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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

¿Debe instalarse Eurovegas en España?

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Sí, porque en España, todavía, hay libertad de empresa y no existe ninguna ley que impida a un empresario invertir su dinero en negocios legales. No veo preciso recordar que la industria de los juegos de azar es perfectamente legal en nuestro país, tanto que el propio Gobierno la explota con gran aprovechamiento mediante la empresa Loterías y Apuestas del Estado.

Sí, porque el macrocomplejo lúdico de Eurovegas crearía 200.000 empleos. En un país con cinco millones de parados que la empresa Las Vegas Sands quiera instalarse en él es lo más parecido a que nos toque la lotería. Cuando se hayan concluido las obras los doce hoteles más los casinos y restaurantes que formarán Eurovegas serán una máquina de generar riqueza que se quedará para siempre aquí. Se calcula que el complejo atraerá unos diez millones de turistas al año. La ecuación es sencilla, actividad económica igual a empleo, empleo igual a riqueza

Sí, porque se trataría de una inversión multimillonaria sostenida en el tiempo durante una década. Las Vegas Sands quiere invertir en nuestra tierra más de 25.000 millones de euros, es decir, la misma cantidad que los contribuyentes tendrán que meter en Bankia para reflotarla. Esa cantidad ingente de dinero se irá mayoritariamente a negocios españoles, tanto durante la fase de construcción del complejo como durante la de operación. Muchas industrias locales como la de la alimentación o la logística se verían directamente beneficiadas.

Sí, porque inversión es confianza. Cuando una empresa multinacional como Las Vegas Sands decide realizar una apuesta tan decidida por un país cuyo crédito internacional se encuentra en entredicho el que gana es el país. Si lo que pretende es salir de la crisis España lo que necesita son empresarios y empresas, no políticos y gasto estatal atado a préstamos en el extranjero o al envilecimiento de la moneda. Nuestro modelo ha sido durante muchos años el segundo, y así nos luce el pelo.    

Suiza rechaza caramelos sindicales

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Suiza es el estado del mundo más próximo a una democracia directa debido a los numerosos refrendos que se celebran cada año para modificar o impugnar sus leyes. El pasado 11 de marzo se convocó a instancias de uno de sus principales sindicatos un referéndum para preguntar si se aumentaban dos semanas más las vacaciones pagadas (por la empresa o empleador, se entiende). Resultado: se votó mayoritariamente que no en la totalidad de los cantones helvéticos, no importando si el predominio era protestante o católico. Sin más.

Actualmente todo trabajador suizo tiene, por ley, cuatro semanas de vacaciones pagadas durante el año. Los suizos entienden que es suficiente. Así se han pronunciado en las ya seis ocasiones en que se les ha consultado al respecto en sucesivos refrendos desde 1958.

Constitucionalmente está reconocido el derecho a sindicarse. Los sindicatos están sustentados allá sólo por las contribuciones de sus propios afiliados. Son tendentes, como cualquier par europeo, a "expandir" los derechos de los trabajadores todo lo que el sistema legal les permita. La diferencia es que en Suiza se consulta antes a la gente y, al menos por el momento, la mayor parte de sus habitantes no se deja seducir fácilmente por las satisfacciones inmediatas. Ven más allá de las consecuencias a corto plazo, como Bastiat.

Su productividad es alta pero sin llegar a alcanzar los índices de los líderes mundiales; además ha ido descendiendo aquélla débilmente en las últimas décadas. Su población es consciente de que su nivel de riqueza logrado no es regalado ni tampoco está blindado frente a un mundo globalizado y cada vez más competitivo. La tasa de actividad -es decir, los ocupados en proporción a la población total potencialmente activa- es allí elevadísima (el 80%) y, por si esto fuera poco, son también los campeones europeos en horas de trabajo semanal, con un máximo legal de 45 y una media efectiva de 42,4 (parecida a la de Japón).

De hecho, algunos trabajadores disfrutan de más de cuatro semanas de vacaciones ya al año debido a sus condiciones especiales pactadas con su empresa. Ese plus lo determina el contrato o el convenio de empresa, no una norma federal impuesta a todos. Esa excepción es posible asumirla por la mayor productividad de ciertas compañías, especialmente las orientadas al mercado exterior, las más dinámicas. A medida que ésta aumenta, se alargan en cada caso las vacaciones así como los demás derechos laborales, sin necesidad alguna de que se decrete centralmente desde el gobierno.

Los sindicatos suizos han pretendido una vez más convencer a sus compatriotas de que la voluntad política del pueblo puede hacer caso omiso de lo que marquen ciertos indicadores económicos y extender dicho privilegio de unos pocos a todos los trabajadores. A pesar de la sexta intentona, les fue imposible persuadirlos. Así de "testaduros" son los suizos.

Pese a otras iniciativas populares de sus sindicatos, las leyes helvéticas no han formalizado tampoco ningún salario mínimo oficial. Éstos están recogidos allí donde deben estar: o bien en ninguna parte o bien en los acuerdos de negociación colectiva voluntaria. En aquellos sectores que carecen de dichas cláusulas de compensación mínima sólo un 10% aproximadamente de los empleados son pagados menos de lo considerado como promedio.

El sector privado de la economía suiza es enorme, éste financia directamente las tres cuartas partes del presupuesto dedicado a I+D en dicho país. Existe un mercado laboral flexible e integrador. El mantenimiento de la paz laboral es un mandato expreso de todos los convenios colectivos para sindicatos y patronales. En la mayor parte de ellos está expresamente prohibida la lucha sindical violenta en cualquiera de sus manifestaciones.

