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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

¿Dónde está la reforma del mercado laboral?

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Al no cumplirse sus esperanzas, han tenido que hacer algo. No les ha salido muy bien a juzgar por las reacciones. El mismo día que María Teresa Fernández de la Vega y Celestino Corbacho comparecían para anunciar la reforma, el diferencial del bono español con el bund alemán superaba los 220 puntos básicos. Otro máximo que transmite la poca confianza que tienen los países extranjeros en nosotros y en las medidas de nuestros políticos.

No es para menos. Según de la Vega, el principal objetivo de la reforma es "reducir la temporalidad excesiva". Sorprendente. Esta mujer no lee los periódicos. El problema es otro. Hay una legión de parados, y somos los líderes de toda Europa en desempleo. En el mes de abril nuestro país llegó a una tasa de paro juvenil superior al 40%. También somos líderes indiscutibles en paro masculino y femenino, con casi un 20% en ambos casos.

El decreto ley que quieren aprobar no moverá nada. Ni siquiera a los sindicatos del Gobierno (CCOO y UGT), a juzgar por las encuestas de participación de la próxima huelga general. Uno de los principales talones de Aquiles de la nueva ley es que mantiene la litigiosidad actual. Si cualquier despido va a desembocar en el juzgado, a nivel práctico el mercado se quedará como ahora.

Es imperdonable que durante dos años el Gobierno no haya hecho nada y enfocado el problema de esta forma tan nefasta. Si quieren acabar con el paro juvenil, hay una solución fácil, y es eliminar el salario mínimo. Cuanto más caro sea contratar a los jóvenes, más les costará encontrar un trabajo. El salario mínimo pretende defender al laboralmente indefenso, pero lo único que hace es arrebatarle su principal baza, que es que cobra poco debido a su inexperiencia. Si queremos que los jóvenes cobren lo mismo que un senior con veinte años de bagaje laboral, sólo habrá seniors trabando en las empresas.

No tiene ningún sentido que los costes del despido ahora recaigan sobre la sociedad, sobre el erario público. Han magnificado el problema. Cada despedido le costará dinero a usted. De hecho, el Gobierno de Zapatero se ha centrado más en abaratar el despido que en reducir el coste de contratación, que sería lo normal.

Y es que con una tasa de desempleo superior al 20% es imperdonable que el Estado se quede con el 50% del salario de un empleado (sumando la parte que paga la empresa por el trabajador). Reducir esta confiscatoria parte abarataría la contratación y se podrían crear nuevos empleos de forma inmediata. Esto, que parece lo más razonable, es lo que ni se ha planteado el Gobierno de una forma seria. La razón es fácil de ver: bajaría su recaudación. Millones de desempleados justifican la recaudación del Gobierno. Pero no se preocupe porque un alcalde socialista se ha bajado el sueldo un 1%. Cobrará 700 euros menos sobre los 64.127,92 que percibía el año anterior. Otro político con los pies en la tierra.

Nos queda desempleo para rato; y más impuestos, más desconfianza de los inversores extranjeros, una deuda pública y privada de record Guinness, y un país que sigue cuesta abajo. Arruinados por un Gobierno de inútiles.

Peculiaridades de la negociación colectiva española

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

El canon marxista establece que existe lucha de clases entre empresarios y trabajadores. Según la versión oficial, durante el franquismo, la integración de dicho conflicto en un sindicato vertical fue un vano intento por enmascararlo pues, al fin y al cabo, las decisiones en materia laboral se imponían de forma paternalista a trabajadores y empresarios desde el Ministerio del Trabajo a espaldas del mercado. Sólo con la llegada de la democracia pudieron los trabajadores verse representados por verdaderos sindicatos y relacionarse con el empresariado mediante el conflicto (huelgas) o la libre negociación (colectiva).

El problema de este tipo de medias verdades es que no explican bien la compleja realidad. Así, el franquismo introdujo y reguló los convenios colectivos por primera vez en el derecho laboral español en 1958. Los actuales surgidos de la transición son sus herederos y, pese a potenciar supuestamente la “autonomía” colectiva, se siguen pactando a espaldas de la inmensa mayoría de los implicados a los que se les imponen tal y como ocurría antes.

Fruto de ese origen franquista, la negociación colectiva en España es muy diferente a la llevada a cabo en otros países desarrollados. Lo peculiar es que nuestros más de cinco mil convenios sectoriales pensados para grandes empresas se aplican de forma automática a todas las empresas y trabajadores del ámbito territorial correspondiente sin importar lo más mínimo su tamaño ni si los implicados están o no afiliados a las patronales y sindicatos firmantes.

En España, a la aplastante mayoría de los trabajadores por cuenta ajena y a las casi tres millones y medio de pymes se les imponen acuerdos tomados centralizadamente por poderosos lobbies privilegiados de bajísima representatividad. Tienen éstos la facultad de que sus pactos formen parte del ordenamiento jurídico laboral. Sólo en situación crítica de pérdidas cuantiosas y continuadas cabe el desenganche de dichos convenios por parte de los afectados.

