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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Megalomanía

Quien visite Roma no puede dejar de ver el Monumento a Víctor Manuel II, padre de la patria Italiana, presidiendo la Plaza de Venecia y al lado de la Colina Capitolina (Campidoglio). Es un magno edificio de mármol blanco de importantes dimensiones que, diseñado por el arquitecto italiano Giuseppe Sacconi, empezó a construirse en 1895 y fue inaugurado en 1911, siendo completado en 1925, cuando Mussolini era dictador en Italia. Si nos ponemos delante de él, vemos a la izquierda los foros y el palatino, restos de la Roma imperial y republicana, y a la derecha el Campidoglio, donde se erigen los Museos Capitolinos, que incluye algunas de las piezas que se encontraron y salvaron de la construcción de esta inmensa mole.

El monumento, realizado para conmemorar la muerte del padre de la Patria y la creación del Estado italiano, estuvo desde el principio sujeto a la polémica por la manera en que se diseñó y construyó. Algunos hechos llaman la atención. En primer lugar, una parte significativa de la Roma medieval desapareció para que el Estado italiano tuviera su gran monumento. Así, la Torre de Pablo III, el puente llamado el Arco de San Marcos y los tres claustros del convento de Ara Coelli quedaron sólo en el recuerdo o por piezas en varios museos.

Contrasta este reordenamiento urbanístico con el cuidado que por lo general ponen ahora las administraciones públicas con los restos arqueológicos. Hoy en día, es complicado que, por ejemplo, las cadenas de hoteles extranjeras consigan los permisos necesarios para adecuar un edificio del centro de Roma a sus necesidades empresariales y las de sus clientes.  El interés del Estado es selectivo, no siempre ha estado con la aparente protección del pasado histórico, más bien, con su manipulación. ¿Acaso no deja de ser significativo que este magno edificio se sitúe justamente al lado de unos restos que representan a un imperio glorioso perdido hace mil quinientos años? ¿No hay una identificación velada entre el pasado imperial y el resurgir de Italia, identificación que se podría confirmar con las fracasadas aventuras coloniales posteriores?

Otro aspecto importante destacable es que durante la construcción se realizaron varias expropiaciones y demoliciones en las zonas adyacentes a la Colina. De alguna manera, las propiedades de los romanos afectados eran menos importantes que el homenaje a un Estado inventado sobre las bases de un pasado imperial y un nacionalismo que surgía en Europa como movimiento político aglutinador. De nuevo, el individuo subordinado al Estado tiene las de perder.

La segunda mitad del siglo XIX y buena parte del XX están llenas de ejemplos parecidos. Al fin y al cabo, fue cuando el Estado se consolidó a través de dos movimientos aparentemente contradictorios. Por una parte, el internacionalismo, que tendría su máxima expresión en el comunismo marxista y, por otra, el nacionalismo, que generó el nacimiento de nuevos países como Italia o Alemania o que haría más fuertes a otros como Francia o Gran Bretaña (quizá más imperial que nacional). En todos destacaban los fuertes sentimientos ideológicos que ayudaban y ayudan a aglutinar el pensamiento común, o al menos a distraer movimientos más individualistas.

De estas épocas datan buena parte de los reordenamientos urbanísticos de capitales imperiales. Entre 1852 y 1870, Napoleón III promovió en París un cambio radical que incluiría, desde luego, un profundo desprecio por la propiedad privada al rediseñar y construir, tras las consiguientes expropiaciones, jardines, edificios, obras públicas y nuevas avenidas por las que seguro que desfilarían mucho mejor sus ejércitos. No menos significativa fue la de Viena, que se ordenara a mediados del siglo XIX por orden del emperador Francisco José I, y que dejaría la ciudad llena de grandes y anchas avenidas y de edificios públicos de los que hoy los vieneses presumen y que convertirían a la capital austriaca en una de las principales ciudades de su época. Puede que los ejemplos más carismáticos de esta ordenación urbanística ligada a los intereses del Estado estén en los proyectos megalómanos de los jerarcas nazis, que pretendían literalmente diseñar un nuevo Berlín, digna capital del Reich de los Mil años, o los realizados por los gobiernos comunistas, que redelinearon y, en algunos casos, destruyeron ciudades enteras, despreciando un pasado que se debía olvidar o redefinir.

En España destaca la más moderna remodelación de la Gran Vía, que ha cumplido ahora su primer centenario y que supuso la desaparición de 14 calles y el derribo de 358 inmuebles. Es decir, 358 expropiaciones, es decir, 358 robos para satisfacer el ansia megalómano de jerarcas que les gusta pasar a la posteridad más por sus monumentos que por su gestión. Que algunos tomen nota.

Contra la huelga general

Hacer huelga es fundamentalmente incumplir unilateralmente un deber de prestar un servicio pactado previamente en un contrato laboral. El huelguista no sólo merece no recibir su salario de ese día: además debería pagar daños y perjuicios por las pérdidas que cause por negarse a cumplir con su deber, y su empleador tendría derecho a rescindir el contrato por incumplimiento de la otra parte.

Promover una huelga general es fomentar la violación de contratos a escala masiva. Si el positivismo jurídico es intelectualmente lamentable, en el ámbito de las relaciones laborales los presuntos expertos son especialmente patéticos a la hora de intentar justificar la legislación laboral intervencionista con los tópicos trillados de siempre: la eterna tontería de que el trabajador es la parte débil que necesita ser protegido hasta de sí mismo, que no se le puede dejar llegar a acuerdos libres por su cuenta y que se le debe dar el derecho de fastidiar con una huelga de vez en cuando a sus empleadores.

