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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Los sindicatos generan paro

España cuenta, sin duda, con una de las legislaciones laborales más rígidas y arcaicas del mundo desarrollado. De ahí, precisamente, que la tasa de paro supere ya de largo el 20%, la más elevada de la Unión Europea. Pese a ello, los sindicatos no se apartan de su meta: condenar a millones de trabajadores al desempleo masivo y, por tanto, a la miseria.

CCOO y UGT, los sindicatos mayoritarios en España, aprovechándose del poder que les otorga la Constitución bajo la falaz etiqueta jurídica de "agentes sociales", acaban de registrar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular con el único fin de tumbar la reciente e insuficiente reforma laboral. Su particular Proposición de Ley para un "empleo estable y con derechos" pretende anclar las rigideces impuestas durante la dictadura franquista. Y es que, la clave de su propuesta, entre otras muchas sandeces, consiste, cómo no, en fortalecer hasta el extremo los convenios colectivos, impidiendo por todos los medios que las empresas puedan descolgarse libremente de los mismos.

La figura del convenio es la soga, la mordaza, la cadena que estrangula e impide la necesaria flexibilidad que precisa España para para volver a generar empleo. Que sindicatos y patronal impongan las condiciones salariales y laborales a millones de trabajadores y empresarios con independencia de sus necesidades específicas supone una completa aberración jurídica y económica, aparte de una injusticia moral. Esta especie de molde colectivo, ideado en favor de los intereses de los sindicatos obreros y empresariales, supone un corsé que, según se apriete más o menos, acaba por ahogar el ya de por sí escaso libre mercado que opera en el ámbito laboral.

El resultado es más que evidente. España cuenta con una tasa de desempleo próxima al 21% y, lo que es aún peor, millones de personas siguen engrosando las filas de "parados de larga duración", síntoma de las dificultades existentes para reintegrarse en el mercado laboral. El problema es que, de mantenerse esta situación en el tiempo, el principal problema en las encuestas ya no será el paro sino la marginación y la pobreza.

Los convenios impiden dos ajustes básicos. Por un lado, dificultan en gran medida la necesaria reducción de salarios. Los sindicatos siguen impulsando el aumento salarial pese a la actual coyuntura económica, arguyendo que un mayor poder adquisitivo impulsará de nuevo la demanda agregada y, por tanto, las ventas, iniciándose así un particular bucle de reactivación económica. Pero, en realidad, sucede todo lo contrario. España no necesita que algunos ganen más, sino que los millones de desempleados encuentren trabajo para obtener así unos ingresos regulares. El empleo no es más que otro factor de producción. Y si éste se encarece en un momento en el que los puestos escasean es evidente que la imposición de alzas salariales impedirá el necesario ajuste (más paro).

Pero la clave radica, sobre todo, en la engañosa utilización de términos tales como "demanda y oferta agregada". La economía es una materia mucho más compleja y sofisticada que tales conceptos y, por supuesto, nada tiene que ver con los modelos estáticos propios de la ciencia económica dominante.

Así, tal y como explica Hayek en Sindicatos, ¿para qué?, "si bien la posibilidad de vender cantidades diferentes de una sola mercancía depende, naturalmente, de la magnitud de su demanda, la posibilidad de vender un conjunto de gran variedad de diferentes mercancías no tiene relación sencilla con la suma de las demandas de todas ellas juntas. Si la composición o distribución de la demanda de los diversos productos es muy distinta de la composición o distribución de la oferta, ninguna magnitud de demanda total asegurará que el mercado se liquide. Cuanto mayor sea la diferencia entre la composición de la demanda y la composición de la oferta, tanto menos podrá conseguirse una correspondencia entre el conjunto de la demanda y el conjunto de la oferta a no ser mediante un cambio en las cantidades relativas, lo cual, a su vez, sólo podrá lograrse mediante un cambio en los precios relativos de los diferentes productos y servicios, comprendidos los salarios".

Es decir, la tasa general de empleo dependerá del grado de correspondencia entre la distribución de la demanda y de la oferta. Y es, precisamente, la distribución de la oferta la que deberá adaptarse a la distribución de la demanda. Pero dicho ajuste en la estructura productiva dependerá, a su vez, de la flexibilidad de los precios relativos, ya que son éstos, y particularmente los salarios, los únicos capaces de producir ese cambio continuo de la distribución de la oferta para adaptarse a la distribución de la demanda. "Es esta incesante adaptación de los salarios relativos a las magnitudes siempre variables, en las cuales la demanda igualará a la oferta en cada sector, lo que se han empeñado en impedir los sindicatos", Hayek dixit.

El injerto de la criminalidad corporativa

Este próximo 23 de diciembre entrará en vigor la última reforma de nuestro Código Penal. Entre sus novedades más destacadas está la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta ahora, una empresa radicada en España podía ser sancionada civil o administrativamente; en breve, podrá serlo también penalmente.

En EEUU esto viene siendo así desde hace un siglo, cuando el Tribunal Supremo estableció allá por 1909, en el caso New York Central & Hudson River Railroad Co. v. US, el principio en materia penal de respondeat superior, es decir, una corporación debía responder penalmente por actos realizados por sus directivos o empleados dependientes de aquéllos. Con ello, empezó a tomar cuerpo la llamada responsabilidad penal colectiva y vicaria de las personas jurídicas, que es extraña a los principios penales clásicos y que, desde entonces, se ha ido propagando a otros ordenamientos jurídicos.