En otros países con relaciones laborales consolidadas y maduras, por el contrario, al disponer de una tradición más respetuosa con la opinión de los no afiliados, no se les aplican automáticamente los acuerdos colectivos sino que existe a modo de garantía todo un proceso específico de enganche o extensión de dichos compromisos laborales a los no firmantes. Obviamente en dichos países más desarrollados sus agentes sociales son mucho más prudentes a la hora de negociar sus condiciones si quieren que sus acuerdos se extiendan entre los no afiliados y tengan aplicación general.

Otra característica de nuestra negociación colectiva patria es la casi inexistencia de convenios de empresa pese a su posibilidad legal. Los convenios de ámbitos superiores (nacional, autonómico o provincial) son muy intrusivos y prevalecen absolutamente sobre los de empresa (más pegados a la realidad). Así, a diferencia de otros países, se aborta la práctica de una negociación descentralizada y flexible de las condiciones laborales.

Otra peculiaridad más de nuestra negociación colectiva es la indexación de tablas salariales con fijación de “tarifas mínimas no revisables” muy por encima del SMI a lo largo de todo el periodo de vigencia del acuerdo que puede abarcar varios años (prorrogable también automáticamente en caso de no llegar a un nuevo acuerdo a su terminación) y sin vinculación alguna a los resultados personales de cada trabajador y sin tener la más mínima consideración por cada empresa ni por la situación del mercado en cada momento.

Este automatismo e insensibilidad del sistema de nuestra negociación colectiva impuesta es responsable de que en plena recesión hayan subido los salarios una media de 3,3% durante 2009 a costa de expulsar un número verdaderamente exorbitante de personas fuera del mercado laboral. Todos los poderes que emplean los sindicatos para elevar la remuneración de sus miembros se basan –como dijo Hayek– en privar de oportunidades a otros.

Lo importante es dinamizar y abaratar el empleo, no el despido. Cuando se habla de la rigidez del mercado laboral español hay que responsabilizar, sobre todo, a esta homogeneización imperativa de los numerosos costes laborales vía convenios colectivos centralizados e inflexibles (amén de las muy pesadas cotizaciones a la Seguridad Social) y no tanto al encarecimiento del despido que, pese a poner trabas a un ajuste racional de plantilla, no acarrea las devastadoras consecuencias de aquéllos sobre la productividad y competitividad de todo el tejido empresarial español en un entorno globalizado.

Eso sí, si nuestros sindicalistas no creen que todo ello sea causa de nuestra baja productividad y del elevadísimo paro nacional pueden recurrir, parafraseando a Unamuno, al grito de “¡Que cambien ellos!”.

Funcionarios en huelga

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Mañana habrá huelga de funcionarios. Al margen de sus niveles finales de seguimiento, ha venido acompañada por un sinnúmero de declaraciones de sindicatos con frases como: “no vamos a pagar la mala gestión de la crisis” o “los funcionarios de más baja escala no podrán vivir decentemente tras el recorte”. La idea que empuja a esta postura es la de que el salario ha de permitir una vida “digna” al margen de lo productivo que sea el trabajo desempeñado, que ha de hacerse una buena gestión para mantener esta ficción y, aún en caso de desastre, mantener indefinidamente la mentira.

En las últimas dos décadas se han encadenado, formando un buen catálogo, las perversas consecuencias de la intervención de los gobiernos en la vida de los ciudadanos. El monopolio de emisión la moneda, que ostentan los estados, junto con su connivencia con los bancos para incrementar la oferta de dinero, por un lado. Por otro, se ha generado, tiempo ha, la falsa idea de que las personas tenemos derechos que otros han de cubrirnos al margen de que estos quieran hacerlo y, por tanto, al margen de la productividad real de quien presta el servicio o de la sociedad que lo subvenciona. Esos derechos, que son coacción, pura transferencia arbitraria de riqueza, se pagan con impuestos, con creación de dinero sin respaldo real de ahorro real, y con endeudamiento público.

Una parte de este hipócrita sistema articula la cobertura de tales falsos derechos mediante la prestación directa por el estado de determinados servicios. Unos, como la educación o la sanidad, serían servicios que los ciudadanos demandarían, y serían cubiertos por la creatividad empresarial, de no ser defectuosamente proporcionados por los gobiernos. En caso de que dicha iniciativa empresarial lo hiciera, los profesionales encargados sabrían cuál es su productividad, es decir, su aportación al producto final de su empresa, y, por tanto, sabrían cuál es la referencia de su salario. El salario es el precio del factor trabajo y éste está orientado, como cualquier otro factor, por el valor de su producto marginal (descontado el interés originario). En una economía libre los salarios tienden a reflejar la productividad.

Pero, ¿qué ocurre en un estado que suministra los servicios que habrían de proporcionarse mediante el mercado libre?. Sencillamente que de quienes lo proporcionan, los funcionarios, no puede decirse si reciben demasiada cantidad de dinero o demasiado poca. El servicio que suministran recibe subvenciones al consumo (es gratuito o semigratuito) y no existe una medida de las preferencias del consumidor-usuario que, plasmada en un precio, en contraste con la oferta del servicio, dé como resultado un valor final del mismo. Al no haber valor final, no hay valoración de los factores utilizados, ni siquiera del trabajo.

