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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

La Selección no nos sacará de la crisis

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Que sea un disparate y una falacia no impide que los ministros y el propio presidente hayan sugerido esa posibilidad; más bien explica que hayan recurrido a él. Miguel Sebastián y otros miembros del desgobierno español creen que debemos recalcular al alza el dato de crecimiento de este año debido a la victoria.

Este peculiar punto de vista encuentra cierto respaldo en un estudio del banco holandés ABN Amro en el que se asegura que la victoria en un mundial de fútbol hace subir la economía del país ganador en un 0,7% del PIB. Para llegar a esta conclusión los autores del informe estudian los mundiales pasados y observan lo qué ocurrió con el país que se llevó a casa la copa, resultando que, de media, sus economías crecieron un 0,7%. Claro que esta tesis falla más que el pulpo Paul pues en dos ocasiones el país que ganó vio caer su PIB.

Para que sucediera lo que prevé esta teoría, la causa de la situación económica que vive España tendría que ser de índole psicológica. Es decir, la crisis no sería causa de las políticas rematadamente malas del Gobierno ni de que los bancos centrales hayan patrocinado una política de dinero barato que incentivó gran cantidad de inversiones de largo plazo para las cuales no había recursos reales. No, claro que no, ¿cómo iba a ser esto culpa del mundo político? Los libros de historia quedarían muy feos y políticamente incorrectos si contaran las causas reales de crisis como esta. Nuestros mandatarios se quedarán mucho más tranquilos si logran vendernos esta nueva falacia cuya única explicación posible es que la culpa de la crisis la tienen los ciudadanos por no ser más consumistas o por estar con la depre, esa que Zapatero niega tener.

En definitiva, los argumentos detrás de la resurrección futbolera vienen a contarnos que en realidad no hay una crisis real. Todo esto es una gran pesadilla en la que viven quienes no tienen la fuerza de espíritu necesaria como para consumir más en tiempos en los que falta liquidez y el gobierno sube impuestos y baja los salarios.

Supongamos que como prevé la teoría del banco holandés, a la que se han sumado una gran cantidad de medios españoles y casi toda la clase política, una buena parte de los españoles gasten más durante unos días, unas semanas o incluso unos meses. La falacia de la victoria tiene un claro paralelismo en la falacia de la ventana rota, que de manera magistral explicó Bastiat a mediados del siglo XIX. En primer lugar, resulta que el dinero que hayan gastado esos españoles en fiestas y comidas caras supondrá una mejoría para el sector de las juergas y el de la alimentación para celebraciones. Sin embargo, este efecto tendrá su contraparte en aquellos sectores en los que el ciudadano embriagado de victoria deje de gastar para poder asumir el coste de las juergas.

Desafortunadamente la crisis no se resolverá ni la economía crecerá por el triunfo en el mundial. Pero la falacia de la victoria reconstituyente servirá para que el Gobierno nos muestre los datos de los sectores que han crecido tras el triunfo de la selección como si fueran un gran brote verde. A falta de reformas contundentes que liberalicen y dinamicen la economía española, el pan y circo de toda la vida van a acompañar los tímidos recortes en el gasto y las decididas subidas impositivas.

Doing Business 2010

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Durante el presente año ha vuelto a publicarse Doing Business, la clasificación elaborada por el Grupo Banco Mundial que mide el grado de dificultad que presenta cada país para realizar negocios en él. En la misma se miden una serie de parámetros, como la facilidad para iniciar un negocio, comerciar con el exterior, obtener permisos de construcción, créditos, el nivel impositivo, la seguridad jurídica del derecho de propiedad, etc. Posteriormente se ordenan todos los países del mundo de tal forma que en primer lugar aparezca aquél país donde resulta más fácil y seguro realizar negocios.

Desgraciadamente en la edición de este año, los datos arrojados no han sido muy favorables para España, ya que, según este estudio, se pasa de tener la posición número 51 que detentaba en el año 2009 a la 62. Para los autores de este estudio, existen 61 países en el mundo en los que, en el año 2010, resulta más sencillo emprender algún tipo de actividad empresarial.

Indudablemente, como sucede en prácticamente cualquier estudio de estas características, determinados aspectos medidos por este estudio pueden llegar a valores cuestionables, como si, por ejemplo, realmente son necesarios 47 días de media para cumplir con todos los trámites necesarios para abrir un negocio. Dependiendo de la forma jurídica con la que un emprendedor decida iniciar su actividad, y de la naturaleza de ésta, este plazo puede acortarse. Así, si se ejerce la actividad como persona física o constituyendo una sociedad limitada nueva empresa, estos plazos pueden reducirse sensiblemente, máxime si, en virtud de la llamada Ley Ómnibus, pertenece al grupo de actividades a las que se ha facilitado la obtención de una licencia de apertura. No obstante, existe otro grupo de actividades, entre las que se incluirían servicios tan importantes como la hostelería, en la que no se ha simplificado la obtención de dicha licencia y donde, dependiendo del ayuntamiento, puede tardar en otorgarse meses. De hecho, en distintas asesorías suelen comentarse algunos casos de negocios que han obtenido la licencia meses después de haber cerrado, lo que puede dar una idea del tiempo que, en algunos municipios, puede tardar en realizar este trámite.

