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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

¿Es la investigación la tabla de salvación para salir de la crisis?

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

La palabra investigación, con sus múltiples variantes y combinaciones (investigación y desarrollo o la más moderna investigación, desarrollo e innovación tecnológica) suele considerarse como uno de los elementos fundamentales para el crecimiento económico de un país. Raros suelen resultar los discursos políticos donde no aparece en lugar preferente e incluso central esta idea, cuantificándose incluso el importe a que debe ascender el dinero destinado a dichos fines en tanto por ciento sobre el PIB.

Sin ningún género de duda, continuamente aparecen nuevos productos y servicios que son capaces de satisfacer nuestras necesidades. No sólo eso, sino que estas mejoras, amén de servir para satisfacer mejor al cliente, también permiten a las empresas producir a un coste más bajo.

Las recetas que se hacen desde ámbitos políticos a favor de la investigación como elemento fundamental para superar la crisis parecerían, en principio, bien encaminadas. No obstante, dicha afirmación tendría que ser matizada, ya que podemos observar casos en los que un mayor grado de investigación no ha supuesto un enriquecimiento económico. Así, durante la guerra fría, la Unión Soviética destinó una parte considerable de su PIB a gatos de investigación y desarrollo, alcanzando el 2% en 1990, porcentaje muy superior al de otros países, como España. Sin embargo, el grado de desarrollo de este país era muy inferior que el de países que tenían un menor gasto de investigación, y su crecimiento económico no iba a la par. La carencia de productos en los mercados era tal que la gente pasaba gran parte de su tiempo realizando colas para poder acceder a los productos más básicos.

Por lo tanto la investigación no se puede considerar como el único factor que influye en el desarrollo de un país. Para entender el papel que juega la investigación, ésta debe analizarse bajo los mismos parámetros que cualquier otra inversión. Es decir, si a la hora de acometer una inversión se analizan parámetros tales como el retorno que ésta va a tener, su coste o las alternativas, a la hora de evaluar una investigación deben realizarse los mismos cálculos. De nada servirá a una empresa investigar una tecnología que le suponga aumentar durante 10 años un 10% las ventas, si el coste de la investigación duplica ese posible aumento de ventas, o si el coste financiero es inasumible. En estos casos el proyecto de investigación no sólo no supondría una ventaja a la empresa, sino que puede suponer un pasivo importante.

Lo mismo ocurriría con los proyectos de investigación patrocinados por las administraciones públicas. Si los beneficios que van a permitir obtener son menores que sus costes, estos proyectos se convertirán en una carga para los contribuyentes, dificultando su recuperación económica. Además estos proyectos tienen un peculiaridad con respecto a los anteriores, y es que mientras los proyectos de investigación de una empresa redundan en su beneficio, recayendo también sobre ella sus costes, los proyectos de investigación estatal se financian con impuestos, por lo que lo pagan personas que no tienen que verse beneficiadas por su posible éxito. Por tanto, este mayor coste repercute negativamente en aquellas empresas y usuarios que no se van a ver beneficiado por el mismo, contribuyendo negativamente a que puedan salir de la situación de crisis. Normalmente son las pequeñas empresas las que menos se benefician de estos proyectos de investigación, aunque sin embargo soporten los costes.

Es por ello que no puede sacralizarse el papel de la investigación en el desarrollo económico, ni para salir la crisis, sino que tiene considerarse como una herramienta más, y que debe evaluarse bajo los mismos parámetros de cualquier inversión, estudiando sus costes, posibles beneficios y factibilidad. En caso de no realizar este análisis no tan sólo no servirá para nada, sino que puede dificultar la salida de la crisis.

El origen franquista de los medios públicos

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los grandes problemas del consenso socialdemócrata dominante en la sociedad española, como en otras, es que la mayor parte de la población considera natural que el Estado tenga un papel predominante en determinadas áreas que deberían quedar siempre dentro del campo de la actividad privada. En el caso de España se produce, además, la ironía de que la irrupción de la Administración en muchas de esas actividades tuviera lugar durante la larga dictadura franquista y que a casi nadie le parezca algo grave. De hecho, los más reacios a cambiar las cosas son precisamente quienes más hablan de la "memoria histórica": el Gobierno de Rodríguez Zapatero, los partidos de izquierdas y los medios y supuestos intelectuales afines a todos ellos.

Los ejemplos son múltiples, como es el caso de esos hoteles de lujo estatales conocidos como "Paradores" de los que tan orgullosos se encuentran nuestros políticos. Sin embargo, hay un terreno en el que es especialmente evidente entra intromisión de origen franquista: los medios de comunicación públicos.