El abandono en las últimas décadas del principio clásico penal de societas delinquere non potest (ahora tildado de viejo axioma) se está produciendo en la práctica totalidad de los países de la OCDE. El proceso de esta armonización internacional escalonada del derecho penal está concluyendo con notable éxito. Esto supone aceptar una responsabilidad sin culpabilidad, desvirtuando el principio de individualización de la responsabilidad penal de las personas físicas, que ha inspirado todo el orden penal tradicional con la excusa de perseguir un bien superior (reducir la delincuencia empresarial).

Si algún directivo o empleado a sus órdenes realiza un delito en provecho de la empresa, puesto que ésta no puede ser encarcelada, lo normal será que se multe a la misma o se disuelva, lo que conlleva penalizar a la postre a terceros inocentes (accionistas o inversores). Aunque la responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye la de las físicas, la experiencia americana nos indica que en aquellos procesos penales en que se ve afectada una empresa que no demuestre tener controles adecuados, ésta, las más de las veces, pecha con la responsabilidad. Llegado el caso, el directivo u órgano colegiado de dirección no pondrá reparos en que siga siendo así, entre otras cosas, porque al tratarse de ilícitos penales sus consecuencias difícilmente podrán cubrirse mediante póliza de seguro.

La delincuencia que se produce en el seno o al amparo de las grandes corporaciones (estafa, corrupción, defraudación fiscal y un largo elenco) es percibida en la actualidad como un problema, de ahí esta evolución de las nuevas funciones del derecho penal que lleva consigo una carga de profundidad: hoy, las empresas han de asumir cada vez mayores responsabilidades y, en cierto modo, deben también asumir tareas públicas y ponerse al lado del Estado para ir en la buena dirección moral que marquen los tiempos (responsabilidad social corporativa, preservación del medioambiente, defensa del consumidor, del trabajador, de los stakeholders y de otros involucrados…). La creciente responsabilidad de las personas jurídicas es un síntoma más de la moderna alianza entre el poder estatal y el corporativo, que, desde una perspectiva mundial, nos llevaría hacia la denominada gobernanza global, tan cara a tecnócratas y gestores del interés general.

Para el caso que nos ocupa, la constatación empírica de que la empresa se encuentra en mejores condiciones que el Estado para controlar el comportamiento de sus agentes y empleados implica exigir a la persona jurídica que adopte medidas de organización permanente que impidan la realización de hechos delictivos en su esfera de actuación y que, ante una acusación, confiese la infracción y repare, o bien actúe, como delegada del agente de autoridad frente a sus empleados y directivos para evitar o atenuar la sanción penal.

Las consecuencias de todo ello resultan algo inquietantes: cuando el delito se haya producido en el seno societario, se primará la colaboración de la empresa en forma de presentación de pruebas contra sí misma y se dañará la defensa de otros imputados (personas físicas a ella vinculadas) en el mismo proceso. Se pretende que el vínculo de fidelidad sea con el Estado y no entre los miembros de una organización privada. Hoy la mera imputación corporativa representa ya la pena y la falta de cooperación será la verdadera ofensa. Ante un ilícito societario, el método consistirá en lanzar unos ciudadanos contra otros dentro de las compañías para facilitar la labor fiscalizadora del Estado so pena de que paguen los platos rotos los inocentes socios o dueños.

Parece olvidarse que, para evitar fraudes o prácticas deshonestas por parte de las empresas, es preferible la combinación de la persuasión moral, la disciplina de mercado, la responsabilidad civil corporativa y, por descontado, la oportuna aplicación de sanciones penales contra personas físicas con poder de dirección que delincan, sin necesidad de transferir su responsabilidad penal a la corporación donde trabajan. La americanización del derecho penal que acarrea esta reforma para la galería no es siempre garantía de mejora.


P.D.: Todo lo arriba comentado no será de aplicación a las empresas y administraciones públicas según lo establecido en el nuevo art. 31 bis, punto 5 del Código Penal español reformado, ya que –se nos dice– no tendría sentido que se sancionen a sí mismas al salir el dinero del mismo contribuyente que las sostienen. Pero de rondón se blinda también a los partidos políticos y sindicatos patrios que no serán responsables penales de los delitos cometidos por sus dirigentes o representantes legales, como sí lo serán las empresas privadas, equiparando aquéllos a las empresas públicas y administraciones del Estado, obviando la existencia de afiliados y militantes a los que trasladar en última instancia la responsabilidad penal. Igualdad ante la ley, descanse en paz.

Por cierto, muy mal los lobbies de las asociaciones empresariales que se han dormido; sus homólogos sindicatos han sabido mover ficha para blindarse con la inmunidad penal frente a delitos –por ejemplo– de corrupción o fraudes de subvenciones (aunque pensemos todos que es muy improbable que esto suceda al tratarse de respetadas personas jurídicas que sólo miran por el trabajador).

Reyes inc.

Hay instituciones claves para un país. Y una de ellas es la Monarquía. No voy a hablar aquí de las evidentes ventajas que para nuestro país representa el que, a diferencia de los estadounidenses, los españoles no hayamos sido creados iguales, sino que algunos, por derecho de nacimiento, tengan asegurado su mantenimiento a cargo del erario y tengan reservados unos cargos, honores y prebendas diferentes al resto de la población.

