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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Necesitamos generar riqueza, no trabajo

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los principales problemas que tenemos actualmente como sociedad es que nos gobierna gente cuyo principal talento es su capacidad para contentar a la mayoría. Eso no quiere decir, ni mucho menos, que sus políticas favorezcan a dicha mayoría, sino que por medio de la demagogia, las falacias y la propaganda son capaces de hacer pensar a millones de personas con intereses contrapuestos que son los beneficiarios de la acción gubernamental.

Esto provoca que las ideas que predominan en la sociedad no sean las que se han demostrado útiles a sus ciudadanos, sino las que permiten a los políticos llegar al poder.

Un ejemplo de idea absurda es el mantra sobre la imperiosa necesidad de generar empleo. Se confunde el deseo de una buena parte de la población de percibir una retribución de forma estable y periódica, asegurándoles una vida confortable, con el fin último de la economía nacional. La propaganda ha calado tan hondo que incluso muchos empresarios se vanaglorian de que uno de sus objetivos principales es crear puestos de trabajo.

Por supuesto esta peculiar forma de pensar solo se aplica a la política; si cualquier persona ve a su vecino cavando un hoyo en mitad de su jardín, volviéndolo a tapar a continuación, simplemente por tener trabajo, inmediatamente pensará que está trastornado. Por desgracia el porcentaje de personas que llegaría a esa conclusión bajaría considerablemente al enterarse de que el ayuntamiento le paga por realizar dicha función generando así un puesto de trabajo.

Para conseguir que el porcentaje de entusiastas de este tipo de políticas sea aún mayor, se suele recurrir a adornar los empleos con cierto valor social. Alguien se puede oponer a pagar un sueldo por cavar hoyos para llenarnos, pero es mucho más difícil hacerlo cuando se tienen aceras nuevas o se crean sectores que supuestamente traen innovación.

El problema es que en tiempos de crisis, como el actual, no hay dinero público para pagar trabajos en los que no se cree riqueza de forma objetiva; o se emplea el tiempo en algo por el que otra persona esté dispuesta a renunciar a parte de su riqueza a cambio o no habrá forma de encontrar un empleo.

A causa de esto, los políticos optan por otra vía para no renunciar a intervenir en el proceso: incentivar la contratación, ya sea eliminando barreras puestas por ellos mismos en forma de regulaciones, reduciendo impuestos al trabajo como cotizaciones sociales o concediendo desgravaciones fiscales a las empresas que creen puestos de trabajo.

A simple vista, unas medidas que reducen impuestos y eliminan regulaciones no parecen malas. Pero si se analiza con detenimiento la realidad es otra.

La reducción de regulación para disminuir la sobreprotección de los trabajadores por parte del Estado no tiene efectos beneficiosos a no ser que una mayoría social entienda que esa sobreprotección es injusta y perjudicial. Injusta para los empresarios y trabajadores que quieran pactar sus condiciones fuera del control estatal (y sus satélites sindicales), y perjudicial para la economía en cuanto no permite la flexibilidad necesaria para tener una economía dinámica y competitiva.

Al no producirse este entendimiento, las reformas laborales no son más que un intento del gobierno de turno por evitar que la vaca se muera de hambre dejándola salir a pastar cinco minutos al día. Es mejor que nada, pero la vaca se acabará muriendo.

Lo mismo pasa con la reducción de impuestos al trabajo, o cotizaciones a la seguridad social por parte del empresario. El sistema de seguridad social es un timo piramidal. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Por lo tanto, liberar a los empresarios de pagar parte de ese timo sin reconocer que el sistema es inviable y permitir que los actuales cotizantes busquen una alternativa sensata (capitalización), es condenarnos a pagar vía IVA, o cualquier otro impuesto, las actuales pensiones y las futuras. Una vez más se intenta mantener el sistema operativo hasta que escampe, y no darle una solución real.

Por último, conceder desgravaciones fiscales a una empresa por el hecho de crear un empleo es absurdo e injusto. Absurdo porque crear un puesto de trabajo simplemente por crearlo sólo beneficia a la persona contratada. Injusto porque la economía no mejora por el hecho de que una empresa cree un puesto de trabajo, la economía mejora si un empresario es capaz de construir un modelo de negocio por el cual genere más riqueza de la que consume. O dicho de otra manera: una empresa que es capaz de ganar 10 millones de euros con 10 trabajadores es mucho más beneficiosa para la economía que otra que gane lo mismo con 10.000 trabajadores. ¿Por qué hay que premiar a la segunda y no a la primera con una desgravación fiscal?

La triste respuesta es la antítesis al título de este comentario: el Estado no quiere generar riqueza, quiere generar empleo. Y lo quiere porque su poder se basa en que millones de personas crean que su subsistencia depende de la benevolencia y capacidad de gobernar del Estado, en vez de creer en su propia capacidad de generar riqueza para vivir sin depender de nadie. De ser libres.

Lecciones argentinas

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

En tiempos revueltos resulta particularmente necesario clarificar las ideas que se defienden y atenerse a los principios que, en coherencia con las mismas, se han demostrado válidos, cualesquiera que sean las circunstancias. Viene esta reflexión al caso por las sanciones comerciales anunciadas por el gobierno español y la resolución del Parlamento Europeo instando a la Comisión Europea y al Consejo, entre otras medidas, a suspender parcialmente las ventajas arancelarias concedidas a las exportaciones argentinas en el mercado comunitario, como respuesta al expolio de las participaciones de la empresa petrolífera Repsol en su filial YPF por parte del gobierno de Fernández de Kirchner.

En este sentido, el gobierno español ha aprobado ya una orden ministerial para asignar cuotas de producción de biocarburante a plantas españolas y de países de la Unión Europea, que limitará la entrada de aquel procedente de Argentina. Por si fuera poco, esa restricción administrativa a la importación de un producto nos recuerda que vivimos bajo una Unión de estados donde impera la planificación económica gubernamental sobre la libre iniciativa de los particulares. En efecto, la medida se enmarca dentro de una maraña de regulaciones que impone a los transportistas el consumo creciente de energías renovables, biocarburantes incluídos, hasta llegar al 10 por ciento del total destinado al transporte en el año 2020. ¿Por qué existen, en primer lugar, esos elementos de planificación económica central en contra de todo el conocimiento a favor de la libre asignación de recursos por parte de los empresarios para la consecución de sus fines particulares? ¿Quiénes son los gobiernos para obligar a los transportistas a utilizar un combustible determinado? ¿No se parte de la idea, precisamente, de que los gobiernos peronistas resultan letales para libertad y la prosperidad económica debido a su paranoica hiperregulación?

