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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

3G y 4G sin libertad ni competencia

Esto es especialmente evidente en el espectro radioeléctrico, en el que todos los Gobiernos han ejercido una nacionalización de hecho y no permiten que nadie haga uso de frecuencias disponibles sin obtener su autorización ni, en numerosas ocasiones, pasar por el trámite de tener que pagar grandes cantidades de dinero.

Por mucho que la fuerza de la costumbre nos haya hecho creer que esa apropiación del espectro radioeléctrico es lógica, esto no responde a la realidad y existen posibles modelos alternativos donde prima la iniciativa privada evitando el abuso de poder por parte de los Gobiernos de todos los niveles. De hecho, lo que hacen los Estados con las frecuencias de emisión sería el equivalente a la nacionalización del aire y la imposición de cuotas y pagos a Hacienda para poder respirar.

Todo lo anterior viene a cuento por el anuncio de que el Gobierno piensa subastar espectro por 2.000 millones de euros para su uso por parte de operadores de tercera y cuarta generación (3G y 4G) de telefonía móvil. El objetivo de la venta no es favorecer una mayor liberalización del sector, algo que sería digno de aplaudir, sino reducir el déficit público al que nos han conducido las políticas del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y los poderes autonómicos. Uno de los efectos de esta política será que los operadores que entren en juego tendrán limitada su capacidad de reducir tarifas, puesto que sus gastos se verán incrementados por la necesidad de tener que pagar una "mordida" institucionalizada al Estado en forma de subasta.

Como resulta imposible que un Gobierno renuncie a pintar algo en la regulación del sector de la telefonía móvil, al menos debería reducir nivel de actuación y renunciar al afán recaudatorio. El Ejecutivo debería limitarse a poner el mayor número disponible de bandas de frecuencia a disposición de las operadoras que quieran entrar en el mercado y asignarlas sin cobrar nada a cambio para asegurar que entre en el sector la máxima cantidad posible de competidores. De esta manera las compañías se verían obligadas a esforzarse por dar un buen servicio y a ofrecer tarifas asequibles a la mayor parte de los ciudadanos.

Sin embargo, para el Ejecutivo de ZP no prima el interés del consumidor. Lo que busca son ingresos fáciles, aunque eso signifique una reducción artificial de la competencia y precios más altos por acceder a servicios 4G.

Los 40 millones de jefes de Ana Pastor

No pude seguir en directo la entrevista que le hizo Ana Pastor a Mahmud Ahmadineyad (aunque he podido ver algunos pasajes en internet) pero, según me cuentan todos los que la vieron, la periodista española estuvo impecable: preguntó lo que tenía que preguntar, no se dejó avasallar por el tirano iraní y le molestó con cuestiones que pocas veces ha tenido que responder.

No me sorprendió, aunque eso no le quita mérito. En los últimos años, son habituales en los medios españoles las entrevistas a la carta, pero Pastor lleva tiempo demostrando que es posible para un periodista molestar a un político con cuestiones incómodas e, incluso, reprenderle si no responde a aquello que se le pregunta. Y lo hace desde una televisión pública, algo de lo que se enorgullece.

Un par de días después de volver de Irán, acudió a Buenafuente y esta vez sí pude ver en vivo las respuestas que daba cuando se le preguntaba por su trabajo: “[Quiero] ofrecer una televisión pública de calidad. La entrevista [a Ahmadineyad] es un símbolo de esta televisión pública en la que creo y de la que estoy orgullosa de formar parte. A mí nadie me dice cómo tengo que hacer las entrevistas”.

En un momento dado, Andreu incluso le reconoce que la visita a Teherán puede que sea la mejor campaña de marketing de RTVE: “Dices, hombre, ya que tenemos una tele pública, que trabaje gente buena, ya que la pagamos”. La respuesta de Ana no tiene desperdicio: “Sí, eso es verdad, nuestros jefes son los cuarenta y picos millones de españoles que espero que crean, y lo sé, en este modelo, que pienso que tiene que perdurar”. Es una pena que el cómico catalán no sea tan buen entrevistador como Pastor, porque de sus palabras se pueden sacar muchas cuestiones que no se deberían haber dejado en el aire.

Es fácil para un liberal criticar un servicio público de mala calidad, pero todo se vuelve más complicado cuando lo que te ponen enfrente es a un funcionario haciendo bien su trabajo. En realidad, esto parte de un equívoco habitual en la literatura anti-estado. Como no nos gusta el modelo, usamos los ejemplos negativos como si fueran la norma exclusiva. De esta manera, satirizamos al funcionario, criticamos la ineficiencia del burócrata o nos cebamos con el político en abstracto, como si todos los que trabajan para el poder político fueran malvados, inútiles o perezosos.

