Ir al contenido principal

Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

El huracán de intervencionismo que recorre Nueva York

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

"Empty America" es un curioso proyecto artístico en el que se muestra cuál sería el aspecto de las principales ciudades de Estados Unidos si estuvieran completamente desiertas. Tiene su gracia que publicaran el montaje que mostraba una desolada Nueva York, al puro estilo ‘Soy Leyenda’, precisamente el 29 de octubre, día de la llegada del huracán Sandy a la ciudad que nunca duerme. No hizo falta un enorme esfuerzo para imaginarse la ciudad vacía, pues ese día se hizo realidad. Los neoyorkinos se refugiaron en sus casas con la esperanza de que Sandy tuviera piedad y no causara demasiados estragos.

El mundo estaba expectante por ver el impacto de la denominada "tormenta perfecta" sobre esa locomotora económica que es la ciudad de Nueva York. Y lo cierto es que el impacto no ha sido para nada despreciable. Sandy se considera el mayor huracán registrado, y el segundo en daños provocados tras la tragedia del Katrina en Nueva Orleans en 2005. Nueva York tardará meses en volver a la normalidad por los destrozos causados, por las zonas inundadas, las instalaciones dañadas y edificios afectados. Eso, claro, sin contar las más de 120 víctimas mortales que el huracán se ha cobrado por la Costa Este de Estados Unidos.

En las catástrofes, sean donde sean, tienden a producirse dos curiosos efectos humanos. El primero es que el comportamiento de los ciudadanos suele ser ejemplar. Algunas veces, incluso heroico. La gente rápidamente extiende una admirable red de colaboración y ayuda para atender a quienes lo necesiten. El segundo efecto es que los políticos suelen pecar de soberbia y demagogia. El paso de Sandy ha confirmado esta natural tendencia. El afán intervencionista de los políticos se exacerba cuando se encienden los focos y toda la atención se centra en algún lugar. Sienten la necesidad de convertirse en los salvadores de la ciudad. Y, lo hagan a propósito o sin darse cuenta, terminan torpedeando el buen hacer de los ciudadanos para superar la situación.

El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, fue bautizado como "La Niñera" (‘The Nanny’) por su reciente prohibición de los refrescos de más de 16 onzas (algo menos de medio litro). No ha sido su única victoria en la cruzada alimenticia. Algunos meses atrás había aprobado una prohibición que ha tenido un duro impacto tras el paso del huracán Sandy, principalmente entre los más necesitados: había prohibido las donaciones de alimentos a los refugios de indigentes. El motivo alegado es que las autoridades no son capaces de controlar los niveles de sal, grasa, calorías y fibra de los alimentos donados. Por lo visto, aquí o comes sano, o no comes.

En las fechas previas a la llegada del huracán, las autoridades políticas se volcaron en lanzar amenazas a los comercios respecto a posibles subidas de precios debidas al huracán. Es un fenómeno al que despectivamente llaman price gouging. Es cierto que este tipo de intervencionismo de precios es muy fácil de vender. Cualquier político medianamente populista lo incluye en su repertorio. Basta decir que los malvados empresarios "se aprovechan" de las circunstancias, o que "depredan" a la gente. Pero, como dice David M. Brown en un artículo titulado "Price Gouging Saves Lives in a Hurricane", los precios nos dicen cómo bienes escasos son asignados de acuerdo con las condiciones reales. "Cuando se incrementa la demanda, los precios suben. Eso no es inmoral. (…) Y cuando la demanda de un bien se desploma o la oferta repentinamente aumenta, los precios bajan. ¿Debería ser ilegal también bajar los precios?". Para hacer una crítica a este tipo de intervencionismo no hace falta más que sacar los apuntes de economía del colegio.

Si, por cualquier motivo, no hay posibilidad de ofrecer la misma cantidad de bienes que en circunstancias normales, no se puede consumir al mismo ritmo de siempre. Así de simple. Es necesario que los precios se ajusten para que esos bienes escasos se asignen a aquellos consumidores que más los demandan. Como decía David M. Brown en el artículo anterior, "si eso es rapacidad, bienvenida sea". Bloquear este mecanismo de precios produce un grave impacto sobre la asignación de bienes. Cualquiera que haya estudiado un mínimo de economía, o simplemente tenga sentido común, sabe que limitar las subidas de precios, sean éstas repentinas por un cuello de botella puntual, como es el caso de un huracán, o por circunstancias más duraderas, provoca una cosa muy simple: desabastecimiento.

Las consecuencias de las amenazas de las autoridades ha tenido su efecto. Circulan por Internet espectaculares imágenes de desabastecimiento en tiendas y supermercados. Al limitar el proceso de mercado, los bienes no se han terminado asignando a quienes más los demandaban, sino a los que han llegado antes. Se ha sustituido el mecanismo de precios por el de "tonto el último". Y lo mismo ha pasado en el suministro de gasolina. Ha sido tal el desabastecimiento de combustible, que los políticos han vuelto a sacar su manual de intervencionismo y han aplicado la siguiente receta en la lista: la cartilla de racionamiento.

Si en un producto en concreto se han volcado los políticos en su amenaza por posibles subidas de precios, ese ha sido el de los combustibles. Bloomberg ordenó que haya al menos un policía en cada gasolinera de forma permanente para vigilar que no suban los precios. Ahora que se han encontrado con el desabastecimiento, el alcalde de Nueva York ha anunciado el racionamiento de la gasolina. La ridícula norma aprobada ordena que los días pares solo podrán ser atendidos en las gasolineras los coches cuya matrícula termine en número par, y los mismo con los impares.

Aunque en Europa la gente crea que Estados Unidos es el paraíso de la libertad, la realidad es que el intervencionismo crece a marchas forzadas. Y en Nueva York especialmente. El huracán Sandy ha servido para desnudar las vergüenzas intervencionistas de la que en su día fue la ciudad campeona de la libertad. Ahora América quiere ser como Europa, y está poniendo todo su empeño en lograrlo. Aún le falta para alcanzar el grado de perfección socialista del Viejo Continente. Pero a este paso pronto le alcanzará.

Contra la dación en pago

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Era cuestión de tiempo. Los políticos amenazan una vez más con incrementar la intervención estatal, en busca de su propio beneficio electoral, para, en esta ocasión, tratar de frenar la oleada de embargos inmobiliarios y desahucios que se está registrando como consecuencia de la crisis.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunirá este miércoles con una de las máximas responsables del PSOE para diseñar nuevas medidas a fin de aliviar los efectos de la morosidad hipotecaria.

No es la primera vez que el bipartidismo imperante acuerda una posición común sobre esta materia. En 2011, el anterior Gobierno socialista aprobó, con el apoyo del PP, elevar el precio mínimo por el que el acreedor (banco) puede adjudicarse en subasta el bien hipotecado del 50 al 60% del valor de tasación del inmueble, al tiempo que incrementaba el porcentaje de salario inembargable de 700 a 960 euros mensuales. Tras llegar al poder, el PP puso en marcha un "código de buenas prácticas" para propiciar la dación en pago. Sin embargo, todo parece insuficiente y ahora, en una nueva vuelta de tuerca, el PSOE pretende elevar el precio mínimo de subasta al 75% (una especie de dación en pago implícita) e imponer ciertos límites para acceder a una hipoteca, mientras que el PP se muestra abierto a la negociación.