Este pequeño y próspero país mantiene desde hace mucho tiempo unas tasas de paro singularmente bajas (actualmente por debajo del 3%). Allí no existe propiamente "derecho" de indemnización por despido; se tiene asumido que, independientemente del tiempo que se lleve trabajado, si el empleador decide resolver la relación laboral existente paga al empleado tres mensualidades en concepto de preaviso y asunto concluido. Eso sí, hay un seguro de desempleo que cubre incluso al empleado que causa baja voluntaria. En cualquiera de los casos el contratado debe haber cumplido con rigor todas las condiciones del trabajo, haber contribuido un mínimo de 12 meses en los dos últimos años y haberse registrado en la oficina de empleo para encontrar rápidamente otro trabajo adecuado a su formación.

Suiza conserva uno de los niveles más bajos por impuestos tributarios totales de entre los países desarrollados (29% de su PIB). La política de sus gestores públicos a favor de una estabilidad monetaria y una contención de la inflación sostenida en el tiempo han dado como resultado que sea el único país pequeño poseedor de una moneda relevante a escala internacional. Por contra, esto supone convertirse en moneda-refugio y exponerse a las violentas fluctuaciones que sacuden a los mercados financieros en épocas de crisis.

Si exceptuamos los productos agrícolas, el comercio internacional de la república alpina está bastante liberalizado. Desde que se vienen confeccionando los índices de libertad económica, Suiza aparece siempre entre los primeros puestos del planeta. En fin, la renta per cápita de los suizos es francamente envidiable (dicho esto desde un punto de vista sano, no progre).

Parece evidente que saben en su mayoría apreciar y conservar su riqueza generada responsablemente.

Especulación, estado y mercado

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Desde hace unas décadas la fama de los especuladores se ha ido deteriorando. La crisis financiera estadounidense y la actual recesión europea han reavivado el ardor con el que, normalmente desde el intervencionismo, se denuesta al especulador.

Economistas como Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana, y otros más, han tratado de explicar en diversas ocasiones la labor económica, en especial de coordinación, desempeñada por los especuladores. A pesar de ello, se sigue reclamando regulación, intervención, control, orden, seguridad…

Lo que no mucha gente sabe y, probablemente es el mejor momento de sacarlo a colación, es que el acicate de la imaginación especuladora del mundo de las finanzas ha sido, a lo largo de la historia, el poder estatal.

En el momento en el que la escasez de metales preciosos impidió la financiación de las guerras y del comercio, fue necesario echarle imaginación e inventarse otros medios de pago. Éstos, además, eran mucho más cómodos y proporcionaban cierta seguridad al no tener que transportar el valioso metal.

La aceptación de formas simbólicas del dinero abrió un campo enorme para la creatividad humana. Un símbolo podría ser usado para representar algo de valor que estaba disponible en el almacenaje físico en otro lugar, como el grano en el depósito. Este símbolo también podría ser usado para representar algo de valor que estaría disponible más tarde en el tiempo, como un pagaré o letra de cambio, un documento que ordena a alguien pagar una cierta suma del dinero al otro en una fecha específica o cuando se dan ciertas condiciones.

Un ejemplo de la inspiración que los gobernantes aportaron al desarrollo del sistema financiero lo encontramos en el caso de la Inglaterra medieval.

En el siglo XII, la monarquía inglesa introdujo una versión temprana de la letra de cambio en forma de un pedazo serrado de madera conocida como tarja o palo de cuenta. Las cuentas al principio empezaron a usarse simultáneamente a otros tipos de dinero, cuando el papel era escaso y costoso, pero su uso persistió hasta principios del siglo XIX, después de que el papel-moneda se había hecho frecuente. Las muescas fueron usadas para denotar varias cantidades de impuestos pagaderos a la corona. Al principio las cuentas fueron simplemente usadas como una forma de recibo al pagador fiscal. Cuando el departamento de ingresos se hizo más eficiente, comenzaron a publicar cuentas para denotar una promesa del impuesto para hacer futuros pagos fiscales en tiempos especificados durante el año. Cada cuenta consistía en un par de palos. Un palo representa la cantidad de impuestos para ser pagados más tarde y otro que se quedaba la Tesorería, que representaba la cantidad de impuestos que debían ser recolectados en una fecha futura.

La Tesorería descubrió que estas cuentas también podrían ser usadas para crear dinero. Cuando la corona había agotado sus recursos corrientes, podría usar los recibos de cuenta que representan futuros pagos fiscales adeudados a la corona como una forma de pago a sus propios acreedores, que por su parte podrían recolectar los ingresos fiscales directamente de aquellos tasados o usar la misma cuenta para pagar sus propios impuestos al gobierno. Las cuentas también podrían ser vendidas a otros a cambio de moneda de oro o de plata con un descuento que reflejaba el tiempo transcurrido hasta que los impuestos fueran pagados. Así, las cuentas se convirtieron en un medio de cambio aceptado para algunos tipos de transacciones y un medio aceptado para atesorar valor.

Este ejemplo, tan lejano en el tiempo, es completamente actual: el estado utiliza a los especuladores a su antojo, pero cuando éstos se resisten a perder para sacarle las castañas del fuego a los gobernantes manirrotos, siempre queda el recurso de echarle a los mercados, a los egoístas especuladores, las culpas de todo. Y mucho más si son extranjeros.

No hay que olvidar (aunque daría para otro artículo) que al ser anónimos los participantes en los mercados, los especuladores pueden ser topos de los gobiernos con intención de alzar o dejar caer un producto, una región e incluso, un gobierno extranjero. De esta manera, la perversión sería completa, ya que, además de expulsar del mercado al especulador "real", se desvían fondos artificialmente con un motivo político.