La realidad nos desmiente a poco que abramos los ojos. Tengo numerosos familiares y amigos que trabajan, de una u otra forma, para el Estado y la inmensa mayoría son amables, inteligentes e industriosos. De hecho, no sólo mis conocidos cumplen estas características: en la mayoría de las ocasiones que he tenido que acudir a solucionar un problema con la Administración, me he encontrado con funcionarios cordiales, deseosos de ayudarme y competentes profesionalmente. El problema no es de personas, es de modelo.

Ana dice que sus jefes son “los cuarenta y pico millones de españoles”, pero ella misma sabe que eso no es verdad. Sus jefes son los burócratas nombrados a dedo por el Gobierno para dirigir RTVE. Si ella quiere conservar su trabajo, deberá convencerles a ellos, y no a los telespectadores, de que lo merece.

Cuando afirma que sabe que los españoles creen en “esta de televisión pública”, alguien debería preguntarle: ¿y cómo lo sabes? ¿Les has preguntado a todos? ¿Les has pedido su dinero, uno a uno, para pagarla? RTVE cuesta unos 1.200 millones de euros al año Sale a unos 70 euros al año por hogar aproximadamente. No parece una cantidad desaforada. Puede que haya muchos españoles dispuestos a pagarla a cambio de ver las entrevistas de Pastor y las series sin anuncios. El problema es que Ana no parece darse cuenta de que sus palabras se contradicen. Porque sus jefes no son los ciudadanos, ni éstos son libres de pagarle su sueldo.

Puede que a una gran mayoría de nosotros nos guste Pastor como entrevistadora: incluso aunque sepamos que no comparte nuestras ideas políticas, nos agrada como realiza su trabajo. Seguramente, esa estima del público le garantizaría un puesto en otras muchas cadenas y allí lo haría igual de bien: la diferencia estaría en los incentivos que hay en uno y otro lugar.

En cualquier trabajo, el objetivo es mantener el puesto, ascender si es posible y ganar más dinero si se tercia. En la empresa privada, para lograrlo, uno tiene que convencer al cliente (o a tu jefe) de que su labor merece la pena, y de que el sueldo que recibe es merecedor de esa confianza. Eso no elimina a los inútiles, que pululan también por los pasillos de las grandes compañías, pero les hace más difícil avanzar. Una empresa sólo puede sobrevivir si es lo suficientemente eficiente en su organización interna como para obtener beneficios y esto sólo se logra ofreciendo al público bienes que éste desea a un buen precio. Cada departamento debe estar enfocado a este objetivo. Puede que en un momento determinado haya un jefe poco preparado o un trabajador incapaz, pero la propia dinámica del negocio los sacará a la luz, puesto que de no hacerlo, la compañía lo acabará pagando. Es decir: hay ineficiencias, errores y fallos cada día, pero los incentivos de todos los que participan en ella los llevan a minimizarlos.

En la empresa pública la decisión final no está en el público, sino en el burócrata. Es éste quien tiene en sus manos el control del dinero y de sus trabajadores. No quiere esto decir ni que el político sea malo per se, ni que el funcionario vaya a ponerse a sus órdenes y a olvidar al ciudadano. Lo que significa es que el que decide donde se gasta el presupuesto, cómo se organiza una oficina o quién ocupa una vacante tiene como prioridad satisfacer al político y no al público. Esto crea incentivos perversos y provoca que, de media, haya más ineficiencia y derroche en el sector público que en el privado.

De la misma manera, una película, obra de teatro o programa de televisión subvencionado no tiene por qué ser malo: simplemente, no se sabe, porque quien la paga (contribuyente) no es quien se beneficia de ella (artistas, políticos,…). Por eso, el antiguo ente público RTVE acumuló hasta 7.500 millones de euros de deuda, una cantidad que habría llevado a la quiebra a casi cualquier otro grupo de comunicación.

Ana Pastor dice que los cuarenta millones de españoles somos sus jefes. Dudo de que ella misma se lo crea, pero desde ese pequeño puesto de honor que me concede, me gustaría decirle: “Gracias por tu entrevista a Ahmadineyad; fue un gran trabajo. Eso sí, la próxima vez, deja que sea yo el que decida si quiere pagar mi (pequeña) parte de tu billete de avión, del hotel, del equipo técnico y de tu sueldo. Estaría encantado de hacerlo”.

Regular los mercados

Estas afirmaciones revelan una profunda ignorancia de lo que son y cómo operan y se autorregulan los mercados libres, que son órdenes espontáneos complejos que no pueden ser diseñados o planificados de forma coactiva y centralizada.

Un mercado libre, por definición, se basa en una regla fundamental, el derecho de propiedad, o sus formas equivalentes: el principio de no agresión o la libertad individual. Cada persona está legitimada para decidir libremente qué hacer con lo que posee, sin coacciones externas, en el ámbito limitado de su justa posesión, con la única restricción de no invadir la propiedad ajena: debe respetar la libertad de los demás, no agredir a otros, no robar o dañar lo que no es suyo. Además es legítimo usar la fuerza para defenderse de ataques o amenazas claras e inminentes y para reclamar justicia por alguna violación del derecho.

