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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

La aversión (del político) a las reglas

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Tanto a los políticos paternalistas (conservadores) como a los igualitaristas (socialistas) de todos los partidos no les gustan las reglas. Les saben a poco. Su "alta" misión es la de dirigir y ayudar a sus gobernados, de los que generalmente no tienen muy buen concepto, bien porque les consideran ignorantes e incapaces de valerse por sí mismos o socorrerse mutuamente, o bien porque les tienen por unos perfectos explotadores de sus congéneres y unos depredadores insaciables del entorno a los que hay que atar en corto.

Las reglas son normas abstractas, aplicables a todos por igual y vacías de contenido que no predeterminan el resultado de la acción humana pero permiten la pacífica convivencia de los individuos que conforman un cuerpo social. Unos ejemplos arquetípicos de reglas serían las de tráfico o las de cualquier juego de mesa o deporte. Con ellas se sabe de antemano el modo predecible del comportamiento de los participantes pero es imposible saber a ciencia cierta el trayecto o el desenlace final de todos y cada uno de los movimientos, ni conocer de antemano quién será el ganador de una competición basada en reglas objetivas. Lo decidirá la pericia, el conocimiento y la suerte de los participantes-actuantes.

Al político pescador de votos le parecen este tipo de reglas del todo insuficientes. Son tan frías y tan poco "comprometidas" que no podría vender su mercancía y sería considerado un zoon politikon deslucido sin posibilidad casi ninguna de obtener representación. Si un individuo aspirante a gobernar aceptase impasible el resultado de unas reglas neutras sería tanto como firmar su destierro de la arena pública. El político está para cambiar la realidad. Por ello debe forzarla con normas, mandatos y sanciones para moldearla a su gusto (que en democracia será el que la mayoría de los votantes consienta).

Por desgracia, se tiende a producir legislación en abundancia y a desdeñar las reglas de conducta generales y claras para todos. La moderna producción de normas capitaneada por los activos Ejecutivos actuales (que llevan al Parlamento del ronzal y al que le presentan su agenda de elaboración de leyes) se caracteriza por ser excesiva y finalista, además de cambiar a velocidad de vértigo. Se legisla absolutamente todo y a todas horas ("legislación motorizada", diría Carl Schmitt). Se crea lo que Hayek denominaba legislación masiva (regulaciones y mandatos) en contraposición a la Ley (reglas institucionalizadas). La estela zapateril quedará en los manuales como ejemplo de volatilidad regulatoria, tal y como atinadamente enumeraba hace poco Ángel Martín en Libertad Digital (no están ni mucho menos recogidas todas y cada una de las iniciativas o arranques de las dos floridas legislaturas de ZP).

Desde la 2ª Guerra Mundial los poderes públicos se han ido haciendo progresivamente garantes de los derechos sociales (siempre crecientes) a favor de sus ciudadanos, han ido buscando la nivelación económica, la seguridad y la estabilidad en el empleo, el establecimiento de estabilizadores automáticos, el mantener la demanda agregada, etc. Poco a poco la actividad del Estado ha ido encargándose también de la asistencia sanitaria, la educación, la regulación del trabajo, el salario mínimo, el subsidio por desempleo, la jubilación, el fomento de ciertas industrias… para luego extender su radio de acción sobre la cultura, las políticas activas de empleo, la vivienda digna, la protección al medio ambiente, la dependencia de los ancianos, la igualdad de trato, etc. A todo ello hay que darle un sustrato jurídico, una dotación presupuestaria y un desarrollo reglamentario que dañará, a la postre, las reglas de convivencia, pues para conseguir aquellos fines colectivos se acabará yendo inexorablemente contra la libertad y hacienda de los más productivos.

Ante la avalancha de mandatos, normas finalistas y sus bandazos regulatorios, el ciudadano permanece paralizado ante la eventualidad de incurrir en cualquier infracción, el empresario a la espera de autorizaciones administrativas y dedicando sus escasos recursos a satisfacer los deseos del legislador, en vez de innovar y trabajar para las preferencias del cliente y, por último, el inversor quedará espantado. Los costes de este régimen de incertidumbre para el interés general son incalculables.

El derecho no debería nunca adecuarse a la política, es la política la que ha de ser adecuada al derecho. Esto no deja de ser hoy un desiderátum, la realidad es justo la contraria. El mantenimiento del extenso y complejo entramado de relaciones que implican las modernas sociedades abiertas pende de un hilo –cual espada de Damocles- con cada iniciativa que se le ocurra al gobernante de turno y la consiga introducir en el ordenamiento jurídico.

El legislador actual impone compulsivamente objetivos comunes a todos. Esto es impracticable en un orden extenso a no ser que se pretenda minarlo antes o después. La cuestión de fondo es saber cómo podemos vivir juntos en una sociedad repleta de personas que se mueven por distintas opiniones, creencias, intereses y fines muy diversos. Para ello, hay que sustituir el anhelo afectivo de lo "social" por el estricto respeto a las meras reglas de procedimiento y por un constante empeño por mejorar la definición de los derechos de propiedad y sus garantías, es decir, por el marco jurídico de una sociedad fértil y libre. Las insistentes pretensiones de justicia social que cada dirigente imponga o mantenga, a pesar de las buenas intenciones, pueden malograr a largo plazo la sociedad abierta.

Hay muchas formas de vivir, pero son pocas las formas de vivir pacífica y prósperamente. Frente a la crisis actual del sobreendeudado Estado moderno, una de las formas verdaderamente claves de organizarse la sociedad es conforme al equilibrio presupuestario y a los principios del Estado de Derecho clásico. La socialdemocracia actual y su Estado de bienestar, su inflación, su protección de grupos organizados y su indisciplina presupuestaria no podrán sobrevivir sin una permanente regulación. Una sociedad libre, por el contrario, no podrá nunca hacerlo sin la Ley. El mercado libre y la Ley nacen (y mueren) juntos.

Lo realmente difícil y decisivo comienza ahora

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Esa fundamental tarea corresponde a los empresarios, a los ahorradores y a los trabajadores tanto nacionales como extranjeros; son ellos quienes han de sanear su situación patrimonial, rehacer sus planes de negocio y, en definitiva, volver a generar riqueza. Así, la misión de Rajoy a partir de hoy no consiste en ser un "buen gestor", sino en dejar de meterles el dedo en el ojo o en la llaga a quienes sí les corresponde y sí son capaces de serlo dentro de sus propias economías: empresarios, ahorradores y trabajadores.