Poco cabe añadir a las merecidas críticas que ha recibido una medida tan arbitraria y despótica, que, a pesar de vestirse del ropaje de ley, se ha acompañado de la ocupación sin contemplaciones de las oficinas de la empresa en el barrio bonaerense de Puerto Madero y la expulsión de sus directivos. Todo un asalto por medio de la fuerza bruta.

Sin embargo, el ritmo trepidante del debate político parece conducir a maniqueos alineamientos que no admiten escrutar el sentido de las medidas que deben tomarse contra la enésima confiscación de la propiedad privada por parte de un gobierno argentino. Por ejemplo, conviene distinguir, dentro de la amalgama de propuestas del parlamento europeo, las acertadas medidas de presión diplomática y de búsqueda de sanciones al gobierno, siguiendo los imperfectos mecanismos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de aquellas que tienden a una escalada de limitaciones al comercio recíproco.

Si el gobierno español constata que la confiscación resulta extraordinariamente lesiva para el pueblo argentino, no tiene sentido que dirija las gestiones ante los socios europeos con el objetivo de agravar más su situación (y la de los propios españoles y europeos que sean violentados en sus relaciones comerciales) mediante subidas de aranceles o la suspensión de las ventajas previamente acordadas. No olvidemos que en Argentina hasta las exportaciones agrícolas reciben el sablazo de su insaciable gobierno o, simplemente, se prohíben. ¿Por qué ofrecer a la señora Kirchner una sola baza para que los damnificados por su gobierno no sepan dónde dirigir su ira por tanta inepcia y corrupción? Ni Repsol es España, ni el gobierno argentino puede identificarse con su pueblo. Aunque, ciertamente, quepa extraer desoladoras conclusiones sobre la contumacia en votar a caudillos peronistas de la mayoría.

Más aún. Visto que este grave incidente tendrá repercusiones para la percepción que los inversores internacionales tienen de Iberoamérica, como se ha encargado de recordar hace poco Mario Vargas Llosa, el gobierno español debería aprovechar la oportunidad para contribuir a desmantelar la influencia de los regímenes más reaccionarios de la zona, agrupados entorno a ese eje de caudillos charlatanes seguidores del socialismo del siglo XXI: los sempiternos Castro, Hugo Chávez, la propia Cristina Fernández, Evo Morales, Rafael Correa y otros que no les hacen ascos.

Un primer paso podría ser la elevación a los socios europeos de una propuesta de desarme arancelario total ante las exportaciones procedentes de los países iberoamericanos sin excepción. Frente a los mercantilismos chino y ruso o los titubeos norteamericanos en relación al libre comercio con estos países, el hecho de que la antigua metrópoli promoviera la apertura comercial efectiva en el ámbito donde tiene alguna voz no pasaría desapercibido en los debates políticos locales. Ciertamente, sería la mejor manera de fomentar las buenas relaciones y sentaría ejemplo. En segundo lugar, haría bien el gobierno en enmendar la plana a la política exterior y las relaciones diplomáticas trabadas por su predecesor en relación a estos países. No se trata solo de terminar toda colaboración política con regímenes incompatibles con la libertad, sino también de que los contribuyentes españoles dejen de soportar el gasto de difusión de las ideologías más perniciosas para la libertad de los iberoamericanos, a través de la Agencia española de cooperación internacional para el desarrollo. Me remito a su propio portal para corroborar este aserto. Si algunos españoles quieren “evangelizar” en el credo socialista y apoyar los regímenes que lo ponen en práctica en Iberoamérica, al menos que el gobierno no pase la factura a todos los demás. Se debería considerar la eliminación de esta agencia en lugar de volver a los niveles de transferencias de 2005, tal como ha anunciado el gobierno en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2012.

Por último. Aunque la política exterior del gobierno de España no debe servir a los concretos intereses de determinadas personas, sí cabe demandarle que defienda por igual los derechos de los españoles en el extranjero (siendo éstos, principalmente, la vida, la propiedad y la libertad) mediante los mecanismos políticos, jurídicos y diplomáticos convencionales. En relación a las inversiones, probablemente se evitarían algunos problemas si el Ministerio de Asuntos Exteriores informara en su portal de Internet sobre los estados que incumplen las obligaciones derivadas del Convenio sobre el Arreglo de Disputas relativas a Inversiones entre estados y nacionales de otros estados, así como los acuerdos bilaterales suscritos por España para la promoción y protección recíproca de inversiones. No por casualidad, el gobierno cubano jamás ha mostrado el menor interés por suscribir el convenio multilateral y otros estados aquí mencionados lo han abandonado, como Bolivia, Ecuador y Venezuela. No así, todavía, Argentina.

El jamón selecto de Bosé

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Hace pocos días leí una noticia sobre el cantante Miguel Bosé que me hizo reflexionar.

Se ha metido a empresario. Ha comprado un secadero de jamones y va a vender patas ibéricas de calidad superior. El trabajo que viene desempeñando como cantante a lo largo de su carrera se asemeja sólo en cierta manera a una actividad empresarial, más propiamente, a la de un autónomo. Ahora lo que acomete es una actividad alejada del “artisteo”, del copyright y de las subvenciones. Entre otras muchas cosas, va a tener que contratar personal diverso, tener un plan de negocios, instaurar controles de calidad, diseñar su estrategia de inversiones y, además, asegurarse que alguien gestione su negocio con criterios de eficiencia y rentabilidad si quiere que su proyecto sobreviva (más del 70% de las PYMES españolas desaparece antes de entrar en su quinto ejercicio fiscal).

En la entrevista que le dedicaba Expansión afirmaba que no habría creado la empresa si no hubiera detectado un nicho de mercado para ese producto. Dijo que lo que buscaba al montar su empresa era el beneficio. ¡Ay, el beneficio, el lucro! Acto seguido -creo yo para justificarse por tamaña osadía- confesó que le asombraba cómo incluso en época de crisis la gente siguiese buscando el lujo. No lo entendía en absoluto según su “mentalidad“.

