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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Los fundamentos del poder sindical

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Todavía hoy sorprende la influencia que tiene la casta dirigente sindical (principalmente de UGT y CCOO) a pesar de los magros índices de afiliación de los trabajadores (y funcionarios) a los sindicatos.

Hemos visto con estupor cómo un apaño "acordado" entre el gobierno, esos dirigentes sindicales y los de la organización hermana entre los empresarios (la CEOE) para recortar las pensiones de jubilación presentes y futuras se celebraba con alborozo en la prensa del neomovimiento. Pocos reparan en las evidentes similitudes de esa manera de tomar decisiones colectivas con las propias de los estados corporativos fascistas, tan denostados sin saber por qué por el "progresismo" hispano. Ese regusto antiparlamentario de canalizar la voz del pueblo a través de órganos de representación –natural, se atrevieron a decir los ideólogos del primer franquismo, respecto a la "familia, el municipio y el sindicato"– distintos a las asambleas democráticas se encuentra, no obstante, en la contradictoria Constitución española de 1978.

Dependiendo de las caprichosas y variables necesidades del gobierno, pueden pisotearse los derechos fundamentales, pero, si se trata de las prescripciones para la planificación económica concertada con los "agentes sociales" que asoman en los apartados relativos a la constitución económica (Arts. 128 a 131), no cabe discusión alguna.

Asimismo, la estúpida consigna del "diálogo social", cuando se trata de imponer sordina al planteamiento de alternativas al modelo de seguridad social heredado del franquismo, atenaza como una camisa de fuerza a los dirigentes del partido de la domesticada oposición. No en vano, durante su estancia en el gobierno, participaron en ese pasteleo, aunque, ciertamente, no consiguieron romper la estrecha cooperación de los sindicatos mayoritarios con socialistas y comunistas. Aunque parezca algo lejano, como respuesta a las zalamerías gubernamentales, los sindicatos convocaron dos huelgas generales: una contra la guerra (de Irak, claro) y otra contra una fallida reforma laboral.

De cualquier modo, debemos remontarnos en el tiempo para encontrar una Ley de Libertad Sindical, aprobada en 1985 durante el primer mandato de González Márquez, que abrió las puertas a los privilegios sindicales que ya se atisbaban en el estatuto de los trabajadores. Si bien los socialistas españoles se abstuvieron de introducir trapacerías del estilo de los closed shops británicos, es decir, la exigencia de afiliación a un sindicato para trabajar en una empresa, sentaron las bases del poder posterior de estos auténticos apéndices del estado. Ya entonces se dio pábulo a la aparición de liberados (del pesado trabajo) por doquier; se estimuló el predominio en grandes empresas de los sindicatos más proclives a los socialistas (a pesar de la pugna puntual con Nicolás Redondo Urbieta, secretario general de UGT, por la reducción de las pensiones de 1985), se abrió paso a la percepción de un canon sindical por la negociación colectiva (sustituida en la práctica por los "clavos" en los EREs), se declaró la inembargabilidad de las cuotas sindicales, la práctica irresponsabilidad de los sindicatos por actos de sus afiliados (¿quién paga los destrozos de las huelgas y "las jornadas de lucha"?) y el anuncio de un régimen fiscal excepcional. En este sentido no tiene parangón –ni siquiera los partidos políticos gozan de ese privilegio– el hecho de que las cuotas sindicales sean un gasto deducible de los ingresos derivados del trabajo, a efectos del Impuesto sobre la renta (IRPF), del mismo modo que las cotizaciones a la seguridad social.

No obstante, la voracidad de estas criaturas del estado del bienestar se demostró insaciable. Al poco tiempo de su primera estancia en el poder, el gobierno hermano, en vez de subastar y repartir proporcionalmente el producto de la venta entre los trabajadores y empresarios forzados a contribuir a su sostenimiento, promovió una suerte de rapiña del patrimonio inmobiliario de la Organización Sindical a favor de los privilegiados sindicatos más representativos (UGT y CCOO, pero también ELA-STV). Gracias a la aprobación de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado y su reglamento, esos sindicatos (y en menor medida la organización empresarial CEOE) se subrogaron en la posición del antiguo sindicato vertical como propietarios de un ingente patrimonio que se había adquirido, en parte, con las citadas contribuciones obligatorias.

En aquella época, cuando las palabras "social", "solidaridad" y "colectivo" adquirieron pleno significado, nos enteramos de que los sindicatos asumirían técnicas de gestión modernas y nuevos retos para prestar servicios a sus afiliados y a la sociedad. Nacieron la cooperativa de viviendas PSV (Promotora Social de Viviendas) y su gestora IGS (Iniciativas de Gestión del Suelo), como muy bien recordará el actual Ministro de Trabajo, encargado en 1994 de rescatar con dinero ajeno del Instituto de Crédito Oficial (ICO ) a la UGT de las responsabilidades civiles que debería haber asumido por auspiciar aquella empresa frente a los 20.000 cooperativistas perjudicados. Así lo reconoció la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2003, que mantuvo, no obstante, la condena a Carlos Sotos por apropiación indebida.