En una economía libre, semejante prescripción equivaldría a que Rajoy se encerrara en La Moncloa e incordiara lo menos posible al personal; en una economía ultraintervenida como la española, significa justo todo lo contrario: los populares, si es que de verdad aspiran a que podamos superar la crisis, tendrán que desfacer todo el entuerto gestado no sólo por el zapaterismo, sino por el dirigismo socialista que ha gobernado este país durante décadas. Y para ello tendrán que pisar muchos callos: los de unos sindicatos ultraprivilegiados, los de los grupos de presión apesebrados y, sobre todo, los de una sociedad española acostumbrada a vivir amamantada por el Estado.

Bien está, pues, que el PP haya ganado las elecciones con una holgada mayoría absoluta. La necesitará. Mas por sí misma la mayoría absoluta no soluciona ninguno de nuestros problemas. Lo que requerimos con urgencia son reformas, no nuevos gestores políticos que no deberían gestionar nada. El momento de la verdad empieza ahora, tanto para una derecha que deberá demostrar si está dispuesta a llegar hasta el final en la senda reformista o, en cambio, opta por dejarnos a casi todos tirados por el camino, como también para una izquierda que tendrá que recomponerse y decidir si aspira jugar la carta del populismo socialista e indignado.

Cambio de Gobierno sin reformas –y sin reformas drásticas– no servirá de nada: ahí está el caso de Passos Coelho en Portugal, cuya prima de riesgo sigue estancada por encima de los 1.000 puntos básicos desde que en junio llegó al poder aun cuando está haciendo caso a las directrices de la Unión Europea. Cambio de Gobierno con reformas sí podría servir: ahí está el caso de Irlanda, que desde julio ha reducido los tipos de interés que paga por su deuda desde el 15% al 8% gracias a que está adaptando su mercado mucho más rápido de lo encomendado por Bruselas.

¿Y qué reformas son ésas? Fundamentalmente la fórmula que ya se ha acredito con éxito en aquellos países que han tenido la gallardía de aplicarla: austeridad pública y liberalización privada. Lo primero significa una reducción muy intensa del gasto público sin castigar vía impuestos a un sector privado que ya se encuentra suficientemente asfixiado por sus deudas: todas las administraciones deberían reducir su gasto a los niveles previos a la burbuja inmobiliaria (y al zapaterismo), lo que, corrigiendo por inflación, implicaría aproximadamente un recorte de casi 100.000 millones de euros. Sólo así despejaremos las dudas sobre la solvencia de nuestro Estado y sólo así el conjunto de nuestra economía dejará de depender de la financiación que ya no nos podemos permitir. Este importantísimo ajuste habría que ponerlo en práctica como tarde para 2013, esto es, mucho antes de lo que nos exige Bruselas, pues quien nos presta el dinero no es Durao Barroso, Merkel o Sarkozy, sino unos ahorradores nacionales y extranjeros que no se fían de nosotros. Sí, es posible que con ello entremos en recesión: pero no olvidemos que de lo que se trata es de volver a generar riqueza de manera sostenible, no de mantener una economía descompuesta en respiración asistida por la vía del extraordinario e insostenible endeudamiento que nuestras Administraciones Públicas cada vez tienen más complicado captar. Ahora mismo, criticar que reduciendo el gasto público la economía volverá en la recesión equivale a haber criticado en 2005 que reduciendo la inversión en nuevas viviendas la economía española habría crecido menos y no habría creado tanto empleo.

Lo segundo, la liberalización privada, pasa por eliminar de raíz la negociación colectiva para poder negociar con libertad las condiciones laborales, por suprimir la maraña absurda de regulaciones en el mercado eléctrico (acabar con las nuevas primas a las renovables, recortar las ya comprometidas y mantener en funcionamiento la energía nuclear) y por derruir todos los obstáculos a la creación, disolución y gestión de nuestras empresas. Es decir, Rajoy tendrá que plantarles cara al lobby sindical, al lobby ecologista y al lobby de aquellas grandes empresas que viven de la teta pública y de la restricción legal de la competencia. Los pactos, el diálogo y el temple pueden estar muy bien si no se cede un ápice en las reformas necesarias, pero en este caso, cuando se trata de poner fin al modo de vida parasitario que muchos de estos organismos han mantenido durante décadas, es de prever que poco entendimiento cabrá con ellos. Y si lo hay, probablemente habrá un gato muerto encerrado.

Pero no sólo necesitamos austeridad y liberalización. A estas alturas de la película, con el crédito del país por los suelos, es imprescindible poner las medidas sobre la mesa lo antes posible, tanto por cuestiones de índole política –la resaca de su aplastante victoria y las esperanzas de cambio no durarán demasiado tiempo– como económica –no tenemos tiempo que perder–. Ahora que ya tiene asegurada la mayoría absoluta, Rajoy debería salir esta misma semana a la palestra y anunciar cuál será su plan de Gobierno; es decir, si es que lo tiene –y, si no, ya podemos ir haciendo todos las maletas, que el capital hará lo propio–, ha llegado la hora de que revele su famosa agenda oculta.

En cualquier caso, tengamos todos bien claro que de un modo u otro –con o sin reformas– los próximos años serán muy duros: España tiene ante sí un largo período de reducción de nuestras deudas privadas, lo que significa un cierto estancamiento semidepresivo de nuestra economía hasta que familias, empresas y bancos hayan terminado de sanear sus balances y rehacer sus planes de negocio. La diferencia es que con reformas el sufrimiento no será en balde e irá seguido de una mejora de nuestra economía, y sin reformas sufriremos tanto o más y nos hundiremos en el abismo. Hoy se ha acreditado que Rajoy tiene la capacidad de hacerlas –no sólo en el Gobierno central, sino en la mayoría de ejecutivos autonómicos– y eso, en sí mismo, es una buena e incluso esperanzadora noticia. Sin embargo, nos falta por conocer si de verdad posee la voluntad de implementarlas incluso ante una calle que sindicatos, ecologistas, indignados, comunistas y no sabemos si también socialistas se encargarán de incendiar. Ésa es la incógnita que debería despejar lo antes posible para que todos, también "los mercados", sepamos a qué atenernos.

Efecto cobra

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Durante la administración de la India colonial, los funcionarios británicos allí destinados intentaron erradicar el número de cobras debido a las numerosas muertes que provocaban entre la población. Sabido es que el veneno de este reptil, una neurotoxina, tiene un efecto paralizante y letal sobre el sistema nervioso. Dicha serpiente se le trata allí todavía hoy con respeto cuasi-religioso y rara vez se le da muerte.

Es comprensible que los antiguos administradores de la India desearan cambiar dicho estado de cosas. Por tanto, decretaron que todo aquél que matara y presentara el cuerpo del reptil se le recompensaría con una cantidad de dinero. Con ello se pretendió acabar con el problema.

