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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

¿Cuál es el verdadero salario mínimo de España?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Muchos son los liberales que insisten en que tan exigua cuantía bloquea la creación de empleo y muchos son los intervencionistas que consideran que su importe es ridículo y que debe aumentar de manera muy sustancial. Al cabo, ¿cómo puede siquiera insinuarse que un salario de 641,4 euros al mes es un sueldo demasiado elevado que bloquea la creación de nuevo empleo? ¿Quién puede vivir con menos de 641,4 euros al mes? ¿Y cómo pueden protestar los ricachones empresarios de que no pueden pagar apenas 641,4 euros mensuales?

Lo primero, como siempre, es no dejarse llevar por las impresiones iniciales. Es verdad que el salario mínimo bruto que mes a mes percibe el trabajador es de 641,4 euros, pero coincidiremos en que lo relevante para que el empresario decida contratar o no a un trabajador no es el salario que éste finalmente percibe, sino el que en debe abonar la compañía, le llegue en última instancia a él o no. Por ejemplo, si mañana el Gobierno instaura un impuesto del 50% sobre el salario mínimo, el obrero pasará a cobrar sólo 320 euros mensuales, pero al empresario no se le habrá abaratado lo más mínimo el coste de contratarlo.

¿Y cuál es el salario (o coste) mínimo que debe sufragar un empresario para poder contratar a un trabajador? No, desde luego, 641,4 euros al mes. Para empezar, el salario mínimo está compuesto por 14 pagas, no por 12, de modo que prorrateando las dos pagas extraordinarias llegamos a 748,3 euros al mes (8.980 euros anuales). A este importe, sin embargo, hay que añadir la cotización a la Seguridad Social que soporta el empresario y que, como mínimo, será del 29,9% (contingencias comunes, desempleo, formación profesional y FOGASA), esto es, de 2685 euros anuales, lo que totaliza 11.665 euros al año (972 euros mensuales).

Ahora bien, recordemos que esta remuneración es a cambio no de 12 meses de trabajo, sino de 11 (hay incluido un mes de vacaciones durante el cual el empleado cobra pero no trabaja). Si anualizamos este coste, llegaremos a la cifra de 12.725 euros por año de trabajo realmente realizado (o 1.060 euros mensuales). Pero aquí no acaba todo.

Por cada año que transcurre, el trabajador devenga un derecho de cobro en caso de despido, coste que, tras la última reforma laboral, asciende a 20 días por año trabajado (o a 33, si el despido es calificado de improcedente). Dada la crisis actual, podemos cuantificar el coste esperado del despido (asumiendo una probabilidad de despido del 40%) para un trabajador que perciba el salario mínimo en una horquilla de entre 200 y 300 euros anuales. Digamos, para manejar números redondos, que el coste salarial mínimo por ejercicio en España sería de 13.000 euros. ¿Termina aquí la cosa?

No. Existe un último coste que no suele tenerse en cuenta pero que, obviamente, debemos computar. Se trata del llamado "coste del capital", esto es, la rentabilidad mínima que espera obtener el empresario al contratar al trabajador. Algunos podrán considerar que es un coste redundante y que, en cualquier caso, no habría que imputárselo al trabajador. Pero se equivocan: una forma, comprensible, de verlo es imaginar que el empresario en cuestión no dispone de capital propio para contratar al empleado y que, por tanto, debe solicitar un crédito a alguna entidad bancaria; crédito por el cual deberá abonar intereses (esto es, un coste financiero que sí sería imputable al deseo de aumentar su plantilla). Pero es que, aun cuando el empresario sí dispusiera de un capital propio, ¿por qué debería destinarlo a contratar al trabajador si, por ejemplo, puede invertir sus ahorros en adquirir deuda pública española que proporciona una rentabilidad de entre el 4% y el 6% con riesgos (y quebraderos de cabeza) menores a los de contratar un nuevo trabajador? En definitiva, sí hay que tener en cuenta el coste de oportunidad de destinar los ahorros (o de pedirlos prestados) para abonar los salarios mes a mes. Pues bien, dado que el coste del capital, por el mayor riesgo, será superior al interés que ofrece la deuda pública, podemos fijarlo conservadoramente entre el 7% y el 10% (entre 910 y 1.300 euros anuales).

Por seguir con los números redondos, podemos concluir que el coste laboral mínimo en España se sitúa en 14.000 euros anuales o 1.166 euros mensuales, casi el doble de la cifra que se nos suele ofrecer en engañosos titulares periodísticos (y eso que dejamos fuera otros costes más difícilmente cuantificables como el papeleo o el de representación sindical, o que no consideramos el caso de los convenios colectivos de cada sector, que mejoran las condiciones mínimas legales).

Por supuesto, como decíamos, una cosa es el salario mínimo que percibe mes a mes el trabajador en su cuenta corriente (641 euros más dos pagas dobles) y otra el coste salarial que, debido a toda la vorágine regulatoria e intervencionista, debe asumir el empresario. Mi punto no es que el salario mínimo sea muy alto desde la perspectiva del trabajador, que obviamente no lo es en absoluto, sino que, sobre todo en momentos de crisis, puede ser demasiado alto desde la perspectiva del empresario (lo que no significa que la solución deba pasar necesariamente por recortar los salarios que percibe el trabajador, sino que bien puede plantearse la minoración del resto de sus costes asociados).

Pensemos simplemente en que todo empresario, a la hora de decidir si contrata o no a un trabajador adicional, se planteará si ese empleado es capaz de generar unos ingresos adicionales para su compañía de 14.000 euros al año. A aquellos que consideran que el salario mínimo es demasiado bajo y que no obstaculiza la creación de empleo habría que preguntarles si piensan que, en momentos como el actual, todos los empresarios saben como obtener, gracias al trabajo de una persona, ingresos adicionales de 14.000 euros. Yo, al menos, no lo veo tan sencillo.

Una pyme que, por ejemplo, requiera de cuatro personas para iniciar sus operaciones necesitaría contar con un plan de negocios que le proporcionara unos ingresos de, al menos, 56.000 euros anuales para ser rentable (y ello suponiendo que su único coste fuera la mano de obra). De hecho, en el conjunto de la economía, los cinco millones de parados no podrían ser incorporados al sistema productivo a menos que fueran capaces de crear bienes y servicios valorados por el mercado en, como poco, 70.000 millones de euros (lo que equivale a un crecimiento, con respecto a la situación actual, del 6,5%).

Incrementar, como desean algunos, el salario mínimo que percibe el trabajador a 1.000 euros mensuales elevaría el coste laboral mínimo a cerca de 23.000 euros anuales, lo que complicaría todavía más la recolocación de parte o de la totalidad de los cinco millones de parados (que deberían ser capaces de crear bienes y servicios valorados en 115.000 millones de euros). Por no hablar, claro está, de que todos aquellos obreros que contribuyeran a generar unos ingresos inferiores a 23.000 euros anuales tenderían a ser despedidos.

En suma, en muchas ocasiones, aquellos que dicen ser los mayores defensores de los trabajadores suelen ser, consciente o inconscientemente, sus principales enemigos.

¿Y el salario mínimo, qué?

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Ya conocemos los detalles de la última reforma laboral llevada a cabo por el gobierno. Me sigue pareciendo insuficiente, y más después de la deriva comunista de sus medidas en cuanto a subidas de impuestos al trabajo, renta y vivienda.

El mercado de trabajo sigue siendo rígido. Considero, no obstante, que al menos se ha avanzado en que las empresas sean capaces de adaptar rápidamente sus estructuras productivas cuando existen cambios en la oferta y la demanda, ya que el despido objetivo permite a los empresarios despedir a trabajadores por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción.

En cualquier caso, estas medidas son totalmente insuficientes por sí solas para solucionar el problema del desempleo en España.