Desconozco la ideología del Sr. Bosé, pero lo que sí sé es que la abrumadora mayoría de cantantes, actores, directores, bailarines y cómicos patrios manifiesta hostilidad hacia la actividad empresarial. Pese a que muchos de ellos son buenos profesionales y se ganan bien la vida, rechazan pública y ostentosamente el sistema capitalista al que le atribuyen todo tipo de injusticias y excesos. Sin embargo, en su modo de vida absolutamente todos le rinden tributo. Tal y como Mises dejó escrito, todas las personas, por muy fanáticas que puedan ser en sus diatribas contra el capitalismo, implícitamente le rinden homenaje al clamar apasionadamente por los productos que crea.

El actual sistema de producción preponderante no es perfecto -sobre todo porque lo que hay en los denominados países “libres” es un capitalismo fuertemente mediatizado, distorsionado e intervenido por el Estado- pero, con todo y con ello, mantiene una masa de población cada vez más numerosa sobre la Tierra. Esto es un hecho. Década tras década, y gracias al capitalismo y sus beneficios empresariales que se generan en cientos de millones de negocios repartidos por doquier, el porcentaje de pobres en el mundo va en retroceso. Los voceros anticapitalistas nos quieren convencer de lo contrario al traer a colación números absolutos de pobres de una demografía en permanente crecimiento en vez de fijarse en la tendencia decreciente de su porcentaje con respecto a la población total.

Pese a ello, a nuestra gente del espectáculo pareciera avergonzarle la persecución del lucro empresarial y no pierden ocasión para reclamar las bondades del intervencionismo de los poderes públicos. Ha de atarse en corto a la sociedad civil; si se dejara ésta en libertad con unas pocas reglas de juego bien definidas, sería un verdadero peligro y pasaje cierto para la autoextinción, según pontifica la doctrina hoy dominante con la que no comulgo.

Le deseo éxito al Sr. Bosé en su aventura empresarial y que obtenga cada vez mayores beneficios en ella porque querrá decir que está cubriendo adecuadamente las necesidades subjetivas de la gente, que es lo verdaderamente importante en estos menesteres (aunque nuestro cantante sea políticamente correcto y quiera hacernos creer que no lo entiende).

La Trampa de la Igualdad

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Imaginemos a una mujer titulada en un ámbito de conocimiento que encuentre una gran demanda de trabajo. Nuestra mujer se especializa y adquiere experiencia suficiente como para sentarse frente a su viejo o potencialmente nuevo empleador y “exigir” determinadas condiciones salariales.

¿Qué sucede si el Estado convierte el logro competitivo de la mujer de nuestro ejemplo en un “derecho” para todas las demás?

Nos han querido adoctrinar en la idea de que las conquistas individuales de unos cuantos, incluso los de la mayoría, deben ser homologados como mínimo coactivo que afecte al resto de individuos. Los mal llamados “derechos sociales” no son sino una extensión artificial y forzosa de condiciones que determinados trabajadores conseguirían “fácilmente” negociando con su empleador en el mercado.

¿Cómo beneficia esta extensión de determinadas condiciones laborales “mínimas” a quienes por su productividad o especialización no llegarían a alcanzarlas en el mercado?

Un trabajador cuya aportación al valor de lo producido sea tan baja que resulte perfecta e inmediatamente sustituible por casi cualquier otro trabajador sin importar su experiencia o especialización, nunca conseguirá superar cierto nivel salarial (ni siquiera, como veremos merced del  intervencionismo o la acción sindical).

No debemos ver lo anterior como una desventaja, sino como una consecuencia inevitable de las circunstancias personales y económicas de ese trabajador. No obstante, en un mercado libre, sin barreras artificiales a la contratación y la fijación y aceptación de salarios y condiciones, el trabajador menos productivo, aun cuando se quedase en el paro consecuencia de un embarazo, por ejemplo, tendría prácticamente garantizada su inmediata reincorporación al mercado laboral en idénticas o muy similares condiciones a las que ya disfrutaba. Es decir, el trabajador marginal, en un mercado libre, encuentra una ocupación relativamente bien retribuida mucho más rápido de como la pierde.

Ahora vayamos a un mundo donde tanto a una mujer como a su empleador se les obliga a asumir los costes inherentes a condiciones laborales alcanzadas libremente por la primera protagonista de nuestra historia. Obviamente, la incertidumbre que suscita la posibilidad de una baja de maternidad es un coste que, estando el empresario “forzado” a asumirlo, va en demérito de la contratación de mujeres fértiles en competencia con hombres. Lo anterior ocurrirá salvo que exista la posibilidad de descontar dicho coste del salario de cualquier mujer aparentemente fértil que oferte sus servicios al empleador en cuestión.

¿Qué sucederá si una trabajadora no es capaz de contribuir lo suficiente al valor del bien o servicio producido, como para descontar dicho coste, y al mismo tiempo, deban cumplirse el resto de mínimos imperativos? Muy sencillo, directamente no será contratada.

Lo que al principio parecía una buena decisión (generalizar por ley las condiciones de la mujer más productiva), se ha convertido en la condena de las trabajadoras más débiles o marginales. Pero no se queda aquí el mal generado por esta intervención. El resto de mujeres (las que sí pueden asumir con su productividad este coste impuesto, entre otros) verán que, a pesar de todo, estarán suscitando muchas más reticencias que sus competidores masculinos en el momento de ser contratadas. Esto, que en un mercado libre sucedería para un reducido número de casos, en un ámbito de intervención se convierte en un estigma general. Una excesiva cautela inducirá al empleador a esquivar la contratación de mujeres fértiles cuando existan hombres con similar capacidad.

¿Qué hace el Estado ante este panorama? Redistribuir. Subvencionando la contratación de mujeres cree el legislador laboral que corregirá las desventajas artificiales previamente generadas por culpa de la extensión coactiva de “derechos”. Con bonificaciones a la cuota a la seguridad social lo que se consigue es reducir el coste que el empleador soporta contratando a alguien, es decir, el Estado tolera salarios inferiores por la puerta de atrás, a cambio de mantener el resto de condiciones, incluido el neto percibido por el trabajador (que es sólo un espejismo del salario real). ¿Quién soporta el coste que ello comporta? La respuesta es sencilla. El resto de trabajadores, los que sí cotizan al 100%, que con cargo a su salario real estarán pagando las “conquistas sociales” de todo aquel que sea incapaz de producir por encima del sobrecoste que, arbitrariamente, la ley establece.