Podemos especular, a la luz del desempeño de muchos funcionarios que, evidentemente, éstos están mal pagados, o, no, que están pagados en exceso. Pero su productividad, fruto combinado de su trabajo con el conocimiento y la tecnología aplicada en sus profesiones, no tiene medición posible. A la luz del resultado global del gasto público en cada servicio del estado, puede, no obstante, deducirse sin margen de error, que los trabajos que desempeñan los funcionarios en sus puestos de trabajo son excesivamente caros. Lo son porque solamente existen incentivos para encarecer y ninguno para abaratar. Se valora el servicio público por la cantidad despilfarrada, puesto que no hay medida de la rentabilidad real del servicio.

Ningún incentivo existe a la eficiencia económica. Los recursos humanos y materiales son adquiridos por los gobiernos no en mercado de factores, sino mediante impuestos obligatorios, inflación crediticia y endeudamiento. Estas tres fuentes del poder económico del político y del funcionario les alejan de todo control de su productividad, de toda eficiencia en la gestión y de toda legitimidad para pedir más dinero por no se sabe qué. Dirán que lo hacen por el interés general, pero, al margen de que esta fórmula esconde su contrario, que unos ganan y otros pierden, no es posible medir de verdad las preferencias de bienestar de la gente y, por tanto, su aserto es pura mentira, que oculta sin más una variante más de la llamada “tragedia de los bienes comunales”.

Por esto, si usted es funcionario y mañana se pone en huelga cambie su lema por el de: “saqueemos el erario público nosotros antes de que otros lo hagan”.

En defensa de los trabajadores

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Hace más de un siglo, Frédéric Bastiat, uno de mis economistas liberales favoritos, describió de la siguiente manera el objeto de sus esfuerzos, escritos y casi de su existencia:

Lo que deseamos es la aproximación constante de todos los hombres hacia un nivel que se eleve constantemente. La cuestión es saber si esta evolución humanitaria se consigue mediante la libertad o mediante la compulsión…

En una era como la que vivimos, en la que el igualitarismo bastardo se impone, cuando hasta la derecha utiliza el "argumento social" para rascar intenciones de voto y titulares, da la sensación de que los que tienen en su mano tomar las medidas adecuadas se han olvidado de cuál debería ser el fin último de sus maniobras: la gente. Y en estos momentos, la ciudadanía lo pasa mal. Hay casi cinco millones de parados en España, un déficit exterior enorme, una población que ha perdido un 24% de su poder adquisitivo en tres años, un déficit público con obesidad mórbida, una deuda soberana desprestigiada, y no muy buenas perspectivas en el horizonte más inmediato.

En estas circunstancias, cualquiera que diga que su preocupación son los pobres, los parados, los que no tienen recursos tiene un cincuenta por ciento de la población como mínimo en el bolsillo. Por eso, cada vez que un político, sea del partido que sea, alude a las medidas "sociales" como las más necesarias, las irrenunciables, sabe que al menos a cinco millones de personas sin trabajo y a aquellos que ya saben que en un año o dos van al paro, se les ha encogido el corazón. Por desgracia, todo es una dulce mentira. O bien esos socialistas de todos los partidos han caído en un profundo error intelectual, o bien carecen de la más mínima preocupación por los más necesitados.

La parte más importante de la evolución humanitaria que defiende Bastiat y que comparto plenamente, no es que los hombres alcancen un nivel de riqueza igual para todos, sino que todos se aproximen a unas condiciones de vida en constante mejora. La diferencia respecto al ideal socialista es notable: no se trata solamente de que se eliminen desigualdades, lo que a lo largo de la historia ha llevado a igualar a la baja, sino de que todos asciendan de forma permanente. Pero, además, para Bastiat, el cómo importa. El fin no justifica los medios, y la coacción es la peor manera de buscar la virtud ajena. Siguiendo las palabras de Bastiat, es necesario que la desigualdad se desvanezca progresivamente y, si la libertad no incluyese esta solución, él la reclamaría al Estado como los socialistas.

Soraya Sáenz de Santamaría, Leire Pajín y todas las starlets, los barones, los pretendientes a alternativa de nuestro panorama político deberían aprender la lección. La solución a la pobreza pasa por la libertad individual. La solución al desempleo pasa por la eliminación de las rigideces generadas por tantas mal llamadas medidas sociales. El seguro de desempleo no genera empleo, alivia la situación temporalmente, pero ese alivio no es el mejor posible. Y eso se sabe analizando qué incentivos y expectativas ha generado: los desempleados reciben un subsidio de tal cuantía y por un tiempo tal que les merece la pena, cada vez más, buscar trabajos ilegales para completar el presupuesto familiar con menor esfuerzo que los trabajadores "oficiales".

Lo que sí soluciona el desempleo es la creación de puestos de trabajo por los empresarios. Pero para eso es necesario pronunciar dos palabras malditas: acumulación y capital. El ahorro transformado en capital, la inversión, eso es lo que genera puestos de trabajo. No toda, la que merezca la pena. Por eso es necesario que haya libertad para que los dueños de los dineros lo inviertan en donde más les rente y desaparezcan aquellas inversiones que retrasan el ideal de Bastiat: riqueza creciente para todos.