Otro aspecto que también llama la atención es que España ocupe la posición número 93 en protección de los inversores. Si quiere favorecerse la creación de nuevas empresas y la ampliación de las existentes, resulta fundamental que los inversores puedan reclamar a sus gestores si estima que su labor no ha sido todo lo diligente que debiese o si creen que no ha protegido su interés como accionista de la empresa.

La labor fundamental en la salida de la crisis no va a provenir ni de los gobiernos ni de las administraciones públicas, sino que son los ciudadanos, con su trabajo, esfuerzo e inversión, los que van a ofrecer más y mejores servicios a menor coste. No obstante, los gobiernos sí que pueden facilitar esta labor simplificando y racionalizando las trabas burocráticas y otorgando la mayor seguridad jurídica posible a las inversiones realizadas.

Incluso en entornos hostiles como los actuales existen todos los días multitud de personas que se animan a emprender alguna actividad económica, muchas de ellas sin experiencia previa, por lo que tendrán que dedicar todo el tiempo posible a satisfacer sus clientes, proveedores, trabajadores, deudores, a la par que mantienen bajo control los costes de la empresa. Es por ello que los trámites burocráticos deben ser lo más simples posibles de manera que no interfieran o dificulten la normal actividad de la empresa. Así mismo, en situaciones como las actuales, en las que resulta difícil obtener financiación propia o ajena, fortalecer la seguridad jurídica de la inversión animaría a más personas a confiar sus ahorros a distintas empresas para que puedan acometer sus proyectos.

Abaratamiento del despido: prosperidad y justicia

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Si hay alguna acción imprescindible para mitigar el impacto de la crisis actual y conseguir salir lo antes posible de ella, ésa es la reforma del mercado de trabajo. Es, sin duda, la más necesaria para la economía española y no admite más dilación, ya que está relacionada con el déficit público y la recuperación del sistema financiero.

En su incompetencia, el ejecutivo de Zapatero, influido por una mentalidad claramente keynesiana, ha esperado para hacer una insuficiente reforma laboral. Ahora, en plena crisis, con más de 4 millones de parados (tasa de paro del 20%) y un déficit de más del 10% del PIB, quizás habrá caído en la cuenta de la necesidad de hacer reformas en el mercado laboral, después de que la situación sea tan insoportable que ya no hay muchos inversores dispuestos a prestarnos dinero, es decir, que ya no puede seguir endeudándose más.

Y ciertamente, realizar una reforma en época de crisis siempre es más costoso y doloroso que hacerlo cuando realmente se deben llevar a cabo las reformas, esto es, en las épocas de bonanza. (Aznar podría tomar buena nota de esto). Pero ya conocemos la inclinación de los gobiernos (en especial el de Zapatero) de legislar a porrazo de urgencia. Pero lo crucial con la reforma laboral no es hacerla rápido, sino hacerla bien.

Bajo mi punto de vista, una buena reforma laboral es aquella que permite reducir los costes laborales,que son el coste total en que incurre el empleador por la utilización de factor trabajo.

Se pueden destacar tres principalmente: los costes salariales, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y las percepciones no salariales (entre las que se encuentran las indemnizaciones por despido). De estos tres costes, hay dos cuyas reformas son prioritarias: las cotizaciones a la Seguridad Social y las indemnizaciones por despido.

Me voy a centrar en la segunda, el abaratamiento del despido, porque creo que es la más significativo para la empresa. (En cuanto a la necesaria reducción de la cotizaciones a la Seguridad Social por parte de la empresa, hay que decir que realmente sería un beneficio para el trabajador y no tanto para la empresa, ya que lo que la empresa no pagase a la Seguridad Social se lo debería ofrecer necesariamente al trabajador para competir por el factor trabajo, por lo que sus costes laborales acabarían siendo los mismos).

Abaratar el despido hace que la contratación de nuevos trabajadores aumente automáticamente. Esto, que inicialmente puede resultar paradójico, es de fácil explicación: el empresario estará más dispuesto a contratar a nuevos trabajadores si sabe que en tiempos difíciles éstos no supondrán una carga pesadísima (muchas veces insuperable).

Lo que puede llevar a un empresario a querer despedir a un trabajador puede ser la mala situación económica de la empresa o la mala actitud y rendimiento del trabajador (ciertamente, todos conocemos casos en que un empleado que lleva muchos años en la empresa deja de rendir lo que se le supone y en muchos casos hasta genera discordia y conflictos con sus compañeros, pero la empresa no puede despedirlo por los altos costes que supondría su despido).

Desde luego, el poder llegar a estas dos situaciones y tener que asumir los altos costes de la indemnización de despido supone para el empresario un escenario poco alentador y arriesgado de cara a la contratación de trabajadores. Sin embargo, si el empresario sabe que no deberá incurrir en esos elevados costes laborales en caso de que la situación se torne mala, será mucho más proclive a incorporar nuevos trabajadores a la plantilla. Es de sentido común.

En este sentido, hay que darse cuenta que el abaratamiento del despido y el aumento de la contratación son dos caras de la misma moneda. Un marco laboral más flexible no hace que los empleados sean echados, sino que sean contratados.

Realmente, lo perjudicial de la situación no es que existan las indemnizaciones por despido, sino que éstas no se puedan pactar voluntariamente por las partes. Aquí reside el problema.