Lejos de saciar ese apetito, los sindicatos y las organizaciones empresariales demostraron una capacidad camaleónica para gestionar las subvenciones destinadas a formación por el Fondo Social Europeo (F.S.E), cuya caja abrieron los gobiernos entusiasmados. Cuestión distinta era la formación.

Ni por esas. Los sindicatos no han perdido la ocasión de acaparar otras subvenciones diversas del Estado y de recibir más dinero de las expansivas Comunidades Autónomas. La promiscuidad o el nepotismo más obsceno alcanzarían ribetes desternillantes en lugares como Andalucía, si no fuera por la gravedad de algunos de los delitos que se cometen. Pero hay más. En 2005 el gobierno socialista dio una nueva vuelta de tuerca. Nada menos que mediante un decreto-ley, aprobó el reparto inmediato entre estos parásitos del llamado patrimonio sindical histórico. No debe sorprender que tiempo después el presidente de ese gobierno reclamase al sindicato más beneficiado (UGT, cuyas siglas existían ya durante la II República) su "cariño" y "apoyo".

El viscoso régimen partitocrático forjado durante los treinta y tres años de evolución de la Constitución de 1978 –la cual, por cierto, resulta ya irreconocible– transformó el antiguo sindicato vertical en tres pivotes que sustentan una parecida estructura clientelar. En algún momento, los españoles deberán acometer la labor de desembarazarse de esta estructura parasitaria que drena sus recursos y limita tanto sus libertades como sus posibilidades de prosperar. Ahora bien, ese desmantelamiento debe partir de un conocimiento de los mimbres reales de ese poder sindical, una concienciación de su perversidad y una propagación de la necesidad de doblegarlo. A continuación, una vez que el asunto forme parte del debate político democrático, acaso no sea tan difícil dar pasos efectivos. Pronto tendrá lugar un relevo generacional masivo de la esclerotizada nomenclatura de prebostes políticos y sindicales que han disfrutado durante tanto tiempo de esta situación. Quienes lleguen nuevos a la política tendrán menos cortapisas para acabar con esos intereses creados y reformar decididamente este tinglado, más aún en un momento de austeridad necesaria.

Chapó, Álex

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Ni mucho menos. Somos muchos los que, desde hace años, ansiábamos escuchar a alguien de peso perteneciente al sector cinematográfico español defender, aunque fuese mínimamente, algunas de las ideas expresadas el pasado fin de semana por este brillante director.

Su intervención, sin duda, dejó boquiabiertos a propios y extraños. Sus palabras marcan un antes y un después, ya que reconoció lo evidente y admitió lo inevitable. Esto es, que el cine atraviesa una profunda e irreversible "crisis". Y el término crisis, como bien definió el propio De la Iglesia, significa "cambio, y el cambio es acción". O adaptarse o morir. No hay más.

Supongo que De la Iglesia, al igual que el 99% de los cineastas y actores españoles, defenderá las subvenciones públicas e, incluso, imagino –lo desconozco– que, al igual que la mayoría del sector, apoyará el intenso intervencionismo estatal que históricamente persiste en este particular ámbito que muchos engloban bajo el concepto de "cultura" y yo prefiero calificar de "ocio". Ni lo sé ni me importa. Su discurso fue vibrante, pasional, sincero, realista, muy valiente y, por encima de todo, netamente liberal, lo cual supone todo un hito en boca de un artista. De ahí, precisamente, que sus palabras no hayan dejado indiferente a nadie –más de 440.000 visiones en YouTube así lo certifican–.

Y es que las perlas que lanzó De la Iglesia ante lo más granado del cine español y la cúpula gubernamental, artífice de esa apisonadora de libertades llamada Ley Sinde, suponen una auténtica revolución, en el mejor sentido de la palabra. Lean con atención.

"Somos parte de un todo y no somos nadie sin ese todo". Se refiere al público, es decir, al mercado, único actor legítimo para sustentar su actividad y, por tanto, llenar sus bolsillos. Así, "una película no es película hasta que alguien se sienta delante y la ve […] Sin público esto no tiene sentido, no podemos olvidarlo jamás".

Para, a continuación, añadir que "la esencia del cine se define por dos conceptos: una pantalla y una gente que la disfruta". Cabe destacar que en ningún momento alude al tipo de "pantalla" en la que poder visionar una película, tratando así por igual al cine, la televisión o el ordenador.

Tras este ligero aperitivo cargado de sustancia, De la Iglesia empezó a desgranar su plato estrella, el meollo del debate que subyace en el sector desde hace años: "Internet ha revolucionado el mercado del cine"; que se vean o no películas ya no es sólo "cuestión de llevar a la gente a las salas"; "internet no es el futuro, como algunos creen, internet es el presente"; "de las decisiones que se tomen ahora dependerá todo"; "nada de lo que valía antes vale ya"; "las reglas del juego han cambiado", sentenció.

Y tras el plato (o palo) fuerte, para deleite de muchos y desgracia de los menos –los allí presentes, incluida Sinde y Pajín–, el cineasta procedió a servir el postre en bandeja de plata: "Estamos en un punto de no retorno y es el momento de actuar. No hay marcha atrás"; "los internautas son nuestro público. Ese público que hemos perdido no va al cine porque está delante de una pantalla de ordenador. No tenemos miedo a internet poque internet es, precisamente, la salvacion de nuestro cine".