En las circunstancias en las que vivimos, no creo que a nadie le preocupara tanto perder el empleo si la posibilidad de encontrar otro similar fuera alta. Por eso se reclama flexibilidad del mercado de trabajo como reforma primera y principal. La flexibilidad permite que el empleador pueda amoldarse con rapidez y eficiencia a los cambios en las circunstancias, y que el trabajador también lo haga. Pero claro, para ello hay que pronunciar otra palabra maldita: despido. Es maldita porque en el imaginario colectivo cuando alguien pierde su trabajo es como si perdiera un brazo o un pié. No hay repuesto. Pero si el mercado es flexible no tiene porqué ser así. Si es barato contratar y despedir trabajadores, el recambio es más fácil, la rotación es más fluida. Y si el trabajador cuenta con que ese es el sistema, se preocupará de ser versátil, valioso, de manera que merezca la pena retenerlo. El empresario sabe que ese tipo puede colocarse en otra empresa bien dentro o bien fuera de España. Y para eso, de nuevo, es necesario que exista libertad de educación, de formación, de contrato, de movilidad del trabajo… para que el trabajador tenga alternativas y aprenda a darse a valer.

El mensaje de Bastiat es que para que haya igualdad en las condiciones de vida y que estas condiciones mejoren constantemente, y no sean un nivel estático artificial, el único camino es la libertad, no la compulsión. Que, por desgracia, es la ruta opuesta a la elegida por quienes manejan el barco.

¿Una reforma laboral, para qué?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Si había un exceso de la demanda sobre la oferta los salarios tenderían a subir y si había un exceso de oferta sobre la demanda tenderían a reducirse.

Keynes, como en tantas otras cosas, trastocó esta sencilla relación. Salarios más bajos, en su opinión, no sólo no tenían por qué reducir el desempleo sino que podían perfectamente incrementarlo vía reducciones del consumo. Así las cosas, el remedio último pasaba por incrementar la demanda agregada –por lo general echando mano de políticas inflacionistas que de paso reducían los salarios reales–, lo que básicamente equivalía a decir que los parados volverían a estar ocupados cuando la productividad de los trabajadores se incrementara (algo que podrían haber suscrito los clásicos); cosa distinta es que las políticas keynesianas contribuyeran lo más mínimo a lograr este objetivo.

Lo cierto es que cinco millones de parados parecen ser un indicio bastante claro de que España necesita reducir salarios. O, mejor dicho, necesita readaptar su aparato productivo para lo cual necesitaremos reducir salarios. Durante décadas nuestra economía ha estado orientada a satisfacer la demanda interna; tal era el deseo de los españoles por consumir o por invertir que incluso tenían que prestarnos dinero desde fuera en un proceso que cristalizó en uno de los mayores déficits exteriores del mundo.

Ahora tenemos una deuda externa superior al 100% de nuestro PIB y, claro, toca repagarla. Y sólo hay una forma de hacerlo: venderles a los extranjeros más que aquello que les compramos. Es decir, tenemos que pasar de un colosal déficit exterior a un importante superávit. Los habrá que añoren que podamos tirar por la calle de en medio y devaluar nuestra moneda para no hacer los ajustes internos que debemos. Es una opción: Grecia la ha seguido durante casi 200 años y por eso lleva la mitad de su reciente historia de default en default.

Las devaluaciones no solucionan los problemas de fondo, sólo los postergan; destruyen a las empresas eficientes que producen importando y elevan a la categoría de gigantes a la materia empresarial muerta que puede vender sin comprar fuera. Vamos, en España se trataría de regresar al modelo de sol y playa, que para algo tenemos materia prima suficiente dentro del país. Una carrera hacia atrás en medio de un mundo que avanza hacia una continua mejora de la productividad. Crezcamos no siendo mejores, sino destruyendo nuestra moneda para rebajar los precios de industrias caducas. No barato y mejor, sino seguir vendiendo la misma mercancía averiada mientras nos quede margen para continuar devaluando.

El euro, afortunadamente, nos obliga a hacer reformas; otro asunto es que los políticos, los sindicatos y cuantos ciudadanos les ríen las gracias, se opongan a hacerlo y nos aboquen al abismo. Pero, en todo caso, nuestras empresas en algún momento tendrán adaptarse para satisfacer no los deseos de los españolitos, sino los de los extranjeros. Y, para ello, nuestros productos deberán ser competitivos, lo que en parte equivale a que sean más baratos que otros de calidad similar o superior (cuanto mayor calidad tengan, más caros los podremos vender y para insuflarles calidad necesitamos más capital, esto es, más ahorro); y, de nuevo, para que sean más baratos los salarios deberán ajustarse a la baja.

Toda reforma laboral que se olvide de esto, de que sólo crearemos empleo recolocando a los trabajadores dentro de empresas que produzcan bienes dirigidos a los extranjeros, de que para vendérselos nos tocará abaratar nuestros precios y de que para abaratarlos habrá que recortar nuestros costes (laborales pero no sólo laborales: también, por ejemplo, el de los inmuebles), será un fracaso. Por eso, por cierto, las políticas keynesianas no funcionarán nunca en nuestro país: siguen tirando de demanda interna cuando debemos migrar hacia una economía exportadora.

