoluto a nuestro joven empresario. Se puso a diseñar él mismo los muebles y salió fuera a buscar fabricantes de muebles (inicialmente a Polonia). Al traerlos de vuelta había que reducir costes en el transporte y en su almacenaje y minimizar los daños por manipulación. Ideó la forma en que los embalajes ocuparan el menor volumen posible. Una vez recibidos, en vez de ensamblarlos se vendían directamente desde su almacén al consumidor final, que podía fácilmente llevarse el pack y armar el mueble en su casa. Había nacido el modelo de negocio de Ikea, ideado por aquel emprendedor llamado Ingvar Kamprad, nacido en la granja de Elmtaryd en la localidad sueca de Agunnaryd.

En 1963 abrió su primera tienda fuera de su país, en Noruega, y empezó la conquista del mercado global. Al día de hoy posee 248 tiendas repartidas por el mundo y emplea a unas 120.000 personas. ¿Habría sorteado ese implacable boicot de 1953 y evolucionado así de haber contado la rudimentaria ley sueca de prácticas restrictivas al comercio de entonces con los poderosos instrumentos que cuenta actualmente? Nada hubiese sido igual.

La compañía sigue enfocada en el control de costes en todos sus procesos productivos y logísticos. Su catálogo anual gratuito es una de sus herramientas de marketing más poderosas al mostrar las nuevas tendencias y mantener sus atractivos precios durante todo el año. Sus tiendas-exposición están diseñadas para deleitar al consumidor, que puede ver y tocar antes de elegir lo que se llevará del almacén e, incluso, puede él mismo hacerse libremente un diseño a su gusto mediante la combinación de módulos, piezas y artículos.

Su director de diseño opina que “las soluciones caras son ideas mediocres” (muchos gestores públicos debería tomar buena nota de dicho aserto). Los muebles no son de lujo pero incorporan un enorme valor en diseño, funcionalidad e innovación. No se mantendrán, tal vez, para toda la vida ni se heredarán (como antaño) pero sí durarán más tiempo del que la mayoría de la gente desea conservar. Ha revolucionado, sin duda, el diseño interior de las casas de mucha gente. A diario un millón de personas pasan por sus cajas.

Las acciones de Ikea no cotizan en bolsa; la forman un complejo holding de fundaciones y empresas domiciliadas en Luxemburgo, Irlanda, Holanda y sus Antillas buscando protección fiscal. Kamprad, por su parte, halló grata residencia y refugio (fiscal) en Suiza.

Sus tres hijos llevan actualmente la gestión de la empresa. Han logrado mantener y ampliar el negocio creado por su padre, que sigue como asesor. Se han rodeado de un equipo de diseñadores de muebles punteros (20 en plantilla y más de 70 en freelance) y han tenido la habilidad de que Ikea sea percibida por la gente como una empresa “verde”, filantrópica y socialmente responsable. En ciertos países ha tenido buena acogida la venta online, pese a contravenir la práctica usual de compra presencial de sus clientes.

Hace algunos años se desveló que Kamprad había coqueteado en su juventud con los nazis suecos (por ello escribió un libro y pidió disculpas públicas) y tiene fama de tacaño. Como comentaba acertadamente Daniel Rodríguez sobre otro gran empresario, lo bueno del mercado libre es que nos permite disfrutar sólo de la parte buena de las personas.

Ikea es objeto recurrente de campañas en su contra por promover el consumo, por evadir impuestos o por aparecer homosexuales y transexuales en su publicidad, ignorando probablemente todos ellos que al antiguo vendedor de cerillas los boicots le estimulan.

El poder sobre el alquiler

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

Según sus promotores, la cacareada reforma dotará de mayores garantías a los propietarios de viviendas que son reacios a poner sus pisos en el mercado de alquiler, por el temor a un impago y se logrará, entre otras cosas, agilizar los procesos de desahucio. Se le ha llegado a colgar el apelativo de "desahucio express", nada menos. Por último, siguiendo una técnica legislativa defectuosa que consiste en abordar en el mismo texto una materia totalmente heterogénea, se reforman también un par de preceptos de la ley de propiedad horizontal para estimular que las comunidades de propietarios permitan la instalación de equipos que ahorren energía o de recarga de vehículos eléctricos en sus garajes.