Para terminar, café y deliciosas pastas: "Sólo ganaremos al futuro si somos nosotros los que cambiamos, los que innovamos, adelantándonos con propuestas imaginativas, creativas, aportando un nuevo modelo de mercado que tenga en cuenta a todos los implicados […] Se necesita una crisis, un cambio, para poder avanzar hacia un nueva manera de entender el negocio del cine".

Se puede decir más alto, pero no más claro. Desconozco el "nuevo modelo de mercado" que ondea en la mente del cineasta, si es que tiene alguno, pero su discurso, este discurso, supone ya de por sí un cambio de rumbo radical digno de alabanza y admiración. Por todo ello, ¡bravo Alex! Chapó.

Las subvenciones matan el ingenio

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Dice así: [Las subvenciones son necesarias] porque si no existieran, no podrían hacerse las cosas. Ni en el cine, ni tampoco en otras muchas actividades económicas".

En realidad, ya de entrada, la frase es una contradicción en los términos. Las actividades que no pueden desarrollarse sin subvenciones no son económicas, sino antieconómicas. Son la negación misma de la economía, esa ciencia que tiene como propósito destinar nuestros escasos medios a la satisfacción de nuestras más urgentes necesidades. Subvencionar es subvertir el orden de prelación de nuestros fines: despilfarrar medios escasos en la consecución de necesidades superfluas, de necesidades mucho menos urgentes que otras que, a causa de la subvención, quedarán insatisfechas.

No sé si los españoles, que son quienes han pagado coactivamente Pa Negre, valoran lo suficiente la película como para renunciar a otras de sus necesidades. Ni lo sé yo, ni lo sabe nadie: para eso está el mercado, para que la gente vote y se pronuncie. ¿Que Pa Negre es rentable? Entonces es que la gente valora más ese producto que los bienes alternativos que podrían haberse fabricado con los recursos que ha empleado y, en tal caso, más que subvenciones necesita una buena comercialización. ¿Que no lo es? Entonces es que los bienes y servicios que no se han llegado a crear por alumbrar Pa Negre resultaban más valiosos que la película y, por tanto, no debería subvencionarse.

Que Villaronga no conciba su trabajo sin subvenciones dice poco del atractivo que espera que le vayan a asignar los españoles a su filme. Pero dice mucho del efecto anestesiante que tienen las subvenciones. En un mercado libre, el empresario se esfuerza continuamente por conseguir que sus productos resulten de interés. Su escasa imaginación no es excusa para que se pasen por el forro los deseos de los consumidores, sino que representa una creíble amenaza de que serán expulsados del mercado a menos que se busquen las habichuelas para producir los bienes que los consumidores demandan con mayor urgencia.

La sinceridad de Villaronga es pues de agradecer: ni sabe cómo crear cine que agrade a los españoles… ¡ni falta que le hace! Las subvenciones matan el ingenio y permiten que los empresarios ineficientes se adormezcan subyugando a los consumidores. Tan destructoras son que el cine español ni se imagina cómo sería el mundo fuera de la subvención: es imposible; punto final. Bueno, entonces será que deberán ir dedicándose a otras cosas que probablemente les resulten a ustedes menos agradables y peor remuneradas pero que los consumidores sin duda apreciarán más. O eso, o aprendan a hacer cine de calidad que sobreviva sin desplumar al contribuyente.

O integración o multiculturalismo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Y añadió que el concepto de multiculturalismo es un "fracaso". Si le suenan estas palabras es porque cinco días antes el primer ministro británico David Cameron había criticado "la doctrina del multiculturalismo de Estado", con estas palabras: "No hemos sido capaces de dar una visión de la sociedad a la que apetezca pertenecer. Incluso hemos tolerado que esas comunidades se comporten de un modo que va en contra de nuestros valores". Y si a su vez estas palabras le despertaban un rincón de la memoria sería porque a mediados de octubre Angela Merkel, la canciller alemana, había dicho de la política "multikilti" de "vivir en comunidades adyacentes" había "resultado en fracaso". Y John Howard en Australia o José María Aznar en nuestro país habían dicho cosas parecidas.

El multiculturalismo no existiría sin dos ideas que son netamente de izquierdas. La primera es que el individuo no existe, que sus decisiones no son tales y que si tiene algo real es de prestado, pues lo que le define es su cultura. Todo es cultura, y ésta es un fenómeno colectivo. La segunda idea es el relativismo. No hay valores absolutos, pero es que tampoco hay valores que sean mejores que otros. Por lo que tampoco hay culturas superiores o inferiores, sólo son formas distintas, alternativas, de organizar la vida en común. Imponer nuestros valores sería un crimen, y aceptar tal cual viene la cultura que cruza nuestras fronteras es un acto debido, merced a la tolerancia. Una "tolerancia" mal entendida y que no se tiene con nosotros. Nuestra civilización, la única que de veras merece ese nombre, es el precipitado de todo lo que la izquierda odia sinceramente. Y unas cuantas cuñas clavadas desde culturas distintas sólo pueden venir bien si sirven para minar lo que hemos heredado.