En primer lugar, se pretende generalizar condiciones que libre y previamente sólo algunos trabajadores han conseguido en el mercado (a medida que aumente el capital invertido per cápita, las conquistas se irán generalizando de forma espontánea y sin necesidad de intervención, tal y como ha venido sucediendo en los últimos dos siglos). En segundo lugar, y a la vista de la precaria situación en la que dicha intervención coloca a los trabajadores menos productivos y especializados, o cuyas circunstancias personales les impiden implicarse profesionalmente tanto como lo haría un hombre, el Estado decide subvencionar su contratación.

Las consecuencias que ello tiene para el caso de las mujeres son principalmente dos. Las mujeres fértiles acudirán estigmatizadas al mercado laboral. Pero es que además, y dado que nadie regala nada, únicamente será contratada aquella trabajadora que supere con su aportación al valor de lo producido el coste que debe anticipar el empleador en forma de salario. Las que no lo hagan, exclusivamente a través de subvenciones, directas o en forma de bonificación, lograrán un puesto de trabajo. Es decir, los más productivos verán como una parte considerable de su salario se redistribuye en forma de políticas activas de empleo.

En defensa de otros ayuntamientos

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Como modo urgente de paliar el calamitoso estado de las cuentas públicas, ha surgido la idea de forzar la fusión de miles de pequeños ayuntamientos que existen en España para, se dice, ahorrar gastos innecesarios y reducir los déficits y el endeudamiento público. Sin duda, con la vista puesta en el anuncio del gobierno griego de eliminar dos tercios de esas administraciones locales para ahorrar gastos, pero con precedentes en la reorganización ensayada en otros países europeos, los defensores de esa reforma administrativa esgrimen unos argumentos dignos de consideración: Debido a su minúsculo tamaño, estos gobiernos locales son muy poco eficientes a la hora de gestionar servicios. Si los ayuntamientos, sigue la argumentación, tuvieran un tamaño que les permitiera alcanzar economías de escala y optimizar su gasto, sería posible, además, eliminar otras administraciones locales superpuestas que contribuyen al descomunal volumen del aparato burocrático español, esto es, las diputaciones provinciales y los cabildos y consejos insulares.

Sin embargo, aun reconociendo que la propuesta más definida asume que el proyecto consistiría en promocionar la agrupación de ayuntamientos, adaptándose a sus circunstancias concretas, más que en imponer esa medida desde el gobierno central o autonómico respectivo, entiendo que ese planteamiento invierte las prioridades que deben fijarse para simplificar y reducir al máximo la estructura administrativa del Estado e, incluso, soslaya la cuestión de que la centralización y la concentración de funciones no garantiza por sí misma la reducción del gasto. Antes al contrario, el ahorro inicial derivado de la supresión de cargos electos y funcionarios municipales equivalentes quedaría muy menguado si se mantienen las actuales premisas legales y políticas que incentivan el gasto irresponsable de los gobiernos locales. La supuesta solución residiría en dar vueltas al mismo modelo sin atajar los problemas de fondo.

Si desengranamos las disposiciones de la Ley de bases del régimen local en España, cuyo cuerpo principal, refundiendo y actualizando la legislación franquista, se aprobó durante los mandatos de González Márquez, comprobaremos hasta qué punto los socialistas marcaron su impronta en el régimen local español, de acuerdo a los símbolos utopistas dibujados en los carteles de estilo infantil del genial José Ramón Sánchez para la campaña electoral de las elecciones municipales de 1979.

En el artículo 25 nos encontramos con una declaración de partida ciertamente chocante: "El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal". Sin ser conscientes del exceso cometido con ese desiderátum colectivista, los legisladores españoles atribuyen a los ayuntamientos la provisión obligatoria y gradual de determinados servicios (pero no excluyente de otros) en función de su número de habitantes. En principio (Art. 26.1) todos los ayuntamientos deben prestar los servicios de alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. Subiendo en esa escala, en los pueblos con más de 5.000 habitantes debe añadirse al menos un parque público, una biblioteca pública, un mercado y el tratamiento de residuos. En el siguiente peldaño (municipios con población superior a 20.000 habitantes), los ayuntamientos deben asumir la protección civil, la prestación de servicios sociales, la prevención y extinción de incendios y las instalaciones deportivas de uso público. Por último, en las localidades con una población superior a 50.000 habitantes, la lista de servicios se amplía al transporte colectivo urbano de viajeros y a la protección del medio ambiente.

A poco que el lector haya viajado por España, no se le habrá escapado (incluso antes del definitivo impulso dado al despilfarro por el anterior inquilino de La Moncloa) que todo pueblo que aspire a tener cierta reputación cuenta con un parque, un centro cultural y un polideportivo con piscina públicos. No ha sido ajeno a esta proliferación de obras y servicios públicos, imposibles de mantener por los impuestos ordinarios de los pequeños municipios, el papel de las manirrotas comunidades autónomas y las expectativas que abre la legislación urbanística de confiscar a los promotores los terrenos necesarios e, incluso, obligarles a pagar los costes de ejecución inicial de los proyectos. Toda esta dinámica parecía parte del sueño español, a pesar de que la "sabiduría" del legislador impuso esos servicios solo a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Curiosamente, el tamaño que los redactores de la propuesta de UPyD consideran óptimo para la gestión de un municipio.

Pero cabe defender otro régimen local en España. Un modelo que abra los ayuntamientos a la competencia y les haga responsables de sus decisiones, permitiéndoles prestar solo aquellos servicios que puedan financiar con los ingresos obtenidos por sus tributos reales de ejercicios pasados, sin incluir los impuestos y tasas procedentes de la gestión urbanística. La enajenación de parte de su patrimonio debería destinarse a saldar sus deudas. Esta opción no impediría que gran parte de los servicios se presten por empresas privadas que se encargarían de cobrar a sus clientes, bien como concesionarias o bien como competidoras. Estas reglas, respetuosas de su autonomía y de la elección de sus vecinos, paliarían los déficits y el endeudamiento que han alcanzado límites insoportables después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En el caso de que los políticos locales impulsaran planes de incremento de gasto se verían obligados a trasladar inmediatamente el coste a los vecinos a través de los impuestos.

