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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Los empresarios tienen pánico a contratar… ¡y con razón!

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Los empresarios tienen pánico a contratar. Esto es lo que dijo Miguel Ángel Fernández Ordoñez, el gobernador del Banco de España. Algo con lo que no puedo estar más de acuerdo.

La lástima es que luego dice aquello de "flexibilizar el mercado laboral manteniendo la protección social" (ya se sabe que el Estado del Bienestar es sagrado e intocable). Esto es un sinsentido intelectual y moral, una contradicción en sí misma, porque son precisamente las supuestas medidas para conseguir esa "protección social" las que producen que exista más destrucción de empleo y que los obstáculos para crearlo sean insalvables.

Por mucho que nuestros sabios gobernadores, economistas, intelectuales y políticos nos den grandes discursos sobre la reducción de empleo, el mercado laboral y nos hablen de las grandes utopías de la humanidad, la realidad diaria es la que es.

Y lo que nos encontramos en el día a día no es que los empresarios no contraten porque son avariciosos o porque los bancos no den crédito. Las razones por las cuales los empresarios no contratan son sencillísimas de entender:

1.- La Seguridad Social que tiene que pagar la empresa por los trabajadores

Las cuotas de la Seguridad Social que la empresa debe pagar le suponen un aumento de costes laborales del 35% (de media). Brutal. La empresa no puede disponer de ese 35% para mejorar su negocio. Debido a este incremento espectacular en los costes, la mayoría de PYMES ven reducidos sus márgenes hasta el punto en que una gran cantidad de negocios acaban cerrando. Y hace que la mayoría de las empresas que empiezan no puedan ser viables. Así de simple. Aquí no hay poesía.

2.- Las indemnizaciones que deberá pagar la empresa en caso de despido

Por si fuera poco el elevado incremento que suponen las cuotas de la SS para la empresa, el empresario debe correr el riesgo de tener que desembolsar mucho dinero en caso de tener que despedir al trabajador. Abaratar el despido haría que la contratación de nuevos trabajadores aumentase automáticamente. Esto, que inicialmente puede resultar paradójico, es de fácil explicación: el empresario estará más dispuesto a contratar a nuevos trabajadores si sabe que en tiempos difíciles éstos no supondrán una carga pesadísima (muchas veces insuperable). Las indemnizaciones son otro evidente motivo para tener pánico a contratar a alguien.

3.- Los convenios y negociación colectiva

Las negociaciones individuales entre trabajadores y la empresa no son posibles. En su lugar, estas negociaciones deben hacerlas los "representantes" de unos y de otros. Lo que acaba pasando es que los salarios no pueden adaptarse a la situación concreta que atraviese la empresa. ¿Y esto que significa? Pues que las empresas no pueden fijar libremente los salarios que les permitan sobrevivir. Si las empresas tienen problemas empresariales no pueden negociar los sueldos con los trabajadores. Este hecho, claro está, será muy tenido en cuenta por el empresario que está pensando en contratar a alguien.

4.- Salarios mínimos

Con el salario mínimo el Gobierno impone al empresario que pague al trabajador más de lo que éste produce. En la mayoría de los sectores, los principales afectados no son las empresas sino los jóvenes, inmigrantes y, en general, a personas con poca formación porque siempre habrá alguien que aporte más productividad por el mismo salario.

Sin embargo, existen sectores en los que los márgenes son muy ajustados. Tal es el caso de los servicios de limpieza o de hostelería, por ejemplo. Estos servicios que las empresas subcontratan no forman parte de su core business, y por tanto la productividad demandada es muy baja. En la mayoría de los casos, la productividad necesaria es inferior al salario mínimo. Esto significa que la empresa sólo será viable si el empresario contrata a trabajadores en negro. No es de extrañar que la contratación de trabajadores deje al empresario sin dormir unas cuantas noches.

5.- La Infinidad de regulaciones que impone el Estado

Una economía regulada y burocratizada significa que las empresas trabajan para el gobierno y no para la sociedad, además de suponer un gran aumento de costes. Las regulaciones laborales penalizan el crecimiento, la inversión y la creación de empleos. Cuantas más obligaciones y costes se impongan a las empresas, menos empleados podrán ser contratados.

6.- Los impuestos de sociedades que deberá pagar la empresa

Hay una última cosa para acabar de desincentivar la contratación de personas y la creación de empresas: el impuesto de sociedades. En caso de que la empresa llegue viva a final del año y tenga algunas ganancias, deberá pagar un 35% de impuestos sobre estas ganancias. La puntilla para la empresa.

Éstas, y no otras, son las principales razones por las cuales los empresarios tienen pánico al contratar. Todas ellas les hacen asumir un elevadísimo riesgo. Una vez más, la paradoja del intervencionismo: todas estas medidas impuestas coactivamente por el gobierno que están destinadas a alcanzar esa "protección social" lo único que consiguen es la destrucción de empleo y empresas.

Insaumible

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

No así los cinco millones de parados al que este anacrónico sistema, directo heredero del corporativismo propio del fascismo, nos ha terminado abocando. Porque sí, la responsabilidad es suya, por mucho empleo que creáramos durante la primera mitad de la pasada década. Al cabo, las bondades de una regulación no deberían medirse en tiempos de burbuja, sino en tiempos de depresión: generar empleo en medio de un auge artificial, cuando incluso los ladrillos de Seseña valen un Potosí, carece de mérito; crearlo durante una crisis, cuando casi todos los factores tienen que recolocarse para minimizar los quebrantos, sí supone la auténtica prueba del algodón.

Y, en este sentido, el mercado laboral español sólo ha avanzado a golpe de manguerazo crediticio. Si la borrachera del endeudamiento superaba las innúmeras rigideces que engrilletan a los empresarios y trabajadores españoles, entonces el paro caía; si, por el contrario, nos cerraban el grifo, el paro se disparaba. Así hace 20 años, así ahora. Mas ni entonces ni ahora nuestros patrios sindicatos mostraron la más mínima preocupación; a la postre, este sistema es su sistema, del que viven y maman rapiñando la riqueza que nuestros millones de parados podrían haber creado en caso de que se les hubiera permitido.