También existen normas sobre cómo acceder a la propiedad, siendo el primer usuario de algo (colonización), o mediante intercambios voluntarios que benefician a ambas partes. Así cada agente especializado en un sistema de división de trabajo, comercio y competencia se enriquece en la medida en que sirve adecuadamente a los demás. Los precios y las cantidades se ajustan o equilibran mediante la interacción de la oferta y la demanda. El mercado se autorregula porque los productores ineficientes, los que no sirven satisfactoriamente a los consumidores, cosechan pérdidas y ven disminuido su poder de actuación; los productores eficientes obtienen beneficios y tienen más medios a su disposición.

Además del derecho de propiedad como norma universal y abstracta, en los mercados existen múltiples y diversas normas particulares y concretas, generadas mediante contratos, compromisos formales exigibles por la fuerza entre partes con preferencias y conocimiento específicos acerca de su situación. Si uno quiere restringir las acciones de otros, puede hacerlo pactando con ellos y ofreciéndoles algo a cambio: pero tal vez no les interese, y quizás lo que quiere el promotor de una regulación es limitar la libertad pacífica de otros sin su consentimiento y en contra de sus intereses, imponiendo su particular criterio sobre los demás. Las normas se transforman en armas cuando se usan para perjudicar a otros en beneficio propio: el derecho se pervierte y se transforma en herramienta de depredación, parasitismo o bloqueo al competidor.

Los defensores de la regulación exógena por agentes coactivos (gobernantes, burócratas, tecnócratas) no suelen saber de lo que hablan. Proponen regular ámbitos que ya están regulados y en los cuales la intervención es la causa de los problemas. Omiten cuidadosamente los detalles acerca de los contenidos concretos de las normas que proponen, asumiendo que el regulador experto es sabio y bondadoso y ya concretará con acierto y sin posibilidad de error; ignoran que el planificador no tiene incentivos adecuados para acertar ni dispone del conocimiento disperso acerca de las circunstancias locales de cada uno.

Cuando dan detalles éstos tienden a ser arbitrarios y mal argumentados; parece que sólo una regla específica es posible para cada asunto, que no puede haber competencia y adaptación entre diversas alternativas. No consideran los efectos secundarios, indirectos y a largo plazo de las regulaciones que proponen. Y olvidan que no basta con decretar normas, sino que hay supervisar y vigilar su cumplimiento, lo cual puede no ser posible o tener un coste considerable: a los intervencionistas esto no suele importarles, porque asumen que el coste lo van a pagar otros, que es básicamente su filosofía de vida.

La chaqueta de Botín

Y parecía decir, con ese gesto, que ha estado trabajando en las palabras que iba a decir ante Zapatero hasta el momento antes de pronunciarlas.

En fin, que se puede interpretar como uno quiera. Al fin y al cabo lo único que ha hecho es ponerse la chaqueta. Lo que no ha hecho, eso queda claro, es cambiarla. Siempre ha estado al lado de Zapatero. No sabemos si a la izquierda, a la derecha, delante, detrás, pero cerca. A comienzos de septiembre de 2007, un año antes de que estallara la crisis, Botín hizo de anfitrión del presidente del Gobierno, y lanzó un claro mensaje de confianza en la política de Rodríguez Zapatero. El diario El País titulaba entonces: "Zapatero y Botín coinciden en confiar en la economía frente al catastrofismo del PP", lo que acompañaba con una foto en la que ambos personajes se fundían en un monstruo de dos cabezas. Hoy tenemos la catástrofe, pero el apoyo del banquero no ha cambiado.

En la Junta General de Accionistas de 2010, Botín alabó la política de contención del gasto del Gobierno. Aunque pidió nuevas reformas, que más tarde tendría ocasión de alabar, como la financiera. En febrero de este año, con Merkel revisando en Madrid el cumplimiento de la política económica que ella ordena, volvió a incidir en las "magníficas" reformas zapateriles. Este sábado ha dicho claramente que Zapatero no debe convocar elecciones anticipadas ni debe anunciar su intención de no presentarse, si es el caso. Lo primero porque detendría el programa de reformas hasta la llegada de un nuevo Gobierno y lo segundo porque entorpecería la labor del Gobierno, más pendiente de mantenerse en equilibrio con todos sus ministros liderando candidaturas a suceder a Zapatero, o alineándose con uno u otra. ¿No había un partido de oposición que legítimamente aspira a suceder al PSOE en el poder y, acaso, hacerlo un poco mejor? Nada, la opción es Zapatero hasta el final, y Dios dirá.

No es el único que ha salido en socorro del Gobierno. Al fin y al cabo, los empresarios deben luchar por sus propios intereses y en un momento de zozobra financiera es lógico que los banqueros opten por la estabilidad y por mantener la política económica de Merkel. Ahora, nadie se ha puesto la chaqueta camino de La Moncloa con tanta gracia como Emilio Botín.

