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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Inmigrantes, fuera

Por ello, la relación de la izquierda con lo que ella misma ha venido a calificar como "colectivos" no deja de ser esquizofrénica: nunca dudó en aplastar y purgar a las mal llamadas "minorías" con tal de construir su paraíso socialista pero hoy, desde el poder, se erige como su mayor protectora.

En realidad, a los políticos, y especialmente a los socialistas, sólo les interesa cosechar papeletas y la supuesta "tolerancia" de la que hacen gala no es más –por desgracia– que una máscara en el teatro electoral. Sin embargo, cuando la miseria aprieta, no vacilan en exhibir su auténtica naturaleza intervencionista y dirigista.

No voy a entrar a considerar si los socialistas son o no racistas porque, como en todas partes, habrá personajes de todo pelaje. No obstante, sí podemos afirmar sin temor a caer en el reduccionismo, que el socialismo lleva grabada en su ADN la oposición radical a los mercados abiertos y, en especial, a la libertad de movimientos de personas, capitales y mercancías. Y me refiero a mercados realmente abiertos, no a camelos como la Unión Europea, esa unidad política que guarda mayores parecidos con un cartel estatal en contra del libre comercio frente a los países extracomunitarios que con un genuino desarme arancelario.

Así, los mismos que prometían "papeles para todos" apelando a la dignidad de unos inmigrantes que sólo trabajan "allí donde los españoles no querían hacerlo", salen ahora a la calle para clamar por su expulsión o directamente para dispersarlos a través de "piquetes descontrolados", sintagma que suena más a mafia deambulante que pasa a recolectar su mordida.

Pero eso y no otra cosa son los sindicatos: grupos de presión de trabajadores que pretenden construirse su particular coto laboral –generalmente a través de los privilegios estatales– con tal de inflar artificialmente sus salarios a costa de la supervivencia de la economía. Son rentistas que no viven de satisfacer a los consumidores, sino de extorsionar a quienes sí los satisfacen.

Y el campo no va a ser una excepción: los inmigrantes están dispuestos a trabajar por unos sueldos que estos bien aposentados españoles rechazan. Por supuesto, estos nuevos burgueses del puño en alto ni se niegan a adquirir los baratísimos bienes que producen los inmigrantes ni se preocupan por buscar otras vías para satisfacer al resto de consumidores que no sea cargarse a la competencia.

La lógica, por tanto, les lleva a volver a sus orígenes: la tierra para quienes la trabajan pero, especialmente, para los españoles; que no vengan de fuera a quitarnos el empleo; que primero hemos de atender las necesidades de los nacionales y bla, bla, bla. La misma retórica sindicalista de siempre que, casualidades de la vida, coincidía con la del rancio ultraderechismo. Ni siquiera se les ha ocurrido pensar que el número de puestos de trabajo no está dado, sino que el ahorro de costes derivado de los bajos salarios de los inmigrantes nos permite generar riqueza en otras áreas para contratar a otros inmigrantes y a otros españoles.

Idéntica retórica reaccionaria, pues, a la de quienes se preocupaban de que la Revolución Industrial empobrecía a la población por sacarla de unos campos donde tenían que trabajar de sol a sol para vivir en la más absoluta miseria y acabar muriendo en alguna de esas recurrentes hambrunas que tanto temía Malthus. Nada de que extrañarse. El erial intelectual del que nace la idea de un Edén primitivista siempre se ha basado en lo mismo: los que sobran deben desaparecer. No es la escasez la que debe reducirse para adaptarse a las necesidades humanas, sino que son las necesidades humanas las que deben constreñirse al estado de nuestra pobreza. Progreso, lo llaman.

¿Cuál es el precio justo de su piso?

Sin embargo, sí utilizaré un concepto análogo, el de precio razonable, para referirme al valor de los inmuebles. No porque crea –obviamente, no lo creo– que toda compraventa inmobiliaria deba efectuarse obligatoriamente a ese precio razonable, sino porque, como el adjetivo indica, sería prudente y sensato que el comprador lo tuviera en cuenta a la hora plantearse cualquier transacción.

Al fin y al cabo, toda compraventa de un inmueble implica una compraventa a lo largo del tiempo de bienes y servicios y, por consiguiente, podemos perfectamente comparar el precio que se está pagando por la propiedad del inmueble con el precio que se está pagando por los servicios que proporciona el inmueble (el alquiler). Piénselo de este modo: si lo que quiere es sólo vivir 60 años en un piso, tanto le da comprárselo que vivir alquilado durante 60 años. Y, por consiguiente, podemos comparar el precio del piso con el precio de 60 años de alquiler.