¿De veras ha fracasado? La pregunta es ¿de veras podía ser el objetivo de esa política integrar a los inmigrantes? El multiculturalismo es una política de segregación cultural que renuncia, por principio, a la integración. Si la confluencia de comunidades distintas se une a la crítica permanente a la del país de acogida, ¿no es inevitable que surjan conflictos? ¿No es imposible que surja de ahí un entendimiento, una concordia? La integración no es una cédula que se entrega al que llega, sino un acto voluntario del inmigrante de formar parte de la sociedad de acogida. Y esto sólo se puede producir si la sociedad es lo suficientemente orgullosa como para que tenga que hacer un esfuerzo. O integración o multiculturalismo, no hay otra.

Confianza que inspira desconfianza

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Al final, pues, todos nuestros problemas se reducirían al consabido estoloarreglamosentretodismo. La concordia nacional, de PSOE a PP y de sindicatos a patronal, sería el mejor bálsamo para nuestros males y permitiría recolocar a esos cinco millones de personas en empleos de calidad. Conocida, por tanto, la fórmula mágica, huelga preocuparse por nada más. Los flashes de las cámaras, los apretones de mano y el cambio de gobierno obrarán milagros por sí mismos. "Reforma laboral, ¿para qué?", responden al unísono el falsario socialista que aprendió economía en dos tardes y el enigmático socialista-bis que arregla todo entuerto en dos años.

Se ve que nada tendrá que ver con nuestro rigidísimo mercado laboral que el PIB alemán cayera entre 2007 y 2009 un 3,7%, y pese a lo cual su tasa de paro se redujera del 8,3% al 7,5%, y que el nuestro, minorándose un 2,9%, provocara un aumento del desempleo del 8,2% al 18%. Será que los germanos, muy orgullosos ellos, no perdieron nunca la confianza en sí mismos y que nosotros, melodramáticos españoles que no sabemos valorar los líderes de que gozamos, nos deprimimos a las primeras de cambio.

Mas déjenme que apunte a un detalle sobre el que, tal vez, los partidarios del trinomio confianza-crecimiento-empleo no han recaído. La economía crece cuando aumenta la producción de bienes y servicios, y la producción de bienes y servicios aumenta o cuando el número de empleados se incrementa o cuando los que hay se vuelven más productivos. Relacionar lo primero con la creación de empleo equivale a confundir causa y consecuencia: no es el crecimiento lo que crea empleo, sino el empleo lo que engendra crecimiento. Relacionarla con lo segundo tiene más de esperanza que de ciencia: ninguna conexión automática existe entre que la mayor productividad (y mayor poder de compra) y la creación de empleo; sin reestructuraciones sectoriales, sólo si esa mayor productividad se destinara a demandar los carísimos bienes y servicios que venían produciendo los desempleados –¿inmuebles?–, el paro comenzaría a menguar. Lástima que las burbujas, cuando pinchan, lo hagan por varias décadas.

Señores políticos, confíen menos en la confianza y más en la flexibilidad del libre mercado. Vamos, preocúpense menos por conservar o regresar al mullido sillón y al coche oficial y más por retirar las cadenas sindicales y administrativas que han extendido sobre nuestras empresas.

Las reformas de que no habla Rajoy

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Hace dos fines de semana ante su propio partido. El último en el diario El Mundo. El domingo dejó caer, ante Casimiro García-Abadillo, un puñado de propuestas que el periódico de Pedrojota, por darle algo de relevancia, ha convertido en un decálogo. La vieja veneración a los números perfectos. No es que estén mal. Pero son mucho más interesantes las reformas que no se atrevió a proponer. A saber:

La liberalización de la economía. La sociedad está atada por infinidad de regulaciones medioambientales, de calidad, sanitarias, laborales, que echan a perder valiosísimos esfuerzos empresariales y laborales, bien porque se destinan a aspectos que no son tan necesarios, bien porque no llegan a realizarse nunca. Simplemente desatando la economía con una regulación más racional (es decir, menor), seremos más ricos. Y el Estado mejoraría sus ingresos, sin necesidad de subir los impuestos. De todas ellas, junto con la medioambiental, la regulación que más daño está haciendo a España es la laboral, responsable de gran parte de la lacerante cifra de paro que sufrimos. Y ello incluye eliminar el salario mínimo.

Reformar el Estado Providencia. El Estado asistencial nos hace menos responsables ante nuestro propio futuro y rompe la solidaridad natural que lleva a preocuparnos por los que tienen necesidades insatisfechas a nuestro alrededor, en la confianza de que de todo ello se ocupará el Estado. Además, el Estado vierte sus ayudas en grandes paquetes, sin entrar en cuál es el comportamiento de las personas que las reciben. Y lo que remedia la pobreza no es el dinero, como creen los socialistas, sino el comportamiento. Por eso la caridad privada triunfa donde fracasa el Estado de Bienestar. Como primera medida, propongo eliminar todo rastro de gasto asistencial y dedicar la cantidad que cueste a repartirlo de forma equitativa entre los ciudadanos. Nos liberaríamos de centenares de miles de funcionarios que seguro que están deseando hacer algo útil a la sociedad, y el resultado sería menos dañino que lo que tenemos.