Las huelgas se hacen para hacer daño a alguien, para causar algún perjuicio o mostrar la capacidad de hacerlo y así poder amenazar y exigir algo a costa de otros. Generalmente es contra los empresarios, esos presuntos explotadores malvados que siempre parecen encontrarse en posición de dominio sobre los pobres y débiles empleados: o al menos así los ven quienes resentidos, vagos o incompetentes varios, carecen por completo de espíritu empresarial, son incapaces de organizar a grupos de personas en proyectos productivos y no hacen gran cosa aparte de escaquearse y quejarse de quienes les dan trabajo y un sueldo.

Con la huelga general los sindicatos, esas organizaciones apesebradas y de ideologías completamente desnortadas, tratan de mostrar los dientes al Gobierno para hacer patente su desacuerdo con alguna política: les molesta especialmente que se liberalicen, aunque sea tímidamente, las relaciones laborales, ya que eso implica una disminución de su poder de intromisión en las vidas ajenas, que al fin y al cabo es esencialmente de lo que viven (además de cobrar ingentes cantidades de dinero poco fiscalizadas por dar cursos de presunta formación a las hordas de parados que son sus rehenes).

Mediante la huelga general los sindicatos intentan hacer daño a todos parando el país. Pretenden que la gente no pueda acudir a su trabajo (paralizando los medios de transporte, impidiendo el acceso a fábricas y oficinas) o que no disponga de medios para realizarlo (cortando los canales de abastecimiento): esa inactividad la ven como un triunfo, como una expresión de que la población los apoya; son así de necios.

Como parece que no han tenido suficiente tiempo desde la convocatoria de la huelga hace varios meses para transmitir su mensaje y convencer a la gente para que los apoye, necesitan recurrir en el día clave a los piquetes "informativos" para ayudar a los dubitativos a decidirse. Estos piquetes aseguran no ser violentos, naturalmente salvo que alguien los provoque ignorándolos, llevándoles la contraria o cayendo en la bajeza moral de ser un esquirol.

Es interesante comparar una huelga general, presuntamente un ejercicio de práctica impecablemente democrática, con unas elecciones, con su derecho a votar o no votar: imagínense si los abstencionistas decidieran no respetar la jornada de reflexión, bloquearan el transporte y los accesos a los colegios electorales o amedrentaran y tacharan de traidores a los votantes.

Naturalmente que la huelga es un derecho constitucional, lo cual refleja el ínfimo nivel ético de las constituciones que consagran estos pseudoderechos destructivos e ilegítimos.

Tome parte en la huelga del 29-S

Las acciones tomadas no son caprichos al azar, son parches que se están haciendo a un modelo injusto y decadente llamado Estado del Bienestar. El modelo económico actual es insostenible al negar la libertad individual, la función empresarial libre y al disparar el robo gubernamental (impuestos, déficit y deuda).

Las huelgas surgen con los primeros asalariados a finales del S. XVIII. Se basaban en una extorsión e incumplimiento unilateral del contrato. Es la antítesis a los fundamentos del liberalismo: propiedad, vida y libertad. Cuando un grupo aplica la violencia contra otro –exceptuando el caso de la defensa personal–, se vuelve un criminal.

La ley tendría que castigar las acciones violentas de los sindicalistas, piqueteros, delincuentes o llámenles como quiera. Pero no lo hará. Todo lo contrario, mirará hacia otra parte. La mayor injusticia es que si usted se defiende de la agresión de un sindicalista o intenta defender su propiedad privada, entonces la ley sí que le atacará. La huelga es una de las mayores absurdidades de lo políticamente correcto ya que permite el incumplimiento de contrato y la violencia indiscriminada contra las personas y sus propiedades. Algunos trabajadores irán a la huelga para que los sindicalistas, después de la huelga, no les rayen el coche u otros actos miserables de este tipo. ¿Le parece progresista y civilizado algo así?

Los sindicatos han de cambiar de registro. No se puede mantener la profesionalización del sindicalista. Es dar alas al parasitismo empresarial, al holgazán y a la violencia. Desde el momento en que a un sindicalista, como a cualquier otro activista de cualquier tipo de pensamiento (políticos incluidos), se le da un sillón en el poder, se aleja de la gente, del colectivo. Los objetivos del grupo desaparecen para saciar sus interese individuales usando eslóganes colectivistas y viscerales como "seguridad económica", por "nuestro bien", u otros que ahora usan para huelga. El poder acomoda mucho. En esta sociedad, cuando un grupo se vuelve molesto, le dan un sillón y subvenciones para que sea complaciente con el establishment, ya sean sindicatos, ecologistas, grupos de presión religiosos, antirreligiosos o asociaciones de empresarios.

Desde el instante en que la fuente de financiación primaria de los sindicatos son los impuestos –más de 1.300 millones en subvenciones y comisiones desde 2007– y éstos se convierten en un ministerio paralelo a cualquier Gobierno, se vuelven un tipo de oligarquía política más. Y cuidado, que lo último no lo dice un ultraderechista como yo, sino Julio Anguita. Los sindicatos son una parte más de los pilares del poder: sus escándalos los delatan (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X…).