Otra cuestión es que no sólo quiera vivir en el piso, sino adquirir su propiedad como mecanismo de inversión. Pero esta decisión no va exactamente de la mano con la anterior: si bien es lógico que todo el mundo quiera vivir en un inmueble, no todo el mundo tiene por qué invertir su dinero en un inmueble, sobre todo si existen inversiones alternativas más rentables. ¿Qué prefiere? ¿Vivir 60 años en un inmueble y al final de su vida ser el propietario de un piso valorado en 300.000 euros, o vivir 60 años alquilado en un inmueble y al final de sus días tener un patrimonio bursátil valorado en un millón de euros? Lo lógico es que elija lo segundo, ya que con ese millón de euros podrá comprarse un piso de 300.000 euros y, aparte, le sobrarán 700.000.

Por este motivo, la decisión entre vivir de alquiler o adquirir un inmueble no es baladí. En ocasiones es mucho más barato alquilar un piso que comprarlo, con lo cual será razonable que accedamos a nuestro servicio de vivienda en el mercado de alquiler y que la cuantía que nos ahorremos la destinemos a invertir en otros activos más rentables que un inmueble.

Robert Kiyosaki, por ejemplo, repite continuamente que la compra de la primera vivienda no es una inversión, sino un gasto. Estoy tentado a pensar que, en general, tiene razón. Por desgracia, la mayoría de la gente desarrolla cierto apego emocional hacia la vivienda en propiedad, lo que le lleva a pagar precios absurdamente elevados que lastran su prosperidad futura. Ahorrar e invertir son dos actividades que resultan tanto más provechosas cuanto más pronto se hagan (1.000 euros a un tipo de interés del 10% se transforman en 6.700 al cabo de 20 años, pero en 17.500 al cabo de 30, o en 45.000 al cabo de 40), y precisamente lo que hacen los sobreprecios que se pagan con gusto por las viviendas en propiedad es lastrar enormemente la renta de la que se dispone durante los primeros años de vida laboral.

Sin embargo, el argumento de Kiyosaki se debilita en aquellas situaciones en las que caen los precios de las viviendas en propiedad hasta el punto de que los alquileres se vuelven relativamente más caros. En estos casos, comprar una vivienda en propiedad nos permite en realidad ahorrarnos dinero a la vez que estamos invirtiendo, y por tanto sí debe considerarse una inversión y no un gasto.

Hoy estamos claramente en esa situación. Los excesos de la burbuja inmobiliaria que provocaron los bancos centrales han inundado nuestras ciudades de viviendas vacías que tienen que liquidarse para que bancos y promotoras puedan saldar parcialmente sus ingentes deudas. El proceso está siendo más lento de lo deseable, pero parece imparable a largo plazo. Así pues, ¿cuándo y a qué precio comprar?

Tal y como lo hemos expuesto, es esencial que comparar el precio del alquiler con el de la vivienda. Esta relación, heredada del análisis bursátil, recibe el nombre de PER. Cuanto más alto sea el PER, más cara será la vivienda en propiedad en relación con su alquiler. Por ejemplo, si un piso en propiedad cuesta 480.000 euros y podemos alquilarlo por 12.000 euros anuales, su PER será de 40. Esto significa que tardaríamos 40 años en recuperar nuestro capital inmovilizado en el inmueble a través del alquiler. O, dicho de otra manera, los servicios que esa vivienda presta (alquiler) son muy poco valorados en el mercado en relación con el precio desproporcionadamente elevado que estamos pagando. En cambio, una vivienda con PER 5 es una magnífica inversión, ya que, ahorrándonos cinco años de alquiler, recuperamos el capital que hemos inmovilizado.

La burbuja inmobiliaria española llevó el PER medio nacional a 33 a finales de 2007; esto es, el alquiler era mucho más barato que la vivienda en propiedad. Al concluir 2008 había caído a 27, lo que significa que esa sobrevaloración del precio se había corregido relativamente. ¿Hasta cuándo debería reducirse? La media histórica del PER en España está sobre 19, lo que significa que los precios de la vivienda todavía deberían caer un 27% hasta que sea razonable adquirir una. Aunque, desde mi punto de vista, si lo que le preocupa no es pagar malos precios, sino pagar buenos precios, no compre a más de un PER 15.

¿Dónde estamos ahora? Bueno, ciñéndome a Madrid capital, el PER medio de los pisos –tomo los datos de idealista.com– es de 23, después de que el precio de las viviendas haya caído casi un 10% desde su pico en 2007. En general, pues, ya pueden adquirirse inmuebles a precios mucho más razonables que hace dos años. De hecho, en algunos barrios de la Villa y Corte, donde el ajuste de precios ha sido más drástico –por ejemplo, Vallecas o Villaverde–, el PER ya se encuentra en el rango de 19-20 (en Vallecas los precios han caído un 24%, y en Villaverde un 19%). Otros barrios, como Chamartín, Salamanca o Moncloa, siguen teniendo PER muy elevados –entre 27 y 28–, que permiten pronosticar que la caída de precios proseguirá. Es cierto que en estos tres barrios la presión para que el coste de los inmuebles caiga es menor que en otras zonas, esencialmente porque no se construyó demasiado durante el boom inmobiliario, por ello no hay legiones de bancos, promotores y pequeños propietarios endeudados que quieran deshacerse de sus viviendas. Pero el caso es que, a largo plazo, ratios PER de 27 y 28 siguen siendo insostenibles: sus propietarios están dejando de ganar mucho dinero por mantener su capital inmovilizado en el ladrillo en lugar de, por ejemplo, invertirlo en bolsa (donde los ratios PER suelen situarse en torno a 15).