De lo que se trata en estos momentos, digámoslo con claridad, es de desmantelar la negociación colectiva para que los salarios y las condiciones laborales de los millones de parados españoles se adapten a la realidad actual, que no es la del pelotazo inmobiliario (tan del agrado de la progresía que gusta de vivir por encima de sus posibilidades), sino la de la resaca de los excesos previos. Sin ajuste no habrá oportunidades de negocio, sin oportunidades de negocio no habrá empleo, sin empleo no habrá crecimiento y sin crecimiento no habrá margen para devolver nuestra cienmilmillonaria deuda.

Así las cosas, podemos desmantelar la negociación colectiva sin medias tintas o erosionándola desde dentro: eliminando la ultraactividad de los convenios, dotando de preponderancia a los convenios de empresa frente a los sectoriales y dejando fuera de su camisa de fuerza a las pymes. En roman paladino: se trata de que Méndez, Toxo y Rosell dejen de redactar el contrato laboral que yo puedo –o no puedo– suscribir. No más, pero tampoco menos.

Por ello, el puñetazo sobre la mesa de los sindicatos, su enfado, su indignación, pues, es esperanza de recuperación. Tenue, pero esperanza. No en vano, los sindicatos jamás habrían firmado un acuerdo que supusiera su suicidio; la voladura casi total de sus privilegios, de los que viven ellos y su clientela. Llevan en su naturaleza sobrevivir como lo que son: la reinvención del sindicato vertical. Ahora, perdido un precioso año, la pelota vuelve a estar allí de donde nunca debió escapar hace ya un año: sobre el tejado del Gobierno o, más bien, sobre el tejado de nuestra acreedora Merkel. ¿Volverá a dejar que Zapatero le tome el pelo, como hizo con la reforma laboral del año pasado, o levantará, por fin, el acta de defunción de esa bacanal de prebendas sindicales cuyo desproporcionado coste nos está conduciendo a la bancarrota? Desconfíen, así la decepción será menor.

¿Por qué los despiden si se están forrando?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Y aun en esos casos, se suelen atribuir las pérdidas a los altos sueldos de los directivos, exigiendo a renglón seguido rebajas sustanciales en sus emolumentos para mantener el nivel de empleo.

El escándalo por supuesto estalla cuando una empresa con beneficios comienza a despedir gente. Rápidamente se acusa al capitalismo de ser un sistema inmoral y perverso que sacrifica cuantos valores haya con tal de maximizar sus ganancias. Si la empresa es rentable (incluso muy rentable), si puede permitirse mantenerlos en plantilla, ¿a qué viene despedirlos?

Lo primero a destacar es que la tarea principal de las empresas no es generar empleo, sino crear riqueza. Su cometido es dar lugar a una organización de factores productivos capaz de engendrar bienes y servicios por los que los consumidores estén dispuestos a pagar un precio lo suficientemente elevado como para rentabilizar esa organización (esto es, que le permita a la empresa remunerar a los factores implicados compensándoles el tiempo que dedican a producir esos bienes o servicios).

A los consumidores, la organización productiva les resulta irrelevante: prácticamente nadie conoce ni está interesado en conocer los detalles de la elaboración de una determinada mercancía. Lo único que les concierne es que las prestaciones que les proporciona esa mercancía sean más valiosas que el precio que deben pagar por ella (y que habrían podido gastar en otros bienes de consumo o de capital que les hubiesen proporcionado otro tipo de prestaciones y satisfacciones en el presente o en el futuro). O dicho de otra manera, una mercancía será igual de valiosa si ha sido producida por 10.000 trabajadores que si no ha requerido los servicios de ningún obrero. Dado que las empresas nacen para producir bienes y servicios, resulta absurdo el exigirles un nivel mínimo de empleo (o un nivel mínimo de consumo de gasolina, de cobre, de horas de encendido de los ordenadores…).

Ahora bien, que la organización productiva les resulte irrelevante a los consumidores no significa, ni mucho menos, que realmente lo sea. Dado que los recursos son más escasos que nuestras necesidades, mal haríamos en ignorar el uso o mal uso que estamos haciendo de los mismos: al cabo, cada vez que utilizamos los factores productivos de un modo, estamos impidiendo que se utilicen de otro, esto es, estamos impidiendo que se produzcan otros bienes y servicios que podrían satisfacernos otras necesidades. Los empresarios se dedican justamente a eso: a trazar aquellos planes empresariales que minimicen los fines a los que los consumidores deben renunciar por el hecho de producir unos determinados bienes y servicios. Por eso tratan de vender al precio más alto (lo que indica una alta valoración de los consumidores) y de producir producen al menor coste posible (lo que significa que acaparan pocos recursos que pueden destinarse a otros planes de negocio).

El progreso y el crecimiento económico, más allá del descubrimiento de nuevos recursos, provienen, precisamente, de sacar un mayor partido a los factores que ya controlamos: o de producir una mayor cantidad de bienes con los mismos recursos o de producir lo mismo recursos con una menor cantidad de recursos, de modo que los sobrantes queden disponibles para fabricar otros bienes y servicios. Tal es el significado que en el uso corriente le damos a la palabra "economizar"; evitar las duplicidades, redundancias o despilfarros para lograr el mismo objetivo con menos esfuerzo o gasto.