Una medida que se debería tomar urgentemente si no queremos llegar a los 6 o 7 millones de parados es la eliminación del salario mínimo. Y más, teniendo en cuenta que los verdaderos perjudicados son los trabajadores poco cualificados: jóvenes, inmigrantes, personas sin estudios. Precisamente las personas que en estos momentos están en paro y tienen verdaderas dificultades en encontrar uno nuevo.

Me explico. ¿Qué determina el sueldo de un trabajador? Su productividad. No hay ninguna otra razón. Si un trabajador produce 20€ a la hora, su sueldo no podrá ser superior nunca a 20€. De lo contrario, la empresa tendría que cerrar porque mantener al trabajador produce pérdidas.

¿Qué implicaciones tiene la explicación anterior? Pues simple y llanamente, que nunca se nos pagará un sueldo superior a nuestra productividad.

Y este es el motivo por el cual el salario mínimo perjudica a los trabajadores menos cualificados. ¿Por qué? Porque elimina su única arma para competir contra otros trabajadores más cualificados: ofrecer su trabajo a un precio más bajo.

Los trabajadores pueden competir por un puesto de trabajo de dos maneras: ofreciendo una productividad más alta por el mismo salario o aceptando un salario más bajo por realizar el mismo trabajo. Las leyes de salario mínimo hacen que los empresarios sólo puedan discriminar por criterios de productividad, lo cual deja automáticamente en situación de desempleo a jóvenes e inmigrantes.

¿Haría la ausencia de salarios mínimos que los salarios tendieran a cero? De ninguna manera. En el medio plazo, productividad (producto marginal) y salario tienden a igualarse. Esto es debido a que el trabajo es una mercancía y, por tanto, es escaso. Lo que hará que otros empresarios quieran optar a tener ese trabajador. Si el trabajador del ejemplo anterior cobrase 12€, otros empresarios no tardarían en ofrecerle 13, 14 o 15€ para que trabajase para ellos ya que produce mucho más de lo que cuesta. Así hasta llegar a 20€, que es su límite de productividad.

La idea de que los empresarios se unirían a modo de conspiración contra los trabajadores para pagar sueldos cada vez más bajos es ridícula y se aleja de la realidad. El salario (o contribución salarial) sólo se puede determinar por mecanismo de mercado. Ni lo pueden determinar unilateralmente los empresarios, ni lo pueden establecer coactivamente políticos y sindicatos.

Si esto no se quiere entender y se continúa manteniendo el salario mínimo en base a falsas justicias y derechos sociales, nuestro único futuro laboral será el desempleo masivo y crónico.

¿Puede una reforma laboral crear empleo por sí sola?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Bueno, pongámonos en el caso más extremo posible: la legislación laboral de un país impide que la gente pueda trabajar y, de repente, un Ejecutivo medio sensato opta por derogar ese liberticida mandato. ¿Cree usted que esa reforma laboral crearía empleo? Parece evidente que sí, y que lo haría además en grandes cantidades.

Claro que cualquiera podría objetar, con razón, que el anterior constituye un supuesto muy poco realista y en absoluto aplicable a nuestras sociedades. Bien, modifiquemos un poco ese extremo caso: consideremos una paupérrima economía donde el Gobierno decreta que nadie puede contratar a otra persona por menos de 5.000 euros mensuales (o cualquier cuantía superior a la riqueza esperada que pueden llegar a fabricar los distintos trabajadores); o consideremos otra economía deprimida y con unas perspectivas muy inciertas donde los elevadísimos costes del despido hayan convertido en una actividad de altísimo riesgo el contratar a personas de las que, muy probablemente, haya que prescindir en el futuro cercano; o consideremos una economía muy dinámica donde los empresarios se ven empujados a reconfigurar cada poco tiempo sus planes de negocio –trasladando los factores productivos desde unas áreas a otras de su empresa– pero donde la legislación laboral impide cualquier mínima movilidad interna del trabajador; o consideremos, en suma, cualquier economía donde las leyes laborales entorpecen de un modo apreciable la habilidad empresarial de tejer nuevos planes de negocio, ya sea imponiendo costes artificiales o cercenando gran parte de la productividad de esos planes.

En todos estos casos, una reforma laboral crearía empleo por la sencilla razón de que planes empresariales que antes no eran viables pasarán a serlo y, por tanto, algunos de los individuos con vocación empresarial que antes se quedaban de brazos cruzados o que ni siquiera se planteaban la posibilidad de dirigir una empresa, pasarán a hacerlo. El capitalismo es un sistema de cooperación social que funciona a través de la coordinación interpersonal impulsada por planes empresariales en competencia: restringir legislativamente la cantidad de planes empresariales factibles –por ejemplo, a través de draconianas normativas laborales– equivale a restringir el adecuado funcionamiento del capitalismo y, por tanto, de la creación de riqueza y del empleo. Piénselo un momento: si a un excelente nadador le atamos de pies y manos y lo lanzamos al mar cerca de la orilla, ¿cree que será capaz de salvarse? No. ¿Tendría sentido que alguien afirmara que el problema de ese nadador no son las ataduras, sino que no dispone de manguitos o de una bombona de oxígeno y que, por consiguiente, de nada serviría quitarle las ataduras? Evidentemente, no.

Por supuesto, alguien podría sostener que la reforma laboral es una condición necesaria pero no suficiente para crear empleo, que junto con ella deben darse otras imprescindibles condiciones como un más laxo acceso al crédito o un incremento generalizado del gasto; a saber, que si el nadador se encuentra muy alejado de la orilla o si tiene unas intensas dolencias estomacales, tampoco podrá salvarse por mucho que lo desatemos.

Y sí, obviamente nadie sostiene que la única causa de una crisis económica y su único paliativo sea una profunda liberalización laboral: si los bancos están medio quebrados será menester que se saneen; si el Estado se encuentra al borde de la insolvencia deberá ajustar su presupuesto; si existen otros mercados relevantes tan o más regulados que el laboral (como podría serlo el energético) habrá que proceder a su flexibilización, etc. Ahora bien, una cosa es sostener que una liberalización del mercado de trabajo no será capaz por sí sola de recolocar a todos los parados y otra, muy distinta, que no será capaz por sí sola de recolocar a ninguno de ellos.

 ¿Puede una reforma laboral ser condición suficiente para que muchos parados puedan encontrar un empleo? Sí, y ello aun cuando coincida con una restricción del crédito o del gasto dentro de la economía.

Primero, es verdad que las contracciones del crédito pueden ser devastadoras para un tejido empresarial que se haya acostumbrado a vivir y a funcionar merced a ese crédito, y es verdad que, mientras la sequedad de esa fuente de financiación continúe, muchos empresarios serán incapaces de invertir y de crear empleo por mucho que la reforma laboral les haya permitido descubrir nuevas y atractivas oportunidades de negocio. Ahora bien, no pensemos que el crédito es la única forma en la que se financian los proyectos empresariales y la creación de nuevo empleo; las empresas existentes que siguen ganando dinero (que siempre las hay, incluso en una crisis económica) disponen de una importante fuente de autofinanciación: sus propios beneficios. Las corporaciones asentadas, grandes o pequeñas, tienen la capacidad de expandir sus operaciones merced a la reinversión de sus ganancias, y un paso decisivo para ello puede ser una liberalización laboral que permita ajustar a la realidad las condiciones del mercado de trabajo. En resumen, sin crédito y sin reforma, nadie se lanzará a crear empleo; sin crédito y con reforma, parte de las compañías existentes y con beneficios pueden llegar a hacerlo. ¿Que aun así será insuficiente para recolocar a todos los parados? Es muy probable, pero al menos lograremos que una parte del tejido empresarial amplíe su producción y genere empleo.