Tampoco voy a hablar de lo duro y difícil que es ser uno de esos seres humanos excepcionales, pues, aunque mucha gente les envidia, es muy cansino ser rey. Viajes de estado, recepciones, presencia constante en eventos deportivos apoyando a sus súbditos más destacados…

Simplemente quiero exponer la fórmula para hacer que una institución tan importante, esencial y necesaria como la Monarquía sea más accesible, cercana y económica para el mayor número de ciudadanos.

Y el modelo es Telefónica de España, actualmente Movistar. Muchos dirán que no es comparable, pero en el fondo ambas instituciones son, básicamente, un servicio a la ciudadanía, y, por otro lado, estoy seguro de que si le preguntan a la gente qué prefiere, si tener móvil y ADSL con tarifa plana o monarca, la mayoría optaría por lo primero.

¿Qué pasaba antes con la telefonía? Pues lo clásico, que era un monopolio estatal y, por consiguiente, deficitario, ineficiente, una carga para el erario; una empresa que debía su estructura pre-liberalización de los 90 a un decreto franquista (¡¡caramba, qué coincidencia!!) y que daba un servicio nefasto a sus consumidores (tardaban meses en instalarte una línea).

¿Y qué pasa ahora? Pues, aunque no se haya producido una verdadera liberalización de lo servicios de telecomunicaciones, sí se ha hecho una regulación que introduce ciertos elementos de libre mercado en el sector, se ha abierto a la competencia y se ha privatizado la compañía, con lo cual ha dejado de ser una pérdida neta para el contribuyente, genera beneficios, crea riqueza y da un mucho mejor servicio a sus clientes, antes paganos obligados.

Pues eso es lo que hay que hacer con la Monarquía. Abrirla al libre mercado, privatizarla, dejar que con la actual Casa Real entren en competencia otras Casas Reales, tradicionales o de nueva creación, que ofrezcan sus servicios en un régimen de mercado libre.

Estos nuevos jugadores en el sector Casas Reales podrían ser, desde monarquías derrocadas como los Hohenzolllern o los Saboya, hasta empresas de nueva creación como Reyes Inc., Tele-Monarca, algunas incluso especializadas en sectores concretos, como la restauración donde ya hay algo parecido en el campo del fast food.

Así, estas nuevas Casas Reales competirán en precio, calidad y servicio con la actual para hacer las tradicionales actividades propias de la Monarquía, como las mencionadas al comienzo del artículo: recepciones, mensajes navideños, asistencia a eventos deportivos, viajes representativos. Gracias a ello, muchos más ciudadanos podrán disfrutar de las ventajas de tener una Figura Real, con mayúsculas, a su servicio.

Por ejemplo, un grupo de empresarios del sector del corcho quieren tener una Recepción Real. La actual Casa Real cobraría una tarifa determinada, quizá demasiado elevada para dichos empresarios, pero otras Casas Reales alternativas ofrecerían precios más competitivos, quizás a cambio de un menor boato, y todos tan contentos.

Así, desde la comunión de fulanito hasta la Final del Campeonato Provincial de Petanca del Bajo Ampurdán, podrán contar con una figura regia, la cual, actualmente, aunque pagada con el dinero de todos los contribuyentes, limitaba sus apariciones a grandes eventos, tales como la Final de la Copa de Él Mismo, los Juegos Olímpicos o bodas y bautizos de la jet set.

Y de cara a las actividades del sector público, pues también sería posible y deseable introducir la competencia. Un ejemplo sería la apertura del año judicial donde siempre queda muy bien la presencia de un Monarca. Pues bien, un concurso público abierto a Casas Reales con un pliego de condiciones para dicha necesidad específica proporcionaría la respuesta. Aunque, eso sí, habría que vigilar con lupa dichos concursos, pues en determinadas autonomías surgirían Casas Reales con conexiones con el poder que se llevarían todos los concursos.

Eso sí, ninguna Casa Real se mantendría a costa del erario público, sino del dinero de las personas que libremente deciden contratar sus servicios, y de esta forma veríamos cómo valora la gente la excepcional labor que la institución de la Monarquía presta al país.

Y aunque, por supuesto, la actual Casa Real gozará de una situación de privilegio en este nuevo mercado abierto, como antes disfrutaba Telefónica, con un market share dominante, tendrá que espabilar, pues el mercado libre es muy volátil, las preferencias de los consumidores cambian y la competencia siempre es feroz…

Los sindicatos: un apéndice más del Estado

La acción sindical es inmoral por numerosas razones. A su modus operandi claramente violento (véase piquetes), y a su supuesta representación (totalmente falaz), se le une su forma de financiarse.

Una de las contribuciones que cabe destacar del sociólogo alemán Franz Oppenheimer es su distinción entre medios políticos y medios económicos. Creo que viene muy a cuento al hablar de los sindicatos.

El berlinés explicaba que el ser humano dispone básicamente de dos medios (opuestos entre sí) para obtener los medios necesarios para vivir y alcanzar sus deseos y fines: a) el trabajo de uno mismo y el intercambio equivalente de su propio trabajo por el trabajo de otros, y b) la apropiación no recompensada del trabajo de otros (robo). Los denominó medios económicos y medios políticos, respectivamente.

Una sociedad libre está regida por medios económicos. Las organizaciones, empresas y particulares obtienen su financiación mediante acuerdos y transacciones voluntarias.