La competencia perfecta de las tribus nómadas

El modelo de competencia perfecta es el signo más distintivo de la economía neoclásica y, por ende, de la economía mainstream que domina en la actualidad en círculos académicos y políticos.

La gran mayoría de decisiones regulatorias con pretendido fundamento económico utilizan dicho modelo para su justificación. A modo de ejemplo, todo el derecho de la competencia o antitrust tiene sus bases en dicho modelo; o sea, que cuando se persigue a Microsoft o se sanciona a las compañías aéreas, es porque alguien está mirando a ese modelo y echando la culpa a estos agentes de que no se cumpla lo predicho por el mismo.

El modelo de competencia perfecta descansa en una serie de supuestos que, como bien han señalado muchos autores, más que supuestos son condiciones para hacer que haya solución de equilibrio. Esto es, no se simplifica la realidad para hacerla manejable, sino que se simplifica con el objetivo de que el modelo tenga solución.

Entre estos supuestos, cabe señalar los siguientes:

  • Todos los agentes tienen información perfecta.
  • Hay un gran número de oferentes, que confrontan una curva de demanda horizontal (esto es, solo se puede vender a un precio, y a ese precio se puede vender cualquier cantidad ofrecida).
  • No hay barreras de entrada ni de salida al mercado.
  • La capacidad y la tecnología están dadas y son exógenas al modelo.
  • El producto que se vende es perfectamente homogéneo.

Los economistas neoclásicos demuestran que, en estas condiciones, el mercado está en equilibrio. Y, más importante aún, dicha situación de equilibrio es un óptimo Paretiano: ningún intercambio puede mejorar la situación de un individuo sin empeorar la de otro. Así pues, el mercado en competencia perfecta no es solo una situación de equilibrio, sino que es la situación óptima para la sociedad. Cualquier mercado que se separe de este funcionamiento es ineficiente, por lo que se puede justificar la intervención estatal para mejorar la eficiencia del mercado y el bienestar de la sociedad.

De nuevo, numerosos autores se han encargado de atacar los supuestos y resultados del modelo de competencia perfecta, con escaso éxito a la vista de que se mantiene imperturbable en su posición de referencia para la regulación. Entre ellos, es de destacar el ataque de Hayek con base en el supuesto de información perfecta, argumentando que es precisamente la ausencia de información la que hace necesario el proceso competitivo. Si se asume información perfecta, entonces el mercado está necesariamente en equilibrio, pero precisamente porque se ha descartado el factor que hace necesaria la competencia.

No obstante, interesa aquí otro de los supuestos, cual es el de la "preexistencia" de una determinada capacidad y tecnología. Para el economista neoclásico, el individuo encuentra capacidad a su disposición, y únicamente tiene que optimizar su uso siguiendo las valoraciones de la gente. Nunca se pregunta de dónde ha salido esta capacidad o esa tecnología. En este sentido, tiene una visión infantil: ve una tarta y quiere repartirla; y, como los niños, no se pregunta quién ha hecho la tarta y qué pasará cuándo se gaste. Ese es otro problema.

Reisman sostiene que el modelo de competencia perfecta esconde una visión tribal de la economía: La capacidad es de la sociedad, y el empresario únicamente está autorizado a distribuirla de la forma óptima que da el modelo (esto es, igualando la utilidad al coste marginal). Si ello supone pérdidas para el empresario, bueno, es su problema.

Pero habría que añadir que realmente es una visión tribal, pero no de cualquier tipo de tribu. Ha de ser una tribu nómada, no nos vale una de cavernícolas. En efecto, el hombre neoclásico se encuentra la capacidad instalada y se la distribuye. ¿Qué pasa cuando se agota la capacidad? Pues fácil, se va uno a otro sitio a buscar capacidad.

Es un poco como las tribus nómadas. Sin ser experto en antropología, imagino que llegarían a un sitio. Allí encontrarían árboles frutales y animales para una temporada. Se dedicarían a recolectar lo primero y cazar lo segundo, intercambiando entre ellos según la ley de la utilidad marginal. Ello seguiría así hasta agotar los frutos de la naturaleza, momento en que los sabios decidirían que había que emigrar en busca de otros sitios con suministros intactos.

Como se observa, el modelo de competencia perfecta refleja bien esta situación: no hay que preocuparse por la capacidad y la tecnología (los árboles, la caza), pues milagrosamente se regenera con el tiempo. Solo hay que preocuparse por repartir adecuadamente entre los miembros de la tribu el producto de la recolección.

Sin embargo, en cuanto la tribu se hace algo más sofisticada, digamos que se instala en unas cuevas, el modelo se derrumba. Aquí ya aparece una capacidad instalada (la residencia de los trogloditas) que hay que mantener (aunque solo sea protegerla de las fieras, o limpiarla), lo que fuerza a algún individuo de la tribu a no poder intercambiar su producto al coste marginal que entienden los neoclásicos. En efecto, si el dueño de las cuevas da cobijo a precio cero a sus congéneres, se morirá de hambre, y desaparecerá la cueva, en cuanto que bien económico.