Independientemente de cuál sea la nueva batería de medidas, lo cierto es que el drama que, sin duda, viven numerosas familias impide a la mayoría percatarse de los numerosos y graves efectos perversos que conllevan este tipo de intervenciones públicas. Así, imponer la dación en pago con carácter retroactivo (explícito o implícito) es, en primer lugar, no sólo ilegal sino inmoral. Toda reforma retroactiva es contraria a la seguridad jurídica y, por tanto, al Estado de Derecho. Pero es que, además, cambiar las reglas de juego a mitad de partido supone una violación flagrante de los contratos hipotecarios firmados, voluntariamente, con anterioridad.

Durante los felices –e irreales– años de burbuja crediticia, muchos agentes privados cometieron graves errores, inducidos por los bajos tipos de interés establecidos artificialmente por la banca central. La crisis tan sólo ha puesto al descubierto estas deficiencias, iniciándose así el necesario y sano proceso de ajuste, consistente en la reestructuración, reorientación e incluso liquidación de las malas inversiones pasadas. Los particulares no fueron ajenos a este contexto y muchos, animados por la financiación barata y la ilusión de que "el precio de los pisos nunca baja", solicitaron una hipoteca a la que, posteriormente, no han podido hacer frente. Nadie les obligó a contratar un préstamo, lo hicieron errónea pero voluntariamente, por tanto deben afrontar la responsabilidad que asumieron por contrato.

En España, la mayoría de las hipotecas se firmaron a interés variable y sin responsabilidad limitada –la dación en pago existe, pero encarece el préstamo–, lo cual posibilitó en esos años el acceso a una vivienda a muchas familias que, en otras circunstancias, no podrían permitírselo. Pero el no limitar la responsabilidad conlleva, por el contrario, tener que afrontar el pago de la hipoteca con todos los bienes presentes "y futuros", tal y como estipula la ley vigente. Nadie se estaría quejando hoy si la crisis no hubiera estallado. Pero la crisis llegó, y cada cual tiene que asumir su responsabilidad.

Asimismo, la inmoralidad de la dación en pago retroactiva radica en que, en caso de aprobarse, unos particulares (morosos) serán rescatados a costa de otros (los que no se hipotecaron y, en general, el conjunto de los contribuyentes). Consiste, simplemente, en extender el ya tristemente tradicional "¿qué hay de lo mío?" al ámbito hipotecario. Tal y como señala Benito Arruñada, "¿por qué van a subvencionar los acreedores –en el caso de las cajas en quiebra, los contribuyentes– y deudores prudentes a los deudores imprudentes, el ciudadano que no jugó a la lotería de la burbuja inmobiliaria al que sí lo hizo?". Es injusto, al igual que lo es rescatar con dinero público a las cajas insolventes –en lugar de que paguen sus acreedores– o a los que invirtieron legalmente en preferentes o en bonos patrióticos de ciertas autonomías.

Rescatar a los hipotecados supondrá, en todo caso, más pérdidas bancarias y, puesto que las entidades están siendo auxiliadas por el Estado –lo cual también es un error–, un coste mucho mayor para el contribuyente, en última instancia. Y ello sin contar que reducir arbitraria y retroactivamente las garantías hipotecarias se traducirá, en todo caso, en hipotecas futuras más caras y mucho más restringidas para las familias.

Frente a la moratoria hipotecaria y la dación en pago retroactiva, existen múltiples alternativas que podrían atenuar los terribles efectos de la morosidad, pero sin violar la seguridad jurídica ni cargar al contribuyente con facturas extra que no le corresponden. Entre otras, eliminar la fiscalidad de la dación en pago, facilitar una solución negociada y voluntaria entre acreedores y deudores, así como agilizar y flexibilizar mucho más las subastas de pisos embargados –ya existen notables mecanismos privados– para que el hipotecado no tenga que cargar con una deuda de por vida. Las autoridades públicas se deben limitar a fomentar el surgimiento de mecanismos de mercado, tal y como acontece en EEUU, por ejemplo, y, en último caso, a reducir quizá los intereses de demora, pero nunca vulnerar la ley ni la libertad de contrato para beneficiar a unos a costa de otros.

El populismo antiempresarial del PP

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El PP siempre ha querido presentarse como un partido afín al liberalismo; al menos al liberalismo en su vertiente económica: sus (propagandísticos) mensajes se han concentrado tradicionalmente en la necesidad de contener el crecimiento del Estado, de bajar impuestos y de crear un entorno institucional propicio para el libre desarrollo de la función empresarial.

Tras apenas una primera semana en el poder, los españoles ya pudimos comprobar cómo se mofaban de sus dos primeros mensajes: su insaciable voracidad fiscal, traducida en una salvaje subida del IRPF, buscaba mantener a toda costa la burbuja del sector público; desde entonces, su rapiña tributaria no ha hecho más que repetirse con insoportable frecuencia en IVA, Sociedades, Especiales y cotizaciones sociales.

Pese a los continuados rejonazos fiscales, infligidos siempre con las risueñas carcajadas de Montoro y la cómplice bendición gremial de Nadal, los hay que todavía aspiran a ver en el PP algo distinto a un subproducto nacional del peronismo argentino: se nos repite que “las sangrantes subidas de impuestos tienen un carácter temporal”, “que su único propósito es hacer frente a una situación de emergencia en las cuentas públicas heredada por el PSOE”, “que ningún partido político, por liberal que fuese, podría haber hecho otra cosa” o que “para comprobar la auténtica afinidad de este Gobierno con el liberalismo hay que atender a las reformas estructurales que facilitan el libre emprendimiento”.

Dejando de lado las flagrantes mentiras que esconden la mayoría de los asertos anteriores (para comprobar que sí existía una alternativa liberal a la nefasta política tributaria del PP puede consultarse, por ejemplo, mi nuevo libro) me interesa centrarme en la última de las afirmaciones: que si bien la coyuntura obliga al PP a comportarse tal como proponía Izquierda Unida en su programa electoral, al menos sí está creando un ambiente propicio para que los emprendedores puedan desplegar sus ideas de negocio.

Más allá de esas tropecientasmil y una reformas estructurales, de esa “Ley de Fomento del Emprendimiento” o de ese aplazamiento del pago del IVA tantas veces anunciados como postergados sine die, existe una característica elemental que permite distinguir si un Gobierno respeta a los empresarios o, por el contrario, sólo busca pastelear con los afines (véase la reforma eléctrica a la medida de los intereses de Montoro) y machacar a aquellos otros que, por cualquier motivo, les resultan incómodos: la caracterización que hace de ellos ante la ciudadanía, no como conceptos teóricos abstractos (“alabado sea el emprendedor”) sino como realidades prácticas que día a día toman sus decisiones y tratan de sacar adelante sus empresas.