Los sindicatos no obtienen su financiación de esta manera. Saben perfectamente que ellos no se pueden regir por reglas de libre mercado, voluntariedad y la libertad de elección. Ellos deben seguir una estrategia de coacción y obligatoriedad (a través de medios políticos) porque con simplemente un 10-15% de trabajadores afiliados les sería imposible existir. La sociedad le está diciendo a este tipo de organización que no es útil, que no es rentable y que está desperdiciando los valiosos recursos escasos de que dispone (capital y trabajo) en unos proyectos deficientes, en lugar de destinarlos a otros más demandados y prioritarios.

La fuente de financiación directa más importante de los sindicatos la encontramos en los Presupuestos Generales del Estado. Cobran del Ministerio de Trabajo cerca de 16 millones de euros. Eso sin contar con lo que ingresan de las comunidades autónomas. Por ejemplo, de 2004 a mediados de 2009, la Junta de Andalucía concedió subvenciones a UGT y CCOO por importe de 260 millones de euros. Sólo en el segundo trimestre de 2009, las organizaciones sindicales recibieron 125 millones de euros del Estado. Y para qué hablar de lo que reciben para cursos de formación y para los liberados sindicales… Todo esto a costa de nuestros salarios.

Depender de las subvenciones del gobierno de turno reduce terriblemente la independencia, la autonomía y la libertad de los sindicatos, hasta el punto de no ser más que un mero apéndice del Estado. No en vano, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han sido los principales aliados de Zapatero por su silencio y complacencia con la política económica del gobierno.

Si George Sorel levantase la cabeza y viese cómo los sindicatos se han convertido en organizaciones burocráticas financiadas por el “Estado Burgués”, se volvería inmediatamente a la tumba para no verlo.

Hijos de nuestros padres

Hasta ahora, en España, la tradición respaldada por la norma indicaba que el primer apellido del recién nacido correspondía al del padre y el segundo al de la madre, sin que por ello se impidiera su cambio en determinados supuestos. Esta convención trivial, pero comúnmente aceptada, permite presuponer fácilmente las filiaciones y trepar por las ramas del árbol genealógico hasta descubrir nuestros orígenes. Con el pretexto de modernizar el Registro Civil, actualmente, se está tramitando un proyecto de Ley que pondría fin a esta norma, dejando al común acuerdo de los progenitores la elección del orden de los apellidos, mientras que por defecto, o en caso de desacuerdo, el orden quedaría determinado por el orden alfabético.

Más allá de la anécdota y de lo que en una primera lectura podría parecer una reforma liberadora del peso de la tradición y la discriminación de la mujer, se esconde un paso más para controlar a los individuos. Un paso firme y decidido que culmina otras reformas dedicadas a desestructurar la sociedad, tal y como ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos, para reorganizarla. Las leyes deberían limitarse a respetar los acuerdos y recoger el fruto de los usos sociales y tradiciones que genera la sociedad en lugar de procurar su transformación.

El proyecto histórico de la Izquierda ha sido la creación del hombre nuevo éticamente preparado para vivir solidariamente en el paraíso socialista. Del socialismo científico, pasando por el socialismo real hasta esta nueva izquierda, el proyecto sigue siendo el mismo. Donde las formas de totalitarismo más evidentes fracasaron, hoy triunfa la misma idea enmascarada bajo organizaciones pantalla como el ecologismo reaccionario o la ideología de género. Así, proyectos descabellados como descomponer las familias y arrebatar a los niños de sus familias para reeducarlos se llevan a cabo hoy de forma dispersa entre una educación controlada estatalmente y el propio pensamiento dominante.

Si este texto legal es aprobado tal y como ahora se encuentra, se abandonará el libro de familia alienando al individuo y eliminando cualquier referencia legal a esa institución natural, piedra angular de toda sociedad. Los progenitores (A y B) serán meros intermediarios donde el orden de los apellidos es mera anécdota. Disuelta nuestra filiación, a cada individuo se le asignará un “código personal de ciudadanía”, un código de barras que nos identificará no como individuos, sino como ciudadanos dependientes del Estado, fuente de todos nuestros “derechos” y razón última de nuestra existencia. De la cuna hasta la sepultura nuestro paso por este mundo quedará reducido a los registros legales ligados a este código que ya no debemos a nuestros padres sino al Estado.

Del Estado autoritario patriarcal hemos avanzado a un estado de dominación matriarcal mucho más efectivo en nuestro control y registro. La familia es el enemigo más peligroso para el Estado, que se define como monopolio en todos sus accidentes; la última de las barreras protectoras que protegen al individuo contextualizándolo en un momento histórico-familiar, fruto de una tradición y unos genes concretos que enraízan en sus antepasados y se proyectan hacia el futuro a través de sus hijos. De ahí el peligro que conlleva dinamitar esta estructura social convirtiendo al hombre en un mero contribuyente de la granja estatal en el que la élite privilegiada explota para mantenerse y perpetuarse en el poder.

La suerte todavía no está echada, el texto es un proyecto y puede sufrir modificaciones sustanciales o no llegar a ver la luz. A los legisladores les interesa tener ciudadanos dóciles, pero nosotros todavía tenemos recursos suficientes para recordarnos a nosotros mismos y a la casta política que somos hombres antes que ciudadanos, que somos hijos de nuestros padres.