Ahora ya sabemos a qué aspiran gobiernos y reguladores cuando toman sus decisiones sobre el mercado. Ahora ya entendemos cuál es el paraíso dorado que buscan para nosotros: la vida nómada de las tribus de antaño. Por lo menos haremos ejercicio.

Nos llevan al hoyo

Es el caso de la negociación colectiva, un modelo por el que desde hace décadas el Gobierno impone a trabajadores y empresarios todo tipo de condiciones laborales, aumentos salariales incluidos, previo acuerdo de los denominados "agentes sociales" (CCOO, UGT y CEOE).

El resultado de este esquema puramente socialista se puede observar a diario en las calles: cientos de miles de empresas cerradas y casi cinco millones de parados desde que estalló la crisis económica. Y es que fijar por ley algo tan sensible y sustancial para la supervivencia de la empresa como es el rango salarial de los empleados supone un corsé permanente que, en tiempo de dificultades como el actual, termina por ahogar la escasa rentabilidad del negocio.

Una de las grandes tragedias de la economía española es su reducida competitividad, y ésta deriva a su vez del rígido marco laboral-sindical vigente en España desde los tiempos de Franco. Alemania es muy consciente del déficit estructural que asfixia la productividad potencial del país y alimenta sin cesar las ya abultadas listas del paro. De ahí que una de sus condiciones para asegurar el rescate de España -llegado el caso- radique en reformar esta arcaica "negociación colectiva" a fin de que los salarios evolucionen en función de la productividad de cada empresa y no en base a unas previsiones de inflación anual totalmente arbitrarias, sesgadas e inútiles desde el punto de vista de la eficiencia dinámica de la economía.

Hace escasos días, Zapatero parecía dispuesto a dar su brazo a torcer para complacer a Merkel y asegurarse así un plan de salvamento financiero. Sin embargo, a la hora de la verdad amenaza con recular nuevamente para contentar a sus amigos, aliados y camaradas los sindicalistas. No obstante, acabar con la negociación colectiva supondría el inicio del fin de las actuales centrales sindicales y, por tanto, los jugosos privilegios y prebendas asociados al cargo.

La reunión celebrada este pasado miércoles en La Moncloa entre Gobierno, CCOO y UGT se resume, simplemente, en tres frases: "España siempre ha tenido un modelo que ha vinculado los salarios y la productividad" (Valeriano Gómez, ministro de Trabajo y ex ugetista); existe "bastante sintonía" con Zapatero (Ignacio Fernández Toxo); "el modelo de determinación de salarios que opera en España es el más conveniente para el interés general" (Cándido Méndez). Es decir, casi todo seguirá igual si Merkel no lo remedia.

Por desgracia, a esta lamentable postura se suma el hecho de que tampoco existe una oposición coherente y responsable en esta materia. Así, el secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal, tuvo la ocurrencia y desfachatez de defender un nuevo modelo en el que los salarios se fijen –también por ley– en función de la tasa de paro en lugar de la inflación. Un sindicalista más que sumar a la lista de afiliados de Méndez y Toxo.

¿Resulta tan difícil entender que los salarios, al igual que el resto de condiciones laborales, sin excepción, deben ser fijados directamente entre trabajadores y empresarios? Pero cuidado. No entre todos los trabajadores ni todos los empresarios, entendidos ambos como colectivos homogéneos susceptibles de ser representados por patronal y sindicatos. Ni mucho menos. Esta materia corresponde en exclusiva al ámbito de cada empresa en particular, es decir, a cada empresario y sus respectivos empleados. Urge eliminar la negociación colectiva, permitiendo así que el tratamiento de dichos temas se lleve a cabo libremente en el seno de cada compañía o pyme.

Y es que, tal y como advertía Hayek:

La tasa general de empleo dependerá del grado de correspondencia entre la distribución de la demanda y de la oferta. Y es, precisamente, la distribución de la oferta la que deberá adaptarse a la distribución de la demanda. Pero dicho ajuste en la estructura productiva dependerá, a su vez, de la flexibilidad de los precios relativos, ya que son éstos, y particularmente los salarios, los únicos capaces de producir ese cambio continuo de la distribución de la oferta para adaptarse a la distribución de la demanda. Es esta incesante adaptación de los salarios relativos a las magnitudes siempre variables, en las cuales la demanda igualará a la oferta en cada sector, lo que se han empeñado en impedir los sindicatos.