Todas la encuestan dicen que la huelga del 29-S va a ser un fracaso. Los excesos de los sindicatos han minado la confianza de la gente precisamente por los motivos enumerados: son establishment que chupan del bote. La única razón por la cual la huelga puede ser un éxito, y probablemente así sea, se debe a la extorsión de los sindicalistas amenazando a los trabajadores, destrozando la propiedad privada ajena y restringiendo la libertad de las personas para ir a trabajar y desplazarse. Los ciudadanos no podemos dejar impunes este comportamiento criminal e ilegal, por más que la ley no vaya a impedirlo.

Nosotros, los ciudadanos, estamos más avanzados que los retrógrados sindicales. Nos adaptamos al momento y somos pacíficos. No hace falta seguir sus pasos de violencia contra las personas ni contra las propiedades. Si los sindicalistas no le dejan entrar en su lugar de trabajo, haga fotos. Vaya por donde pueda retratando con su cámara o móvil a esos delincuentes y cree grupos en Facebook denunciando este acoso o coméntelo en los que ya existen: "Estoy hasta los huevos de pagar impuestos para los sindicatos". "Estos sindicatos NO nos representan. Son una vergüenza!!". "¡No! A la Huelga General. Por una sociedad civil libre y próspera". Cuelgue sus relatos en su blog o foros. Denuncie a estos sociópatas con caras, nombre y apellidos. Envíe su material fotográfico a esta casa u otros medios de comunicación. Seguro que podremos amontonar miles de atropellos y actividades delictivas. Si destrozan su propiedad privada, grábelo. Denuncie tal crimen o asóciese con otros para hacer demandas conjuntas a los responsables.

Tome parte en la huelga como "contrapiquete" silencioso. Simplemente consiste en decir "alto" al crimen de los sindicatos. A esa gran mafia que vive de nuestros impuestos y coarta nuestra libertad e individualidad. Tome acción en la huelga. Denúnciela por donde pueda.

Carnet joven de racionamiento

Es otro de los frentes de lucha que ha abierto el gobierno. Con el problema del paro bajo control gracias a unos cursos de formación que convierten en trabajador activo a cualquiera que se matricule en ellos, con el tema de Afganistán convertido en una “War” en vez de una guerra, con las relaciones con nuestro gobierno amigo marroquí en un momento óptimo y con los principales inversores internacionales (antes especuladores) rezando por la economía española: ahora es el momento de atacar un grave problema que está entre las preocupaciones más importantes de los españoles (junto con el Cambio Climático, por supuesto…)

Seguro que el lector ya la habrá adivinado. Efectivamente, me refiero a la lucha contra la obesidad y muy especialmente la obesidad infantil y juvenil, un autentico drama que nuestro presidente vive muy de cerca. Aquí sí, aquí el Gobierno ha sido valiente, demostrando autentico coraje con una medida con la cual no ha dudado en enfrentarse a poderosísimas marcas como La Bella Easo, Panrico o Bollería Martínez.

Efectivamente, con la prohibición de poner máquinas expendedoras de bollos en los colegios, el gobierno de ZP ha dado un gran paso en la construcción de una sociedad que refleje no solos sus gustos, sino a ser posible la imagen de la primera familia española (bueno, no de toda la familia…) que él y Sonsoles encarnan.

Pero dicha medida se ha quedado corta, pues hay una serie de vacíos legales que permitirán que los bollos acaben alojados en el tejido adiposo de nuestros jóvenes.

Así, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el escolar se lleva el bollo desde casa? Es evidente que desde el gobierno se debe regular que cada autonomía ponga en marcha un sistema de cacheos en los colegios para que la mercancía prohibida no acceda a los patios. En las autonomías con lengua identitaria y diferencial, no sería demasiado problemas, pues los funcionarios docentes que actualmente se encargan de perseguir el uso del castellano  en los recreos, podrían perfectamente llevar a cabo dicha tarea. Y si el bollo interceptado no está etiquetado en la lengua correcta… ¡pues se matan dos pájaros de un tiro!

Para evitar el caso de que los mayores del cole salgan en el recreo y se hagan con un bollo en un establecimiento cercano, la ley debería contemplar unas áreas restrictivas bollos free alrededor del colegio en las que cualquier establecimiento y/o persona que comercializase o portase dicha mercancía prohibida sería multada y la mercancía confiscada. De nuevo aquí las autonomías con lengua identitaria tendrían medio camino recorrido, pues podrían utilizar para ello a la red de delatores que actualmente se dedican a señalar los establecimientos que no cumplen las leyes de lengua locales.

Un paso más sería  la prohibición total de vender bollos a menores de 18 años en todo el territorio, como se ha hecho con el consumo de alcohol, que gracias a sabias medidas como esta, ha dejado de ser un problema entre los jóvenes.

Pero finalmente, lo que se debería hacer  es aprovechar la experiencia de países amigos que han conseguido combatir con éxito la obesidad infantil. Y me temo que en este punto los Estados Unidos de Obama no son el modelo ideal. Aquí, el ejemplo mundial de esta lucha es Cuba, un país que gracias a su rechazo de la sociedad de consumo, del capitalismo, ha conseguido que la ingesta excesiva de calorías y la obesidad aparejada sean un lejano recuerdo de los tiempos de Batista para la gran mayoría de la población isleña. Y sin duda, una de las armas en dicha victoria contra la obesidad ha sido la Cartilla de Racionamiento, también llamada en Venezuela, otro país que empieza a luchar con éxito contra la obesidad, la Tarjeta del Buen Vivir.