En consecuencia, no es ni mucho menos necesario que las empresas esperen a incurrir en pérdidas para que se dediquen a economizar sus recursos: su misión es estar haciéndolo continuamente. Por mucho dinero que ganen, sería nocivo para accionistas y consumidores que, si pueden reducir sus costes manteniendo sus niveles de producción, no lo hicieran. Para los accionistas, porque estarían renunciando a ganar más dinero (al menos a corto y medio plazo, hasta que la competencia les forzara a bajar los precios hasta los menores costes); para los consumidores, porque podrían disfrutar de más bienes o servicios si los factores con funciones redundantes se concentraran en otros procesos productivos (obviamente, en caso de que la compañía opte por "prejubilar" a los trabajadores, los consumidores no se verían beneficiados por la economización, sino que las ganancias resultantes de esa economización se repartirían entre accionistas y los trabajadores prejubilados).

En otras palabras, no existe ninguna incompatibilidad entre ganar dinero y despedir trabajadores: las ganancias son una muestra de que la empresa está haciendo un uso eficiente de los factores productivos y la decisión de economizarlos todavía más es una señal de que pretende seguir haciéndolo. Aunque la teoría de la explotación marxista es más falsa que un duro sevillano, sí contiene una intuición que puede sernos útil: si el empresario se estuviera lucrando a costa de un determinado trabajador, ¿por qué lo despide? ¿Acaso pueden los vampiros chupar la sangre a distancia?

La economización de recursos, por cierto, suele generar mucho escándalo cuando afecta a trabajadores, sin embargo suele ser recibida entre ovaciones cuando se trata de racionar el consumo energético. ¿Se imaginan que la opinión pública vituperara a las compañías por decidir minorar su consumo de petróleo con el argumento de que con ello estarían perjudicando a las petroleras? Yo no, porque afortunadamente la gente sí suele entender que la economía no debe estar orientada a maximizar el gasto de petróleo sino la producción.

Por supuesto, despedir a trabajadores puede ser un drama dentro de una economía donde las rigideces institucionales impidan su pronta recolocación; un drama para el consumidor que no se beneficiará de una expansión en el número de bienes y servicios y un drama sobre todo para el trabajador, que si no ha logrado amasar un patrimonio que le proporcione rentas alternativas, se verá privado de su única fuente de ingresos. Pero la responsabilidad de ello no corresponde a las empresas que economizan sus recursos, sino a los políticos y sindicatos que mantienen unas instituciones que obstaculizan o impiden la creación de empleo; y por ello no debería ser la empresa la que pagara los platos rotos. A la postre, impedirle que prescinda de sus trabajadores redundantes sería tanto como permitirle que los despida para, acto seguido, imponerle un tributo cuya recaudación fuera a parar a esos trabajadores.

Cuestión distinta, claro está, es que haya que subvencionar esos despidos. Por los mismos motivos por los que no debe subvencionarse la eficiencia energética, tampoco debería subvencionarse la "eficiencia obrera". La economización de recursos no debería beneficiar a accionistas y consumidores a costa de los contribuyentes.

En definitiva, es comprensible que la natural aversión que mucha gente siente hacia que una empresa rentable despida a parte de su plantilla se camufle con críticas (razonables) a que las instituciones laborales obstaculizan su pronta recolocación o a que los contribuyentes están sufragando parte del despido. Pero, en tal caso, la exigencia no debería ser la de prohibir esos despidos, sino la de reformar el mercado laboral y la de poner fin a tales subvenciones.

La excusa del arte

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero es cierto que hay que tener un criterio un poco extravagante para calificar como arte al cine y no al videojuego. Naturalmente, no me refiero a todos los videojuegos, como tampoco se suele calificar de arte, pongamos, a los telefilmes de sobremesa. Pero no es difícil distinguir entre todos los productos de entretenimiento digital algunos a los que se puede calificar de arte.

Lo malo es que los gobiernos también se han dado cuenta. Y es que de Malraux en adelante, la definición de arte parece haber cambiado: ahora es todo aquello que el Gobierno subvenciona como tal. En España llevan un par de años intentando buscar el paraguas del Estado (que en estos tiempos de necesidad haría bien en deshacerse de todos sus programas de ayuda a empresas y artistas). Y en Estados Unidos lo han conseguido.

El National Endowment of the Arts (NEA) es el organismo norteamericano encargado de decidir qué artistas y qué obras merecen el amor forzoso del contribuyente. Hace un par de años fue el centro de uno de los escándalos de la era Obama: su director pidió a los subvencionados que sus obras hicieran propaganda de los proyectos del presidente. Así, con dos narices. Y no crean que dimitió a los dos minutos, se tiró mes y medio en el cargo tan ricamente antes de largarse. Normal: venía de trabajar en la campaña y fue quien encargó el famoso poster de Obama. Pues bien, ese organismo, el mayor financiador de arte del país, ha decidido considerar los videojuegos como arte a los efectos que le importan: los de dar pasta.

Pasemos por alto que con los antecedentes del NEA bajo la administración Obama son los que son. Incluso supongamos que está y estará gobernado por ángeles venidos directamente del cielo para trabajar de funcionarios en Washington. Aún más, supongamos que sus jefes políticos tienen un origen similar. Aún así, la principal razón para la existencia del NEA es la producción de arte que no interesa lo suficiente a los ciudadanos como para financiarlo ellos.

Si algo ha caracterizado hasta ahora el mundo de los videojuegos ha sido su sumisión al mercado, es decir, a ti y a mí. Si hacen juegos coñazo fracasan, así que procuran no hacerlos. Si los gráficos son feos, la gente no lo compra y el desarrollador puede no tener una segunda oportunidad. En definitiva, no hay ningún ser superior decidiendo qué es bueno y qué es malo. Cuando lo haya, podemos encontrarnos con que parte de la oferta se ha hecho con el funcionario en mente, y no con el público. No es una perspectiva bonita. Ni, sobre todo, divertida.

¿Por qué ganan dinero las empresas?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Tan es así que numerosos economistas a lo largo de la historia se han apresurado a explicarlos por la explotación más o menos descarada que las compañías ejercen sobre otros: ayer eran los curritos, hoy son los guisantes. La duda en cualquier caso es razonable: ¿por qué las empresas ganan dinero? ¿Acaso no estaríamos todos mejor si esos beneficios se repartieran entre trabajadores, consumidores, proveedores y políticos? ¿Qué función desempeñan los beneficios?