Las actuales indemnizaciones de despido suponen una injusticia tanto para la empresa como para el trabajador. Para la empresa, porque el único criterio que debería tener en consideración un empresario a la hora de despedir a un trabajador es su productividad, es decir, si cumple bien o mal las tareas pactadas con él en su momento, y no cuanto tiempo lleve en la empresa. Y para el trabajador porque, debido a que las indemnizaciones de despido están ligadas al tiempo de permanencia, en situaciones de dificultad económica para la empresa se acaba despidiendo a personas más jóvenes o que llevan menos tiempo en la empresa por el único motivo de que cuesta menos despedirlas, aunque estén mejor preparadas o su productividad sea mejor. Además, cualquier empresa responsable hace provisiones en previsión de las futuras indemnizaciones de despido que le puedan surgir, y esto se hace con cargo al salario de los trabajadores.

Ciertamente, el abaratar el despido es una medida antipopular en una sociedad tan dependiente del Estado como la actual, que no ha caído en la cuenta de las nefastas consecuencias para la persona que tiene que el Estado se adueñe ilegítimamente de los asuntos principales de nuestra vida (como, por ejemplo, el trabajo: nuestra libertad para contratar y ganarnos el sustento).

Pero el gobierno debería recapacitar qué interesa más, su popularidad o la prosperidad económica del país. Y ciertamente, sin la eliminación de las indemnizaciones de despido, España será un país menos prospero y, sobre todo, más injusto.

Eficiencia dinámica

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

El poder lo que puede hacer es o bien reconocerlos y protegerlos, o bien violarlos, que es lo que ha hecho casi siempre desde que el mundo es mundo. Son los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad; esos que se llaman "negativos" porque para respetarlos basta con no atacar a los demás.

Pero durante el siglo XX los socialistas de todos los partidos decidieron que, puesto que sus propuestas obligaban a violar estos derechos, debían llamar a todas las medidas que apoyasen "derecho", y así justificar que estuvieran cargándose nuestras libertades. Si el "derecho a una información veraz" está al mismo nivel que la libertad de expresión, entonces está justificado montar tribunales administrativos de orden público que impongan multas y quiten licencias de emisión a quienes no digan lo que los socialistas quieren que se diga.

La última moda, inaugurada por Finlandia pero que ya amenazan con seguir con entusiasmo las demás socialdemocracias europeas, consiste en considerar el acceso a internet a una velocidad mínima de 1 Mbps como un "derecho fundamental" que debe garantizarse a un "precio razonable", que ha cifrado en 30 o 40 euros. La traducción de este grandilocuente enunciado es que dicha conexión debe ofrecerse en régimen de "servicio universal", de modo que aunque uno viva en una cabaña de Laponia donde hace años que no llega nadie y ni siquiera se ha enterado de que las copas de Europa ahora se llaman champions lij, las operadoras de telecomunicaciones deben darte internet si lo pides a 40 euros al mes como mucho.

Cuando nos quitamos de encima la retórica socialdemócrata nos daremos cuenta de que esto es ni más ni menos que una redistribución de la renta, darle a unos lo que le quitamos a otros. En este caso es menos visible, porque no es el Estado quien lo hace, sino los operadores, que cobrarán más a los usuarios que viven en el centro de Helsinki a dos metros de la centralita para poder pagar las conexiones de quienes viven a tomar viento de la civilización occidental, y que los 40 euros al mes no son capaces de sufragar ni de lejos. Pero lo llaman "derecho", y todo son "ahs" y "ohs" de admiración por los grandes avances de los países escandinavos.

Eso no es dar derecho a internet, sino obligar a unos a pagar a otros. Que oye, que puedes estar a favor de eso, pero sería un detallazo que lo llamaras por su nombre.

Lo que sí es tener derecho a internet es que el Gobierno no pueda bajo ningún concepto prohibir a un operador dar servicio a un cliente si ambos están de acuerdo en los términos. Es decir, es reconocer que el Estado no nos puede quitar algo que los ciudadanos ya tenemos. Tener derecho a internet es la no existencia de leyes como la francesa de los tres avisos. Tener derecho a internet es que el Estado no censure los contenidos que no quiere que veas. Tener derecho a internet, en definitiva, es lo que disfrutamos en general en los países occidentales, y de lo que carecen en Cuba, China, Irán, Túnez y demás países admirados por el tenaz Moratinos. Hagan el favor de no desvirtuar algo tan valioso llamando "derecho" a la última ocurrencia de unos políticos parar lograr, dicen, que el 99% de los ciudadanos se conecten a internet, enorme salto cualitativo frente al 96% que lo hace en la actualidad.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.

De precios y estadísticas

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Cuando uno va a comprar al supermercado y repara en el precio de las naranjas, no acaba de aprehender la importancia vital que esos simples guarismos tienen. Por otro lado, cuando escucha en la radio el crecimiento del PIB o que España es el enésimo país por penetración de banda ancha en Europa, tiende a asumir que estas informaciones son fundamentales para su ciclo vital. Después de todo, el precio de las naranjas rara vez sale en la tele, mientras el PIB, el déficit público o el IPC ocupan portadas en todos los medios.