Corroborando en parte el sobrenombre recibido en la prensa, el contenido procesal de la reforma avala la hipótesis de que profesionales con experiencia forense hayan soplado a los legisladores las tretas que vienen utilizando los inquilinos morosos que se especializan en burlar la acción de la justicia. Desde las dilaciones provocadas por el rechazo de las notificaciones, pasando por la solicitud de abogado de oficio poco antes de la vista de los juicios para conseguir su suspensión, hasta las argucias para malograr la ejecución de las sentencias de desahucio. Se aprecia en todo caso un buen hacer en la sistemática reforma procesal de apartados concretos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En resumen, las reformas introducidas por su artículo segundo simplifican los trámites reconduciendo también a los trámites del juicio verbal (en principio más concentrados y breves) las reclamaciones de rentas, cualquiera que sea su cuantía. Cuando el demandado rechaza la notificación personal, se exime a los demandantes de instar la notificación de cada fase del procedimiento por edictos en boletines oficiales y se facilita extraordinariamente la ejecución de los desahucios.

Se mantiene, sin embargo, la facultad de "enervar" el desahucio por una vez, esto es, conseguir que la sentencia que estima una demanda no surta efectos en virtud del pago de las rentas debidas por el arrendatario antes del juicio, salvo en el caso de que el arrendador hubiera requerido de pago al arrendatario con un mes de antelación a la presentación de la demanda. Asimismo, se percibe un voluntarismo infantil en la reducción de los plazos que se otorgan a los juzgados para resolver los procedimientos arrendaticios. Conociendo su funcionamiento, no hay ningún elemento que permita pensar que vayan a tardar menos cuando no cumplen los vigentes hasta ahora con la coartada – a veces cierta– de la acumulación de asuntos previos por resolver.

Ahora bien, los legisladores confían sus buenas intenciones de dinamizar el mercado en el perfeccionamiento de mecanismos procesales, pero desdeñan o pasan por alto otras causas de que muchos propietarios prefieran mantener sus casas vacías en lugar de alquilarlas para percibir una renta. Aparte de los motivos fiscales, se trata de la existencia de un derecho sustantivo imperativo que coarta la búsqueda por parte de los arrendadores e inquilinos concretos de las condiciones más favorables para sus situaciones particulares. La reforma que comentamos deja la Ley de arrendamientos urbanos vigente sustancialmente igual. La única novedad consiste en que el arrendador podrá dejar constancia en el contrato de manera justificada que necesitará la vivienda no sólo para sí, sino también para sus hijos o su cónyuge divorciado, si se da el caso, como única causa para impedir que la prórroga forzosa del contrato durante cinco años le sea aplicable (Art. 9.3 LAU). Por lo demás, este tipo de disposiciones, común también a las legislaciones de arrendamientos urbanos anteriores, se convierten en una fuente de inseguridad jurídica (y por lo tanto de litigiosidad) entre arrendadores e inquilinos, a propósito de la concurrencia o ausencia de esa causa de denegación de la prórroga forzosa.

Frente a la experiencia acumulada en España, esta reforma legal ha obviado recuperar la libertad de pactos en los contratos (parcialmente reconocida en el Art.1255 del Código Civil) especialmente respecto a la duración de los arrendamientos de vivienda (Artículo 1581 CC). En efecto, bastó que el artículo 9 de Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre medidas de política económica (Decreto Boyer) suprimiera la prórroga forzosa para aquellos contratos de arrendamiento que se celebraran a partir de su entrada en vigor para que, de repente, la oferta de viviendas en alquiler se incrementase notablemente en las ciudades españolas.

Lamentablemente, se ha desaprovechado otra oportunidad para liberalizar los arrendamientos de vivienda, aumentar la seguridad jurídica de los contratantes permitiendo que sean ellos quiénes negocien sus contratos sin interferencias y, por lo tanto, incentivar el alquiler de cientos de miles de viviendas vacías y la reducción de las rentas que podría derivarse previsiblemente en un mercado sin trabas.