Bueno, empecemos definiendo qué son los beneficios monetarios: beneficios son los ingresos que exceden a los costes de producción (de ahí que también se les denomine ingresos netos). Las empresas obtienen sus ingresos vendiendo sus servicios o sus mercancías manufacturadas a los consumidores (o a otras empresas que, en última instancia, los venderán a los consumidores) e incurren en costes cuando adquieren o alquilan los factores productivos que necesitan para fabricar o proporcionar esos bienes o servicios. Si los consumidores pagan por las mercancías más de lo que les ha costado fabricarlas, entonces se genera un excedente monetario que se queda en la empresa: los beneficios.

Ahora bien, si nos creemos el cuento chino de la virulenta competencia perfecta entre empresas, en principio parecería lógico que los beneficios cayeran a cero. Las empresas rivalizarían entre sí bajando los precios a los que venden sus productos y subiendo los precios que están dispuestas a pagar por los factores productivos. Empero, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, un sistema económico lograría funcionar y sobrevivir si todas sus compañías obtuvieran beneficios cero. Y el motivo de esto sólo en parte se debe a que no existe en el mundo real nada parecido a la competencia perfecta; o dicho de otro modo, aun cuando existiera competencia perfecta, los beneficios monetarios no podrían caer a cero.

La razón es que las empresas, cuando adquieren o contratan a un factor productivo, le están adelantando un dinero que sólo recuperarán en el futuro, cuando se complete el proceso de fabricar y comercializar la mercancía. Es decir, el capitalista es aquel que, por ejemplo, inmoviliza en su empresa un capital de 1.000.000 euros durante cinco años para ganar 50.000 euros anuales en beneficios. Por eso ningún capitalista estará nunca dispuesto a pagarle a los factores tanto como lo que obtendrá por vender sus mercancías: estamos ante la cuestión del tipo de interés que ya expusimos. ¿Acaso usted pagaría 50.000 euros por un bono que le devolviera dentro de un año solamente esos 50.000 euros? No, y el capitalista tampoco.

En este sentido, tampoco deberíamos dejarnos llevar por las abultadas cifras de ganancias y las presuntamente exiguas cuantías de los salarios. En 2009, por ejemplo, Carrefour ganó 437 millones de euros, pero ese guarismo apenas proporcionaba una rentabilidad del 3,9% a sus accionistas. Así, los miles de propietarios de Carrefour (sus accionistas) han tenido que adelantar e inmovilizar 11.000 millones de euros para obtener, año a año, apenas un rendimiento que no alcanza el medio millardo: o dicho de otra manera, aportando unos 14,5 euros por acción, apenas han logrado 0,5 euros en 2009. No es un negocio tan redondo como podría parecer: comprando deuda del Gobierno alemán usted lo hubiese podido hacer prácticamente igual de bien. Por ello, por cierto, una empresa puede llegar a desaparecer aun cuando no sufra pérdidas: si no proporciona una rentabilidad atractiva a sus propietarios, éstos simplemente dejarán de reinvertir en ella para reponer y de modernizar sus bienes de equipo.

En otras palabras, una parte del beneficio que obtienen las empresas no es más que el tipo de interés de mercado: la remuneración que logran los capitalistas por ahorrar (abstenerse de consumir) durante el tiempo que están implementando un determinado proceso productivo. Sin esa mínima rentabilidad, los capitalistas no reinvertirían sus ahorros en seguir fabricando bienes y regresaríamos a una sociedad salvaje y atomizada donde la división del trabajo sería historia: recuerde que la base del capitalismo no es el consumo, sino el ahorro y que sin éste todo se viene abajo. Por tanto, una parte de los beneficios no son más que la remuneración del capitalista por no consumir y financiar todo el chiringuito productivo; de idéntico modo a que los salarios son la remuneración de los empleados por trabajar.

Mas aquí no termina toda la película. Dado que no existe ese engendro de la competencia perfecta (sobre el cual ya hablaremos otro día), muchas empresas suelen obtener unos ingresos netos por encima (en ocasiones muy por encima) de los tipos de interés de mercado. Son los llamados "beneficios extraordinarios" que muchos economistas, en su constante huida de la realidad, suelen atribuir a la existencia de plutocráticos monopolios que dominan el mundo desde Bilderberg o Zúrich.

En ausencia de restricciones gubernamentales a la competencia, la realidad, sin embargo, es muy otra. Los beneficios extraordinarios se deben a que una empresa va dos pasos por delante del resto de compañías. Dado que todas no hacen lo mismo, no todas sirven igual de bien a los consumidores y por tanto no todas ganan el mismo dinero: unas se forran, otras se ganan el pan y otras pierden hasta la camisa. Google no es Alcoa y ésta no es Virgin Media: en 2010, el primero proporcionó una rentabilidad del 20% para sus accionistas, la segunda un 2% y la tercera un -11%. Así pues, la otra parte de los beneficios empresariales no es más que la remuneración a aquellos capitalistas que confeccionan excelentes planes de negocio y que le facilitan mucho más la vida al consumidor que la competencia.

Así que ya sabe: si un capitalista sirve al consumidor mucho mejor que el resto, ganará mucho dinero; si lo sirve de manera decentilla pero nada destacable, se embolsará el tipo de interés, como quien acude a realizar un depósito bancario; y si despilfarra los recursos en proyectos nada valiosos para sus clientes, entonces obtendrá unos rendimientos inferiores al tipo de interés e incluso acumulará pérdidas. No busque en la explotación la causa de los beneficios que se obtienen en un mercado libre: apunte más bien hacia el ahorro, la coordinación empresarial y la satisfacción del consumidor.