Y, desde esta óptica, el Gobierno del PP no hace sino confirmarse como vástago del populismo peronista. En los últimos meses hemos asistido a una campaña de desprestigio y acoso contra dos sectores empresariales enteros, no con el propósito de eliminar las barreras regulatorias que limitan la competencia, sino con miras a redirigir hacia ellos parte del descontento popular derivado de la crisis y de la pésima gestión del PP. Me estoy refiriendo al sector de las petroleras y de las grandes superficies.

El ataque a las petroleras

Desde los mínimos registrados a comienzos de 2009, el precio antes de impuestos de la gasolina 95 se ha encarecido un 150% (desde 30,3 céntimos el litro a comienzos de enero de 2009 a 77,5 céntimos el litro a medios de octubre) y el del gasóleo un 100% (desde 40,9 céntimos a 81,2 céntimos el litro); paralelamente, el precio del barril de Brent (en función del cual se determinan los precios anteriores) ha aumentado un 152% en dólares (desde una media de 44,8 dólares el barril en enero de 2009 a una de 113,3 en septiembre de 2012) y un 160% en euros (desde 33,7 euros a 87,9 euros, según el tipo de cambio vigente en cada mes).

Diríase que, en apariencia, ambos precios van bastante de la mano (y eso que el coste del barril es sólo uno de los muchos elementos que determinan el precio final de la gasolina y el gasóleo, pues éstos todavía deben ser refinados, transportados, comercializados, almacenados, etc.) pero, uno no sabe muy bien por qué, desde hace años impera la percepción sesgada de que las petroleras se lucran a costa de los consumidores imponiéndoles precios mucho más elevados de lo que justificaría la evolución del barril de crudo. Acaso sea que nos resulte más cómodo identificar un culpable concreto de nuestras desdichas que atribuirlo simplemente a fuerzas impersonales que no podemos controlar.

Pero si, hasta cierto punto, es comprensible (que no justificable) que el ciudadano de a pie concentre su ira contra las petroleras, lo que resulta del todo punto inaceptable es que el Gobierno trate de canalizar contra ellas ese descontento popular, capitaneando la demagogia más ramplona e incluso abusando de instituciones supuestamente independientes como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

Así, tras una consulta/presión de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo (sic) a la Empresa, la CNC emitió un informe cuyas principales conclusiones reprodujeron todos los medios de comunicación: debido a la falta de competencia, los precios antes de impuestos de la gasolina y el gasóleo en España son, de acuerdo con la UE, los terceros más elevados de Europa y, para más inri, los márgenes brutos de las petroleras han crecido un 20% entre 2007 y 2010. ¿Conclusión? El Gobierno está legitimado para perseguir, sancionar, trocear, redistribuir y desmantelar las estaciones de servicio españolas.

Bastaba, sin embargo, con chequear mínimamente los datos para echar por tierra las conclusiones fantásticas de la CNC. Empecemos con los precios de la gasolina y el gasóleo antes de impuestos: a comienzo de junio, el precio de la gasolina en España era el octavo más caro de Europa y el del gasóleo, el undécimo más caro; en julioera el décimo cuarto y duodécimo más caro; en agosto, el quinto y noveno más caro; en septiembre, los décimos más caros; y en octubre, el décimo tercero y duodécimo más caro. La CNC atribuye los altos precios del carburante en España con respecto a Europa a las restricciones a la competencia, pero, ¿cómo es posible que las mismas restricciones a la competencia provoquen cambios tan importantes en la posición relativa de España (desde el quinto al décimo cuarto puesto)? ¿Son estas restricciones las responsables de que España esté en ocasiones en el puesto 14º o de que en otras esté en el quinto?

Mas la prueba del algodón no es ésta. La CNC pretende probar que las petroleras inflan los precios de la gasolina y del gasóleo apuntando a sus amplios márgenes brutos que, además, se han expandido un 20% durante la crisis. Pero el margen bruto es una pésima medida de la rentabilidad de un negocio: ni tiene en cuenta los costes indirectos de la empresa (lo que nos llevaría al margen neto), ni el número de unidades sobre las que se obtiene ese margen neto (lo que proporcionaría los beneficios netos), ni la inversión necesaria para lograr esos beneficios netos (lo que nos conduciría a la rentabilidad sobre activos o ROA). Una compañía puede tener un margen bruto enorme y perder dinero (si sus costes indirectos son muy altos) o ganar muy poco dinero en relación con la inversión necesaria para obtenerlo (para ganar 1 millón al año he de invertir 1.000 millones).

Pues bien, ¿cuál fue en 2011 el margen neto y la rentabilidad sobre el activo de las dos mayores distribuidoras de España, Repsol y Cepsa, en su segmento downstream (refino y distribución)? El margen neto de Repsol (antes de impuestos) fue del 3% y el ROA (también antes de impuestos) del 6%. En el caso de Cepsa, su margen neto en el segmento downstream fue del 0,56% y su ROA del 2,9%. En suma, Repsol ganó por vender petróleo lo mismo que si hubiese invertido todo su capital en deuda pública española, y Cepsa, la mitad. Todo ello antes de impuestos.

No parece, en suma, que en 2011 las petroleras españolas se forraran a la hora de comercializar la gasolina y el gasóleo después de tener en cuenta todos los costes. No en vano, desde 2004 la mayoría de petroleras extranjeras (Shell, Caprabo, ERG, Esso, Agip, BP o Texaco) han ido enajenando la totalidad o buena parte de sus estaciones de servicio en España, ese negocio supuestamente tan rentable y provechoso.

De hecho, aquí reside una de las principales contradicciones de nuestro hipócrita gobierno: si, como trata de argüir, el negocio de la distribución es tan sumamente rentable, ¿por qué las compañías extranjeras no están entrando en masa para abrir nuevas estaciones de servicio en nuestro país? Sólo caben dos opciones: a) la administración impide la apertura de estaciones de servicio; b) el negocio no es tan rentable como se nos quiere hacer creer. Tanto lo uno como lo otro suponen un tortazo para el sector público: lo primero por limitar la competencia; lo segundo por engañarnos.

La realidad probablemente sea una mezcla de ambos motivos: las autoridades locales, cuando planifican a la soviética los usos del suelo, han ido restringiendo la apertura de nuevas estaciones de servicio (al menos, aquí, la CNC acierta cuando en su punto 134 califica el planeamiento municipal de “altamente restrictivo con las estaciones de servicio”), lo que de seguro provoca que en algunas zonas haya gasolineras muy rentables a las que no se les puede ejercer una competencia directa por barreras regulatorias; pero ello no obsta para reconocer que, en general, el negocio se caracteriza por su escasa rentabilidad.