Dentro de los costes laborales sólo hay tres partidas sustanciales a las que echarles el diente: salarios, cotizaciones de la Seguridad Social o indemnizaciones por despido. Ustedes dirán qué prefieren: probablemente en muchos sectores habrá que reducir, al menos, dos de esas tres. Pero la más sencilla, la que menos quebranto social causaría en una economía que volviera a generar empleo con fluidez, sería reducir las indemnizaciones por despido.

Otra cosa es que al final nos ofrezcan un nuevo tipo de contrato que apenas rebaje las indemnizaciones para los nuevos trabajadores y no para los ya existentes. En ese caso, seguiremos estancados, con un déficit público morrocotudo y con una deuda privada cada vez más cercana al impago. ¿Entienden por qué el capital sigue huyendo de España?

BA y el ‘privilegio a la huelga’

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Está previsto que la huelga termine el 9 de junio, lo que implica 20 días de parón. La huelga de marzo costó a la compañía 45 millones de libras, y a los pasajeros, engorrosas cancelaciones y retrasos. Si sumamos las consecuencias del volcán (un coste de 183 millones de libras, superior al de sus rivales), BA pasa por muy mal momento.

La aerolínea está intentando recortar costes para ser competitiva. El sindicato Unite, que agrupa a la mayoría de los empleados, protestó ante los planes de la empresa de reducir el número de tripulantes en los vuelos de largo recorrido, congelar los salarios durante dos años, y reducir los salarios de los tripulantes entrantes. Muchos de los cambios han sido acordados durante la negociación, con concesiones, pero el sindicato sigue en pie de guerra porque la dirección quiere negar vuelos gratuitos y otros extras a los huelguistas.

Para empezar, la tripulación de British Airways es la mejor pagada del país, con bastante diferencia respecto a otras aerolíneas como Virgin o Easyjet. Que en un contexto tan precario para la compañía el sindicato aún se crea en posición de frenar reducciones de coste ilustra que la mentalidad de funcionario ha sobrevivido a la privatización.

Pero independientemente de las condiciones contractuales de la tripulación, el problema es el mal llamado derecho a la huelga, que no es sino el privilegio de coartar al empresario con la ayuda del Estado. Es un “derecho” a gandulear y a quejarse sin que la compañía pueda despedirte. Sin duda, el empleado tiene derecho a no trabajar y a protestar cuanto quiera, pero el empresario debería tener un derecho simétrico a despedirle sin tener que pagarle una compensación inasequible impuesta por el Estado. Por añadidura, y gracias a los laboristas, los contribuyentes ingleses pagan salarios de los sindicalistas (y los de los jefazos no salen baratos…).

No cabe apelar a la subordinación del trabajador al “capital”, como si no tuviera libertad para irse a otra empresa que le ofrezca mejores condiciones (y tenderá a hacerlo si es productivo y está mal pagado).  Si contratáramos a un empleado para nuestra tienda, y en el momento de la renegociación del contrato nos amenazara con dejar de trabajar 20 días si no le pagamos más, ¿no nos parecería un abuso?

Parte de la tripulación de British Airways es más sensata y no secunda la decisión del sindicato. No habrá cancelaciones en Gatwick ni en el London City Airport, y se espera que sean operativos más de la mitad de los vuelos de Heathrow. Pero la huelga hará daño igualmente y la falta de acuerdo produce incertidumbre. ¿Quién va a reservar con British Airways este verano?

Fallo de mercado, oportunidad de negocio

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

El mercado “falla”. No siempre está a la altura de nuestras expectativas. Vemos ejemplos de ineficiencia por doquier. Un mal servicio en un restaurante, un holgazán detrás del mostrador, un precio excesivamente caro por un producto, una tienda sin clientes, un aparato que no hace lo que dice, un fontanero que no nos arregla bien la cisterna, el coche que se nos avería después de comprarlo o una mala película.

Si el mercado fuera “perfecto” cobraríamos más que nuestro compañero que produce menos, o no echaríamos en falta un servicio que está muy demandado en el barrio pero nadie satisface, o esa empresa que recibe tantas quejas hubiera cambiado ya de gestor.

Los ejemplos concretos de ineficiencias o imperfecciones, de acuerdo con nuestro estándar de lo eficiente o perfecto, no son razones para intervenir el mercado si lo consideramos de forma dinámica en lugar de estática. El mercado es un proceso, una estructura de incentivos que tiende a la eficiencia (palabra clave: tiende). Esto es, las empresas e individuos, en un contexto sin barreras legales de entrada al mercado, tienen incentivos económicos para descubrir ineficiencias (demandas insatisfechas o formas de producción más rentables) y corregirlas.

Cada fallo del mercado, o ineficiencia desde una perspectiva estática, es una oportunidad de negocio desde una perspectiva dinámica. Significa que hay algo que no se está haciendo bien, o que podría hacerse mejor, y aquél que explote esta oportunidad latente antes que los demás se hará con un beneficio extraordinario en el corto plazo.