Así, con asesoramiento cubano-chavista, este último como pago por la venta de armas, desde el Gobierno, mediante la creación de un Comité de Salud Pública (bonito nombre), se debería poner en marcha un Carnet Joven de Racionamiento, con foto y datos personales, de presentación obligatoria antes de poder adquirir bollos 

Dicho Carnet tendría una serie de cupones de obligada entrega al efectuar la compra, por lo que el titular sólo podrá consumir/poseer los bollos autorizados en dicho documento, tanto en plazos como en cantidades.

Cada tres meses, los poseedores del Canet deberían pasar un revisión médica que midiese su índice de grasa corporal y en función de la evolución de dicho tejido adiposo, un comité de nutricionistas, quizá formado por médicos cubanos de los que tan sobrada anda la isla caribeña, decidiría cuantos cupones se le pueden dar para el periodo siguiente

Es importante señalar que de cara a evitar el mercado negro, mejor dicho el estraperlo ahora que está de moda la Memoria Histórica, los cupones serían personales e intransferibles, de forma que si un joven insolidario, posiblemente un objetor de Educación para la Ciudadanía, usase sus cupones para facilitar el consumo y /o posesión  de bollos  a otro, estaría incurriendo en una grave falta contra el Comité de Salud Pública, penalizable con la retirada del Carnet. Y si la policía pilla a algún joven con un  bollo ¡sin el Carnet!,  derechito a la Fiscalía de Menores donde se le aplicarían medidas de reinserción  en la línea de las que  se le han aplicado al Rafita por acciones comparables.

Pero no todas deberían ser medidas coercitivas. A los poseedores de dicho Carnet Joven, se les podría, como incentivo, hacer descuentos en tiendas de comercio justo, herboristerías y restaurantes vegetarianos de Chueca, regalo de condones, prioridad en las listas de espera de la SS para abortar…e incluso entradas gratis para ver cine español ( bueno, esto último podría ser considerado coercitivo).

En fin, infinidad de ventajas.

Contra la expulsión de gitanos

Desde julio de 2010, el Gobierno francés ha desmantelado al menos 51 campamentos ilegales y repatriado a 1.230 gitanos a sus países de origen. Sarkozy arguye que los campamentos eran fuente de “tráfico ilegal, explotación de niños para la mendicidad, prostitución y crimen, con miserables condiciones de vida”. Estas drásticas medidas, que algunos han comparado con las deportaciones de judíos por parte del régimen de Vichy, se han introducido después de que un grupo de gitanos atacara una estación de policía y vandalizara el pueblo de Saint-Aignan.

Los defensores de Sarkozy suelen contentarse argumentando que la iniciativa está perfectamente encajada dentro de la legalidad francesa. Los gitanos europeos no necesitan visado para entrar en Francia gracias a la libertad de movimientos reconocida por la UE; pero bajo las leyes de inmigración francesas, si al cabo de tres meses no pueden demostrar que tienen empleo, estudian o disponen de ingresos suficientes, pueden ser expulsados. Por tanto, cualquier comparación con políticas de deportación genocidas está fuera de lugar.

Pero este recurso al positivismo legal (“justicia es lo que dice la ley”) implica que no hay principios éticos desde los que enjuiciar la legislación vigente de forma independiente. Eso puede ser así para quienes no tienen otra moral que la que dicte (y revoque) el Estado en cada momento. Pero quienes tenemos convicciones liberales debemos poder tachar la legislación vigente de injusta si no se atiene a los derechos individuales. La libertad de expresión no es legal en Cuba y el adulterio está penado en Irán, pero a nadie se le ocurriría apelar a sus leyes escritas como prueba de que no están haciendo nada injusto. De modo que vayamos a enjuiciar estas medidas, legales, de expulsión de gitanos sin papeles.

¿Qué crímenes han cometido los gitanos de esos campamentos para que sea justo expulsarles del país? Desde un punto de vista liberal sólo cuentan los crímenes con víctima, y entre ellos no se incluyen ni la prostitución, ni el comercio de drogas, ni tampoco la ocupación de un terreno comunal deshabitado y de titularidad pública. Si hay gitanos que roban o vandalizan los pueblos vecinos, que se les expulse por eso, se les encierre entre rejas o se les fuerce a trabajar para la comunidad.

Los términos “inmigrantes ilegales”, “asentamiento ilegales” etc. son invenciones del Estado que no deberían ser aceptadas acríticamente. El Gobierno tiene su propia agenda y hace un uso interesado de las etiquetas. No hay razón para pensar que esta política de expulsiones tiene una motivación racista (no se está expulsando a todos los gitanos de Francia, sino a aquellos que no cumplen con determinados requisitos legales). Pero tampoco es razonable pensar que a Sarkozy le mueve el afán de justicia y no las ansias de captar votos derechistas exhibiendo una imagen de mano dura que en Francia tiene ahora rédito electoral.

La noticia entronca con el debate sobre la libertad de movimientos. Es difícil reconciliar una postura favorable a la libertad de inmigración con el respaldo a las expulsiones de gitanos. Cabe preguntarse qué sucedería en una sociedad libre donde no existieran fronteras políticas y se respetara escrupulosamente la propiedad privada. Se penalizaría a los inmigrantes que vandalizaran propiedad ajena, sin duda, pero ¿con qué derecho se les iba a expulsar de un terreno yermo que no era previamente de nadie?