El Gobierno no puede ayudar a los hipotecados

En otros países como en Reino Unido o Estados Unidos, el bien de la deuda responde por éste. No existe una garantía personal, sino sobre el bien hipotecado (la vivienda por ejemplo). En nuestro país nunca ha existido por un tema de costes. Un tipo de contrato hipotecario que contemple la dación en pago es más caro que una hipoteca personal porque tiene un mayor riesgo. España llegó a tener las hipotecas más baratas de Europa debido a que una gran parte de la sobreoferta monetaria del Banco Central Europeo (BCE) fue absorbida por nuestro país. Los bancos pensaban que las "hipotecas a la americana" serían como las hipotecas a tipo fijo, es decir, que nadie las contrataría. En la época de la expansión, la gente iba loca por el tipo de interés más pequeño. Ahora todos culpan al sistema y a la banca, pero la vorágine de entonces fue culpa de todos. Aunque el BCE tuvo especial culpa con sus políticas monetarias expansivas.

El mal está hecho. Una hipoteca (como cualquier préstamo) es un contrato que dos partes firman voluntariamente. Culpable fue la banca por asumir riesgos excesivos en pro de obtener mayor vinculación del cliente (que no margen, porque en aquel entonces habían hipotecas con pérdidas en algunas entidades), y culpable fue el hipotecado al pedir el 110% del valor de tasación de una vivienda, hacer lo inimaginable por aparentar más rentas de las que tenía promediadas al año, o simplemente creer que tal situación de abundancia no acabaría nunca.

Ante la actual situación, la pregunta es ¿qué puede hacer el Gobierno? Convertir todas las hipotecas para que admitan la dación en pago es un suicidio. Salgado y Zapatero han dicho que sería un duro golpe para la banca. No es cierto. Entre otras cosas porque lo acabaría pagando el Gobierno. Si el Gobierno ha salvado a todos las cajas y bancos inútiles, ¿cree realmente que dejará que estas entidades se coman el sapo de las hipotecas? Es más probable que mañana nos toque a todos la lotería. La banca no solo es un sector económico, sino un fuerte lobby abanderado por el Banco de España. Éste nunca va permitir que se ponga en riesgo a "sus bancos" sino sacan algo en beneficio.

Probablemente, si la dación en pago se llegara a permitir con hipotecas ya firmadas (eliminando la responsabilidad futura del art 1.911 del Código Civil en préstamos hipotecarios) significaría que el Gobierno lanzaría un fondo de salvamiento para la banca. Una especie de FROB II. Eso implica más deuda pública, más impuestos, más crisis y más pobreza a medio plazo.

¿Pero sacaría a la gente hipotecada de su calvario hipotecario? Solo a cuatro enchufados y gente que ni lo necesita. De hecho, el Gobierno creó un ICO para hipotecas en el 2008 que ha sido un fracaso absoluto. No se han llegado a aplazar ni 12.000 hipotecas cuando la propaganda del Gobierno hablaba de 500.000 hipotecas. Si el Gobierno, en un arranque electoralista, hace las modificaciones para permitir la dación en pago o cualquier otra herramienta que alivie de carga hipotecaria a la población, pasará lo mismo. Las restricciones serán tan fuertes que la gran mayoría de quienes las necesita se quedarán fuera y solo hará que recapitalizar al sector bancario a base de nuestros impuestos.

Todas estas ideas de bombero que piden grupos socialistas, comunistas o como se hagan llamar, nos demuestra la poca madurez política y económica que tiene el español medio. Muchos aún creen en la magia de las leyes, bondad de los gobernantes o incluso que la economía es un proceso metafísico donde está en plena lucha ente bien y el mal. No hay soluciones mágicas a nada. Sustituir los procesos de mercado por meras transferencias de capital obligatorias es lo que está llevando a este país a la ruina: ha creado una clase de parásitos profesionales que viven del Estado.

Hacer una ley para omitir la nuestra responsabilidad solo hará aumentar nuestro inmadurez futura. Nos quejamos, y con razón, de que el Gobierno ayude a la banca, pero nos parece genial que nos suelte dinero por mil razones. Esto es no saber de dónde sale el dinero. Sale de nuestros bolsillos, y no nos vamos a beneficiar nosotros, sino los rentistas gubernamentales de siempre y los lobbies que los acompañan. Por más que el Gobierno haga mil maniobras para "salvarnos", éste no puede hacer magia. Seguiremos siendo pobres. Lo único que hace el Estado es sacarnos el dinero con una mano y repartirse gran parte entre él y sus amigos para luego devolvernos la propina. Los políticos y los comunistas (IU) lo pueden llamar sistema del bienestar, "recuperación social" o como gusten, pero no deja de ser un robo y una tomadura de pelo.

Autónomos

En los últimos días se ha popularizado un corto dirigido por Juan Fernando Andrés Parrilla y Esteban Roel García Vázquez denominado 036, donde se narran, de forma irónica y en clave de humor, las peripecias de una persona para darse de alta como autónomo en la Tesorería de la Seguridad Social, y los obstáculos que recibe por parte del representante de dicha administración.