Así, el hecho de que en un determinado momento haya una empresa que ofrezca un pésimo servicio, o que consideremos que nos está timando, o que se resista al cambio, o que no cubre una determinada necesidad de la gente, no debería llevarnos a concluir que el Estado “tiene que hacer algo”, pues el mercado tiene su propio mecanismo de corrección a medio y largo plazo. Los incentivos económicos del mercado son una mejor garantía de que esa “ineficiencia” va a corregirse con el tiempo que el voluntarismo del Estado, carente de incentivos económicos para encontrar soluciones eficientes, propicio a la incompetencia y al abuso de poder.

Cuando veo, pues, una ineficiencia en el mercado no siento el impulso de criticarlo y exigir la intervención pública. Pienso “alguien puede hacerse muy rico explotando esta oportunidad”, o “esta empresa durará poco”, o “seguro que a alguien se le acaba ocurriendo cómo solventar este problema”, o “espero que el competidor cruja a este incompetente”, o “si nadie está satisfaciendo esa demanda a lo mejor es que no es tan sencillo (y rentable) como parece”.

Hay que darle tiempo al mercado, entenderlo como un proceso dinámico con mecanismos de autocorrección. El intervencionista, impaciente, quiere “hacer algo” de inmediato, obviando que el Estado falla más a menudo y su estructura de incentivos no favorece una tendencia a la autocorrección.

Recientemente me pusieron el ejemplo del coche eléctrico para ilustrar que el mercado no funciona como debería. En este documental se explica como General Motors abandonó el proyecto del coche eléctrico. ¿Ineficiencia del mercado? Varias dudas me asaltan: ¿Es realmente una buena idea? ¿No será más arriesgada y menos rentable de lo que parece?¿Están los consumidores tan interesados como para pagar lo que vale? Si hay una demanda latente o potencial lo bastante alta como para proporcionar ingentes beneficios (considerando los costes de desarrollar el producto), estamos ante una oportunidad de ganancia.

El mercado automovilístico es competitivo, no hay barreras legales de entrada al sector. Si General Motors desaprovecha esta supuesta oportunidad, otros que sí la perciban como tal tienen incentivos para implicarse. Así, por ejemplo, lo afirmaba Patrick Renau, presidente Associación Promotora del Vehículo Eléctrico Volt-Tour: “Otras empresas de fuera del sector automovilístico están aprovechando la opotunidad de negocio que General Motors no quiso aprovechar”. El mecanismo autocorrector del mercado, en marcha.

El Titanic se hunde

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

…vociferando eslóganes desfasadísimos o directamente ajenos al mundo del trabajo, erigiéndose en portavoces de una clase, la trabajadora, que no hace sino darles la espalda pero que tiene la desgracia de padecerlos y depender de ellos por mor de la infausta negociación colectiva.

Aquí les dejo las reflexiones que me suscitó el pasado Primero de Mayo.

1. Nunca he podido aceptar que existan unos derechos de los trabajadores distintos a los derechos de los ciudadanos y a aquellos que libre y autónomamente pacten en sus contratos de trabajo. Todo lo demás son privilegios mediante los cuales unos grupos organizados (sindicatos) explotan a otros grupos desorganizados (trabajadores no sindicados, empresarios no afines al poder y accionistas de empresas) gracias a la coacción estatal.

2. La retórica de la lucha de clases, del trabajo contra el capital, no es que esté caduca y desfasada: es que jamás tuvo un gramo de verdad. Los trabajadores sólo pueden enriquecerse y mejorar su calidad de vida convirtiéndose en capitalistas o siendo beneficiarios de un aumento de sueldo –como consecuencia de un incremento en sus niveles de productividad–. En ambos casos precisarán de más capital. En ambos casos se encontrarán enfrente a una izquierda retrógrada y reaccionaria que exhibe altiva en las calles su poca vergüenza. El líder de IU, Cayo Lara, ha expresado muy bien los deseos de buena parte de las izquierdas: "La solución viene por meter el diente al beneficio y al capital y a eso no se atreven porque parecen intocables".

3. Las únicas reivindicaciones legítimas del Día del Trabajo serían aquellas que exigieran al Gobierno que no impida a los individuos trabajar o convertirse en capitalistas. Se trata de una petición bastante razonable, ¿no creen?, sobre todo en un país como el nuestro, con casi cinco millones de parados y un misérrimo sistema de pensiones en quiebra. Pero no: el pasado 1 de Mayo no se abogó por abolir la negociación colectiva, ni por abaratar el despido, ni por flexibilizar la negociación y renegociación de los salarios, ni por reducir las cotizaciones a la Seguridad Social, ni por reducir la tributación de las plusvalías, ni por ir transitando hacia un sistema de pensiones de capitalización; al contrario: los sindicatos se centraron en defender a un presunto prevaricador, en alabar la exitosa política laboral del Gobierno y en pedir a los trabajadores que no llegan a fin de mes que consuman como posesos.