La realidad fue que un buen número de indios comenzó a criar cobras a destajo para obtener beneficios. Cuando las autoridades británicas descubrieron el pastel, cancelaron las recompensas. Los criadores se vieron repentinamente sin su fuente de ingresos y, en consecuencia, soltaron las serpientes porque ya no les resultaban útiles. El balance final de aquella medida humanitaria de los bienintencionados burócratas fue negativo. Hubo un aumento espectacular de la población salvaje de cobras. Los paternalistas funcionarios de su Graciosa Majestad miraron para otro lado.

Salvando las distancias, las prestaciones por desempleo y las políticas activas de empleo son una muy loable preocupación por evitar dejar en desamparo a aquellas personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo e intentar activamente desde el Estado integrarlas de nuevo al mercado laboral. Pero estas ayudas tienen efectos no deseados: no sólo se estaría fomentando el fraude en aquellos casos que se trabaja en la economía sumergida y al mismo tiempo se recibe el subsidio o en los que se dan cursos fantasmas de formación pagados por todos los contribuyentes sino -lo que es aún más grave- se estaría desincentivando de forma masiva la búsqueda de empleo por parte de aquellas personas que se han visto, por desgracia, desposeídos de su trabajo en un momento dado de su vida. Es muy tentador volverse dependiente de las ayudas del bienintencionado Estado benefactor.

Aunque luego pretenda el gobierno controlar los fraudes, por mucho que endurezca las condiciones para acceder al subsidio, por todo el interés que muestre la Administración para controlar la asistencia a los imaginativos cursos de formación o se impongan penalizaciones a los desempleados que rechacen repetidas ofertas de trabajo, lo cierto es que las pretendidas soluciones a dicho problema sólo sirven para agravarlo y enquistarlo.

A esto se unen las malas cifras de desempleo en España que son lacerantes y demasiado tozudas. Los motivos son muy diversos, pero la palma de oro se la lleva nuestra legislación laboral que es la más inflexible de todos los países de la OCDE pues, a pesar de recoger todas las reclamaciones favoritas de los sindicatos, el resultado final es que dificulta y destruye la contratación en vez de animarla y conservarla. Las prestaciones por desempleo sólo son el remate final de dicha situación al volatilizar después todo incentivo personal de los individuos para ayudarse por sí mismo una vez se vean sin trabajo.

Demasiadas ofertas de empleo son repudiadas y muchos cursillos de formación se encadenan sin sentido alguno sólo por querer apurar hasta el último sorbo del subsidio. Son un caramelo envenenado con efectos paralizantes, como la neurotoxina. Es una protección sin duda compasiva pero mal planteada si se prolonga demasiado en el tiempo. No contento con ello, nuestro gobierno estableció en noviembre 2009 un Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), prorrogado ya varias veces (1,2 y 3), por el que ofrece adicionalmente 426 euros al mes a aquellos desempleados que ya no tienen "derecho a paro" durante seis meses mientras cumplan una serie de requisitos y la tasa del paro se sitúe por encima del 17%. Es un círculo vicioso. Alargará la agonía sin solucionar el problema de fondo.

En todos aquellos países que cuentan con mercado laborales rígidos aderezados con generosos sistemas de cobertura el paro se ha vuelto estructural. La propia naturaleza del ser humano está inclinada a la acción, siempre y cuando posea los incentivos correctos. El número de desempleados españoles es ya insoportable. Tenemos desde hace años el doble de tasa de paro de la zona euro; bastante mayor que Grecia o Portugal, por cierto. Con cinco millones de parados los sindicatos tienen las santas narices de mirar para otro lado.

Llevamos más de dos años con niveles de prestación por desempleo demoledores para nuestro maltrecho Presupuesto nacional (más de 30.700 millones de euros por año). Por su parte, las políticas activas de empleo, en su mayor parte ineficaces, tales como la intermediación del Servicio Público de Empleo Estatal (ex INEM) o los cursillos de formación patrocinados por las diversas administraciones, los sindicatos y las patronales suponen más de 7.600 millones de eurazos según Presupuesto de 2011. Estas últimas ayudas especialmente son una pesada carga despilfarrada bajo el encantamiento de las buenas intenciones; sencillamente son ya un lujo inasumible.

Es muy urgente permitir en España el reajuste de su desequilibrada estructura productiva, reformar el sistema financiero y tributario y liberalizar en serio el heredado mercado laboral para crecer, incentivar nuevas inversiones, exportar más y desendeudarnos de una bendita vez. Asimismo debemos también empezar a replantearnos como sociedad si tienen sentido las ingentes cantidades de dinero que se gastan anualmente en innumerables ayudas o subvenciones públicas (de todo tipo y especie) que implican recurrir a más deuda externa de la ya existente o lisa y llanamente el enterrar el dinero quitado a las cada vez menos numerosas empresas, familias y personas productivas que quedan entre nosotros.

Estoy denunciando un paradigma social que parece no da más de sí. Se debe cambiar la cultura asistencial por la del mérito, el sacrificio personal, el esfuerzo y la verdadera innovación, que no es otra que la del mercado, la libertad y la responsabilidad. No nos queda otra si no queremos que se nos reproduzcan los males.

La distancia que hay del Camp Nou a California

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Análisis diario.

Dentro de ocho meses, comer foie en California será ilegal. Según una ley firmada en 2004 por el gobernador republicano Arnold Schwarzenegger, no sólo criar animales para este fin estará penado, sino que incluso traer el producto de fuera de sus fronteras para consumirlo dentro estará perseguido por la legislación. Los argumentos utilizados son los clásicos en la defensa de los animales: es una crueldad lo que se hace con las ocas y nadie debe disfrutar a costa del sufrimiento de otro ser vivo.

La medida es sorprendente por su carácter liberticida y porque con argumentos similares se podría prohibir casi cualquier otro alimento de origen animal. Es evidente que vacas, cerdos, pollos o corderos sufren (si se puede utilizar este verbo humano para referirse a un animal) para proporcionarnos alimento y placer. Algunos dirán que es una exageración pensar que se va a ilegalizar el consumo de carnes y pescados, pero una vez que le abrimos la rendija a la intervención estatal, nadie es capaz de imaginar adónde llegará su intrusión.