 

Y, sin embargo, es mucho más importante la primera de las magnitudes que cualquiera de las otras, incluso de todas ellas juntas. ¿Por qué entonces ocurre que todos estamos preocupados por éstas, y no por las otras?

El papel de los precios es fundamental para posibilitar, no ya el desarrollo de las economías, sino el simple funcionamiento de las mismas. La concepción hayekiana del precio es quizá la más brillante y completa. Según ésta, los precios son indicadores sintéticos de la escasez de los bienes en relación con sus usos y permiten de esta forma coordinar las preferencias de los individuos.

Así, cuando el precio de un bien tiende a subir, se están dando señales al mercado de que la escasez relativa del bien está aumentando. Esto puede ser básicamente por dos razones: el stock del bien ha disminuido (por ejemplo, una mala cosecha) o porque a alguien se le ha ocurrido un nuevo uso para el bien que es más valorado por los individuos que los usos precedentes (por ejemplo, el uso de cereales para biocombustibles).

Por el contrario, si el precio del bien tiende a bajar, se da el fenómeno dual: aumenta la abundancia relativa, sea por que el stock del propio bien ha aumentado, por ejemplo, por una innovación que permite reducir los costes de fabricación; o porque la gente ha encontrado un sustituto y, de alguna forma, se ha eliminado uno de los usos que lo hacían valioso.

En ambos casos, los emprendedores alerta en el mercado empiezan a tomar acciones correctoras de la situación, atraídos por los posibles beneficios, o ahuyentados por las posibles pérdidas. Una subida de precios es una promesa de futuros beneficios: el mercado está diciendo que quiere más de ese bien, y que la gente que esté en condiciones de proporcionárselo puede lucrarse con ello. Evidentemente, si el emprendedor tiene éxito, el stock aumentará y los precios tenderán a bajar.

Por el contrario, la bajada de precios amenaza con pérdidas: el mercado está diciendo que está saturado del bien y que no merece la pena dedicarse a ello. Los emprendedores avisados deberán abandonar esas líneas de negocio, y dedicar sus recursos a otras más valoradas. Esta salida del mercado, a su vez, reducirá el stock hasta los niveles que el mercado valore suficientemente.

He aquí el fundamental papel de los precios en el mercado: integran todas nuestras preferencias y recursos en un solo número sobre el que resulta fácil tomar decisiones. El precio de las naranjas es el único dato adicional que necesitamos para decidir si las compramos o no: no necesitamos saber nada de su cultivo, tecnologías, propiedades de los campos, logística de transporte o plagas que asolan al árbol.

La existencia de un sistema de precios que funcione libre de injerencias es imprescindible en cualquier sociedad (no ya mercado). Una sociedad con precios intervenidos está abocada a la destrucción, como demuestra el debate sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, que, como demuestra Mises, es la prueba definitiva de que tal sistema no puede funcionar.

Los economistas sitúan, al mismo nivel que los precios, otra información: las estadísticas. En este tipo de información, se agregan diferentes ítems de información microeconómica, para proporcionar indicadores macroeconómicos. Por ejemplo, sumando todas las ventas realizadas por todas las empresas de un país se obtiene el Producto Interior Bruto (PIB); ponderando las variaciones en los precios de unos determinados bienes y servicios se obtiene el Índice de Precios al Consumo (IPC); recopilando los precios del kilo de naranjas en los países de la OCDE, se obtiene una comparativa internacional de estos precios.

Toda esta información, mejor dicho, datos, no nos sirven prácticamente de nada como individuos. Ninguno de nosotros ni ninguna empresa toma decisiones basándose en ellos. ¿De qué me sirve el IPC o el ranking de España en el precio de naranjas a la hora de comprar un kilo de éstas?

La única entidad que produce, necesita e, incluso, toma decisiones sobre su base son los estados. Dado que los estados no se guían por los precios, como hacen el resto de los mortales, se buscan otro tipo de indicadores para justificar sus decisiones ante la opinión pública.

Su trabajo tiene dos partes: la primera es definir el indicador. Dado que son indicadores no observables directamente, la definición no está exenta de discusión. Al contrario que los precios, que son magnitudes objetivas, los valores estadísticos siempre son matizables e interpretables. Por ejemplo, qué servicios incluir en el IPC y a qué precios valorarlos; o a quién se considera desempleado, si al que está sin trabajo o al que está inscrito en el INEM.

La segunda parte del trabajo consiste en convencer a la opinión pública de la importancia del indicador. En esto los políticos cuentan con la inestimable complicidad de los economistas, que se hartan de analizar todo en base a sus estadísticas: que si la balanza por cuenta corriente, que si el déficit público, o el sursuncorda.

Una vez se consigue lo segundo, los políticos, una vez más con la ayuda de los economistas, tienen claros incentivos en rehacer lo primero, cuando los resultados no les acaban de gustar. Por eso, las discusiones sobre si se debe revisar la metodología de cálculo del IPC solo se producen cuando éste está en el 5%, no cuando se sitúa en el 1%. Y no se ha de olvidar que los Estados tienen el cuasi-monopolio de la producción de estadísticas, normalmente a través de institutos supuestamente independientes.

De nuevo, nos encontramos ante una creación de los gobiernos en que estos tratan de remedar pobremente una creación espontánea del mercado. Las estadísticas económicas pretenden sustituir a los precios, pero fracasan lamentablemente en su intento, pues no son capaces de transmitir información objetiva ni relevante sobre los recursos en el mercado. Eso sí, permiten justificar a los gobiernos sus actuaciones arbitrarias con una apariencia de objetividad.