El ataque a las grandes superficies

Pero las petroleras no han sido las únicas víctimas de las injustas invectivas del Gobierno del PP. En el Consejo de Ministros del pasado viernes, el ministro del departamento más hipersubvencionado de todos, Miguel Arias Cañete, arremetió contra las grandes superficies españolas (Mercadona, Eroski, Carrefour, El Corte Inglés y Alcampo) por aprovecharse de sus proveedores gracias a su posición de dominio en la cadena de distribución. Con tal de regular este sector, Arias Cañete, el enésimo ministro libertario del Ejecutivo, presentó unanteproyecto de ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

En general, y a falta de mayor concreción, el anteproyecto es tan insulso que no satisface a ninguna de las partes, pues sólo se encarga de incrementar los costes de los tratos mercantiles obligando a formalizarlos por escrito. Poca chicha salvo por un elemento esencial: “se incluye un precepto sobre gestión de marcas que prohíbe el aprovechamiento de la iniciativa empresarial ajena mediante la utilización de envases y presentaciones de marcas o nombres comerciales de otro operador”. En román paladino: el Gobierno pretende poner coto a las marcas blancas, esa estrategia comercial consistente en vestir como marca del supermercado productos de otras compañías.

La marca blanca beneficia potencialmente a todas las partes pero, sobre todo, a los consumidores: dado que los distribuidores incrementan de manera muy considerable sus ventas, son capaces de ofrecer precios mucho más bajos sin ver reducidos sus beneficios. El supermercado termina de comoditizar, merced a la garantía que ofrece su buen nombre, una parte de los productos que oferta y cuya marca original los consumidores han dejado de valorar lo suficiente como para abonar una prima en su precio: de ahí que el minorista suprima la marca, baje precios y reduzca los beneficios que afluyen al productor original (y que se justificaban por el prestigio que la marca desvalorizada imprimía a la mercancía). Las marcas blancas son lo más parecido que existe a los medicamentos genéricos y, sin embargo, el Gobierno las persigue mientras que promueve el uso de éstos (acaso porque, en materia de medicamentos, el Ejecutivo desempeñe el rol de comprador).

La extensión de las marcas blancas es justo el modelo que ha aplicado Mercadona y que tantos éxitos le ha granjeado: dado que, gracias a ellas, este distribuidor es capaz de ofrecer precios mucho más baratos que la competencia y dado que los consumidores prefieren ahorrarse ese diferencial antes que pagar un sobreprecio por un marca distintiva y reconocida, sus ventas no han dejado de crecer. Soberanía del consumidor, se llama: esa misma contra la que este liberticida Gobierno quiere atentar después de haberla esquilmado ya con una agresiva subida del IVA.

Limitar el uso de marcas blancas no sólo encarecerá los precios (en provecho privativo del lobby de productores con marca desvalorizada), sino que puede erosionar los márgenes y los beneficios de los principales grupos de distribución de este país. Para algunos, como Arias Cañete o su más moderado par Sánchez Gordillo, puede que sea un loable objetivo debido a las injustificadas ganancias que obtienen; para otros, todos aquellos que hayan acudido a la fuente de los datos, constituye un nuevo disparate intervencionista y antiempresarial.

Basta con leerse los balances y las cuentas de resultados de Mercadona, Eroski y Carrefour. En 2011, Mercadona obtuvo un margen neto del 2,8% y una rentabilidad de 8% (poco margen de ganancias y muchísimas ventas dieron lugar a rentabilidades apreciables); Eroski, un margen del 2,1% y un ROA del 1,2%; y Carrefour, un margen del 0,5% y una rentabilidad del 0,8%. Tales márgenes y rentabilidades deberían servir para despejar no sólo la extendida demagogia de que estos distribuidores explotan a los agricultores por comprar sus productos a precios muy inferiores a aquellos a los que terminan vendiéndolos a los clientes finales (como si los costes de los distribuidores no se multiplicaran también en el proceso) sino para constatar que la supervivencia de muchos de los supermercados y de los empleos de estos grupos empresariales pende de un hilo que este descerebrado Ejecutivo parece decidido a cortar.

Un Gobierno enemigo de los empresarios

La aversión del PP al mercado y a la propiedad privada no sólo se ha traducido en la mayor sucesión de subidas de impuestos de nuestra historia reciente, sino también en un creciente acoso populista contra aquellas empresas que bregan en esta crisis por sobrevivir. La casta sigue manteniendo su bota sobre los empresarios díscolos, ya sean pequeños, medianos o grandes; las reglas de juego constituyen únicamente el decorado que nuestros políticos pueden machacar a conveniencia para imponer sus intereses particulares y de partido. Sin llegar a las expropiaciones del peronismo kirchnerista, el peronismo rajoyano sí se muestra encantado con difamar y perseguir legislativamente a aquellos empresarios contra los que quiere canalizar el descontento social. El mensaje está claro: si piensas triunfar y crear riqueza, no oses instalarte a España. Éste es sólo territorio apto para los círculos del poder.

El capital y el plan de negocio en un mundo de incertidumbre

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Para la producción de bienes y servicios con valor es necesario realizar una serie de actividades a lo largo del tiempo. No es un hecho automático y necesita de la acción y decisión humana. A ciertos niveles, también es necesario que el empresario organice el proceso productivo.

Por tanto, la actividad productiva requiere de tiempo, se lleva a cabo durante el tiempo real. A lo largo de éste, los recursos productivos, en combinación con otros recursos físicos o humanos, son capaces de aportar valor –si el proceso resulta exitoso-. Esa relación entre el valor que añaden los recursos y el tiempo –valor y tiempo- es lo que caracteriza esencialmente al concepto económico de "capital".

El conjunto de recursos productivos, de bienes que forman el capital, son bienes de capital, forman una estructura en el seno de la empresa, porque están ordenados y combinados de una determinada manera para que rindan sus servicios a lo largo del tiempo y que, si es un proyecto exitoso, producirán bienes valorados por los consumidores. La valoración de los productos que ayudan a producir es lo que da un valor a los bienes de capital. En definitiva, el valor de los bienes de capital no es más que el resultado de un proceso de búsqueda prospectiva planeada por el empresario.

Plan de negocio

Para esa búsqueda del valor debe haber un plan de producción –o un plan de negocio-. En la elaboración del plan de negocio intervienen dos fuerzas contrarias entre sí: la reducción de incertidumbre y la adaptabilidad. Por un lado, se tratará de reducir el grado de incertidumbre a través de la inclusión de determinados contratos de diversos términos, tiempos y condiciones –con empleados, proveedores, etc.-. Sin embargo, esto se hará a costa de reducir la adaptabilidad del proyecto. Dado que pueden acontecer innumerables circunstancias imprevistas en el plan, el empresario deseará desarrollar un programa lo más flexible y adaptativo posible, de modo que su plan pueda adaptarse a dichas circunstancias.

En el plan, trazado por el empresario de manera consciente, y más o menos precisa o vaga, se reflejan tres conceptos clave, el conocimiento del empresario –o como ahora gusta decir, emprendedor-, sus expectativas y los recursos que, cree, deberá emplear.