Dado que parece poco probable que con la crisis económica los alquileres se encarezcan mucho, a medio plazo a los barrios ricos de cualquier ciudad no les quedará más remedio que ajustar precios. Aunque no haya pisos de nueva construcción, sí habrá un movimiento destinado a deshacerse de los mismos para rentabilizar el capital en otros lugares.

Así que ya sabe, en general conviene esperar un par de años a que los precios de la vivienda en propiedad sigan bajando y se pongan más en consonancia con la valoración que hacen los consumidores de los servicios que prestan (los alquileres). Obviamente, a día de hoy ya hay numerosos casos en que se pueden encontrar viviendas incluso por debajo de PER 10, pero de momento son más bien la excepción. No crea a los agoreros monclovitas que dicen que los precios ya han tocado fondo, porque el inmueble en propiedad sigue siendo mucho más caro que el alquiler. Otra cosa es que Zapatero se las arregle para encarecer artificialmente los precios de la vivienda quitando la deducción por compra, pero ni con esta medida cortoplacista se logrará detener la caída; más bien la agravará.

Ajustando en locales

En un comentario previo, me referí a la rapidez del proceso emprendedor (libre) y como éste redistribuye los recursos a una velocidad insospechada, haciendo que estén en continua aproximación a la satisfacción óptima de las necesidades de la gente.

Decía entonces, por ejemplo, "que la cafetería cede el paso a la tienda de ropa, y la heladería a la discoteca, o se cierra el cine". Y así es sin duda en los momentos económicos normales, si es que existe alguno. Por desgracia, la realidad actual es mucho más triste, y lo que más se percibe no son locales que cambian de uso, sino locales que directamente se cierran y dejan de utilizarse para actividades económicas. Esto es producto de que determinados negocios que crecieron al calor de la expansión monetaria y crediticia, se ven ahora en la situación de contracción como insostenibles a la vista de la demanda real que tienen.

Así pues, se cierra el negocio, y se liberan los recursos que estaban mal dirigidos, para que otros emprendedores los ajusten mejor a las necesidades reales. El recurso liberado más prominente en nuestros barrios suele ser esos locales comerciales a que me estoy refiriendo, que revelan con sus carteles en el escaparate y con su vacío interior el error cometido.

Curiosamente, pero a la vez consistentemente, comienzan también a proliferar los negocios que cambian de local comercial. Esto me pareció algo anecdótico la primera vez que detecté un cambio hará unos meses, pero ahora tiene visos de extenderse de forma sistemática.

Y es lógico. Conforme se liberan locales comérciales por los negocios fracasados, la oferta de este recurso aumenta. Los propietarios pueden tratar de aguantar un tiempo el precio de alquiler, pero finalmente se tendrán que rendir a la realidad, y rebajar el precio para conseguir su ocupación. La alternativa es dejarlo vacío. Esto a su vez fuerza a los actuales arrendatarios a revisar sus precios (aunque sean contratos largos), bajo la amenaza de que el empresario que lo alquila se mude a otro más barato.

Por tanto, estos traslados son consecuencia directa de la bajada de precios del recurso liberado. Y han de ser descensos pronunciados, puesto que el empresario que cambia ha de acometer considerables inversiones para adaptar el nuevo local, y también pierde la inversión en "información", de la gente que ya sabía donde estaba su negocio y ahora tienen que desplazarse a otro sitio.

Pero sigamos describiendo la vida del negocio trasladado. Como consecuencia del ahorro obtenido, su margen comercial es mayor, está mejor preparado para sobrevivir a la crisis. No se olvide: la rebaja que ha conseguido procede de la mayor oferta de locales, proveniente de negocios fallidos, consecuencia de la contracción de la demanda. Ahora bien, esa contracción también le afectará a él, lo que le exigirá reducir sus márgenes para poder sobrevivir.

Y así queda todo el proceso ajustado: el comerciante puede sobrevivir en el nuevo local, ya que el nuevo precio de alquiler le proporciona margen que reducir. En la nueva situación, todo ha quedado ajustado a las nuevas preferencias de los consumidores, en este caso, cambiadas por la crisis económica. Obsérvese que tampoco el propietario del local queda perjudicado, pues aunque obtiene menor renta, también confronta menores precios para los productos que consume.

Es importante denotar que el proceso viene desde el consumidor hacia el local (el precio del local baja como consecuencia de la contracción generalizada de la demanda de bienes para el consumo), llega al fondo (incrementa la oferta de locales y baja su precio) y rebota otra vez hacia el consumidor (el precio rebajado del local permite la sostenibilidad de los comercios aún bajando sus precios). Y así se ajusta el uso de locales.