Acabar con el sistema público de pensiones. Percibir una pensión de 5.900 euros al mes es argumento suficiente.

Reformar los servicios públicos. Tanto en Sanidad como en Educación se puede dar más cancha a la iniciativa privada directamente o por medio del bono, sanitario o escolar. Éste aseguraría el acceso de estos servicios a todo el mundo, independientemente de su renta, y favorecería la competencia.

Un Estado federal. Mariano Rajoy ha dicho que las autonomías, "ni tocarlas". Pero todo el mundo reconoce que son una oportunidad para el politiqueo, para la generosidad con el dinero ajeno, para el gasto como si no hubiese futuro (más allá de las próximas elecciones, es decir), para el despilfarro y el empobrecimiento de todos. Si todo el mundo lo sabe, ¿por qué no optar por una solución eficaz y que enfrentaría a cada gobernante regional con sus propios ciudadanos a la hora de pedir dinero? Más, cuando fomentaría la competencia fiscal y en la prestación de servicios, y todo ello sin necesidad de incurrir en costosísimas duplicidades.

Una reforma fiscal. Hay que disociar el nivel de gasto de las partidas a las que se destina. Se podría separar la tramitación parlamentaria de los Presupuestos en dos fases. Una en primavera, donde se fijaría el nivel de gasto, sin posibilidades de revisión al alza. Otra en otoño, cuando se debatiría cómo se reparte ese gasto. De este modo se debatiría al comienzo de año qué nivel de gasto se puede permitir la economía y al final el aumento de una partida tendría que ser a costa de otra. Y como impuesto un tipo marginal único sin desgravaciones, único para familias y empresas.

Reforma energética. Que consistiría en dejar caer las energías que no se han ganado el derecho a competir, porque son brutalmente caras, hasta que se hagan competitivas. Y permitir el desarrollo de las que sí lo son, como la energía nuclear. Rajoy habla de alargar la vida laboral de las centrales, pero se debería permitir a cualquier empresa abrir nuevas centrales, si considera que España las necesitará.

A Mariano Rajoy le falta el conocimiento, el convencimiento o el patriotismo necesarios para plantear los cambios que necesita nuestro país. Y eso que sólo hablamos de economía.

Emprendedores destructores

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

La figura del emprendedor es tal vez la principal característica de la teoría económica austriaca. El emprendedor es el verdadero pivote sobre el que se sustenta toda la dinámica del mercado, el que hace que las distintas magnitudes económicas se "muevan" en el sentido que predicen los distintos teoremas.

No se olvide que la teoría económica austriaca se basa en la acción humana, y esta es necesaria para que se fijen precios, cantidades, tipos de interés y estructuras productivas. Pues bien, es el emprendedor, mediante su actuación, el que impulsa todo ello para que se adapten a las preferencias manifestadas por los individuos.

Lo que mueve al emprendedor es la posibilidad de obtener beneficios, sean monetarios o psíquicos, o una combinación de ambos. En un mercado no intervenido, la única forma de conseguir beneficios es la identificación de recursos infravalorados para, a continuación, ponerlos en valor mediante el proceso productivo adecuado (p. ej., mediante la combinación con otros factores). De esta forma, el emprendedor es capaz de retener para sí la diferencia de valor creada, en tanto otros emprendedores no le imiten de una u otra forma, y hagan que el valor de los recursos se actualice para reflejar el nuevo uso hallado.

Desafortunadamente para el emprendedor, el proceso está sujeto a incertidumbre. Esto hace que, en lugar de los deseados beneficios, su apuesta pueda dar lugar a pérdidas. En efecto, el emprendedor ha de acopiar los recursos que presume infravalorados antes de combinarlos y ponerlos a la venta en su nueva forma. Ello implica que ha de hacer un sacrificio de sus propiedades actuales, que podrá o no verse recompensando en el futuro. Si su apreciación era equivocada, sufrirá pérdidas, y en lugar de aumentar el valor de los recursos, lo habrá destruido.

Así pues, no todos los emprendedores son constructivos, los hay que también destruyen valor. Lo que ocurre es que en el mercado libre, los emprendedores destructores tienen sus días contados: conforme se van equivocando, su propiedad desaparece, así como el crédito que podían tener entre sus allegados, y eventualmente les es imposible seguir emprendiendo. Es la forma educada en que el mercado les dice que se han de dedicar a otra cosa. El "daño", por tanto, que un emprendedor destructor pueda hacer en el libre mercado está muy acotado; realmente, el principal perjudicado será él.

Me apresuro a aclarar que la calificación de "destructor" no se emplea con ningún matiz peyorativo. En el libre mercado, no hay ningún emprendedor que quiera ser destructor, solo lo es a posteriori. Y tanto respeto merece el que acierta como el que se equivoca, pues ambos pretendían legítimamente mejorar su posición mediante la mejora del bienestar de los demás individuos.