El futuro de España es el mercado negro

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Los ciclos creados por la sobreemisión de dinero nos llevaron a una explosión productiva que no estaba fundamentada en nada (burbuja). Se coronó la inflación como el motor de la economía occidental. Expliqué las consecuencias –que se han cumplido– en el 2004. ¿Cómo actúan los bancos centrales ante tal fracaso? Con más inflación crediticia, ayuda a los bancos y así haciendo crecer otra burbuja. ¿Qué pide la gente? ¡Tipos de interés más bajos! Sin saberlo están cavando su tumba.

El Gobierno y las comunidades autónomas, casi arruinadas por su gestión, compra de votos, clientelismo de los lobbies y corrupción, recortan privilegios sociales y suben impuestos. Desde la tribuna vemos aberraciones: las autonomías mantienen sus embajadas. El Gobierno regala más de 400.000 euros a organizaciones como el Centre d’Informació i Documentació Internacional a Barcelona. Paga 143.000 euros a cosas como un Seminario Sobre la Pena de Muerte en el Caribe. Regala 100.000 euros a la Fundación Centro Internacional de Toledo para la Paz. ¿Había oído hablar nunca de ella? Todo esto, y mucho más, en el BOE del 23 de abril.

¿Cuál es la respuesta de la gente? Más privilegios sociales para vivir de la producción ajena, del robo y el latrocinio. Al igual que los banqueros centrales, ¿es qué no han aprendido nada de los errores pasados? El Estado no sabe gestionar el dinero para la sociedad. El Estado solo paga favores a sus lobbies. No saca nada ayudando a la sociedad. Los únicos que saben gestionar nuestro dinero son aquellos que no nos roban. Aquellos que necesitan del consentimiento de su cliente para sobrevivir. En otras palabras, la propia sociedad, que en lenguaje económico se llama libre mercado. ¿Cómo puede transmitir confianza una organización que obtiene sus recursos del robo masivo, el engaño y las prohibiciones? El mayor gasto de cualquier ciudadano son los impuestos. Y no son nada voluntario.

La gran farsa sigue. Casi todos los economistas damos por sentado que pasadas las elecciones el ejecutivo aumentará los impuestos (especiales y no sé si se atreverá con el IVA) y eliminará más privilegios sociales. Probablemente sea en verano, que es cuando la gente está más despistada. Y es que no es la primera vez que harían algo así. Hace un par años algunas administraciones subieron el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) por sorpresa, sin decir nada. Cada vez que baja la gasolina, le cargan algún impuesto, y cuando sube, lo mantienen.

El Gobierno es incapaz de crear políticas realistas enfocadas al pueblo. ¿Cómo puede ser que en un país donde hay un 20% de desempleo y un 40% de paro juvenil, mantenga una carga sobre el trabajo del 50% del desembolso total al trabajador? Un mileurista paga casi 900 euros al mes al Gobierno (cuota empresarial a la SS + cuota del trabajador + IRPF + IVA). Cuando los reyes medievales cobraban una tercera parte de la producción a sus ciudadanos lo llamamos esclavitud, pero si el Gobierno nos arrebata la mitad de nuestro sueldo y nos sigue saqueando en cada compra e inversión que hacemos, lo llamamos Estado del Bienestar.

No sé si a España la van a intervenir oficialmente o no. Lo que sí sé es que le están obligando a dinamizarse un poco ante el estado de despilfarro y descontrol actual. La están sometiendo a una intervención opaca. Nuestro futuro inmediato son más cargas tributarias, más Estado policial contra el pequeño comercio que representa el 80% del tejido económico del país y menos privilegios. Muy bien, el Estado es el principal foco de pobreza. No es la solución a nuestras penas. Solo hay un camino para la prosperidad: menos dependencia del Estado. Que se ahogue en sus deudas y junto a sus lobbies. Cuando una solución es injusta, se ha de combatir por las buenas o por las malas. No le están dando otra solución al pueblo. Declara tu particular guerra al Estado: insumisión fiscal y mercado negro. Ese va a ser el futuro de España. De hecho, la economía sumergida ya es el mayor "sector" de nuestro país con más de un 20% del PIB. E irá en aumento.

La “Enmienda del Ladrillo”, ¿socialista y liberal?

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Sabemos por la teoría austriaca del ciclo que la expansión crediticia desaforada, promovida en última instancia por los bancos centrales, da lugar siempre a inversiones masivas fallidas. En el caso español, el estallido de la burbuja del sector promotor y de la construcción ha puesto patas arriba toda nuestra economía, se ha llevado por delante millones empleos y ha dejado tocado buena parte del sistema financiero patrio tras la ingesta obligada de éste de activos basura a resultas de dicha juerga inversora.

Hasta aquí, lo más sobresaliente, pero el dinero barato tiene muchas otras repercusiones. Una de ellas fue la anómala diversificación de carteras de las empresas constructoras durante los felices años del boom. Dos casos paradigmáticos fueron la incursión de ACS en la eléctrica Iberdrola (inicialmente con el 12,6% de sus acciones) y la de Sacyr Vallehermoso en la petrolera Repsol (que adquirió el 20% de sus acciones). Bien relacionados con el poder, desembarcaron en el sector energético en operaciones fuertemente apalancadas con escaso sentido industrial. Con el tiempo, estos nuevos accionistas han ido reclamando más poder en la junta general de dichas compañías.

Sin embargo, se toparon con una anacrónica e insalvable limitación de los derechos de voto recogida en los estatutos sociales de sus empresas parcialmente adquiridas que les impedía designar a su gente de confianza en los puestos gerenciales claves. En los dos casos que nos ocupan, se prohíbe ejercer más del 10% de los derechos políticos de un mismo accionista, aunque tenga mayor participación. Ante este impasse, el lobby constructor, cuando se ha visto seco en su liquidez, ha empezado a trabajarse al poder político de forma discreta.