La mayoría de los “campamentos ilegales” no están ni en fincas privadas ni en terrenos donde los contribuyentes pueden reclamar cierto derecho de propiedad por haber sufragado gastos de conservación o cuidado (como sería el caso de un parque). Tampoco estamos ante casos más problemáticos como el de una reserva natural o una zona de patrimonio histórico. Hablamos del mismo terreno baldío que en el viejo oeste: cuando el Estado apenas se arrogaba prerrogativas, se consideraba apto para ser colonizado. Lo contrario implica conceder al Estado un derecho de propiedad sobre todo el territorio no ocupado por particulares y empresas. ¿Cómo se justifica desde el liberalismo semejante derecho? Apelando al principio de apropiación lockeano seguro que no.

¿Acabará el desempleo en España?

En situaciones como la que vivimos en la actualidad, cuando un elevado porcentaje de la población desea trabajar y lleva varios meses e incluso años sin encontrar un empleo, resulta comprensible que pierdan la esperanza en salir de esta situación. Con tasas de desempleo que superan el 20%, mucha gente se pregunta si en España es posible solventar este problema o, por el contrario, nos encontramos ante un hecho estructural que a lo sumo podrá ser mitigado, pero jamás resuelto.

Dada la peculiaridad del caso español, se suelen buscar todo tipo de explicaciones para averiguar los motivos por los que nuestra situación difiere tanto con la existente en los denominados países de nuestro entorno, que tienen unas cifras de desempleo sensiblemente inferior y en los que la crisis no se ha dejado notar de manera tan acusada en el empleo. Así, resulta bastante común que se trate de buscar motivos en la competencia realizada por los productores asiáticos, a los que se suele culpar de emplear mano de obra en condiciones de casi esclavitud o a la paulatina sustitución del sector industrial español por empresas de servicios.

Quienes defienden estas causas suelen argüir que puesto y dado que la competencia exterior no es controlable, y que la industria no se levanta de la noche a la mañana, el desempleo español no tendría solución salvo que reduzcan los salarios a nivel de los países asiáticos, por lo que se trataría de elegir entre dos males: salarios ínfimos o desempleo. No obstante, dichas explicaciones y alternativas no dejan de ser insatisfactorias, ya que existen otros países donde la tasa de desempleo es sensiblemente inferior a la española, pese a que afrontan la misma competencia por parte de los países asiáticos, tienen un sector industrial inferior al español y sus salarios medios son muy superiores.

A la hora de estudiar las causas del desempleo, habría que pensar en primer lugar el motivo por los que se contrata a un trabajador. Una empresa contratará a un trabajador si percibe una oportunidad de negocio, cree que va a necesitar de más trabajadores y estima que será rentable. Dicho de otra forma, se procederá a realizar la contratación si los ingresos esperados de esta oportunidad de negocio superan al coste que le supone ponerla en marcha, incluyéndose en dichos costes el salarial. Por ejemplo, en una asesoría tienen la oportunidad de ampliar su cartera de clientes y contratan a un empleado para, por ejemplo, realizar las labores contables; sólo si el precio que pagan esos clientes supera al salario de dicho empleado, éste sería rentable. En caso contrario, la situación de la empresa empeoraría con respecto a la que tenía inicialmente y probablemente se rechace esta oportunidad de negocio. Ahora bien, el número de potenciales clientes dependerá de diversos factores, entre ellos, sin duda, la labor comercial que se realice. Pero también, de que el nuevo empleado pueda atender la carga de trabajo que esto supone. Si sus conocimientos contables son elevados, las herramientas informáticas fiables, su ritmo de trabajo le permite asumir dicha carga, sus compañeros tienen experiencia previa en dichas labores y le pueden apoyar, el número de clientes a los que podrá servir con satisfacción será elevado. Por el contrario, si apenas sabe distinguir el debe del haber, si el ordenador se bloquea continuamente o la aplicación informática no está preparada para aumentar el volumen de información contable que procesa, si no es capaz de servir a todos los clientes, si tiene que dedicar tiempo a labores ajenas a lo que demandan los clientes o si nadie en la empresa realizaba dichas labores para poder ayudarle en casos de duda, el número de clientes a los que se podrá atender con satisfacción será más reducido.

En este ejemplo se pueden ver cuáles son algunos factores que van a incidir en que se plasmen las oportunidades de negocio que requieran más empleados: la existencia de esas oportunidades de negocio, la formación del empleado, su motivación, las inversiones realizadas por la empresa (en este caso en equipamiento informático, pero en cada empresa es distinto), el saber hacer de la empresa, las cargas burocráticas y los costes de emplear a una persona, entre otros muchos. Así, incidiendo sobre estos factores es posible incidir, no sólo en las oportunidades de negocio que se presenten, sino también en aquellas que serán juzgadas como rentables y que requerirán una mayor mano de obra.

Por tanto, existen países cuyo empleo es alto porque presentan pocas barreras burocráticas y generan múltiples oportunidades de negocio, otros que tienen una acumulación de capital y de inversiones muy elevado, otros cuyos trabajadores adquieren un nivel formativo elevado, otros que tienen una tradición empresarial en determinados sectores y que dominan el saber hacer, y finalmente países que apenas presentan ventajas en los campos anteriores y que únicamente pueden competir por su bajo coste laboral. Lo más frecuente es que se presenten una combinación de factores y que incluso, dentro del mismo país, existan situaciones distintas.