Es por eso que, a la hora de analizar qué hacen de bueno o de malo los especuladores (o los mercados), hay que recordar que solamente si estuviéramos en una economía libre, podrían los especuladores cumplir sus funciones de la mejor manera posible. Es la intromisión del Estado la que ha conducido el mercado financiero a la sofisticación actual, la que ha dado alas a los jugadores para que les consigan financiación. De esta manera, la dependencia actual de los mercados por parte de los gobernantes europeos no parece sino un efecto del Karma político que toca pagar. En concreto, a nosotros nos toca pagar. Eso sí.

La gallina de los huevos de oro

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Buena muestra de ello son las afirmaciones realizadas hace escasos meses por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando señalaba que España estaba "mucho peor en 1996 que ahora" o que la recesión se debía al brutal desplome del consumo.

Gran error. A mediados de los años 90, cuando el PP logró por primera vez el poder, la economía española estaba saliendo del hoyo tras sufrir una aguda pero corta caída a principios de la década; además su nivel de endeudamiento no era comparable al actual. El gran reto de Aznar no consistió tanto en impulsar una recuperación económica que ya estaba en marcha sino en lograr la entrada de España en el euro en el plazo previsto. Ambas situaciones no son comparables en absoluto. Y, por desgracia, la crisis actual supera con mucho la de principios de los 90.

Lo más grave, sin embargo, es que el ministro apunta a la caída del consumo como el origen de todos los males, cuando la raíz de los problemas estriba en la falta de ahorro. Así se entiende que su política fiscal esté resultando del todo errónea y contraproducente. España necesita amortizar su abultada deuda, liquidar las malas inversiones acometidas en el período del boom y, en definitiva, desapalancarse lo más rápido posible. Esta tarea ha sido dificultada por el Estado a través de repetidas subidas de impuestos y, lo que es peor, una elevadísima fiscalidad sobre el ahorro. Lo bueno es que, pese a todos estos obstáculos, el sector privado se está ajustando.

Cosa muy distinta es el sector público, y es aquí donde el PP acaba de demostrar su penúltimo error de diagnóstico. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo unas declaraciones la semana pasada que, si bien pasaron inadvertida, resultan del todo alarmantes. Atención: el elevado déficit público es "una situación de coyuntura que este país va a superar pronto". "Lo ocurrido ha sido coyuntural". ¿Traducción? El Gobierno piensa ilusoriamente que el hundimiento de la recaudación fiscal es algo momentáneo, una mera situación excepcional que quedará atrás cuando termine la recesión.

No, señor Rajoy, el déficit es un problema estructural: el volumen de ingresos no regresará al nivel máximo alcanzado durante la etapa de burbuja crediticia, y sin embargo el gasto público no ha dejado de aumentar desde entonces. Por tanto, la brecha entre ambas partidas no se puede cerrar a base de aumentar los impuestos sino reduciendo drásticamente la estructura estatal, una tarea todavía pendiente. De hecho, mientras no se reduzca el déficit y, por tanto, se imponga de verdad la austeridad pública, el tan ansiado crecimiento será una misión imposible.

Y puesto que el PP parte de un diagnóstico erróneo, la solución también está siendo equivocada. Rajoy y Montoro defienden ahora con uñas y dientes los aumentos fiscales para reducir el déficit, al tiempo que se limitan a congelar o posponer inversiones públicas en lugar de recortar el gasto corriente. Es evidente que esta estrategia no está dando resultado, pero lo peor son sus efectos menos visibles. Y es que, tal y como enseña la fábula de la gallina de los huevos de oro, en lugar de tratar con sumo mimo a empresarios, inversores y trabajadores, de cuyo esfuerzo se alimenta la insaciable hacienda pública, el Estado está optando por asfixiar lentamente al contribuyente a base de impuestos. ¿Moraleja? No sólo no recaudará más, sino que lastrará el crecimiento potencial de España.

La huida de lo público

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Existen demasiados mitos y tópicos sobre los servicios públicos que, en momentos como el actual, se convierten en barreras casi infranqueables incluso para personas razonablemente inteligentes. Lo cierto es que quien puede evita lo público. Si hay autopista como alternativa a un puerto de montaña o a una autovía o carretera nacional, quien puede paga para disfrutar el servicio que ésta proporciona. Si podemos permitírnoslo, enviamos a nuestros hijos a colegios privados, o en cualquier caso concertados, como opción más deseable frente a la oferta pública. Si está a nuestro alcance, preferimos contratar un seguro sanitario privado a tener que acudir a ambulatorios y hospitales públicos para casi cualquier dolencia. Y siempre, cuando podemos acogernos a alguna desgravación, deducción o mecanismo tributario menos gravoso, lo hacemos, buscamos quien nos asesore, y terminamos pagando menos impuestos. Lo público repele al ciudadano que tiene la posibilidad de escapar de sus deficiencias.

No es ninguna casualidad que lo público normalmente tienda a funcionar justo allí donde no es necesario. Si las políticas “sociales” van dirigidas a garantizar a determinadas capas de la población servicios considerados esenciales, todo ello bajo un pretexto igualitarista, lo que se consigue en realidad es que los más pobres reciban de la administración prestaciones de una calidad inferior a la que reciben los menos pobres.