Economía de guerra

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

En la actualidad, Venezuela está inmersa en una estanflación (recesión y alta inflación) de graves consecuencias. Sus ciudadanos avanzan hacia el peor de los mundos posibles, contracción económica y elevados precios, gracias a la exitosa socialización de los factores productivos que lleva aplicando de forma progresiva, pero imparable, el comunista Hugo Chávez desde su llegada al poder.

La utopía que el gorila rojo pretende imponer a sus ciudadanos se ha materializado, hasta el momento, en la completa nacionalización de sectores económicos clave. El poder estatal ya se ha hecho con el control de la producción petrolífera y otras materias primas, el sistema bancario, el sector energético, la distribución de alimentos y productos básicos, gran parte de la industria pesada (cementeras) o la propiedad y redistribución de la tierra.

A ello se suma la prohibición por ley de despedir trabajadores, la fijación de precios máximos y salarios mínimos o la censura que sufren los medios de comunicación, entre otras muchas medidas totalitarias que, día sí y día también, son aprobadas a golpe de decreto. De este modo, tras el fracaso electoral que obtuvo su reforma constitucional, poco a poco Chávez está logrando su objetivo último: implantar un régimen comunista en Venezuela.

Hasta no hace mucho, el tirano bolivariano contaba con un firme aliado económico –el petróleo– para mantener bajo control el creciente descontento popular derivado de su política económica. Y es que las ingentes subvenciones públicas otorgadas a su masa de acólitos venían a llenar el vacío que generaba entre los opositores la expropiación de empresas y propiedades, el aumento de la inseguridad jurídica, el cobro de impuestos abusivos, la escasez de productos básicos o la extensión de la pobreza.

Sin embargo, la otrora productiva maquinaria petrolífera en manos privadas se está yendo a pique. La nacionalización de este sector se está materializando en cuantiosas pérdidas, hasta el punto de que su empresa bandera, la estatal PDVSA, está al borde de la quiebra. No es algo nuevo. Al petróleo venezolano le está sucediendo lo mismo que, en su día, padeció la rica industria minera de Bolivia, o la fértil agricultura de Cuba o Zimbabwe (conocido años atrás como el granero de África). La gestión estatal de los recursos acaba siembre, y en todo lugar, en un auténtico desastre económico.

El motor de Venezuela se apaga, y con él las finanzas públicas del régimen bolivariano. De ahí que la deuda pública de Venezuela presente el mayor nivel de riesgo del mundo, tal y como refleja el mercado de Credit Default Swaps (CDS), una especie de seguro que contratan los inversores para cubrirse de posibles impagos.

La gallina de los huevos de oro se agota, y Chávez es consciente de que carece ya de recursos suficientes para acallar la boca de sus súbditos a base de petrodólares. Así pues, no es de extrañar sus recientes soflamas públicas animando a la población a racionar su consumo de luz y agua. De seguir así, dentro de poco, no sería extraño observar la implantación de cartas de racionamiento para la distribución de alimentos. Por el momento, ya resulta casi imposible sacar dinero del país, puesto que se precisa un permiso administrativo para transferir dinero al exterior. Pese a ello, Chávez aún cuenta con la política monetaria de su banco central, ahora también en sus manos, para imprimir billetes a placer.

De hecho, y ante las crecientes dificultades económicas que atraviesa el país, el tirano se ha embarcado en una guerra comercial con Colombia que, paso a paso, va cobrando tintes de conflicto armado en toda regla. Se trata del penúltimo paso hacia la socialización total del país. Y es que no hay nada mejor que la tensión bélica para que el Estado extienda su mano con facilidad hasta donde alcanza su vista. Y si no, ahí tienen la Guerra Fría de la URSS, Corea del Norte, Cuba, Camboya o Vietnam; las ansias imperialistas de Hitler o Mussolini, y tantos otros regímenes totalitarios que han optado por la vía de las armas para acabar imponiendo su control absoluto sobre la economía de mercado. Chávez no es distinto y, por ello, dirige ya a Venezuela hacia una economía de guerra.