4. Con la que está cayendo, esa cerrilidad que muestran Gobierno y sindicatos, entente socialista que en cosa de cuatro años ha llevado el país al borde de la suspensión de pagos –con el voto favorable del Partido Popular–, no es lo mejor que podemos exhibir en el exterior. Con un paro del 20%, un déficit del 11% del PIB en 2009 –y creciente en 2010– y un sistema bancario descompuesto, no puede causar sino temor que estos irresponsables –ignorantes y ruines a partes iguales– estén al mando. El socialista Papandreu terminó de cargarse Grecia con la inestimable colaboración de una clase sindical que bloqueaba a golpe de insurrección cualquier alternativa al desastre. Sin embargo ahora, los estómagos agradecidos de Toxo y Méndez –que cobran de los impuestos de los trabajadores a los que ellos mismos impiden trabajar– critican a Merkel por dudar a la hora de financiar el sarao socialista griego. La mala de la película, la codiciosa e insolidaria, es quien no quiere esquilmar a sus ciudadanos para pagar las bacanales griegas: que las paguen –dice, con toda la razón– los que se las corrieron. No tardaremos en ver reproducido ese esquema para España.

5. El mismo ministro de Trabajo que se muestra incapaz de dar una sola respuesta a los cinco millones de parados –salvo filtrar un escuálido y manipulado dato del INEM–, ni sobre una Seguridad Social pública tan ineficiente que ya no puede ni pagar las bajas pensiones que prometía, se indigna de que le den consejos "quienes pactan pensiones millonarias". Será que él no tiene asegurada una pensión millonaria una vez deje la política, en pago por su impecable hoja de servicios; será que no ha alcanzado el poder que le va a procurar ese chollazo por su defensa del discurso socialista que nos ha llevado a la bancarrota; será que la escenografía izquierdista no le ha servido para amasar una fortuna a costa de unos ciudadanos a los que ha negado la posibilidad de construirse un patrimonio amplio y obtener unas rentas crecientes. Por no dejar, hoy, ni les deja trabajar.

Nubes de ceniza y abusos en el mercado

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

A mediados de abril, un volcán islandés despertó de su sueño secular y se encontró un mundo muy cambiado. Como en este volcán era habitual, arrojó al cielo unas cuantas toneladas de cenizas. Pero no pudo anticipar al caos que tal estornudo iba a ocasionar en la nueva Europa para él desconocida.

Pues esa Europa estaba surcada por un sinnúmero de aviones que transportaban personas entre lugares distantes, en unos tiempos inimaginables para los islandeses que habían contemplado la anterior erupción del revivido volcán, allá por 1871. Estos aviones tuvieron que ceder el espacio aéreo a esa nube de cenizas, en una situación prácticamente sin precedentes en la historia aeronáutica de Europa.

De repente, montones de individuos se quedaron tirados en los aeropuertos, con sus planes de traslado abortados. Si los aviones no podían volar, ellos no se podrían trasladar.

Muchos de estos individuos no quisieron resignarse a su suerte, y buscaron otros medios para trasladarse: trenes, coches de alquiler, autobuses, taxis. Y empezaron los abusos de los empresarios, explotando la situación de debilidad de los viajeros afectados. Un coche de alquiler en Toulouse, normalmente 60 Euros diarios, se cotizaba a 500 Euros; una carrera de taxi entre Milán y Barcelona alcanzó los 1.200 Euros. Las aves de rapiña se cernían sobre los cadáveres que el volcán dejaba a su paso. Si la situación se hubiera prolongado más, hubiéramos necesitado a los burócratas para poner coto a tanto desmán.

Y, sin embargo, es así como el mercado surte sus efectos benignos para con todos. Contemos la historia desde otro punto de vista.

Un cambio exógeno al sistema, la erupción volcánica, hizo que el transporte aéreo dejara de ser una alternativa para aquellos individuos que demandaban tal servicio. La oferta aérea se colapsó, pero la demanda se había mantenido constante. La gente seguía queriendo desplazarse a su lugar de destino, con un grado de urgencia dependiente de cada caso.

Esa demanda viva atrajo rápidamente la atención de algunos emprendedores que vieron como, de repente y gracias a un acto fortuito, podían dar más valor a sus recursos (el taxi, el autobús, el coche de alquiler). E hicieron su apuesta. Como la demanda superaba con creces esta incipiente oferta inicial, los precios se dispararon.

Eso significa que los medios disponibles fueron dedicados a atender las demandas más urgentes, medida esta urgencia por lo que cada individuo estaba dispuesto a pagar. Lógicamente, los enormes precios cobrados llamaron la atención de la gente, pues presumiblemente dichos ingresos se traducirían en pingues beneficios. Y, en consecuencia, otros emprendedores acudieron al efecto llamada de esos beneficios, incrementando la oferta de medios de transporte a disposición de los viajeros encallados.

A su vez, este aumento de la oferta, hubiera supuesto un descenso del precio, ya que daría la posibilidad de cubrir necesidades de sucesiva menor urgencia. Y esto hubiera seguido hasta quedar satisfechas todas las necesidades valoradas en más que los recursos necesarios para su satisfacción. De esta forma, el mercado hubiera solucionado en un plazo increíble del tiempo, una eventualidad de unas características tan extremas como la emisión volcánica referida.