Los vecinos de localidades y distritos más pudientes no necesitan que el Estado intervenga y redistribuya a su favor, ya que con su nivel de renta, sometidos a menores impuestos, podrían perfectamente disfrutar en el mercado de una calidad idéntica o muy superior por un menor coste. Tenderá a suceder que los centros públicos de estos barrios, por así decirlo acomodados, estén menos concurridos, ya que muchos de sus habitantes preferirán recibir una educación y una sanidad privadas. Es habitual que los firmes defensores de lo público cuenten sus inmejorables experiencias personales. No es casualidad que en su mayoría formen parte de esos grupos menos necesitados, que disfrutaron de las ventajas que gana lo público en un entorno pudiente donde la empresa privada le ha quitado de encima a muchos de sus potenciales usuarios (entre otras circunstancias).

Además de todo esto, lo público también resulta excesivamente oneroso, sin que con ello se logre mejorar la calidad de los servicios que provee. Supongamos que el gasto per cápita de las administraciones en sanidad ronde los 3000 euros anuales (aproximadamente es lo que sucede en España). Eso equivaldría a un desembolso de 250 euros mensuales por ciudadano. Sin embargo, en este mismo contexto de intervención, un seguro médico privado de calidad rondaría los 70 euros mensuales, es decir, 840 euros anuales. Parece evidente que el margen privado para extender sus prestaciones y garantizar mayor cobertura sin superar el coste en que incurren las administraciones, es bastante amplio.

Con la educación pública sucede algo similar. En España, el coste medio por alumno crece año tras año, y ha llegado a duplicarse en la última década. En un contexto estrictamente privado, si tenemos en cuenta que no todo el mundo va a la universidad ni realiza estudios superiores, y del mismo modo, la formación en una u otra materia varía ampliamente en su coste, los ciudadanos tendrían a su alcance educación privada a precios relativamente asumibles, plural y de calidad. El actual panorama de fracaso escolar y profunda descoordinación por el que atraviesa nuestro sistema educativo, que dirigen las administraciones y prestan directamente en mayor proporción que la empresa privada, no puede ser más pesimista a la vez que elocuente.

Pero es que además, ¿acaso no debería considerarse justo que el coste medio por habitante o alumno redundara en una calidad homogénea para todo el sistema? Es decir, ¿cómo explican los defensores de lo público que los más necesitados sean precisamente quienes peor servicio reciben? Lo cierto es que esos guetos nacen, se consolidan y enquistan precisamente por culpa del intervencionismo del Estado. La situación se entiende perfectamente cuando advertimos que cualquier individuo que logre progresivamente generar una renta creciente con la que bien podría recibir mejor sanidad y educación contratándolas con la empresa privada, se dará de bruces, entre otros artificios del Estado, contra la progresividad del sistema impositivo. Existe un umbral muy difícil de superar, y que impide que, a pesar de tener mayor renta, ésta permita a los individuos proveerse de servicios privados que sustituyan o complementen los que presta directamente la administración.

Como decía, resulta extraordinariamente sencillo presumir de lo público cuando uno ha vivido siempre en una zona de cierto nivel de renta, y los centros educativos y sanitarios se han ido ajustado a un inferior número de alumnos o pacientes, en contextos culturales mucho más previsibles y sosegados. Convivirán con colegios, institutos y hospitales privados, y la apariencia será de cierto equilibrio e “indudable” calidad y alternativa. El Estado de bienestar tiende a “funcionar” mejor justo donde no hace falta. Pretender lo contrario, atacando con cargo al presupuesto público exactamente las causas que han sido descritas, exigirá en cualquier caso que se produzca un ensanchamiento del abismo que el Estado abre entre ricos y pobres mediante impuestos, regulación y la bancarrota en que se encuentra nuestro actual sistema de seguridad social del que únicamente puede escaparse el ciudadano cuando ha alcanzado un elevado nivel de renta, por culpa, entre otras circunstancias, de la progresividad impositiva.

La cuestión será entonces dar con la manera de desmontar este injusto, costosísimo e ineficiente sistema de “malestar” sin que sean los más pobres quienes sufran doblemente las consecuencias de su existencia y derribo. Una posibilidad que evitaría dicha circunstancia sería que quien pagase sanidad y/o educación privada pudiera deducirse su coste en el impuesto sobre la renta. Así, la entrada de la empresa privada en estos sectores concretos sería perfectamente competitiva y proporcional al abandono de la pública que decidirían los ciudadanos a medida que su renta se fuera incrementando, y con ella, el poder para evitar lo público y huir de los servicios prestados por la administración (que, como ya se ha dicho, es una tendencia constatable dentro de las sociedades desarrolladas sometidas a la égida de un gran Estado).

Si surgen mercados educativo y sanitario lo suficientemente competitivos y asequibles para los ciudadanos, también los más pobres podrán permitirse escapar de lo público sin padecer los males de la progresividad fiscal. En un escenario donde cualquiera pudiera deducirse en el pago de sus impuestos el gasto privado soportado en educación y sanidad, crecería exponencialmente el número de personas que optasen por recibir dichos servicios en el mercado, y no de mano del Estado. En todo caso, los centros públicos, sanitarios y educativos, que aún existieran, verían tremendamente disminuido su coste, acorde con un menor número de pacientes, y de ese modo resultaría más asequible homogeneizar la prestación del servicio con independencia de la renta media o las circunstancias sociales y culturales de cada zona.

@JCHerran

Free Charter Cities

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Voy a escribirles una vez más sobre la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y su inagotable actividad académica, a partir de este verano con un especial cariño desde el Instituto Juan de Mariana por la presencia de Gabriel Calzada en su campus verde y rojizo. En esta ocasión quiero resumir el Coloquio de la Libertad 512, celebrado con el auspicio de Liberty Fund y que trató sobre “La libertad, las ciudades y el Estado”.