Cuando se piensa en dichos medios, el primero que viene a la mente de la mayor parte de los ciudadanos en Radiotelevisión Española. Esta es una empresa que, lejos de desaparecer, ha ido creciendo de manera desmesurada. Después de muerto Franco, y ante los avances tecnológicos producidos, a las emisoras de radio (tanto de RNE como de Radio Exterior de España) y las dos "cadenas" de televisión se le han sumado otros muchos canales temáticos televisivos (que emiten tanto para dentro del país como para el extranjero) y un cada vez mayor sitio web. Todo ello, al servicio del Gobierno de turno.

Aunque nacidas ya en democracia, las televisiones y radios autonómicas (e incluso locales en manos de los ayuntamientos) han copiado todos y cada uno de los vicios de su "hermana  mayor", RTVE.

Hay, sin embargo, un caso del que no se suele hablar y si cabe es de mayor importancia. Se trata de Efe. Esta empresa es la más importante agencia de noticias en lengua española, y de sus teletipos se nutren en buena medida la mayor parte de los medios de España y gran parte de Iberoamérica. Al igual que RTVE, sus problemas económicos no son pequeños y está sometida a un importante control por parte del poder político (hasta el punto de que es este último quien nombra a sus máximos responsables). Su origen está en el año 1939, fue fundada por Ramón Serrano Suñer mediante la fusión de las agencias Fabra, Faro y Febus. Aunque la historia oficial es que la actual empresa tiene su nombre por ser la inicial de las tres fusionadas, otra versión dice que se llama así por ser la primera letra de Falange.

Por mucho que los políticos y sindicatos discutan sobre cómo dirigir y gestionar la gigantesca RTVE para lograr que sea "independiente" y de "calidad", no hacen lo mismo con la agencia Efe. En este caso, el consenso socialdemócrata funciona a la perfección. Además, en ningún caso nadie parece querer afrontar la única salida aceptable si no se quiere que estos medios sean instrumentos de propaganda al servicio del poder político: la privatización.

¿Cómo eliminar la corrupción?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

…el piso de lujo que se ha comprado el hijo de Bono; la vergonzosa ocultación de bienes patrimoniales por parte de toda la clase política, sin excepción; la financiación ilegal del PSOE en la negra etapa de Filesa; la condonación de créditos multimillonarios a partidos políticos; el fichaje de políticos por parte de grandes empresas; la opacidad de las cajas de ahorros; los cientos de cargos municipales imputados y condenados por casos de corrupción urbanística… ¿Seguimos?

Es evidente que casi todo huele a podrido en las instituciones públicas que nos gobiernan, sancionan, multan y regulan hasta la saciedad. Y mientras el sector privado es vigilado con lupa para limitar su actividad en aras de un falso "bien común", todo un ejército de cargos públicos se llena los bolsillos, amasando auténticas fortunas, mediante el regular desarrollo de delitos económicos.

La corrupción política de alto rango, en la que están implicados senadores, diputados y cargos autonómicos, ha llenado las portadas de los periódicos en los últimos tiempos y todo indica que lo seguirá haciendo en los meses venideros. No obstante, y no por casualidad, la clase política se ha convertido en el segundo mayor problema del país por detrás de la crisis, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Y ante la obviedad, la tradicional hipocresía de los afectados. Lemas del estilo "no se puede generalizar", "la mayoría somos honrados" o "actuaremos con contundencia reformando nuestros códigos internos" han sido, una y otra vez, los mensajes reiterados a la opinión pública con la malvada esperanza de quitar hierro al asunto.

Pues no, señores. La corrupción nace con la política. Es un mal intrínseco de la actividad pública, algo natural y propio en el ejercicio del poder. Desde la antigua Roma y la mítica Atenas los cargos se vendían al mejor postor realizando toda clase de servicios ilegales a cambio de unas monedas. Nada ha cambiado.

Todos los casos citados anteriormente tienen un denominador común: el pago de dinero por parte de empresas o particulares a cambio de determinados favores cuya otorgación depende, única y exclusivamente, del sector público como, por ejemplo, la concesión de licencias urbanísticas, la apertura de negocios, la evasión de multas y sanciones o la firma de contratos por obras y servicios de toda índole, entre otros muchos.

¿Cómo combatirla? ¿Es posible erradicarla? Por extraño que parezca, la resolución de esta lacra, lejos de ser un tema político, pertenece por entero al ámbito económico. La respuesta positiva a tales preguntas tiene su explicación y origen en el grado de libertad económica de la que disfruta un país. Si a mayor Estado menor libertad, también se corrobora que a mayor Estado mayor corrupción política.

Según el Barómetro de Corrupción Global 2009, elaborado por Transparencia Internacional, "casi dos de cada cinco ejecutivos de empresas encuestados afirmaron que se les había solicitado pagar sobornos al realizar gestiones con instituciones públicas. La mitad estimó que la corrupción aumentaba en al menos un 10% el costo de los proyectos. Uno de cada cinco señaló haber perdido oportunidades comerciales como resultado del pago de sobornos por un competidor. Más de un tercio percibía que la corrupción se está agravando" a nivel mundial.