Llegados a este punto, no ha de olvidarse que, con los locales comerciales, también se "liberan" otros recursos: los trabajadores que se quedan en paro. Esta situación es ciertamente más dramática, pero obedece a razones idénticas. Sin embargo, no se está ajustando el uso de estos recursos. Los negocios cambian de local, pero el paro sigue creciendo.

¿Las razones? Muy sencillas: recuérdese que, como consecuencia de la sobreoferta, los locales bajaban de precio, y esto era lo que permitía la reubicación del recurso. ¿Qué ocurre con la mano de obra? Que cuando toca que el precio baje por la sobreoferta, esto no ocurre por la enorme rigidez que tiene el mercado laboral español, sea en salario mínimo, cargas de seguridad social o demás "derechos" de los trabajadores. Por tanto, los empresarios prefieren quedarse en el "local" que ya tienen (con los trabajadores a precios caros) o directamente cerrar.

Por último, no se olvide: para los trabajadores no debería suponer demasiado problema la reducción de sus rentas, de la misma forma que tampoco salía malparado el dueño del local comercial, puesto que los precios de los productos que consumen han bajado primero.

Después de la crisis, el muerto sigue muy vivo

Según el conocido economista, el traspaso de poder del propietario o capitalista al gerente profesional o directivo crea una lucha entre el accionista –que siempre busca el máximo beneficio para obtener el mayor dividendo– frente al alto directivo cuya meta es aumentar la dimensión de la empresa y muy especialmente su dirección o unidad concreta.

Esta crisis ha sacado a relucir muchos pilares ocultos del sistema. Uno de ellos es el poder de la tecnoestructura de Galbraith. Un amigo personal, profesional del sector financiero, recurrentemente me dice lo mismo: "Lo primero que hacen las empresas fusionadas es ver qué tipo de indemnización o retribuciones ofrecen a los consejeros delegados y altos directivos de ambas entidades". Es decir, la tecnoestructura lo es todo. Si miramos las consecuencias de la crisis, llegamos a conclusiones similares.

¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, con la banca en este presunto proceso de "ajuste"? Nada. Sigue vendiendo los productos de siempre. Gestiones imprudentes han sido recompensadas por los gobiernos con cientos de millones en sueldos y pensiones a altos ejecutivos. Los gobiernos han reforzado el monopolio bancario con dinero del contribuyente castigando al banco eficiente (el que no tenía riesgo de cerrar) frente al irresponsable (el que entraría en quiebra). Lo mismo ha ocurrido con el sector del motor e inmobiliario. Los propios gobiernos del mundo lo han dejado claro: quieren una economía de monopolios dominada por las grandes empresas, siempre serviciales con el Gobierno frente al consumidor o ciudadano al que castigan con más impuestos.

Sin darse cuenta, Galbraith, atacando la tecnoestructura, echaba por suelo lo que creó su maestro John Maynard Keynes. ¿Y qué creó Keynes? Una economía enfocada al cortoplacismo y la irresponsabilidad. Para Keynes, la economía ha de tener siempre un crecimiento perpetuo. En el momento que el crecimiento se frena, el autor inglés justificaba abiertamente la intervención estatal, es decir, el socialismo. Gobierno y órganos supranacionales han de crear continuos incentivos expansionistas para aumentar el consumo. Las políticas económicas más conocidas fruto de esta visión tal vez sean los constantemente bajos tipos de interés. A Keynes le daba igual cuales fueran las preferencias temporales del actor económico; siempre ha de sentirse con ganas de gastar y pensar en el hoy, no en el mañana. El ahorro es un sinsentido porque a largo plazo todos estaremos muertos ("in the long run we are all dead"). Somos robots del sistema que dirige el Gobierno, el político, el dictador de la producción.

Esta visión cortoplacista afecta a empresas y particulares. A nivel empresarial lleva al auge de la tecnoestructura. Para el ciudadano conduce a lo que la izquierda, erróneamente, identifica con el "consumismo".

¿Por qué el Capitalismo de Estado o socialismo desembocan en el refuerzo finalista de la tecnoestructura? Simplemente no hay responsabilidad. Los objetivos empresariales no son netamente los que benefician al mercado (consumidor y accionista), sino al propio gestor empresarial. La crisis nos lo ha enseñado en su forma más cruda. ¿Acaso han cerrado los grandes lobbies empresariales? No, han salido totalmente indemnes de esta locura. Los gobiernos, lejos de dejar cerrar estas empresas, se han dedicado a darles dinero. Lo que decía Keynes: estimular el gasto a toda costa sin prestar atención a los procesos de mercado naturales. ¿Cuál es la fórmula más fácil? Alimentando los grandes sectores, y más concretamente a las grandes empresas de tales sectores porque son las que más gente emplean, los que más ruido mediático pueden hacer, los que más votos pueden dar.