Como ya sabrán muchos de ustedes, esas convocatorias reúnen a una quincena de profesionales o universitarios dirigidos por un moderador (que fue Ramón Parellada, eficaz Tesorero de la UFM), y siempre bajo la supervisión de observadores de Liberty Fund (con una presencia de lujo, el Rector Ibargüen, Premio Juan de Mariana 2011) junto al factótum de este programa, Lucy Martínez-Mont. Después de haber estudiado una intensa selección de textos sobre el tema, los asistentes van comentando en voz alta su opinión y conclusiones durante dos apretadas jornadas de trabajo. Diversidad de nacionalidades, experiencia y edades le otorgan a tales encuentros un especial atractivo: estuvimos allí representantes de Venezuela, Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, México, Panamá, y Estados Unidos, aparte de la propia Guatemala. Viajé con otro español, José María Marco, persona sabia y amena que recomiendo como compañero para un largo desplazamiento, como éste de ida y vuelta sobre el Atlántico.

El contenido de las sesiones giró en torno a dos temas relativamente cercanos: por una parte, un completo recorrido histórico sobre las diversas formas de organización política que han girado en torno a la ciudad. Comenzando por las más antiguas en Palestina y Fenicia, antecedentes de la gran expansión de Grecia por el Mediterráneo, para ver con detalle el caso de Atenas y Esparta. Aquí ya no se trataría solamente de agrupaciones humanas para la defensa y la organización social: emerge además toda una compleja estructura económica (las metrópolis coloniales que llegaron hasta Cádiz; y de las que luego Cartago sería un poderoso rival), así como un gran avance cultural: todos saben que en Grecia nacería el primer discurso reflexivo en torno a la ciudad y el estado con esos grandes genios que fueron Platón y Aristóteles.

A continuación estuvimos discutiendo en torno a dos modelos bien distintos de organización política no estrictamente nacional: las ciudades-estado de Italia y la comunidad de puertos comerciantes que formaron la Liga Hanseática. Hemos viajado ya a las postrimerías de la Edad Media y el arranque del mundo moderno, con una Europa en la que comenzaban a formarse los actuales países, bajo una autoridad disputada por el Sacro Romano Germánico Imperio y los Estados Pontificios (compartiendo entonces el poder espiritual con el temporal).

Resulta llamativa la diferente solución que hallaron estos dos modelos para organizarse política y económicamente: una federación comercial (la Hansa) de ciudades que pertenecían a distintas entidades nacionales; o un modelo estrictamente urbano, que iría tomando formas diversas en el caso de Venecia, Milán, Génova o Florencia. Desde una interpretación institucionalista, que era la prevalente en las lecturas ofrecidas, la cuestión estaba en determinar qué modelos permitían una gestión más eficaz del equilibro interno (clanes políticos, mecanismos de disuasión militar) o externo, como la mayor o menor fuerza del poder Imperial que impulsaría respuestas cooperativas en estas ciudades. Debo decir que les estoy escribiendo un apretadísimo resumen de esta discusión, en la que personalmente jugué un cierto papel de escéptico beligerante: me cuesta entender la Historia (en su horizonte total) como un juego de equilibrios de suma cero… Pienso que las conductas humanas, a este nivel más generalista, no pueden explicarse simplemente analizando los costes de oportunidad, de transacción y de tiempo. Hay que prestarle también atención a muchas decisiones tomadas puntualmente, a muchas circunstancias de liderazgo personal, o a todo ese mundo complejo de las creencias y adhesiones religiosas que -por lo menos hasta el final de la Edad Moderna- tuvieron un papel determinante en el desarrollo de los pueblos.

Este recorrido histórico del que vengo hablándoles se cerró en una última jornada sobre “El futuro de las ciudades”, reflexionando en torno a varios textos, como el de Edward Glaeser: Triumph of the City. En realidad se trata de una revisión algo superficial de varios modelos de ciudad: Vancouver (consumidor); Boston, Minneapolis y Milán (smart city) o Singapur y Gaborone (gestión eficaz). Pero en la Sesión anterior sí que tratamos el asunto con el que titulaba este Comentario: las Charter Cities (he añadido un adjetivo que le gusta emplear a Gonzalo Melián cuando habla de las Free Market Cities). La UFM conoce bien esta novedosa propuesta de organización social a partir de territorios independientes de cualquier estructura política o nacional, y que se gestionan mediante un riguroso esquema de libre mercado.

El principal referente de este nuevo concepto es Paul Romer, sobre quien estuvimos comentando un artículo en torno a las nuevas tecnologías, el cambio de hábitos de residencia y la necesidad de establecer unas reglas claras en los nuevos asentamientos humanos. Aunque quizás el texto que resultaría más atractivo para todos fue uno de Patri Friedman & Brad Taylor sobre las ciudades marinas o islas urbanas: Seasteading (el paradigma que ustedes conocen sería Hong-Kong). Dado que toda la superficie terrestre de nuestro planeta se encuentra adscrita a alguna nacionalidad: ¿por qué no colonizar los mares? En este caso, los avances tecnológicos permiten aventurar soluciones que hace pocos años sonarían a ciencia-ficción. En fin, reconozco no obstante que esa propuesta de asentamientos nómadas que navegan por el mar resulta un tanto atrevida… Pero la historia humana está llena de resultados sorprendentes.

¿Derechos adquiridos?

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

La profunda crisis que padecemos va acompañada de una zozobra intelectual desoladora. Con una difusión abrumadora en los medios de comunicación dominantes, los múltiples beneficiarios del modelo en crisis distraen la atención sobre las cuestiones esenciales y emborronan los debates públicos con señuelos e interpretaciones de la realidad groseramente sesgadas.