Una cuestión diferente sería que, además, fruto de la decisión de sus habitantes de emigrar a otros municipios donde existan mejores condiciones para trabajar o invertir, la despoblación de muchos municipios conduzca a la agrupación voluntaria de ayuntamientos o, incluso, a abrir la posibilidad de constituir mancomunidades que compartan los sueldos de los funcionarios públicos asignados a más de un ayuntamiento, sin que cada uno ellos pierda su personalidad jurídica. En este caso, obviamente, debería reformarse la rígida legislación de los funcionarios y empleados públicos para permitir la amortización de aquellos puestos que no tengan garantizada su existencia en el presupuesto y la movilidad administrativa.

Margaret Thatcher debería ser el espejo para Mariano Rajoy

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

La situación actual de España y la de Reino Unido en 1979 guardan muchas semejanzas en el terreno político, económico y moral. Thatcher heredó un país en bancarrota en los tres ámbitos, lo mismo que Mariano Rajoy. A aquélla en ninguno de ellos le tembló el pulso a la hora de tomar medidas, radicales algunas, pero en cualquier caso, necesarias.

Como en Reino Unido, Rajoy recibe una España menguada, adormilada y aborregada, producto de una cultura política anterior (2004-2011) basada en sólo en derechos, nunca en obligaciones y responsabilidades. La "juventud" que se manifestó en Valencia es el mejor ejemplo de esta tesis: menosprecia la autoridad y busca que el mantenimiento de su cultura hedonista sea un deber para la clase política.

Como le ocurre a Mariano Rajoy, Thatcher tuvo que hacer frente más que con su rival político, el Partido Laborista, con organizaciones que habían colaborado en el hundimiento británico de los años setenta como los sindicatos, acostumbrados a vivir de la subvención y que habían creado una cultura parasitaria.

En España actualmente sucede algo parecido. Nos encontramos con un PSOE que navega sin rumbo y que practica un lenguaje y modos característicos de la ultra-izquierda, no de la socialdemocracia europea con la que tanto le ha gustado compararse, pero de la que está a años luz, puesto que el elemento principal de su programa es jalear las algaradas sindicales o defender al 15M.

Michael Foot, en este punto, era más coherente, en lo que a sus principios (mayoritariamente filocomunistas) se refiere, que el socialismo español. Él siempre los había defendido, si bien eran compartidos por una minoría dentro de su partido, como bien ilustró la legislatura 1979-1983 y el desarrollo histórico posterior del laborismo.

Así las cosas, Margaret Thatcher se encontró con una oposición en el parlamento débil y dividida, por lo cual, durante la primera legislatura, su gran rival no fue la bancada laborista, sino el sindicalismo acostumbrado a marcar la agenda del gobierno y la dirección del país. Ella demostró que las Unions no eran imbatibles, sino todo lo contrario. Poco a poco les fue restando los privilegios que habían adquirido y de los que disfrutaba sólo la elite dirigente, la cual estaba absolutamente desconectada de la clase obrera.

El resultado trascendió lo cuantitativo (triunfo por mayoría absoluta en 1983) y fueron muchos los votantes naturales del laborismo que le dieron su confianza (el fenómeno conocido como Essex Man). La razón de que así fuera es que demandaban un gobierno que asumiera el liderazgo de la nación, que tomara decisiones y que no se dejara amedrentar por intereses corporativos. La recompensa se hizo evidente: tres mandatos consecutivos y la mejora del bienestar de sus compatriotas.

En España puede producirse algo similar. El 20 de noviembre Rajoy recibió una mayoría absoluta como sinónimo de que es percibido como el "cirujano" reparador de todos nuestros problemas, empezando por los económicos pero sin olvidar los de carácter ético y moral. Mientras tanto, los sindicatos se arrogan una representación no se sabe muy bien de qué ni de quién, pues no dejan de ser los peones de un socialismo de cuello blanco que, a falta de programa, opta por salir a la calle. ¿No es eso crispar y desestabilizar?

Continuando con las organizaciones sindicales, más que un mensaje, lo que tienen es un conjunto de cánticos, unos coristas de sobra conocidos por todos (el auto-denominado "mundo de la cultura" que de pobre tiene poco) y sobre todo, una táctica basada en el chantaje y la amenaza, como pudo comprobarse el pasado domingo 11 de marzo con "la manifestación" convocada por CCOO y UGT. Ausencia de discurso constructivo y superávit de demagogia es la receta que ofrecieron Toxo y Cándido a los escasos asistentes.

En definitiva, si Rajoy copia el modus operandi que caracterizó la trayectoria en política de Thatcher, esto es, la combinación de sentido común y determinación, guiará a España a la Champions League de las naciones.

El pensamiento circular del Estado español

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Hace unos días leía en un blog que el pensamiento humano funciona igual que lo hacemos los propios seres humanos cuando nos encontramos perdidos y sin mapa. Durante horas caminamos en línea recta pero sorprendentemente acabamos avanzando en círculo e invariablemente nos encontramos en el punto de partida. De la misma forma, cuando nos enfrentamos a un problema sin puntos de referencia, pensamos linealmente y no avanzamos, nos emperramos en la misma estructura de pensamiento circular una y otra vez.

¿Qué hacer? El autor del blog, Fernando Botella, aconseja “no dejes que nadie haga tu mapa por ti, desconfía de los sentidos, aunque creas que vas en línea recta puede no ser así”.

También algunas organizaciones repiten una y otra vez la misma pauta y acaban donde empezaron. Véase la política económica española. 

Repasando los escritos de los arbitristas castellanos el XVI y XVII, nos encontramos a auténticos mercantilistas echándole en cara a la Corona no invertir el Tesoro americano que llegaba a España en actividades productivas: agricultura, ganadería e, incluso, algunos avanzados como el “grupo de Toledo” con Sancho de Moncada o Jerónimo de Ceballos proponían la inversión en industria. La queja estaba más que justificada, la Corona destinaba el oro y la plata que llegaban del Nuevo Mundo a pagar deudas de guerra y a comprar bienes de lujo en Inglaterra y Flandes, de manera que no repercutían en la mejora de la situación económica en España y generó una inflación que, además, trasladamos a esos países a los que comprábamos y al resto de Europa.