La visión teleológica de la tecnoestructura de Galbraith está totalmente alineada con el Capitalismo de Estado actual: cuanto más grande sea la empresa, más le costará cerrar porque más susceptible será de recibir alguna ayuda o favor gubernamental. Claros ejemplos españoles son Seat, Nissan y ahora Opel. Lógicamente, las grandes empresas trabajan para crecer ignorando la irresponsabilidad que pueden tener en el largo plazo porque no lo perciben como un coste real. Hasta ahora los sectores favorecidos han sido banca, construcción y automóvil. En un futuro, se le sumará el sector sostenible o ecológico.

Si los políticos quisieran una solución a la crisis y las próximas que vendrán, lo tienen fácil: más libre empresa, más capitalismo sin Estado, más competencia, menos impuestos y menos ayudas empresariales. En consecuencia, más responsabilidad empresarial y más enfoque al cliente y accionista. Curiosamente, Galbraith proponía todo lo contrario. Es lo que han hecho durante décadas los gobiernos. Los resultados han sido demoledores. Tal tutela estatal galbraithiana ha llevado a un fallo sistemático de todo.

La gran decisión de los políticos, tomada en el G-20, fue de risa: si reducimos los bonus empresariales acabaremos con las crisis que vengan a partir de ahora. Nos toman por idiotas y perpetúan el sistema aunque ahora le llamen "Nuevo Orden Mundial". El Capitalismo de Estado se ha reforzado bajo una nube de palabrería política que intenta convencernos de lo contrario.

Se vende trabajo

¿Por qué no se venden casas? Porque son caras, es decir los posibles compradores creen que son un activo sobrevalorado y que su precio actual no refleja su valor real.

¿Por qué hay paro? Mejor dicho, cambiemos la pregunta: ¿por qué no se vende trabajo? Porque es caro, es decir los posibles compradores creen que es un activo sobrevalorado y que su precio actual no refleja su valor real.

No hay más. Si los posibles compradores de cualquier bien o servicio lo juzgan como caro, es decir, que su adquisición no va a compensarles el desembolso que han de hacer, simplemente no lo van a comprar. Esto es aplicable a casas, coches, trabajadores del metal o futbolistas.

Es difícil de entender para una mentalidad española que lleva años oyendo la cantinela socialista de los pobres trabajadores, de que los empresarios son malísimos, pero el trabajo proporcionado por un mileurista despedido era caro, por eso le han despedido, y, en cambio, el trabajo proporcionado por Cristiano Ronaldo no lo era para el Real Madrid y por eso le ficharon

Todas las teorías sobre las causas del paro, todos los estudios de sesudos sociólogos, economistas y funcionarios de la OIT, se reducen a esto. Cuando no se vende trabajo es porque está caro.

¿Y qué se puede hacer cuando algo no se vende? Es evidente, bajar el precio, hacer rebajas… y finalmente, si no se vende ni a la de tres, liquidarlo a precio de saldo e incluso regalarlo. Y dedicarte a otra cosa.

Esto es lo que hay.

Porque finalmente, los que han decidido que el trabajo es caro no son, como tratan de hacernos creer los subvencionados sindicatos, uno empresarios malísimos y sin corazón que quieren bajar lo sueldos de los pobres trabajadores. Los que hemos decidido que el trabajo es caro somos el conjunto de consumidores que hemos dejado de comprar muchos de los productos y servicios generados por dicho trabajo, pues su alto coste repercute y encarece el precio final.

Así, mientras no baje de precio y no se ajuste a la demanda, el trabajo seguirá sin venderse. Y el Gobierno parece decidido a impedir, con la ayuda de los sindicatos, que dicho trabajo pueda finalmente venderse.

Y para acabar de rematar la faena, el suyo, el trabajo del Gobierno, de los sindicatos y del enorme sector público ineficaz y deficitario que soportamos, ese si que estamos obligados a comprarlo; no es raro que no nos quede pasta para comprar del otro.

Eurócratas contra la sordera

Los eurócratas tienen la fea costumbre de querer dirigir hasta el mínimo detalle la vida de los ciudadanos. Aunque la mayor parte de los millones de ciudadanos sometidos a los caprichos de esos señores no lo sepamos, en los despachos y pasillos y salones de las costosas instituciones de la UE se llegan a regular cosas como las medidas que puede tener el gallinero que alguien se construya en su granja del pueblecito burgalés de Incinillas, a las afueras de la eslovaca Šahy, o en cualquier otro lugar de los Veintisiete.

Encuentran siempre, eso sí, excusas para sus intromisiones en nuestra vida. En el caso de los gallineros, del que supimos gracias al gran conocimiento sobre la UE que tiene Emilio J. González, suponemos que será el bienestar de esos animales que nos proporcionan huevos para hacer nuestras tortillas. En el de los MP3 acuden a la salud auditiva de los ciudadanos. Sin embargo, los motivos reales son muy diferentes. Por una parte, entre los políticos del Viejo Continente está muy extendida la idea de que los ciudadanos necesitamos ser guiados por ellos, aunque no haya prueba alguna que confirme que están dotados de una especial clarividencia para comprender las necesidades del resto de la humanidad. Por otra parte está la imperante necesidad de todo aparato político-burocrático de justificarse a sí mismo, que en el caso de la Eurocracia llega a extremos casi imposibles de igualar.