Sorprende, por su desfachatez, el uso persistente de la falacia del hombre de paja cuando se atribuye los efectos de la recesión al capitalismo y al libre mercado. Contra toda evidencia, quienes la esgrimen soslayan el hecho fundamental de que el sistema que rige las relaciones de los individuos con los estados, y las de ambos entre sí, se encuentra muy lejos de un orden capitalista. Antes al contrario, la evolución de la humanidad nos ha llevado a un sistema mercantilista con resquicios para el mercado libre, donde los seres humanos viven y desarrollan sus planes subyugados por estados (y asociaciones de estados con distinta integración) que violan su libertad en distinto grado. Así, en nuestro complejo mundo nos encontramos con sociedades muy desarrolladas, sin embargo atenazadas y esclerotizadas por el mantenimiento de costosísimos esquemas de bienestar e intervención de los gobiernos.

Desde una perspectiva jurídica, las recomendaciones y argumentos liberales para desmontar el estado intervencionista, mezcla de socialismo y capitalismo, que ha dado en llamarse inmerecidamente “del bienestar”, afrontan numerosas líneas de defensa auspiciadas por un conglomerado heterogéneo de grupos de presión, interesados, por el contrario, en mantenerlo. O, más precisamente, en que “sus” intereses dispares no resulten afectados. No cabe esperar mucha coherencia en los que se apoyan en el poder coactivo del Estado para mantener favores especiales, redistribuciones de rentas y privilegios. Es obvio que van a lo suyo exclusivamente.

Un ejemplo de esos cantos de sirena consiste en invocar los derechos adquiridos como una cantinela antes de que ningún legislador ose a plantear seriamente una reforma para limitar, reducir y simplificar ese mastodóntico estado y el ámbito de su actuación. Se trataría de desarbolar argumentalmente a reformadores audaces de tamaña empresa, con la advertencia de que las leyes necesarias no se aplicarían a un universo muy amplio de destinatarios. Veamos cómo se puede refutar.

En primer lugar, debe repararse en que esta doctrina surgió como contrapeso al legalismo (o positivismo jurídico) que entiende el Derecho como la elaboración de legisladores racionales. Una tendencia que, después de la Revolución Francesa, cundió progresivamente en la Europa continental de finales del siglo XIX. En España, por ejemplo, el Código Civil de 1889 prohibió el efecto retroactivo de las variaciones que perjudicaran derechos adquiridos según la legislación civil anterior, al tiempo que sus trece disposiciones transitorias concretaban la aplicación temporal de las nuevas normas relativas a distintos negocios jurídicos. Al mismo tiempo, desde un punto de vista general, estableció (Art. 3 CC) que las leyes no tendrían efecto retroactivo si no disponían lo contrario.

Aunque la doctrina de los derechos adquiridos nació estrechamente ligada al principio de irretroactividad de las leyes que les afectaran en el ámbito civil (es decir, derechos derivados de negocios jurídicos entre particulares posibilitados antes de la codificación), pronto se amplió su aplicación a otras áreas, como el derecho administrativo. Dada su naturaleza procesal para conseguir la exención de la aplicación de las leyes temporalmente, poco ha servido para frenar el avasallamiento legislativo del último siglo. En efecto, la concepción positivista del Derecho, unida al reglamentismo que emana de las administraciones públicas, las cuales “desarrollan” las leyes formales aprobadas en el parlamento (cuando no es el propio gobierno quien dicta la ley formal: Decretos-leyes), han sido las herramientas utilizadas por el estado intervencionista para consolidar un régimen arbitrario cuyas regulaciones se cambian de forma constante. Al cabo de tanto tiempo sin revertirse esa tendencia en la legislación, la oposición de los derechos adquiridos a la avalancha reguladora ha resultado ser una línea de retirada de los postulados liberales, patéticamente insuficiente para evitar la situación a la que hemos llegado.

Por otro lado, la doctrina y la jurisprudencia han distinguido tres grados en la retroactividad de las leyes. Uno máximo que supondría privar de efectos a las relaciones jurídicas nacidas y consumadas antes de la vigencia de la Ley nueva. Otro medio, que respetaría la relación jurídica básica, pero sometería a la vigencia de la nueva los efectos nacidos en virtud de la ley anterior pendientes aún de consumarse. Y un último grado, calificado de mínimo, que implicaría que la nueva Ley se aplicaría solo a los efectos que nazcan después de su entrada en vigor.

Descartado el grado máximo de retroactividad por la evidente injusticia que se impondría a relaciones jurídicas consideradas legales en el mismo momento de consumarse, las reformas que deben emprenderse para desmontar esta hidra de privilegios y prebendas pueden (y deben) ser retroactivas al menos en un grado medio.

Tomemos el ejemplo de una eventual supresión de las primas a las energías renovables. Si efectivamente no medió un fraude a gran escala para establecer ese régimen jurídico, lo cual justificaría la retroactividad en su grado máximo, nada impide atribuírsela en un grado medio a una norma que las suprima. En lugar de establecer retorcidos mecanismos impositivos para conseguir el efecto equivalente a su eliminación, como ha amagado en algún momento el Ministro de Industria, debe partirse de la idea, y plasmarla en la ley correspondiente, de que no es un derecho lo que el Estado quita a unos para dárselo a otros, aunque tenga el ropaje de una ley formal. A este respecto pueden reputarse como derechos adquiridos los surgidos antes de la intervención administrativa, pero no las situaciones jurídicas provocadas por la misma. A lo sumo las primas futuras para empresas ya inscritas en el registro de beneficiarias podrían considerarse como expectativas o intereses, pero no como derechos incorporados a sus patrimonios antes de la necesaria derogación de la disparatada legislación del sector eléctrico. En definitiva, no tiene por qué haber compensaciones equivalentes a las primas que se supriman.