A la calle

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

…una prebenda protegida por el poder coactivo del Estado para impedir que un trabajador sea despedido y sustituido por otro cuando se niega a realizar las funciones a las que se ha comprometido contractualmente.

Es sencillamente inaceptable que se proteja la holganza, el sectarismo o la estrechez de miras de unos cientos de empleados que no quieren trabajar ni dejar que el resto trabajen cuando hay cinco millones de candidatos a ocupar su puesto. Es sencillamente intolerable que cuando millones de personas han perdido todas sus fuentes de renta porque sus empresas han quebrado o se han reestructurado, una tropa de privilegiados se acoja a la prebenda del derecho de huelga para protestar contra una rebaja del 5% de sus salarios destinada a evitar que quiebre la compañía que los contrata, el Estado, mantenida mediante el expolio sistemático de, entre otros sufridos contribuyentes, los cinco millones de desempleados. Es sencillamente inadmisible que un grupo protegido y financiado por ese Estado al borde de la quiebra, los sindicatos, trate de lograr beneficios políticos y crematísticos saboteando el normal funcionamiento de una empresa capitalizada para más inri con el dinero de todos los madrileños.

Porque, no lo olvidemos, el perjuicio económico y social que generan los huelguistas no procede de que ellos en concreto se nieguen a trabajar, sino de que impiden por la fuerza que cualquier otra persona ponga en funcionamiento y utilice el costosísimo equipo de capital de Metro Madrid. Su huelga no consiste en no acudir al trabajo, sino en secuestrar una maquinaria y unas infraestructuras que no les pertenecen a ellos, sino a todos los ciudadanos madrileños que las han sufragado coercitivamente con sus impuestos.

Y siendo, pues, una huelga inaceptable, intolerable e inadmisible no podemos ni aceptarla, ni tolerarla ni admitirla un segundo más. Como mínimo, todos los empleados públicos que han llegado a superar los generosísimos límites de esa prebenda estatal que es el derecho de huelga sometido a unos servicios mínimos deben ser despedidos ipso facto y, en su caso, reemplazados por alguno de esos millones de demandantes de empleo de nuestro país que a buen seguro estarán deseosos de ocupar su puesto.

Si los huelguistas deseaban conservar su empleo, lo tenían muy fácil: bastaba con que hubiesen cumplido con sus obligaciones laborales y con que hubiesen aceptado percibir un salario que la Administración les podía abonar sin declarar directamente la bancarrota y sin incrementar su rapiña fiscal sobre el resto de ciudadanos. Si se han negado a trabajar a cambio de un salario un 5% inferior, que busquen otro empleo en el sector privado, que por lo visto allí las cosas deben andar mucho mejor que en una compañía que pace en el presupuesto público.

Al menos Kant exigía que prevaleciera la justicia para aceptar que reventara el mundo. Otros parece que tienen bastante con llenarse el bolsillo a fin de mes a costa de unos madrileños a los que machacan inmisericordemente tan pronto como se les toca el fuero. Mientras la maquinaria estatal cuente con gas suficiente para seguir extrayendo sus emolumentos de una economía moribunda, poco les importa que tengamos cinco o diez millones de parados y que el Estado impague o no a sus acreedores.

Mientras prevalezca la injusticia –sus privilegios– el resto del mundo puede irse al carajo. Va siendo hora de que noten algo del frío que hace ahí fuera causado, entre otros motivos, por la hipertrofia de un sector público que ellos contribuyen a consolidar.

El Estado del Bienestar como desincentivo a la inmigración

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

¿Es el Estado del Bienestar un incentivo artificial a la inmigración? Es una tesis que varios liberales hemos sostenido, pero que quizás debamos revisar. 

Por un lado, creemos que el Estado del Bienestar atrae inmigrantes, en busca de prestaciones. No obstante, también argumentamos que fomenta la deslocalización de empresas y trabajadores, en busca de un clima más atractivo para prosperar. Por eso desde el liberalismo a menudo defendemos la descentralización fiscal y la competencia entre Estados en el entendido de que los contribuyentes tienden a desplazarse de los Estados más intervencionistas a los menos intervencionistas, y este flujo migratorio presiona a los primeros a ser más respetuosos con la libertad personal y económica.

¿No estamos ante una contradicción? Si el voto con los pies funciona (y hay datos que lo corroboran) es porque el Estado del Bienestar aliena a empresas y trabajadores. Si el Estado intervencionista, en vez de promover la deslocalización, es un incentivo a relocalización, no hay voto con los pies a favor de Estados con menos impuestos y regulaciones más laxas. Los dos fenómenos (incentivo a la inmigración e incentivo a la emigración) no pueden darse al mismo tiempo. ¿O sí?

Lo cierto es que ambos pueden darse al mismo tiempo, pero en segmentos distintos de la población. El Estado del Bienestar puede incentivar la inmigración de trabajadores poco cualificados (que esperan beneficiarse más de las prestaciones sociales) y al mismo tiempo incentivar la emigración de trabajadores cualificados, inversores y empresas (que esperan beneficiarse más de una fiscalidad benévola). Con todo, ¿es razonable suponer que los trabajadores poco cualificados inmigran para aprovecharse del Estado del Bienestar? De hecho, en numerosos países ni siquiera tienen acceso inmediato a las prestaciones.