Los Estados y organismos como la UE comenzaron a inmiscuirse en la vida de los ciudadanos con la excusa de protegerles de terceros (para lo que les ayudó a limitar la capacidad de autodefensa de los individuos a través de todo tipo de prohibiciones). Pero hace tiempo que dieron, producto del doble síndrome de prepotencia y necesidad de autojustificación, un salto cualitativo tremendo. Pretenden proteger a las personas de sí mismas, aunque éstas no se lo pidan. Y aquí entra la pretensión de regular el volumen de los MP3. Los eurócratas han decidido que los habitantes de los Veintisiete dañan su salud auditiva por escuchar música demasiado alta y, por lo tanto, gastarán millones de euros en implementar alguna norma que impida que esos aparatos alcancen un volumen que ellos no consideran adecuado para "nuestro bien".

Si los fabricantes de MP3 quieren hacerlo por cuenta propia no hay problema, los consumidores decidirán si compran todos los productos o no. Pero los políticos y burócratas (sean locales, regionales, nacionales o europeos) deberían quedar fuera de esto. Tampoco sirve la pretensión de la organización de fabricantes Digital Europe de que se alcance una norma a nivel global que imponga estándares en todo el mundo. Si las empresas quieren ponerse de acuerdo, perfecto, pero que no pretendan que los Gobiernos se gasten el dinero de los ciudadanos en algo que tan sólo les corresponde a ellos.

La receta de UGT contra el paro

Y mientras estos paniaguados de la izquierda se tiran los trastos a la cabeza, el desempleo supera los cuatro millones de parados en España y llevamos gastados en el último año la friolera de 30.000 millones de euros en prestaciones de desempleo porque nuestro muy flexible mercado laboral es incapaz de crear ni un solo puesto de trabajo.

Pero, ¿cuánto son 30.000 millones? Para no perdernos en las grandes cifras: para empezar, es algo así como el doble de lo que pretende ingresar el Gobierno con la recientemente aprobada subida de impuestos. Es prácticamente la mitad de lo que se recaudó por IRPF en 2008, el 60% de los ingresos por IVA y más de lo que obtiene por todo el Impuesto de Sociedades.

Dicho de otra manera, nuestra endémica incapacidad para crear empleo nos impide recortar el IRPF en un 50%, el IVA en un 60% o eliminar por completo el Impuesto de Sociedades. ¿Se imaginan qué impulso adquiriría la economía española si alguna de estas medidas se adoptara?

Mejor no lo piense mucho que igual se le revuelve el estómago. Limítese a mostrar una ligera indignación mientras se pregunta a qué o a quién se debe que cuatro millones de personas no encuentren ni un empleo: pues en esencia a estos visionarios sindicalistas que combinan el cariño hacia el socialista Zapatero con las elegantes admoniciones al socialista MAFO para que regrese al calor hogareño de "su puta casa".

Recuerde lector que estos locuaces individuos, esas plumas delicadas que en apenas un exabrupto sintetizan la calidad de sus ideas, son quienes dirigen ese infame proceso llamado de "negociación colectiva" por el que los salarios en España son incapaces de ajustarse aun cuando los ingresos empresariales se estén hundiendo. Son ellos a quienes se les ha investido con la categoría política de "agentes sociales", facultados para negociar de tú a tú con una entente gubernamental y patronal para decidir las condiciones por las que se van a regir todos los trabajadores y empresarios de España. Son ellos quienes viven de los salarios de los proletarios y de los beneficios de los empresarios sin dar un palo al agua con la excusa de disponer de tiempo libre para desarrollar con esta exquisita prosa sus aportaciones al drama económico que vive nuestro país. Son ellos, en definitiva, quienes siguen instalados en una retórica cuasi marxista para justificar su parasitismo político y económico de la sociedad española.

Tamaños poderes y privilegios para tan gran inteligencia y responsabilidad. ¿Qué sería de nuestro país si no eleváramos a la categoría de planificadores sociales a tan templados personajes? Imaginen a las huestes sindicales engrosando las listas de paro y buscando empleo con su característica buena educación. Si es que no puede ser: cuatro millones de parados son un precio más que equitativo para que los liberados no pasen por semejante trance. De momento, pues, que sigan siendo estos mantenidos de la "puta casa" quienes marquen la política laboral del Gobierno y que prosiga la sangría de parados y de gasto público. Total, paga el contribuyente.

Políticamente incorrecto

España necesita un revulsivo para despertar del engañabobos al que nos tiene acostumbrado la inepta clase política de este país, un líder empresarial o institucional valiente que sea capaz de decir lo que realmente piensa, con la verdad por delante y sin miramientos. Día sí y día también saltan a la luz opiniones diversas de responsables políticos, sindicales y empresariales acerca de la difícil situación y pocos, por no decir ninguno, se saltan el guión preestablecido por el pensamiento único dominante.