El propósito que históricamente animó al legislador a dar luz verde a este tipo de blindaje estatuario se justificó por la existencia de un presunto interés nacional en proteger ciertas empresas pertenecientes a sectores considerados estratégicos (uno empieza a estar cansado de oír arrebatos patriótico-mercantilistas de este jaez. Las empresas dan o no buen servicio a la clientela y punto; no debería importar, por tanto, el ADN de sus accionistas).

Otro argumento de más peso fue que dicho blindaje obligaba a incrementar el precio de la opa para la toma del control de una empresa cotizada con el fin de proteger los intereses de los accionistas minoritarios. No obstante, tras la reforma de la ley de opas de hace unos años, los minoritarios están razonablemente protegidos. No se sostiene ya dar excesivo poder a los gestores con la excusa de estar aquéllos indefensos. Las opas hostiles lo son generalmente para el equipo directivo de la empresa opada, no para sus accionistas.

La realidad es que las limitaciones de voto dificultan la entrada de terceros en el capital social de una empresa y lo único que refuerzan actualmente es el dominio y el control de los administradores sobre las juntas de accionistas y, por extensión, sobre el proceso de la toma de decisiones de una compañía. Perpetúan el poder de los ejecutivos e impiden que propietarios alternativos puedan imponer una nueva gestión más eficiente o, al menos, más acorde con sus legítimos intereses.

A diferencia de lo sucedido con las golden shares, la UE renunció en 2004 a regular en la Directiva de opas el asunto de la limitación de los derechos de voto de las empresas. Fiel al principio de subsidiariedad, dejó que cada país miembro legislase a su buen entender. La mayoría optó por mantener estos blindajes anti opa, como era de esperar.

Por el contrario, el grupo del PSOE en el Congreso, al constatar que muchos afectados por el Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de 2006 se pasaban por el arco del triunfo la recomendación de evitar dichos blindajes, decidió por sorpresa enmendar de forma chapucera el año pasado la Ley de Auditoría de Cuentas y la de Sociedades Anónimas (hoy refundida en la de Sociedades de Capital) para prohibir expresamente a partir del próximo 1 de julio de 2011 la limitación del número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista en las sociedades cotizadas. Se acabó de forma fulminante en nuestro ordenamiento con uno de los mecanismos más usuales desde 1951 para impedir operaciones de toma de control a la chita callando de estas empresas con accionariado disperso o carente de socios mayoritarios. Además, pareciera como si nuestro gobierno se hubiese vuelto el más liberal en esta materia al "desblindarlas", sin exigir en contrapartida la regla de la reciprocidad en los demás ordenamientos ni en los estatutos de las sociedades extranjeras que lancen una opa sobre nuestros campeones empresariales.

El apoltronamiento de los gestores de algunas empresas del Ibex frente a los dueños del capital tiene irremediablemente sus días contados. Por una vez, y sin que sirva de precedente, los socialistas han legislado a favor de la esencia de los derechos de propiedad de uno de los pilares básicos de la economía de mercado (las sociedades anónimas) al hacer respetar la proporcionalidad entre el porcentaje de capital que se posea y el derecho a participar en la gestión. Muy probablemente se espolearán operaciones ahora inhibidas por su falta de interés y contribuya a una mejor formación de los precios en bolsa.

Lástima que esto no haya sido en absoluto la intención del grupo socialista. La enmienda anti-blindajes (que, por cierto, tuvo nulo coste electoral al aprobarse como ley) ha obedecido más bien a un precipitado intento por socorrer a empresas del ladrillo amigas y, de paso, a la banca que las financió generosamente. De esta manera, se pone en valor las participaciones de aquéllas y, así, se les facilita el hacer frente a los próximos vencimientos de su abultada deuda. Todo va a quedar arreglado entre compinches.

En materia de derechos de propiedad, cuando los socialistos aciertan lo hacen por motivos ajenos a los que hubiesen sido lógicos y deseables. De verdad, no tienen remedio.

La imparcial

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Durante el programa "Los Desayunos" de TVE, la secretaria General del Partido Popular, Dolores de Cospedal, y la presentadora del mismo, Ana Pastor, tuvieron un breve pero agrio debate sobre la imparcialidad de RTVE y la profesionalidad de sus trabajadores.

Respondiendo a una pregunta sobre una supuesta campaña del PP en contra de la entidad pública, Cospedal aseguró que ésta no mantenía una línea imparcial en el área informativa. Ana Pastor replicó a la política preguntando que dónde existía ese tipo de televisión pública que sirviera de modelo, refiriéndose aparentemente a las televisiones públicas autonómicas de Comunidades gobernadas por el PP, a lo que Cospedal respondió que una televisión pública, pagada con el dinero de todos, no puede ser subjetiva y parcial y que entendía que esto podía enfadar a sus dirigentes. Pastor, aparentemente molesta, respondió que también a sus profesionales y así se convertía durante unos instantes en juez y parte del debate, y no en moderador.

La polémica siguió. Primero, sobre si lo dicho por la presentadora era representativo de la posición de todos los profesionales, luego, sobre el hecho de qué tipo de dirección se había creado, si una dirección política o profesional, que el PP también había ayudado a crearla y que, según los premios y valoraciones, esta RTVE era la más libre de todos los tiempos, incluyendo la que hubo con algunos gobiernos socialistas.

Al día siguiente un nuevo debate surgió entre la vicesecretaria de Organización, Ana Mato y el presentador de RNE, Juan Ramón Lucas. Para Mato, las televisiones públicas no debían estar ni dirigidas ni teledirigidas por un Gobierno que abusaba de su posición: hay noticias, como los ERE de Andalucía, que no tenían presencia relevante en la televisión pública nacional. Lucas, más agresivo que su compañera televisiva, preguntaba sobre la parcialidad cuando gobernaba el PP, sólo consiguiendo reforzar los argumentos de la popular. Lo novedoso en este caso era que, según Mato, el PP, una vez en el poder, estaba dispuesto a cambiar la ley y privatizar todas las televisiones autonómicas. Sobre RTVE no se manifestó. Sería un paso revolucionario, ya que en ocho años de gobierno popular no se hizo nada en este sentido. En todo estos debates llama la atención que todo gire en torno a cuándo y cómo fue la televisión pública menos parcial, reconociéndose así de facto que sí que son parciales.