Se estima que tan sólo en los países en vías de desarrollo y en transición, los políticos y funcionarios gubernamentales corruptos reciben sobornos por un total de entre 20.000 y 40.000 millones de dólares al año, lo que equivale a aproximadamente entre el 20% y el 40% de la ayuda oficial para el desarrollo.

Ahora bien, dicho esto, cabe diferenciar entre unos países y otros. Y hete aquí cuando el cruce de datos confirma lo dicho: 15 de los 20 países menos corruptos del mundo en 2009 son, precisamente, los que gozan de una mayor libertad económica, según el índice que elaboran Heritage Foundation y Wall Street Journal. Nueva Zelanda, Dinamarca y Singapur cuentan con los políticos menos corruptos del planeta, al tiempo que se enmarcan entre las diez economías más libres. Por el contrario, los países más corruptos son también los menos libres económicamente. Sobre todo, países del Tercer Mundo y en vías de desarrollo.

España pasa del puesto 28 que ocupaba en 2008 al 32 en el ránking de corrupción, que incluye un total de 180 países, mientras que en el Índice de Libertad Económica pierde siete y desciende hasta el 36.

La corrupción tiene muy poco que ver con la bondad u honradez de las personas que ocupan cargos públicos, y casi todo con el grado de intervención económica que sufren los individuos y las empresas. Si los rusos y cubanos han sobrevivido durante décadas al puño comunista es gracias al mercado negro (ilegal) y al pago estructural de sobornos para evitar la cárcel. Es un mal endémico del sistema intervencionista.

La corrupción brilla por su ausencia en los mercado libres, con marcos regulatorios simples y favorables a la libertad, ya que, simplemente, no es necesario corromper al político de turno para desarrollar cualquier actividad legítima y acorde al derecho natural del ser humano. Así pues, ni se engañen ni se dejen engañar. Para combatir eficazmente la corrupción hay que liberalizar al máximo los mercados.

A vueltas con el paro

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Sin casi ninguna duda, la principal tragedia causada por la crisis económica cuya fase depresiva llevamos viviendo un par de años, es el desempleo. Es la frustración de muchas personas, casi 5 millones sólo en nuestro país, que se ven imposibilitadas de conseguir un puesto de trabajo y la fuente de ingresos que tal puesto supone, en muchos casos imprescindible para la supervivencia.

Lo más triste de la situación es que la mayor parte de la gente no comprende por qué está en paro. Imagino que, en muchos casos, los habrá incluso que se culpen a ellos mismos (“no valgo para nada”), aunque siempre es más fácil culpar al empresario explotador que les ha despedido o no les contrata. Como saben muy bien los economistas, la culpa no es de empresas ni de trabajadores.

Y es que el fenómeno del paro es algo ajeno al libre mercado. Veamos un país como España. El que haya cinco millones de parados es como decir que en España ya está hecho casi todo, y no quedan trabajos que hacer. Nada más lejano de la realidad, si comprobamos el estado de muchas calles o la existencia de terrenos sin explotar, o, sin ir más lejos, los cuadros que hay sin colgar en mi casa. Evidentemente, queda mucho trabajo que hacer en España; y siempre quedará, siempre podremos mejorar la satisfacción de nuestras necesidades de una u otra forma.

Entonces, ¿cómo es que hay tanta gente mano sobre mano? Podría ser que no desearan trabajar. Es cierto que la gente confronta el trabajo y el ocio, y sólo trabaja si la utilidad que obtiene de trabajar es superior a la que obtiene de holgar. Pero no parece ser el caso: en España, muchos de los parados están buscando empleo, quieren trabajar, pero no encuentran en qué.

En resumen: hay trabajo por hacer y hay gente deseosa de trabajar. ¿Qué impide que el proceso se consume satisfactoriamente? ¿Por qué no se encajan las piezas del puzzle?

La teoría económica explica que el proceso de encaje entre recursos y necesidades, entre trabajo por hacer y potenciales trabajadores, lo llevan a cabo los emprendedores, o, si se quiere, los empresarios. Estos individuos son capaces de localizar oportunidades en el mercado: recursos que están infravalorados y que se pueden poner a mejor uso. Esto no lo hacen por amor al arte, sino más bien por la posibilidad de quedarse con la diferencia entre ambos valores, si sus previsiones son acertadas (que no siempre lo son).

Esto proceso implica que el emprendedor debe adelantar el pago a los recursos, y correr el riesgo de que sus apreciaciones sean correctas. Pero es fundamental, en todo caso, que perciba un recurso que puede comprar a menos precio del que puede obtener por su venta, una vez tratado.

Uno de estos recursos es el trabajo. Así pues, si no se está produciendo el encaje antes citado, debe de ser porque los emprendedores no ven oportunidades de poner en valor el trabajo potencial; esto es, porque perciben que el trabajo es demasiado caro para lo que se puede obtener de él. Lo situación es tanto más grave si consideramos que el trabajo es un componente imprescindible en cualquier empresa: se puede prescindir de otros recursos, pero no existe empresa sin trabajo.