Recursos productivos heterogéneos

Los recursos productivos son heterogéneos porque están construidos para propósitos más o menos específicos, tienen un rango de aplicaciones limitado. Esos propósitos deben ser descubiertos por el empresario, que otorga una función económica determinada a cada bien de capital, para la cual la forma física de estos es apropiada.

Cada bien de capital tiene unos atributos útiles para el proceso de producción que determina los servicios que prestan. No tienen que ser completamente conocidos en la elaboración del plan de negocio porque durante la realización del proyecto empresarial en la que los bienes se combinan con otros factores productivos, pueden descubrirse nuevas características valiosas o potenciales del bien productivo. Dependerá de la perspicacia del empresario en cada momento del tiempo.

Expectativas heterogéneas

Las expectativas es otro de los elementos reflejados en el plan de negocio. Las combinaciones de bienes de capital deben ser organizadas por el empresario en función de lo que subjetivamente perciban que va a ser el valor del producto realizado con estos recursos, o la corriente de ingresos que se espera que generen en circunstancias cambiantes.

Las expectativas del valor de esas combinaciones de recursos productivos no es lo único relevante, también deben tenerse en cuenta las acciones futuras de sus competidores y productores de bienes o servicios complementarios, dado que estos afectarán igualmente al valor del bien o servicio ofrecido –si el producto es la fabricación de chips, deberán hacerse cábalas sobre la venta de ordenadores, uno de sus bienes complementarios-.

Dependiendo de su apreciación subjetiva, los empresarios tendrán unas expectativas u otras. No en vano, lo que en realidad hacen los empresarios en la combinación de los recursos productivos es plasmar su particular visión. En definitiva, los modelos cognitivos son heterogéneos también. Por ello es inevitable que las expectativas no siempre sean consistentes –o complementarias- entre sí. Hay que recordar que los modelos económicos rivales son la esencia del proceso competitivo y las expectativas son parte normal de la experimentación del proceso de mercado.

Por consiguiente, los empresarios enfrentan sus juicios unos contra otros. Unos juicios necesarios en un mundo donde el valor del producto es incierto. Cuanto más exitoso sea el juicio, más ganancias obtendrán.

El conocimiento

El conocimiento es una dimensión importante y compleja de cada plan de producción. De hecho, los atributos de los bienes de capital, los recursos productivos, son un conocimiento (productivo) útil para el empresario. De ahí que sea necesario saber cómo el conocimiento entra en el proceso de producción.

La relación fundamental del conocimiento y el capital es que el primero está plasmado en los bienes de capital. Es decir, los bienes de capital expresan un conocimiento sobre el proceso productivo y cómo este debe ser llevado a cabo; encierran el conocimiento para cumplir su función y propósito. Por eso se dice que gran parte del conocimiento de una sociedad puede encontrarse no en nuestras mentes, sino en los bienes de capital que empleamos. Por ejemplo, el conductor de un camión puede no disponer de los conocimientos necesarios para construir un camión, pero sin embargo lo usa dentro de un plan de producción –elemento de transporte de mercancías-. Es decir, este medio de transporte es la plasmación, la materialización, del conocimiento de quienes diseñaron y combinaron todas sus piezas.

Además, este conocimiento hace que los factores productivos menos cualificados alcancen elevadas tasas de productividad. Pero también los trabajadores con mayor capital humano pueden aportar y mejorar el diseño de sus herramientas y dejar su impronta de conocimiento –los denominados intraempresarios-. 

En suma, todo este conocimiento del poder productivo de los recursos es extraordinariamente relevante para que el empresario pueda organizar la producción, ya sea integrando dichos bienes en una empresa, subcontratando parte de los servicios necesarios y, en definitiva, perfilando la forma y tamaño de la empresa que quiere montar según su proyecto.

La economía está basada en el conocimiento. Y las empresas están basadas en el conocimiento porque se basan en el capital.

(Este comentario está basado en el excelente y muy recomendable trabajo de Peter Lewin "The capital-based view of the firm").

Cine de atracos

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Ya desde sus comienzos allá por 1.903 con "The Great Train Robbery", la industria del cine ha tenido una gran atracción por los atracos como tema central.

Así, el cine "de atracos", convertido en un género cinematográfico por derecho propio, a veces en conjunción con otros géneros, nos ha deleitado con auténticas obras maestras, joyas para cinéfilos que justifican el nombre de séptimo arte.

Cómo no acordarnos de "Atrapa a un ladrón", con Cary Grant y Grace Kelly a las órdenes del gran Alfred Hichcock, haciendo un inolvidable despliegue de glamour en la Riviera. Del "careto" impasible de Lee Marvin buscando venganza (… y la pasta) en "A quemarropa". Del mismísimo James Cagney "en la cima del mundo" en la inolvidable "Al rojo vivo ", de Raoul Walsh. De Humprey Bogart en "Sierra Alta"…

Qué decir de los "atracos del Oeste"… Ya sean filmados por los grandes maestros americanos, como John Ford en "Tres padrinos" o Sam Peckinhan en "Grupo salvaje", o en su versión "spaghetti" con Sergio Leone dirigiendo obras maestras como "La muerte tenía un precio", el western y los atracos siempre han sido una combinación perfecta.

Tan perfecta cuando dicho género se ha tratado desde la comedia, con divertidísimas películas como "El quinteto de la muerte", de Alexander Mackendrick, la italiana "Rufufú" o la española "Atraco a las 3".

La lista es larga: "Atraco Perfecto", de Kubrick; "Bonnie & Clyde", de Arthur Penn; "Heat", de Michael Mann… Obras inolvidables que consiguen tener al público pegado a sus asientos, justificando el precio pagado por la entrada, y que son la prueba evidente de lo que se puede hacer desde el talento, la creatividad y la profesionalidad.
 
El problema es cuando estás tres cosas fallan… Entonces, la industria del cine, en vez de recurrir a la temática "de atracos" como fuente inspiradora de sus películas, decide aplicarla directamente como forma de financiación.
 
Y en España tenemos el ejemplo perfecto, el céntimo cinematográfico, una "brillante idea" propuesta por una asociación de productores de cine catalán, la PROA, hartos de que las subvenciones a fondo perdido se hayan reducido drásticamente, de que se les pretenda cobrar un IVA idéntico al de otros ciudadanos que se tienen que ganar la vida en industrias "no culturales" y de que esos mismos ciudadanos se nieguen a pagar un euro por ver sus pelis (sobre todo, si son en catalán…).
 
Así, PROA dixit:
 
"Cada anuncio en la pequeña pantalla tendría una recarga de 1 céntimo en su precio. Para un anunciante no es nada si emite, pongamos por ejemplo, 400 anuncios en un mes: se queda en cuatro euros. Pero sumados todos, la cantidad podría ser inmensa".
 