La naturaleza objetiva de la entidad pública estaba para los populares, en entredicho y para algunos de los presentadores estrella y los máximos dirigentes de RTVE, la profesionalidad de sus trabajadores.

Ya sean públicas o privadas, la objetividad y la imparcialidad son quimeras que nos han vendido muy bien los políticos y, en algunos casos, los empresarios. Nosotros, sujetos, tenemos valoraciones subjetivas, nuestras percepciones están limitadas, nuestros valores morales determinan lo que está bien y lo que está mal. Como mucho, se puede pedir honestidad a la hora de transmitir esa visión subjetiva. De la misma manera, que un programa traiga varias opiniones o posiciones tampoco lo convierte en objetivo, pues pueden dejarse fuera otras que alguien puede considerar esenciales o dar tiempos distintos a cada una de ellas, interrumpiendo en ciertos momentos clave, etc. Ser imparcial puede ser posible en situaciones simples, pero no en aquellos casos donde como en la política hay demasiados intereses. Pero es que ser parcial y subjetivo no es un pecado, es humano y puede que una estrategia empresarial perfectamente aceptable.

La supuesta profesionalidad de los trabajadores tampoco es un tema importante en el fondo del asunto. Hay sacerdotes que son grandes profesionales y consiguen no sólo dar paz a sus feligreses, sino que convertir a quien no lo es. De la misma manera, hay asesinos que, como grandes profesionales, han matado sin que nadie les haya atrapado. La profesionalidad no dice nada de la naturaleza de la empresa, de su idoneidad o la necesidad de que exista, sino del desempeño de una labor. Cuando Juan Ramón Lucas se defiende de Ana Mato diciendo que la única consigna que le han dado desde la dirección ante la campaña electoral del 22 de mayo era independencia, quería decir que nadie le iba a decir lo que tenía que decir, pero si los gestores hacen bien su trabajo, no tienen que hacerlo ya que los "profesionales" elegidos sabrán cuáles son los contenidos que deben ser potenciados y cuáles no. Bastaría con contratar a un periodista honesto de izquierdas (o de derechas) para que los contenidos de izquierdas (o de derechas) tomen protagonismo sin que necesariamente ese profesional decida manipular. Qué no se podrá hacer si el elegido no es honesto y sí un hábil manipulador.

Lo que está en entredicho es la naturaleza pública de estas televisiones, si una televisión pública subjetiva y parcial, porque no puede ser otra cosa, es moralmente aceptable. Si una televisión pública que depende del poder político y que se pone al servicio del partido, de la ideología o del gobierno de turno, que apuesta por unos contenidos ideológicos o gubernamentales, puede ser pagada con el dinero de todos.

Cuando se empezaron a fundar las primeras empresas televisivas en el mundo, en España había una dictadura, la de Francisco Franco y la televisión que se creó lo hizo al servicio del poder, para educar en los principios morales y políticos de la época o, al menos, para no maleducar. El problema es que en democracia el modelo de televisión pública es básicamente el mismo, fiel al poder, en este caso con un fuerte componente ideológico progresista y con un control que, pese a depender de todos los partidos, en la práctica es sólo del partido en el poder.

Las televisiones autonómicas copian el sistema nacional y la consecuencia es un conjunto de entidades que en mayor o menor medida son herramientas de poder para los políticos. Existe sin embargo una novedad, actualmente la producción de ciertos programas en algunas televisiones públicas se ha dejado en manos de productoras privadas, pero que hacen las veces de excelentes comisarios en cuanto al sesgo de los contenidos. Un ejemplo más de cómo la alianza entre el Estado y las Empresas es tremendamente negativo para el ciudadano y el contribuyente.

Pero es que, además, el sistema público de televisiones nos sale carísimo. Las televisiones públicas presentan unas pérdidas que no aguantaría ninguna empresa privada sin quebrar: el conjunto de entes televisivos públicos de España acumula al año cerca de mil millones de euros de pérdidas, a los que hay que añadir unos 600 millones de euros más en concepto de subvenciones del Gobierno Central o de los autonómicos. Son empresas deficitarias, que si existen es porque el poder político así lo quiere. No hay ninguna razón para mantenerlas, las opciones que tiene hoy el ciudadano para estar informado o entretenido son múltiples y con contenidos muy variados gracias a las nuevas tecnologías.

Extraña el anuncio de Ana Mato de proceder a privatizar las televisiones autonómicas, no porque no sea una medida muy positiva sino porque no sé si considerarlo creíble. ¿Es una opinión personal, está recogida en las propuestas del PP o es una promesa electoralista a olvidar tras las elecciones? ¿Existen empresarios dispuestos a hacerse con entidades tremendamente endeudadas si no reciben algún tipo de ventaja? ¿Podemos pensar que las pujas por estas televisiones serán libres o los ganadores serán ciertos empresarios de éxito, controlando posteriormente de forma indirecta los contenidos a través de condiciones que no tienen que ver con la libertad de empresa?

Inmigración y ultraderecha

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El capitalismo es una potente fuerza niveladora. El capital va a donde el trabajo es barato. Lo hace más productivo, lo que eleva los salarios. El trabajo barato, por otro lado, viaja a donde hay mucho capital, también para ser más productivo y generar una mayor renta. Esta doble vía no es perfectamente simétrica. El capital no incorpora una moral, un poso cultural, una forma de entender el mundo y relacionarse. Los trabajadores, sí. La primera importación de los Estados Unidos es la pobreza, que cruza sus fronteras a diario. Aquel país es tan productivo que transforma esa pobreza en oportunidades para la mejora. También ocurre en nuestro continente, que absorbe masas crecientes de gente procedente de países pobres.