En esta situación, lo normal es que el precio del trabajo bajara, como el de cualquier otro recurso en situación de exceso de oferta, y así los emprendedores empezaran a encontrar oportunidades para invertir en ese recurso. Habida cuenta de que el número de desempleados sigue creciendo, es evidente que en España tal ajuste no está ocurriendo, y cabe preguntarse por qué. La respuesta es también evidente, y se llama salario mínimo interprofesional (SMI). La obligación de pagar este mínimo por el recurso trabajo impide que el ajuste natural antes explicado se produzca.

Tampoco los dígitos marcados por el SMI bastan para comprender el precio del recurso trabajo: han de acompañarse de toda la legislación de supuesta protección de los trabajadores, entre las que destaca la famosa “Seguridad Social a cargo de la empresa” (que también es a cargo del trabajador), las posibles indemnizaciones por despido o los distintos permisos retribuidos. Todos estos factores incrementan considerablemente la cifra oficial del SMI y dificultan la corrección a la baja del precio del recurso trabajo, y la eventual localización de oportunidades por los emprendedores, que llevaría a la creación de puestos de trabajo.

Siguiendo este razonamiento, debe estar claro que el principal problema del desempleo es el salario mínimo, y, más en general, cualquier regulación que dificulte la función del emprendedor. En este sentido, puede resultar curiosa la continua reivindicación de los empresarios de que baje la indemnización por despido.

Asumiendo, como parece razonable, que dicha bajada no afectaría a los contratos ya existentes, ¿qué más les da el importe de la indemnización? Lo que hace el empresario es tener en cuenta dicho posible pago, y reducir el salario ofrecido al trabajador. Por ejemplo, si originalmente se le pagaría 12.000 Euros/año, y se fija una indemnización de 45 días por año trabajado, la oferta al trabajador se quedaría en 10.500 Euros anuales (aproximadamente) teniendo en cuenta que si se le despide hay que pagarle otros 1.500 por año.

Como se ve, dicha obligación, una vez conocida, se descuenta del salario del trabajador, para mantener el valor que se puede pagar por el recurso. En otro caso, no se le puede contratar. Por eso, desde la perspectiva del empresario, da lo mismo que sea 33, 15 o 45 días por año trabajado.

O daría lo mismo si no fuera por la existencia del salario mínimo, que impide una vez más la corrección a la baja. Así que cuando los empresarios piden la reducción en la indemnización por despido en el fondo lo que están pidiendo es la reducción del salario mínimo. Pero, claro, eso no les debe de parecer políticamente correcto. Y, mientras estamentos políticos, sindicales y empresariales “oficiales” se empeñan en darse de bruces contra las leyes económicas, la tragedia del desempleo crece imparable.

Salario e inteligencia mínimos

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

De esta manera, y Dieu mediante, con un mínimo impuesto para todo quisque con bandera azul al fondo, “se reconcilia a los ciudadanos europeos con la UE” y, sobre todo, se pone fin a “la competencia social”. ¿Qué es esto de que un húngaro trabaje por la tercera parte que un belga? Eso se ha acabado. Es mucho mejor, al menos para los socialistas belgas, y más si son diputados, prohibir trabajar (competir, esto es) a otros trabajadores.

Porque, ¿qué es una ley de salario mínimo? Una norma que prohíbe a empresario y trabajador llegar a un acuerdo voluntario por debajo de determinado nivel de salario. Los empresarios pagan en función de lo que esperan recibir del trabajador; de la productividad, como lo llaman los economistas. Y si el Estado coloca el salario mínimo por encima de la productividad que en ese momento puede ofrecer el trabajador, pues se queda en la calle y santas pascuas. Total, afecta principalmente a jóvenes, inmigrantes y, en general, a personas con poca formación; gente a la que se le puede impedir progresar mientras se le dice que es por su bien.

Un luxemburgués al uso, de esos que pasarían desapercibidos por las calles de esa ciudad-Estado, no acaba el año sin una renta por debajo de 100.000 euros. En España somos algo más pobres y tenemos una renta per cápita que supera los 35.000, mientras que en varios países ex comunistas hay que estar por encima de la media para alcanzar los 15.000 euros al año. ¿Adivinan qué europeos se encontrarían con que la ley no les permite cobrar el salario que ellos son capaces de generar? No, no serían los más ricos.

Estados Unidos ocupó Haití de 1915 a 1934. Ya entonces Haití era una sociedad miserable. EEUU, a comienzos de los 30, aplicó por error una ley del salario mínimo a la mitad occidental de La Española. De un plumazo, prohibió prácticamente todos los contratos laborales de aquel país, y a medida que se implantaba iban quedando los haitianos sin empleo y las empresas sin producción, hasta que se deshizo el error. Ah, pero los europeos somos más inteligentes que eso: seríamos capaces de convertir un error en un eje central de la política europea. Aunque eso, ¿no lo habremos hecho ya?