El gobernador del Banco de España anima a Zapatero a reformar el mercado laboral, por vigésima vez, pero no se moja a la hora de reclamar la eliminación de la negociación colectiva que tanto encorseta al empresariado español, o una rebaja sustancial en el coste del despido, o la flexibilización total de la contratación laboral. De hecho, Miguel Ángel Fernández Ordóñez defiende la subida de impuestos aprobada por el Gobierno. Eso sí, siempre y cuando esa mayor recaudación se destine a reducir el déficit.

Ordóñez, el mismo que está permitiendo a las entidades financieras ocultar su morosidad real con engaños contables. De la misma calaña es José Viñals. El ex subgobernador del Banco de España se atreve ahora a dar consejos de prudencia crediticia y bancaria desde su nuevo cargo en el Fondo Monetario Internacional tras su nefasta gestión al frente de la supervisión del sistema español.

El ex ministro Jordi Sevilla, por su parte, discrepa de su antiguo jefe de filas y critica, vagamente, unos Presupuestos Generales cuya falsedad y engaño son más que evidentes. La patronal de empresarios se contenta con disparar balas de fogueo contra la política económica del Gobierno. Acepta subir los salarios, pese a que deberían bajar, no se revuelve contra el aumento de la presión fiscal, apenas se limita a pedir tímidamente una reforma light del mercado laboral no vaya a ser que los ministros se nos enfaden.

¡Y qué decir de los sindicatos! Potentados burgueses que conducen coches de lujo y viven a cuerpo de rey mientras denuncian a viva voz la explotación del proletariado con el puño en alto. Nadie mejor que un líder sindical sabe aplicar el dicho aquel de en boca cerrada no entran moscas, y el tan acertado no muerdas la mano que te da de comer.

La oposición, por supuesto, no se queda atrás. La cúpula del PP no habla, tan sólo se limita a contemplar y esperar a que la manzana podrida se caiga del árbol sin apenas menear el tronco. Ni una palabra sobre la necesaria reducción drástica del gasto público; concreción nula a la hora de exigir reformas estructurales para incentivar la mermada competitividad de nuestra economía… Al contrario. Los populares tan sólo se mueven para pulsar el botón verde y apoyar así al PSOE en la aprobación del PER nacional para parados, el rescate de Caja Castilla-La Mancha haciendo uso de los impuestos de los contribuyentes o la creación de un fondo de rescate bancario dotado con casi 100.000 millones de euros cuya transparencia es nula.

Mentiras, engaños y falsas promesas son los ingredientes básicos que conforman el discurso de los representantes políticos y sociales. ¿Para eso pagan impuestos los españoles? Son meros parásitos que no están a la altura de las circunstancias. Dejen ya de confiar en la política. Nada van a hacer por usted. Dependemos única y exclusivamente de nosotros mismos para salir del pozo en el que otros, ahora convertidos en falsos profetas, nos metieron. Basta ya de hipocresía.

Pobre españolísima Microsoft

Por ponerlo un poco en perspectiva, entre mayo y julio se han creado en España, merced a abrir zanjas, taparlas y volver a cavar, 100.000 puestos de trabajo, bastante menos de los que se destruyeron en marzo y abril –160.000– y casi los mismos –120.000– que se crearon durante idéntico período de 2006 y sin necesidad de plan E alguno.

Se me dirá, claro, que en 2006 estábamos todavía en medio de esa burbuja crediticia que el Banco Central Europeo creó y que nuestros bancos y sobre todo cajas de ahorros –eso es lo que se llama desregulación financiera– tan bien supieron canalizar y amplificar. Y es verdad; sin embargo, ¿qué otra cosa ha sido el Plan E salvo un intento in extremis de perpetuar la burbuja de la construcción? Si, ya sé que al Gobierno se le ha llenado la boca prometiendo un cambio en el patrón de crecimiento español, pero no nos engañemos: aunque tal tarea no compete al Ejecutivo, sino a cada uno de los empresarios que día a día tratan de localizar oportunidades de beneficio y aprovecharlas, ni siquiera se ha seguido semejante rumbo.

El PSOE, como mucho, podía facilitar el proceso de ajuste: dejar que se hundiera la construcción –sin rescatar a las promotoras, sin reformar la ley concursal, sin retrasar tanto como sea posible la quiebra de cualquier banco y sin planes E–, que se ajustaran precios y salarios –rebajando las cotizaciones a la Seguridad Social y poniendo fin a ese instrumento propio del fascismo mussoliniano y análogo a los comités paritarios de Primo de Rivera, llamado negociación colectiva– y, por tanto, que los factores productivos de nuestra economía se recolocaran en industrias exportadoras que, poco a poco, nos permitieran ir amortizando nuestra elefantiásica deuda exterior.