Sin duda, esto sí que es auténtico cine de atracos y no lo que hacían Hichtcock, Kubrick y demás…

Empresarios privilegiados: el oxímoron de nuestros días

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

El martes 2 de octubre fue entrevistado en el programa de Melchor Miralles "Cada Mañana Sale el Sol" el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández (la entrevista, aquí). El reconocido restaurador habló en tanto que vicepresidente de la patronal, institución que disfruta de subvenciones estatales que, tal y como consta en la propia página de la CEOE, integra y representa a más de 5.000 organizaciones de base que aglutinan a 1.450.000 empresarios y autónomos. También fue preguntado como empresario titular de la contrata de la hostelería del Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid.

Melchor Miralles le puso en evidencia al mostrar un ticket del menú completo en el que aparece el precio para un diputado de la Asamblea de Madrid: 3,55 euros. Mientras tanto, en otros establecimientos (por ejemplo, universidades privadas) donde la empresa "Arturo" tiene la contrata, un menú completo cuesta casi el doble. Hasta ahí, tal vez el problema es simplemente de mal gusto al cobrar menos a un diputado que a un universitario. Pero a nadie se le escapa que ese precio menor se debe a la subvención que recibe la empresa. Al intentar dar una respuesta coherente y vendible al periodista, Arturo Fernández afirmó que, en realidad, "eso son chascarrillos", que lleva 20 años siendo el restaurador del Congreso y la Asamblea y "si no hubiera una ayuda sería inviable poder atender a los señores diputados porque el negocio no da". Según afirmó, "no es una subvención a la comida de sus señorías sino una ayuda para mantener los cincuenta y tantos empleos que tiene en cada una de las cámaras". No es una subvención al menú sino "a la concesión". Y repitió en varias ocasiones "si no, es que sería inviable el negocio".

Bochornoso. No puedo evitar recordar las palabras de Adam Smith en La Riqueza de las Naciones cuando afirmaba que la "gente del mismo oficio rara vez se reúne (…) sin que la conversación termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios". Aquí lo tenemos: el señor Arturo Fernández, escaqueándose y cerrando la conversación con un "a mí no me digan nada, soy titular de una contrata". Da mucha vergüenza repasar la página del grupo de empresas de Arturo Fernández y comprobar el número de contratas públicas que tiene la primera empresa hostelera de Madrid.

Se trata del ejemplo de empresario privado que tenemos en España. Estos son los que van a crear empleo en nuestro país a golpe de subvención y compadreando con diputados nacionales y autonómicos. Efectivamente, por alguna razón tiene la contrata desde hace 20 años. Si el negocio no es viable, cierre, don Arturo. No nos haga asumir sus pérdidas. Porque hay miles de empresarios de hostelería a quienes supuestamente representa que están cerrando porque no tienen el privilegio del poderoso y nadie les subvenciona los menús.

Adam Smith defendía al empresario austero que competía sin privilegios. De hecho, su obra es un monumento a la abolición de los privilegios empresariales. Un empresario debería ser libre para buscar su propio interés sin dañar la libertad del otro. Y esa salvaguarda es la competencia. Gracias a ella, lo que mantiene o derriba las empresas es su buen hacer, su capacidad para satisfacer las necesidades del consumidor soberano, no el privilegio. Mientras ese monopolio en forma de tan longeva contrata permanezca y además implique usar el dinero público para la mayor gloria de un único empresario, los capitales y la actividad empresarial hostelera no fluirán adecuadamente. Este fenómeno, que seguramente se reproduce en los chiringuitos de playa y concesiones diversas, es especialmente sangrante cuando el privilegiado dice representar a 1.450.000 empresarios y autónomos, sin privilegios. Cualquier persona con conciencia y vergüenza torera dimitiría de su puesto.

Obviamente, eso no es un empresario. Es cualquier otra cosa.

El papel de las ganancias y pérdidas de capital

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Ahora que se habla de las plusvalías y de las ganancias de capital por el nuevo anuncio del Gobierno de incrementar los impuestos sobre este tipo de ingresos, quizá merezca la pena traer aquí algunas reflexiones sobre el papel de estas ganancias en la Teoría del Capital de la Escuela Austriaca y, en general, en la economía y el bienestar de la población.

Los activos empresariales son utilizados por los empresarios de acuerdo con sus planes de negocio o de producción. La producción es una actividad conjunta, es decir, es un proceso de creación de valor -cuando resulta ser exitoso- que depende de una variedad de factores productivos complementarios entre sí. Dicho proceso productivo mantiene una estructura implícita de inputs y outputs que evoluciona con el tiempo.

Las empresas producen de cara al futuro. El mayor o menor valor de una empresa y sus activos dependerá del valor que se espera que sus clientes atribuyan a los bienes futuros que sea capaz de comercializar. Dependiendo de si esas expectativas con las que los empresarios trazan sus planes de negocio son correctas o no, el proyecto será exitoso y creará valor, beneficios, o destruirá valor, pérdidas. Expectativas no solo sobre la propia actuación del proyecto empresarial emprendido sino también sobre el entorno que lo rodea –qué otras empresas o bienes son necesarios o complementarios para que el proyecto prospere-.

Puesto que hasta la fecha no se conoce ser humano omnisciente, la multitud de planes empresariales con sus respectivas expectativas no contienen toda la información –presente y futura- para que todos los planes sean perfectos. De modo que existirán expectativas empresariales que diverjan unas de otras –no serán consistentes (complementarias) entre sí -.

Con el paso del tiempo, el hecho de que los empresarios mantengan expectativas inconsistentes hará que algunos fracasen –total o parcialmente- mientras que otros sobrepasen las expectativas. Durante este proceso, emergerán nuevos productos y métodos de producción, y desaparecerán otros.

Una de las consecuencias que se manifiestan por el hecho de que los planes empresariales excedan o no lleguen a las expectativas que de ellos se tenían es que los empresarios reevalúen los activos empresariales utilizados. Esta nueva valoración de los activos, que traerá consigo unas ganancias o pérdidas de capital, tienen su reflejo en los activos financieros asociados a la empresa –por ejemplo, acciones o deuda-. El valor de estos derechos sobre los activos empresariales dependerá del valor que sus titulares den a esos factores productivos –o las opiniones que den otros a ese valor-.

Dependiendo de las distintas combinaciones de activos financieros que posean los individuos, a nivel global habrá una determinada “estructura de activos”. Esta estructura de activos es el reflejo de la estructura de capital –la estructura productiva- de la economía, esto es, cómo se ordenan y combinan los distintos planes empresariales, los activos empresariales y los activos financieros.

Existen instituciones que ayudan a definir esta estructura. Ludwig Lachmann daba la máxima importancia el mercado de valores, que reflejaba continuamente las expectativas de las actuaciones de las empresas consideradas y, en consecuencia, de sus ganancias o pérdidas de capital. Pero también podría hablarse de los mercados de futuros o, en general, el sistema de precios.