José Carlos Rodríguez es periodista.

¿Sabe Rajoy de lo que habla?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En este sentido, el plan de choque propuesto por Rajoy no va mal encaminado (soñar es fácil) el problema es saber cómo piensa materializarlo.

Las cinco ideas –reducir el déficit, no subir impuestos, combatir la morosidad, reestructurar el sistema financiero para que fluya el crédito y crear un nuevo contrato laboral– son como aquello de desear el fin del hambre en el mundo, un deseo desligado de la realidad (de la realidad del PP). A saber, si a Rajoy sólo se le ocurría hace unas semanas reducir el gasto público en 10.000 millones, no está claro cómo piensa acabar con el déficit público sin aumentar los impuestos.

Porque redactar la Carta a los Reyes Magos con dos meses de retraso no equivale a presentar un plan económico creíble. Es cierto que la política del PSOE difícilmente podría ser más errática –ora negando la crisis, ora reconociéndola; ora bajando impuestos, ora subiéndolos; ora aumentando el gasto, ora prometiendo reducirlo; ora subiendo las pensiones, ora bajándolas; ora cerrándose en banda a cualquier reforma del mercado laboral, ora promoviéndola–, pero el PP no le va mucho a la zaga.

Al parecer los principios están claros: no se subirán los impuestos y se reducirá el déficit. Despejándolo la incógnita, sólo me aparece un recorte del gasto público de tales magnitudes que probablemente ningún político sea capaz de imaginar sin sufrir taquicardia.

Veámoslo así: en 2009 el Estado gastó unos 260.000 millones de euros y recaudó 145.000, lo cual nos deja un déficit de de 115.000 millones. Es cierto que una parte de la caída de impuestos y de aumento del gasto es coyuntural, derivada de la menor actividad y del incremento del desempleo. Pero ni mucho menos sueñen en el PP que por llegar ellos al Gobierno la economía retornará a los niveles de recaudación propios de la burbuja inmobiliaria (200.000 millones de euros) ni se entusiasmen pensando que basta con crear empleo para reducir el gasto (las prestaciones por desempleo apenas supusieron en 2009 35.000 millones de euros).

Así pues, dado que el PP promete no subir impuestos, tendrá que reducir el gasto entre 60.000 y 80.000 millones de euros para acabar con el insufrible déficit público, lo que equivale a dejar de gastar alrededor de 1 de cada 3 euros que el Estado despilfarró en 2009. Es decir, será necesario cerrar administraciones y organismos autónomos enteros, bajar el sueldo y reducir el número de funcionarios, privatizar todas las empresas públicas y, por supuesto, poner fin a casi todas las transferencias de renta que hoy se produzcan (a sindicatos, partidos políticos, asociaciones culturales, dictadores del tercer mundo…). Algo que muchos hubiésemos deseado hace años para liberar y dinamizar nuestra sociedad, pero que ahora se impone con mayor necesidad si cabe.

En conjunto asciende a algo más que la calderilla de 10.000 millones que Rajoy pregonaba desde el Congreso frente a las bancadas socialistas. Por ello, no parece que el partido político del liberalismo simpático, ese mismo que aborrecía de Hayek y (con un poco más de razón) de Friedman, vaya ahora a liderar el mayor adelgazamiento del Estado en la historia de nuestro país.

No sé si Rajoy sabe de lo que habla. Me gustaría pensar que sí, pues significaría que se ha decidido a finiquitar el Estado ultraintervencionista que padecemos sin esquilmar aún más a las clases medias. Pero viendo sus antecedentes y los de otros miembros de su partido, me permito dudarlo. Al final, unos y otros, la socialpopulocracia, subirán masivamente impuestos. Ellos gastan, nosotros pagamos. Lo llevan en la sangre y en la cuenta corriente.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

¿De qué cohesión social me hablan?

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Artículos en prensa.

Una crisis que es consecuencia, no lo olvidemos, de un conjunto de malas intervenciones que han empujado a la gente a equivocarse en masa y no del exceso de libertad económica.

Ya desde los inicios de la crisis, allá por 2007, algunos analistas –como los del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana– defendían la reducción de impuestos para aliviar las cargas de los contribuyentes y aumentar su renta disponible, así como la flexibilización de los mercados de factores productivos, sobre todo del de trabajo, con el fin de hacer el reajuste productivo más llevadero.

Sin embargo, como resulta evidente, nada de eso se ha hecho. El mercado de trabajo apenas se ha tocado y las elevadas rigideces siguen presentes, a pesar de la insistencia de gran parte de los economistas para reducirlas. Las cuentas públicas se han deteriorado a un ritmo frenético, elevando las preocupaciones de los inversores acerca de la salud y solvencia del Reino de España. El gasto público se ha disparado fruto de los estabilizadores automáticos –el mecanismo por el cual en época de recesión se eleva el déficit público por el incremento del desempleo y la reducción de ingresos fiscales– y de la propia inercia del sistema, mientras que ya se anuncian incrementos de impuestos.