En España, décadas de intervencionismo público nos habían habituado a aceptar con más o menos resignación cualquier tipo de legislación caprichosa que se le ocurriera al político de turno. Cualquier alcalde, presidente autonómico o ministro sólo tenía que encontrar una excusa (nuestra salud, el bienestar de nuestros hijos, nuestra seguridad…) para imponernos una nueva obligación y una nueva forma de control. Hasta hace poco, sólo el tiempo de ocio estaba casi por completo libre del asfixiante abrazo del Estado. Como esto era intolerable, las comunidades comenzaron a sacar normas que prohibían la compra de alcohol a determinadas horas (las leyes antibotellón) y luego el Gobierno decidió establecer por su cuenta dónde se podía fumar y dónde no. Poco falta para que se metan también en qué alimentos podemos o no comer.

Pensaba en todo esto el otro día cuando me encontré con la noticia de que el F. C. Barcelona había prohibido fumar en el Camp Nou. La asamblea de socios había decidido en votación que su estadio será a partir de ahora un lugar libre de humos. Por curiosidad, entré en algunos de los foros de internet asociados a la noticia y allí me encontré con profundas discusiones sobre la medida, sobre si se puede prohibir fumar al aire libre, sobre los beneficios que ha aportado en estos meses la ley antitabaco o sobre lo que molesta el humo de un puro durante un partido de fútbol.

Aunque en parte me lo esperaba, me pareció muy preocupante lo que encontré en estos foros. Los argumentos utilizados a favor y en contra de la decisión de los socios del Barça son prácticamente los mismos que se emplearon cuando entró en vigor la Ley Antitabaco hace casi un año. Casi todos los que se posicionaban a favor de la normativa estatal aplaudían también la medida de auspiciada por Sandro Rosell. Y al revés, los críticos de una también lo eran de la otra.

El problema es que una cosa y la otra no tienen nada que ver. La distancia que separa las dos medidas es mayor que los 9.660 kilómetros que hay entre Barcelona y Los Ángeles.

Yo no sé lo que habría hecho si hubiera sido socio del Barça. Por una parte me parece un poco exagerado prohibir fumar al aire libre; por otra, he sufrido la molestia de tener a un fumador de puros a mi lado a lo largo de las dos horas que dura un partido y no es agradable. Lo que sí que tengo claro es que no tengo nada que decir sobre una votación de los dueños del F. C. Barcelona acerca de lo que se puede o no se puede hacer en su estadio. Es como si prohibieran ir de amarillo porque da mala suerte o servir productos derivados del cerdo en sus bares. Cualquiera de las dos decisiones podría parecerme una estupidez o una concesión absurda a lo políticamente correcto, pero están en su derecho de fijar las normas que se aplican en su propiedad.

De hecho, pocos días después me encontré esta otra noticia. Algunos fumadores están pensando en impugnar el acuerdo de la asamblea azulgrana porque según una Ley autonómica "sólo el Parlament" está capacitado para prohibir fumar en espacios abiertos. Es el colmo: no sólo prohíben ellos, sino que prohíben a los demás que prohíban en su casa lo que les dé la gana. Los mismos que criticamos la Ley Antitabaco o la Ley Anti-Foie de California debemos defender el derecho del F. C Barcelona a impedir que se fume en su estadio. En realidad, el principio que subyace es el mismo: la defensa de la propiedad privada y de la autonomía del individuo a tomar decisiones sobre su vida.

Lo preocupante no es que el Estado se tome licencias que no le corresponden. Siempre lo hizo. Lo que nos debe aterrar es la condescendencia con que el ciudadano medio lo admite. Incluso aquellos que detestan la forma en la que se mata a las ocas o el olor del tabaco deberían estar en contra de estas leyes. Puede que ahora les gusten sus resultados, pero una vez que han dejado entrar al ogro del intervencionismo, les será muy difícil hacerlo salir.

Posdata: no es casual que esta Ley del Foie se haya aprobado en EEUU y que sea apoyada por demócratas y republicanos por igual. A muchos nos apasiona este país, su historia de libertades y la promesa de sus fundadores de construir "una ciudad sobre una colina" en la que los hombres libres pudieran vivir. Sin embargo, no debemos ignorar que de unos años a esta parte, casi todas las normas liberticidas han surgido allí y se han extendido después al resto del mundo (absurdos excesos de seguridad en los aeropuertos, antitabaco, cuotas, discriminación positiva…). Puede que sigan teniendo una economía más desregulada que la europea, que su mercado de trabajo sea más flexible y que sus ciudadanos sean más conscientes de este ataque a sus libertades. Pero no nos engañemos, el poder político norteamericano es tan asfixiante como el europeo y su afán controlador no deja atrás al de los burócratas del Viejo Continente.

De botellones y otros usos de lo público

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Hay temas que los políticos, escasos de valentía y sobrados de electoralismo, eluden con diferentes métodos, más o menos sofisticados. El del botellón, el ocio nocturno escandaloso y sucio es uno de ellos.

Como en tantos otros temas se trata de un caso particular del uso de los bienes comunales. Los espacios de las ciudades son espacios llamados públicos, eufemismo que sólo encubre que, en las sociedades modernas, son organizados por gestores públicos que lo manejan como propio sin serlo según unas reglas que provienen del pasado y que pueden modificar en línea de sus intereses particulares como gestores. Es posible esbozar un análisis praxeológico y evolutivo del problema.

Por evolución histórica el espacio no privado va siendo regulado por leyes que son fruto de un proceso de una competencia de fines más o menos excluyentes  y, por tanto, de combinaciones variadas de ellos. Las calles, las plazas, los viales en general, han sido orientados al tránsito en un proceso donde el servicio a la vida productiva se comparte con el servicio al ocio en una división temporal más o menos clara: día productivo, tarde de ocio tranquilo.

La noche es también momento de ocio aunque lo esperable es que se realice en espacios regulados como las terrazas o recintos privados. Con la irrupción de la izquierda política, aquel uso más burgués del espacio público fue alterado en función de un mayor o menor radicalismo. En muchos casos el espacio público fue (y en ocasiones aún lo es) apropiado por ella, aunque existe un cierto y difuso consenso en facilitar prioritariamente el uso de los viales como tránsito, y de las plazas y parques como descanso pre o post productivo.

Los muchachos del botellón, en concreto, hacen uso de los recursos que tienen para lograr lo que quieren con los menores costes posibles. Su respeto por el uso más o menos consensuado de los espacios públicos es menor, bastante menor que el de otros grupos de ciudadanos. Sus fines son juntarse y ocupar masivamente y excluyentemente el espacio privado para un ocio que perjudica a los propietarios colindantes, a los transeúntes que utilizan el vial con otros fines y generan sucesos violentos o disruptivos con frecuencia. Obtienen las bebidas al menor coste posible en los supermercados y ocupan, como free riders, el espacio público para reorientarlo hacia sus fines. Finalmente, producen grandes externalidades negativas.