Aunque no sea fácil pensar en una bajada del desempleo en momentos como el actual, es en estos puntos donde debe trabajarse para reducir la tasa de paro: crear un entorno estable donde se permitan las oportunidades de negocio, un marco legal estable que proteja las inversiones, que permita el desarrollo educativo, que no penalice los sectores tradicionales y los trate con neutralidad, al tener un saber hacer de muchos años, que reduzca las cargas burocráticas de forma que los empleados no tengan que destinar gran parte de su tiempo a realizar labores ajenas al negocio y que no penalice con excesivos cargas tributarias el empleo de mano de obra.

Responsables

Según el Instituto Ethos, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC o RSE) es:

 “Una forma de gestión que define la relación ética y transparente entre la empresa y todas las partes interesadas con las que se relaciona, y los objetivos de negocio para impulsar el desarrollo sostenible de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales”.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

Es el reflejo de la manera en que las empresas toman en consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad, y en la que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario y que sólo depende de la empresa, y se refiere a actividades que se considera rebasan el mero cumplimiento de la legislación”.

Si siguiéramos nadando en las muchas descripciones que se dan sobre RSC, encontraríamos que en casi todas se repite de alguna manera la implicación de la empresa en el desarrollo social y en el cuidado del medioambiente, asumiendo voluntariamente una ética pública que aplicaría en sus actividades empresariales y extraempresariales. Todo esto suena bien: voluntario, solidario, sostenible, medioambiental, social. Cómo no iba a sonar bien si repite de manera sistemática buena parte de los mantras de la progresía, buena parte de las ideas más exitosas del intervencionismo. Es tan exitoso y tan políticamente correcto que pronto podría dejar de tener carácter voluntario para tenerlo obligatorio. Cualquier excusa es buena para desarrollar sistemas de ingeniería social como un “código ético” empresarial universal.

La empresa, la gran empresa sobre todo, asume su papel de malo y pide perdón a través de una actividad que conlleva el uso de capital y recursos que podían dedicarse a otros aspectos mucho más productivos. Porque nadie se confunda, la RSC es una “devolución”. Como se indica en el informe de la Caja de Ahorros del Mediterráneo:

“Devuelve a la sociedad un alto porcentaje de sus beneficios, a través de Obras Sociales”.

La actividad principal de una empresa es ganar dinero. Desde luego que a la empresa le interesa que la sociedad sea cada vez más rica, porque cuanto más lo sea, mayor renta tendrán los ciudadanos y habrá mayor demanda de sus bienes y servicios lo que redundará en su beneficio. La empresa ya tiene su propia “misión” social, descubrir desequilibrios y demandas y satisfacerlas. La empresa no debe “devolver” nada a la sociedad porque nada ha tomado, sino que ha habido un doble beneficio. El cliente tenía un dinero que por sí mismo no le servía de nada y ha obtenido el beneficio del producto o servicio que ha adquirido.

La RSC es un batiburrillo de actividades donde la cultura, la sostenibilidad, la inserción laboral, la igualdad de género, el patrocinio deportivo, la lucha contra la corrupción o la defensa del medio ambiente se mezclan con la necesidad de promoción de la propia empresa, con la de adaptación a los usos sociales y políticos, con la de una fiscalidad menor -si supone una reducción de impuestos-, con la adaptación a las políticas públicas estatales o a la presión de determinados lobbies. Es un conjunto de actividades y conductas que podría ser atributo de los individuos de la sociedad, de otras empresas, que lo convirtieran en fuente de beneficios, o de otras instituciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro, pero no necesariamente de la empresa que las implementa.

El problema surge de que durante décadas un Estado cada vez más gigantesco ha ido asumiendo una serie de competencias que por una u otra razón ahora no puede o no quiere desarrollar y que ha decidido trasladar a las empresas aprovechando la idea intervencionista, anticapitalista y totalitaria de que su beneficio es la pérdida de sus clientes que pagan precios abusivos. Una idea que implícitamente asume que el ciudadano es básicamente idiota, que no sabe lo qué quiere y que es engañado cuando paga un precio por un producto o servicio. Una idea que hace suya la empresa por simple supervivencia o porque sus gestores han decidido incluir voluntariamente la ideología dominante en su actividad.

La lucha del Gobierno contra la crisis

Lucha contra el paro. El Gobierno, con la ayuda del PP, ha renovado el PER nacional de 426 euros. Desde que se instauró la medida, sólo el 30% de los beneficiarios se ha puesto a trabajar. La economía es una cuestión de incentivos. Si el Gobierno recompensa la ociosidad, sólo lograremos un país de pobres. Una sociedad de señores y esclavos donde la clase productiva transfiere sus rentas a la improductiva con el único fin de que el Gobierno de turno consiga más votos.

Curiosamente, Obama acaba de aprobar un PER a la americana. Ha alargado la prestación de desempleo de 23 a 99 semanas. En sus palabras: "la idea es cambiar fundamentalmente nuestro enfoque de desempleo, para que no sea sólo una oportunidad para buscar un nuevo trabajo, sino un momento de capacitación para un mejor trabajo". ¿Le suena? Es lo mismo que se dice durante décadas aquí. El resultado: una elevadísima tasa de desempleo y profesionales del paro. Las transferencias forzosas de capital de una clase productiva a una improductiva no sólo son un robo a una parte de la sociedad, sino que estimulan la "cultura del desempleo". Estados Unidos está siguiendo los mismos pasos de España.