Segundo, la tan extendida milonga keynesiana de que sin aumentos del gasto –o sin crecimiento del PIB– no es posible crear empleo debe ser descartada por entero. Sin duda, se trata de un argumento muy del gusto de la izquierda ("si no crecemos, de nada servirá la liberalización del mercado laboral; y si crecemos, no será necesaria"), pero no por ello deja de ser un argumento falaz. Recordemos que el PIB puede interpretarse tanto como lo que una economía gasta cuanto como lo que una economía produce. Dicho de otro modo, producción y gasto son dos caras de la misma moneda: no puede gastarse aquello que no se produce y no tiene sentido producir aquello que no desea gastarse. Sólo existe un modo de gastar hoy sin tener que producir hoy: mediante el endeudamiento (gastamos más en el presente a cambio de desprendernos de parte de nuestra producción futura). Pero si una economía tiene la vía del endeudamiento cerrada (por ejemplo, por hallarse en medio de una crisis causada por el exceso de endeudamiento previo), sólo podrá aumentar el gasto en la medida en que aumente su producción.

¿Y de qué depende la producción? Pues de dos elementos: de la cantidad de factores productivos dedicados a fabricar bienes y servicios y de la productividad de esos factores productivos. Dado que a corto plazo los aumentos generalizados de la productividad son muy complicados (es necesario ahorrar e invertir en bienes de capital que sean tecnológicamente más punteros o que se complementen sinérgicamente con otros ya existentes), la única forma de incrementar la producción, y por tanto el gasto, es incorporando a más factores dentro del tejido empresarial. O dicho de otro modo, en medio de una crisis económica, la creación de empleo no provendrá a corto plazo de un aumento del gasto, sino que en todo caso el aumento del gasto (de la producción) será consecuencia de la creación de empleo.

Es muy sencillo de entender: los individuos pueden gastar en función de sus ingresos y esos ingresos dependen de su producción. Si la reforma laboral permite que una parte de planes empresariales que antes no eran viables pasen ahora a serlo, todos los individuos implicados en esos planes (accionistas, trabajadores, proveedores, etc.) verán aumentar sus ingresos y podrán, por tanto, incrementar sus gastos (lo que rentabilizará la creación de empleo en otras partes del aparato productivo). La reducción del paro no será consecuencia del crecimiento del PIB sino al revés.

En definitiva, una reforma laboral que liberalice en profundidad el mercado de trabajo sí puede por sí sola generar empleo, sobre todo cuando procedamos de una situación de enorme rigidez previa que limitaba en mucho la coordinación empresarial. Evidentemente, su contribución positiva a la creación de riqueza y de puestos de trabajo puede verse total o parcialmente contrarrestada por otras circunstancias adversas dentro de la economía, como podría serlo una contracción muy severa del crédito, una catástrofe natural o una súbita obsolescencia de parte de su producción. La cuestión es que la reforma laboral no contribuye a desatar ninguna de esas circunstancias adversas y, por tanto, en el peor de los escenarios posibles, minimizará o compensará la destrucción de empleo originada por otras causas (facilitando, por ejemplo, la ejecución de nuevos planes de negocio dentro de aquellas empresas que puedan autofinanciarse). En un escenario no catastrófico, incluso cuando concurra estancamiento, una liberalización profunda del mercado laboral sí puede ser capaz de incrementar por sí sola el nivel de ocupación, aun cuando no vaya a solventar todos los desajustes de esa economía y, por consiguiente, a eliminar todo su desempleo.

Los pasajeros votan, las mercancías no

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Con el uso generalizado del moderno contenedor multimodal se fraguó una silenciosa pero fundamental revolución comercial en nuestro planeta a finales los años 60 del siglo pasado. Fue estratégico a partir de entonces invertir en toda la compleja cadena logística que mueve de forma eficaz y eficiente los ladrillos de la globalización por todo el mundo.

Desde hace demasiadas décadas uno de los retos más importantes que la política de transportes española ha tenido sobre la mesa ha sido el fomento del ferrocarril para el transporte de mercancías. Haber tomado en serio ese desafío hubiese resuelto en gran medida el problema endémico de ineficiencia de nuestro transporte patrio y hubiese contribuido a la productividad de nuestra economía. El ferrocarril de mercancías es el medio de transporte más eficiente en términos coste-beneficio, el que menos contamina y el que menores externalidades negativas genera. Evita la congestión en las carreteras y tiene una valiosa repercusión sobre la productividad y la actividad exportadora de un país.

Con la llegada de la democracia, nuestros sucesivos gobiernos se han desentendido del transporte de mercancías por ferrocarril sin ningún rubor. En el último decenio se han malgastado especialmente los recursos en otras inversiones poco eficientes (algunos aeropuertos) o en irresponsables despilfarros (llevar el AVE a todas las provincias). Los decisores políticos de este área, sin criterio económico alguno, no han sabido o querido ver dónde estaban las verdaderas prioridades: ahondar en la liberalización del transporte ferroviario iniciado tímidamente con la Ley del Sector Ferroviario de 2003 que puso fin al monopolio franquista, mejorar las infraestructuras del ferrocarril de mercancías, darle buen acceso a nuestros puertos, promover centros logísticos y conseguir una mayor integración en el ancho de vías con la red europea. Ni siquiera se ha invertido en trenes mixtos de pasajeros-mercancías o en verdaderos centros de cambio modal eficientes.

Por el contrario, desde el año 2000, al calor de los fondos europeos y de la borrachera del crédito barato, se ha llevado a cabo una descabellada planificación y la mayor orgía de inversiones públicas en tren de alta velocidad por toda nuestra extensa geografía (según ADIF, más de 45.000 millones de euros se invirtieron por Fomento en este concepto desde el cambio de siglo). Sin embargo, el resultado real de esta mega inversión pública es bien magro: la cuota modal de ferrocarril en pasajeros ha crecido del 5,7% (2000) al 5,8% (2010) mientras que la esencial cuota de ferrocarril en mercancías ha disminuido miserablemente del 7,4% (2000) al 4,1% (2010); siendo por lo demás los que más hemos caído en Europa (la cuota media es del 12%). España es líder mundial en kilómetros de vía de alta velocidad (AV) por habitante, pero estamos a la cola en crecimiento de la productividad. Es lo que sucede cuando se invierte con criterios netamente políticos y cuando la economía no importa. El acceso de nuestras mercancías a los mercados internacionales es hoy día menos competitivo que hace una década.

El problema no es sólo el enorme esfuerzo inversor realizado sino su alto coste de oportunidad, su mantenimiento operativo (100.000 euros de media por kilómetro y año y 200.000 euros si es túnel) y su amortización. Es un lastre difícil de llevar en esta época de supuestos recortes de gasto público. Actualmente hay 2.665 km de AV construidos y casi 2.000 más proyectados (cifra escalofriante). Asimismo la apuesta española por el AVE ha supuesto una distorsión en el mercado al sustituir corredores aéreos y de autobuses eficientes y competitivos, que se autofinanciaban sin necesidad de dinero público, por corredores ferroviarios muy deficitarios financiados por el contribuyente. Un desastre, se mire por donde se mire.

Por si esto fuera poco, las experiencias en Francia y en Japón demuestran que la oferta de AV no promueve el desarrollo de las regiones conectadas -excepto los nodos centrales- ni tiene repercusión sobre la productividad industrial del país. Además son sólo rentables en realidad si el volumen de pasajeros anuales por kilómetro es denso tal y como ocurre en los trayectos de Tokio-Osaka (230.000), de París-Lyon (casi 60.000) o de Colonia-Frankfurt (51.000); cosa que no sucede ni de lejos en ninguno de nuestros trayectos (máximo record alcanzado por el momento: 14.000 pasajeros anuales por kmt. en el AVE de Madrid-Sevilla).