Cuando una persona desea iniciar una actividad empresarial de forma habitual, personal y directa, incurre en la obligación legal de lo que comúnmente se denomina “darse de alta como autónomo”. Este proceso conlleva una serie de trámites que se han de realizar ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la administración local correspondiente.

Así, la peripecia del futuro autónomo comienza en la Administración Tributaria cumplimentando la denominada declaración censal, que precisamente es la que da nombre al anterior corto, ya que se plasma en el modelo 036 (o 037 si es simplificada). Este primer documento suele presentar una cierta complejidad para aquella persona neófita en términos fiscales al deber comunicar a Hacienda aspectos desconocidos a priori para ella, como por ejemplo, las autodeclaraciones que está obligada a presentar.

Posteriormente, deberá acudir a la Tesorería General de la Seguridad Social para solicitar su afiliación y alta en el denominado Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos mediante el correspondiente modelo. Si fuese a contratar trabajadores, tendrá que solicitar a su vez el número de patronal y, posteriormente, deberá dar de alta al trabajador. Si éste no estaba afiliado a la Seguridad Social, previamente deberá hacerlo mediante el formulario correspondiente. Una vez afiliado, o si ya lo estaba, ya podrá solicitar su alta mediante otro modelo. Asimismo, si abre un centro de trabajo, deberá comunicarlo, al igual que si no tiene libro de visita, solicitarlo.

Finalmente, si va a abrir un local, tendrá que solicitar la licencia de actividades e instalaciones (comúnmente conocida como licencia de apertura) al ayuntamiento donde se encuentre.

Varios de estos trámites, a su vez, exigen la presentación de documentación adicional o previamente ya presentada. Aunque a lo largo de los años se ha realizado una cierta simplificación al poderse presentar parte de la documentación de forma telemática e incluso haberse sustituido una parte por declaraciones responsables, no obstante, aquella persona que inicia una actividad no deja de enfrentarse a una serie de trámites de cierta complejidad y redundancia. Si bien en teoría no se deberían exigir al administrado documentos que obren en poder de la administración actuante, en la práctica nos encontramos con que esto no siempre es así, perdiendo el administrado tiempo, dinero y esfuerzo en proporcionar otra vez la misma documentación.

Por ello, y aunque el corto incurra en determinadas inexactitudes, sacrificando su precisión por el humor, representa la percepción que parte de la población tiene de la Administración. Cabría preguntarse si dicha impresión tiene algún tipo de fundamento real. Si se compara con el resto de la Unión Europea, parece ser que sí al ser España el país de la Unión Europea donde más días se tarda en abrir una empresa, por lo que es evidente que sí existen más dificultades que en otros países. La simplificación de estos trámites evitaría, en primer lugar, que posibles emprendedores abandonasen la idea de poner en práctica un negocio ante la perspectiva de tener que enfrentarse a una serie de procedimientos burocráticos de gran complejidad. Y en segundo lugar, parte del tiempo, dinero y esfuerzo que tienen que destinar los emprendedores en estas labores, de simplificarse, pasarían a poderlos emplear en tareas directamente relacionadas con su actividad empresarial, mejorando su gestión, y por tanto, su rentabilidad.

Es que hay tasas y tasas

Recuérdese hace casi dos años, los que se ha tomado la Comisión Europea para decidir que esta medida podría ser ilegal, allá por mayo de 2009, las televisiones privadas de nuestro país consiguieron convencer al gobierno de las bondades de un modelo de TV pública sin anuncios. Bondades, sobre todo para ellas, que al año siguiente consiguieron incrementar de forma espectacular ingresos y, sobre todo, beneficios, con crisis y todo. No hay nada como eliminar competidores a golpe de decreto.

Pero como la TVE tenía que seguir funcionando, se decidió que los paganos de la fiesta serían los operadores del sector de telecomunicación, total las dos palabras empiezan por "tele". Y se les puso una tasa del 0,9% de sus ingresos para financiar a la tele pública.

Desde que se enteró del tema, el gobierno europeo andaba algo mosqueado. ¿Qué es eso de sacar dinero de las telecos hacia otros sitios sin su consentimiento? ¿Cómo se va a cumplir su querida Agenda Digital para la banda ancha si se les quita el dinero a los candidatos a enterrarlo en fibra óptica? Y, como digo, tras pensárselo con calma ha decidido llevar la tasa a los tribunales: no se puede sacar dinero a un sector para dárselo a otro.

¿O sí? Quien tenga la paciencia de seguir escarbando entre los escombros de las noticias que vienen de Japón, se encontrará con otra, también de esta semana. Resulta que el Tribunal ese del que venimos hablando, se acaba de manifestar sobre la tasa del espectro que allá por 2001 multiplicó su importe espectacularmente. Eran los tiempos de la burbuja y los operadores andaban dejándose inmensos pastizales en las subastas del espectro para servicios 3G que organizaban los distintos países de la Unión. El gobierno, entonces del PP, había otorgado dicho espectro en concurso y avergonzado contemplaba la oportunidad perdida para las arcas públicas. Así que, también por decreto, optó por multiplicar la citada tasa.