Impulso de la vivienda. Obama ha eliminado la ayuda fiscal a la compra de vivienda (que tenía un máximo de 8.000 dólares). Al mes de retirar el incentivo gubernamental, la venta de viviendas de segunda mano se ha desplomado un considerable 27,2%. La vivienda nueva ha caído en ese mismo mes un 12%.

En nuestro país el Gobierno decidió eliminar el estímulo fiscal a la vivienda a final de este año. ¿Qué cree que va a pasar? Todos los que tengan cuentas vivienda o la necesidad de comprarse un piso aceptarán casi cualquier precio para adquirirla antes del 2011. Sin estímulo gubernamental, probablemente el precio caiga fuertemente. La medida del Gobierno, en este caso, ha favorecido la horrible especulación contra la que tanto luchan los redentores de los derechos sociales y el mismo ZP.

Plan 2000E / Cash For Clunkers. Un día, el Gobierno español le dio la gana de estimular la compra de coches con los impuestos del ciudadano para satisfacer al lobby del motor, el Plan 2000E. Cuando finalizó la medida propagandística, y sólo en la primera quincena de mes, la venta de coches se hundió casi un 30%. El sector está ahora desesperado. No sólo porque no venden, sino porque nadie les dijo que esa "ayudita" tributaba y porque las administraciones y el Gobierno aún deben a los concesionarios casi 60 millones de euros.

Obama hizo algo similar. Su programa se llamaba Cash For Clunkers. Cuando terminó el plan, el desastre fue similar al caso español. Obama gastó 3.000 millones de dólares para que el sector se quedara en el mismo nivel de ventas que antes.

Los estímulos gubernamentales no son producción, son caridad forzosa. La caridad no ha sacado jamás a un país de una crisis, todo lo contrario. Si en épocas de apuro económico, el Gobierno se dedica a castigar a la clase productiva con más impuestos, multas, leyes y tasas para quedárselo todo ellos y repartir las migajas entre sus rentistas, estamos estimulando la pobreza, el hedonismo y parasitismo a costa del resto de la sociedad.

No se deje engañar con las bonitas excusas que usa el Gobierno para robarnos nuestro dinero, ya sean "dar empleo", "ecologismo", "bien común", "igualdad" o lo que quiera. Ninguna va a funcionar. Todo es un espejismo. La economía sólo puede salir rápido de una crisis cuando la arregla la gente, es decir, el mercado y no una panda de burócratas más preocupados por su índice de popularidad que de la realidad del país. Vea rápidamente en qué absurdidades se gastan los políticos nuestro dinero.

Nadie sabe gestionar mejor una crisis que nosotros mismos. La inferencia del Gobierno y de los políticos sólo la están acentuando. Mientras nosotros nos apretamos el cinturón cada día, ellos siguen su tren de vida de gasto, despilfarro y compra de favores y votos. La crisis ha dejado ver con claridad que el idílico Estado del bienestar sólo está lleno de horrores y de oportunismo. Lo hemos de demoler por nuestro bien individual.

Inmigración y libertad

Los gobernantes del estado de Arizona pretenden reducir drásticamente los problemas que consideran derivados de la inmigración. Pero no lo hacen atacando a la inmigración en sí, sino a la ilegal. Cierto es que muchos de los procedimientos que prevé la Ley (o que preveía antes de la matización de la jueza Bolton) parecen conceder excesiva arbitrariedad a la policía, pero es cuando menos peculiar que haya polémica porque una ley pretenda restablecer la Ley y que la progresía pretenda que la situación de ilegalidad se perpetúe. Esto deja ver que en los estados modernos el imperio de la ley ha dejado paso al imperio de la voluntad política de los legisladores, que emiten ad hoc unas leyes y que omiten, también a impulsos de intereses particulares, la aplicación de otras ya vigentes.

Hecha esta consideración sobre la deriva del derecho contemporáneo, el fondo del problema radica en la valoración de la inmigración, ora como bien, ora como obstáculo a la civilización. Para argumentar lo primero se aducen, desde el liberalismo al uso, las mismas razones que para la libre circulación de mercancías. La única explicación aparentemente plausible a esto es la aplicación generalizada de una mera analogía. Si es bueno promover la libre circulación de mercancías, habría que promover, igualmente, la libre circulación de todo lo demás, incluidas las personas. Pero una analogía no es lógica per se; ni siquiera es praxeológica. 

El argumento central del librecambismo afirma que, en ausencia de restricciones al comercio, la producción “excedente” de cada área se verá estimulada por la acción combinada de la división internacional del trabajo y de la ley de rendimientos decrecientes. El resultado de este impecable argumento es que, con todos los gobiernos decididamente favorables al librecambismo, la necesidad de emigrar se vería radicalmente reducida. Por lo cual, la analogía antedicha queda destruida por el propio desarrollo del argumento librecambista. A más librecambismo, menor incentivo a la emigración.