Pero los políticos se niegan a adoptar medidas para limitar o suprimir esto. Por dos razones fundamentales: primero porque son gestores de lo ajeno que dependen del voto de los "botelloneros" adultos y del de los padres de los menores tanto como de quien sufre la externalidad negativa por su comportamiento. ¿Por qué un político iría a beneficiar a un votante más que a otro? Si no hay un grupo electoralmente más unido y poderoso no tiene por qué afrontar el problema y, simplemente, se esconde. Además, décadas de culto a la irresponsabilidad personal como marco ideológico global debilitan el uso burgués de los espacios públicos que se asentó tras las revoluciones industriales.

Las concentraciones de botellón generan externalidades negativas claras tanto si hay destrozos de propiedades privadas como si lo son de bienes públicos, o como si se trata de perturbación del sueño y de competencia a los hosteleros que sufren gravámenes por licencias, impuestos y precios públicos para sus terrazas. Por el contrario, los "botelloneros" eluden, cuando menos, esto último. Esto equivale económicamente  a una exención fiscal o a una subvención y, para colmo, con el efecto de perturbar a los demás.

El problema es irresoluble en términos lógicos y, por ende, en términos reales. ¿Por qué? Porque mientras existan espacios públicos toda política respecto de ellos es arbitraria, incluso cuando se oriente al servicio o protección de las propiedades privadas y las actividades productivas. Pero está claro que algo es necesario hacer y que eso pasa por retomar la subsidiariedad de lo público ante lo privado y la penalización de las externalidades negativas también en el botellón.

Ceguera y subvenciones, males del cine español

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

La ministra española de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha dado otra de sus habituales muestras de generosidad con el dinero de los ciudadanos hacia el cine, sector profesional del que proviene y al que seguramente vuelva cuando salga del Gobierno. En plena crisis y cuando resulta urgente rebajar el gasto público, acaba de aprobar otros seis millones de euros en subvenciones hacia sus pasados y previsibles futuros compañeros. Y mientras el Ejecutivo sigue malgastando el dinero de los ciudadanos en favorecer a una industria supuestamente cultural (que, además, por lo general vive de espaldas a los gustos de los espectadores), desde sus filas suenan voces culpando a todos menos a ellos mismos de que no se vean apenas películas españolas.

Pero tal generosidad no es suficiente para muchos de quienes viven de ese cine español que no tiene la aceptación del público. El actor Alberto San Juan es una buena muestra de ello, así como de la incapacidad generalizada en dicho sector para reconocer que no hacen productos de calidad o que se ajusten a los gustos de los espectadores a los que dicen dirigirse. Ha sentenciado que la "mala imagen" de las películas españolas y quienes las hacen radica en el "ataque incomprensible" de los medios de comunicación.

Por supuesto, estos ataques provienen de los medios de "extrema derecha", que son "numerosísimos". No se ha vuelto loco con esto último, en su ceguera ideológica (es compañero del más conocido admirador español de Pol Pot, Willy Toledo), todo lo que no se sitúe a la zurda del ala más izquierdista del PSOE es fascista o similar. También se ataca al cine español, según este señor, desde medios "supuestamente progresistas". Dicho de otro modo, quien ose criticar la calidad del cine desde la izquierda tan sólo "supuestamente" se sitúa en esas posturas ideológicas. Sectarismo en estado puro.

¿Y cuáles son las soluciones de Alberto San Juan para el cine español? No pasan por imitar a Santiago Segura y hacer películas rentables gracias a responder a los gustos de muchas personas. En absoluto. Para este actor, hay que dar "más apoyo" desde el Estado y los medios de comunicación. Sobre lo primero, está claro a qué se refiere: más subvenciones para poder seguir haciendo productos que no interesan a nadie. Sobre lo segundo, da que pensar. Si se refiere a dinero, las televisiones ya están obligadas por ley a financiar cine español. Si no se trata de eso, tan sólo puede referirse a recortar la libertad de los medios para obligarles a hablar bien de las películas que ellos hacen. Estaría bien que aclarara a qué se refiere.

La abundancia de personas como este actor y las subvenciones como las concedidas por González-Sinde son el principal problema del cine español. Mientras las películas no necesiten del público para ser rentables, quienes se dedican a ellas podrán seguir negándose a ver la realidad y continuarán haciendo productos que no responden a lo que quiere el público. Esa es la verdad, y no unos supuestos ataques que no son más que críticas a la mala calidad generalizada y a la actitud prepotente de muchos actores, guionistas y directores.

Localismos culturales

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Se dice que uno de los mecanismos de defensa ante la uniformidad es destacar la particularidad. Es cierto y sucede en muchos niveles de experiencia social. Dicen también que la globalización, y lo dicen sus detractores, ha traído una uniformidad cultural al modo occidental y que eso ha suscitado reacciones identitarias extremas y, según los antiglobalizadores, saludables.

Eso es cuestionable, sin duda. Y lo es porque quienes fuerzan la lucha contra las señas de identidad occidentales son políticos o aspirantes que no aceptan que sus compatriotas prefieran la moda francesa a la local, por ejemplo. Y, lo que es aún peor, no soportan que su elección sea libre. Para mantener su poder, o para recuperarlo, se inventan un imperialismo cultural cuando lo que hay es una aceptación libre de otras modas y costumbres. Inventado éste, la solución es liberarse de ese imperialismo, eso sí, por la fuerza coactiva de las leyes y, si hace al caso, de las armas. El resultado es una tremenda impostura donde el indigenismo más racista pasa por liberador y la mediocridad cultural, por riqueza.

En la España de las autonomías se llevan muchos lustros cayendo en ese papanatismo. La clave, como siempre que sucede un regreso a la tribu, está en las clases políticas locales. Un escritor regional es mejor y más digno de ser estudiado en su patria chica que Cervantes. Un economista de andar por casa, por el mero hecho de que anduvo por casa, ya merece más loas que un premio Nobel. 

Las autonomías nos trajeron esto: que la Historia Universal, la cultura universal, todo lo universal, o sea, lo que trasciende la tribu y llega al individuo por su excelencia, haya caído en desuso por los políticos autonómicos. Se subvencionan con dinero público a escritores locales porque lo son, a reformistas locales porque lo fueron, por más que se hubiera demostrado su deuda intelectual con otros sabios foráneos. Eso da igual. El mundo empieza con los míos, con lo mío.

Lo que sucede es que con estas artes lo que estamos es, además de asentando las bases del poder plutócrata de los jefes de tribu, rebajando el nivel cultural de la población. Y, por si fuera poco, de tanto degustar lo mediocre por encima de lo excelso, las sucesivas generaciones de españoles bajan la pendiente a cada vez mayor velocidad.