Ministerio de la propaganda sindical

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El título del libro lo dice todo: Smart Girls Marry Money: How Women Have Been Duped Into the Romantic Dream–And How They’re Paying For It. [Las chicas listas se casan por dinero: Cómo se han dejado engañar las mujeres con el sueño romántico – y cuánto están pagando por ello]. El libro defiende que los matrimonios basados en el amor no triunfan, todo es efímero. Hay que ser práctico y egoísta. A la larga el dinero es el que une a las parejas. Ellas dan una ilusión de amor y el marido una cuenta corriente llena hasta los bordes.

¿Se imagina que extrapoláramos esta visión al surrealista mundo político? Las ideas son desplazadas por los intereses económicos. Los favores son la moneda de cambio entre los poderosos. Dame sumisión y respeto, y te doy dinero. ¿Les suena? Es el matrimonio de conveniencia que están viviendo Gobierno y sindicatos.

Los sindicatos quieren una una manifestación el 12 de diciembre para denunciar la crisis. ¿Contra el Gobierno? ¡No, por Dios! Contra los empresarios. Según los sindicatos, los emprendedores van a aprovechar la mala situación económica para hacerse ricos despidiendo a gente a mansalva. Cada día cierran 500 empresas en España, pero para los sindicatos son los beneficiados de la crisis. El proceso de abrir una empresa en España tiene más obstáculos que en Zimbabue o Venezuela. Sí, hasta Chávez tiene leyes más abiertas que España para la constitución de empresas. Según el Banco Mundial, España cuenta con uno de los sistemas laborales más rígidos de la OCDE. ¿La culpa, según los sindicatos? De los empresarios. No se han dado cuenta de que las leyes las hace el Gobierno y no las empresas.

¿Pero tan ciegos y fanatizados están los sindicatos con sus ideas que no ven la realidad? No, simplemente han leído el libro de Drake y Ford para quemar los de Marx. Ahora se han aplicado el cuento. Primero, el dinero. Con esto, se montan las ideas que haga falta y justifican lo injustificable. Los 20 millones de euros que el Gobierno paga a los sindicatos les dan suficiente confianza como para que estos ofrezcan a Zapatero todo el amor que se merece.

El Ejecutivo no disimula. El PSOE apoya la movilización de los sindicatos mayoritarios. El sindicato USO lo ha dicho claro, "el Gobierno lleva unido con los sindicatos en un hermoso abrazo toda la crisis". Los de USO están que saltan. Ellos sólo se quieren casar por amor, no por dinero. Siguen fieles a sus ideas. Drake y Ford están en lo cierto, el amor no es un buen negocio. El dinero ha de mandar.

CCOO y UGT se han superado a sí mismos. Han convertido el parasitismo no sólo en una forma de subsistir, sino de hacerse ricos. Miles de insensatos se dejarán embaucar por la palabrería de Ignacio Fernández Toxo (el secretario general de CCOO) y de Cándido Méndez (secretario general de UGT). Por sus bocas no habla la izquierda. Por sus bocas no hablan los defensores de los trabajadores. Por la boca de los sindicalistas habla el Gobierno, y como siempre, nosotros les pagamos. Da igual que usted no esté afiliado a un sindicato, el Gobierno roba parte de su dinero para mantener y enriquecer al nuevo Ministerio Sindical.

El Ministerio Sindical es un órgano de propaganda independiente que sólo se dedica a promocionar las acciones del Gobierno. Bienvenidos al Nuevo Orden Mundial, a lo que siempre se ha llamado Capitalismo de Estado o corporativista. No leerá de su creación en el BOE, pero sí verá cada día sus consecuencias en la prensa y televisión: satanización de los empresarios, de los trabajadores inmigrantes y de todo aquel que apuesta por vivir de su esfuerzo en lugar de entregarse a las subvenciones estatales y al parasitismo.

¿Será un éxito la manifestación? En este país hay mucho rentista estatal. Aquí cualquier prefiere parecerse a Joaquín Sabina que a Bill Gates. Probablemente arrasen. Así va el país. Por este tipo de cosas vamos a ser la última economía de la UE en salir de la crisis.