Estas empresas que acudieron a recibir favores en forma de subvenciones podrán otorgar todos los calificativos que quieran a la casta política que levantó sus expectativas, pero no pretender que todos los españoles paguen un régimen de subvenciones que debe derogarse.

Economía sumergida y servicios públicos

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

En el comentario de hace un mes se pintaba un escenario que tradicionalmente se calificaría como desolador, aunque desde mi perspectiva sería esperanzador. En él, el Estado se va debilitando paulatinamente, mientras que el mercado negro o economía sumergida cobra un vigor espectacular, alimentado por la libertad que en él existe, superior a la disponible en el ámbito estatal. En este contexto, se da un cambio en las preferencias de los individuos, que inicialmente se acogen a la economía sumergida contra su voluntad y por motivos de supervivencia, pero luego lo van haciendo por conveniencia, ya que encuentran en él un mejor mix de condiciones.

Parte del atractivo inicial de la economía sumergida es que se puede disfrutar de unos beneficios (los que supuestamente proporciona el Estado a todo el mundo de forma gratuita: seguridad, carreteras, sanidad…), sin tener que hacerse cargo de sus costes (impuestos, seguridad social, u otras cargas). Sin embargo, conforme se debilita el Estado, estos servicios pueden deteriorarse considerablemente o incluso desaparecer. Por otro lado, el Estado puede tratar de excluir de los servicios públicos a los individuos operando en el mercado negro, como es el reciente debate sobre el pago de la sanidad por los "sin papeles". El resultado tiende a ser que los servicios públicos dejan de ser accesibles o deseables en el mercado negro.

¿Supone esto algún problema para la viabilidad de éste? ¿Abandonará la gente el mercado negro, deseosa de sostener con sus impuestos los servicios públicos cuya calidad, fiabilidad y coste han conocido de primera mano durante tantos años? La respuesta es no en ambos casos. Dichos servicios "públicos" serán prestados por la iniciativa privada, sea o no en el mercado negro. Seguirá habiendo enseñanza (¿cuántos profesores particulares operan en la actualidad en el mercado negro?), sanidad (seguros médicos), pensiones (planes de pensiones privados), desempleo (mediante seguros específicos), seguridad (empresas de seguridad), justicia (arbitrajes) e incluso carreteras y caminos.

La teoría económica demuestra sobradamente que cualquier servicio se puede prestar por la iniciativa privada en el mercado libre, y con mayor eficiencia y capacidad de innovación del que tiene el Estado. Y la evidencia empírica muestra instancias de prestación por la iniciativa privada de cualquiera de los servicios que recientemente nos han hecho creer que solo podía prestar el Estado.

No es el momento de detenerse en estos detalles. El lector interesado encontrará más material en la serie de tres artículos publicada en este mismo medio y que concluye con éste.

Sí interesa en cambio ahondar en otro aspecto relacionado con las agencias de seguridad. La protección de la propiedad va unida al disfrute de la misma, y es lógicamente responsabilidad del propietario. No existe propiedad privada real sin posibilidad de asegurar que el uso del bien se hará según las preferencias del dueño. Pero este aseguramiento es y debe ser responsabilidad del propietario, no de la sociedad, ni mucho menos, del Estado.

En un mercado libre, la especialización de la mano de obra conlleva la existencia de unas empresas, las agencias de seguridad, que compiten precisamente en proporcionar esta protección. Cabe pensar, pues, que los individuos irán crecientemente usando estos servicios, ante la inoperancia cada vez más patente del Estado, y que se irá acrecentando con su debilitación. De hecho, es muy normal que ya en la actualidad empresas, bancos y supermercados tengan custodia de agentes privados. De hecho, el propio Ministerio de Defensa tiene subcontratada la seguridad de sus sedes con una empresa privada, lo que no deja de ser el colmo de la ironía. Viene a la mente aquello de "Médico, cúrate a ti mismo".

Uno de los principales agentes agresores, quizá el principal, para los individuos en el mercado negro es el Estado. No se olvide que el Estado nos amenaza con encarcelarnos si no le damos parte de nuestros bienes en forma de impuestos, lo que nadie más puede hacer. Así pues, ante la necesidad de protección respecto al Estado, cabe pensar que aparecerán agencias de seguridad especializadas este servicio; es más, posiblemente sea este servicio de protección el más demandado durante mucho tiempo.

Será sin duda la aparición de estas agencias, el heraldo de la desaparición final del Estado. Porque una vez el individuo puede protegerse de su agresión, y de una forma tan eficiente como la que proporcionará el libre mercado, ¿cómo hará el Estado para proseguir la expropiación de los bienes de sus ciudadanos? Si cualquier empresa o individuo puede contratar un servicio que le ahorre el pago de impuestos, ¿quién no lo hará?

Quizá a muchos les parezca ciencia ficción: ¿empresas privadas protegiendo al individuo del Estado? Quienes piensen de tal forma, solo tienen que recordar la figura del asesor fiscal, la primera avanzadilla de esta figura de protección. ¿No trata tal actividad de proteger los ingresos del yugo fiscal? Tal vez así no cueste tanto imaginar la existencia de unos guardias que impidan el paso, no solo de malhechores, sino también de recaudadores de impuestos o sanciones, a nuestra vivienda. O de bancos que no acepten órdenes de embargo del Estado, bien protegidos por las citadas agencias.