Uno de los argumentos que suelen esgrimirse para no reducir el gasto público es el de la cohesión social. El Estado debe encargarse de que haya cohesión social, y eso sólo se consigue mediante un Estado del Bienestar que provea de los bienes y servicios más básicos a la población (como la educación y la sanidad), se encargue de las personas más necesitadas que no pueden valerse de sí mismas (desempleados, niños, ancianos, pobres), etc. Y para ello, resulta necesario mantener elevados el gasto público y los impuestos.

Además, para criticar la flexibilización del mercado de trabajo, se alega que con el fin de garantizar la seguridad y estabilidad de los trabajadores, hace falta un sistema laboral que no permita fácilmente el despido a los trabajadores por las horribles consecuencias que ello acarrea en su entorno.

Pero, ¿y si esta estrategia fuera a conseguir lo contrario de lo que se persigue, es decir, que en vez de favorecer la cohesión social, se fomentara el conflicto y el malestar entre la población?

La cuestión que parece más obvia es la que se refiere al mercado de trabajo. No sé qué suerte de cohesión social se pretende impulsar con un sistema laboral que, en las fases recesivas del ciclo, expulsa a una cantidad ingente de sus trabajadores; y que mantiene dos niveles de empleo, diferenciados entre los indefinidos que disfrutan de elevados privilegios y ‘protecciones’ y quienes no los tienen. Más bien, parece un excelente caldo de cultivo para las envidias sociales y la frustración de no poder conseguir un empleo por poca remuneración que éste ofrezca; una sangría que afecta especialmente a los jóvenes. Los expertos llevan ya tiempo alertando contra este sistema regulatorio anticuado y rígido que algunos califican de "brutalmente ineficiente" y "catastrófico". Todavía estamos esperando reformas serias ante la amenazante mirada de quienes viven cómodamente del statu quo.

En relación con el enorme déficit público que se ha generado en muy poco tiempo, uno también se pregunta qué es lo que está ganando nuestro país atrayendo la desconfianza de los inversores y analistas financieros internacionales al amasar una elevada deuda pública que deberán pagar quienes nada tienen que ver con estos desaguisados –esto sí que es solidaridad intergeneracional– y dificultando la verdadera recuperación económica.

Quizás lo que busquen sea la cohesión social que ahora están disfrutando los griegos, quienes se han visto obligados por las circunstancias a aplicar unos planes de austeridad donde se pretende reducir drásticamente el gasto público con el simple objetivo de salir con vida de ésta. No descartaría que algo similar a lo sucedido en Grecia, quizá con menor intensidad, pase aquí si es que el Gobierno no se da prisa en aplicar las medidas dolorosas de austeridad presupuestaria que ya algunos recomendaban a finales de 2007.

Este tipo de medidas son las que han sido aplicadas en Irlanda, país que también ha sufrido las fatales consecuencias de la burbuja inmobiliaria –causada por una fuerte expansión del crédito venida del Banco Central Europeo–, y ahora parece contar con mejores perspectivas de futuro. En Irlanda las palabras de promesas de estabilizar el déficit público no han caído en el vacío, como sí suele pasar con las de Obama y Geithner en EEUU, sino que han ido seguidas de severas medidas para recortar el gasto público. Como explica Harry Phibbs:

"Todas las subvenciones, desde aquellas relacionadas con la vivienda hasta las relacionadas con la cultura, han sido severamente recortadas. Los activos excedentes han sido vendidos. Se ha disminuido la burocracia. Las ayudas al desempleo han sido reducidas porque según Lenihan (Ministro de Finanzas irlandés): "un sistema de protección social no acorde con los costes laborales del resto de la economía puede llevar a la gente a prolongar su situación de desempleo".

Y, cómo no, los resultados son positivos. Según The Economist: "La dura medicina parece estar funcionando, a medida que Irlanda sale de la recesión, las finanzas públicas mejoran y la economía vuelve a ganar la competitividad pérdida dentro del euro".

La incompetencia de la administración Zapatero, sin embargo, no inspira demasiadas confianzas de que se vayan a tomar las medidas correctas voluntariamente. Probablemente, estas medidas tengan que aplicarse por presiones internacionales, a la fuerza, tarde y mal; y las consecuencias podrían ser como lo que se ha visto en Grecia.

En ese caso, que espero que no tengamos que vivirlo porque se actúe antes de que venga el lobo, el argumento intervencionista de la cohesión social se lo podrían tragar con patatas sus muy ilustres proponentes.

Ángel Martín Oro escribe regularmente en su blog.