Precios máximos

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Una de las políticas que desde tiempos inmemoriales se ha empleado para tratar de solventar la carestía de determinados bienes y servicios son los denominados controles de precios. Normalmente se suelen implementar en épocas de dificultad económica, cuando el precio de determinados bienes hace difícil su adquisición para parte de la población. Para responder a las quejas, el gobernante establece que el precio de determinados productos no puede sobrepasar una determinada cantidad, buscando así que puedan ser más accesibles. Normalmente su efecto suele ser el contrario, ya que dicho bien suele acabar desaparecer de los mercados oficiales, siendo menos accesible que antes de establecer los precios máximos.

A lo largo de la historia podemos encontrar múltiples ejemplos de controles de precios. Así, ya en el código de Hammurabi se fijaron determinados precios, e incluso salarios. En el antiguo Egipto, el precio del grano estaba establecido por el faraón. En Atenas se creó un cuerpo de inspectores de grano llamados Sitophylakes, cuyo objetivo era determinar el precio que percibiesen como justo. Y en Roma, el emperador Diocleciano especificó el precio máximo de determinados bienes.

Todos estos intentos acabaron fracasando, por grande que fuese la pena impuesta si se alguien se atrevía a violarlo (prisión, esclavitud, o incluso la pena de muerte). Para estudiar el motivo hay que acudir a la oferta y a la demanda analizando cómo se fijan los precios en el mercado. En toda transacción existe, al menos, una persona que vende un bien y otra que lo compra estando ambas conformes en las condiciones, que incluyen el precio. Por tanto, si existe un precio es porque las partes lo han acordado de manera voluntaria. Si ningún comprador estuviese dispuesto a pagarlo no habría transacción posible y no tendríamos precio. Lo mismo sería aplicable al vendedor. Es por ello por lo que el precio de transacción implica necesariamente un acuerdo con el comprador y el vendedor, estando ambos dispuestos a aceptarlo.

Si se establece un precio máximo por encima del que comprador y vendedor hubiesen acordado no existiría ningún problema ya que no afectaría al acuerdo. Sin embargo si se hubiese fijado por debajo, el comprador no tendría problemas, al ahorrarse parte del precio que estaba dispuesta a pagar, pero el vendedor es posible que no esté interesado en realizar el intercambio a cambio de dicho importe, por lo que la transacción es posible que no tenga lugar.

La primera consecuencia del control de precios sería la disminución de la oferta. Si el precio no resulta atractivo para el vendedor éste puede optar por no vender. La lógica económica indica que cuando la oferta de un bien disminuye, su precio debe aumentar. También, si el precio disminuye, en este caso en cumplimiento de la ley de precios máximos, la demanda debe aumentar. Por lo tanto, nos encontramos a un precio que no satisface a la oferta, por la que ésta baja, y que atrae a la demanda, aumentándola. En esta situación existiría una cantidad reducida de bienes que no podría satisfacer a toda la demanda. El vendedor puede tratar de equilibrar la bajada de precios con una disminución en la calidad del producto, reduciendo así sus costes.

Por otro lado el mercado puede buscar su equilibrio mediante colas, tan habituales en la antigua Unión Soviética y en otros países comunistas. Al demandar el consumidor un número mayor de unidades al disponible y al no poder subir los precios para equilibrar oferta y demanda, los consumidores realizan colas para poder adquirir dichos bienes. Los que ocupan las primeras posiciones adquirirán dichos bienes, mientras que los últimos no podrán hacer otra cosa más que seguir esperando hasta que llegue el siguiente envío. Así la cola serviría de elemento desincentivador, ya que mientras que se realiza, el posible comprador no se encuentra trabajando.

Finalmente quedaría el mercado negro, y es que aunque en los mercados oficiales no esté disponible el bien, existirá gente que de manera ilegal esté dispuesto a ofrecer el bien, aunque a un precio superior que satisfaga al consumidor y al vendedor, y con una prima de riesgo por el posible castigo que sufriría el vendedor si es detenido por la autoridad que estableció los controles de precios.

La primera respuesta a los controles de precios sería, por tanto, la bajada de la calidad, la existencia de colas, y el mercado negro. Sin embargo existen otras respuestas a largo plazo.