El cine como modelo empresarial

Durante las dos primeras décadas del siglo XX, el cine se convirtió en un auténtico fenómeno de masas en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, fue en este último país donde se dieron las condiciones precisas para que se creara la industria que hoy lidera el sector a nivel mundial. En una época donde las películas eran mudas y los Estados Unidos estaban recibiendo miles de inmigrantes que tardaban en dominar el inglés, un espectáculo novedoso, que apenas costaba unos centavos, era un regalo demasiado bueno para una vida con pocas alegrías (para un relato más extenso, leer Estados Unidos. La Historia, de Paul Johnson). Los empresarios supieron detectar esta oportunidad y pronto llenaron las grandes urbes de cines que competirían con otras formas de entretenimiento como el baile, la música popular, y otros, como el teatro o la ópera, demasiado caros para la gente humilde. La distribución y la exhibición eran dos negocios que daban mucho beneficio, pero pronto unieron a ellos el de la producción y el rodaje de sus propias obras.

Cuando los empresarios del sector, buena parte de ellos judíos de origen asquenazí que habían poblado Nueva York de cines y salas de espectáculos, decidieron trasladar parte de su negocio a California, no lo hicieron pensando en crear una industria floreciente que liderara el sector a escala mundial, sino en un simple ahorro de costes.

California, en concreto la zona de Los Ángeles, tenía ciertos inconvenientes. El número de terremotos era mayor de lo habitual. El viento en ciertas épocas del año era bastante molesto. Sus habitantes no aceptaron demasiado bien a los nuevos vecinos y consiguieron mediante la acción popular de recopilación de firmas que las autoridades locales prohibieran rodar en el casco urbano. Esta medida fue derogada en 1915. Cabe pensar que la preservación de la moral y las buenas costumbres, razón fundamental que esgrimieron los que se opusieron a la presencia en la zona de los estudios, se rindió ante los excesos y también ante el dinero y las oportunidades que suponía la presencia de directores, actores, actrices, guionistas, productores y otra gente de mal vivir.

Sin embargo, las ventajas que vieron los empresarios eran demasiado atractivas. El clima era bastante más benigno que en la Costa Este y en el centro del país, lo que reducía los costes del rodaje hasta en la mitad. Por otra parte, el desarrollo económico de California había conseguido que el coste de la electricidad fuera casi la mitad que el de la media nacional. Así, en 1924, el coste medio estadounidense del kilovatio-hora era de 2,17 dólares frente al 1,42 californiano.

Carl Laemmle, Marcus Loew, William Fox, Louis B. Mayer, los hermanos Warner y otros tantos judíos eran en su gran mayoría inmigrantes o hijos de inmigrantes que antes de dedicarse al cine y a la producción tuvieron innumerables y variopintos trabajos, alguna que otra quiebra, pero sobre todo un espíritu empresarial inquebrantable. Ellos fueron los padres de lo que Hollywood significó y significa: grandes artistas, fortunas inmensas, escándalos mayúsculos, pero, sobre todo, una máquina de sueños y dinero.

Los modelos cambian y sólo los que se adaptan sobreviven. Cuando al final de los años 20 se inventa y empieza a comercializar el sonido, la industria se tambaleó. Las películas “Cantando bajo la Lluvia” (Singin’ in the Rain, 1952) y “El Crepúsculo de los Dioses” (Sunset Boulevard, 1950) muestran los problemas y las consecuencias que tuvieron para los actores adaptarse a la nueva situación. Los que no supieron cambiar la forma de actuar, mucho más visual y tendente a la sobreactuación en el cine mudo que en el sonoro, o aquellos cuyas voces no eran del agrado del público no lo tuvieron fácil.

En 1928 sólo había 1.300 salas de un total de 20.000 con equipos capaces de emitir sonido. Dos años más tarde, eran 30.000 las que podían hacerlo. Los guionistas empezaron a incorporar el diálogo al cine como elemento esencial para transmitir la información, la emoción. El color tardó un poco más en ser comercial. En 1909 ya se había usado en el teatro Palace-Varietè de Londres mediante el sistema Cinema Color que había desarrollado George A. Smith, pero que sólo empleaba dos colores primarios, el verde y el rojo. En 1935 se estrenó “La Feria de la Vanidad” (Becky Sharp), el primer film comercial en Technicolor tricromato (verde, azul, rojo). En 1939, “Lo que el Viento se Llevó” (Gone with the Wind) marcó el punto de inflexión en el que el color empezaría poco a poco a imponerse al blanco y negro.

Todas y cada una de estas novedades supusieron ventajas, pero también tuvieron víctimas: los actores y directores que no se adaptaron al sonido, los guionistas que no sabían o no querían incorporar brillantes diálogos a sus guiones, los exhibidores que no estuvieron rápidos para adaptar sus cines a las nuevas tecnologías, como el sonido primero, y el color después, o los productores que no captaron los nuevos gustos del público.

Los productores que controlaban en muchos casos la distribución y la exhibición de sus obras también empezaron a ceder alguno de estos negocios a otros empresarios interesados en sólo una parte del mismo. No es casualidad que en los años dorados de Hollywood, las estrellas, aunque ganando bastante dinero, estuvieran ligadas fuertemente a las productoras, perdiendo buena parte de su independencia. Cuando con el tiempo el modelo cambió, éstas se impusieron sabiendo que eran las que atraían al público, exigiendo más dinero y protagonismo. Tal circunstancia transformó el cine, generando películas de diferente calidad y periodicidad.