Sólo después de la crisis y su subsiguiente sequía y encarecimiento crediticios, el ex ministro de Fomento, José Blanco, cayó en la cuenta de que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y de que hubiese sido preferible invertir más en trenes de mercancías. A buenas horas mangas verdes: la obra pública ha vivido su gran fiesta y no supimos aprovecharla. Se ha invertido excesivamente en infraestructuras inadecuadas en detrimento de otras más urgentes y necesarias. Lo malo de este derroche suntuoso de recursos al querer hacernos campeones de AV es que todos sus responsables políticos nos han endeudado excesivamente yéndose luego de rositas (tal y como sucede, por ejemplo, con las primas-subvenciones aseguradas a las plantas termosolares durante 25 años).

En su descargo hay que decir que esta euforia de inversiones en AV y su ruinoso mantenimiento ha contado con el consenso de todos los partidos políticos, la aprobación de los medios de comunicación tanto nacionales como locales y el sorprendente respaldo agradecido de la mayoría de la población, pese a que buena parte de ella no podrá utilizar de forma asidua su servicio por ser caro. Todos aplauden acríticamente mientras ignoran que más del 80% de los buques portacontenedores procedentes de Oriente pasan diariamente por delante de nuestras costas cruzando el estrecho de Gibraltar para acabar atracando en el eje portuario Rotterdam-Rin. Si lo hiciesen en nuestros puertos (que sería lo lógico) se ahorrarían tres o cuatro días de navegación por el Atlántico -sobre todo ahora que los tradicionales puertos centroeuropeos empiezan a dar muestra de congestión- y la mercancía llegaría uno o dos días antes a su destino final. Pero no lo hacen y los buques mercantes pasan de largo por falta de previsión de nuestros torpes políticos.

En Hispania seguimos padeciendo una infraestructura ferroviaria de mercancías obsoleta e insuficiente, trenes lentos además de cortos, mala gestión, muy poca competencia de operadores (Renfe Operadora, "TECO", es dominante) e ineficientes centros logísticos. Esto explica que se observe por nuestras calzadas un permanente desfile de camiones de un atomizado sector de transporte por carretera. En lo referente a los contenedores, el camión tiene una pega: sólo puede cargar uno sólo por trayecto. De ahí que tenga más sentido su intervención en los tramos finales (últimas millas) de la cadena de transporte, dejando las rutas transoceánicas al buque y las continentales o de larga distancia preferentemente al tren. En EE UU, India, China y Australia lo tienen tan claro que han fomentado incluso la carga de contendores en doble altura sobre los raíles, a diferencia de lo permitido por las precavidas autoridades europeas, por cierto.

Nuestros gestores públicos han malgastado en AVEs mucho dinero del contribuyente -pasado y venidero- como si fuéramos una nación muy rica y muy densamente poblada, en detrimento del estratégico tren de mercancías. Una muestra más de prodigalidad e inepcia de nuestra reciente época dorada.

Por una reforma laboral drástica

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

El mercado de trabajo español es una contradicción. No es mercado porque no hay acuerdos libres entre partes, y cada vez ofrece menos trabajo. Su estructura, heredera directa de la dictadura franquista, no ha sido cambiada significativamente durante estos treinta años largos de democracia.

De España dicen algunas encuestas que es un país donde domina ideológicamente la izquierda, pero también es un país muy conservador, existe mucha reticencia al cambio o, al menos, a ciertos cambios. Cualquier nueva propuesta encuentra rápidamente la oposición de no sólo muchos grupos que viven del statu quo, sino también de los individuos que tienen como filosofía el "que me quede como estoy" o "más vale malo conocido que bueno por conocer".

La liberalización del mercado laboral siempre ha contado con importantes detractores en los órganos de poder, sobre todo entre los sindicatos y partidos de izquierda, pero también entre las organizaciones de empresarios y en los partidos de derechas. En España, hay mucha alergia a la libertad y a sus consecuencias.

Durante el franquismo, los sindicatos que vivían en la clandestinidad reivindicaron la libertad de los trabajadores a asociarse y a luchar por sus propios derechos, pero cuando Franco murió y fueron poco a poco legalizados, simplemente ocuparon el lugar de los sindicatos verticales que ya existían. En vez de defender los derechos de los trabajadores o, al menos, de sus afiliados, trabajaron para afianzar y ampliar su poder. En España, hay 5,2 millones de parados, las perspectivas son muy sombrías y avanzamos inexorablemente hacia los seis a final de año. Y no parece importarles mucho, dado su empecinamiento en defender un modelo laboral y económico que nos ha llevado a semejante desastre.

Sindicatos y patronal fueron avisados por el presidente Mariano Rajoy de que tenían hasta el seis de enero para ponerse de acuerdo en una reforma profunda del mercado de trabajo. Pasó la fecha y el presidente del Gobierno, que no se caracteriza por su contundencia, amplió dicho plazo. Sindicatos y patronal parecen haberse especializado en marear la perdiz, no en buscar unas mejores condiciones a sus "protegidos". Y muy sano para la perdiz no debe de ser. El acuerdo al que han llegado, subir salarios por debajo del IPC, parece un mal chiste, porque no soluciona nada.

La liberalización de esta cosa laboral que padecemos es la única vía posible de mejora. Toda contratación lleva emparejado un posible despido, que tendrá muchas y variadas causas, desde la coyuntura económica, pasando por los problemas concretos del sector o las políticas económicas del Gobierno, hasta el capricho del empresario o de los propios trabajadores.

Si para "salvaguardar" el sacrosanto derecho al trabajo encarecemos el despido a niveles inaceptables por parte del empresario, necesariamente estaremos haciendo muy difícil la contratación, pues éste se ve en la obligación de comprometer unos ingresos que a lo mejor no consigue en el futuro, no llegan a tiempo o no puede permitirse. Tendrá que tirar con lo que tenga o pueda tener y no con lo que le gustaría tener.

Con las actuales condiciones laborales, el empresario se puede permitir jugar con el miedo del trabajador a ser despedido y a formar parte de esos 5,2 millones de desesperados. Se podrá permitir tener sueldos relativamente bajos o malas condiciones laborales a cambio de prometer estabilidad laboral. Ojo, no digo que esto ocurra necesariamente, sino que el empresario no tiene tantos incentivos para mejorar esas condiciones, aunque ello pueda repercutir en la eficiencia de la empresa.

Las cosas son muy distintas si el trabajador no tiene miedo a ser despedido. Sabiendo que encontrar un puesto de trabajo depende de su capacidad, de sus conocimientos, de su adaptación a las circunstancias y no tanto de otros factores ajenos, se podrá permitir vender sus servicios a cambio de un sueldo adecuado a sus características, con unas condiciones laborales aceptables.

Los empresarios buscarán mantener en plantilla a aquellos trabajadores mejores o, al menos, a los más adecuados, buscará hacer más rentable su empresa, más eficiente, y eso lo conseguirá manteniendo buenas condiciones, no sólo de sueldo, sino también en cuanto al entorno laboral y, por extensión, al familiar. La famosa conciliación familiar se puede conseguir sin necesidad de legislar a su favor, simplemente porque ayuda a la eficiencia empresarial y a que sus clientes tengan mejores servicios.

La libertad del trabajador es algo que molesta a los sindicatos porque les hace perder poder. Molesta a ciertos empresarios y empresas que se comportan como burocracias. Molesta a aquellos trabajadores que se niegan a mejorar, a evolucionar, que se asustan del cambio. Molesta a los que creen que su estatus es un derecho, que una carrera, unos estudios o una formación llevan implícito un sueldo "digno", que la sociedad tiene que velar por ellos.