Pero no. Los socialistas prefirieron dificultar cualquier reajuste privado de la economía y teledirigir el cambio de modelo productivo de manera centralizada. Primero exprimiendo los últimos estertores de la burbuja de la construcción, recolocando a los trabajadores y empresarios desde el ladrillo privado –carísimos inmuebles que nadie quería ni podía pagar– hacia el ladrillo público –innecesarias obras de remodelación urbana por las que nadie hubiese pagado ni un céntimo en tiempo de crisis. Ahí se ven los salvíficos efectos del Plan E: entre mayo y julio el sector donde más cae el paro en términos relativos es el de la construcción. Bendito cambio de patrón de crecimiento que en su agonía ya ha destruido entre agosto y septiembre un número mayor de empleos a todos los creados artificialmente por el Plan E.

Segundo, el Gobierno no sólo no facilitó las minoraciones de precios y salarios que podrían haber permitido el surgimiento de nuevas industrias competitivas y rentables. Al contrario, se cerró en banda en el mal llamado diálogo social, levantando el puño como si en Rodiezmo estuvieran, e impidió la muy necesaria contención salarial.

Vean en este gráfico la peculiar evolución que precios y salarios han tenido en España durante el último año.

Desde septiembre de 2008 el IPC empieza a hundirse y en cambio los costes salariales siguen aumentando a ritmos del burbujeante año 2006. ¿En qué se traduce esto? Pues muy sencillo: precios decrecientes y costes crecientes para los empresarios. O, por traducirlo a lo que todo el mundo entiende, menos rentabilidad y competitividad de nuestras empresas que, poco a poco, van echando el cierre y despidiendo trabajadores.

Y claro, con esto llegamos a la última fase del cambio de modelo productivo comandado por Zapatero: impuestos más altos para financiar todavía más obra pública y, sobre todo, más subsidios de desempleo. Precioso panorama: el PSOE impide a los españoles trabajar por lo que pasa a convertirlos en parásitos de los empresarios, de los trabajadores que todavía trabajan y –no lo olvidemos– de todos nuestros hijos.

Desde luego, si nuestro presidente del Gobierno fuera consejero delegado de cualquier compañía, lo tendría algo difícil para llegar a fin de mes: vacaciones indefinidas pero remuneradas para toda su plantilla. Vamos, que a menos que haya descubierto la piedra filosofal, en unas semanas estaría quebrada y disuelta. Lástima que Zapatero no dirija una fallida empresa, sino un fallido Estado cuya capacidad de expolio le permite seguir endeudándose y tirando artificialmente del carro aún cuando esté cayendo en picado.

Y luego Salgado regaña al FMI porque en sus negros augurios no han valorado la influencia que va a tener sobre nuestro crecimiento el falseado proyecto de presupuestos para 2010. Probablemente no lo hayan hecho, porque si no, en lugar de pronosticar una recesión del 0,7%, habrían al menos triplicado el ritmo de caída. Pero ¿qué más dará una mentirijilla adicional?

La corta vida de la burbuja Zapatero

Había muchos elementos en contra de que la elección recayera en Madrid, pero el toque "zapatero" ha sido definitivo.

Para Gallardón, el hecho de que Madrid no haya conseguido ser sede de las olimpiadas de 2016 es lo de menos. Lo que de verdad le ha destrozado el ánimo es que sus posibilidades de dirigir el partido de la derecha española, objetivo que lleva persiguiendo desde que hizo la primera comunión, se desvanecen. En realidad no desaparecen por completo, porque Gallardón se viene arriba muy pronto y, además, la España del centro-reformismo es muy gallardonita, con algunos presidentes autonómicos que sienten auténtica devoción por el personaje.

En todo caso ha sido un día feliz para Mariano Rajoy, que durante las deliberaciones finales se le veía más nervioso que si viera entrar a Camps en una sastrería acompañado del "bigotes"… por si ganaba Gallardón, claro. En todo caso, cuando se pase la decepción inicial, también será un alivio para los ciudadanos madrileños. Y es que como nos gusta la fiesta más que a un progre una tiza y preferimos no pensar en las consecuencias de la resaca, no vemos que semejante dispendio en una ciudad que acumula ya una deuda astronómica podría desembocar en la quiebra técnica del primer consistorio, una circunstancia muy apropiada para la España de Zapatero pero extraordinariamente gravosa para los ciudadanos de la capital de la nación.

Después del tercer intento de convertirse en sede olímpica, segundo consecutivo, a Gallardón sólo le queda rentabilizar las cuantiosas inversiones realizadas, vendiendo en pública subasta las instalaciones construidas y a medio construir como medio de aliviar las depauperadas arcas municipales. La situación económica no es la más favorable, pero a un buen precio podría ser una opción muy adecuada para captar inversión extranjera. Además, Madrid cuenta con el encanto de Gallardón, capaz de convertir la derrota olímpica en el éxito de ser el primer alcalde de una capital de nación que convierte en superávit el mayor desastre económico de la historia reciente. Yes, he can.