La industria, el arte, los directores, guionistas, actores y actrices son tan necesarios como los empresarios que dirigen las productoras; las pequeñas, las grandes y multinacionales y las alternativas. Fue la visión empresarial la que creó la industria cinematográfica americana y es la ausencia de ella la que terminará matando el cine español y el europeo si se empeñan en vivir de la política y la subvención.

El cine es una industria sujeta a un mercado y como tal debe verse. Las nuevas tecnologías, los gustos variables del público, las novedades, las brillantes ideas permiten una constante renovación y adaptación que ahora parece que empieza a recorrer el camino del 3D, de las tres dimensiones. La manera de transmitir la información, la mayor capacidad de los usuarios de las nuevas tecnologías para copiar los formatos donde se graban las películas, y en general cualquier tipo de dato, hacen que estemos en un momento de crisis; crisis que no impide que los sueldos de algunas estrellas alcancen los 80 millones de dólares. Pero toda crisis no deja de ser un choque entre el viejo modelo que hasta ahora ha sido rentable y el nuevo que aún está por definir, pero que ha empezado a desplazar al anterior.

Hasta ahora, el productor ha controlado la exhibición de sus películas, pero actualmente el usuario final es capaz de acceder a este producto mucho antes, incluso sin su consentimiento. De la misma manera que el cine se enfrentó a la popularización de la televisión, lo tendrá que hacer ahora que se ha popularizado Internet y la tecnología digital. El cine, el arte no están propiamente en crisis. Hoy se están rodando y exhibiendo en el mundo muchas más películas que en ningún momento anterior. Lo que está variando es la manera de verlo y esto afectará a la calidad, a la cantidad y a la forma de vivir de los que hasta ahora se han beneficiado del mercado, de este enorme y maravilloso espectáculo.

Multiculturalismo

La fórmula ha funcionado durante años, pero a decir de Angela Merkel, "por supuesto, la tendencia ha sido decir: vamos a adoptar el multiculturalismo y viviremos felizmente unos al lado de otros, unos con otros. Pero esa idea ha fallado; ha fallado por completo". Por completo no. Se han creado, en el lenguaje eufemístico de allí, "sociedades paralelas". Comunidades distintas, autónomas, colindantes pero separadas. Era una concesión al multiculturalismo, en la confianza en que los trabajadores no estarían muchos años en el país. Pero muchos se han quedado, sin que ello haya supuesto una integración en la sociedad alemana.

¿Quién iba a pensar que una forma de plantear la convivencia que renuncia a la integración haya fracasado en integrar a los inmigrantes? Pues así ha sido. Es cierto que las minorías rusa o china han sabido mantener los lazos con sus culturas con una convivencia sin mayores fricciones en Alemania. Pero algunos de los 2,5 millones de turcos que viven allí están en el corazón de muchos de los problemas de seguridad de aquél país. Alemania está sacudida por la polémica que ha generado un libro de un ex directivo del Bundesbank que señala al islam inmigrado como fuente de los mayores problemas de su sociedad.

El multiculturalismo procede del desprecio por nuestra propia cultura. En una concesión a nosotros mismos, nos otorgamos el mismo valor que a cualquier otro conjunto de costumbres y creencias con las que otras sociedades organizan su vida. Querer mostrar nuestra civilización (la única que merece ese nombre, por otro lado) como superior a las demás sería un ejercicio de "imperialismo" intolerable. Y, por tanto, no nos proclamamos mejores ni mostramos orgullosamente que lo somos ni las razones de ese orgullo. El propio desprecio alimenta el desprecio venido desde fuera. ¿Cómo no podría causar problemas?

Hay conservadores que quieren lograr esa asimilación por la vía rápida: obligando a que aprendan el propio idioma, fomentando debates sobre el verdadero ser nacional o recurriendo a la escuela para inculcar los valores correctos. Pero la clave para la integración es otra. Es la mirada del que llega, que debe ser de una profunda admiración y de un deseo genuino de formar parte de la sociedad a la que se llega. Pero esa admiración debe comenzar por nosotros mismos, que tenemos el deber de conocer nuestra cultura, apreciarla, defenderla y, en lo posible, mejorarla. Una mejor inmigración debe comenzar por nosotros mismos.

Ministerio de Ropa, Moda… y Complementos

Imaginemos. El Estado, preocupado por el enorme gasto de las familias, pone en marcha el Ministerio de Ropa, Moda y Complementos. Al frente, por supuesto, la ex vice, toda una experta en el tema. Así, en la línea de políticas sociales que ayuden a los más necesitados, el gobierno se encarga de suministrar ropa a la población.

Primer paso. Un nuevo impuesto para poder pagar la ropa estatal, así como la creación de una red de almacenes y fábricas textiles, con funcionarios pagados por el Estado, que se encargarían del proceso de fabricación y distribución del producto.

Aunque como opción, en un mix con la iniciativa privada, se podría recurrir a proveedores privados que fabricasen las prendas requeridas por el Estado mediante contratos. Eso sí, algunos dirían que con este sistema existiría la posibilidad de que se dieran casos de corrupción, de que el Estado pagara prendas por encima del coste, de que se pagaran comisiones a partidos políticos a cambio de dichos contratos, de que se dieran negocios a familiares… Las típicas insidias sin fundamento que tratan de dañar a nuestra clase política. No es problema. Nombrando a algún destacado miembro de dicha clase, un Chaves o un Bono, como asesor/supervisor de dicho Ministerio, estas prácticas estarían bajo control.