Pero Sancho de Moncada y los arbitristas españoles también defendían medidas para evitar la falta de metal amonedable, evitar la preponderancia de los extranjeros en el comercio español y defendieron el proteccionismo. Justo las medidas de política económica mercantilistas que tanto daño hicieron a las naciones de la época. La pérdida de valor de la moneda causada por la abundancia de metal era lo que generaba la inflación reinante y, por tanto, la pérdida de poder adquisitivo, ya que no se invertía en una mayor actividad económica. El control estatal del comercio, la concesión de privilegios, fueron medidas que causaron severos daños a los países que pusieron en marcha estas políticas. Puede parecer que proteger las exportaciones nacionales frente a los productos extranjeros es hasta “patriota” pero la lógica económica, que no siempre es obvia, nos muestra que es el libre comercio lo que genera crecimiento económico, como argumentaron desde Hume y Adam Smith hasta los economistas más prestigiosos de nuestros días.

Aunque hay enormes diferencias entre la Corona de los siglos XVI y XVII y el Estado español actual, sí podemos hacer un esfuerzo y analizar la pauta de comportamiento de ambos. Y, efectivamente, el doble rasero se repite.

En la presente recesión nos encontramos con un Estado profundamente endeudado, que reclama liquidez endeudándose más aún, exactamente igual que la Corona de entonces mantenía el Imperio a golpe de deuda. En la España del siglo XXI vemos que muchos economistas reclaman inversión pública en el sistema productivo, que ha quedado maltrecho tras el “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria, una inversión que supondría un privilegio para el sector o los sectores que se pretenden primar. Y a la vez, se demanda que el Estado siga regando de dinero a los bancos, a las empresas, al sistema.

Básicamente es el mismo esquema del siglo XVI-XVII: privilegios e intervención. Se ha demonizado al empresario que busca el lucro, excepto si es una gran empresa afín al poder. Se penaliza el ahorro y se prima el endeudamiento de las instituciones financieras jugando con los tipos de interés del BCE y los tipos impuestos por los bancos. Se reclama que no se recorten gastos, sin caer en la cuenta de que esos bienes y servicios podrían proveerlos de manera más eficiente de otra manera. Y se reclama, a la vez, que no se suban los impuestos, lógicamente, porque repercute en el poder adquisitivo de la población.

Somos un pueblo mercantilista, que tiene un gobierno mercantilista, sea de un partido, sea de otro partido. Tal vez sea la hora de retomar las lecturas de los economistas liberales que desmontaron las políticas mercantilistas y cuyas teorías económicas permitieron la recuperación de Europa.

Welcome to fabulous Eurovegas

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

La mayoría de noticias o comentarios que he podido leer o escuchar acerca del futuro macrocomplejo de ocio y turismo de negocios proyectado sobre unas 200 hectáreas, y que han dado en llamar Eurovegas, están trufados de prejuicios hacia dicha inversión.

Las cifras que envuelven el futuro Eurovegas son sin duda intimidantes: 16.900 millones de euros de inversión, 12 hoteles de unas 40 alturas y 36.000 habitaciones en total, seis casinos con más de mil mesas de juego, 15.000 máquinas recreativas, decenas de restaurantes, centenares de tiendas, un centro de convenciones de 15.000 butacas, tres campos de golf, nueve teatros y un estadio deportivo para 17.000 espectadores. Promete ser también base permanente del Cirque du Soleil en Europa. Como consecuencia de ello, se prevé crear un par de centenares de miles de contratos nuevos de trabajo en una década.

El propietario principal del grupo Las Vegas Sands, Sheldon Adelson, que acometerá dicha inversión posee hace años explotaciones de este tipo en las Vegas, Macao y Singapur. Pretende hacer de Eurovegas la coronación de su trayectoria empresarial. Sólo le queda decantarse antes de este verano por la ciudad de Barcelona (en la zona de Viladecans, cerca del mar) o por la de Madrid (en la zona de Vallecas o bien en Alcorcón) para radicar su macro complejo. Eso ya es en sí una excelente noticia.

Es cansino leer u oír las consabidas críticas a dicha iniciativa: que si fomentará la ludopatía, el vicio, la prostitución, el tabaquismo, el delito, las mafias. Que no será una inversión productiva en I+D, se aplicarán leyes laborales a la americana, pide descaradas ventajas fiscales, no tendrá suficientes externalidades positivas, habrá una transferencias de rentas o trato de favor por parte de los poderes públicos. El magnate norteamericano es además de origen judío, financia el partido republicano y, lo peor, apoya a organizaciones pro Estado de Israel. Pocas veces la colección de enquistadas fobias patrias de moralistas, puristas, conservadores, progresistas, izquierdistas, ecologistas, judeófobos, sindicalistas, anticapitalistas y anti-lucro se han reunido tan cabalmente frente a un único proyecto.

Va a ser la inversión privada más importante hasta la fecha realizada en Europa y, por ello, será necesariamente rompedora en muchos aspectos. Echo en falta un análisis más sosegado y menos suspicaz sobre este asunto. Sólo los recientes comentarios de Carmelo Jordá en LD y Gonzalo Bernardos en Expansión parecen romper sin complejos la monótona salmodia de críticas previsibles e indignadas con las que nos desayunamos habitualmente.

De todas las numerosas exigencias del magnate Adelson, las dignas de reproche son en realidad las referentes a la petición de exclusividad (10 años), las tendentes a cercenar la competencia, así como su pretensión de instar a la administración a expropiar terreno privado y a crear una Comisión regional del juego a imagen y semejanza de la existente en Nevada (eso me suena a que quiere prevalerse de ella en perjuicio de otros agentes futuros que puedan aparecer). El resto, si se circunscriben sólo a dicho espacio físico ¿por qué no?

Pero lo más interesante de todo esto es que empieza a reconocerse y a aceptarse por parte de las tres administraciones involucradas algo que va mucho más allá de una mera zona franca. Estaríamos hablando de crear en España una especie de isla o excepción legal dentro de un recinto determinado en materia no sólo fiscal sino laboral, sanitaria, urbanística, procesal y regulatoria cuando se traspase sus lindes. Éste tendría sus propias normas sin desvincularse por completo –como es lógico y natural- del entorno jurídico e institucional nacionales donde radicase dicha inversión (independientemente de cuál será la ciudad agraciada para acogerla). Muchas otras normas jurídicas y de convivencia comunes seguirían plenamente en vigor dentro de dicho espacio de ocio y de negocios.