El mercado es un proceso integrador; permite el acuerdo y la cooperación entre personas que en otros ámbitos mantienen diferencias graves, acaso irreconciliables. Un empresario contrata a un trabajador por lo que éste le puede aportar, sin necesidad de que tengan que estar de acuerdo en su forma de ver la vida. En otro tiempo, la presencia de millones de musulmanes en Europa sólo se podía entender como el resultado de una invasión bélica, pero lo cierto es que sólo han venido a ganarse la vida porque nuestra sociedad es mucho mejor para ellos que la que les ha visto nacer.

Nosotros, guiados por el triunfo arrollador de la izquierda, hemos negado la realidad de nuestra cultura para igualarla, en el cero absoluto, a las culturas que arrastran quienes vienen a trabajar. Si, por un lado, muchos musulmanes mantienen que su sociedad de origen es mucho mejor que la nuestra, pese a desmentirse cada día que deciden estar aquí, por otro, entre nosotros también hay quien parece tener la misma idea. Esta confluencia extraña ha resultado en una solución absurda: el multiculturalismo. Es la solución que permite a los musulmanes mantener su sociedad, pero en nuestro suelo, y con nuestra organización económica.

La integración no es una cédula que le entregamos a quien viene, sino una voluntad de quien llega. Nosotros fomentamos los guetos multiculturales y ofrecemos ese apoyo sin lazos sociales que es el Estado de Bienestar. No les damos motivos para hacer un esfuerzo por integrarse. Ellos tampoco los tienen, porque se ven sustancialmente distintos a nosotros, y muy superiores.

Esta es la realidad. Una parte de la sociedad la niega. Otra la afronta, indignada ante la hipocresía reinante, y quiere acabar con ella con manos de cirujano: cortando por lo sano. Es ese terreno de quien no niega la realidad, pero no confía en que una sociedad libre puede ser lo suficientemente integradora como para que no surjan problemas, es donde surge la ultraderecha. Frente a ella no cabe negar los conflictos. Si permitimos que el terreno de la verdad lo ocupe este espacio ideológico, mal vamos. Lo que sí podemos hacer es un esfuerzo por entender cómo se puede integrar a personas de culturas diferentes en un mercado abierto. Y por empezar a creérnoslo nosotros mismos.

Solo el libre mercado puede salvar el país

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Mientras los esfuerzos del Gobierno en su lucha contra el desempleo solo ha servido para eliminar 42.000 puestos de trabajo el mes pasado (1.400 de nuevos desempleados al día, fines de semana incluidos), la multinacional de comida McDonald’s anunció que contrataría 50.000 personas en un solo día aumentando su plantilla en un 7%.

¿De qué han servido los estímulos monetarios, los planes E de turno, rescates bancarios, los Planes Renove y esos inventos infantiles del Gobierno y organismos supranacionales? Para muchos, la intervención del Estado es como la lotería. La mayoría de las personas juegan sabiendo que no les tocará pero consideran que el coste (precio del boleto) es insignificante con la recompensa del beneficio (el premio principal). En el mundo de la intervención, el ciudadano sigue la misma lógica: se deja llevar por la propaganda del hedonismo y soluciones fáciles para reclamar más intervención, porque consideran que es gratis y que, si les toca "la ayuda", el beneficio es enorme: pisos gratis, subvenciones, becas… La vida real nos enseña que dar algo que la sociedad valora por nada crea serios desajustes. Si una cosa es gratis, es que no vale nada.

La regulación e intervención son un fraude al esconder el coste social y económico de los bienes y servicios. Se traduce en altos impuestos, deuda del Estado (más impuestos en el futuro), una sociedad hedonista y la limitación de las opciones y el progreso humano. En muchas ocasiones, además, el soporte a la intervención estatal se debe al egotismo y envidia socialista. Es el caso de la limitación a los altos sueldos. Si alguien gana dinero legalmente y sin necesidad de recurrir a ayudas públicas, ¿por qué limitarlo? Porque el socialismo odia la meritocracia, el esfuerzo personal y la superación individual. Todo el que se niega a ser un borrego conformista es enemigo del socialismo.

Después, aquellos que piden más intervención se sorprenden de que las ayudas las reciban los bancos, los inmóviles sindicatos, la patronal y organizaciones de las que nadie ha oído hablar. El Estado no crea riqueza, distribuye las rentas según sus intereses creando pérdidas netas totales. Eso es el Estado del Bienestar.

La conclusión es evidente para cualquier ser racional. Si los bancos centrales han creado la crisis con su sobreoferta de dinero en el mercado y los Gobiernos la han perpetuado con sus ayudas y compra de votos e intereses, es que tienen un poder demasiado relevante en la sociedad.

Mire a McDonald’s. Crea trabajo sin necesidad de cobrar impuestos. Crea riqueza con el consentimiento del consumidor y la sociedad. Las empresas dependen de nosotros, no como los políticos ni las grandes compañías que están blindadas por las actuales leyes corporativistas y proteccionistas. Bajemos del pedestal a las grandes empresas blindadas como la banca, sector del automóvil, sanidad, educación, comunicaciones o energía. Libre competencia para todas. Que se peleen y se maten en el mercado para conseguir nuestro plebiscito sin una sola ayuda del Estado. Pasaremos de una economía estática dictada por los intereses del Gobierno a una dinámica gestionada por el ciudadano. Menos impuestos y regulación significan más empleo, mayor productividad, mayor capitalización del trabajador y por lo tanto, mayores sueldos.

Da igual el nombre del inútil que vaya a gobernar el año que viene, pero que tenga claro que mientras la economía no sea libre, este país, con todos nosotros, estará destinado a la pobreza y miseria perpetua.