El drama de los cinco millones

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

España acaba de superar los 4,6 millones de parados, pese a que el Gobierno insista en aplicar el ya habitual maquillaje estadístico con el fin de ocultar la terrible realidad a la opinión pública. Tan sólo en febrero 82.132 personas han perdido su puesto de trabajo, la cifra más alta de la serie histórica tras el récord absoluto de 2009, en un mes tradicionalmente favorable para la creación de empleo.

Sin embargo, el Gobierno insiste en cerrar los ojos al drama que sufren millones de familias. Así, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, reitera, una vez más, que se ha "conseguido frenar" la destrucción de empleo, y ahora esa tendencia "se está desacelerando". Pajín se agarra al aumento de afiliados a la Seguridad Social para lanzar tal afirmación. Efectivamente, el número de ocupados subió en 26.340 personas el pasado mes, frente a la intensa destrucción laboral que tuvo lugar en febrero de 2009.

Pero el dato, nuevamente, es engañoso. En primer lugar, Pajín prefiere ignorar que ese aumento de 26.340 afiliados es tres veces inferior que el del mismo mes de 2008, primer año de la crisis, cuando se crearon casi 83.000 empleos. Además, tal y como acertadamente destaca la patronal de ETTs (Agett), el mercado laboral español ha perdido 232.000 puestos de trabajo en los dos primeros meses de 2010 frente a los 120.000 del mismo periodo de 2008. Es decir, el ritmo de destrucción laboral sigue duplicando al del primer año oficial de crisis, por lo que la situación no se puede calificar en ningún caso de positiva, tal y como afirma irresponsablemente la cúpula socialista. En resumen, España sigue destruyendo empleo y el paro sigue en ascenso.

Por si ello fuera poco, cabe señalar que casi un tercio de los nuevos afiliados registrados en febrero proceden del sector de la construcción. Y es aquí donde entra en juego la tercera pata del engaño colectivo que está propiciando el Gobierno con respecto a las cifras del paro. Y es que Trabajo no sólo aplica el habitual maquillaje estadístico para ocultar las cifras reales de desempleo sino que, además, no contabiliza como parados a los cientos de miles de personas ocupadas artificialmente mediante el uso de dinero público.

El primer Plan E, dotado con 8.000 millones de euros para la realización de obras municipales, ocupó a 428.118 personas en 2009, según datos oficiales. El coste medio de esta medida asciende a unos 18.700 euros por puesto de trabajo creado de forma temporal. De este modo, gracias al dispendio que han propiciado estos inútiles proyectos –desde construir pabellones deportivos a levantar aceras, pistas de patinaje o de pádel–, el Ejecutivo ha logrado ocultar más de 400.000 parados en la construcción, con lo que el número de desempleados real se aproximaría, en la actualidad, a los 5 millones de personas.

El mercado de trabajo está siendo invadido de forma inequívoca por un agresivo cáncer que amenaza ya con convertirse en metástasis incurable de no tomar las medidas de choque que precisa el país. Sin una profunda reforma laboral capaz de liberalizar el mercado esta enfermedad se hará crónica. Es decir, España podría sufrir una tasa de paro próxima al 20% durante varios años. El Gobierno, en lugar de ejercer su responsabilidad, descarta aplicar por el momento las recetas adecuadas. En lugar del papel de médico, los miembros del Ejecutivo son meros curanderos que se aprovechan de las esperanzas de la gente para engañar al paciente con falsas ilusiones de recuperación.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

El problema de los controladores aéreos

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Llevamos unas semanas enfrascados en el debate sobre las condiciones laborales de los controladores aéreos. Como no puede ser de otra forma, es un debate alimentado desde el Gobierno con el objetivo bastante explícito de rebajar los beneficios de dicho colectivo, con el apoyo de la opinión pública.

Esta clase de polémicas serían algo inimaginable en el libre mercado, donde los agentes se coordinan espontáneamente y el sueldo de la gente no está al arbitrio de los votos, sino, simplemente, del dinero que las demás personas estén dispuestas a pagar.

La opinión pública tiende a pensar que las condiciones salariales de los controladores aéreos son espectaculares, muy por encima de las que disfruta el común de los mortales. Y la verdad es que es un hecho objetivo que sí lo son, tanto en lo referente a salario, como a horarios, descansos y jubilación. Esto no se puede negar, pero tampoco supone mayor problema. Hay muchos otros individuos que perciben prestaciones muy superiores a la media, como deportistas o artistas, por actividades que cabría calificar de menor importancia para sus conciudadanos.

Ocurre que la prestación por el desempeño de un trabajo, como todos los precios en el libre mercado, se fija por el juego de la oferta y la demanda. Incluso los trabajos más importantes para la vida humana pueden tener precios muy bajos si hay mucha gente capacitada para hacerlos. Por el contrario, trabajos completamente prescindibles, pero que poca gente puede desempeñar, pueden dar lugar a sueldos de infarto. Por ello, el problema de los controladores aéreos hay que analizarlo desde sus vertientes de oferta y demanda.