Sin embargo, la situación es completamente distinta cuando el mercado está intervenido. Recuérdese: lo que mueve al emprendedor es la posibilidad de obtener beneficios, no que se revaloricen los recursos. Esto último es la consecuencia lógica en un mercado libre.

En un mercado intervenido, el emprendedor también busca beneficios. Pero en este caso aparecen posibilidades inexistentes en el mercado libre, relacionadas con la regulación que imponen los gobiernos. El emprendedor no tiene (necesariamente) una perspectiva económica de la realidad: para él, es indistinto que la oportunidad venga de las preferencias de los individuos, o de las injerencias gubernamentales. No se plantea la diferencia, y trata de aprovecharla si la detecta.

Es más, puede ser activo y emprendedor en la generación de la regulación que precisa para obtener sus fines. Dicho de otra forma, puede que detecte oportunidades de negocio, no ya en la normativa existente, sino en la posibilidad de incentivar la creación de nueva normativa. Ejemplos los hay a patadas. Estoy seguro de que a muchos les sorprendería conocer el origen de muchas iniciativas del "regulador", hechas aparentemente con el fin de mejorar el bienestar de los ciudadanos.

¿No es una maravillosa oportunidad de negocio que todos los conductores estén obligados a llevar chalecos reflectantes en sus vehículos? ¿O que solo se pueda consumir alcohol en recintos cerrados? ¿O que solo haya un número determinado de farmacias por área? ¿O que solo puedan diseñar edificios los arquitectos titulados? ¿Qué decir de las limitaciones para instalar plantas fotovoltaicas?

Aquí tenemos otra instancia del emprendedor destructor, que detrae recursos hacia usos menos valorados por la sociedad. Pero, contrariamente a lo que ocurre en el mercado libre, este emprendedor destructor sí es capaz de obtener beneficios y mantenerse en el sistema. Por ello, su actuación es mucho más dañina para sus congéneres.

De todas formas, estas líneas no pretenden cargar contra este tipo de emprendedor destructor. No: los individuos emprendedores son una bendición para cualquier sociedad. Este tipo de personas va a emprender allá donde encuentren una oportunidad de hacerlo, y no se va a parar a mirar el origen de la misma. Lo importante es que toda su potencia como emprendedor se dirija allá donde es más útil para los demás individuos. Y esto solo ocurrirá en ausencia de intervención gubernamental que les proporcione oportunidades "destructivas".

Valga esto para contestar a todos los que piensan que en España no hay emprendedores. Sí los hay, y tan buenos como en el resto del mundo. Lo que pasa es que muchos de ellos son especialmente efectivos en generar y atrapar oportunidades de negocio procedentes de la regulación. Elimínense estas posibilidades, y esos mismos tipos que ahora denostamos se transformarán en inmensa fuente de riqueza para todos.

4,5 millones de razones para acabar con la rigidez laboral

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

La trayectoria de ambos países no puede ser más desigual, no sólo en cuanto a contención del déficit y austeridad presupuestaria, sino también en la capacidad de adaptación ante el shock que para las economías ha supuesto la crisis.

No es nuevo que España todavía vive inmersa en los efectos de una burbuja que Alemania, mal que bien, supo capear durante su gestación y, sobre todo, durante su pinchazo. A la postre, los problemas de nuestro país no sólo le vienen de lo mal que lo hizo durante los años de la fiesta loca de la burbuja crediticia engendrada por los bancos centrales, sino también durante los últimos cuatro años de crisis. El recetario que el dogma socialista nos impuso –gasto público y rigidez en los mercados– ha sido destructor para nosotros y también incluso para nuestros vecinos; pues si hoy Alemania sufre por algo es por el incierto futuro de sus deudores y, en especial, de España.

¿Pero tan mal lo hemos hecho los españoles como para sufrir esta sangría laboral? ¿Tanta diferencia hay entre nosotros, el milagro europeo por antonomasia, y los fracasados teutones, esos a los que ya deberíamos haber superado en renta per capita? Pues sí. Miren si no la evolución de los costes laborales ajustados por inflación entre 2001 y 2009 en ambas economías:

Dos rasgos resultan interesantes del gráfico. El primero, el obvio, es que los costes laborales en España subieron entre 2001 y 2009 un 11% en términos reales (¡un 40% en términos nominales!), mientras que en Alemania descendieron un 3,5%. ¿Se entiende ya, en parte, por qué ellos son más competitivos que nosotros? Pues añada a este nada despreciable detalle que las industrias que supuestamente habían de sustentar esos costes laborales inflados –aquellas de cuyas ventas habían de abonarse los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social– tenían una enorme relación con la burbuja inmobiliaria: si no se venden pisos, no hay trabajo en el sector de la construcción y si los salarios se mantienen artificialmente altos en la mayoría de sectores, no hay lugar donde se pueda recolocar a los parados de manera rentable. La sangría en el sector del ladrillo va seguida de una esclerosis en el resto de la economía a la espera de que los costes laborales bajen (no necesariamente todos, pero sí muchos de ellos) o de que los precios de venta de sus productos se incrementen.