No es correcto fijarse en los flujos migratorios actuales y concluir que el Estado del Bienestar incentiva la inmigración poco cualificada, pues la correlación no es causalidad. Lo más lógico es que los individuos y familias con pocos recursos emigren a sociedad más prósperas y abiertas, con más oportunidades para progresar. Estas sociedades son también las que pueden permitirse un Estado del Bienestar, pero eso no significa que el Estado del Bienestar sea la razón por la que esas familias vienen en primer lugar. Es posible que vengan a pesar del Estado del Bienestar.

No en vano los liberales nos oponemos al Estado del Bienestar porque creemos que menoscaba la prosperidad y las oportunidades. Si los inmigrantes vienen fundamentalmente atraídos por la prosperidad y las oportunidades de nuestra sociedad, ¿no es el Estado del Bienestar, en balance, un freno a la inmigración?

Si España o Estados Unidos no tuvieran Estado del Bienestar, habría menos prestaciones públicas, pero la sociedad sería más rica y esos servicios serían provistos más eficientemente por el mercado. La reducción en el número de inmigrantes motivada por la extinción de las prestaciones públicas sería más que compensada por el aumento resultado de una mayor prosperidad y una expansión de las oportunidades.

En este sentido, sería interesante comparar la tasas de inmigración de los distintos países desarrollados y verificar si la gente tiende a desplazarse a sociedades relativamente más ricas con un Estado del Bienestar más reducido (por ejemplo, Estados Unidos), o a sociedades relativamente más pobres con un Estado del Bienestar más generoso (Francia). En cualquier caso parece difícil aislar el factor "prosperidad/Estado del Bienestar" del resto (situación geográfica, restricciones legales a la inmigración, afinidad con la cultura autóctona etc.).

Ken Schoolland, de la universidad de Hawai, hace una comparación menos ambiciosa pero igualmente sugerente entre distintos estados norteamericanos, concluyendo que aquellos territorios con un Estado del Bienestar más pesado tienden a registrar un flujo migratorio negativo (Hawaii, Alaska, Massachusetts, Connecticut, Washington D.C.), mientras que los territorios con un Estado del Bienestar más modesto registran flujo migratorio positivo (Mississippi, Alabama, Arkansas, Tennessee, y Arizona).

Este debate presenta un dilema interesante a los liberales anti-inmigración: ¿se opondrían con la misma fuerza al Estado del Bienestar si el precio de su reducción fuera un aumento de la presión migratoria?

La reforma laboral y el movimiento

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

La convalidación del decreto ley del Gobierno, que pretende engañar a propios y extraños sobre sus intenciones reformadoras del modelo de relaciones laborales que rige en España desde la época franquista, dio lugar a una nueva jugada al despiste en la ópera bufa de la política española.

Contra toda evidencia, medios de comunicación tímidamente críticos con el gobierno confundieron sus deseos con la realidad cuando atisbaron la soledad del gobierno y graves disensiones internas en el grupo parlamentario socialista.

No cabe duda de que, formalmente, sólo los diputados de ese grupo emitieron su voto favorable a esa aprobación inicial para, a continuación, tramitar el texto como un proyecto de ley urgente. El resultado de la votación se reveló suficiente para los propósitos gubernamentales. Pero deducir de ese dato aislado que los apoyos políticos del Gobierno neosocialista se tambalean supone pasar por alto otras variables nada desdeñables. Antes al contrario, para desgracia de los españoles, se acumulan indicios de que su gestión económica nefasta puede apuntalar una larga estancia en el poder, a no ser que su impostura y marrullería política sean desenmascaradas a los cuatro vientos.

Conviene recordar que en España una minoría cada vez más amplia de economistas y juristas liberales llevamos años reclamando una auténtica ruptura con la legislación laboral del franquismo, continuada durante la transición por el Estatuto de los Trabajadores de 1980, pactado por la UCD de Suárez y el PSOE de González, cuyos dogmas fueron adaptados para perpetuar el papel en la negociación colectiva de las condiciones laborales de los sindicatos UGT y CCOO -correas de transmisión de los partidos socialista y comunista, respectivamente- mediante la Ley de libertad sindical de 1985.

Los intereses creados en torno a ese marco regulatorio, retocado por reformas sucesivas que no atacaron jamás sus fundamentos básicos, pese a las reacciones calculadamente tremendistas de la coacción sindical organizada que hemos conocido durante estos años, han permeado tanto a sectores llamados de izquierda como de derecha.

Los años de expansión económica de la época de Aznar camuflaron la losa que pesaba sobre el mercado de trabajo. Aun con todo, los porcentajes oficiales de desempleo nunca descendieron de los que se consideran propios de las crisis en los países desarrollados.