Existen muchos más factores que podemos analizar en el panorama laboral español, pero quiero centrarme en una percepción personal. Creo que una gran mayoría de españoles aún piensa que la protección de sus puestos de trabajo a través de despidos caros es una ventaja y un derecho, sobre todo si aún no ha perdido el suyo. Mientras esta mentalidad sea la dominante y el miedo a la pérdida sea más potente que la iniciativa, la repulsa será mayoritaria. Mariano Rajoy parece ser consciente de ello y ha pronosticado movilizaciones y hasta una huelga general cuando presente su reforma. No sé qué hará el presidente del Gobierno, pero si seguimos haciendo lo mismo o algo parecido a lo que hemos hecho hasta ahora, los resultados serán similares: más parados.

La reforma laboral que hace falta

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

El mercado laboral español es un mercado anémico. Genera poco empleo, y cuando lo hace es de pésima calidad o mal remunerado. Incluso en época de vacas gordas, en la parte expansiva del ciclo, con el crecimiento y la recaudación fiscal disparados, el paro es anormalmente alto. En los años de la burbuja inmobiliaria las tasas de desempleo bajaron a mínimos históricos situándose en el entorno del 7%, una cifra de la que presumíamos, pero que se corresponde con el desempleo que hay en otros países durante las recesiones. En Estados Unidos, por ejemplo, se empieza a hablar de problemas de empleo cuando el paro sobrepasa el listón del 8%, y en Alemania, un país “de nuestro entorno”, un 10% de la población activa desempleada dispara todas las alarmas.

Las razones por las que nuestra economía genera pocos puestos de trabajo son múltiples. Influye el grado de capitalización del país, que es inferior al de otros países desarrollados. También la tradicional vulnerabilidad de las empresas españolas: pequeñas, poco competitivas en el mercado global y enfocadas en su mayoría al mercado interno, por lo que, en cuanto éste estornuda, muchas se ven condenadas a la quiebra. Aunque es cierto que, durante la última década, han nacido un puñado de multinacionales españolas, no son suficientes para un país del tamaño del nuestro, con 47 millones de habitantes y un PIB que lo coloca entre las 15 principales economías del planeta. En España, para colmo de males, se emprende poco. Por razones culturales, pero también administrativas. El empresario, piedra filosofal de una economía libre tiene que pasar un calvario administrativo y no tiene buena imagen social.

Con todo, el principal obstáculo para la creación de empleo en España no son las empresas, sino la legislación. Nuestro mercado laboral es de los más rígidos del mundo. Contratar un trabajador conlleva un gasto considerable, multitud de trabas administrativas y supone un vínculo difícil de romper por parte del empleador. Las relaciones laborales en España están muy sindicalizadas mediante convenios colectivos que firman unos cuantos sindicalistas y unos cuantos empresarios en nombre de todos los trabajadores y todos los empresarios del sector en cuestión. Estos convenios, generalmente alejados de la realidad concreta de la empresa concreta, son auténticos fabricantes de parados.

El trabajo, que no deja de ser, a fin de cuentas, un factor más en el proceso productivo, se sobreprotege activamente desde las administraciones públicas y la propia legislación. Esta sobreprotección ha obrado lo contrario de lo que pretendía. En lugar de garantizar un puesto de trabajo bien remunerado para todos, ha conseguido que en España se trabaje poco y mal o, directamente, que no se trabaje en absoluto. Las mal llamadas “conquistas sociales” del trabajador, cifradas en privilegios sin cuento para la casta sindical, los empleados públicos y los contratos indefinidos de larga duración, han dejado al resto de trabajadores expuestos al mercado informal (en el que no hay ningún tipo de derecho y todo desafuero tiene cabida) o al desempleo eterno.

La reforma laboral es, por lo tanto, una urgencia si queremos dejar de liderar la Champions League del desempleo. Ante un hecho tan evidente, en el que parecen coincidir casi todos, pueden ir poniéndose parches como se ha hecho hasta ahora o abordar el problema de raíz. Debería empezarse por suprimir el salario mínimo, que perjudica a los menos productivos condenándoles a emplearse en la economía sumergida. Porque, aunque parezca mentira, nuestra legislación a quien más perjudica es a los más débiles: los jóvenes y los menos adiestrados, que no pueden utilizar el salario como arma de negociación. Se debería, a renglón seguido, poner fin a los convenios colectivos de curso obligatorio, un resabio del fascismo corporativo que no tiene cabida en una economía libre que aspira a competir en el mundo. Los convenios no favorecen a los trabajadores, sino a quienes los firman. En el camino se dejan un buen número de parados. Los convenios tienen, además, la peculiaridad de penalizar el esfuerzo y premiar la pereza. Es difícil encontrar algo bueno en ese desfasado marco de relaciones laborales.

Con estas dos reformas el mercado laboral se reanimaría a ojos vista. Luego, si lo que se pretende es que en España se trabaje, el Gobierno no haría mal en rebajar sustancialmente las “cargas laborales” de los trabajadores y liberalizar el despido. Lo primero dejaría más dinero en el bolsillo de los trabajadores y abarataría el coste del factor para los empleadores, lo segundo acabaría de un plumazo con el miedo cerval que los españoles tienen a perder su empleo, simplemente porque sería mucho más fácil encontrar otro nuevo.

Desempleo siempre va a existir, el problema es que en nuestro país ese desempleo es estructural y de larga duración. La relación entre trabajadores y los empresarios viene dictada contractualmente desde arriba, lo que degenera en desconfianza y envenenamiento sistemático, del que se derivan males como el presentismo, las intrigas, los chantajes o las jornadas laborales agotadoras. Un círculo vicioso que sólo una política laboral inspirada en la libre contratación bajo el imperio de la Ley, puede romper.    

Intervencionismo contra la función empresarial y el crecimiento en Economía

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Si se respetan las relaciones causales responsables del crecimiento en Economía, las instituciones de un país deben guardar el máximo respeto por la propiedad privada y por el cumplimiento de los contratos y, por tanto, las autoridades necesariamente deben actuar dotando las mejores condiciones posibles para que se ejerza sin trabas la función empresarial -lo que en inglés se denomina entrepreneurship o, si se prefiere, el espíritu emprendedor de los ciudadanos- como la actividad “impulsora de la creatividad y de la coordinación que surgen espontáneamente en el mercado“.

Pero alcanzar una sociedad abierta y dinámica con un grado de evolución sociocultural avanzado como el descrito en el anterior párrafo significa que las clases dirigentes deben asumir la importancia de respetar las leyes económicas “naturales” que obtienen sus máximo esplendor cuando las autoridades garantizan el cumplimiento de la Ley pero, además, interfieren lo mínimo posible en el mercado, permitiendo que se extienda entre la población tanto la cultura del esfuerzo, el mérito y la capacidad profesionales como la asunción del riesgo asociado a la obtención de beneficios empresariales.

Sólo entonces se consiguen las mejores condiciones económicas para el desarrollo de la eficiencia dinámica en Economía con el inicio de nuevos negocios y el incremento del comercio con la interacción, libre y pacífica, de millones de ciudadanos que son los responsables directos de la creación de riqueza en las naciones.