Empecemos por la oferta: pudiera ser que muy poca gente tuviera la capacidad y el deseo de ser controlador aéreo, por las razones que fuera. Por mucho que se propugne la igualdad sin cortapisas, Pau Gasol sólo hay uno, y por eso gana lo que gana. No todos podemos ser Pau Gasol. ¿Ocurre lo mismo con los controladores aéreos? Un repaso a los requisitos para esta profesión (que se pueden consultar en las bases de la oposición) nos confirmará que no hay falta de individuos capacitados para desempeñar el oficio. Son ciertamente exigentes, pero nada que no pueda dar lugar a una saneada colección de voluntarios.

Si no hay problemas en la oferta que justifiquen unas condiciones laborales tan magníficas, habrá que volverse al lado de la demanda. ¿Y qué nos encontramos aquí? Ya se podía adivinar. Los controladores aéreos son contratados por las empresas que gestionan el tráfico homónimo. En nuestro país, solo hay una empresa, más bien un ente público, que desempeñe tal tarea: AENA. Así, que el lado de la demanda lo constituye una empresa pública con un monopolio legal. No se puede imaginar un escenario peor desde el punto de vista de la sociedad, ni mejor para los grupos organizados que se puedan beneficiar del mismo.

Como monopolio legal, no confronta amenazas de entrada, por lo que puede obtener rentabilidades superiores a la de mercado. Como administración pública se puede permitir no orientarse a los clientes, sino a finalidades de otro tipo (por ejemplo, el “interés general”), dado que siempre están los impuestos para las chapuzas.

Así pues, en ausencia de la disciplina que pone el mercado, el colectivo de controladores aéreos ha podido satisfacer sus intereses por el simple procedimiento de presionar, de una forma u otra, a los compradores de sus servicios. Un empresario en el libre mercado no hubiera podido ceder a esta coacción sin llevar a la quiebra a la empresa: su exceso de costes hubiera supuesto una desventaja competitiva con otros emprendedores. Pero AENA no es una empresa en el libre mercado. Y las condiciones laborales de los controladores, tampoco, en consecuencia.

Ahora bien, como siempre ocurre con la intervención estatal, se pretenden solucionar los problemas creados con una nueva intervención. Es claro que la única forma de resolver el problema de los controladores aéreos es abrir el mercado de aeropuertos a la competencia, y privatizar AENA al mejor postor, pues se ha mostrado que esta es la causa del problema.

Dado que el gobierno no parece dispuesto a esto, opta por someter a consideración de la opinión pública el sueldo del controlador aéreo. Tan arbitrarias eran las condiciones laborales anteriores como las que se puedan imponer ahora. Y seguirá sin solucionarse el problema, aunque por el camino se hayan ahorrado unos cuantos euros los de AENA.

Y es que el precio de las cosas no lo puede poner el gobierno a su antojo; el único mecanismo válido, que no genera distorsiones, es del mercado sin intervención. Lo contrario nos lleva a colectivos privilegiados, como los controladores aéreos (posiblemente) y los políticos (estos, seguro).

El capitalismo vuelve a ser popular

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Su presidencia será recordada por muchos aspectos, no todos buenos. Uno de los mejores es el de “capitalismo popular”. Se lanzó un ambicioso programa de privatizaciones; tan exitoso que esa palabra, “privatización”, que estaba condenada por los medios de comunicación, adquirió un prestigio enorme que llegó, pásmense, a la España de Felipe González.

La novedad viene de que aquel gobierno quiso que el ciudadano medio participara en las compras de las empresas públicas. Se distribuyó la riqueza y se creó un vínculo, uno más, entre los trabajadores y el capitalismo, que lo era también entre los votantes y el Partido Conservador. Lo mismo se intentó en España siglo y medio antes, con las desamortizaciones.

Aquel capitalismo popular se agotó, quizás porque consideraron que no había mucho más que vender. Yo dejaría al Gobierno en una habitación de un hotel con casino y poco más. Lo del casino es para que se entretengan jugando y perdiendo su dinero y no el nuestro. Quizá faltó ambición, pero lo cierto es que aquel programa de privatizaciones se detuvo. En algún momento tenía que hacerlo.

Estas cuitas se olvidaron hasta que Gordon Brown, un apellido hecho primer ministro, nacionalizó Northern Rock, un caso con el que descubrimos que el socialismo era esto: dejar en manos privadas los beneficios y socializar las pérdidas. David Cameron, líder de los tories, dijo al terminar enero que él quería “un capitalismo verdaderamente popular” en el que “se recapitalice a los pobres, en lugar de a los bancos”.

¿Cómo? Lo explica el ministro de economía en la sombra, George Osborne: “Los banqueros ya tienen su prima, así que nosotros queremos que los ciudadanos tengan también la suya como retribución por el dinero (más de un billón de euros) que pusieron en el rescate bancario”. Lo que harán es ofrecer acciones de los bancos nacionalizados, con descuentos. El capitalismo vuelve a ser popular.