Los precios altos de un determinado bien pueden atraer a distinto tipo de emprendedores que vean dichos ingresos como algo atractivo, y decidan competir en dicho mercado. Al aumentar las empresas que ofrecen dicho producto, de un lado aumenta la inversión, lo que debe permitir una reducción en costes, y por otro una mayor oferta combinada con un mayor grado de competencia, conducirán los precios a la baja. Impidiendo que esos precios permanezcan altos, se desincentiva a que nuevos empresarios entren en dicho mercado y que a largo plazo, bajen los precios satisfaciéndose la demanda, lo que era imposible con los controles de precios.

Por lo tanto, el establecimiento de precios máximos sólo trae consigo la bajada de la calidad del producto, su escasez, o su disponibilidad a un precio mayor en el mercado negro, impidiendo que nuevos emprendedores y nuevas inversiones acudan a dicho mercado para al final reducir dichos precios.

Cobardes

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Tiene el aplauso del respetable en el bolsillo. Cuando baja, se le acercan varios empresarios a felicitarle efusivamente por sus palabras. Pero ¿cuál es mensaje que se lanza verdaderamente? Este: "Los empresarios hemos creado siete millones de puestos de trabajo sin que se haya reconocido nuestra labor". Es decir, que no quieren que el Gobierno les siga vistiendo de bruja en el guiñol nacional.

Hasta ahí llegan. Se quejan de que la sociedad no les reconozca su papel, de que el Gobierno les utilice en sus pobres representaciones ideologizadas, y con eso se conforman. El Gobierno, bien lo saben ellos, está hipotecando nuestro futuro por estrategias a corto plazo de supervivencia en el poder; está socavando todo consenso y sentando las bases de nuevos enfrentamientos sociales; está desatendiendo las reformas que nos permitirían seguir formando parte del primer mundo. Y a lo más que llegan es a pedir que les dejen, a ellos, en paz.

Si de verdad quisieran que cambien las cosas, harían algo más que lamentarse en privado y darse palmaditas en la espalda. Por lo que se refiere al debate público, tenemos un empresariado cobarde y adocenado, que levanta la voz lo suficiente como para poder autocomplacerse, pero nunca tanto como para poner en riesgo una subvención o un mal texto en el BOE. El Mundo junta a 100 de esos empresarios y ninguno es capaz de decir que todos los cambios necesarios los deben liderar ellos. Son como el Gobierno que desprecian en privado: se aferran a su pequeña estrategia y no se ven lo suficientemente concernidos por el futuro de España como para enfrentarse a este Gobierno y a su discurso.

Tienen todos los medios necesarios para hacerlo. Hay mil iniciativas sociales en marcha y otras tantas que podrían crearse para ayudar a cambiar la sociedad española. Cuentan con el dinero y con los mejores profesionales a su disposición. Lo que les falta es aprecio por España y los españoles y por ellos mismos. Y valor para luchar por todos.

Inmersión lingüística en la gran pantalla

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Desafortunadamente, la Fundació Catalunya Oberta (FCO) pone su nacionalismo por encima de la libre empresa y a los "derechos lingüísticos" por encima de los derechos individuales. Se comporta como un payés "defensor del libre mercado" que luego corta la autopista porque no queremos subvencionar sus tomates. Los tomates de la FCO son la lengua catalana.

El anteproyecto de la Ley del Cine de Cataluña está en fase de discusión parlamentaria y podría aprobarse en dos o tres meses. La ley obligaría a doblar o subtitular al catalán la mitad de las copias de un largometraje (para aquellos con más de 15 copias), y prevé multas que van desde los 75.000 euros a los 4.000 (o amonestación). Quedan exentas las películas en versión original castellana. El anteproyecto incluye la creación de una red de pantallas concertadas (subvencionadas por la Generalitat) para la exhibición de cine catalán y europeo, y contempla un impuesto del 5% sobre la recaudación en taquilla que las salas de cine deberán dedicar a la mejora de sus instalaciones. Por último, también prevé subsidios a producciones independientes catalanas.