La lectura del ensayo ¿Poder o ley económica?, publicado en 1914 por el economista austriaco Eugen von Böhm-Bawerk y editado en castellano en 2009 por Unión Editorial, resulta gratificante porque, aunque no lo manifieste expresamente, sus ideas enlazan con el “iusnaturalismo” que defendían los autores de la Escuela de Salamanca, tanto en su defensa de los individuos y de un orden “natural” como en su oposición al intervencionismo porque merma el crecimiento económico del conjunto de la sociedad:

…así como las leyes de los fenómenos puramente naturales se aplican según un orden inmutable e independiente de la voluntad y de los acuerdos de los hombres, así también en la vida económica existen unas leyes contra las cuales la voluntad humana, aunque sea la del Estado con todo su poder, resulta impotente, y que ni siquiera las intervenciones artificiales de las fuerzas sociales pueden desviar la corriente de los fenómenos económicos de un comportamiento impuesto imperativamente por el poder de las leyes económicas. Una de estas leyes, entre otras muchas, es la referente a la regulación de los precios por la oferta y la demanda, cuyo eficaz funcionamiento se ha podido observar innumerables veces, por ejemplo, sobre los intentos realizados por el gobierno, con su poder coactivo, para reducir con su intervención “innatural” el precio del pan en tiempos de carestía, o bien para atribuir a una mala moneda el poder adquisitivo de otra buena.
Böhm-Bawerk (1914 [2009], p. 51).

Sin embargo, aquellos intelectuales, académicos y ciudadanos que captan la importancia de las leyes económicas “naturales”, de aplicación universal y en cualquier época, que subyacen en los fundamentos del crecimiento económico, se mantienen en un estado de frustración permanente y de preocupación constante, al observar cómo muchos dirigentes siguen descuidando la estructura de incentivos que permite la empresarialidad.

Ya sea por defender una ideología “colectivista“ (y equivocada) en su identificación de las causas del crecimiento, ya sea por recibir erróneos consejos económicos o bien por primar un cálculo demoscópico para obtener réditos electorales, los políticos adoptan medidas “antieconómicas” que impiden el proceso “natural” de las relaciones económicas responsables del crecimiento de una sociedad abierta con la imposición gubernamental de intervenciones como, por ejemplo, los salarios mínimos, la negociación “colectiva”, los monopolios de grupos de presión, los precios fijos, las subvenciones, el gasto social o, también, el incremento de los impuestos.

Aumentos salariales “artificiales”

Böhm-Bamerk analizó en su ensayo cómo los aumentos salariales conseguidos “artificialmente“ por encima del incremento de productividad de cada empresa, mediante imposición de los sindicatos a cambio de la “paz social“, no pueden ser permanentes porque afectan seriamente a la empresarialidad:

… para evitar pérdidas netas insostenibles a largo plazo, los empresarios se ven en la necesidad de cubrir el aumento salarial con un aumento de la productividad marginal del trabajo. Y para conseguirlo…, la única solución es la prolongación de las vías indirectas de producción; solución que, sin embargo, sólo puede adoptarse si al mismo tiempo se procede, en igualdad de condiciones, a la reducción de plantilla.
Böhm-Bawerk (1914 [2009], pp. 125-126).

Aumentos de impuestos “artificiales”

Sin embargo, un razonamiento similar también se puede aplicar cuando el aumento de la recaudación tributaria de un Estado no se produce de un modo “natural” como consecuencia de una mayor actividad económica que incrementase los beneficios de los empresarios, sino que se obtiene de un modo también “artifical” por un aumento gubernamental del impuesto de sociedades o bien, como ha ocurrido recientemente en España, por el incremento unilateral de los impuestos sobre las rentas de trabajo y las rentas de capital.

En el primer caso, se disminuyen los beneficios de las personas jurídicas y, por tanto, a medio y largo plazo se minora la empresarialidad al disminuir la rentabilidad de los negocios y, por tanto, la capacidad de nueva inversiones de los empresarios y, en aquellas empresas con tamaño y flexibilidad suficientes, fuerzan las reducciones en el coste fijo de su masa salarial, con reducciones de nóminas o bien mediante despidos de trabajadores, para que el negocio retome la senda de la rentabilidad.

En el segundo caso, se merman las nóminas y las rentas de capital de las inversiones y, por ello, se resta capacidad de ahorro y, a posteriori, capacidad de consumo e inversión a los ciudadanos con lo que, igualmente, se deteriora la función empresarial de una economía de mercado.

En ambos casos, los aumentos de impuestos “directos” deterioran la función empresarial de una economía de mercado y lastran el crecimiento económico de los países. Se quita dinero en efectivo del sector privado para trasladarlo a las administraciones públicas, evitando el necesario ajuste de las partidas de gasto público. Por un lado, restan competitividad al sector privado. Y, por otro lado, posponen la reducción de las ineficiencias públicas y, por tanto, evitan el imprescindible ajuste de un Estado hipertrofiado que es el principal problema de las economías de Europa.

Disminuye la posibilidad de eficiencia dinámica en la Economía, porque se elimina del mercado privado una cantidad ingente de dinero que, antes, podían ahorrar los agentes económicos para decidir dónde consumir, dónde invertir, dónde crear valor añadido o dónde emprender un nuevo proyecto empresarial. Por tanto, es una ley “natural” y universalmente aplicable, en todo momento y lugar, que las subidas de impuestos (más allá de garantizar los fundamentos del crecimiento económico y, especialmente, si son tributos “directos“) deterioran la función empresarial y lastran siempre el crecimiento económico de los países.

Socialismo de Estado

Aunque existen bastantes más casos de intervención política en Economía, para no extenderme, permítanme que resalte el valor actual de Böhm-Bawerk, aprovechando las palabras del profesor Lorenzo Infantino en el prefacio del libro, para describir el intervencionismo:

Los marxistas querían sustituir las leyes de la economía por la primacía de la política, que se pretendía lograr mediante el plan único de producción y distribución. Los representantes de la escuela histórica [alemana] tenían igualmente como objetivo la primacía de la política. Pero, en lugar de recurrir a la planificación, pensaban implantar un sistema de intervencionismo generalizado, es decir, una especie de “socialismo de Estado”.
Böhm-Bawerk (1914 [2009], p. 37)

Ese razonamiento sigue siendo válido hoy, en Europa y en España, un siglo después, al igual que son válidas las leyes económicas “naturales” que permiten afirmar que encarar una crisis de deuda con expectativas “reales” de éxito requiere la realización de un ajuste fiscal serio pero, también, la introducción de reformas que permitan recuperar la competitividad frente a las economías emergentes.

Ajuste fiscal, competitividad y función empresarial

Ambas tareas sólo son posibles de acometer de forma conjunta y de modo que se favorezca la función empresarial: 1) si el ajuste fiscal se realiza sin aumento de impuestos “directos” que lastren el crecimiento al deteriorar la competitividad y la empresarialidad, 2) si también se encaran los problemas a medio y largo plazo derivados de la insostenibilidad del enorme “gasto social” de Europa y, especialmente en España, 3) si además se acometen reducciones drásticas en las partidas presupuestarias que racionalicen el gasto en el Estado central y, especialmente, en las autonomías y los entes locales.

Por el bien de todos los españoles, esperemos que la necesaria reforma laboral logre evitar la coacción de los sindicatos y que, después de las elecciones andaluzas del 25 de marzo 2012, la política no interfiera más en la economía y nos encontremos con un ajuste fiscal serio de 40.000 millones de Euros en el año 2012 y otros 40.000 millones en el 2013, realizado exclusivamente con reducciones de gasto público.   

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Defensa matizada de las demandas colectivas

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Las demandas de reparación de daños causados a una pluralidad de consumidores y usuarios de bienes o servicios son conocidas por el nombre de demandas colectivas (class actions, en los EEUU). En Norteamérica, tierra de Common Law, fue donde surgieron durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX las primeras soluciones jurisprudenciales innovadoras que acogieron por economía procesal su tutela colectiva.

Hasta el nacimiento de estas acciones, no existían remedios procesales adecuados para que una empresa respondiera de los litigios de masa y su indemnización, para poner fin a sus malas prácticas hacia su clientela o para cambiar los clausulados generales y abusivos de sus contratos. Sin ellas, muchos afectados no litigaban por no merecerles la pena afrontar los gastos de un procedimiento judicial. El surgimiento de las class actions supuso poner al alcance de mayorías desorganizadas una herramienta muy eficaz de defensa de sus intereses frente a las minorías organizadas y poderosas.