El proceso descrito se detuvo (al menos, aparentemente) con la reapertura del espacio aéreo y la restitución de los medios de oferta. Por ello, han resultado más llamativos los excesivos precios pagados por algunos individuos para satisfacer lo que debía ser una perentoria necesidad.

Sin embargo, dichos precios, altos como eran, jugaban un papel fundamental en que todos los individuos al final hubieran podido satisfacer su necesidad, incluso en presencia de la nube de cenizas. Por un lado, permitían asignar los recursos existentes a aquellas necesidades más urgentes. Sin esos movimientos de precios, ¿cómo se hubiera podido asignar el taxi entre una persona que necesita llegar a su destino, pongamos por caso, para salvar una vida, y otra que sólo lo quiere para dormir en su casa esa noche?

Pero, más importante aún: sin esos precios excesivos, ¿qué taxistas hubieran abandonado la comodidad de su día a día para dedicarse a trasladar pasajeros a 100 de kilómetros de distancia? Si va a ganar lo mismo que con su trabajo normal, ¿por qué tomarse molestias?

Mirando a un plazo más largo: para ganar lo mismo, ¿hubieran incrementado las compañías de alquiler de coches su parque? ¿Cómo se hubiera solucionado esta carencia si los aviones siguieran sin poder despegar?

Y así podemos contemplar el espectáculo del mercado libre en funcionamiento, la adaptación del ser humano a las condiciones más adversas, y la solución de los problemas en apariencia más complicados. Todo gracias al movimiento de esas señales tan simples que son los precios.

Parece magia, pero no lo es: el poder combinado de los individuos actuando libremente se demuestra una y otra vez como una fuerza imparable, quizá tal vez más potente incluso que las fuerzas naturales.

Un plan sencillo para salir de la crisis

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Tim Evans y otros reformistas británicos le propusieron medidas cuya descripción no excedía de una página. Valga lo mismo para enumerar las medidas necesarias para salir de la crisis. Lisa y llanamente.

La prioridad es reducir el déficit, dicen todos. Comencemos por revitalizar la economía. Uno a uno, levantemos los grilletes que aún quedan en forma de trabas a la apertura de empresas y a lo que hacen: regulaciones medioambientales, las mínimas. Que quepan en uno o dos folios a dos espacios. Las regulaciones de seguridad de los productos que sea privada. La marca que quiera contratar un servicio de calidad, que lo pague, y la que no tenga esa estrategia comercial, que se lo ahorre.

Desaparezcan las licencias y permisos, que sólo benefician a los políticos y no cumplen ninguna función social. Horarios y condiciones de oferta, las que elijan los oferentes, que ya están los consumidores para elegir, entre éstos, lo que más les convenga. La relación entre empresario y trabajador será la que libremente acuerden entre ambas partes, sin más protección para ambos que los códigos civil y mercantil. Desatada la producción, los ingresos del Estado sólo pueden crecer.

Impuestos: un único tipo marginal que grave todo ingreso no destinado al ahorro, y valga eso para familias y empresas. La declaración de la renta de Telefónica y la de cualquier hogar sería formalmente idéntica. A partir del tipo general, que cada Comunidad Autónoma sume su propio tipo marginal, que le darán los únicos ingresos con los que financie los servicios que decida ofrecer. Así competirán por ofrecer mejores servicios al menor impuesto, en lugar de alimentar los particularismos con quejumbrosas justificaciones insolidarias. De paso acabamos con el nacionalismo como problema político.

Sigamos, que hoy vamos a batir un récord. Nada de reformar las pensiones. Aquí la reforma consiste siempre en ajustar lo que se paga a lo que se puede pagar, y como es un timo de base piramidal, cada vez habrá que pagar más para recibir menos del sistema. Así que acabemos con él. Los que quieran, que se aferren al viejo sistema y los demás que se apunten al nuevo, en que las cotizaciones se ahorran en una cuenta privada. Los nuevos cotizantes, todos, entrarán en el sistema privado. Tarda dos décadas o más, pero acabamos con el problema y favorecemos el ahorro, el progreso, y la entrada de los trabajadores en el mundo capitalista.

Para la sanidad y la educación bien me gustaría a mí acabar con la oferta pública, pero valga la solución intermedia del cheque escolar para las aulas y un cheque sanitario para los servicios de salud. Adiós a las subvenciones, que aparte de establecer clientelismos no ofrecen función social alguna.

Adiós a los puestos permanentes en la Administración. Que los puestos desaparezcan a los ocho años como mucho, y que sólo se puedan renovar una vez. Que los presupuestos se aprueben en dos tiempos: uno en marzo, que fijará el nivel de gasto y la previsión de ingresos, y otro en septiembre, en el que se decidirá qué parte de ese gasto, ya intocable, se destina a qué partida. Y un programa ambicioso de privatizaciones y venta de haberes públicos.

La última medida es la que prometió el gobierno de Ucrania y no se atrevió a llevar a la práctica: la eliminación del ministerio de Economía. Ganaríamos todos, menos los periodistas especializados en política, que acabarían por aburrirse, y los propios políticos. Y todo en un solo año de reformas, que no hace falta más. ¿Alguien se apunta?