Segundo paso. Definición de producto. En las elecciones, cada partido propondrá los modelos de ropa que considere más adecuados para los votantes, de forma que el pueblo español podrá elegir las indumentarias que le parezcan más adecuadas de entre aquellas propuestas por los diferentes partidos. O sea, que si gana el PP, la ropa tendrá un toque más o menos pijo, con polos y barbours; si gana el PSOE, cazadoras de pana. Aunque si ha de pactar con IU, también se suministrarán pañuelos palestinos como peaje.

Por supuesto, en cada autonomía los poderes públicos podrán introducir elementos étnico-identitarios propios como chapelas en el País Vasco o barretinas en Cataluña, de obligado uso al igual que los idiomas locales.

Desde el Ministerio, perdón, Secretaría de Igualdad, se pondrá especial empeño en que la ropa “pública” respete la igualdad sexual, creando un “Código de Ropa No Sexista” de obligado cumplimiento, aunque a la vez garantizando el suministro de ropa específica para minorías tradicionalmente marginadas como los homosexuales (cuero y gorras de plato), los musulmanes (burkas y chilabas) o los “perro- flautas” (mallas).

Adicionalmente, desde las diferentes instituciones de la "Juventud” que hay en cada autonomía y municipio, se llevarían a cabo estudios sobre las preferencias indumentarias de los jóvenes para, según la tribu urbana a la que pertenezcan, suministrarles el equipamiento adecuado.

Por otro lado, el Estado suministraría unas prendas determinadas en función de la climatología de cada zona, asesorado por el PICC (Panel Intergubernamental del cambio climático). Así, a un ciudadano de León le correspondería una pelliza, mientras que de Despeñaperros para abajo dicha prenda sería sustituida por una cazadora de algodón.

Y no nos olvidemos de la ropa deportiva. En cada municipio, región o autonomía, el gobierno suministrará merchandising de los equipos representativos de la zona. Así, la Generalitat proveería a sus jóvenes de equipaciones con los colores del Barsa; en el País Vasco lucirían camisetas del Bilbao, etc. En Madrid, se suministrará ropa del Real Madrid, lógicamente, aunque también se podría conseguir ropa del Atleti, pero, eso sí, acogiéndose a la categoría de “Minoría Discriminada” a la que me he referido en un párrafo anterior.

Pero la iniciativa privada podrá seguir existiendo. La gente de dinero, políticos, sindicalistas, etc., tendrían a su disposición todo tipo de establecimientos privados y modelos exclusivos, mientras que el resto se vería obligado a vestir la ropa que el Estado generosamente les concede y que ellos financian con sus impuestos, pues lógicamente, al serles descontado de su renta el dinero para fabricar la ropa “pública”, el ciudadano medio español no dispondría de dinero para recurrir a dicha iniciativa.

Bueno, vale ya de decir chorradas. ¡Menudo disparate! ¿Cómo va a encargarse el Estado de la ropa? Es absurdo, ineficaz, carísimo y derrochador, es un foco de enchufismo y corrupción, atenta contra la libertad individual…

Pues esto mismo pasa con la Educación.

El 29-S no es suficiente

Partiendo de la base de que no me parece que una huelga general convocada por unos sindicatos estatales acabe siendo beneficiosa para las personas ni para la economía de un país en absoluto, sí que creo que la huelga del día 29 ha tenido algún aspecto positivo (aunque no suficiente como explicaré después). A saber: que la gente ha podido comprobar el modus operandi real de los sindicatos. No el teórico, sino el real.

Empezando con su retórica marxista rancia y caduca del siglo XIX. Desde luego, hay que estar muy trasnochado para hablar de “transformar las estructuras de poder”, de “explotación y opresión de los obreros por parte del capital”, de los “conflictos de clase” o de la “solidaridad de la clase obrera”. La gente del siglo XXI los percibe como meros clichés carentes de toda relación con la realidad.

Además, el pasado día 29 se pudo saber exactamente la función de los piquetes: intimidar y coaccionar a personas libres. La mayoría de los trabajadores han sufrido esta forma de hacer de los sindicatos, y se han dado cuenta de sus métodos violentos e injustos. De poco vale que se le aplique el adjetivo de “informativo”. Porque, ¿de qué nos quieren informar? ¿De que se ha convocado una huelga? ¿De los motivos de la misma? Entiendo que ellos están situados en pleno siglo XVIII, pero los demás terrícolas estamos viviendo en plena sociedad de la información y la tecnología. No solamente no necesitamos que nos informen justo el día de la huelga, sino que además han tenido mucho tiempo para ello.

Es fácil comprender que son meras excusas para intentar enmascarar las agresiones sindicales. La violencia de los piquetes y sindicalistas no siempre es física. También es verbal o psicológica, intimidando y amenazando con represalias o venganzas a aquellos trabajadores que expresen su deseo de ir a trabajar el día de la huelga.

Es curioso que a los sindicalistas se les llene la boca hablando de Estado de Derecho, cuando en realidad son un grupo muy minoritario de la sociedad que utiliza métodos violentos para coaccionar a los que no piensan como ellos. Curiosa manera de defender al trabajador.

Sólo por esto, creo que la huelga no ha sido en vano. Pero es insuficiente. La aristocracia sindical no perderá poder sobre la sociedad hasta que se les derrote moral e intelectualmente.