A pesar de que en muchas ocasiones las demandas colectivas en los EEUU no llegan finalmente a juicio porque lo normal es alcanzar un pacto extrajudicial (y millonario) entre las partes una vez conseguida su declaración por parte del juez, su influencia sobre la empresa demandada es fulminante y su efecto sobre el resto del sector es francamente disuasorio. Este sistema de reclamaciones deriva en una mayor prudencia por parte de las empresas, sabedoras de las indemnizaciones a las que deberían hacer frente si producen daños o perjuicios extensos sobre sus clientes.

Frente al descrédito de las regulaciones gubernamentales y sus indeseables consecuencias, el ejercicio de las acciones colectivas es un medio eficaz para que la sociedad civil ejerza una función de supervisión sobre los agentes del mercado. Tienen un efecto preventivo y actúan como mecanismo regulador ex post de abajo a arriba.

Pese a la mala prensa que existe contra el abogado que se enriquece con las acciones colectivas, lo que en el fondo hace al perseguir su propio interés es servir al interés público. Lo que no consiguen la administración ni las agencias reguladoras (proteger los derechos de las víctimas) lo logra la sociedad civil mediante la actividad coordinada de profesionales del derecho, asociaciones de consumidores y grupos de afectados. Por el contrario, las agencias reguladoras nacionales ejercen un control sobre el mercado de arriba a abajo con innumerables intrusiones en la actuación de las empresas que, además de distorsionarla, poco hacen realmente a favor de los intereses reales de los consumidores y usuarios. Eso sin contar con que dichas agencias gubernamentales acaban siendo cooptadas por las empresas a las que regulan, cosa que es más difícil que suceda si el control procede de los consumidores y sus diversas asociaciones.

En los dos últimos decenios está recogiéndose este tipo de acciones en muchas legislaciones de países de la OCDE. En España hubo que esperar a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 para que nacieran procesalmente en toda su extensión las demandas colectivas. Aunque nos hemos subido tarde al carro de esta institución, está dando sus frutos. A modo de ejemplo, recordemos las demandas interpuestas por la OCU contra el cierre de las academias de inglés Opening tras el cobro fraudulento de la matrícula anual o contra Endesa y REE por el apagón de Barcelona de julio 2007, la demanda de ADICAE contra varias entidades bancarias por la venta engañosa de swaps a sus clientes como si fueran coberturas de tipos de interés hipotecarios o la reciente demanda presentada por el bufete de abogados de Cremades contra los controladores y Aena por el cierre abusivo (a parte de delictivo) del espacio aéreo.

No obstante, es innegable que ha habido un uso agresivo y excesivo de este tipo de demandas, especialmente en los EEUU. Ha sido casi siempre cuando el legislador ha dado previamente armas inadecuadas a los supuestos agraviados que les han permitido reclamar por daños difusos o intereses que no pertenecen a nadie en particular gracias a una legislación excesivamente garantista o a la existencia del antinatural y estático Derecho de la competencia. Que se lo pregunten si no a las tabaqueras americanas que pagaron la indemnización más elevada por demanda colectiva en la historia jurídica de los EEUU, a numerosos cárteles que han tenido que desembolsar pagos millonarios por el triple del supuesto daño ocasionado o a Wal Mart, que recientemente se ha librado in extremis de indemnizar a 1,6 millones de ex empleadas por discriminación sexual al no ser convenientemente promocionadas gracias a que el Supremo norteamericano desestimó al final la demanda interpuesta por la "demandante líder".

En resumidas cuentas, las demandas colectivas no son más que un potente megáfono procesal que amplificaría tanto las fortalezas como los errores del derecho sustantivo subyacente. Si éste está basado en principios jurídicos sólidos y claros, aquéllas incrementarán su efectividad; si, por el contrario, el moderno legislador se empeña en seguir extendiendo los límites de la responsabilidad empresarial más allá de lo razonable, multiplicarán sus secuelas nocivas.

Desde hace algún tiempo la Comisión Europea está cocinando un proyecto de directiva de resarcimiento de daños con el fin de armonizar los recursos colectivos en todos los países miembros de la Unión. Va en la dirección equivocada. Parece ser que dicha norma comunitaria se va a centrar en demandas colectivas por presuntos perjuicios al cuerpo social ocasionados fundamentalmente por daños al medio ambiente, por conductas desleales y, sobre todo, por prácticas monopolistas (con la intención de que haya una aplicación privada del Derecho de la competencia).

Cuando se apruebe, me temo que con su futura trasposición a los ordenamientos jurídicos europeos tendremos el peor de los escenarios posibles: por un lado una ya existente sobrerregulación invasiva y, por otro, un futuro aumento de la litigiosidad por demandas colectivas contra empresas, no por daños masivos, ciertos y comprobables ocasionados a un gran número de víctimas, sino por supuestos daños o intereses imprecisos alentados por las preferencias teóricas del legislador (i.e. la competencia perfecta, el precio justo, el principio de precaución exacerbado o la preservación inmaculada de la naturaleza). Podemos pasar entonces de lo socialmente productivo a lo económicamente destructivo.

El coste de trabajar

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

El trabajo del ser humano y la naturaleza constituyen los dos recursos básicos mediante los que satisfacemos nuestras necesidades. Es más, de ambos, es el único recurso imprescindible para la confección de productos y servicios: puede haber servicios que se suministren sin el concurso de recursos naturales, pero no se pueden concebir sin la aportación del trabajo.

El trabajo, por tanto, tiene un valor y tiene un precio. El valor le deriva de la valoración de los bienes o servicios finales para los que es preciso. Del precio, hablaremos en las siguientes líneas.

La fijación del precio del trabajo, esto es, del salario, es uno de los aspectos que más interés tiene para todos los individuos, pues quien más y quien menos sobrevive con los ingresos que obtiene a cambio de su trabajo. La teoría económica austriaca relaciona dicho precio con el valor que tiene para el empresario, que a su vez depende de la valoración de los bienes finales. Así pues, para esta escuela, el salario es un precio más de un factor de producción, cuya fijación no presenta ninguna especificidad teórica.

Sin embargo, no es la Escuela Austriaca la corriente principal económica en la actualidad, lo es la Escuela Neoclásica. ¿Y cómo se fijan los precios para esta escuela? Es bien sabido: en el punto de corte entre la curva de oferta y demanda. Además, si el mercado está en competencia perfecta, sostienen que el precio tiende al coste marginal del bien.

El mercado de competencia perfecta se caracteriza por una serie de condiciones de equilibrio, que han sido expuestas por ejemplo aquí. Sorprende al examinar el mercado del trabajo que parece aproximarse bastante bien a estas condiciones. Por ejemplo, hay un gran número de oferentes muy atomizados (los trabajadores), ni hay barreras de entrada o salida al mercado (no hay obstáculos para ofrecer su trabajo, o dejar de trabajar). La información es razonablemente transparente, y también hay un cierto grado de homogeneidad en el producto vendido. Desde luego, para un economista neoclásico, este mercado se puede considerar de competencia perfecta. O, al menos, de los más próximos entre los reales a su modelo.

Pues bien, siendo así, es claro que el precio del bien, el salario por el trabajo, debería igualarse al coste marginal de realizarlo. Pero, y aquí llegamos al título del comentario, ¿cuál es el coste de trabajar?

En una primera aproximación, no parece que trabajar tenga ningún coste. Es más, siguiendo la concepción neoclásica que equipara coste al precio de los factores, y habida cuenta de que no se necesita ningún factor de producción para confeccionar el puro trabajo, el salario debería ser ¡cero! Sin embargo, es obvio que la mayor parte de la gente no está dispuesta a trabajar al salario que parece predecir la teoría neoclásica. Algo falla.