Precarización del trabajo y mercados intervenidos

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Si bien resultaría difícil proporcionar una definición rigurosa del término, todos tenemos una idea de en qué consiste un trabajo precario. Se suele asociar con trabajos temporales, mal pagados, en que el trabajador se limita a hacer tareas rutinarias y para las que se requiere escasa preparación. Posiblemente sean las últimas dos características apuntadas las que causan las primeras, puesto que ambos rasgos posibilitan que haya mucha mano de obra capaz de llevarlas a cabo, y el emprendedor preferirá no invertir demasiado en el individuo a contratar.

Los trabajos precarios se suelen asociar también al capitalismo salvaje, a empresas que compiten en la gama baja de productos: poca calidad a poco precio. No voy a citar ejemplos concretos, en primer lugar, porque sería injusto para los empresarios; y, en segundo lugar, porque ni siquiera hace falta, ya que la mayor parte de la gente tiene estas asociaciones a fuego en su imaginación.

Comenzaré el análisis praxeológico del fenómeno describiendo la situación en el mercado no intervenido. Nada excluye la existencia de trabajos precarios en este mercado, como se puede imaginar. El salario y restantes condiciones laborales son percibidas como un todo por el individuo, y sobre ellas decide si acepta o no el trabajo precario en función principalmente del coste de oportunidad de hacer otra cosa. De la misma forma, el empresario contratante compara el rendimiento que espera del individuo con los pagos que habrá de llevar a cabo si consuma la contratación. Si ambas partes perciben que van a ganar con el intercambio, el contrato se formaliza y el trabajador asume su puesto precario.

Sin embargo, no acaba aquí el proceso. Si realmente el trabajador percibe el puesto como precario, tratará de mejorar sus condiciones, usando para ello su capacidad de innovación. Son muchísimos los caminos que pueden explorar, pero aquí nos interesa especialmente uno: lo que en el argot se llama la integración vertical aguas abajo. Ello consiste en que siempre podrá, a partir del conocimiento y experiencia que obtenga en el desempeño de su trabajo, intentar ponerse por su cuenta en competencia con su contratista. En este sentido, hay que recordar que grandes empresarios de nuestro país comenzaron trabajando en lo que ahora denominaríamos "trabajos precarios".

Por su parte, el empresario "explotador", consciente de la misma amenaza, tenderá a mejorar las condiciones laborales del trabajador precario. No solo por la amenaza de que le entre un competidor, sino también por los costes que tendría para él cambiar de individuo para un puesto en el que presumiblemente ya tiene a alguien que funciona. No se olvide al respecto que el empresario ha anticipado los recursos necesarios para suministrar el producto o servicio y depende especialmente de la mano de obra para culminar el proceso.

En esencia, en el mercado no intervenido, parece que el puesto de trabajo precario surge gracias a las ideas de los emprendedores. Pero dicha precariedad rápidamente tiende a desaparecer. Si la idea es un éxito, porque el trabajador puede transformarse en competidor si no se le mejoran las condiciones, y porque el mismo éxito hará que se revalorice el puesto de trabajo permitiendo mejorar las mismas. En cambio, si la idea fracasa, el puesto de trabajo precario estará llamado a desaparecer en la recanalización hacia otras actividades de los recursos reservados.

¿Ocurre lo mismo en el mercado intervenido? Apuntemos tan solo dos escenarios de los posibles.

Uno se refiere a la existencia de barreras legales a la entrada, sea por concesión de monopolio u otros títulos habilitantes. En este caso, desaparece la presión competitiva que el trabajador puede ejercer aguas abajo, puesto que, en principio, le está vedada la entrada a la actividad en que podría mejorar la prestación mediante la experiencia adquirida. Un ejemplo bastante claro puede ser el de las farmacias y los titulados farmacéuticos que trabajan en ellas. Dada las dificultades de estos para hacerse con su propio establecimiento, terminan siendo carne de "trabajo precario", pues difícilmente pueden disciplinar a la otra parte contratante.

El otro escenario se correspondería con aquellas actividades para las que la regulación obliga a contratar a los individuos, presumiblemente contra las preferencias del empleador. En este caso, el trabajador se encuentra proporcionando un servicio que la sociedad no demanda en realidad. Resulta así muy difícil que la experiencia atesorada pueda traducirse en mejoras de productividad o en los servicios, pues es algo que nadie demanda, y que solo se contrata por obligación.

A modo de ejemplo, se puede traer el de los socorristas de piscinas comunitarias. Es obligatorio, no sé si a nivel regional, nacional o europeo, que todas las piscinas, incluso las comunitarias, tengan un socorrista durante el horario de apertura. Me atrevería a decir que esta imposición suele ser indeseada por los vecinos y que, en un mercado libre, la mayor parte de las piscinas comunitarias prescindirían del servicio (que muchas veces limita el propio horario de apertura de la piscina). Pero, gracias a ello, se crean una serie de puestos de trabajo de nimio recorrido y malas condiciones, con escasa perspectiva de mejora.

Aun sin poderse obtener conclusiones de más rigor a partir del breve análisis realizado, sí se han mostrado indicios bastante ilustrativos de que existe una relación causal entre precariedad laboral e intervención en el mercado. Una vez más, los aspectos más indeseables de la economía encuentran dificultades para encajar en la perspectiva dinámica del proceso competitivo. Y es que es muy difícil explicar la existencia de aspectos indeseados para los individuos sin apoyarse en la existencia de aquellos obstáculos que impiden la satisfacción de las preferencias.

¡Viva la especulación!

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Difícil, pues, congraciarse con un oficio que, según relato popular, tiene por cometido hacer sufrir a las masas para concentrar la riqueza en cada vez menores manos.

La realidad, como suele acontecer, es bastante distinta a la que narran los prejuicios liberticidas. Primero por el hecho nada desdeñable de que, en cierto modo, todos y cada uno de los seres humanos, desde el más ilustre de los indignados al más despreciable de los Rockefeller, seamos especuladores: especular viene del latín speculare, es decir, observar con detenimiento algo. Todos, en nuestro mundano día a día, cuando decidimos comprar un kilo de manzanas, adquirir un vehículo, invertir en un paquete accionarial o prestarle dinero a algún Gobierno manirroto, y también cuando decidimos no hacerlo, estamos tomando decisiones de manera especulativa y contribuimos a la determinación de los precios de mercado. Al hacerlo, todos vislumbramos con mayor o menor claridad un escenario futuro en función del cual tomamos nuestras decisiones (las manzanas no me ocasionarán dolor de estómago y no podré encontrarlas más baratas en otro sitio cercanos; el vehículo no se estropeará a corto plazo ni aparecerá en el futuro cercano otro modelo mucho mejor y a un precio más asequible; las acciones se revalorizarán o no caerán sensiblemente; y el Gobierno manirroto honrará sus compromisos y no impagará sus deudas) y, por consiguiente, especulamos.