El segundo rasgo de interés en el gráfico es que cuando más subieron los salarios en términos reales en España no fueron los años de la bonanza irracional de la burbuja, sino los años de penuria de la crisis: en los 36 meses de crisis que transcurren entre 2007 y 2009 los costes laborales crecieron más que en los 60 meses de boom artificial que van desde 2002 a 2006. En Alemania, como es razonable, los costes laborales reales siguieron descendiendo en general durante los años de crisis, que para algo son tiempos difíciles en los que todos deben ajustarse de un modo u otro el cinturón; y en ese todos incluyo a las administraciones públicas (la diferencia, claro está, se encuentra en que en Alemania el sector público también se apretó el cinturón, mientras que en España tuvimos que hacerle nuevos agujeros).

¿Y a qué se debe esta dispar evolución de los salarios tanto en bonanza como en crisis? Obviamente a la mayor flexibilidad del mercado laboral alemán, entre otros motivos por la declinante presencia de convenios colectivos, por la exclusiva aplicación de los mismos a los trabajadores sindicados, por la mayor descentralización de las negociaciones y por las facilidades para descolgarse de tales regulaciones. En Alemania del Este apenas el 38% de los trabajadores están sometidos a un convenio sectorial y en Alemania occidental el porcentaje ha descendido en más de doce puntos durante la última década, hasta situarse en el 56%. Amén del uso generalizado por parte de las compañías de las llamadas "cláusulas de no aplicación", las cuales permiten en momentos de dificultad modificar jornadas laborales, recortar salarios y bonus o retrasar el pago de ciertas retribuciones.

Nada que ver con España claro. La economía que ha de reajustarse de arriba abajo y que, en consecuencia, debería ser con diferencia la más flexible es la que más trabas ("derechos de los trabajadores") impone a los empresarios. Resultado: ellos tienen pleno empleo y nosotros 4,5 millones de parados. ¿Sorpresa?

Sarkozy reinventa el control de precios romano

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Por eso aboga por un control de precios a nivel mundial de las materias primas.

La situación actual es similar a la que se produjo en el imperio romano. A finales del S. II d.C., una fuerte crisis azotaba Roma. Se debió a la sobrecreación de moneda por parte de los emperadores. Tal situación llevó a una sobreoferta de dinero que no pudo diluirse en la economía creando inflación. La crisis fue la reacción a tal exceso. Es lo ha ocurrido recientemente con el boom inmobiliario (exceso de dinero que se ha canalizado hacia las inversiones más lucrativas convirtiendo tales beneficios en poco más que inflación).

La ofensiva política para aliviar la crisis fue la misma que ahora practican los actuales gobiernos y bancos centrales: crear más dinero. El emperador Claudio II llegó a dejar el denario con un miserable 0,2% de plata. Fue el Quantitative Easing (QE) bernankiano de la época. El objetivo no era estimular la economía como ahora, sino aumentar el señoraje (beneficio obtenido de la acuñación de la moneda).

El emperador Diocleciano en el año 301 d.C. pensó igual que Sarkozy: "hemos de hacer algo". Para hacerse una idea de la situación, el trigo egipcio llegó a experimentar una inflación del 15.000% en cincuenta años.

Para controlar el fuerte aumento de precios que habían creado sus predecesores subió los impuestos y centró su lucha contra los especuladores y la inflación. ¿Le suena? Diocleciano fue el primer político que estableció controles de precios contra la especulación de forma masiva. El Edicto sobre Precios Máximos no fue una ley baladí. La normativa contemplaba precios máximos para más de mil productos, básicamente materias primas. Aquel que vendiese por encima de lo establecido por ley, se enfrentaba a la pena de muerte incluso.

Las consecuencias fueron hambre y pequeños comerciantes asesinados por el Gobierno; y, sin embargo, los precios siguieron subiendo en el mercado negro con una inflación rampante. En muchos lugares se abandonó la moneda y los comerciantes volvieron al trueque. Había empezado el declive de Roma.

Diocleciano no fue el único que lucharía contra los especuladores. El decreto de precios máximos también se produjo en la Revolución Francesa, en la Unión Soviética en el S. XX, en la Alemania de Hitler, la España de Franco, en Estados Unidos repetidas veces… Ha sido una constante en la historia. Los resultados siempre han sido los mismos: estrepitoso fracaso. Las medidas siempre se acabaron abandonando de forma oficial u oficiosa.

Sarkozy quiere reinventar los errores de la historia pero a lo grande. Quiere un control de precios mundial gobernado por él y sus colegas. Por más bases de datos y leyes que haga, ninguna va a superar el castigo de pena de muerte que impuso Diocleciano a los especuladores. La medida no sirvió para nada bueno entonces, ni lo hará ahora.

El Estado no abarca la conciencia y necesidades de la gente. La crisis no se debe a los especuladores. Éstos son una consecuencia de un mercado destrozado por las políticas inflacionistas de los gobiernos y bancos centrales, es decir, de la creación de moneda de la nada. El control de precios de Sarkozy solo creará desabastecimiento, un mayor mercado negro y más inflación. Está disparando contra el objetivo equivocado y, por lo tanto, no puede solucionar nada.