Si profundizamos algo más, es relativamente rápido darse cuenta de que para que el hombre pueda trabajar necesita, al menos, alimentarse. Quizá sean estos costes de subsistencia los que, de acuerdo al modelo neoclásico, fijan el precio del trabajo.

Estos costes de subsistencia son evidentemente variables, dependen de cada individuo. Cada uno decide cuál es el mínimo de subsistencia para sí mismo: uno puede conformarse con pan y agua, otro puede necesitar varias residencias a lo ancho del mundo y trajes de calidad. Así las cosas, siguiendo el modelo neoclásico, el salario tendería a un mínimo de subsistencia objetivo, que permitiera vivir a todo el trabajador que lo percibiera. Desde esta perspectiva, se podría incluso "justificar" la necesidad de regular un salario mínimo que permitiera al trabajador vivir con algo de dignidad, y no limitarse a subsistir.

Pero todo este análisis se topa con la dura realidad, en que sabemos de la existencia de muchos salarios muy por encima de ese mínimo de subsistencia. ¿Cuál es el coste marginal de hacer una película (como actores) para George Clooney o para Julia Roberts? ¿Cuál, el de Cristiano Ronaldo de jugar con el Real Madrid? ¿Cuál el de Francisco González por dirigir el BBVA? Para todos ellos, el coste neoclásico es cero, o, con más precisión, el coste de sobrevivir. ¿Por qué, si es así, ganan tanto?

Porque realmente el coste que consideran estos señores a la hora de tomar una decisión de donde trabajar no es coste marginal de la producción de ese trabajo, sino el coste subjetivo de las alternativas perdidas, que es la concepción que tiene la Escuela Austriaca del coste. George Clooney, confrontado con una oferta para hacer una película, no la compara con lo que le cuesta hacerla, sino con lo que deja de ganar por hacer esa, en lugar de otra. O por lo que deja de disfrutar si dedica el tiempo a su ocio, cosa que a su vez dependerá de variables como su riqueza acumulada, compañía y mil cosas más que no cabe pormenorizar aquí.

Los economistas neoclásicos denominan a este concepto, coste de oportunidad. Y a veces intentan incorporarlo a sus modelos. Lo que ocurre es que este coste de oportunidad, que realmente es el único coste confrontado, es un coste subjetivo, pues solo cada individuo puede percibir las alternativas de actuación que se le ofrecen, o generar dichas alternativas. Y al ser subjetivo, es difícilmente modelable, al contrario de lo que el economista neoclásico considera costes, y que no son otra cosa que los precios de los factores de producción, siempre visibles en el mercado.

En resumidas cuentas, trabajar, como todos sabemos, sí tiene un coste: el coste de oportunidad de lo que podríamos hacer con el tiempo dedicado al trabajo. No obstante, si atendiéramos a los postulados neoclásicos, nuestro trabajo tendría precio cero o, en el mejor caso, el precio de nuestra subsistencia. Menos mal que también en esto sus modelos están equivocados.

Consumimos mucho y consumimos mal

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

En plena crisis económica, los ingenieros sociales no pierden oportunidad de hacernos un poco mejores. Mejores, claro está, según sus criterios. Parece que, en todo el proceso productivo que va desde que el producto sale de la tierra y llega al consumidor, se pierde mucha comida, muchísima comida, tanta que los caros funcionarios que llevan a buen término los lentos procesos burocráticos de la Unión Europea, entre ágape y ágape, se han dado cuenta.

La Comisión de Agricultura ha aprobado un informe que exige medidas urgentes para reducir a la mitad los residuos de alimentos en 2025. Según las conclusiones del mismo, en los hogares y los supermercados de la Unión Europea se pierde o desperdicia el 50% de los alimentos. Vamos, que si no he entendido mal, consumimos mucho y consumimos mal. Suerte que están aquí estos señores comisarios para informarnos de nuestros desmanes, estos señores que en casi todos los países de la Unión se han dedicado a gastar lo que no tenían y han disparado tanto la deuda soberana que ni los mercados más arriesgados quieren financiarles sus excesos a un precio aceptable. Pero aquí están dando lecciones de moralidad.

Parece que no se han dado cuenta, o si lo han hecho, desde luego no lo han considerado, de que si yo o cualquier persona tira la mitad de lo que compra para comer, como mucho se está haciendo daño a sí misma, pues podría invertir ese dinero en algo más productivo. Sin embargo, ni esta afirmación es necesariamente verdad, ni las consecuencias de nuestros actos son necesariamente buenas o malas. Si yo gasto más de lo necesario en comida o cualquier otra cosa, estoy alimentando indirectamente una cadena que mantiene innumerables empresas y puestos de trabajo. Lo mismo se puede decir de empresas como los supermercados, se dañarían a sí mismas, pues no creo que les haga mucha gracia que la mitad de lo que compran no puedan venderlo, ya que repercute en sus cuentas y en su propia supervivencia.

Más absurdas parecen aún las medidas propuestas, pero es que los burócratas sólo piensan como burócratas o, como dijo un político estadounidense: "la única cosa que nos salva de la burocracia es su incompetencia". Vamos, que son absurdas pero responden a su lógica intervencionista. Parece que la solución mágica que han ideado, aunque con un ligero punto de autocrítica, es que el etiquetado y el envasado son deficientes. Y eso, pese a cumplir la estricta reglamentación europea sobre etiquetado. Pero la solución no está en dar más libertad en este sentido y que las empresas busquen soluciones a este problema, si es que, claro está, nos encontramos ante un problema. No, la solución ha sido reforzar sus políticas que, todo sea dicho, son las que han llevado a la situación actual. Por lo visto, las nuevas etiquetas tendrían que llevar, además de la fecha de caducidad o de "consumir preferentemente antes de", otra fecha, la de "vender antes de", y como debemos de ser tontos por definición, el informe aclara además que los estados deberían asegurarse de que entendemos qué diferencias hay entre unas fechas y otras. Además, debería ampliarse la gama de envasados para favorecer estas políticas tan inteligentes.

De nuevo, los burócratas viven en su Babia particular. El problema de la excesiva y cambiante reglamentación, que no sólo hay que pensar en la europea, sino en las nacionales y regionales, encarece el proceso productivo y, por tanto, los precios de los productos. Además, hace que las empresas destinen buena parte de sus capitales e inversiones a satisfacer las necesidades de los burócratas y no las de sus clientes, que se ven así doblemente perjudicados.

Como no podía ser de otra manera, toda política social tiene que tener su justificación moral. En la UE, hay ni más ni menos que 79 millones de ciudadanos que viven por debajo del umbral de la pobreza y, de ellos, 16 millones de personas dependen de las instituciones de beneficencia para alimentarse, por lo que estas medidas estarían encaminadas también a que se mejore el acceso a los alimentos para estos necesitados ciudadanos. Entramos en una trampa malvada del intervencionismo socialista: que las consecuencias de nuestros excesos conllevan las carencias de otros, que la economía es un juego de suma cero. ¡¿Cómo no vamos a ocuparnos de los pobres?! Pero yo me pregunto: el hecho de que yo desperdicie la comida o una empresa se equivoque al calcular lo que puede vender, ¿llegaría al pobre que vive de la beneficencia? ¿Acaso mi dinero no quedaría en mi cartera para satisfacer otro menester, o lo que no venda la empresa no quedaría como exceso de oferta en el campo o en el almacén del intermediario? ¿No hay otra manera de solucionar su problema o aliviar su sufrimiento que el que proponen los burócratas? En definitiva, consumimos mucho, consumimos mal y somos unos insolidarios. Menos mal que estos funcionarios derrochadores nos guían por el camino correcto.