Sin embargo, no pretendo convalidar la actividad especuladora simplemente jugando con las palabras. Analicemos más en detalle a qué se dedican los especuladores profesionales, aquellos que por su visibilidad y especialización reciben toda la inquina social. ¿Cuáles son las funciones fundamentales que desarrolla el especulador profesional? Básicamente las reduciría a dos que tienen el idéntico propósito de coordinar a los agentes económicos. Por un lado, los especuladores redistribuyen los bienes o activos interespacial e intertemporalmente. Por otro, facilitan los intercambios y la acumulación de bienes y activos, dotándoles de un mayor volumen de negociación e incluso de precio.

Empecemos por la primera de estas funciones. Los especuladores intentan comprar los bienes o activos cuando o donde están baratos para venderlos cuando o donde estén caros. Gracias a ello, los bienes se encarecen en aquellos lugares o momentos en los que son relativamente más sobreabundantes para abaratarlos en aquellos lugares o momentos en los que son relativamente más escasos. Sin la especulación, las diferencias de precios entre dos puntos geográficos o temporales distintos serían mucho más abruptas.

Por ejemplo, supongamos que este año en Australia se producen unas brutales malas cosechas de trigo, mientras que en Estados Unidos tienen lugar unas cosechas excelentes de este cereal. Sin especulación –en su modalidad particular de arbitraje–, los precios del trigo en Estados Unidos se derrumbarían, hasta el punto de destinarlo para actividades muy poco valiosas (alimentar a los cerdos, por ejemplo), mientras que en Australia la gente se moriría de hambre. Sin embargo, gracias al especulador, quien comprará barato en Estados Unidos para revender caro en Australia, el precio del trigo tenderá a igualarse internacionalmente y a destinarse a sus usos más urgentes (que no serán alimentar a los porcinos yanquis, sino a los ciudadanos australianos).

Lo mismo sucede con la distribución intertemporal de los bienes, si bien en este caso, dado que el nivel de abstracción es mucho mayor, los efectos de la especulación suelen ser bastante peor comprendidos. El especulador compra hoy, cuando un bien o activo está barato por ser sobreabundante, con el propósito de vender mañana, cuando ese mismo bien será bastante más escaso y por tanto más caro; gracias a ello, encarece el bien o activo en el presente y lo abarata en el futuro. Sigamos con el ejemplo del trigo: imaginemos que este año ha habido una cosecha muy cuantiosa en Estados Unidos y que el especulador, gracias a su profundo conocimiento del campo, del clima o de la demografía (o simplemente por azar), sabe o intuye que en el futuro serán más escaso que hoy. Por ello, comprará trigo hoy –elevando su precio y volviéndolo más escaso–, lo almacenará y lo venderá mañana cuando sea más escaso (abaratando su precio). Y quien habla del abastecimiento de trigo a un año, puede hablar de vivienda a una década vista o de petróleo a medio siglo vista. Merced a ello, las fluctuaciones de precios (y de las disponibilidad de bienes) a lo largo del tiempo se reducen muy sensiblemente, evitando saltos abruptos.

De hecho, el especulador que esté muy seguro de sus previsiones podrá potenciar su actividad de estabilización de precios pidiendo prestado dinero. Yo puedo saber que los precios subirán en el futuro, pero si carezco de dinero no podré comprar bienes hoy para venderlos mañana. En cambio, cuanto más crédito me proporcionen, más bienes presentes podré controlar y, por tanto, más huella dejarán mis pronósticos sobre el futuro en el presente.

Llegados aquí conviene matizar que la distribución de los bienes que efectúan los especuladores no tiene por qué basarse únicamente en la estrategia más común de comprar barato para, después, vender caro. También puede operar en el orden inverso: el especulador puede empezar vendiendo caro para, después, comprar barato. Imaginemos que el propietario de un inmueble espera que, en el futuro, se reduzca su precio. La manera de estabilizar intertemporalmente su oferta y su precio sería enajenarlo hoy (contribuyendo a reducir su precio) recomprarlo más asequible en el futuro (contribuyendo a incrementarlo).

Y al igual que el especulador podía pedir prestado dinero para comprar mercancías o activos hoy y revenderlos mañana, también puede pedir prestados los propios bienes o activos para venderlos hoy y recomprarlos mañana (saldando el préstamo mediante la entrega física de esos bienes o activos). A esta operación se la suele denominar venta corta. Asimismo, puede darse el caso, un tanto más radical, de que el especulador venda a plazo bienes que ni posee ni ha pedido prestados; en tal supuesto, lo que realmente enajena el especulador es el compromiso de entregar en un momento determinado ese bien o activo; a esta operación se la conoce como venta al descubierto.

Junto con la distribución espacial y temporal de los bienes, hay que mencionar otra función de la especulación al menos tan fundamental como la anterior: facilitar el intercambio y la acumulación de bienes y activos dotándolos de un mayor volumen de negociación e incluso de precio.

Sin especuladores, una persona sólo podría vender un bien o un activo si encontrara justo en ese momento a otra persona que deseara comprar ese mismo bien o activo a un precio y en unas condiciones que beneficiaran a ambos. Así pues, si yo quisiera desprenderme ahora mismo de 5.721 acciones del Banco Santander, debería encontrar a una persona o grupo de personas que también ahora mismo quisieran adquirir al menos 5.721 acciones. Análogamente, si produzco cien mil kilos de naranjas, una vez cosechadas, debería encontrar rápidamente a un número suficiente de consumidores finales que quisieran adquirirlas.

Es evidente que en un mundo así, los intercambios serían notablemente menores a los actuales (es costoso encontrar siempre a la contraparte necesaria en el momento deseado) y, por tanto, la tendencia a acumular grandes cantidades de bienes o de activos de los que nos querremos desprender en el futuro también sería menor. En otras palabras, las menores posibilidades de intercambiar bienes y servicios se traducirían en un menor incentivo a invertir en empresas que los produjeran en gran escala (adiós, pues, a las economías de escala) y, asimismo, la mayor dificultad para desprenderte de acciones o de bonos a buen precio (por la falta de contrapartes) también implicaría un menor incentivo a ahorrar e inmovilizar tu capital en esos instrumentos (de modo que los mercados de capitales se atrofiarían, encareciendo la financiación empresarial).