Pero existe, además, un nuevo dato a tener en cuenta para disociar definitivamente libre inmigración de librecambismo. Los intercambios de mercancías se realizan entre propietarios privados mayoritariamente. Esto conlleva la consideración de que las mercancías llegan a aquellos que expresa y libremente las demandan. No ocurre así con los inmigrantes. El contacto de las poblaciones autóctonas con las inmigradas se produce forzosamente. Los vecindarios locales, especialmente de aquellos que no pueden mudarse de residencia, se ven obligados a admitir a personas de hábitos, modos públicos y actitudes que alteran el sentido local de lo bueno, lo correcto, lo aceptable y hasta lo moral. Por tanto, los habitantes locales, por efecto de las leyes favorables a la inmigración o de las tolerancias ilegales acerca de ella, han de soportar lo que no desean. No ocurre así con las mercancías.

Cierto es que en este problema se cruza la cuestión de la existencia de los estados del bienestar, entendidos como proteccionismo social a cargo del Estado, y el supuesto incentivo que suponen para la inmigración. Aunque no está claro que tal incentivo sea determinante, lo cierto es que la existencia de espacios públicos y de leyes igualitarias convierte el problema en algo de ámbito público. Y, en esto, cuanto mayor sea la unidad territorial en que es gestionado, menor ámbito para la libertad. Sería, pues, una medida interesante, que sean los propios municipios los que estén dotados de capacidad normativa para aceptar o no a inmigrantes o discriminar entre éstos según criterios de cualificación, hábitos, origen, etc.

Esto y, en coherencia con todo ello, la promoción consistente del librecambio.

Huelga de controladores aéreos

También tengo formación académica como físico, en inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento, y como economista.

He estado destinado en las torres de control de Tenerife Sur y en Madrid Barajas (donde fui instructor y supervisor) y ahora estoy en proceso de instrucción en el centro de control de ruta de Madrid Torrejón. Además he estado en comisiones de servicio en las torres de Almería, Ibiza y Málaga. Aclaro que este artículo lo escribo a título estrictamente personal.

Mis sueldos de los últimos años han estado ligeramente por encima de la media dada a conocer por el ministro Blanco (aquellos más de 330.000 euros brutos anuales). Además mi nómina era de las relativamente bajas en la torre de control de Barajas, ya que estando más o menos en la media de antigüedad y carrera profesional yo solo hacía la ampliación laboral básica (el primer nivel de los tres que había de horas extra). Y Barajas es una torre de categoría inferior a los centros de control, que es donde hay más personal destinado.

Estos abultados salarios se han conseguido mediante la elevación de la demanda de controladores y la restricción de su oferta, fenómenos que no han sido ajenos a la presión sindical y a su capacidad de hacer daño al dejar de prestar un servicio esencial difícilmente sustituible (la unión hace la fuerza, especialmente en un monopolio público como éste). Los propios controladores decidían de forma casi unilateral cuántos eran necesarios durante cada turno en cada dependencia (las configuraciones de referencia, con cantidades a mi juicio infladas y exageradas porque prácticamente siempre solía sobrar personal, a menudo se abrían sectores no estrictamente necesarios y las horas efectivamente trabajadas estaban lejos del límite reglamentario). Dada la limitación de horas a trabajar por convenio (1.200 anuales) se programaban grandes cantidades de horas extra.

Algunos controladores se han presentado ante la opinión pública como responsables trabajadores que sacrificaban su tiempo libre, su familia y su salud (el famoso presunto estrés laboral) para hacer las horas extra y salvar la navegación aérea, al turismo y al país: la verdad es que se aprovechaba cualquier oportunidad para generar esos servicios adicionales y se hacía cola para hacerlos y cobrarlos suculentamente. Simultáneamente el sindicato reclamaba con gran cinismo ante la opinión pública más controladores, justo lo contrario de lo que realmente quería (cualquier economista puede explicar cómo a los gremios les interesa restringir la competencia para elevar sus ingresos y mejorar sus condiciones).

Quizás por la bonanza económica o para evitar problemas políticos los ministros y los directivos anteriores de Aena cedieron ante la presión sindical, básicamente las amenazas de dejar de hacer esas infladas horas extra y quizás también retirar a los profesores de la escuela y parar en seco los procesos de formación. Otras medidas eran y son las típicas de las huelgas de celo: utilizar el reglamento y los procedimientos (estos últimos de nuevo decididos y aplicados según el criterio de los propios controladores) como excusas para ralentizar el tráfico (los controladores aéreos insisten mucho en la seguridad, la cual invocan constantemente y aprovechan para meter miedo al personal, pero de lo que no pueden presumir en general es de eficiencia).

Durante mucho tiempo advertí a mis compañeros de que se estaban pasando y que estaban generando un sistema insostenible, pero obviamente no me hicieron ningún caso y continuaron los excesos y abusos. Y entonces llegó la crisis económica, la reducción del tráfico aéreo y el cambio de ministro de Fomento y de equipo directivo en Aena. Y más recientemente las nuevas leyes sobre provisión de los servicios de navegación aérea. Lejos de practicar una sana autocrítica, el nuevo equipo directivo de USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos) ha decidido huir hacia delante, se han autoproclamado víctimas esclavizadas y han promovido la convocatoria de una huelga. Estoy totalmente en desacuerdo, y además me siento profundamente avergonzado e indignado por lo que he visto y oído en los últimos meses en la torre y en la sala de control. Por eso me he dado de baja del sindicato USCA y estoy considerando mi futuro profesional. En próximos artículos espero ir dando más detalles, aclarando ideas y desmontando diversas falacias difundidas interesadamente por algunos controladores aéreos.