Pero estas instituciones no sólo definen la estructura de capital sino que ayudan a conformarla o modificarla a través, por ejemplo, de las ganancias o pérdidas de capital. Por ejemplo, las plusvalías o minusvalías en acciones –también futuros u opciones- refleja el éxito o fracaso de los planes de negocio de acuerdo con las expectativas con las que se llevaron a cabo. Estas ganancias o pérdidas facilitan y transmiten información relevante a los empresarios para que estos puedan decidir sobre las mejores combinaciones de bienes de capital y facilitan, así, una mejor coordinación entre los distintos planes de acción y proyectos empresariales. Por tanto, ayudan a cambian la estructura de inversiones al modificar el valor relativo de estas –por cierto, aquí ejercen un papel fundamental los denostados especuladores, que con su actuación tienden a ejercer una influencia estabilizadora sobre los precios de los activos-.

Por tanto, las ganancias o pérdidas de capital sirven para que los empresarios –managers, inversores, etc.- se decantes continuamente –un proceso- por determinados planes empresariales, combinaciones de activos empresariales y financieros que se traduzcan en una economía más competitiva y compleja, que provea a la población una mayor cantidad de bienes y más variados.

De ahí que hacer tributar este tipo de ganancias, y hacerlo de manera agresiva –elevando los tipos marginales hasta un 50% de media para las que se generan en menos de un año- distorsiona el papel que estas ganancias tienen en la economía y en la manera en que se estructura. Esto trae como consecuencia una peor coordinación empresarial y una mayor dificultad a la hora de reconvertir una estructura productiva basada en el ladrillo a otra basada en sectores más competitivos.

Una alternativa a EuroVegas

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Las opiniones son como los culos, todos tenemos la nuestra. Por eso una vez conocido que la empresa Las Vegas Sands ha decidido que Madrid albergará su nuevo complejo de hoteles y casinos en Europa, todo el mundo ha sacado a relucir su opinión sobre el tema.

Por supuesto, como esto es España, hay dos frentes opuestos que casualmente coinciden con la derecha y la izquierda. Unos creen que es una inversión fantástica que debe ser fomentada, ya que nos ayudará a salir de la crisis, y otros que caminamos firmes hacia Sodoma y Gomorra.

Puede parecer curioso que quien saque a relucir argumentos moralistas sea la izquierda. Pero ya se sabe que para algunos el vicio y la perversión sólo son malos si van a acompañados del lucro. Si fuera gratis (pagado por todos) o los casinos fueran públicos seguramente les parecería bien.

Pero dejando a un lado las neuras de la izquierda, a las que no se les debería dar tanta importancia, lo cierto es que unos y otros vuelven a cometer uno de los errores típicos en los que siempre cae el español común: pensar que su opinión le debería importar a alguien.

Si una empresa quiere construir una docena de hoteles en los secarrales que rodean Madrid está en su derecho. No se entiende que nadie argumente a favor (como si diera su bendición) o en contra (como si dependiera de su permiso). Sólo una sociedad tan liberticida como la española puede pensar que todo, hasta actos que ni les va ni les viene, tiene que pasar por su aprobación.

Alguno me replicará que el problema no es lo que piensen construir, sino cómo lo van a construir. Vamos, que les van a dar dinero o financiación pública o algún tipo de ventaja fiscal.

Si el gobierno regional, el estatal o algún ayuntamiento le da dinero, financiación o ventajas fiscales a alguien, es simple y llanamente porque puede hacerlo. Así que en vez de malgastar electricidad en escribir sobre lo malo que es EuroVegas, sería bastante más recomendable hacerlo sobre el exceso de poder político, que permite gastar nuestro dinero en inversiones que ni nos van ni nos vienen, o realizar tratos de favor según les convenga.

Pero claro, si nos centramos en eso resulta que también habría que criticar multitud de proyectos que cuentan con el beneplácito de unos u otros, según quién sea el que se beneficie del asunto.

Por último están los que se quejan amargamente de que al apostar por EuroVegas nos agarramos a una economía del ladrillo y la burbuja, sin más aspiraciones que vivir del turismo y el juego. Demostrando así que hay personas que siguen sin enterarse de nada pese a llevar cuatro años sumergidos en información económica a diario.

El problema del ladrillo fue que se construían viviendas porque la gente estaba dispuesta a comprarlas, y la gente estaba dispuesta a comprarla porque podían financiar su compra y luego venderlas por más dinero. Por lo tanto cuando se acabó la financiación explotó la burbuja.

En el caso de EuroVegas es una empresa la que corre con una parte importante de la financiación y tendrá que buscar que otros inversores (esperemos que privados) confíen en que la rentabilidad de su modelo de negocio sea lo suficientemente sólida como para que se les devuelva la inversión con sus correspondientes plusvalías.

Evidente, se pueden equivocar, y el proyecto puede ser un fracaso. Pero en ese caso Las Vegas Sands, y sus inversores, verán disminuido su capital y Madrid ganará 12 hoteles que podrán ponerse al servicio de otros modelos de negocio más rentables.

Por supuesto, eso será así sólo si el gobierno de turno no decide intervenir por el bien común y regar el proyecto con dinero público. Aunque esto nos llevaría a lo de siempre: el problema no sería EuroVegas, sino un gobierno con capacidad de hacer con nuestro dinero lo que le da la gana.

Y sí, muchos preferimos tener a lado de casa un complejo de Google o Apple que un casino. Pero resulta que la realidad es la que es, y Google y Apple no se plantean ni por un segundo establecerse en España. ¿Y por qué? Me imagino que por muchas razones, entre ellas impuestos muy altos, trabajadores poco cualificados, poca cultura empresarial, electricidad cara, etc.

Así que todos aquellos que quieran una alternativa a EuroVegas solo deben empezar a trabajar por conseguir un entorno adecuado para inversiones más a su gusto. Un buen comienzo sería pedir un impuesto de sociedades y rendimientos de capital por debajo del 10%, la supresión de cualquier barrera a las empresas (incluidas laborales e importación), un sistema educativo libre, que permita innovar y conseguir jóvenes con una formación orientada al mercado y no a intereses políticos y burocráticos, y un mercado energético verdaderamente liberalizado sin trabas (no subvenciones) a ninguna tecnología segura.

‘Domingos rojos’

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La penúltima iniciativa popular –por no decir populista– ideada por el Ejecutivo de Rajoy fue anunciada el pasado viernes por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. A partir de ahora, el Estado podrá obligar a los parados que perciban prestación a colaborar en zonas incendiadas. En concreto, según recoge el Real decreto-ley 25/2012 de medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales, publicado el pasado sábado, las "Administraciones Públicas" –Gobierno central, autonomías y ayuntamientos– y las "entidades sin ánimo de lucro" podrán solicitar a los servicios públicos de empleo los parados que precisen para acometer "obras de reparación de los daños causados" en las zonas afectadas.

La medida implica tan sólo a los "perceptores de las prestaciones por desempleo", es decir, a aquellas personas sin trabajo que tienen derecho a cobrar paro hasta un máximo de dos años por haber cotizado previamente. Las condiciones que establece la Ley General de la Seguridad Social (artículo 213.3) para ser llamado a filas son, básicamente, tres: que el trabajo "social" en cuestión sea de "carácter temporal", que la labor coincida con las "aptitudes físicas y formativas" del desempleado y que no suponga un "cambio de residencia habitual" para el trabajador.