Afortunadamente, empero, los especuladores también actúan como intermediarios para conectar a los dispersos compradores y vendedores finales. Son ellos quienes sirven como contraparte para comprar o vender cuando pocos más quieren hacerlo. Además, en los casos extremos en los que nadie más quiera comprar o vender, los especuladores serán los únicos agentes de mercado que se atrevan a tasar (dar precio) ese bien económico o activo, tanto para que otros puedan comprarlo (asked price o precio pedido) como para que puedan venderlo (bid price o precio ofrecido). En pocas palabras, los especuladores, conscientes de que las órdenes de compra y de venta están distribuidas irregularmente en el tiempo y el espacio, acumulan inventarios de un bien o activo cuando todos quieren vender y liberan su inventario cuando todos quieren comprar. La fuente de su beneficio procede, en este caso, de que –como cuando vamos al banco a obtener divisas– compran el bien o activo más barato de lo que después lo venden.

Gracias a la función de la creación de mercado, por consiguiente, los especuladores orientan la valoración de los bienes o activos (en momentos en que nadie más quiere intercambiarlos) y, sobre todo, les proporcionan un volumen de negociación lo suficientemente amplio como para que otras personas, al saber que casi en cualquier momento podrán desprenderse de ellos a buenos precios, ahorren e inviertan en su producción.

En definitiva, los especuladores facilitan enormemente la coordinación de los agentes económicos llevando, por un lado, los bienes o activos al lugar o momento más valorado y facilitando, por otro, las operaciones de intercambio y acumulación de estos últimos. Por supuesto, ese santo patrón del capitalismo que es el especulador puede equivocarse y, en lugar de estabilizar los precios, puede desestabilizarlos todavía más (comprando cuando él cree que está barato y teniendo que vender luego todavía más barato o vendiendo cuanto cree que está caro para recomprar luego todavía más caro), en especial si realiza sus operaciones vía crédito. Pero no parece muy consistente poner en duda la actividad especuladora por el hecho de que pueda resultar falible; todo en la vida lo es y no por eso sometemos a severísimas críticas las relaciones en pareja, las inversiones productivas o el auxilio caritativo del prójimo. Más que nada porque el especulador se enriquece cuando acierta, pero se hunde en la miseria cuando fracasa (en ausencia de rescates estatales): comprar caro para vender barato o vender barato para recomprar caro no parecen los negocios más lucrativos que uno pueda imaginar, en especial si para llevarlos a cabo te has endeudado. Otra cosa distinta, y más habitual, es que laceremos a los especuladores cuando aciertan y porque aciertan; nadie dijo que la verdad fuera un plato sencillo de digerir. Pero, desde luego, si lo que nos molesta son los errores de la actividad empresarial, inherentes sea cual sea ésta, lo que deberíamos hacer es sacar a hombros a los especuladores exitosos y reprimir a los fracasos. Sin embargo, creo que con el mecanismo de mercado es suficiente: que se forren cuando acierten y se arruinen cuando fallen. Ese sistema de premios y castigos, sin distorsiones estatales, se me antoja ya más que suficiente.

Competitividad como única opción de desarrollo para España

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

La crisis económica de España no se arreglará con más Estado ni con más intervención en los mercados ni con más subvenciones que distorsionen la competencia y, por supuesto, tampoco con más impuestos directos sobre la banca, los empresarios o los trabajadores.

Por el contrario, más que nunca, se necesita sumar el empuje y la inversión de las clases medidas y emprendedoras, lo que se logrará sólo en un mercado sin barreras normativas y con claras ventajas competitivas. Por ello, a continuación, permitan que resalte cuatro pilares que son determinantes para cimentar una ganancia sustancial de productividad.

El primer pilar que debe recuperar la competitividad de la economía española es la racionalización de los costes salariales. Dado que la política monetaria ahora es competencia del Banco Central Europeo y no se puede devaluar una moneda fiduciaria nacional, los españoles sólo podemos reducir el coste salarial unitario para hacer competitivos nuestros productos y servicios.

La recuperación económica de España requiere ser competitivos frente a nuestros socios europeos. Por ello, es inaceptable que el coste laboral unitario haya aumentado un 30% respeto a Alemania en los últimos 10 años, según refleja el último informe de coyuntura publicado recientemente por IESE.

Evidentemente, la competitividad laboral es mejor lograrla con una reducción importante de las cotizaciones a la Seguridad Social, en vez de con despidos o reducciones de nóminas, que resultan tremendamente perjudiciales, porque afectan al poder adquisitivo de las familias y, por tanto, a la demanda de bienes y servicios. Aunque, desde luego, una rebaja de las cotizaciones sociales debe venir acompañada de un aumento de impuestos indirectos, como el IVA, para cuadrar los ingresos fiscales.

En todo caso, como segunda derivada, ayudaría mucho a la economía española que la negociación de convenios fuese realizada empresa por empresa, que los sindicatos se financiasen con aportaciones de afiliados y simpatizantes, y que los aumentos salariales quedasen ligados por ley al incremento de productividad para competir en el mercado laboral europeo del mismo modo que lo hacen los trabajadores y sindicatos de Alemania.

El segundo pilar que aportaría ventajas a España es la desregulación del sector energía mediante la competencia entre un número mayor de empresas y tecnologías, sin que los ciudadanos tengan que subvencionar ni el carbón ni la energía nuclear ni las energías renovables con más de 6.000 millones de Euros –más de un billón de las antiguas pesetas– cada año, lo que genera incrementos crecientes en los precios de electricidad, gas natural, Diesel y gasolina.

Pero si las empresas necesitan costes salariales y energéticos competitivos en un mercado global para generar empleo y riqueza en un país, también es importante que se doten de empleados, productos y procesos innovadores. 

Por ello, el tercer pilar de la competitividad es la calidad en formación y en investigación, desarrollo e innovación. Es una desgracia que España no cuente con universidades clasificadas entre las cien primeras del mundo por carecer de incentivos que premien el mérito y la capacidad de profesores y estudiantes. Por ello, es necesario incentivar una mayor presencia del sector privado en las universidades con el patrocinio empresarial de cátedras y la desgravación fiscal de becas, contratos y líneas de investigación. Igualmente, se deben impulsar la empresarialidad y el I+D+i con semilleros de empresas tecnológicas integrados dentro del propio campus, desburocratizando la creación de empresas y fomentando la excelencia entre centros académicos para obtener fondos.

Finalmente, el cuarto pilar de la competencia es la inversión inteligente en infraestructuras. En un entorno de crisis, tiene mucho que decir la financiación privada de inversiones públicas mediante “asociaciones público privadas” ya que posibilitan la ejecución de proyectos de infraestructuras que soportan el desarrollo económico con una amortización y un retorno de inversión adecuados.

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