Pues bien, alcanzado el 20% de parados sobre la población activa en España y superado el 11% de déficit público en un tiempo récord, cundió el pánico entre la burocracia de Bruselas, el FMI y los gobiernos de países cuyos bancos prestaron ingentes sumas para financiar la burbuja inmobiliaria española. Después de todo, si se suma la falta de saneamiento de un sistema financiero seriamente tocado por su exposición a la estallada burbuja inmobiliaria, no resulta descabellado pensar que un Estado con tales desequilibrios puede quebrar de forma inminente. Y que, por lo tanto, reside en su propio interés facilitar la contratación laboral para reducir sus obligaciones en prestaciones de desempleo y, en definitiva dinamizar su economía para alejar el peligro de repetición del caso griego.

En contra de lo que vienen defendiendo algunos comentaristas, no creo que los burócratas internacionales, por lo menos a corto plazo, pretendan dictar los últimos detalles de la reforma laboral española. Estoy convencido de que, para dar su visto bueno, les basta que el Gobierno español manifieste su firme determinación de eliminar las rigideces que lastran el mercado de trabajo español mediante un decreto-ley de aplicación inmediata… Ya se verá con el paso del tiempo que los efectos de tal reforma no se corresponderán con las declaraciones de quién no quiere cambiar de modelo de relaciones laborales.

Llamativo ha sido que un diputado socialista, antiguo secretario general de las Comisiones Obreras, que nacieron de la infiltración comunista en el antiguo sindicato vertical, pactara su abstención con el jefe de su grupo parlamentario. También que el eterno “socialista liberal”, quien debería estar más atento a la supervisión de los administradores de bancos y cajas de ahorros negligentes, censurase con argumentos muy atinados que la reforma no aborde la negociación colectiva. Ninguno de los dos, empero, parece haber considerado la dimisión de sus cargos como muestra patente de rechazo de las políticas seguidas por los líderes actuales de su partido. Ni por asomo.

Lo cual me lleva a pensar que los neosocialistas españoles forman parte de algo distinto a un simple partido político que puja periódicamente por renovar su mandato en el Gobierno. En un esquema donde el culto al líder tiene muy difuminadas las diferencias entre partido, Gobierno y hasta Estado -por mucho que la pulsión de los nacionalismos periféricos comporte llegar a apaños clamorosamente asimétricos para los contribuyentes- el Gobierno es el ying y el yang. Ullastres y Girón. Prisa y Mediapro. Liberal y nacionalsindicalista de geografía variable. Abarca todo. Hasta marca el terreno a la oposición. Zapatero y su camarilla han conseguido, gracias a sus dotes de intrigantes manipuladores y a las limitaciones de sus opositores políticos, eliminar toda alternativa ajena a su cosmovisión maniquea y sectaria del mundo. Han fundado su “Movimiento” transcurridos treinta y cinco años de enterramiento del anterior. Tienen ya un complejo industrial (por llamarlo de alguna manera) a su servicio y una supuesta oposición que pretende rebañar votos acusándoles de apartarse de su programa, en lugar de plantear medidas más ambiciosas para salvar al país de la ruina a la que le han condenado las acciones y omisiones del Gobierno. Un régimen donde niñas aparatchiks como Leire Pajín y Bibiana Aído mandan a gusto, leyes de discriminación positiva mediante, sin que las personas adultas puedan zafarse de una dictadura infantil ¿Durará 36 años como el del General Franco?

¿Los Amish también tienen que integrarse?

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

La cuestión suele presentase en términos dicotómicos: ¿quién tiene que adaptarse: los inmigrantes o nosotros? Hay una tercera vía, que en la práctica es la que funciona mejor: los inmigrantes se integran un poco, y los nativos toleran el resto. Así el inmigrante no renuncia a su identidad, sus creencias, sus costumbres, su lengua, sino que intenta compatibilizarlas con la cultura local.

¿Pero es la integración, aunque sea de mínimos, una exigencia del liberalismo? Dejemos a un lado el debate, más general, sobre la libertad de movimientos y centrémonos en la "exigencia de integración". ¿A quién agrede el inmigrante que se niega a asimilar las costumbres del resto de la comunidad? ¿Acaso no tiene un individuo de la comunidad derecho a escindirse de la misma, recluyéndose como un ermitaño o asociándose solo con gente de su perfil? Si el liberalismo tolera cualquier comportamiento pacífico, que no atente contra las personas o la propiedad ajena, los liberales deberían tolerar la "no-integración" y la "guetización" inmigrante, en lugar de reclamar la imposición del idioma oficial y otras costumbres locales.

Olvidémonos por un momento de los musulmanes radicales, el contra-ejemplo preferido, y pensemos en comunidades niponas, chinas, caribeñas, indias o bengalíes. Liberdade en Sao Paulo, Chinatown en Nueva York, Little Haití y Little Havana en Miami, Little India en Singapur, Banglatown en Londres. Hay cierto grado de integración, pero también de distanciamiento y preservación de sus rasgos distintivos. Tomemos el barrio chino neoyorquino, por ejemplo. El turista observa divertido que los letreros están en mandarín y que hay residentes que no saben hablar inglés, pero cuando el fenómeno análogo ocurre en su ciudad natal ya no le parece divertido. Entonces estamos ante un "gueto" inaceptable, al borde del abismo multicultural.