Sería una especie de zona jurídica singular dentro de un territorio soberano y uniformador como es el Estado por definición. En cierta forma ya se aceptó a menor escala dicha anomalía cuando se erigió Eurodisney en París o Port Aventura en Tarragona. Ahora se trataría de profundizar aún más en dicha dirección y esperar a que se replique el ejemplo en otras partes del mundo con otro tipo de actividades e inversiones.

Sin darme cuenta, regresan a mi memoria las cartas pueblas para la repoblación de ciertas zonas deshabitadas de la Península, también intento visualizar las pequeñas y dinámicas ciudades medievales con sus propios estatutos o fueros de derechos y privilegios que se desligaron del entorno feudal que las circundaba y que les permitieron crecer y prosperar. Dando un salto, me viene el recuerdo del más del millar de zonas económicas especiales ya existentes repartidas por el globo para atraer inversión extranjera, también la imagen del recinto de Walt Disney en las afueras de Orlando o la interesante charla TED del economista Paul Romer y su conjunto de normas diferenciadas del país de acogida para cambiar sus normas viejas sólo en un determinado enclave de libre acceso y salida. También medito sobre las ciudades charter presentes y futuras y la irrefrenable capacidad de acción e innovación del ser humano cuando existen los incentivos adecuados.

Como ven, mi imaginación echa a volar antes de que cualquier espécimen de neo-inquisidor comunitario pretenda sujetarla.

¿A quién beneficia la regulación del despido?

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Hace algunas de semanas, el gobierno nos presentó su reforma laboral. Uno de los temas principales de la misma y, tal vez, el que más debate previo generó, es el relacionado con la indemnización por despido (improcedente) del trabajador. Según la visión mainstream, esta indemnización protege al trabajador del empresario, pero al mismo tiempo eleva los costes de contratación, haciendo más difícil que ésta suceda. Es por ello que el tema es tan controvertido, pues se ve como enfrentamiento entre protección y creación de empleo.

Sin embargo, si nos separamos de las creencias mainstream y aplicamos un poco de sentido común en forma de teoría económica austriaca, se puede constatar fácilmente que ninguna de las citadas aseveraciones tiene base.

En primer lugar, no es cierto que la indemnización regulada por despido incremente los costes laborales. La razón es muy sencilla: en el momento de contratar, el empresario sabe que puede tener que pagar una indemnización por despido. Por tanto, le resulta fácil internalizar ese coste por el simple procedimiento de bajar el salario. Así pues, el empresario modula la retribución del trabajador en presencia de indemnización regulada, distribuyendo su total entre el salario y la indemnización, y otros conceptos si los hubiera.

Un ejemplo puede servir para ilustrarlo. Si un empresario prevé que el trabajo de un individuo le va a permitir ingresar más de 2000 euros al mes, estará dispuesto a retribuirle con 2000 euros por cada mes. En un mercado libre, pactaría con el trabajador la forma en que se le darían los 2000 euros, desde todo en salario, a parte en salario y parte en especie, o parte en indemnización.

Si, por regulación, tiene que pagar 45 días/año por indemnización de despido, lo normal es que ofrezca al trabajador 1900 euros/mes y guarde los otros 100 para una posible indemnización. En el momento en que se concretara el despido, el empresario dispondría de los fondos para hacerle frente, sin incurrir en extra-coste alguno

Así pues, es evidente que la indemnización, en general, no puede incrementar los costes salariales. Lo único que hace es determinar de qué forma se reparte el total de la retribución entre salarios e indemnización. Sin embargo, hay dos supuestos específicos en que sí supone una subida de costes laborales.

  1. En el caso de existencia de un salario mínimo, la regulación de la indemnización supone un incremento efectivo de dicho mínimo.
  2. En caso de que la indemnización regulada sea alterada por el Gobierno en un momento dado, pueden incrementarse o reducirse los costes laborales de aquellos contratos vigentes, en que la forma de reparto fue pactada en otras condiciones. Si el empresario preveía tener que pagar 45 días/año y había firmado contratos en estas condiciones, y ahora el gobierno decide que son 33 (o 60), le reduce (o le sube) los costes laborales. Pero lo hace a costa de perjudicar (beneficiar) a la otra parte sin su consentimiento.

Si el importe regulado de la indemnización no afecta a los costes laborales de la nueva contratación, es claro que su reducción o aumento no tendrá efectos apreciables sobre la creación de empleo. La única excepción ocurriría con los empleados en el margen, aquellos a los que se ofrece el salario mínimo, pero aun así el coste del despido supone un porcentaje mínimo sobre los costes laborales (ver un cálculo rápido).

Desmontada la primera parte del mito, veamos la segunda: ¿protege la indemnización regulada realmente a los trabajadores? El empresario que retribuye al trabajador con un esquema de salario más indemnización por despido, retiene parte del salario que le habría de dar mes a mes en caso de no haber previsto la indemnización. Dicho dinero lo puede dejar aparcado en caja o puede utilizarlo como financiación barata: así pues, la indemnización retenida facilita la financiación del empresario.

Pero, además, surte el efecto de inmovilizar al trabajador. Este sabe que sí se va voluntariamente de la empresa, perderá esos fondos acumulados, por lo que será más reacio a cambiar de puesto de trabajo que en otro caso. Dicho de otra forma, el nuevo puesto le ha de ofrecer una mejora tal que supere, no solo las condiciones actuales, sino también la pérdida de la indemnización. En conclusión, al empresario le resulta más barato retener al trabajador válido, de lo que le costaría de no haber un reparto regulado del salario.

Adicionalmente, en determinados supuestos (los del despido procedente), el empresario se puede ahorrar completamente esta indemnización que, no se olvide, es parte del paquete retributivo que aceptaron en el momento del contrato ambas partes.

No solo eso: al posponerse en el tiempo parte del pago de la retribución del trabajador, puede ocurrir lo que ha pasado en esta reforma laboral. Que el Estado irrumpa en los pactos que "libremente" (dentro de lo que les dejaban) habían acordado las partes y reduzca unilateralmente la retribución de una de ellas, provocando lo que los economistas mainstream llaman una transferencia de recursos, en este caso, del trabajador al empresario.

En resumen, no parece que la indemnización regulada por despido proteja al trabajador, como mucha gente cree. Más bien parece proteger al empresario, tanto de que el trabajador se cambie a otra empresa, como al proporcionarle una fuente de financiación barata que ni siquiera es seguro que tenga que devolver.