Pues bien, una de las cuestiones planteadas en Luxemburgo es si el importe recaudado por dicha tasa de espectro se puede utilizar para cualquier finalidad pública, o bien ha de estar vinculado a algún uso específico, relacionado en este caso con la gestión del espectro. Los expertos fiscales dirían que precisamente por eso se llama tasa y no impuesto.

El caso es que aquí sí, la Comisión Europea ha hecho una defensa cerrada con el gobierno español de que la tasa del espectro se puede usar para cualquier finalidad. Como, por ejemplo, pagar la televisión pública.

O sea que, para la Comisión Europea, la tasa (audiovisual) que el gobierno español cobra a las telecos para financiar a RTVE está mal, pero la tasa (del espectro) que el gobierno español cobra a las telecos para financiar a RTVE, o para lo que se le ocurra, está bien.

Será porque, aunque todas las tasas son iguales, algunas son más iguales que otras.

¿Quién debe ligar los salarios a la productividad?

Empecemos por lo básico. Imagine que el precio de la gasolina se le encarece y que, por tanto, usted puede realizar diariamente menos desplazamientos en automóvil. ¿Tendría algún sentido que usted mismo se engañara afirmando que ahora es más rico y puede realizar un mayor número de desplazamientos? No, mas eso es lo que puede suceder cuando en una economía indexamos indiscriminadamente los salarios a la inflación: debido a la mayor escasez relativa de petróleo (reflejada en su mayor precio), somos capaces de producir menos bienes y servicios y, sin embargo, incrementamos los salarios, algo que significa que podemos adquirir más bienes y servicios.

¿Pero de dónde vamos a poder adquirirlos? ¿Acaso los sindicatos se sitúan por encima de las leyes de la física? No, simplemente el alza salarial por decreto condenará a una parte de los trabajadores al desempleo (cuya demanda de bienes y servicios por tanto caerá a cero) y la otra parte disfrutará de un mayor consumo rapiñando los bienes que ya no pueden consumir los nuevos parados.

Hasta aquí todo claro: si somos más pobres, somos más pobres, y eso ni Zapatero, ni Toxo, ni Méndez pueden remediarlo, sólo ora ocultarlo ora redistribuir las pérdidas desde los trabajadores más eficientes a los menos eficientes.

Así pues, si ligar los salarios a la inflación no es una buena idea, ¿lo será en tal caso vincularlos a la productividad? En abstracto sí. Pero descendamos a la realidad. Debemos indexar cada salario a la productividad… ¿de quién? ¿De la economía? ¿De un sector económico? En esos supuestos, si por ejemplo la productividad agregada del sector textil se eleva año tras año gracias a la genialidad innovadora de Zara y a pesar de la mediocridad de sus competidores, aumentar los salarios de todos los trabajadores según la superior productividad de los de Zara sólo abocará a los competidores de ésta a la quiebra más inmediata, pues sus costes crecerán más de lo que puedan hacerlo sus ingresos.

Lo lógico es fijar el salario de cada trabajador en función de la evolución de su propia productividad, esto es, del valor que posee hoy la riqueza que un determinado empleado contribuirá a crear mañana dentro de un plan empresarial. Pero, ¿quién puede anticipar hoy cuál será la riqueza creada mañana? Nadie, ni siquiera el empresario, simplemente porque no conocemos el futuro.

Ahora bien, dado que si un empresario abona salarios más elevados que la riqueza que crearán en el futuro sus trabajadores perderá dinero, parece lógico que se le deje la libertad de equivocarse, esto es, de pactar la remuneración de cada trabajador con el propio trabajador. No deberían ser los sindicatos ni el Gobierno quienes con ojo del mal cubero establecieran cuál va a ser la productividad de un obrero, pues en tal caso sus errores los sufrirá por entero el empresario. ¿Creen que una ideologizada izquierda tendrá algún incentivo a establecer cuál es la productividad real de un trabajador cuando puede descargar el coste de sus errores en el maléfico empresario? Y aunque lo tuviera, ¿creen que una camarilla de planificadores centrales puede conocer la productividad de cada uno de los 15 millones de trabajadores españoles? Obviamente no.

¿Y si un empresario fija los salarios por debajo de la productividad de un trabajador? Pues simplemente dejen operar a la competencia: si se paga 10 a una persona que produce 20, otro empresario vendrá –o el obrero podrá buscar a otro empresario– dispuesto a pagarle 11, pues la diferencia sigue siendo bastante jugosa.

Dejen actuar al mercado; no porque éste nos vaya a dar salarios más altos o más bajos que los que pueda fijar el Gobierno, sino porque nos dará salarios que permitan crear empleo y maximizar nuestra riqueza dentro de nuestras posibilidades. Justo lo contrario que cuando los fijan los sindicatos, oiga.