Moralmente, por dos razones. Primero, porque su existencia se debe única y exclusivamente a las subvenciones. Sólo en 2009 el gobierno destinó a los sindicatos la friolera de 193 millones de euros (para comprar su silencio por el 20% de paro, se supone). En una sociedad libre, las organizaciones y empresas se financian voluntariamente, pero los sindicatos saben perfectamente que ellos no se pueden regir por reglas de libre mercado, voluntariedad y la libertad de elección. Ellos deben seguir una estrategia de coacción y obligatoriedad (a través de medios políticos), porque con simplemente un 10-15% de trabajadores afiliados les sería imposible existir. La sociedad le está diciendo a este tipo de organización que no es útil, que no es rentable y que está desperdiciando los valiosos recursos escasos de que dispone (capital y trabajo) en unos proyectos deficientes en lugar de destinarlos a otros más demandados y prioritarios. Y esto va ligado con la segunda razón moral: con un 10-15% de afiliados, representan y toman decisiones por el 85% de los trabajadores españoles. Si esto es libertad y si esto es defender la libre voluntad del trabajador, ¡venga Dios y lo vea!

La derrota intelectual debe venir del rechazo de su ideología en lo que al mercado de trabajo se refiere. Mientras la gente piense que medidas como el salario mínimo, aumentar el coste del despido, la rigidez de salarios, la discriminación positiva y las pensiones públicas son beneficiosas para la sociedad, los sindicatos existirán. Así de simple. Existirán porque la gente creerá que de la acción sindical se derivan medidas positivas para todos, por muy mafiosos que éstos sean. La gente hará la vista gorda en cuanto a los piquetes porque pensará que, a pesar de todo, sale beneficiada.

Por todo ello, creo que las cosas cambiarán drásticamente cuando se elimine la ignorante idea de que los sindicatos benefician al trabajador (o a alguien que no sean ellos mismos). Hay que darse cuenta y mostrar que su función dentro de la sociedad es nefasta y contraproducente para todos… menos para ellos.

Tras el fracaso de la huelga, a por los sindicatos

Estoy de acuerdo con todos los que confirman el fracaso del 29-S porque hay más razones a favor de ello que en contra. Especialmente concuerdo con Jiménez Losantos que, como muy pocos de los periodistas con fama, ha sabido señalar la falacia sindical. Han sido diferentes las herramientas que los hombres libres (preferiría no tener que defender el carácter general de este género) han utilizado para evitar a las mafias subvencionadas, aunque en todos los casos ha sido el factor humano el que ha dado el impulso básico para la victoria, como siempre ha sido.

Para sortear los atentados sindicales a la libre circulación por las carreteras, muchos han sido los que han utilizado las tecnologías de la información, la comunicación y la localización. ¿Qué mejor instrumento que un GPS para que una universitaria encontrara rutas alternativas por las que llegar a sus clases, evitando los cortes de los impunes violentos? Rutas que, por cierto, los sindicalistas seguro que ni conocen, pues de su sede hasta la puerta del político se va por autopista y en Audi A8, propiamente.

Para saltarse el cierre forzoso otros han usado el viejo método de abrir el negocio en cuanto el piquete se había ido. Otros, quienes han podido, han incrementado la productividad de la oficina en las fechas previas a la convocatoria para suplir las horas de trabajo a perder el día de autos. Tiene de inconveniente esto que el perverso efecto publicitario de la huelga no quedó impedido, pero, al menos, España no va a peor económicamente a causa de los sufridos oficinistas.

Muchos otros, haciéndose eco del llamado de Juan Ramón Rallo, o sin haberlo leído, porque se les ocurrió al impulso de su sentido cívico, han fotografiado las coacciones sindicales, grabado los insultos y publicitado el desafuero de los indecentes. También aquí la tecnología se revela instrumento de las libertades.

Pero las herramientas son eso, ni más ni menos. Si no las hay, no se pueden usar, obviamente, aunque es posible idear medios para escapar del liberticidio. Pero aunque dispongamos de ellas, se precisa tener la conciencia clara para hacerlo. Fue, una vez más, la creatividad humana, la función empresarial del hombre, a decir de Huerta de Soto, la que produjo un bien apreciadísimo llamado "fracaso sindical", es decir, triunfo de la "ética de la libertad".

Toda buena acción, reiterada, ha de producir estados sólidos de pensamiento y, con ellos, pautas sociales de acción, pautas que reproduzcan una y otra vez conversaciones antisindicales, comentarios antisindicales y afirmación hasta la saciedad de la libertad de trabajar por encima de la coacción. Es con pautas como se forman instituciones sociales sólidas, como la propiedad privada o la libertad de expresión, y es con pautas como se derriban las opresiones, que son la contracara de los derechos y de las libertades. Por eso es por lo que hay que ir más allá en el acoso y derribo a los acosadores, es decir, a los sindicatos.

Hay que acabar con la existencia de liberados sindicales, es decir, con una especie parásita que vive, bien de su empresario, bien de su administración pública, aportando solamente destrucción de derechos e improductividad. Hay que acabar con las subvenciones, por supuesto, y sustituir la protección constitucional a los sindicatos por una separación constitucional sindicatos-Estado.

Porque siempre hay que acabar con el mal para que el bien tenga asiento en su lugar, es decir, entre nosotros.