Vayamos un paso más allá y consideremos el caso de las comunidades Amish en Estados Unidos. Son congregaciones cristianas muy tradicionales que rechazan integrarse en el mundo moderno. Viven en el campo, físicamente separados del resto, y se atienen a unos códigos de conducta estrictos en materia social, familiar y religiosa. Son pacifistas y en tiempos de guerra se declaran objetores de conciencia. Están exentos de contribuir a la Seguridad Social, puesto que se niegan a recibir sus prestaciones. Tienen sus propias escuelas, al margen del sistema educativo estatal, y generalmente los niños dejan de estudiar en octavo. Se estima que hay más de 200.000 Amish en el país.

Los Amish viven en un gueto (bucólico, pero gueto al fin y al cabo) y apenas interactúan con el exterior. El grupo ejerce una fuerte presión social sobre sus miembros (niños y adultos) para que se atengan a los códigos de comportamiento. El ostracismo o el castigo corporal a los menores (legal en Estados Unidos) son formas de control utilizadas. Respetan, no obstante, el derecho de salida: un individuo puede abandonar la comunidad voluntariamente o ser excomulgado si no cumple con las normas. También existe un período durante la adolescencia, el rumspringa, en el que las normas de la comunidad se relajan y el joven empieza a cortejar a otro miembro. Al final de este período el joven decide si se bautiza, integrándose definitivamente en la comunidad, o si se escinde. Un pequeño porcentaje de jóvenes prefiere escindirse y vivir en el exterior.

El ejemplo de los Amish en Estados Unidos sirve para ilustrar las implicaciones de una sociedad realmente abierta, donde no se exige la homogeneización lingüística y cultural que tanta gente reclama en Europa. Por eso el secularismo estatista y la integración forzosa, que tiene tantos adeptos en la Europa continental, no se comprende en Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos la prohibición del burka no es debate y dan lecciones a Francia sobre el significado de la libertad individual. Por eso en Estados Unidos les parecería increíble que se multase a un comercio privado por no rotular en un determinado idioma.

No en vano lo que diferencia el socialismo o el estatismo del liberalismo es que el primero intenta imponer un modelo de sociedad concreto, mientras que el segundo permite la coexistencia de muchos modelos. Siguiendo a Robert Nozick, el liberalismo es un marco para las utopías (en plural), mientras que el socialismo es una utopía concreta que sus seguidores suelen querer imponer al conjunto de la población. Decía Nozick que en una sociedad libre pueden convivir maníacos y santos, monjes y libertinos, socialistas voluntarios y capitalistas, comunidades como las de Fourier, Flora Tristan, Owen, Proudhon o Josiah Warren, kibbutz, Bruderhof…. ¿Por qué no tienen también cabida los inmigrantes que se resisten a integrarse? Si los Amish tienen "derecho a gueto", ¿por qué no los demás?

Una reforma que no es “para crear empleo”

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

…y que mucho menos resultaba urgente, hubiese evitado parte de la destrucción de empleo que se ha producido en los pasados meses. A juzgar por lo que cuenta, el Gobierno hizo dejación de sus funciones porque "identificó que había que hacer esa reforma en el marco del diálogo social". No queda claro si el Ejecutivo nunca contó con que el diálogo social no fuera a llegar a buen puerto o si, teniendo presente esa posibilidad, realmente pensaban que la reforma no era importante. En cualquier caso, el desastre que han provocado con sus erróneos cálculos políticos es monumental.

Pero lo mejor de la entrevista llega cuando el periodista le pregunta al ministro si la reforma evitará que lleguemos a cinco millones de parados oficiales. Corbacho, ni corto ni perezoso, le responde que la "reforma no es para crear empleo". Usted, con toda la razón, se preguntará para qué demonios es entonces una reforma laboral que se aprueba en un momento en que el país tiene un 20% de desempleo. Corbacho sabe que esa pregunta es la que le haría cualquier español que escuchara su asombrosa afirmación y decide responderla antes de que se la formulen: "Es para evitar que se destruya". Esto ya es la repera. Si el objetivo de la reforma es realmente evitar la destrucción de empleo, resulta que llega con dos millones y medio de parados de retraso.

Aparte del sinsentido temporal de su contestación, la lógica de su argumento brilla por su ausencia. Según él, la generalización del despido a 33 días y los inciertos –y en todo caso modestos– resultados de los tímidos retoques en materia de convenios colectivos y despidos objetivos podrían ayudar a detener la destrucción de empleo. Lo cierto es que ninguna de estas tres medidas va a evitar más destrucción de empleo y, como él mismo reconoce, la reforma no contiene ninguna otra característica que permita albergar mucha esperanza para la creación de puestos de trabajo netos.

Pero si una reforma laboral en un país con cuatro millones y medio de parados no es para ayudar a generar empleo y nadie en su sano juicio puede esperar que evite destruirlo, ¿para qué es? Pues está claro: para decirle a los acreedores, esos que desde Alemania, Francia y EEUU le agobian a toda hora con llamadas exigiendo soluciones, que están haciendo algo y que el problema ya se encuentra en vías de ser solucionado. Se trata de aplicar internacionalmente la política pirotécnica que tan buenos resultados le dio en España. Claro que el cuento de que el nuevo mercado de trabajo será capaz de detener la destrucción de empleo se lo contará otro miembro del Gobierno a los socios europeos porque, tal y como viene a reconocer Corbacho, una cosa es lo que escribe el Gobierno en España y otra bien distinta la que cuenta el "ministro que habla con Bruselas". ¿Alguien se asombra todavía de que a España se le acabe el crédito?