Lo primero que llama la atención es que el Gobierno excluya de este particular reclutamiento a todas aquellas personas que, tras agotar su prestación, siguen percibiendo subsidios o ayudas públicas, como los ya famosos 400 euros mensuales. De este modo, el Gobierno acaba de inaugurar en la práctica el trabajo social obligatorio; solo que, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos –como Portugal–, los afectados serán los desempleados que aún tienen derecho a cobrar el paro en lugar de los beneficiarios de ayudas. Aunque no es el modelo idóneo, la prestación se concibió inicialmente como una especie de seguro público, por tanto, no es algo gratuito que otorga el Estado, sino que el contribuyente está obligado a pagar previamente para poder acogerse a él en caso de necesidad.

Por otro lado, la medida es, sin duda, legal, ya que se contempla en el ordenamiento jurídico –pese a que nunca se ha aplicado–, pero marca un precedente que no está exento de riesgos. Y es que muestra a las claras cómo actúa normalmente el poder político, empeñado en corregir los errores y fiascos de la intervención pública con más intervencionismo, lo que a la postre genera nuevos y mayores problemas. Así, lejos de solucionar en alguna medida el brutal desempleo que sufre el país, la instauración del empleo social pone a disposición del Estado a una masa ingente de potenciales trabajadores cuya motivación para reparar catástrofes naturales –o lo que se tercie–, sin remuneración adicional alguna, será nula en la inmensa mayoría de casos, por no decir los inconvenientes que tal obligatoriedad podría causar al elegido en caso de que se esté formando o buscando activamente empleo. En esencia, se trata de una pérdida de tiempo pura y dura, en el mejor de los casos, y de una forma de esclavismo moderno del todo inmoral e improcedente, en el peor.

Así, en lugar prorrogar los 400 euros o de implantar el trabajo social al albur de las directrices que marque el Gobierno de turno, cuya rentabilidad y utilidad para el resto de la sociedad es más que dudosa, el PP debería haber optado por flexibilizar de verdad el aún anquilosado mercado de trabajo. ¿Cómo? Eliminando el salario mínimo, permitiendo los minijobs que en su día implantó Alemania y dejando en suspenso toda la regulación laboral vigente, siempre y cuando empleador y empleado alcancen un acuerdo voluntario sobre sus condiciones de trabajo. Ésta es la forma más rápida y efectiva de que España coloque a sus casi seis millones de parados, con la ventaja inestimable de que su labor sí serviría para crear riqueza en el mercado y no para atender los intereses cuasipopulistas de los partidos.

Lo contrario, que es justo la senda emprendida por Rajoy, tan sólo traerá nuevos problemas. De hecho, el trabajo social es un invento de inspiración comunista. La Unión Soviética y, posteriormente, Cuba implantaron el llamado trabajo voluntario. El régimen castrista instauró los denominados Domingos Rojos, jornadas en las que los ciudadanos acudían voluntariamente –bajo coacción y amenaza– en su día descanso a realizar tareas extra o a participar en los actos que arbitrariamente determinara la autoridad política. Raúl Castro derogó recientemente el trabajo voluntario, tras casi 50 años de vigencia, debido a sus nefastos resultados. Rajoy, por el contrario, acaba de instaurar en España una versión light.

Ciudades al margen del Estado

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Los medios españoles han recogido, como una curiosa anécdota, los planes de Ikea de crear dos nuevos barrios, uno en Londres y otro en Hamburgo. La compañía sueca ha pagado 25 millones de libras por una extensión, cercana a la ciudad olímpica, de unos 100.000 metros cuadrados. Soportan, en su mayoría, construcciones industriales que darían paso a 1.200 viviendas para el alquiler, oficinas, hoteles y una torre de 40 metros de altura. Para apreciar la arquitectura habrá que ir en bicicleta o andando, ya que los coches recorrerán Strand East en una cota más baja, moviéndose como en una madriguera. Está pensada para que la vivan la clase media. El proyecto para Hamburgo es menos ambicioso. Es interesante porque recuerda que el desarrollo urbanístico no tiene por qué estar en manos de los políticos. Pero hay proyectos más ambiciosos y más interesantes.

Es el caso de la provincia de Limón, en Costa Rica. Hay un proyecto, que tiene visos de quedarse en eso, de crear un ordenamiento jurídico propio para Limón, aunque seguiría formando parte del país. La elección de esa provincia está basada en que es una zona pobre y degradada del país, con una composición racial peculiar, fruto de pasadas oleadas inmigratorias, y la relación con el gobierno central es tensa. Una fruta madura, piensa Rigoberto Stewart, su principal impulsor, que puede caer en una verde pradera de derechos individuales, libre comercio y libre empresa. Sin comportamientos consensuados convertidos en crímenes. Sin impuestos. Sin moneda oficial. Con una justicia y una seguridad privada.

El proyecto comprende un área de algo más de 9.000 kilómetros cuadrados en la que viven 340.000 personas. Quizás demasiado ambicioso y que es difícil que cuente con el beneplácito de los limonenses, pese a ser muy atractivo. Hay otro proyecto, triple, menos ambicioso quizás, y acaso por ello más factible. Tanto, que se puede decir que está ya en marcha.

Se trata de tres ciudades que se erigirán en Honduras bajo el patrocinio de Coalianza, comisión para la promoción de alianzas público-privadas. No busca una secesión pacífica, surgida desde las exigencias del pueblo, como Limón. Coalianza es una institución pública que, bajo el amparo de una ley, promueve la licitación de proyectos de desarrollo por parte de empresas privadas de nuevas ciudades. Las empresas pueden tener derechos temporales “sobre bienes patrimoniales del Estado” y aportar “servicios que correspondan al Estado”. Se puede decir que el proyecto entronca con las ideas de Paul Romer.

Un grupo inversor bajo las siglas MGK ha llegado a un acuerdo con Coalianza para construir la primera ciudad modelo, así llamada, dentro de la RED (región especial de desarrollo) de Trujillo. Está en el Valle de Sula. MGK ha anunciado la inversión de los primeros 15 millones de dólares.

La urbanización se hará bajo una planificación privada, como los barrios promovidos por LandProp, la compañía de Ikea. Pero lo interesante no es eso, sino que las tres ciudades tendrán sus propias leyes, sus propios impuestos, su propia policía, en unas condiciones que forman parte de un memorando acordado con el Estado de Honduras, dentro de lo previsto por la ley. Es una concesión revisable. La seguridad jurídica no es completa, pues no es lo que pretende Rigoberto Stewart que sea Limón, una región completamente independiente. Pero cabe pensar que si las leyes de Valle de Sula, y las de las otras tres ciudades, son mejores que las del resto de Honduras, tendrán un éxito que podría asentar su futuro.