Diocleciano tenía una excusa para equivocarse, fue el primero en afrontar el problema. Sarkozy tiene 2.000 años de experiencia que demuestran que el control de precios es un fracaso con resultados muy negativos. Lo más irónico de todo es que su voluntad de "hacer algo" es lo que nos llevará a la situación que quiere evitar. Cuando eso ocurra, dirá que la culpa es de los especuladores, otra vez.

Los revoltosos de Londres pagarán por su educación

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Los estudiantes que en las últimas semanas han tomado el centro de la capital británica para protestar por la subida de las tasas universitarias no se han salido con la suya. En la Cámara de los Comunes, la ley pasó por un estrecho margen y con gran desgaste para los socios liberal-demócratas de la coalición gobernante. Se temía que la Cámara de los Lores pudiera tumbar la legislación, pero finalmente no se ha doblegado a las presiones y la ha ratificado. Es un paso en la dirección de una universidad menos subvencionada, más competitiva y más responsiva a sus usuarios.

El pilar de la nueva legislación y objeto de la controversia es la subida del límite máximo de las tasas universitarias. Hasta ahora la vasta mayoría de las universidades inglesas (entidades sin ánimo de lucro registradas como “charities”) no podía cobrar más de 3290 libras de matrícula a los alumnos. Como el coste medio real por alumno es de unas 7000 libras, el resto corría a cargo de los contribuyentes. Pero a partir de 2012 las universidades tendrán libertad para aumentar las tasas hasta 9000 libras (10.500 euros), de forma que los recortes previstos en el presupuesto de educación universitaria se verán compensados por un aumento de los ingresos de los usuarios del sistema.

Para los socialistas desinformados, la subida de la tasas supone negar el acceso a la universidad a los más pobres. ¿Quién puede pagar 6000 o 9000 libras al año? Cabe aclarar, no obstante, que en Inglaterra el dinero de la matrícula lo avanza el Estado en forma de crédito. Nadie tiene que abonar las tasas para entrar en la universidad, y solo estará obligado a repagar la deuda el graduado que llegue a ganar más de 21.000 libras al año. Antes solo estaban exentos de la devolución los graduados que no llegaban a las 15.000 libras anuales, así que la reforma favorece al cuartil con menos recursos.

Así, cada mes los estudiantes pagarán un 9% de sus ingresos por encima de 21.000 libras, con un tipo de interés progresivo que será nulo para las rentas más bajas. Si la deuda no se repaga en 30 años, se extingue. Las condiciones son tan “progresistas” que a lo mejor acaban demostrándose insostenibles: el gobierno estima que en el mejor de los casos solo el 50% de los alumnos llegará a repagar la deuda completamente.

¿Es injusto que los graduados sufraguen su educación? La universidad no es gratis, nada lo es. Además, casi la mitad de los jóvenes pasa hoy por la universidad (contra el 6% hace 50 años). Solo hay dos formas de afrontar este coste: o la pagan vía precios (o tasas diferidas) los que más se benefician de ella, los graduados, o la pagan vía impuestos los demás. Se estima que los graduados ganan alrededor de 100.000 libras más que lo no graduados a lo largo de su vida (algunos, mucho más). ¿Por qué los segundos tienen que subsidiar a los primeros?

Pero acaso el aspecto más positivo de esta reforma es la nueva estructura de incentivos que introduce: las universidades ya no dependerán de los fondos del Estado, de modo que tendrán que competir por el favor de los estudiantes. El efecto de esta competencia será un aumento de la calidad de la enseñanza. Las universidades exitosas captarán más alumnos y se expandirán, mientras que las universidades más ineficientes se contraerán. Todas tendrán más incentivos económicos para mejorar. Los precios variables de las matrículas también transmitirán información sobre la demanda y la relevancia de determinados cursos.

La coalición gobernante ha enfatizado las virtudes de un sistema universitario con más elementos de mercado, que responda ante los usuarios a los que sirve. Pero la oposición aborrece esta separación de la universidad del Estado. En palabras de Ed Miliband, el líder laborista, “tenemos que evitar un mercado en la educación superior, donde unas universidades puedan cobrar más que otras. Es una cuestión de principios”. ¿Qué principios?

Los laboristas defendían un impuesto a los graduados que sería recaudado por el Estado y repartido según su criterio a las universidades, perdiéndose el vínculo entre la universidad y sus usuarios y el incentivo a ofrecer un mejor servicio en un entorno más competitivo. Todo sea por los principios…

La reforma está inspirada en el reciente informe de Lord Browne, encargado por los laboristas salientes, que reivindicaba la supresión de todo control de precio, de forma que cada universidad tuviera libertad plena para fijar el precio de la matrícula. Aunque la reforma de la coalición está bastante en sintonía con las recomendaciones de Browne, no ha querido ir tan lejos y ha mantenido un tope en los precios. Tampoco se han hecho propuestas ambiciosas por el lado de la oferta, como facilitar la entrada al sector de universidades con ánimo de lucro. Por eso las universidades inglesas seguirán teniendo problemas para competir globalmente con Harvard, MIT o las pujantes universidades chinas.