Frente a esta ley intervencionista a varios niveles, el editorial del portal de opinión de la FCO, Catalunya Oberta, sólo sabe congratularse de que este "proyecto ambicioso" ponga fin a "la anomalía lingüística" del panorama cinematográfico catalán. Como la "política de diplomacia y buen rollo" con las distribuidoras no ha funcionado, "hace falta un nuevo impulso". Es decir, si no se pliegan a nuestra voluntad por las buenas, lo harán por las malas. El mismo recurso que emplea la mafia. No en vano luego se pregunta si el consejero de Cultura será capaz de "doblegar a las majors".

La FCO es una organización favorable al libre mercado y por tanto le presumo un mínimo de conocimientos sobre la naturaleza del mismo. No obstante, califica de "anomalía" que haya tan poco cine en catalán y se lamenta de que el catalán "no avance", sin reparar en que los culpables de que eso ocurra son los espectadores, la demanda. Quizás la FCO replicara lo mismo que el anti-capitalista de Galbraith: la oferta no responde a la demanda sino que crea la demanda. Lo cual es tan absurdo como decir que lo único que tiene que hacer una empresa es vender algo, que los consumidores lo comprarán automáticamente.

El problema con esta concepción de la empresa como "dictadora de preferencias" es que si no hay barreras de entrada al mercado cualquier otra empresa puede competir con ella, captando más demanda ajustándose un poco más a las preferencias genuinas de la gente. Si "en el fondo" los espectadores quieren ver cine en catalán pero la industria se empeña en suministrar sólo cine en castellano, ¿por qué tan pocas distribuidoras o exhibidores estrenan películas en versión catalana? ¿Por qué iban a desaprovechar la oportunidad de hacerse con una mayor cuota de mercado y aumentar sus ganancias? Los datos corroboran que el cine en catalán tiene simplemente menos demanda: cuando en un complejo multi-salas se proyectan las versiones castellana y catalana de una misma película, el 78,2% de los espectadores opta por la primera, frente al 21,8% que escoge la segunda (La Vanguardia, 6/3/09, págs. 28-29). La Generalitat, lejos de admitir esta realidad, manipula y compara cifras que no son comparables. El gremio de los exhibidores puso como ejemplo en un comunicado el estreno de Vicky Cristina Barcelona en los cines de Cataluña: cinco copias se exhibieron en castellano, 47 copias en catalán, y 22 en versión original. La media de recaudación por copia de la versión castellana fue más de cinco veces superior a la de la versión catalana. La versión original obtuvo de media casi el doble que la versión catalana.

Los datos anteiores no deberían sorprender a nadie, ya que en prensa escrita y en televisión la proporción es similar y no puede alegarse que el consumidor carece de opciones, pues la oferta es muy amplia. El 27,5% en prensa diaria y el 20,5% en televisión es consumo en catalán, el resto en castellano (datos del Barómetro de la Comunicación y la Cultura). ¿Debería la Generalitat introducir una Ley del Periódico? ¿O una Ley de la Televisión? Por desgracia la pregunta es menos retórica de lo que parece. (Para una discusión más extensa de estos argumentos remito al lector a un artículo anterior: No al doblaje impuesto en catalán)

Cabe la posibilidad de que la FCO admita que la mayoría de espectadores quiere ver cine en castellano, pero le parezca mal ese ejercicio de su libertad y quiera "corregir" sus elecciones. La FCO quizás considera que el buen catalán debe estar más comprometido con la lengua catalana, y si no lo está debe ser "enseñado". Ya he criticado la noción de que el Estado tiene que proteger la lengua en otros artículos (véase Preservar por la fuerza y ¿Qué opina Rosa Díez de la obligación de conocer el castellano?).

Si la mayoría de espectadores en efecto prefiere el doblaje en castellano, poner restricciones al mercado tiene costes que sus valedores deberían reconocer. Por ejemplo, las copias catalanas no van a sumarse a las copias castellanas, van a sustituirlas. Así, a menos que se trate de una superproducción estrenada en varias pantallas de un complejo multisalas, muchos cines de barrio se verán obligados por la nueva ley a proyectar películas solo en catalán. Para los espectadores que frecuentan ese cine, y que en su mayoría prefieren el castellano, la ley les estará forzando a ir a un cine más alejado si quieren satisfacer sus preferencias. ¿Considera la FCO que la Generalitat tiene derecho a perjudicar al espectador de esta manera, por el bien de "la lengua catalana"?