¿Es este el futuro? Difícil preverlo. Lo que sí sabemos es que todas las acciones del individuo se basan en la relación coste-beneficio que anticipa por ellas. Y las actuaciones de los gobiernos occidentales cada vez hacen más atractiva la opción del mercado negro, aunque conlleve más riesgos y, consecuentemente, un mayor coste de protección. Queda en las manos de cada gobierno tratar de dar la vuelta a la tendencia: o se "recortan" ellos solitos, o sufrirán el colapso a que les arrastra inexorablemente la economía sumergida.

No sólo es cuestión de deuda

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

…también tiene que ver con una compleja estructura regulatoria y fiscal que lastra la productividad, la apertura de empresas, la creación de empleo, la atracción de capital foráneo y, en definitiva, la capacidad de la economía nacional para crecer con fuerza. No en vano el crédito de que goza cualquier agente a la hora de devolver sus deudas depende tanto de lo que debe como de la posibilidad que tenga de generar ingresos suficientes para atender los pagos.

España está aún en pleno proceso de ajuste para depurar los excesos del pasado. Tras casi cinco años de crisis, el sector privado, pese a los obstáculos impuestos por el Estado, está haciendo bien sus deberes. Las familias y las empresas se han apretado el cinturón y están logrando reducir su abultado apalancamiento a costa de duros sacrificios. La liquidación de sectores no rentables, como el inmobiliario y el de la construcción, ha terminado por tumbar a gran parte del sistema financiero, como era previsible hace ya tiempo, pero al menos ahora se reconoce que ese sector tiene un agudo problema de solvencia. El actual Ejecutivo ha optado erróneamente por nacionalizar las entidades inviables con ayuda de la UE a través de un rescate financiero por importe de hasta 100.000 millones de euros; en lugar de sanear el sistema imponiendo pérdidas a accionistas y acreedores de la banca, la factura la ha cargado a los contribuyentes

La vía emprendida agravará aún más el estado de las cuentas públicas y, por tanto, dificultará el urgente y drástico adelgazamiento de la estructura estatal. Este último punto, englobado también en el ámbito de la deuda, está todavía lejos de resolverse, sobre todo si se tiene en cuenta que la vía adoptada por el PP, la subida de impuestos, es del todo ineficaz y contraproducente. Pero incluso en el caso hipotético de que llegara a culminarse, España tendría aún por delante un reto adicional de grandes dimensiones. Y es que, una vez pasada la resaca, ¿cómo volver a crecer para recolocar a los casi seis millones de parados que se registrarán en 2013? Es decir, ¿cómo crear nueva riqueza y empleo? Hoy por hoy, carecemos de las bases necesarias para tal tarea, por tres motivos fundamentales: ausencia de libertad económica, dificultad para hacer negocios y elevada fiscalidad.

Así, en el último índice de libertad económica del prestigioso Fraser Institute, España ocupa el puesto 54 de un total de 141 países analizados, lejos de casi todos los grandes de la UE. Ocupa la posición 94 en tamaño del sector público, la 42 en seguridad jurídica y derechos de propiedad, y la 101 en regulaciones –ámbitos laboral, empresarial y crediticio–. Por otro lado, en el informe Doing Business 2012 del Banco Mundial ocupamos el puesto 44 en facilidad para hacer negocios, a la altura de Ruanda y Túnez. Si esto es ya de por sí negativo, observar algunos subíndices. Un ejemplo: ocupamos la posición 133 (de un total de 183) en facilidades para abrir una empresa. Si a todo ello se le suma el hecho de que padecemos uno de los niveles impositivos más altos de Europa y de la OCDE, resulta evidente que no existen excesivos motivos para el optimismo. La tarea es, simplemente, ingente, y por el momento no hay visos de que el Gobierno –al igual que sucede en lo relacionado con el ajuste del sector público– esté dispuesto a corregir tales deficiencias.

Subvencionar la pobreza

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Una vez más, el Estado Benefactor ha actuado por el bien común manteniendo la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración; una vez más, el consenso político ha optado por subvencionar la inactividad en lugar de permitir que la sociedad cree riqueza.

Las consecuencias para la economía real son nefastas y el riesgo moral evidente, ¿para qué trabajar cuando se puede vivir de las subvenciones que ofrece el Estado? En España recibir 400 euros por tu trabajo es ilegal pero se convierte en un derecho si se recibe, por lo contrario, por no trabajar.

Los costes que acumula el puesto de cada trabajador desde su posible indemnización por despido hasta las ayudas sociales que reparte el Estado pasando por las cotizaciones que pagan los empresarios se descuentan del salario de cada trabajador. Los bajos sueldos y las altas tasas de desempleo que suelen atribuirse a la maldad del empresario constituyen en realidad la nefasta consecuencia que conlleva la rigidez de un sistema laboral hiperregulado. De igual modo al subvencionar a los parados se desincentiva a los trabajadores a quienes resulta más rentable no trabajar y percibir las "ayudas" provistas por el Estado antes que ponerse a trabajar.

Incrementando el número de gente que depende del Estado para vivir se ahonda también en la trampa democrática en la que los propios votantes son receptores de rentas públicas y, elección tras elección, votarán a favor del mantenimiento de todo tipo de subsidios con los que consiguen sobrevivir. La lógica errada de la planificación económica a través de subvenciones y ayudas está encaminada a subsanar la necesidad urgente de la gente que lo necesita para no dejar a nadie atrás pero lejos de conseguir ese objetivo tan sólo consigue perpetuar esas mismas situaciones de pobreza que debería erradicar.

Lejos de ayudar a los que más lo necesitan para que algún día dejen de necesitarlo se entra en una espiral en la que subvencionar la pobreza solo consigue perpetuar la miseria. Y, entre tanto, los políticos que administran el reparto de las ayudas se aseguran el amor, y lo que para ellos es más importante, el voto del pueblo al que alimentan.