Si ahora traemos estos resultados a la reforma laboral recién aprobada por el Gobierno, nos encontraremos con un panorama decepcionante. En lo referente a la regulación del despido, el Gobierno ha reducido la indemnización por despido improcedente a 33 días por año, frente a los 45 actuales, para todos los contratos futuros y presentes (en este caso, desde el día en que entró en vigor la reforma) y además concede la opción al empresario de despedir con 20 días/año en caso de tres trimestres consecutivos de caída de ingresos.

Como ya hemos visto, ninguno de estos cambios reduce el coste laboral de contratar, lo único que hace es redistribuir la retribución entre salario e indemnización de otra manera distinta. Cabe esperar (o cabría en un mercado libre) que la parte del salario aumente frente a la de indemnización, pues ésta se ve rebajada y, ceteris paribus, no ha variado el valor del trabajo contratado. Pero no cabe esperar que se creen más puestos de trabajo.

Ahora bien, lo que sí ocurre es que se transfiere al empresario parte del salario que habían "acumulado" los trabajadores para el caso del despido, y al que ahora ya no tendrán que hacer frente, sobre todo si pueden acogerse al despido objetivo (el de 20 días por año). A ello se une el diabólico efecto ya expresado de que el trabajador es, en cierta forma, prisionero de su indemnización, por lo que un posible cambio de trabajo para conseguir la actualización del salario a que se tenderá como consecuencia de la reducción de la indemnización, seguramente no le compense la pérdida de la indemnización acumulada. Con ello, el empresario queda protegido de esta presión competitiva para actualizar salarios a las nuevas condiciones.

Acabo: la adquisición del trabajo es un acto de emprendimiento y está tan sujeto a riesgos como la de cualquier otro activo. Dicha adquisición se hace en unas condiciones pactadas por las partes, tan libremente como les deje la regulación, que en este caso fuerza a distribuir la retribución de una determina forma. Si el emprendedor se equivocó en su decisión, no por ello puede quedar libre de sus compromisos con la otra parte: si el trabajador no funciona, le podrá echar con la indemnización que se pactó, y asumir las pérdidas que su mala decisión empresarial le supuso.

Si en vez de trabajo, hubiera comprado acciones y las acciones bajaran de valor, no por ello el empresario podría dejar de pagar el precio que pactó al comprarlas. A los empresarios de este país, sin embargo, se les acaba de permitir no pagar parte del precio que acordaron pagar a los trabajadores por su trabajo. Si el sacrificio permitiera la creación de puestos de trabajo, se podría entender, pero el sencillo análisis realizado muestra que no se han reducido realmente los costes laborales. Espero que al menos nos quede claro a quién beneficia la indemnización regulada del despido.

¿Es el empresario siempre un elemento positivo?

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Tras la aprobación de la reforma laboral, se nos dice desde ciertos círculos que a partir de ahora los empresarios van a disfrutar de un poder excesivo que utilizarán en contra de los trabajadores. Es el típico lenguaje de la lucha de clases por el que empresarios y trabajadores viven en un juego de suma cero: lo que beneficia a uno perjudica al otro.

Por el otro lado, se recalca que son los empresarios quienes generan empleo y oportunidades para los trabajadores, y que éstos tienen la puerta abierta de convertirse en empresarios.

Siendo totalmente ciertos y válidos estos dos puntos, en ocasiones puede darse la impresión de que se defiende a todo tipo de empresarios, por lo que conviene matizar algún punto.

Ya afirmó Adam Smith en La Riqueza de las Naciones que cuando los hombres de negocios de un mismo palo se reunían, la conversación solía desembocar en una "conspiración contra el público, o treta para subir los precios". Reconociendo que la ley no puede ni debe impedir esas reuniones, añadió que no debería hacer nada para facilitarlas, y mucho menos para hacerlas imprescindibles.

Si el objetivo de los empresarios es, fundamentalmente, obtener un beneficio monetario, y los consideramos agentes económicos que responden a incentivos, es claro que, dependiendo de cuáles sean éstos, los empresarios actuarán de una manera u otra. Y esto sucederá independientemente de si las actividades empresariales llevan a beneficios sociales o no.

En la literatura económica sobre empresarialidad (entrepreneurship), ha sido William Baumol con su seminal artículo Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive (1990), quien con mayor claridad e impacto distinguió entre distintos tipos de empresarialidad: la productiva y la no-productiva y/o destructiva. La primera conduce al progreso económico y tiene efectos netos beneficiosos para la mayoría de la población, además de para el propio empresario.

Por el contrario, la segunda tan solo beneficia al empresario y perjudica a la sociedad en conjunto, generando estancamiento o retroceso económico, ya que en el mejor de los casos consiste en actividades redistribuidoras, y en el peor, de actividades que destruyen riqueza. Tal es el caso de la búsqueda de rentas o las actividades del crimen organizado.

En ambos casos son empresarios los que lideran estos fenómenos canalizando sus esfuerzos y habilidades por estas vías. Coyne y Leeson (2004) extienden la categorización de Baumol y añaden la empresarialidad evasiva, que incluye el gasto en recursos y esfuerzo incurrido en evadir el sistema legal o en evitar las actividades improductivas de otros agentes. Ejemplos de esto serían la evasión fiscal, o el pago de sobornos a reguladores o inspectores con el fin de evadir regulaciones onerosas.

Como se desprende de lo anterior, el quid de la cuestión no estará en la cantidad de empresarios, sino en la asignación concreta de la energía y talento de los empresarios.

Esta asignación es, a su vez, como sostiene Baumol (1990), función de las instituciones vigentes, tanto formales como informales, que determinan las recompensas relativas de cada tipo de actividad, productiva, improductiva o evasiva. Así, unas buenas instituciones canalizarán las energías de los agentes económicos hacia la empresarialidad productiva –desincentivando al mismo tiempo los otros tipos de actividad- con los efectos beneficiosos para el crecimiento ya comentados.

Por tanto, como intuía Adam Smith, la función social de los empresarios vendrá dada por que exista un marco institucional que asigne correctamente los derechos de propiedad y que limite al máximo la búsqueda de rentas y el corporativismo (crony capitalism) al que, desgraciadamente, tan acostumbrados estamos en los últimos tiempos.